Derechos Humanos

 

Ataque y amenaza en un centro comunitario 28.06.2017

En clave de 2x1

Un cartel que reivindica a la Triple A fue colocado en la fachada del Centro de Integración Milagro Sala. “Cómplices civiles de la etapa de la AAA están en el poder ahora, pero no pasarán”, recalcó la Fede. Pese a su gravedad, ninguna voz del gobierno repudió el hecho.

En la esquina de Cochabamba y Paseo Colón está el edificio en el que funciona Centro de Integración Social Milagro Sala, que sirve de albergue para 18 personas que atraviesan situación de calle que además aprenden oficios, entre otros panadería, bicicletería, peluquería y costura.

Ahí, en su fachada, una placa que señala la nomenclatura, fue cubierto con un cartel en el que, un círculo que contiene la figura de un Ford Flacon verde, es rodeado con la inscripción Acción Anticomunista Argentina que rememora a la Triple A.

Ante esto, la Federación Juvenil Comunista de la Argentina hizo público su repudio al ataque perpetrado y recordó que este centro ubicado en el barrio de San Cristóbal, en una zona de constante tránsito peatonal y vehicular, lleva como nombre Milagro Sala, “en reconocimiento a la lucha de la dirigente social de la Tupac Amaru, ahora presa política del macrismo”.

Tras lo que advierte que el cartel en cuestión “hace una obvia referencia a las AAA, aquella banda parapolicial fascista que funcionó bajo las órdenes de José López Rega durante la década del 70 y cuyas acciones, solventadas con fondos del Ministerio de Bienestar Social, se cobraron la vida de cientos de personas en nombre de la persecución contra cualquier actividad que consideraran de ideología ‘marxista’”. Y recalca que “muchos de los cómplices civiles de esa etapa oscura de la historia argentina, están en el poder ahora”.

De ahí que “desde la Fede repudiamos este ataque al Centro Milagro Sala y a todos los espacios donde se ejercite la Memoria” acciones que el destacamento juvenil del Partido Comunista enmarca “dentro de una clara ofensiva” contra la vigencia y respeto a los Derechos Humanos, perpetrada por “este gobierno de derecha que no ha tenido pruritos a la hora de intentar mejorar la situación legal de represores y genocidas, de tratar de instalar la Teoría de los Dos Demonios, de discutir el número de desaparecidos y de perseguir a luchadores sociales, trabajadores, estudiantes y todo aquel que se organice contra la entrega, el ajuste y la represión”.

 

Isauro Arancibia

Vale citar que quienes asisten a este centro de integración son jóvenes en situación de calle que estudian y aprenden oficios en el Centro Educativo Isauro Arancibia, cuyo nombre recuerda al docente tucumano -fundador de Ctera- secuestrado y desaparecido en 1976.

El Centro comenzó a funcionar hace casi 19 años en la sede nacional de la CTA, después pasó por un local que le facilitó la Uocra y, desde 2011, tiene su propio edificio en la esquina de Cochabamba y Paseo Colón.

Pero nada es fácil para el Isauro Arancibia. Desde entonces el Gobierno de la Ciudad, primero con Mauricio Macri y después con Horacio Rodríguez Larreta, intentó desalojarlo por diversas razones.

El último argumento fue la remodelación de la zona para habilitar carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros. Un fallo de la jueza del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Patricia López Vergara, frenó la demolición y ordenó a la Jefatura de Gobierno que diagramara un nuevo trazado para el carril exclusivo de colectivos.

Pero en el Centro nadie duda que, en trasfondo de cada intento en tal sentido, está voracidad que la Gestión PRO tiene para hacerse con negocios inmobiliarios. Pese a esto, el Isauro Arancibia resiste y seguirá resistiendo.

Actividad judicial en lesa humanidad23.06.2017

Causas que avanzan

Pese a los esfuerzos que realizan tanto el gobierno nacional como los grupos económicos implicados en el terrorismo de Estado, en Santa Fe y Mendoza transcurren dos de los diecisiete juicios en desarrolló en todo el país.

De las 594 causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los diversos juzgados federales del país, tan sólo 17 se encuentran en juicio y 31 cuentan con sentencia. Entre ellos, se sumó en las últimas semanas, la finalización del segundo proceso por delitos de lesa humanidad en la zona sur de Mendoza, específicamente en San Rafael. De los 27 imputados, doce fueron condenados a cadena perpetua, otra docena recibieron condenas entre 3 y 8 años y 4 fueron absueltos.

Al respecto, Carla Colchiccini, secretaria de la FJC mendocina, afirmó que “fue el segundo juicio que se llevó a cabo en San Rafael y contó con un empuje muy importante de la militancia comunista de la ciudad y la provincia” y valoró que “se logró poner al descubierto el accionar de toda la cúpula policial, militar e incluso, se desnudó el rol desempañado por algunos civiles”.

Para ello, “el Partido desarrolló un trabajo muy fuerte de unidad de todos los sectores, porque somos conscientes que los juicios seguirán avanzando si existe una presión popular que así lo exija”. De esta manera, “se logró que diversos espacios políticos y sociales confluyan junto a la Liga y el espacio Memoria, Verdad y Justicia para empujar y acompañar a familiares, testigos y víctimas”.

Este trabajo militante logro garantizar la presencia de organismos y fuerzas políticas en todas las audiencias llevadas a cabo, las cuales, se extendieron por más de dos años”, recalcó. La dirigente juvenil destacó que “fue uno de los juicios más esperados ya que los acusados sentados en el banquillo integraron la cúpula de la sección de investigaciones de la policía de la provincia”.

Colchiccini recordó que “el período final del juicio y la sentencia coincidió con dos momentos cruciales: el confuso femicidio de Marta Sosa en Córdoba, una de las testigos más importantes en la mega-causa, y el rechazo popular a la intención por parte de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas con el 2x1”.

 

Santa Fe

La causa que investiga el secuestro y desaparición del abogado laboralista Cesar Tabares es una de las 17 causas que, tras ser elevadas a juicio, se encuentra en pleno desarrolló de debate oral y público para determinar las responsabilidades y penas de los imputados.

