Derechos Humanos

Derechos Humanos

30.08.2017

 

Grave

El lunes pasado, la dirigente de la Corriente Clasista y Combativa de la Ciudad de Buenos Aires, Julia Rosales, fue atacada a disparos cuando estaba en el estacionamiento de su casa, según testigos, por un sicario que tiró tres veces contra ella. Dos balas impactaron en su pecho y otra en una de sus rodillas.“Esto es parte de lo que el propio gobierno ha ido generando con su política de creciente represión y en la judicialización de los luchadores”, señala al respecto un comunicado de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la CCC.

 

Piden Justicia

Familiares y vecinos deGonzalo Fernándezvolvieron a movilizarse para exigir que se esclarezcael caso de este joven de 22 años, padres de dos pibes de dos y seis años, que apareció muerto en la comisaria tercera de Almirante Brown donde estaba detenido tras participar en una pelea callejera. La Policía dice que se ahorcódentro del calabozocon su propia remera, pero la familia asevera que Fernández carecía de razones para quitarse la vida.

 

Desaparecidos riojanos

El titular de la AMP, Rogelio De Leonardi, consideró que es importante la propuesta de incorporar en la curricula educativa lahistoria de los militantes riojanos secuestrados y desaparecidos durante el terrorismo de Estado. “Tengo que decir que gratifica enormemente esta propuesta” ya que, recalcó, “se está cumpliendo con un viejo sueño para quienes hemos sufrido la tortura, los años de cárceles y, por supuesto, para los desaparecidos”. La iniciativa corresponde al Ministerio de Educación de La Rioja y fue aprobado por la Legislatura provincial.

 

¿Dónde está Santiago?

Por medio de un proyecto presentado en La Legislatura de Misiones, aprobó un proyecto por el que la provinciase provincia contra la desaparición forzada de personas. Lo hico merced a una iniciativa presentada por el diputado provincial por el Partido Agrario y Social, Martín Sereno,quien repudió la desaparición forzada de Santiago Maldonado en una postura que fue apoyada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Partido Comunista, entre otras organizaciones. El bloque de la UCR votó negativamente.

 

Para la libertad

En la sede de la CTA de la provincia de Buenos Aires se está llevando a cabo una muestra artística por la libertad de Milagro Sala, en cuyo contexto se presentaron dos mesas de debate: “La voz de las mujeres por la libertad de Milagro Sala” y “Milagro y la Tupac, testigos indeseables”. En ese contexto, la secretaria de género de la CTA nacional y miembro del Comité por la libertad de Milagro,Estela Díaz,volvió a recordar que “ella es la primera presa política, es la representante de un sector que fue de los más olvidados del país”. Mañana jueves a partir de la hora 18, con la presencia de Carlos Rozanski, Florencia Saintout, Aníbal Hnatiuk y Alejandro Garfagnini, se presentael libro “Violación de los Derechos Humanos en el macrismo”, un informe redactado por el Foro por la Libertad y la Democracia.

 

29.08.2017

 

¿Dónde está Santiago?

Tal como lo adelantara ayer NP diario de noticias, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó una denuncia contra funcionarios gubernamentales y de Gendarmería para que se los investigue qué grado de responsabilidad tienen en el encubrimiento sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Fue en los Tribunales Federales de Comodoro Py y estuvo a cargo de los dirigentes de la Liga, Graciela Rosenblum y José Schulman, junto a los abogados Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis. La denuncia alcanza a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Germán Garavagno, Claudio Avruj, Pablo Noceti, el director Nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, los comandantes de la misma fuerza, Fabián Méndez, Pablo Badie, Conrado Balari, el gendarme Juan Escola, así como todo integrante de Gendarmería y funcionarios estatales “que la tarea instructoria determine su participación, por encubrimiento, respecto los hechos del 1º de agosto de 2017, en la localidad de Esquel”.

 

Que se investigue

Al cierre de esta edición, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibía a la fiscal Silvina Ávila, que investiga en la causa abierta por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Desde el Ministerio Público Fiscal, se adelantó que se le van a entregar más recursos humanos para la investigación.

 

Gatillo Fácil

En la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Rosario, Mar del Plata y Córdoba se llevaron a cabo movilizaciones para protestar contra el gatillo fácil, convocadas por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. Fue en el contexto de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil que, en la Capital Federal, tuvo su corolario en Plaza de Mayo que contó con la presencia de Nora Cortiñas. Ahí se denunció que, desde 1983, se perpetraron más de cinco mil casos de gatillo fácil.

Juicio

Comenzó el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad que se celebra en La Pampa, en el que se sienta en el banquillo de los acusados el ex jefe de la policía provincial durante la dictadura, quien estuvo prófugo durante ocho años hasta que fue hallado en Bolivia. En este juicio que abarca los casos de 234 víctimas secuestradas y torturadas durante la dictadura, también están acusados otros 17 represores. Baraldini participó en el levantamiento carapintada de 1990 y mientras huía de la justicia -en Bolivia- hizo lo propio en el intento de golpe contra Evo Morales. Ahora es defendido en el juicio por Omar Cayre, quien además de ser su yerno es referente provincial del PRO de La Pampa.

Sin 2x1

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó que se aplique el beneficio del 2x1 en favor de Alfredo Astiz y otros condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa Esma. Ellos son Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Ernesto Frimón Weber, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevila y Juan Antonio Azic.

 

22.08.2017

 

Por Santiago

La Juventud de la CTA convocó a referentes juveniles de distintas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales para llevar adelante iniciativas para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Fue en un encuentro en el que participaron representantes de diversos espacios que integran la central, entre ellos, Miguel Cash en representación de la CoNaT.

 

Identificadas

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos mortales de Ramona Benítez de Amarilla y Susana Elena Ossola de Urra, quienes fueron asesinadas por el terrorismo de Estado cuando estaban embarazadas. Ramona militaba en Montoneros y fue secuestrada el 16 de mayo de 1976, mientras que Susana, quien militaba en ERP-PTR, estaba desaparecida desde el 22 de mayo de 1976.

 

21.08.2017

 

Con vida lo queremos

“Hace veinte días de la desaparición forzada de Santiago y seguimos dando vueltas como el día uno”, denunció Sergio Maldonado, hermano del joven de 28 años que fue visto por última vez el 1º de agosto durante una represión perpetrada por Gendarmería contra la comunidad mapuche de Chubut. Y añadió: “Hasta que el Gobierno no asuma que es una desaparición forzada, no se avanzará en la investigación”.

 

Repudio

“Repudiamos las amenazas y agravios contra el compañero José Schulman”, señalaron organizaciones de Derechos Humanos que se solidarizaron con el titular de la Ladh ante las amenazas del ex comisario de la Policía de Santa Fe, Orlando Agustín Gauna. Suscribieron Madres de Plaza de Mayo LF, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos-Capital, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Apdh, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Apdh-La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y Medh.

