Derechos Humanos

A 23 años del atentado a la AMIA 18.07.2017

Un llamamiento por la justicia

El Llamamiento Argentino Judío, instó a repudiar las maniobras del gobierno, la Daia y la Amia para impedir que se conozca la verdad. Asimismo, se solidarizó “con la inclaudicable lucha de los familiares de las víctimas y reitera su compromiso con las irrenunciables banderas de Memoria, Verdad y Justicia, para que los asesinados puedan descansar en paz”.

“En este aniversario del atentado a la AMIA que se conmemora el 18 de julio, la ausencia de Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo, como una letanía, el centro de los reclamos”. Así se pronunció el Llamamiento Argentino Judío (LlJA) al cumplirse 23 años de la voladura del edificio de la Amia de la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, por medio de una declaración que lleva las firmas de su presidente Jorge Elbaum y del secretario Marcelo Horestein, el LlJA recalcó que “los intentos por impedir la verdad –iniciados durante el menemismo y continuado en la actualidad— es lo que explica la impunidad y el encubrimiento, las dos caras de una misma moneda”.

Asimismo, hizo hincapié en que en el juicio que se lleva a cabo actualmente en Comodoro Py por el encubrimiento del atentado, en el que entre otros está acusado el ex presidente de la Daia, Rubén Beraja, “aparecen una vez más los esfuerzos por encubrir”.

Además, se sientan en el banquillo el ex presidente Carlos Menem y quien fuera su jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, acusados de desviar la investigación para proteger lko que se denominó “La pista siria”.

También se juzga el que fue el primer juez que tuvo la causa durante casi diez años, Juan José Galeano, imputado de haberle pagado -para acusar a falsos culpables- al primer preso del caso, Carlos Telleldín.

La lista se completa con quienes fueron los fiscales del primer caso, Eamon Mullen y José Barbaccia, y el agente de la Side que intervino en el pago del dinero a Telledín, Patricio Pfinnen.

También Telleldín, que cobró el pago de cuatrocientos mil pesos y por el mismo motivo su esposa, Ana Boragni, así como su abogado, Víctor Stinfale.

Otros que se sientan en el banquillo de los acusados es quien fuera en esos años segundo de la Side, Juan Carlos Anchezar, el ex comisario general Jorge Palacios, que investigó el caso, y el policía retirado Carlos Castañeda.

 

Cancha embarrada

Así las cosas, el Llamamiento recuerda que “muchos han calificado a estos intentos el ‘encubrimiento del encubrimiento’”, ya que “la escasa o nula difusión en los medios hegemónicos, parcialmente suplida por el gran esfuerzos de los familiares de las víctimas, se suma el vergonzoso accionar de las querellas de Daia y Amia –que en su oportunidad se opusieron a la elevación a juicio- que juegan un rol absolutamente pasivo y se han negado a actuar contra Beraja”.

Y, sin dudarlo, asevera que “la nueva fase incluye al gobierno nacional del PRO, obsesionado por vaciar el actual juicio de encubrimiento mediante el reemplazo de los abogados del Estado, la negativa a comportarse como querellante y el poco sutil acercamiento a las querellas de Galeano, Anzorregui, Beraja y Palacios, entre otros”.

Tras lo que puntualiza que “las maniobras orientadas a continuar con el encubrimiento han incluido sacar de la órbita de la UFI-Amia los archivos de la Side, parte de los cuales han sido recientemente encontrados (abandonados) en un depósito. Para cerrar el círculo de la impunidad, esa dependencia está preparando un proyecto de ley para instrumentar el juicio en ausencia, contrario al orden jurídico argentino e internacional, con el que se cerraría definitivamente la causa”.

Por lo que, el Llamamiento finalizó convocando “a repudiar estas maniobras llevadas adelante por el gobierno con el apoyo de la Daia y la Amia, se solidariza con la inclaudicable lucha de los familiares de las víctimas y reitera su compromiso con las irrenunciables banderas de Memoria, Verdad y Justicia, para que los asesinados puedan desansar en paz”.

 

 

ANALÍA LARREA 17.07.2017

“Hay una política totalmente genocida”

La activista en el ámbito de discapacidad definió así la acción del gobierno luego de que se supiera que este apeló la decisión judicial que lo obligaba a restituir las pensiones por invalidez que dio de baja el mes pasado.