“Esta causa es especial por diversos motivos” explicó Martín Livolti, Secretario de Derechos Humanos del Partido Comunista de Santa Fe, y detalló: “por un lado, se trata de un caso emblemático ocurrido en el seno del cordón industrial donde desaparecieron cientos de cuadros y dirigentes y, por el otro, el Estado provincial decidió ser querellante en la causa”.

Sobre esta iniciativa, que según el ministro de justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, “se trata de una decisión política del gobernador Miguel Lifschitz”, Livolti aseveró que “así como valoramos la decisión también queremos remarcar que es el papel que le corresponde asumir al Estado”.

Para Livolti, pese a que es su obligación, “es valorable el gesto y más aún cuando estamos atravesando un clima político y social que, estimulado por la embajada estadounidense y los grandes medios de comunicación, busca derrotar las luchas por memoria, verdad y justicia”.

La causa es parte del conjunto de causas conocidas como Feced, y que investiga los crímenes cometidos por los grupos de tareas que comandaba Agustín Feced, que durante la dictadura ejerció como jefe del Servicio de Informaciones del II Cuerpo de la Policía de Santa Fe.

Desde allí, Feced -que también fue parte del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército- coordinó las acciones represivas en la zona del cordón industrial y tuvo como blanco predilecto a dirigentes obreros, como así también a todos aquellos que establecieron redes de organización y solidaridad para con las víctimas del terrorismo de Estado.

Una de las víctimas, fue Cesar Tabares. El dirigente del PC recordó que “el abogado había sido Director General de Institutos Penales de la Provincia de Santa Fe, y desde allí revolucionó el sistema penitenciario, ampliando la visita íntima, el trabajo en talleres de oficios y las salidas por estudio”. Además, “trabajo para internos con buena conducta y encabezó la puesta en marcha de la escuela secundaria en la Cárcel de Coronda, la cual hoy lleva su nombre”.

Esa función la desempeño entre 1973 y 1975, luego paso a ser asesor del municipio de Villa Gobernador Gálvez. Al calor de su protagonismo en las luchas, se convirtió en uno de los abogados laboralistas más respetados por los obreros de la época. De extracción peronista, “encabezó reivindicaciones en toda la zona del cordón industrial”.

Actualmente no queda en claro las circunstancias de su desaparición. La misma se perpetró en la noche del 6 de enero de 1977 y aún hoy no se sabe que sucedió con su cuerpo. De hecho, el juez Bailaque que entiende en la causa, admitió que se trata de un caso “singular”, ya que no se ha podido establecer las circunstancias del secuestro, la mecánica y el grupo de tareas que intervino. Pese a ello, todas las sospechas conducen a los comandos que coordinaba Feced, ya que, en el mismo periodo, se descabezó al movimiento sindical del cordón industrial al que Tabares estaba ligado.

 

 

Juicios por delitos de lesa humanidad23.06.2017

¿A la casa como sea?

Cada vez son más los genocidas imputados en causas por delitos de lesa humanidad que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria o, incluso, de la libertad. Ello se desprende de un informe publicado por la Procuraduría que atiende en estos casos.

En el día de ayer la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad brindó un informe que detalla el estado procesal de los imputados por delitos cometidos durante la última dictadura y expone los avances en los juicios contra genocidas. El análisis, publicado en el portal on-line fiscales.gob.ar permite extraer algunas conclusiones y confirma una situación advertida hace tiempo por el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre: con el cambio de gobierno, cada vez son más los condenados en prisión domiciliaria y los imputados que esperan el juicio en libertad.

Los datos son elocuentes: de un total de 2889 imputados, el 43 por ciento está libre, el 20 por ciento falleció sin condena y el uno por ciento se encuentra prófugo al día de hoy. En total, casi el 65 por ciento goza o gozó de impunidad y tan solo el 36 por ciento se encuentra detenido.

La situación es más grave cuando se desagrega el estado de revista de los imputados detenidos, que en números enteros, contabilizan 1051. Dentro de este universo, más de la mitad cuenta con prisión domiciliaria o, lo que es lo mismo, menos del 50 por ciento cumple con cárcel efectiva y común, beneficio con el que no cuenta, por ejemplo, la dirigente política y social Milagro Sala.

Los guarismos confirman que la llegada de Cambiemos a la Rosada supuso un giro radical desfavorable en la lucha por memoria, verdad y justicia. Que Pando y sus exegetas sean habitués del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se muestre junto a genocidas en actividades privadas, es tan solo la confirmación de las voluntades políticas del gobierno plasmadas en, por ejemplo, el fallo que benefició con el 2x1 a José Muiña o el convite a Aldo Rico para que sea de la partida en los actos oficiales por la conmemoración de la Guerra de Malvinas.

Luego comenzaron las diatribas de funcionarios como Lopérfido, Avruj, Gómez Centurión o el propio presidente de la nación, quienes pusieron en duda los crímenes de los genocidas, negaron los 30 mil desaparecidos y apostaron fuerte a la batalla cultural con eufemismos tales como “guerra sucia” o “interrupción del orden democrático”.

Estos eufemismos son a los que históricamente recurrieron los responsables civiles y económicos del terrorismo de Estado. Esa lista la integran los Blaquier, Massot, Montezanti, Mitre, Herrera de Noble y Macri. ¿Acaso es necesario recordar como Clarín y La Nación se hicieron de Papel Prensa o como Cavallo estatizó la deuda privada del Grupo Socma, Sevel, Acindar, Techint, Pérez Companc, Loma Negra, IBM, Ford y Fiat?

Esta ofensiva simbólica y discursiva se complemente, necesariamente, con un incremento exponencial de la violencia institucional y la política de “saturación de calles” que implementas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales a instancias del Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich.

Así las cosas, en un año y medio el balance de la gestión macrista en el ámbito de los derechos humanos es tenebroso. No se trata de casualidades: el rediseño de la estructura económica y social que está llevando a cabo el tándem del poder real en Argentina no puede ser posible si a la resistencia de los sectores perjudicados se la combate con represión.