 

Inteligencia interior

La diutada, Alicia Gutiérrez, denunció en la Legislatura que la Policía de Santa Fe realiza tareas de inteligencia sobre militantes de organizaciones feministas que convocaron a dos marchas para exigir la aparición con vida de Rosalía Jara, la joven de 18 años, madre de una beba, que desapareció en Fortín Olmos, el 1º de julio. “Queremos saber quién dio la orden, por qué tratan de averiguar cuál es el objetivo de las marchas y quiénes las organizan, que son mujeres de Reconquista, Vera y Fortín Olmos” señaló. Las marchas por Rosalía fueron convocadas por el Foro de Mujeres, Mumalá Reconquista, el Plenario de Trabajadoras de Reconquista y la mesa de Ni Una Menos, entre otras organizaciones.

 

Juicio

En el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Plata comenzó el juicio por la Masacre de Magdalena, perpetrada en la unidad penitenciaria de esta localidad bonaerense donde 33 personas fueron abandonadas en medio de un incendio y murieron quemadas y asfixiadas. Se juzga, como responsables directos, a 17 agentes que estaban presentes y dos funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, el director del penal, Daniel Tejeda y Cristian Núñez quien era jefe de Seguridad Exterior.

 

Blanca palomita

“No tuve nada que ver con la represión”, insistió Luis Abelardo Patti en un nuevo juicio en el que está acusado de perpetrar delitos de lesa humanidad. El represor ya condenado en otras causas, dijo que nunca participo en el secuestro y asesinato del periodista entrerriano Ricardo Gabriel Giménez, en 1976.

 

Tu pasado te condena

Durante el juicio que tiene como imputados de complicidad con el terrorismo de Estado al ex juez federal Miguel Angel Puga, al ex fiscal Antonio Cornejo, al ex defensor oficial Ricardo Haro y al ex secretario penal y ex juez Carlos Otero Alvarez, el testigo Luis Vitín Baronetto cuestionó a uno de los jueces, Camilo Quiroga Uriburu, porque fue asesor letrado en La Rioja, designado por la dictadura, en 1978. Pese a esto, Quiroga Uriburu fue ratificado en el tribunal.

 

 

REFLOTE DE PROYECTO MACRISTA08.09.2017

La capucha y la policía

Un diputado macrista volvió a presentar su proyecto para que los encapuchados puedan ser detenidos por las fuerzas de seguridad.

Pedro Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo irónicamente que “las más de las veces van encapuchados ellos, como cuando van infiltrados, tal cual pasó en la última marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado”. Lo hizo para criticar el resurgimiento en el Congreso Nacional del proyecto macrista para que las fuerzas de seguridad puedan apresar a manifestantes encapuchados.

El proyecto en cuestión fue reflotado como iniciativa del diputado cordobés Javier Pretto y reapareció en la palestra legislativa luego de la represión desencadenada tras que el pueblo masivamente acudiera a la Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida del joven desaparecido y visto por última vez en manos de la Gendarmería. Eso pese a que los incidentes que promovieron el inicio de la andanada policial fueron iniciados por infiltrados de las propias fuerzas represoras.

Pretto argumentó para justificar su iniciativa punitivista que en las manifestaciones callejeras (que, por otro lado, demuestran la resistencia a las medidas impopulares del gobierno) “se cometen hechos violentos a diario” y que por ello no se debe “dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”. El lenguaje de Mirtha Legrand, como se ve, está dejando los meros almuerzos televisivos e ingresando peligrosamente al Congreso.

Vale destacar que el proyecto fue formalmente presentado a comienzos de las sesiones ordinarias del Legislativo nacional, pero el diputado macrista lo reflotó efectistamente a la luz de los episodios de violencia, tergiversados por los medios masivos de comunicación, que casi han ignorado las pruebas sobre los infiltrados que cunden, en cambio, en las redes sociales.

De esta manera, bajo los mismos argumentos que merecieran oportunamente serias reprobaciones de legisladores y especialistas, acciones que en el Código Penal figuran como delictivas, tales la interrupción del transporte o el abuso de armas, incorporarán como agravantes a las figuras de exhibición de elementos contundentes (un paraguas lo sería) o portación de capucha.

Desde la Liga

Pedro Dinani, dijo que “es realmente peligroso que se reflote ese tipo de legislación fascista” que “puede tener visos de ilegalidad”. Agregó que “es totalmente ilegítimo” el reclamo de Pretto ya que “no se puede detener a ningún manifestante, vaya como vaya vestido” y que este “puede ir sin capucha o con el torso desnudo sin que eso sindique detención porque no cometió ni delito ni contravención”.

Adujo que la intervención punitivista del Estado en estas cuestiones significa una “violación de todos los derechos constitucionales”. Y sostuvo que “en este tipo de gobiernos que tenemos ahora, que están muy cercanos a las violaciones a la Constitución y los derechos individuales, a veces salir encapuchados en un marcha implica un poco de protección para no ser identificado y represaliado por la policía”. “Eso sería algo lógico en un momento de democracia tan restringida”, le sumó.

“Si uno juzga la situación real, las más de las veces van encapuchados ellos, como cuando van infiltrados, tal cual pasó en la última marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado”, expresó e ilustró sobre la acción represora: “por un lado estaban tirando piedras y por el otro armando el quilombo posterior para tratar de opacar la marcha”.

“Es realmente una situación increíble la que estamos viviendo”, se quejó y manifestó: “desde que tengo memoria no hubo un precedente; ni siquiera los noventa eran así”.

El Gobierno, 36 días después06.09.2017

De la abulia a la hiperkinesia

Testimonios presenciales, ahora ante el juez Otranto, coinciden en señalar que personal de Gendarmería golpeó y se llevó a Santiago. Sobreactuado, Macri manda a precalentar a todos sus jugadores. Pero Maldonado sigue siendo víctima de desaparición forzada.

Hiperkinesia. Con este término se puede definir a la actitud que decidió adoptar el gobierno en lo inherente al Caso Maldonado, a partir del lunes cuando advirtió el escaso resultado que tuvo la operación que perpetró para enturbiar la formidable movilización del viernes pasado.

Es que desde esa jornada, se vienen precipitando sucesos que horadan el andamiaje de mentiras que se construyó para intentar desviar las pistas que ubican a Santiago Maldonado en el Lof Cushamen el 1º de agosto, perseguido por personal de Gendarmería.

En este sentido, ayer hubo dos episodios relevantes. Matías Santana declaró ante el juez de Esquel, Guido Otranto, que personal de Gendarmería golpeó y desapareció a Maldonado, el 1º de agosto y recalcó que “genera impotencia que el Estado se presente como querellante defendiendo a estos uniformados que entraron ilegalmente al territorio a cazar a un mapuche”.

Santana es uno de los testigos que, a poco de la desaparición de Maldonado, declararon ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Entonces, desde la massmedia de gobierno se intentó desprestigiar esos alegatos porque provenían de “enmascarados” y no se habían hecho ante el juzgado a cargo de Otranto.