Los argentinos empezamos la semana con otra más de las desagradables noticias a las que el gobierno nacional nos tiene acostumbrados: la decisión macrista de apelar la orden judicial que ordena al Estado restituir las pensiones por invalidez que dio de baja el mes pasado. Este paso da la pauta de que se mintió a toda la ciudadanía cuando desde el Estado nacional se excusaron en el “error de carga” para explicar el asunto y, además, habla a las claras de que el final del Estado Benefactor en Argentina no es un error sino una política de Estado.

Por si esto fuera poco, las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) creadas por el gobierno anterior y sostenidas hasta ahora por este gobierno más allá de la pérdida de poder adquisitivo que estas han tenido, están siendo tocadas. En efecto, se han dado de baja más de 200 mil (231.542 exactamente) entre las 3.980.755 que eran en totalidad. La excusa esta vez es que los que fueron beneficiarios han dejado de concurrir a la escuela (nada dicen de la crisis, que los obliga a abandonar los estudios para trabajar y así ayudar a “parar la olla” en casa).

Analía Paula Larrea, militante comunista y ex integrante de la comisión para discapacitados del municipio de Bahía Blanca, definió como “desastrosa” la determinación de apelar la orden judicial para restituir pensiones por invalidez y llamó a “salir a pelear públicamente” ante la situación. Añadió esta definición tajante: “hay una política totalmente genocida”.

En ese sentido, consideró que “no fueron errores” las bajas previas de 175 mil pensiones y dio a entender que, antes bien, “esto está pensado y diagramado para matar”. “Este gobierno está preparado, literalmente, para matar a las personas con discapacidad”, repuso ya que, a su juicio, “quitar las pensiones el matar a las personas (...) de a poquito, como una tortura”.

Asimismo, recordó que a los integrantes de la comisión de discapacidad que integró antes del 2015 “nos destituyeron del cargo” y que “en las últimas elecciones que hubo en Bahía Blanca nos sacaron con la policía del municipio”. Dijo que “esa es la manera de actuar de este gobierno, totalmente lamentable”, contra las que “somos las personas que estamos más indefensas”.

Observó que esa comisión “sigue existiendo” pero “con integrantes que puso el gobierno del municipio, que es del PRO”. Le sumó que sobre la quita de pensiones “no dicen absolutamente nada” y que “no se manifestaron al respecto”.

Sin embargo informó que los discapacitados de Bahía Blanca si se manifestaron en la calle ya que “cuando nos enteramos de la quita hubo una marcha en Bahía Blanca bastante grande”. “Lo que pasa a nivel nacional se refleja en Bahía Blanca, sostuvo.

“Yo no tengo ninguna pensión ni nada que se le parezca” puntualizó y explicó: “estoy a cargo de mis padres y no tengo ese beneficio”. “En realidad no lo necesito”, manifestó y adujo que “hay muchas personas que lo necesitan más que yo”.

Recordamos que lo que apela el gobierno nacional es el fallo en el que la jueza federal de la Seguridad Social, Viviana Piñero, aceptó la presentación hecha por dirigentes populares del departamento judicial de San Martín para que se restituyan inmediatamente las pensiones. Diez días antes, el fiscal Gabriel de Vedia había sentado un precedente al intervenir en defensa de un niño con retraso madurativo al que también se le había quitado el aporte estatal.

 

Hijos sin ayuda

Entre gallos y medianoche, el gobierno nacional también dio de baja cientos de miles de asignaciones universales por hijo, las cuales, por otro lado, ya habían perdido una parte significativa de su poder de compra a causa de la inflación y un reajuste insuficiente para paliarla.

Al respecto, Analía Larrea expresó que estamos ante “otro genocidio más” porque “como los discapacitados, los niños también son los más débiles”. “Esa asignación es para la comida”, enfatizó y analizó que “un niño que no come es un niño que no genera las vitaminas necesarias para poder desarrollar su cerebro”. “Son niños que no van a pensar”, le sumó.

Consideró que “la alimentación es lo primordial” así como “un abrigo correcto”, cosas a las que entendió como “todo lo necesario para poder desarrollarnos como seres humanos”.

Justicia para Victoria Aguirre 12.07.2017

Un juicio que no tendría que ser

Comenzó en Misiones el juicio contra Victoria Aguirre, una joven misionera víctima de violencia de género a la que se la acusa de la muerte de su hija, Selena, asesinada por su ex pareja, Rolando Rovera.

“Victoria Aguirre es una víctima del sistema” exclamó Valeria Silvestri, precandidata a Diputada Nacional del PC de Misiones, luego de que comenzara el juicio contra la mamá de Selene, una niña victima de femicidio en manos de Rolando Rovera, ex pareja de Victoria y uno de los acusados del crimen.