En ese sentido, el crecimiento exponencial de los casos de violencia institucional da cuenta de ello. El caso de Milagro Sala quizás sea el ejemplo más paradigmático al respecto. Mientras no queda organismo internacional por reclamar su inmediata liberación -es unánime el consenso internacional de que se trata de una presa política- Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, con la complicidad del gobierno nacional, mantienen presa a la dirigente jujeña violando todo tipo de garantías y derechos consagrados en el Estado de Derecho. La reciente visita de una delegación veedora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las conclusiones a las que llegaron dieron cuenta de ello.

La situación de Sala es la punta de un iceberg que en su base se sostiene con represión a la protesta social, persecución política a militantes populares y violencia policial en los barrios. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que va del 2017, se duplicaron las detenciones por “resistencia a la autoridad”, excusa predilecta por parte de los efectivos a la hora de justificar detenciones arbitrarias. Para el caso vale recordar también las conclusiones presentadas en el primer informe realizado por el Registro de Casos de Violencia Estatal (Recave) en 2016, donde “los resultados del relevamiento sugieren la existencia de acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un ‘estado policial’, en línea con una singular tendencia de alcance global que procura subordinar los derechos tutelados por garantías constitucionales al imperio de un orden fundado en ‘razones de Estado”.

En ese marco, según la Correpi en 2016 se produjeron casi trecientos casos de gatillo fácil y muertes en estado de detención en cárceles y comisarías. A ello, hay que sumarle que, de un total de cuatrocientos ochenta femicidios registrados en diez meses, casi trescientos fueron cometidos por integrantes de las distintas fuerzas de seguridad del país.

Es menester enfatizar que este estado de situación se apoya en la declaración de la “emergencia en seguridad” declarada por el ejecutivo en enero a través de un decreto que da riendas sueltas a las fuerzas represivas para actuar en los barrios, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El mismo sirvió también como punta de lanza para incentivar el “debate” en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y defensa de la propiedad privada.

Además, en febrero se presentó un protocolo donde se establecen las pautas para reprimir la protesta social en un marco de crisis económica y social.

 

Quieren zafar

Como venimos insistiendo desde las páginas de este semanario la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad es el punto de partida para legitimar la represión necesaria en vistas a apuntalar el proyecto económico social de la derecha. Esta relación dialéctica entre pasado y presente es una de las condiciones necesarias del capital para cimentar el cambio cultural, pieza fundamental para consolidar el proceso de concentración de la riqueza y transferencia de recursos. Una de las particularidades de esta construcción es la exigencia de instalar el olvido sobre los crímenes cometidos, pero, especialmente, sobre los sujetos sociales que los impulsaron y que se beneficiaron con los mismos. Se trata de nombres propios que, en muchos casos, se repiten en el presente. Allí están los Macri, Rocca, Herrera de Noble, Blaquier, Massot, Fortabat, Pérez Companc y empresas como Acindar, Ford, Mercedes Benz, Ledesma o Loma Negra.

Son muchos los sectores que hacen esfuerzos en este sentido. Vale recordar que, el mismo día que la Corte fallaba a favor del 2x1, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) había pedido públicamente la reconciliación entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. Ambos hechos despertaron la algarabía de personajes como Cecilia Pando ¿casualidad?

Nuevamente fue Elisa Carrio, diputada estrella de Cambiemos, brindó algunas coordenadas acerca del camino que seguirá la derecha tras el inmenso rechazo popular que generó el intento de aplicar el 2x1 a los responsables del terrorismo de Estado. Desde la tribuna legislativa, la representante cambiemita había justificado el fallo ya que desde su interpretación se ajustaba a ”las normas vigentes”, e insistió con la teoría de los demonios. Luego, en declaraciones radiales con tono de tertulia en el programa de Luis Majul, pidió la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 75 años, es decir, para la enorme mayoría de los condenados.

El escenario es nuevo, pero era previsible: desde antes de la llegada del macrismo a la Rosada, el Partido Comunista y la Liga venían advirtiendo que, dado el consenso con el que gozan en el seno de la sociedad los juicios por memoria, verdad y justicia, la estrategia del poder económico y judicial era avanzar con las domiciliarias y detener el avance de las causas que juzgan y desenmascara el papel del poder civil durante la última dictadura. Es necesario insistir en que no hay ensayo ni error en estos intentos, sino que se eslabonan unos y otros según los objetivos estratégicos que el imperialismo yanqui tiene para la región.

TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA MILAGRO SALA 22.06.2017

El rancio olor de la injusticia

La dirigente social vio ratificada por Casación la condena por un escrache a Gerardo Morales en 2009.

Un escrache en 2009 contra el entonces senador y hoy gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, significa hoy que Milagro Sala deba cumplir una pena de 3 años de cárcel. Esta indignante condena contra una de las más destacadas dirigentes sociales de Argentina ante el mundo entero, se concretará gracias a que el tribunal de Casación de Jujuy la ratificara hoy.

La medida se da en el marco de un profundo cuestionamiento a la privación de la libertad que viene sufriendo Sala desde hace año y medio. Y contraría los reclamos de la ONU y las observaciones que los organismos de derechos humanos vienen haciendo al respeto de las condiciones de detención de la líder de la Tupac Amaru que, como ella misma denunció, es torturada en la prisión de Alto Comedero, donde se encuentra.

El fallo corrió por cuenta de la sala IV de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. De esta manera se rechazaron las interposiciones de las defensas de Milagro Sala y María Graciela López. Queda así confirmada la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal de Jujuy dictada el 28 de diciembre del 2016, habiéndose hecho lugar a un recurso de Morales.

Las voces alzadas en contra de esta reafirmación de la condena a Sala no se hicieron esperar. Por ejemplo citamos a la del Colectivo Nacional Mario Bosch, que aglutina a abogados de derechos humanos y que emitió un comunicado en el que condenó “la complicidad” de la Sala de Casación con Morales y recordó “que estos mismos magistrados le garantizaron la impunidad a Carlos Pedro Blaquier”.

 

Sin escuchar el reclamo del mundo

Poco después de que un equipo de trabajo de la ONU llegara a la Argentina para comprobar los padecimientos de Milagro en cárcel y reafirmar los reclamos del organismo por la libertad de la dirigente, arribó a nuestro país una delegación de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (Cidh), que se reunió con la prisionera política.