Ahora, como entonces, Santana fue claro. “Maten a uno, indios de mierda, los vamos a cazar”, recordó que gritaban los gendarmes mientras avanzaban dentro de la Pu Lof, tras lo que aseveró que vio cuando a Santiago “lo golpearon y lo metieron en una camioneta”.

Por su parte, en idéntica dirección, tres mujeres de la comunidad confirmaron que el joven desaparecido estaba en el sitio el 1º de agosto y, para desarmar otro mito instalado por la massmedia dominante, hicieron hincapié en que oportunamente y sin obstáculos, Prefectura pudo llevar a cabo el rastrillaje del lugar.

Mientras tanto, la que La Rosada pretendía que fuera su principal coartada, se hizo pedazos cuando se conocieron las pericias judiciales practicadas en el cuchillo del puestero, Evaristo Jones. Es que la sangre que conservaba la hoja, no coincide con la de Santiago, lo que hace rodar por el suelo la coartada con la que el gobierno confiaba hacer prevalecer la hipótesis de que, herido días antes del 1º de agosto, Maldonado habría muerto y su cadáver había sido escondido por los habitantes de la Lof Cushamen.

A esta altura queda claro, aún para quienes se empeñan en ocultarlo, que la carátula desaparición forzada de persona es la correcta y que a la presión nacional e internacional que recibe desde hace poco más de un mes, comienzan a sumarse algunas voces que –a su modo- le señalan al gobierno que están dispuestos a acompañarlo hasta la puerta del infierno, pero de ninguna manera a entrar en él. “Hizo mal Mauricio Macri en prohibir hablar del caso Maldonado”, dijo Mirtha Legrand en su programa televisivo que en La Rosada ven como si fuera una suerte de ágora del siglo 21. Y, desde sus páginas Clarín advirtió que el sesenta por ciento de los encuestados para un trabajo encargado por el propio ejecutivo se interesa en el Caso Maldonado y, de ellos, más de la mitad opina que el gobierno es culpable por la desaparición del joven.

Estado Policial

“La hipótesis más fuerte apunta a Gendarmería”, reconoció a más de un mes de la desaparición forzada de Maldonado, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tras lo que salió disparado hacia el aeroparque Jorge Newbery, para abordar un vuelo que lo llevaría hasta Chubut “para ofrecer colaboración al juez de la causa”.

Y, tras cartón volvió a insistir con que aguarda el resultado de “las pericias de ADN de las camionetas y elementos secuestrados” en diferentes allanamientos en esa provincia. De esta manera redobla la apuesta del gobierno que no se resigna a dejar de transitar un camino controvertido, ya que como quedó claro, las camionetas y otros materiales fueron deliberadamente contaminados al ser lavados a pocas horas de la desaparición de Santiago, por el propio personal de Gendarmería. El cambio de táctica de abordaje del tema lo inauguró el presidente Mauricio Macri cuando en un acto público y con rictus de circunstancia dijo que la cuestión lo preocupa.

No es la primera vez que, durante este mes, el ejecutivo explora el camino de la victimización. Quiso presentarse como querellante en la causa pero alguien aconsejó que no lo hiciera, porque el intento nunca pasaría y lo dejaría más expuesto. También pretendió victimizar a los gendarmes que intervinieron en la represión, pero la difusión de registros fílmicos sobre lo acontecido el 1º de agosto echó por tierra ese intento.

Y en este sinuoso y rocambolesco sendero avanzaron con la operación Oscar Edgardo Alvarenga. Cuando ya les quedaba claro que lo sucedido con Maldonado era inocultable, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, anunció que uno de sus asesores, el policía retirado Alvarenga, estaba desaparecido.

Desaparecido neutraliza desaparecido, imaginaban en los pasillos gubernamentales. Pero esto también se desmoronó cuando dos días más tarde el asesor de Seguridad apareció. “Pido perdón a todos, padezco de un problema personal que deberé abordar con la contención de mi familia y la ayuda de mis amigos”, señaló en una red social, Alvarenga, a poco de ser hallado en las inmediaciones del hipódromo.

La cosa es clara desde espacios clave del poder real que lo puso en La Rosada, temen que el Caso Maldonado se le vaya a Macri de las manos. “Pronta solución” exigieron en un comunicado conjunto Idea, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos y el Colegio de Abogados. El presidente sabe que este tema puede poner en cuestión -ante sus pares- su capacidad de liderazgo y, como cualquiera que haya visto la película El Padrino, tiene claro que para ellos seguir apostando a él o buscar un recambio “no es nada personal, solo negocios”.

La licenciada en comunicación social, Patricia Bullrich, sabía por qué estaba echando mano a una perfecta sinécdoque cuando en el Congreso de la Nación exclamó que no está dispuesta a tirar un gendarme por la ventana.

Y aquí es donde está una de las claves que pueden explicar las razones que, desde el mismo 1º de agosto, tuvo el gobierno para montar un formidable operativo tendiente a ocultar el papel de Gendarmería en la desaparición forzada de Maldonado.

Es que Gendarmería es una pieza fundamental en la construcción del Estado Policial indispensable para imponer la relación entre capital y trabajo que vino a instrumentar el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015.

Con el agotamiento –al menos por ahora- de la posibilidad de utilizar a las fuerzas armadas como factor de control social interno en la región, el diseño del Pentágono pone todas las fichas en la consolidación de fuerzas de seguridad voluminosas y con capacidad operativa en todo el territorio, que ejerzan esa función al estilo de las guardias nacionales que prevalecieron, sobre todo, en Centroamérica durante el siglo 20.

Es verdad que este papel para Gendarmería no es nuevo. Durante la presidencia de Cristina Fernández esta fuerza fue absorbiendo tareas que no le son propias, entre otras, la de policía en las principales zonas urbanas del país. También en esos años fue la opción elegida como fuerza de disuasión del conflicto social y tuvo un rol inaceptable en la realización de tareas de espionaje interior como quedó al desnudo cuando se ventiló el Proyecto X.

Pero es verdad que fue con la llegada de Macri a La Rosada y, especialmente con la de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, cuando tomó un papel definitivamente preponderante.

Desde la represión de trabajadores de Cresta Roja, en los albores de la Presidencia Macri, hasta la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Gendarmería estuvo presente. Y fue justamente en este episodio donde, al comando de los efectivos de esta fuerza que operaban en las adyacencias del Pu Lof, aparece el jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Noceti. De ahí que quede claro que Gendarmería es Noceti y que en términos de responsabilidad política la ruta sin escalas desemboca en Bullrich y Macri.

Mientras tanto, Maldonado lleva 37 días sometido a desaparición forzada, la respuesta del campo popular se fortalece y la hiperkinesia sigue siendo una patología.

Ratificada por La Rosada06.09.2017

Bullrich no se va

Aunque propios y extraños piden su dimisión, Macri avaló a su ministra de Seguridad que se presenta como una pieza clave en la estructura de la Gestión Cambiemos apoyada en amigos y contactos con un aliado central para el Gobierno.