¿Por qué un juicio contra Victoria, la mamá de la beba asesinada? Por qué tal como destacara Silvestri, “el sistema judicial en Argentina es profundamente patriarcal”. Razón no le falta a la precandidata. El contexto del crimen y la decisión del tribunal y el fiscal que llevan la causa, explican claramente el este perfil.

Aguirre es una joven mujer, “pobre y criolla” de Posada, secuestrada, torturada, violada y amanezada por Rolando Rivera, su ex pareja, quien además, privó de la libertad a la niña, la cual murió producto de los golpes y maltratos que el femicida emprendió contra ambas mujeres.

Sin embargo, y pese a estar claras las circunstancias en las que se dieron los hechos, la “justicia” misionera, a instancias de la fiscal Stella Maris de Salguero y los jueces Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y Pablo Rivero, quienes dispusieron la detención de Victoria en el penal de mujeres de Posadas.

El juicio llega dos años y medio después de ocurridos los hechos y de una serie de “irregularidades” que en realidad dan cuenta de costumbres y formas fuertemente arraigadas en las instituciones de nuestra sociedad y que consolidan su perfil patriarcal. Tanto en el hospital donde fue atendida, como por la policía y durante todo el proceso judicial, Victoria fue revictimizada y acusada por no “haber vitado” la muerte de su hija.

La condición de “pobre y criolla” para condenar de antemano a la culpabilidad a esta joven. Por ello, el Partido Comunista y la Fede misionera se encuentran encabezando una gran campaña popular para exigir la inmediata liberación de Victoria y su absolución en el juicio. El antecedente reciente de Hugui da una luz de esperanza a todos los que luchan ahora por victoria.

 

El PC donde tiene que estar

La candidata del PC –en alianza con el Partido Agrario Social- valoró que “Aguirre es una víctima del sistema patriarcal y capitalista” y remarcó que “nosotros lo que estamos denunciando es que este juicio viene a demostrar el perfil machista del sistema judicial argentino”.

En el transcurso de lo que va del proceso judicial, “hemos presentado una recusación al tribunal por parcialidad” ya que “hay videos donde se ve al fiscal claramente presionando a Victoria y con una actitud mucho más cordial y amable con el femicida”.

Silvestri recordó que “a Victoria se la acusa de no ser buena madre, esa son las palabras de la fiscal” y valoró que se trata de “una compañera joven y estudiante joven, enjuiciada por ser pobre y mujer”.

Respecto a la campaña que vienen realizando los comunistas, la dirigente remarcó que “nosotros estamos siguiendo el juicio desde el primer día y personalmente fui a visitar a Victoria hace dos años, colaborando con ella con todo lo que podemos, llevándole cosas al penal porque ni siquiera tienen una ducha en el penal”.

Este compromiso del PC y la Fede con el movimiento nacional de mujeres es lo que hizo que “estuviéramos presentes desde el primer día, escuchando el relato de Victoria”. En este caso particular, “el apoyo nace porque entendemos que Victoria está siendo condenada antes de ser enjuiciada y porque claramente es víctima junto a Selene de la violencia de género”.

 

¿Qué hay detrás de los ataques a Gils Carbó? 11.07.2017

Justicia de clase

El pedido inminente de indagatoria por parte de la justicia federal contra la Procuradora General es parte de una batería de ataques contra los actores y organizaciones que, desde diferentes espacios y maneras, resisten la avanzada neoliberal en el país.

En vistas a concretar y consolidar su plan de ajuste, entrega y represión, el gobierno nacional no cesa en sus intenciones para desplazar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Los intentos se insertan en una estrategia general que apunta a consolidar el proceso de transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital y para ello, necesita que todos los miembros de la orquesta toquen la misma sinfonía.

En ese sentido, la pretensión del gobierno no es caprichosa: tiene objetivos muy claros. Para consolidar el perfil liberal burgués del Estado nacional, la administración cambiemita necesita avanzar en las transformaciones culturales, jurídicas, políticas, económicas y sociales que supone un proyecto destinado a profundizar la brecha entre los que más y menos tienen.

Por eso no sorprende que la escalada contra la Procuradora General sea acompañada por una campaña de difamación mediática.

Como parte de la misma estrategia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue emitiendo fallos tendientes a dotar de jurisprudencia el proceso de flexibilización laboral al que inevitablemente el macrismo quiere llegar. Vale destacar que la flexibilización laboral es algo que de hecho se viene imponiendo con el visto bueno de la burocracia sindical desde hace años viene haciendo la vista gorda ante el trabajo informal, las tercerizaciones, los bajos salarios y ahora los despidos y la destrucción del mercado interno.