La visita fue muy importante porque en la Cidh están pendientes de resolución dos medidas cautelares presentadas por organismos de derechos humanos en favor de la dirigente, una de las cuales exige su libertad y la otra observa las duras condiciones de detención.

La misión fue encabezada por el presidente del organismo, Francisco Eguiguren. Antes de reunirse con Sala, los delegados se reunieron con Morales.

Entonces el secretario del PC jujeño, Leonardo Rosales, había manifestado que “la visita de la Cidh al penal donde está detenida Milagro Sala refuerza lo que venimos sosteniendo, que ella está detenida ilegalmente y que el estado está llevando adelante un proceso permanente de hostigamiento en la detención y en las condiciones de esa detención”.

Destacó que las “torturas psicológicas y físicas” que sufre Milagro Sala son efectuadas “por parte de los integrantes del servicio penitenciario con claro aval político, ordenado por el Ejecutivo, que pone todas las fichas visibles y las que no son visibles, para hacer lo más incomoda posible la detención de la compañera”.

También consideró que el hecho de “no darle el estatus de presa política que venimos sosteniendo y que los organismos internacionales abalan de alguna manera con su visita y con el tratamiento que le están dando, muestra claramente que hay una situación de vulneración total”.

Remarcó que “el otro antecedente de vista de la Cidh fue durante la dictadura militar”. Asimismo, dijo: “esperemos que esta visita de los organismos internacionales dé alguna solución o avances en la situación”.

Pero los jueces del Jujuy están en otro plan, oyendo otras voces que las de organismos internacionales. Están obnubilados por la campana de los poderes tradicionales, enemigos declarados de esta líder política.

 

 

UN NUEVO RECLAMO 19.06.2017

Para Higui la absolución

Luego de que la lesbiana víctima de un intento de violación fuera liberada, ahora se exige se la absuelva por haber matado en defensa propia a uno de sus agresores.

Eva Analía de Jesús, más conocida como “Higui”, descansa en su casa tras ocho meses en prisión, en donde el sistema patriarcal la conminó por haberse defendido de un intento de violación matando a uno de sus agresores. Pero no todo está dicho, porque lo que le concedió la Cámara de Apelaciones de San Martín es la excarcelación extraordinaria. Resta lograr la absolución.

La situación de Higui ameritó que su nombre inundara las redes sociales en reclamo masivo de Justicia. También que su caso mereciera la atención del colectivo de mujeres y del activismo lésbico, tanto que se lo menciona como señero de la injusticia que suele pesar sobre las mujeres que se defienden de las agresiones machistas en el documento presentado en la última marcha de Ni una menos.

Sin embargo, la medida de Casación determina que la referente lésbica espere en libertad el juicio oral en el marco de una causa que aún la tiene como imputada. Se ha hecho visible con este caso una gran injusticia, en la cual una mujer lesbiana que se defiende de quienes quisieron violarla para “enseñarle” lo que se debe ser, pasó meses en prisión. El mensaje del activismo, ahora, es que se la absuelva.

El concepto de “violación correctiva”, que hace referencia a la que se realiza para “corregir” el lesbianismo y no es otra cosa que una tortura brutal, fue esgrimido en este caso por Raquel Hermida Leyenda, abogada de Higui. Esto da al caso un detalle más dentro de todo lo señero que fue y sigue siendo para el feminismo argentino.

 

La lucha sigue

Nuestra Propuesta conversó con Hermida Leyenda, quien destacó que en este caso “el momento procesal todavía es de investigación penal preparatoria” y que “cuando lleguemos al momento del juicio oral pediremos la absolución”. Repuso: “no es el momento procesal para hablar de absolución sino para hablar de excarcelación, para que Higui espere el juicio en libertad”.

La abogada también observó el pedido para que el Estado indemnice a la víctima por haberla tenido presa, tal reclaman algunos espacios de activismo. Al respecto de ello, adujo que “el momento procesal para pedir eso es cuando termine el debate oral y sea absuelta”. Remarcó: “una vez que sea absuelta, podrá pedir la indemnización al Estado provincial por haberla detenido injustamente”.

También puntualizó que Higui “atraviesa un trastorno de stress postraumático compatible con el abuso sexual que padeció” y que, por su seguridad ante un eventual cruce en la calle con sus agresores sexuales “se toman los recaudos necesarios para que no haya un encuentro con estas personas”.

Además, la defensora de Higui tuvo en alta valoración positiva al activismo feminista y lésbico, al punto en que enfatizó: “a Higui la sacamos entre todas”. Agradeció al movimiento de lesbianas y “después al movimiento de mujeres en general”. También “a todas las organizaciones que nos apoyaron”.

Recordó que el nombre de su defendida “fue materia de todo lo que nos encuentra a las feministas unidas contra la barbarie que estamos padeciendo” y resaltó que los femicidios configuran una “emergencia nacional”, así como la violencia “contra el derecho a defendernos y el derecho a elegir nuestra identidad sexual y manifestarnos como realmente nos sentimos”.

Por otro lado, Hermida Leyenda consideró que el caso de Higui pueda servir de antecedentes para tratar otros en los cuales halla una mujer detenida en presumible inocencia, como es el caso de Milagro Sala.

“La situación de Higui va a modificar seguramente la situación de muchas lesbianas y mujeres en general”, dijo y agregó: “vamos a contar con la posibilidad de una excarcelación extraordinaria para esperar el juicio en libertad”.

“Vamos a contar con el derecho a defenderse”, puntualizó la abogada para luego remarcar que en ese sentido y tras la liberación de Higui “la militancia feminista está unida”. “Estamos militando y trabajando para terminar con el flagelo de la desigualdad y la emergencia nacional del femicidio”, dijo finalmente.

En el Espacio Memoria y Derechos Humanos16.06.2017

Apoyo a la Revolución Bolivariana

Organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

El Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el edificio donde funcionara la Esma, fue el escenario de un acto en el que más de una decena de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y personalidades brindaron su apoyo a la Revolución Bolivariana que contó con la presencia del embajador de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza.