Ante la multitud convocada el viernes en Plaza de Mayo, Sergio Maldonado pidió que el gobierno separe de su cargo a Patricia Bullrich. Este reclamo que ya había sido hecho desde diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, se viralizó entre vastos sectores, incluso, en algunos próximos al Gobierno Cambiemos.

Pero pese a esto, ayer el presidente Mauricio Macri le dio un espaldarazo a la ministra de Seguridad y a su equipo cuando la rescató del ojo del huracán y, al recibirla en la Casa de Gobierno, sin dudarlo recalcó que Bullrich “tiene liderazgo y trabaja muy bien”.

En el encuentro también participaron el ministro de Justicia, Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el jefe de Gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman y el subsecretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

Otro que dijo presente es el director del área de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal, Daniel Barberis, que está a cargo del sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidad de los gendarmes en la desaparición de Maldonado.

Vale recordar que Barberis es el mismo que el 4 de agosto de 1977 secuestró a Julio Jewel Kancepolski, por quien cobró ochocientos mil dólares de rescate, pero fue capturado y condenado a purgar una pena que lo recluyó en la cárcel de Villa Devoto hasta el 6 de abril de 1984. Al año siguiente, fue requerido nuevamente por el Poder Judicial, pero esta vez estuvo siete meses prófugo. Fue tras el secuestro y liberación de César Cohen, por entonces un pibe de doce años de edad a quien durante su cautivero torturaron y amenazaron con frases como “judío de mierda, vos y tu viejo son unas ratas”.

Siga, siga...

Lo cierto es que tras la reunión dos cosas quedaron claras. Aunque desde hace 36 días Santiago es víctima de desaparición forzada, recién ahora el ejecutivo decidió lanzar un operativo para buscarlo, algo que se definió como una investigación paralela a la de la causa que lleva el juez Otranto. Y la otra es que, pese a todo, Patricia Bullrich va a seguir al frente de la cartera de Seguridad.

¿Pero por qué Macri juega tantas fichas a la ministra? Una de las claves está en el papel de quien es el esposo de Bullrich, Guillermo Yanco, que es presidente del Instituto de Estudios Argentinos (Idear), organización creada en 1983 por el ala derecha del Partido Demócrata estadounidense, que está establecida en medio centenar de países.

Entre las fuentes de financiación de Idear está la Fundación Nacional para la Democracia (NED por su sigla en inglés), que fuera creada por Ronald Reagan. La NED posee un triste prontuario de intervención y desestabilización en diferentes países del planeta y, sobre todo, de la región.

Uno de los puntos fuertes del matrimonio Yanco-Bullrich es el contacto que poseen con el Estado de Israel, país que desde diciembre de 2015, es un aliado privilegiado del Gobierno Argentino.

Esta alianza está fundamentada en dos pilares: la adscripción de La Rosada a la estrategia política israelí, fundamentalmente, en el enfrentamiento de ese Estado con la República Islámica de Irán, pero también en su hipótesis de conflicto respecto a un “enemigo terrorista global”, así como en lo inherente a la transferencia de know how en materia de seguridad interior y represión del “enemigo interno”.

En este sentido la cartera de Seguridad tuvo carta blanca este año para adquirir armamento por casi cien millones de dólares, merced a un acuerdo que se había sellado sobre fines de 2016, cuando Bullrich viajó a Tel-Aviv al frente de una comitiva en la que se destacó el diputado por Cambiemos, Waldo Wolff, vice de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, ex vice de la Daia y miembro del Congreso Judío Internacional.

Entre los gestores de la adquisición aparece la empresa Codesur que de acuerdo a su página web se dedica a “soluciones para la defensa y la seguridad interior”, es decir, equipamiento, tecnología, logística para las fuerzas policiales y vigilancia urbana.

Su titular es el empresario Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, a quien Bullrich conoce desde la época en que ambos militaban en Montoneros.

Aquella vez, la delegación gubernamental argentina se reunió, entre otros, con los titulares de Defensa y Seguridad Pública de Israel, Avigdor Lieberman y Gilad Erdan, así como con el de la Dirección de Cooperación de Defensa Internacional, Mishel Ben Baruch, que es el responsable del comercio del equipamiento tecnológico que utiliza el sofisticado aparato de Defensa israelí.

Queda claro entonces que Bullrich es una pieza clave para la estructura del Gobierno Cambiemos, pero asimismo que sería irrisorio que Macri decida pedirle un paso al costado cuando se está preparando la visita a nuestro país del premier israelí, Benjamín Netanyahu.

Pese al hermetismo que rodea a esta visita, trascendió que duraría pocas horas y se llevaría a cabo la semana venidera en el contexto de un periplo que seguiría en México y Nueva York, donde se espera que Netanyahu participe de la Asamblea General de la ONU.

 

Denuncia de la Liga06.09.2017

Que se investigue

El fiscal federal, Federico Delgado, hizo lugar a la denuncia de la Ladh para determinar si el Gobierno encubrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado. “Han intentado deslindarse de toda responsabilidad”, dijo al respecto el abogado Eduardo Barcesat.

Hoy el fiscal federal, Federico Delgado, impulsó una investigación tendiente a determinar si se encubrió la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desde el gobierno que encabeza Mauricio Macri.

La causa fue abierta a instancias de una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) y el Instituto Arturo E. Sampay que alcanza al presidente, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Justicia, y de Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich, así como el jefe de gabinete de la cartera de Seguridad, Pablo Nocetti, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmería, Gerardo Otero.

También a los comandantes de la fuerza en Chubut, Fabián Méndez, Pablo Badie y Conrado Balari, y al jefe del Escuadrón 36 de Esquel, gendarme Juan Pablo Escola.

“Han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”, dijo al respecto el abogado Eduardo Barcesat, uno de los patrocinantes de la denuncia formulada por los delitos de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad.

Así las cosas, ayer se ratificó la denuncia, por lo que el fiscal Delgado abrió una causa penal, aunque por ahora no imputó a ningún funcionario. Al respecto, señaló que “los denunciantes destacaron la existencia de un ‘pacto de silencio’ de las autoridades estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado”.

Y, como para comenzar la investigación “es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional”, solicitó al juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, que le pida al magistrado de Esquel, Guido Otranto, con caracter “urgente” una copia de la causa abierta por la búsqueda de Maldonado.

Asimismo, requirió que la Jefatura de Gabinete “informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”.

Junto a Facundo y Santiago 05.09.2017

Mapuches en la Liga

La Ladh puso “al servicio de la comunidad y su lucha todos los recursos humanos, políticos, materiales, contactos y redes de amigos en todo el mundo”, al tiempo que confirmó que estará en las audiencias donde se discuta el pedido de extradición de Jones Huala a Chile.