En ese sentido, un ejemplo paradigmático lo constituye la industria automotriz y la responsabilidad que el titular del Smata, Ricardo Pignanelli, tiene con la destrucción del empleo en el sector. Si como muestra hace falta un botón, el caso de la automotriz Toyota es un claro ejemplo y demuestra que estas intenciones sólo pueden implementarse si existe la venia de la burocracia sindical. De hecho, es uno de los ejemplos a los que recurren los ministros Triaca y Cabrera a la hora de convencer a los dirigentes sindicales para que cedan ante las nuevas condiciones. La automotriz japonesa amenazó con retirarse del país si los trabajadores no bajaban el ausentismo y aumentaban la productividad. Por eso, el Secretario General del Smata, Ricardo Pignanelli, viajó especialmente a Japón para cerrar un acuerdo perjudicial para los trabajadores ante los ejecutivos de la empresa. El mismo ya se está implementando y es una de las cartas que la ceocracia utiliza como arquetipo ante las patronales y los sindicatos.

En ese camino, el gobierno nacional sabe que con "reformas de hecho" no alcanza. Es preciso avanzar en una serie de transformaciones políticas, jurídicas y legales para consolidar el proceso de concentración de la riqueza y transferencia de recursos desde el trabajo hacía el capital. Por eso con sus fallos en contra de los trabajadores, la Corte Suprema de Justicia allana un terreno que el gobierno nacional aspira a tener consolidado tras las elecciones de octubre. Sabe que, de obtener buenos resultados, contará en sus espaldas con un plafón social que le permita implementar la segunda etapa del ajuste.

Mas ajuste significa más represión y mayor saqueo. Las resistencias populares que irán surgiendo, en el caso de que las clases dominantes efectivamente cuenten con condiciones para avanzar en la quita de derechos a los sectores populares, necesitan ser repelidas con normas que construyan mecanismos de defensa para los intereses de los sectores agroexportadores, la oligarquía financiera y las multinacionales. En ese esquema no entra una jefa de fiscales dispuesta a investigar los delitos que comprometen a los miembros de este gobierno y sus negocios.

 

Juego de roles

Un programa como el que está implementando el macrismo necesita que cada fracción del poder real cumpla con sus objetivos en el marco de una gran división social de tareas para el ajuste, la entrega y la represión.

Este plan requiere una precisión quirúrgica en el que todas las partes que componen el bloque de poder real cumplan su rol: la embajada norteamericana aportando ideas, recursos y logística para reprimir el conflicto social; el poder económico transnacional con intereses en el país haciendo negocios, orquestando el ajuste y disciplinando al movimiento obrero; el poder político cuyo elenco proviene del sector privado, administrando el Estado y fortaleciendo su perfil liberal burgués; el poder judicial generando el marco jurídico que habilita la represión, la impunidad y el saqueo; y el poder mediático disputando la producción social de sentido para afianzar una hegemonía que se viene tejiendo desde hace tiempo y para la cual hay mejores condiciones desde que con el macrismo llegó a La Rosada.

Claro está que en la práctica, las fronteras que definen cada uno de estos roles se muestran muchos más difusos gracias al fuerte entramado que existe entre los grupos económicos y el Estado, pero un simple repaso sobre como el gobierno viene orquestando sus principales batallas alcanza para establecerlos. Si como muestra alcanza un botón, el trabajo fino -y no tanto- que la derecha viene realizando para destruir la memoria histórica parece perseguir un objetivo claro: la impunidad de los crímenes de ayer es el punto de partida para justificar la represión y violencia institucional de hoy.

Lejos de una visión estática y petrificada sobre el funcionamiento de esta lógica política y organizativa del Estado, el capitalismo en su fase neoliberal ha logrado consolidar una dinámica en la que las diversas fracciones que componen el bloque de poder dominante se complementan para perpetrar el plan económico que, cuyo guión se diseña en Washington, el gobierno interpreta sin mayores sobresaltos.