Asimismo, estuvieron entre otros, el secretario general y la responsable de Propaganda del Partido Comunista, Víctor Kot y Emilia Segota, el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), José Ernesto Schulman, la presidenta de la Federación de las Entidades Argentino-Palestinas, Tilda Rabi, el abogado Pedro Dinani, Atilio Borón, Stella Calloni, Piero de Benedictis y la diputada Araceli Ferreyra.

También se dieron cita integrantes de la Embajada de Cuba en Argentina, Ladh, la CoNaT, la Apdh y la Apdh-La Matanza, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de las 12 de Santa Cruz, Hijos-Capital, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, la coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Personas Privadas de su Libertad por Razones Políticas, la Unión Cultural Armenia y el Cemida.

Ahí, el diplomático hizo hincapié en que la solidaridad recibida en este acto, forma parte de un profundo nexo históricos entre Argentina y Venezuela, tras lo que se refirió a la situación político-social que atraviesa su país.

Martínez Mendoza dijo que lo que Venezuela padece una reacción de las élites nacionales e internacionales que pretenden destruir el proceso bolivariano y recordó que este plan contrarrevolucionario se sustenta en la violencia contra los cuerpos de seguridad del Estado y todos los que piensen diferente a quienes lo ejecutan. Y sin dudarlo, recalco que “el Gobierno Bolivariano ha sabido respetar los derechos humanos, incluso en una coyuntura tan compleja como esta”.

 

Conciencia de clase

Martínez Mendoza también reflexionó que la despolitización es una importante herramienta de las élites capitalistas para generar caos en la sociedad venezolana, pero hizo hincapié en que la tarea política que inició Hugo Chávez, generó una profunda conciencia en la mayoría de ese pueblo.

“Los sectores populares han venido demostrando mucha conciencia”, puntualizó y añadió que, en su país, “podemos decir que hay mucha conciencia social, hay mucha solidez en los sectores históricamente excluidos, mucha conciencia política y, de manera particular, mucha conciencia de clase”.

Asimismo, el embajador denunció que la violencia que la derecha lleva a calles venezolanas, sería imposible sin el apoyo que -desde el extranjero y desde adentro de su país- reciben por parte de la industria massmediática hegemónica las bandas que las perpetran.

Así las cosas, Martínez Mendoza insistió en que es imprescindible mantener la unidad de las fuerzas revolucionarias, pero aclaro que esa unidad debe sustentarse en la amplitud y en la comprensión, ya que la labor que se lleva a cabo desde las élites capitalistas busca también “generar, en toda la región, contradicciones que lleven a confrontaciones entre nosotros mismos”.

Y fue claro cuando aseveró que la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente, Nicolás Maduro, significa un punto de encuentro para toda la sociedad venezolana, tras lo que dijo que está convencido “de que saldremos de esta coyuntura y lo haremos por vías democráticas, por un camino que será democrático, de entendimiento y nuevos niveles de reencuentro”.

 

 

Sale Poviña entra Hansen13.06.2017

Un juez a tono con el Cambio

En Jujuy, el magistrado que suplanta a quien procesó a Blaquier integra una familia tradicional de la zona de donde los Blaquier son otra familia tradicional.

“Esto no hace más que preocuparnos a los que militamos dentro de organismos de Derechos Humanos y sociales porque, en el caso puntual de los delitos de lesa humanidad, vemos que este es un paso más tendiente a garantizar la impunidad de los responsables civiles y hasta de los militares de la dictadura”, dijo el titular del Partido Comunista de Jujuy, Leonardo Rosales, al referirse a la decisión del Consejo de la Magistratura de saca del juzgado federal de San Salvador de Jujuy a Fernando Poviña, quien como subrogante, impulsó juicios por crímenes de lesa humanidad y procesó a Carlos Blaquier.

De esta manera, ahora, el juzgado federal de San Salvador de Jujuy, quedó a cargo de Esteban Hansen, quien pertenece a una familia jujeña acomodada que, además, es de la zona de Ledesma.

Al respecto, Rosales recordó que en su provincia se está llevando a cabo un juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, que “ahora se da en un contexto adverso desde lo político, donde hay una clara intencionalidad de garantizar la impunidad, ya que la política oficial es garantizar esa impunidad civil y dejar el camino allanado para un indulto a los genocidas”.

La historia de los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura en Jujuy es larga e intrincada que , recuerda Rosales, “sólo en base a una movilización popular de más de cuarenta mil personas se logró sacar al anterior juez que cajoneaba las causas por delitos de lesa humanidad y Poviña pudo hacer pie en la provincia y avanzar sobre en estos juicios”.

Asimismo, recalcó que en Jujuy, “por más que se hable de republicanismo, no existe la independencia de poderes” ya que, “claramente el poder político define muchas de las cuestiones judiciales” y, como ejemplo, puso el caso de Milagro Sala “quien está encarcelada, también, porque tuvo un papel determinante en las movilizaciones populares en las que la Tupac Amaru fue a la cabeza del reclamo para que se impute a Blaquier, algo que nunca se lo van a perdonar”.

 

Se animó

Pero Milagro Sala no es la única a quien no le perdonan haber enfrentado a Pedro Blaquier. Poviña también se animó a buscar la verdad y la justicia y, lo que encontró en ese camino, fue suficiente para procesar al dueño del Ingenio Ledesma por crímenes de lesa humanidad.

Poviña había llegado a al Juzgado Federal 2 de San Salvador para subrogar durante más de cinco años, después de que la Corte Suprema de Justicia de Nación declarara el estado de emergencia judicial en Jujuy, porque en esta provincia no avanzaban las causas de lesa humanidad.

Poviña que dijo retirarse por razones familiares continuará desempeñado su rol de juez federal titular en Tucumán. En su lugar fue nombrado Esteban Eduardo Hansen, un hombre proveniente de una familia patricia de Jujuy y nacido en la zona del Ramal, donde está establecido el Ingenio Ledesma. Como se ve, cambian los tiempos, cambian los jueces.

“Esto preocupa”, insistió Rosales y añadió que “sobre todo porque tiene lugar en una provincia en la que desde el Gobierno se busca imponer una domesticación del movimiento popular”. Y añadió: “esta designación no escapa a esta lógica y es claramente acorde a los tiempos que corren”.