“Asumimos sus reclamos históricos y exigimos el cese de persecuciones a todos ellos y libertad a Facundo Jones Huala, preso por enfrentar la Internacional Benetton y defender sus derechos ancestrales”, dijo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), tras recibir en su sede de la ciudad de Buenos Airees a una delegación de integrantes de la comunidad Pu Lof de Cushamen, en Chubut,

En la oportunidad, la Liga puso “al servicio de la comunidad y su lucha todos los recursos humanos, políticos y materiales, contactos y redes de amigos en todo el mundo”, al tiempo que confirmó que va a estar en las audiencias donde se discuta el pedido de extradición de Facundo Jones Huala a Chile “sumando nuestro granito de arena a defender sus derechos, que son los nuestros”.

Vale recordar que los miembros de esta comunidad son quienes presenciaron el operativo en el que personal de Gendarmería detuvo y golpeó a Santiago Maldonado, quien en esas circunstancias fue visto por última vez.

Al respecto, la Ladh salió al cruce de quienes cuestionan la veracidad de los testimonios que, en tal sentido, se aportan desde esta comunidad. “Dudar de la palabra de un miembro de la comunidad es un agravio cultural que no aceptan puesto que la mentira no entra en su universo cultural”, señala.

Y recuerda que “los sobrevivientes del terrorismo de Estado Argentino de 1974/82, las y los familiares, abogados, militantes de la verdad defendemos este derecho humano puesto que lo compartimos y defendemos en nuestros juicios por delitos de lesa humanidad”.

De ahí que, tras insistir con el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, la Ladh exija la liberación de Jones Huala, que “nada tiene que ver con presuntos grupos que podrían ser tan reales como las mentiras de la Bullrich sobre el ataque armado en que habían herido a Santiago y está preso por defender los derechos ancestrales de su pueblo, genuinos y legítimos desde siempre, reconocidos en grados crecientes por el Estado Argentino, sobre todo desde la Reforma Constitucional de 1994”.

Tierras

Asimismo, al referirse a la comunidad Pu Lof en Resistencia, la Ladh asevera que “las tierras que han recuperado son de ellos, puesto que el Imperio Español se las arrebató con modos militares y genocidas, operación de despojo confirmada por el Estado Argentino con la Campaña del Desierto de Roca y las agresiones permanentes del brazo armado del Estado argentino, prácticamente ininterrumpidas”.

Por lo que, sin dudarlo, reclamó que “echen a Benetton, Turner y todos los capitalistas extranjeros que se apoderaron de los territorios que les pertenecen y son parte de la soberanía argentina” y que “dejen de proteger a los oligarcas europeos y yanquis”.

 

 

Desaparición forzada y asesinato de Franco Casco05.09.2017

La policía y la justicia en la mira

Uniformados y funcionarios judiciales quedaron detenidos en el caso que investiga el asesinato de Franco Casco, un joven que vivía en de Florencio Varela y fue secuestrado por personal policial, en Rosario.

Ayer, un total de 31 personas -policías y funcionarios judiciales- fueron detenidos acusados de estar involucrados en la desaparición forzada y posterior asesinato de Franco Casco, un joven que vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela y fue a visitar a sus parientes a Rosario, donde personal policial lo secuestró para llevarlo a una comisaría.

En esa dependencia de acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal federal Marcelo Degiovanni, Casco fue torturado, antes de que su cadáver apareciera flotando en aguas del Río Paraná.

La detención ilegal tuvo lugar el 6 de octubre de 2014, cuando el albañil Casco se dirigía desde Empalme Graneros –donde vivían sus parientes- hacia la terminal de micros de Rosario para volver a Florencio Varela.

Pero nunca lo logró. Efectivos de la comisaría séptima lo interceptaron y lo condujeron a esa dependencia donde, en connivencia con autoridades judiciales, fue retenido por personal policial que, tal como consta en las pruebas forenses realizadas sobre su cadáver, fue asesinado a golpes.

Pasaron 18 días desde su desaparición forzada hasta que, desde el Poder Judicial, se ordenaron las primeras medidas de búsqueda. Pero ya era demasiado tarde, su cuerpo había sido fondeado en el Río Paraná.

Entre los detenidos está el director de Asuntos Internos de la provincia de Santa Fe, Alberto Candia, ya que de acuerdo al fiscal Degiovanni, esta dependencia desatendió “indicios concretos con los que contaba la búsqueda”, pero asimismo desvió “interesadamente la investigación hacia pistas falsas, para encubrir a la policía”.

También fueron detenidos el jefe de la Comisaría séptima y personal del Instituto Médico Legal, ya que el juez federal interviniente, Carlos Vera Barros, considera que en ese Instituto se encubrió “la responsabilidad policial en cuanto a la violencia practicada sobre su cuerpo y hubo una acción activa del personal en ello”.

Y añade que “en el curso de la causa solicitamos el allanamiento del Instituto Médico Legal, porque no hay certeza de que el cuerpo que entregaron a la familia se corresponda con el de Franco Casco. Eso es un nivel de responsabilidad que aún está en análisis”.

Un punto destacable es el texto de la orden emitida por el juez Vera Barros, quien señala que “en la ejecución de la desaparición forzada, la privación ilegal y la muerte están involucradas dos guardias policiales de la seccional séptima, la del día 6 de octubre de 2014 y la del día 7, personal de Asuntos Internos además de las médicas que lo asistieron, y también estarían involucradas tres personas que trabajan en el Instituto Médico Legal de Rosario”.

Modus operandi

“Se siguen sumando hechos de este tipo en la policía de la provincia de Santa Fe”, advirtió el titular del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galiotti, quien añadió que muchos de ellos corresponden a Rosario.

En este sentido, Galiotti instó a reflexionar sobre cómo se forman quienes vestirán los uniformes policiales. “¿Con qué valores se educan y para qué se los prepara, para ser auxiliares de la Justicia en la prevención y lucha contra el delito o para asociarse a organizaciones delictivas y ser ejecutores de acciones de este tipo?”, preguntó retóricamente el dirigente.

Y con claridad recalcó que esta pregunta “es esencial para saber qué representa, cuáles son los valores y objetivos de esta fuerza”.

Asimismo, recordó que en el caso casco los involucrados son policías de la seccional séptima “que es la comisaría que actúa en la zona de la terminal de ómnibus” que es “la zona de la prostitución, del punguismo, el robo, la venta de droga, donde hay varios lugares bailables y prostíbulos”, por lo que “muchas de las organizaciones de robo actúan en esta zona”.

Tras lo que denunció: “ahí la policía recauda, porque sabemos que en la provincia se licitan las comisarías en base a esta recaudación”.

Y sin dudarlo indicó que “la forma operativa de ocultamiento y falsificación de prueba es un procedimiento habitual en casi todas las comisarías de Santa Fe en casos similares al del asesinato de Casco”.

De ahí que remarcara que “estamos ante una fuerza que guarda mucha similitud en los procedimientos con lo que ahora realiza el gobierno nacional con la cadena de encubrimientos a raíz de la desaparición forzada de Santiago Maldonado” y , aunque aclaró que los dos hechos no son comparables “desde lo político”, destacó que “sí lo son desde el accionar de la fuerza preparada para la represión, la tortura, golpear, establecer el control social o detener a tres jóvenes comunista en Santa Fe porque estaban colgando un cartel que preguntaba dónde está Santiago Maldonado”.