 

Nueva hegemonía

El perfeccionamiento de un cuerpo jurídico en vistas a esos objetivos es fundamental. El perfil liberal burgués del Estado se compone de un conjunto de prácticas y normas que lo justifican. Estas prácticas y disposiciones, que adquieren materialidad en los intentos diarios por disciplinar al movimiento social al calor de la construcción de un sentido común reaccionario, son llevadas a cabo por las clases dominantes en su conjunto y, en tanto bloque integrado por diversas fracciones, cada una de sus partes cumple un papel en el que, además de tributar al proyecto general de la derecha, busca hacer prevalecer sus intereses corporativos por encima del de otros, incluso de los que integran esta fracción.

Como parte de esta dinámica operativa del poder en Argentina, la corporación judicial viene haciendo méritos suficientes para ocupar un lugar en el podio de los más consecuentes con este proyecto. Sucede que, a diferencia del poder mediático, económico y político, el judicial tiene poco que perder y mucho para ganar. Con cargos vitalicios en el Estado -es el único poder de la república burguesa que cuenta con este beneficio- y un presupuesto anual multimillonaria aprobado por el Congreso de la Nación, el poder judicial ha logrado constituirse en una verdadera corporación que teje sus negocios en el marco de la economía capitalista. ¿Cuál es su ventaja? Qué además de su poder político innegable, cuenta con la capacidad de abrir y obturar caminos a partir de una interpretación de las leyes que en la mayoría de los casos favorece a los grupos económicos.

Desde las páginas de Nuestra Propuesta y artículos publicados en este diario venimos advirtiendo sobre este juego de intereses y relaciones que conspiran en contra de los derechos de los trabajadores. En cada uno de los casos, todas estas operaciones tributan a un objetivo común: la conformación de una nueva hegemonía cultural que habilite, sin mayores sobresaltos, la cirugía mayor que el tándem del poder real ansía sobre la estructura económica nacional.

Así las transformaciones estructurales que el gobierno realiza aportan a este objetivo en un doble sentido: por un lado, a modificar efectivamente la estructura económico-social –quita de retenciones a las exportaciones, flexibilización de convenios colectivos de trabajo o endeudamiento y fuga de capitales- y, por el otro, a apostar que dichas transformaciones construyan un nuevo marco cultural apoyado en los principios neoliberales de la libertad individual, el libre mercado y el sálvese quien pueda.

La propiedad privada como base de las injusticias 11.07.2017

No hay justicia en el capitalismo

En diálogo con Nuestra Propuesta, Carlos Zamorano desentrañó el papel que la corporación judicial desempaña a favor de los intereses de los grupos económicos.

“El poder judicial y su cuerpo jurídico está confeccionado de forma tal de que las clases dominante puedan mantener su estatus como tal” explicó Carlos Zamorano, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y especialistas en causas por delitos de lesa humanidad, en torno al rol que una parte importante de jueces y fiscales se encuentran desempeñando en la etapa actual, signada por la construcción de un nuevo escenario económico-social impulsado por el gobierno nacional.

“El poder judicial cuenta con la ventaja de que en los medios de comunicación, y en la sociedad en general, se refieran a su accionar como 'la justicia', cuando en realidad se trata de un poder que en esencia es injusto porque es de clase”, detalló. Este poder de clase, en sociedades capitalistas como la Argentina, “gira en torno a la propiedad”. En el cuerpo jurídico nacional, la misma se encuentra consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional que reza: “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Para Zamorano este es el marco en que se inscribe la ofensiva contra la procuradora Gils Carbó. Este ataque tiene el objetivo de “consolidar un sistema punitivo contra los sectores populares y garantizar la impunidad de una clase esencialmente corrupta como es el empresariado local, ya que en el capitalismo toda riqueza es mal habida”. Este capital, que se basa en la explotación laboral y la extracción de plusvalía, es decir, en pagar un salario al trabajador por debajo del valor de la riqueza que produce, “crece al calor de los negocios espurios que familias como las Macri y compañía desarrollan”.

Estos negocios circulan por un carril que se mantiene al margen del propio cuerpo jurídico diseñado en el marco de una economía capitalista. Es que hecha la ley, hecha la trampa. Si en un caso se diseñan leyes y normativas para consolidar la explotación laboral y la transferencia de recursos, por el otro, “son las propias clases dominantes las que esquivan las disposiciones que pueden 'interferir' es sus negocios”.