Pero la designación de Hansen no viene sola. En El Ramal, la zona donde están los ingenios Ledesma, La Esperanza y Mendieta, fue nombrada jueza, Florencia Carrillo, la esposa del fiscal de Estado Mariano Miranda, quien fuera designado por Gerardo Morales para avanzar en las causas abiertas contra Milagro Sala.

“Jujuy, por su ubicación geográfica, es un punto fundamental para cualquier intento de desestabilización del proceso popular abierto en Bolivia”, advirtió el titular del PC provincial y, tras recordar que “en Venezuela se ve con claridad como el imperio usa las fronteras para desestabilizar a la Revolución Bolivariana”, puntualizó que “no sorprenderían que intenten hacer lo mismo con Bolivia desde Jujuy”.

De ahí que “pretendan afirmarse usando la excusa del narcotráfico que es un caballo de batalla permanente que tienen y permitiría la militarización de zonas en donde podría complicársele la cosa por la conflictividad social” y, para esto, “necesitan tener un Poder Judicial adepto a esos intereses, esto es estratégico para estos sectores”.

 

 

CONFLICTOS EN LA EX ESMA08.06.2017

La memoria resiste

El gobierno incumplió sus promesas a los 250 trabajadores del espacio de la memoria, creado como tal en el ex centro clandestino de detención durante el gobierno anterior. Hay una crisis inocultable.

“Esto muestra un desinterés más del gobierno de Macri en la política pública de la memoria”, dijo Olivier Rebourssin, empleado actual del ex centro clandestino de detención que fue la Esma, para ilustrar la situación en que se encuentra hoy por hoy el que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fuera refundado como Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Con esas palabras el abogado y militante por los derechos humanos ilustró la situación en la que se encuentran los 250 empleados del Espacio de la Memoria, ejemplo en todo el mundo por sus funciones y hoy abandonado por el macrismo, que puso al frente del ente tripartito (está regido por los Estados nacional, porteño y organismos de derechos humanos), al macrista Gustavo Peters, quien reemplazó al ex diputado y nieto restituido Horacio Pietragalla.

“Nosotros, como ente autárquico, siempre tuvimos nuestros propios sueldos, que han ido perdiendo su capacidad adquisitiva, como todos y más después de las devaluaciones del gobierno de Macri”, consideró Rebourssin y recordó: “hubo una propuesta del gobierno nacional el año pasado de constituir una mesa de equiparación salarial con participación de la junta interna en nuestra representación, que es una junta de ATE”.

Informó que la asamblea de los trabajadores de la ex Esma entonces votó participar en dicha mesa de negociaciones con el objeto de equiparar sus sueldos a los que se pagan por tareas y funciones similares en otros espacios dependientes de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Al respecto, el militante de derechos humanos, manifestó: “la verdad es que ha sido más de un año de una gestión muy ardua, con tires y aflojes, que solo pudo salir adelante gracias a la presión de la asamblea de trabajadores”. Y puntualizó: “se conquistó en noviembre del año pasado un acuerdo firmado por las tres partes que implicaba una mejora salarial”.

Y especificó que en ese momento se formalizó una grilla que hasta permitió a los trabajadores de la ex Esmaavizorar la posibilidad de una carrera, ya que ninguno forma parte de una planta permanente. “Estamos en una situación bastante más precaria, pese a que dentro de la precarización laboral la nuestra no es la peor”, observó sobre ello Rebourssin.

 

El incumplimiento

Pese a estos avances logrados por la asamblea de trabajadores, la situación en la ex Esma sigue igual o peor porque, informa Rebourssin, Gustavo Peters no avala lo pactado en noviembre del año pasado. Ante la delicada situación, los empleados de la ex Esma están pensando un plan de lucha, el cual se ha topado con el silencio mediático sobre la situación que están padeciendo.

“Esto muestra un desinterés más del gobierno de Macri en la política pública de la memoria”, dice el activista, quien también observa que su espacio de trabajo se halla “claramente desfinanciado, con muchas dificultades” y lamenta que esta situación se dé en un espacio “que había merecido el reconocimiento de propios y extraños”.

Recordó que los programas educativos montados en el espacio “habían recibido el carácter de interés ciudadano” y el aval de la comunidad educativa. Y denunció que el gobierno tiene “la intención de, si tiene un buen resultado electoral, incluso de meterse con los contenidos, que todavía no lo han hecho”. Agregó: “la lucha también se vuelve política porque somos un freno al macrismo hacia adentro”.

Después del 2x1 07.06.2017

Represor al banquillo en Entre Ríos

José Darío Mazzaferri es un policía federal que durante la dictadura torturó y enseñó a torturar en Concepción del Uruguay. “Acompañamos este juicio desde la militancia política y social”, dijo el titular del PC provincial, Alejandro Milocco.

Ayer comenzó el juicio que del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná al policía federal retirado, José Darío Mazzaferri, quien durante la última dictadura se desempeñó en la delegación de esa fuerza en Concepción del Uruguay, donde estuvo a cargo de tareas de inteligencia y de adiestramiento de torturadores desde que se hizo cargo del área de inteligencia de la Policía Federal, que funcionaba bajo el rótulo de “oficina técnica”.

Mazzaferri está acusado como autor de secuestros e imposición de tormentos a un grupo de ocho víctimas sobrevivientes que fueron confinadas en la sede policial de Concepción, así como por asociación ilícita y allanamiento ilegal de domicilio.

“Durante la dictadura a Mazzaferri se lo conocía como Moscardón Verde, ese era su alias”, recuerda el secretario del Partido Comunista de Entre Ríos, Alejandro Milocco que junto a integrantes de otras fuerzas políticas y organismos de Derechos Humanos estuvo presente ayer ante la sede donde se lleva a cabo el juicio.

Y, en este sentido, hizo hincapié en que el acusado “fue quien enseñó métodos de tortura a policías locales y se encargó de aplicarlos a estudiantes secundarios que fueron detenidos en 1976”.

La Fiscalía que lo acusa calificó los crímenes que se ventilan en este debate como de lesa humanidad, ya que “debe destacarse especialmente que Mazzaferri pudo ejecutarlos actuando en numerosas ocasiones a plena luz del día, a cara descubierta, uniformado y conduciéndose en su vehículo particular, porque contaba con la impunidad que le proporcionaba el propio sistema, que estaba preparado para que sus distintos estamentos actuaran coordinadamente y para no dejar pruebas de su accionar”.