Por lo que insistió en que “durante el gobierno del Partido Socialista, no se controló ni se subordinó al poder político a la policía” y recordó que el entonces gobernador, Hermes Binner, designó como jefe de la policía provincial a Hugo Tognoli, quien más tarde fue condenado en un juicio por sus vínculos con el narcotráfico.

Y finalizó: “la policía de Santa Fe no responde a los mandos políticos, tiene objetivos propios, se constituye como una asociación ilícita para cometer y participar de los delitos que más rentabilidad producen en la provincia”, pero asimismo “tiene un carácter represor y de control social, fundamentalmente orientado hacia la juventud”.

LA HORA VIOLENTA 04.09.2017

Desde el estrado hasta Santa Fe

Los detenidos por las represiones en las marchas del viernes llegaron a ser judicializados y tres militantes comunistas fueron presos en Santa Fe.

La jornada del viernes llevó a las masas populares a plazas y avenidas de todo el país en el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero junto a los manifestantes marcharon los infiltrados, de cuyas inoportunas presencias hay hasta registros fotográficos. Merced a eso se abrió la represión policial, también, en todo el país.

En la ciudad de Santa Fe, tres militantes de la FJC fueron apresados y liberados al día siguiente, no sin que antes mediara una fuerte presión del propio organismo en solidaridad con otras organizaciones. Los detenidos fueron Matías Demti, Camilo Gómez y Emanuel Rodríguez, quienes una vez liberados siguieron preguntando dónde está Santiago.

Más de una treintena de prisioneros fue el resultado de esta verdadera cacería y el fiscal federal Ramiro González ya pidió la declaración de los policías intervinientes en la razzia que se llevó a cabo después de la manifestación porteña. En tanto, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, atento a que el caso está federalizado, apeló a las meras y cautelosas investigaciones internas auspiciando la apertura de un sumario interno para que sea la misma policía represora la que investigue su rol.

Pero el asunto es ya federal aunque los detenidos fueran detenidos por “daños”, una contravención que, por otro lado, a sus captores les es difícil de probar. Atentos a ello y a la liberación de todos los detenidos a excepción de uno que es extranjero y que por la detención “le saltaron” problemas de papeles migratorios, desde la Correpi explicaron que, como no hay pruebas, “el destino inexorable de esta causa es el sobreseimiento definitivo”

Sin embargo hay decir que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que ayer liberara a todos los prisioneros por cuya liberación presionaban las bases militantes en Comodoro Py, no es muy de fiar. Baste decir que es el mismo que protegiera de un embargo al service Antonio Stiusso y, por si esto fuera poco, ordenara, infructuosamente, la detención de Hebe de Bonafini.

El digno plantón de la Fede

Los tres militantes de la FJC santafecina habían sido detenidos por colgar una bandera argentina con la leyenda “Macri-Bullrich, ¿donde está Santiago?”. Intervino en esa injusticia la policía de la provincia de Santa Fe, aunque tanto desde la organización como desde el PC pidieron prontamente su liberación y denunciaron el incremento de la violencia institucional.

Particularmente la Fede se plantó con valentía ante la acción policial contra sus militantes. Así, el mismo 1 de septiembre publicó un comunicado en el que públicamente exigió “la inmediata liberación de tres camaradas”.

“Se encontraban en la costanera de dicha ciudad repartiendo volantes e informando en el marco de la jornada nacional en la que se exige que aparezca con vida Santiago Maldonado, cuando efectivos de la policía de Santa Fe los comenzaron a interpelar de manera amenazante y violenta”, informaron los jóvenes rojos. Destacaron que los uniformados se los llevaron a las mazmorras por “averiguación de antecedentes” a la comisaría 3 de la capital santafecina y responsabilizaron del atropello a la policía provincial, al intendente José Corral, al gobernador Miguel Lifschitz y al gobierno nacional que, dijeron, “no ha dejado de agitar los fantasmas de supuestos enfrentamientos”.

Pero eso no es todo, porque desde el PC porteño denunciaron que durante la represión desencadenada a 10 cuadras a la redonda de la Plaza de Mayo, un fotógrafo comunista llamado Dante que se encontraba trabajando en las inmediaciones, recibió el impacto de 4 balazos de goma, uno de los cuales le hirió el rostro.

Dijeron al respecto los rojos porteños: “esta es la verdadera cara del macrismo, que muy lejos de ser una pretendida derecha ‘democrática’ recurre a la más desaforada represión, incluyendo la utilización ilegal de policías de civil y acciones de espionaje sobre las organizaciones populares, con el único fin de desarticular la resistencia a sus planes de entrega y restauración neoliberal”.

Multitudinaria movilización por Santiago Maldonado 04.09.2017

Reclamo, represión y después...

Otra vez un grupo de encapuchados que tira piedras es la excusa perfecta para desatar una cacería. Los logros de la gestión Bullrich y la hora de la conspiranoia.

Después de tomarles declaración indagatoria, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dejó en libertad a los 31 detenidos tras la movilización llevada a cabo el viernes en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La situación de estas personas quedó en manos de este magistrado, después de que la instrucción decidiera que lo que en principio fue considerado “daños”, es decir la calificación más baja del código, pasara a ser resistencia a la autoridad e intimidación pública.

Aunque habrá mucho que decir aún sobre el contenido de las seiscientas fojas que instruyen la causa abierta por estos episodios, lo que sí pudo establecerse es que la mayoría de los detenidos pudieron constatar, fehacientemente, que no estaban en el lugar desde donde un grupo pequeño de individuos comenzó a arrojar objetos contundentes contra personal policial.

También queda claro que, tal como ocurriera el 7 de agosto tras el acto llevado a cabo ante el Congreso, esta vez ninguno de los agresores resultó detenido, pese a que –en ambos casos- los ataques fueron filmados.

Lejos de esto, la brutal cacería se objetivó contra personas que tras concurrir a la marcha o no, se encontraban dentro de un radio de hasta diez cuadras de Plaza de Mayo, y contra trabajadores de prensa que estaban desarrollando su actividad, por lo que queda claro que querían evitar que haya testimonio en imágenes de la represión y, sobre todo, de sus características.

El modus operandi fue similar al registrado el 3 de junio tras la movilización por Ni Una Menos. Pero también al que pocos días antes se vio en la ciudad de Córdoba y, durante la jornada del viernes en Santa Fe, donde fueron detenidos –entre otros- tres militantes de la Fede a quienes se privó de su libertad durante un día.

Por el ataque que individuos que aparecieron tras la movilización del 7 de agosto realizaron contra movileros de C5N y Crónica TV, así como contra dos motocicletas policiales, todavía no hay un sólo detenido, ni siquiera un indicio pese a que –es prudente recalcarlo- todo el episodio está filmado.

Pero no todas son malas para la cartera que preside Patricia Bullrich que, desde esa fecha, esclareció algunos casos trascendentes para la seguridad nacional. Y si para muestra alcanza con un botón, ahí está el del pibe de 18 años de Tapalqué que, celoso, arremetió con amenazas e insultos contra un contacto que su novia tenía en Facebook. “Esteban Cambiemos” no era un amante, sino el candidato a senador. Rápidamente, la prima del postulante de Cambiemos, se jactó públicamente de que el autor de las amenazas, había sido detenido en un mega operativo.

Este no es único éxito que puede exhibir. Al día siguiente de la represión, con su habitual rimbombancia, la ministra Bullrich anunció que personal a su cargo había detenido a una persona que identificó como la autora de amenazas en redes sociales contra la hija del presidente, Antonia Macri. Pero a poco correr el día se supo la verdad ¿Un terrorista internacional? ¿Un lobo solitario? Nada de eso. La persona en cuestión es paciente psiquiátrica alojada en la clínica Solar Colonial. Y, tal como lo hiciera con el testigo protegido del caso Maldonado, Bullrich dio a conocer el nombre y apellido de esta persona, datos que deben resguardarse de acuerdo a la Ley de Salud Mental.

Está claro que la ministra está ávida por exhibir “resultados”. Por eso resulta llamativo que no ponga tanto énfasis en conseguir ni siquiera una pista que conduzca a dar con los responsables de la agresión del 7 de agosto. También lo es que, pese al impresionante operativo policial montado el viernes pasado, no lograra anticipar y neutralizar a no más de cincuenta personas que, tras la marcha, arrojaron piedras e incendiaron contenedores de basura. Al parecer, ni siquiera pudieron aislar y reducir a los atacantes, porque lo que buscaban no estaba en ese grupo.

Es que mientras que los agresores se retiraban como pancho por su casa, la policía desataba una verdadera cacería. El efecto buscado fue claro, desde que terminó el acto hasta pasada la media noche, en todas las pantallas del país la imagen fue aquello que desde la massmedia de gobierno se encargaron rápidamente en calificar como “enfrentamiento”. Este escenario montado y forzado, se replicó con singular despliegue en tapas y páginas centrales de diarios y portales durante todo el fin de semana.

Es que el efecto buscado fue correr el eje de la jornada, seguir embarullando todavía más un escenario en el que, para comenzar, lo único que debería hacer el gobierno es decir qué le hicieron a Santiago Maldonado. Y, por encima de todo, enrarecer el clima social y sembrar terror.

Lo viste por TV

Así las cosas, al día siguiente de la violenta represión, la massmedia de gobierno se centró más en el análisis de los “enfrentamientos” que en el sentido de la multitudinaria manifestación. También tuvo tiempo para amplificar la convocatoria gubernamental a “limpiar” los edificios públicos “dañados”. “Es un ejemplo que le quiero dar a mis hijos”, señalaba una mujer con sus manos enfundadas en guantes de hule, mientras refregaba la fachada del Cabildo en un intento por borrar las huellas que había dejado un papel fotocopiado desde el que la imagen de Maldonado parecía interpelar: “dónde estoy”.

Esto es parte del territorio al que el poder real, que ahora tiene gobierno, pretende llevar el Caso Maldonado. Seguro que para la entrevistada por TN, es más importante que la fachada del Cabildo esté pintada de blanco –así como los libros escolares le dijeron que debe ser- que tener que pensar qué se debe hacer, individual y colectivamente, cuando en nuestro país volvemos a tener una persona que padece desaparición forzada.

Por eso la proliferación de versiones y operaciones rocambolescas que La Rosada y sus propaladoras se encargaron de diseminar durante el último mes. Santiago Maldonado visto en Chile, en un monasterio mendocino, levantado por un camionero en una ruta de Entre Ríos, acuchillado por un puestero de una estancia de Benetton Group e, incluso, raptado y asesinado por integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen.

Pero esto no es todo. Funcionarios oficiales, con la ministra Bullrich a la cabeza, aseveraron que Maldonado es una especie de superagente de un comando armado Mapuche-Farc –alguien debería avisarle que esa fuerza dejó las armas y ahora es un partido político-, también que la comunidad mapuche en cuestión articula con milicianos kurdos.

¿Rocambolesco? Sí. ¿Increíble? No, para quien esté dispuesto a creerlo ¿Acaso la versión del comando venezolano-iraní que habría ultimado a Natalio Nisman no sigue formando parte de los argumentos que desde fuentes oficiales, de la massmedia de gobierno y una parte considerable de la sociedad empujan que la causa abierta por la muerte del fiscal sea caratulada como asesinato? ¿Será casualidad que un poco más de la mitad de las personas con las que cualquiera que esté en Buenos Aires comparte un colectivo haya votado a la principal impulsora de esa hipótesis, Elisa Carrió?

Queda claro que el sector de poder concentrado que gobierna desde diciembre de 2015, apuesta cada vez más a teorías conspiranoicas para explicar por qué la mayoría de la sociedad está peor que cuando Mauricio Macri se instaló en La Rosada. Esta misma matriz sirve para construir una narrativa, en la que encaje la idea de que es necesaria la instalación del Estado policial en cuyo diseño avanza a pasos agigantados. Y, asimismo, para resolver la contradicción que provoca saber que, aunque todo va bien, esto no se refleja en el salario.

Nada de esto es casual. La Sociedad de la Información es un subproducto del sistema capitalista y, como tal, ella y sus herramientas están diseñadas para satisfacer la necesidad de blindar mecanismos que propicien y garanticen la acumulación de capital y la propiedad privada.

En esta dinámica la amplificación y difusión de contenidos falaces es una herramienta medular a la hora de apuntalar un sistema de creencias y construir un sentido común que legitime al capitalismo.

En este escenario, durante las últimas décadas se modificó drásticamente la forma en que las personas interaccionamos, pero también la manera en que tamizamos y ponderamos datos e información y, por lo tanto, aquella en la que nos formamos o adscribimos a una opinión preexistente.

Pero lo hacemos expuestos al efecto que causa la información guiada por el sesgo de confirmación construido a partir de condicionamientos atávicos y la abrumadora contaminación informativa a la que somete la massmedia y la industria cultural dominante y su producto de excelencia, la massmedia que apuntala en el imaginario social una ética que induce a las clases subalternas a actuar en contra de sus propios intereses.

De aceptar que las personas pobres lo son porque son vagos a que Santiago Maldonado es un agente de inteligencia la comunidad mapuche que es lo mismo que Estado Islámico, hay un paso demasiado corto. Y de sentir alivio por la represión policial contra “enmascarados” al “algo habrán hecho”, hay otro paso, quizás más escaso del que imaginamos.

No se conocen casos de personas las que les hayan puesto una pistola en la cabeza para obligarlas a contratar los servicios de Cablevisión, tampoco para que compren Clarín o La Nación. Sin embargo la cantidad de público de estas herramientas propaladoras del poder real nunca –ni aún durante la lucha por la vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales- mermó considerablemente.