Las víctimas de los casos que se juzgan fueron secuestradas entre julio y setiembre de 1976 y declararon que fueron sometidas a torturas, como simulacros de fusilamiento, asfixia con y sin agua, fueron colgadas, recibieron golpes y picana eléctrica, así como abusos sexuales.

 

Discípulo de Harguindeguy

Mazzaferri era el jefe de esa estructura y dependía directamente del Ministerio del Interior, que por entonces encabezaba Albano Harguindeguy, y tenía a su cargo una banda integrada por alrededor de diez individuos.

De ahí que cuando se lo requirió en el juicio que se realizaba para establecer las responsabilidades en delitos perpetrados por Harguindegy, Mazzaferri sintió que se acercaba su hora, se escapó y estuvo cuatro años prófugo. “Cuando se abrió la causa Harguindeguy, estaba imputado y se fugó y, por lo tanto, no se lo pudo enjuiciar entonces, algo en lo que se avanzó desde que se lo logró detener y se fortaleció la causa”, señaló Miolcco.

Este es el contexto en el que comenzó ayer el juicio en el que uno de los querellantes es Marcelo Boeykens, director del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos. Pero este juicio tiene un sentido especial, entre otras cosas, porque es el primero que comienza después del intento de imponer impunidad en el que avanzó la Corte Suprema de Justicia con el 2x1. “Acompañamos este juicio desde la militancia política y social, para demostrar que los juicios no son una cuestión de venganza sino de estricta justicia”, remarcó el titular del PC local y continuó que “también de una discusión política, económica y social que debe servir para analizar el plan que implementó la dictadura y los rasgos similares que tiene con el modelo social que propone el macrismo”.

 

&nbps;

Memoria, verdad y justicia 01.06.2017

Los otros hijos

Los procesos de Memoria, Verdad y Justicia llegan a cuestionar los fundamentos de la familia burguesa, de la lealtad hacia los padres y la debida obediencia, es que han avanzado mucho y la aparición de un grupo de hijos de represores decididos a romper con el mandato familiar es una gran noticia.

“Elegimos la Memoria, la Verdad y la Justicia”, escribió en facebook Analía Kalinec, hija de Eduardo Kalinec, represor de los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y El Olimpo durante la última dictadura. Lo hizo en respuesta a un mensaje similar en la misma red social emitido por Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, unos de los jefes de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo.

Esta había escrito claramente que existían “los hijos de genocidas que no avalamos jamás sus delitos, esos que gritamos en sus caras las palabras ‘asesino’ y ‘memoria, verdad y justicia’” y que había sugerido:“podríamos juntarnos para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva”.

Los mensajes de estas hijas de genocidas aportan un cúmulo de verdades ocultas de estos represores que, a veces, parecieran contar aún con el visto bueno de un sector poderoso de la política y, lo que es más triste, de la Justicia y la propia sociedad. Sus mensajes y actitudes pueden ser tomados en cuenta ahora para que estos ancianos, para los que se diseñó el 2x1 y algunos de los cuales se van de este mundo con “impunidad biológica”, sean comprendidos no como individuos aislados sino como psicópatas convencidos.

Asimismo, una puerta queda abierta para un nuevo movimiento que active en contra de la impunidad de los asesinos del pueblo argentino. Con ellas está Mariana, hija del represor Miguel Etchecolatz, quien en una nota periodística contó los padecimientos de su familia a manos de su padre cuando este era jefe de la policía genocida de la provincia de Buenos Aires durante los años de plomo.

José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, opinó al respecto: “cuando los procesos de Memoria, Verdad y Justicia llegan a cuestionar los fundamentos de la familia burguesa, de la lealtad hacia los padres y la debida obediencia, es que han avanzado mucho y la aparición de un grupo de hijos de represores decididos a romper con el mandato familiar es una gran noticia, muy alentadora para todas y todos y creo que va a jugar un gran papel en sostener en la sociedad argentina la idea del Nunca Más”.

 

De primera mano

Schulman estuvo detenido por los represores durante el genocidio y es un sobreviviente de sus torturas. Luego de que se diera a conocer el surgimiento de las voces de hijas e hijos de los asesinos, recordó que él mismo pudo compartir las terribles vivencias de su cautiverio con dos hijas de uno de sus torturadores, las de Víctor Cabrera, boxeador y psicópata irredento.

Contó Schulman: “hace unos tres años las muchachas se vincularon conmigo, se interesaron, nos conocimos y ellas no sólo contaron una historia tremenda, donde el padre en la casa repetía los mismos ritos de tortura que en el centro clandestino, sino que colaboraron con la detención del padre porque aportaron datos que no teníamos para poder encontrarlo una vez que se dio la orden de captura”

“El 10 de mayo en Santa Fe marcharon contra el 2x1”, añadió y siguió diciendo que mientras él contaba a las hijas de Cabrera las torturas que padeció, ellas le dijeron queeste había sidoboxeador. Y comentó: “él no les pegaba a ellas, pero lo que hacía era ponerle un pañuelo blanco a la madre y la violaba”. “Después la madre se fugó con ellas y el tipo vivía solo”, repuso.

Con respecto al surgimiento de estas voces nuevas en contra de los represores, Schulman consideró que “esto irrumpe ahora pero tiene algún tiempo de incubarse”. Asimismo, destacó que esto “nos va a permitir conocer un poco más de estos tipos” y que “lo fundamental es cómo se lee en la sociedad este mensaje” porque “si los hijos repudian a los padres ya no tienen de dónde agarrarse”.

Comisión Interamericana29.05.2017

Visitará a Milagro

Así lo aseguró su titular, Francisco Eguiguren, quien dijo que antes de que termine junio, van a estar en Alto Comedero.

A poco de que se cumplan quinientos días de la detención que padece Milagro Sala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) anunció que la va a visitar en el Penal de Alto Comedero, antes que finalice junio.

El anuncio lo hizo su titular, Francisco Eguiguren, tras participar con otros integrantes de la delegación de este organismo que está en nuestro país, de una recorrida por la ex Esma SMA.