Este dato puede ser una clave para reflexionar en la necesidad de avanzar en la construcción de herramientas comunicacionales propias, a escala de la propia realidad que tenemos los sectores agredidos, pero lo suficientemente sólidas –profesional e ideológicamente- como para aportar al diseño de redes que puedan ser alternativa de la massmedia dominante.

Porque, aunque no hay una técnica algorítmica que garantice eficacia absoluta a la hora de enfrentar con éxito a este formidable aparato, está claro que esto no se va a conseguir desde la dinámica de monólogo que ofrece la comodidad de permanecer dentro de la propia comunidad semántica.

 

Marcha en la Plata 04.09.2017

En la calle y movilizados

Se exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado en un importante acto convocado en Plaza San Martín. “Nos han intentado vencer siempre pero no pudieron y no podrán nunca, porque el pueblo está nuevamente luchando y exigiendo que nos devuelvan Santiago con vida” dijo ahí José Schulman.

El jueves 31 de agosto, a un día de cumplirse un mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se llevó a cabo en La Plata un festival y un acto para exigir su aparición con vida.

La actividad que se desarrolló en Plaza San Martín, fue impulsada por la Federación Universitaria de La Plata (Fulp) y contó con la presencia de representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) encabezada por su titular José Schulman, Apdh-La Plata, Comisión Provincial por la Memoria, Hijos Provincia de Buenos Aires y el Espacio por la Memoria de Quilmes.

Además recibió de la adhesión de más de sesenta organizaciones sociales, políticas, culturales y de derechos humanos, entre ellas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y gremios como Atulp y Adulp.

Ahí se dieron cita artistas locales como Pedro Baek y Diego Martez, hubo performances artísticas, pintada de remeras y pañuelos con la cara de Santiago y una intervención con fotos.

Acto

Al promediar la tarde, comenzó el acto con las palabras de la representante de Hijos, Paola Garello, quien recalcó que “la gobernadora, María Eugenia Vidal, no hizo ninguna mención a la desaparición de un ciudadano bonaerense oriundo de 25 de Mayo” y que pese a su larga trayectoria como secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón, “no se refirió públicamente a la gravedad de la desaparición forzada” de Santiago Maldonado.

Después, por el Espacio por la Memoria Quilmes y el Medh, Arturo Blatezky, recordó los casos de amedrentamiento a testigos protegidos como Walter Docters e insistió con que “con Cambiemos se instala una lógica de militarización de la sociedad”.

Tras lo que, en idéntica dirección, Rodrigo Pomares de la CPM fue claro cuando señaló que “desaparecen a Santiago para sembrar el miedo que les permita avanzar contra todos los derechos humanos” ya que “si no respetan el derecho a la vida, cómo van a respetar el derecho a la protesta social, al trabajo o a una vivienda digna”.

Por su parte, por la Fulp hablaron Marcel Aguilera y Ernesto García. Aguilera sostuvo que es importante que la comunidad universitaria se exprese en repudio del accionar del Estado que somete a Maldonado a desaparición forzada y García hizo hincapié en que “no estamos en esta plaza para pedirle nada al gobierno, sabemos que es el gobierno que denigró a nuestros 30.000 planteando que eran un número, que intentó aplicar el 2x1 a los genocidas, que mantiene presa ilegalmente a Milagro Sala”. De ahí que resaltara que “venimos a exigirle a este gobierno que devuelva a Santiago con vida, porque con vida se lo llevaron”.

Y continuó: “no nos vamos a hacer ilusiones ni con el gobierno ni con parte de la justicia” por eso, destacó, “la única forma de que Santiago aparezca es seguir llenando las calles, las plazas, los lugares de trabajo y estudio con su cara, su voz y su reclamo, y el único que tiene que responder dónde está Santiago es el gobierno nacional”.

En este contexto, por la Apdh, Marta Vedio, puntualizó que el accionar gubernamental es coherente, porque “está basado en la estigmatización de la militancia, la represión a la protesta social y la manipulación mediática de sus propios crímenes y delitos”.

Y, para cerrar, Schulman, no dudo al aseverar que “nos han intentado vencer siempre y siempre han creído haberlo logrado, creyeron haber acabado con el reclamo de nuestros pueblos originarios, creyeron haber destruido la voluntad de lucha popular con la represión a los trabajadores, con el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, con las leyes de represión y persecución, con la maldita dictadura genocida”. Pero, recordó, “no pudieron y no podrán nunca, porque el pueblo está nuevamente en la calle luchando y exigiendo que nos devuelvan Santiago Maldonado con vida”.

Reclamo de universitarios y secundarios 04.09.2017

¡Aparición con vida, ya!

Estudiantes universitarios y secundarios de todo el país coincidieron en exigir que el gobierno diga qué hicieron con Santiago Maldonado.

Estudiantes universitarios de todo el país remitieron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) una carta en la que sientan posición sobre la desaparición de Santiago Maldonado y exigen que ese organismo se pronuncie al respecto y a cerca de la “preocupante escalada represiva que en algunas ocasiones incluyó la violación de la autonomía universitaria”.

Y, en coincidencia, representantes de gremios estudiantiles secundarios fijaron postura sobre el mismo tema “y el creciente clima represivo que también se cierne sobre las escuelas”.

En su misiva, los universitarios instan al CIN a pronunciarse “sobre la grave situación y cara afrenta a la democracia que representa la desaparición forzada del ciudadano Santiago Maldonado” y recuerdan que “es labor de la universidad, como institución pública y autónoma, bregar por las libertades democráticas del país, educar a su comunidad en su práctica y tomar posición antes hechos que nos acercan a la práctica subsistente del crimen de Estado, que tantos hijos pródigos le robo a las aulas del país”.

Asimismo advierten acerca de “la carencia de garantías para el ejercicio de la protesta social en nuestro país durante la administración del presidente, Mauricio Macri” y señalan que, “entre las pruebas más duras de esto, se encuentran el encarcelamiento de Milagro Sala, las violaciones a la autonomía universitarias realizadas por las fuerzas de seguridad, las sucesivas represiones a docentes y obreros, la manipulación de telegramas de las últimas elecciones primarias abiertas y simultaneas y, por último, el citado acto, que siendo investigado por la justicia toma estado publico la detención del joven Maldonado, en contexto de represión severa y su consiguiente desaparición”.

Por su parte, los secundarios destacaron que la desaparición forzada que padece Santiago Maldonado, tiene lugar en un contexto en el que también se registra “persecución en nuestras escuelas”.

Al respecto, hacen hincapié en que “nuestro país vive momentos de angustia que no van a tono con el discurso de dialogo que sostiene el gobierno” que, puntualiza, “deja ver su verdadera cara” con la desaparición forzada de Maldonado, perpetrada “en medio de una brutal represión consumada por la gendarmería contra nuestros pueblos originarios en la provincia de Chubut”.

Tras lo que añade que “nos sumamos, como estudiantes, al reclamo motorizado en las aulas por los maestros y profesores para que las escuelas no estén ajenas a esta grave situación que amenaza a nuestro pueblo y, en particular, a los jóvenes que reclaman por sus derechos”.