Eguiguren también anticipó que visitará a la dirigente de la Tupac Amaru para conocer “el estado de su integridad física, psicológica y emocional y condiciones detención” en que se encuentra.

Durante poco más de una semana, esta delegación estuvo en el país, donde se entrevistó con representantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y vinculadas a la justicia que plantearon la preocupación existente por los retrocesos que hay, en materia de protección de los derechos humanos, desde que Mauricio Macri es presidente.

Los miembros de la Cidh se hospedaron en el Hotel Sheraton y, ante ese edificio, la semana pasada tuvo lugar una marcha de antorchas en la que, entre otras organizaciones, estuvo la CTA.

Una delegación de los manifestantes fue recibida por los integrantes de la Cidh, en una reunión en la que se les aportó información sobre la violación a los derechos humanos que se perpetra en Argentina, entre los casos está el de Milagro Sala y otros miembros de la Tupac Amaru.

“Narramos los graves episodios de represión de un gobierno que, para afuera trata de mostrar una imagen, pero que quirúrgicamente y actuando sobre todo en casos donde hay estudiantes, jóvenes, trabajadores, es represor y desarrolla acciones de violencia”, dijo Hugo Yasky tras el encuentro y añadió que plantearon “nuestro temor porque sabemos que Jujuy es un globo de ensayo y Argentina va a enfrentar, a partir de octubre, en este marco de depresión económica y de crisis que vivimos, situaciones en las que el movimiento social puede ser reprimido”. Y concluyó: “si no hay una respuesta clara a nivel internacional sobre el tema de Milagro Sala, tememos que el gobierno entienda que tiene luz verde”.

 

Espera

Mientras tanto, se espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el pedido de que se anule la detención de Milagro Sala, por inmunidad parlamentaria como integrante del Parlasur.

Cabe recordar que, oportunamente, la procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó que la detención de Sala es “ilegal” y que debe ser liberada.

Así le dio la razón en sus dos reclamos, ya que señaló que se violó su inmunidad de arresto como integrante del Parlamento del Mercosur, porque la ley que determina el mecanismo de elección de estos parlamentarios, prevé que sus integrantes poseen idéntica protección que un diputado nacional. Asimismo, sostuvo que Superior Tribunal de Jujuy no fundamentó los “riesgos procesales” que podrían justificar su encarcelamiento preventivo.

 

 

A cuatro años...29.05.2017

Juicio por la represión en la Alberdi

Tres integrantes de La Metropolitana se sientan en el banquillo de acusados de balear a quienes resistían el cierre de la Sala.

“Es importante que, incluso en el marco de esta política represiva, institucionalmente se consigan o se conquiste la posibilidad de llevar a juicio a los autores materiales de esta represión, más allá de una demora sustantiva de cuatro años como en este caso”, dijo el abogado integrante del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Olivier Reboursin, al referirse al juicio que se está llevando a cabo a responsables de la represión perpetrada, hace cuatro años, en la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.

Vale recordar que, el 13 de marzo de 2013, policías de La Metropolitana dispararon balas de goma y de plomo sobre personas que reclamaban que la Sala continuara siendo pública y que sigan abiertos los talleres gratuitos que se dictaban en el lugar.

Esa oportunidad, dos de los heridos con balas de plomo fueron dos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos, Germán Darío De Los Santos y Esteban Ruffa.

En el banquillo se sientan los oficiales de la Policía Metropolitana Miguel Antonio Ledesma, Gabriel Pereira de la Rosa y Maximiliano Nelson Acosta, todos imputados por “homicidio reiterado en tres oportunidades en grado de tentativa agravado por su carácter de miembros de una fuerza policial, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Son ellos quienes están acusados de disparar a quemarropa con balas de plomo sobre Mario Ciro Fumaroni, así como sobre Ruffa y De Los Santos.

 

Siempre Macri

Al respecto, Reboursin recordó que, en ese momento, en la Ciudad de Buenos Aires gobernaba Mauricio Macri y aseveró que el ataque contra quienes defendían el carácter público de este espacio cultural “fue el modo con el que el que, quienes hoy están en el gobierno nacional irrumpió en espacios en lucha, para reprimir e intentar disciplinar”.

Tras lo que hizo hincapié que, quienes fueron reprimidos, protagonizaban “un intento de recuperación democrática y asamblearia de un espacio para el arte y la cultura”.

Y recalcó que, “claramente, el juicio implica la posibilidad de imponer, aunque más no sea parcialmente, algún tipo de sanción y reprobación a este tipo de políticas represivas”.

Asimismo, el letrado de la Ladh trazó un hilo conductor entre el episodio de la Sala Alberdi y la represión perpetrada en abril de 2013, también por personal de La Metropolitana, esa vez, en el Hospital Borda.

“El carácter expeditivo en lo represivo de este gobierno es notorio”, puntualizó y señaló que “en el caso del Borda, los únicos que fueron a juicio son los delegados de ATE, que intentaron evitar la represión”.

Por lo que destacó que “aquí sí hay posibilidad de algún grado de afirmación de responsabilidad individual, lo que va a responder a cómo se rodea este juicio”. Una contexto que vinculó “al caso de Lucas Cabello, que todavía no se llevó a juicio oral”. Vale recordar que, a finales de 2015, Cabello fue baleado por el oficial de La Metropolitana, Ricardo Ayala, y que como consecuencia de este ataque, la víctima aún tiene una bala alojada en la médula lo que le impide caminar.

“Cualquier espacio institucional que se conquista, en donde se puedan afirmar responsabilidades, permite al campo popular una capacidad de control y de exposición”, reflexionó el letrado y sin dudarlo hizo hincapié en que “aquí hay que ir mucho más a fondo, porque la responsabilidad es de Macri que era el jefe de Gobierno por aquellos días en la Ciudad y de todos los sectores que se ven involucrados en la represión al arte y la cultura”, así como “es el responsable, ahora, del ajuste represivo que vivimos como sociedad”.

Diario de noticias del Partido Comunista de la Argentina

Tel: (54 011) 4304 - 0066 / 0068 | propuesta@pca.org.ar