El abogado aseveró que “esta situación de hecho hace que sea factible imputar una cantidad enorme de delitos a los empresarios y más aún a aquellos vinculados, de una manera u otra, a la administración pública”. Esta “es la principal razón por la que intentan desplazar a Gils Carbó” insistió y remarcó que “sabiéndose culpables de un montón de crímenes e infracciones a la ley, el poder económico necesita que la justicia federal se encuentre dominada, en todas sus instancias, por funcionarios serviles a sus intereses o que, al menos, hagan la vista gorda”. Así las cosas, el referente de la Liga y el PC exclamó que “son los empresarios los principales responsables de la corrupción en el país”. Sin embargo, “no deja de sorprender que este gobierno enarbole la bandera de la transparencia y el honestismo, cuando su composición de clase lo transforma en uno de los gobiernos más corruptos de la historia, entendiendo a la misma no sólo como delitos vinculados al soborno y la obra pública, sino como crecimiento de la riqueza de unos pocos a costa del trabajo de muchos”.

 

Por una reforma constitucional

La etapa política actual en la que uno de los rasgos sobresalientes es la consolidación del perfil liberal burgués del Estado, conjuga “una tradición de funcionarios multimillonarios con la llegada a la administración pública de los principales cuadros del poder económico local”. En un gobierno de estas características, “es indispensable que el poder judicial perfeccione su rol de clase”, mientras “los grandes medios de comunicación expanden sus discursos justificadores ante la sociedad”. De esta manera, un programa como el que está implementando el macrismo necesita que cada fracción del poder real cumpla con sus objetivos en el marco de una gran división social de tareas para el ajuste, entrega y represión. Así las cosas, Zamorano explicó que cada vez más “se parte de una mitología” que consiste que se puede simplificar bajo la expresión “la justicia se va a pronunciar”, como si tal justicia en abstracto existiese. En este punto, el dirigente de la Liga aclaró que “el poder judicial tiene que cumplir -e interpretar- las leyes que emanan del Congreso, por tanto, en el fondo se trata de un problema político ya que estas leyes están sustentadas bajo el criterio capitalista de que la propiedad privada es sagrada e inviolable”. Para modificar esta estructura de clase no alcanza sólo con que el Congreso dicte leyes bajo una orientación popular. Para romper con esta matriz “es necesario avanzar en una gran reforma constitucional que elimine el artículo 17” detalló y rápidamente agregó que “para que allá condiciones de lograr una reforma de estas características, es necesario construir una poderosa fuerza política anticapitalista y antiimperialista”. Sin reforma constitucional, “el Congreso como institución va a seguir siendo una usina de leyes esencialmente injustas que el poder judicial va a aplicar sin mayores cuestionamientos”. Y cuando el poder legislativo sancione normativas que afecten los grandes intereses del poder económico, “ya vimos cómo reacciona la corporación judicial, como sucedió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la llamada 'reforma judicial”, concluyó.

 

¿Hacía una reforma laboral? 11.07.2017

Justicia de los patrones

Los últimos fallos de la Corte en contra de derechos consagrados por los trabajadores, tiene el objetivo de consolidar en el terreno legal una flexibilización que se viene imponiendo de hecho.

“La complicidad de la justicia federal con el proyecto económico del gobierna es obscena” exclamó Héctor Trajtenberg, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh) tras conocerse que el fiscal Eduardo Taiano pedirá al juez Julian Ercolini la indagatoria de la Procuradora General por una causa por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para el Ministerio Público Fiscal.

Más allá de las minucias en las que transcurren los expedientes y fallos judiciales, Trajtenberg remarcó que “en este proceso de restauración conservadora en el que poder ejecutivo es el principal promotor de las transformaciones económicas, también el poder judicial gana protagonismo, desempeñando un claro rol a favor de las clases dominantes”.

El abogado valoró que “el poder mediático junto al ejecutivo buscan diseñar un nuevo escenario económico y social en el que la corporación judicial encuentra mejores condiciones para emitir fallos y sentencias que benefician a determinados sectores en detrimento de otros”. Así las cosas, para el dirigente de la Liga, “en la actualidad, dos de los tres poderes del Estado -el ejecutivo y el judicial- junto al poder mediático se encuentran trabajando fuertemente en el ajuste, su implementación y justificación”.

Dentro del poder judicial, “es la justicia federal la que convalida y muchas veces toma la iniciativa para efectuar una campaña de estigmatización y persecución contra funcionarios del anterior gobierno con el objetivo de cuestionar una serie de conquistas y derechos”.

Pese a estas operaciones, Trajtenberg aclaró que “la justicia es un valor digno de ser levantado pero una cosa es la justicia y otra muy distinta el poder judicial”. Y coincidió con Zamorano en señalar que “el poder judicial es un poder de clase y el más irrepresentativo de todos en la república burguesa, ya que nadie vota a los jueces”.

En ese sentido, remarcó que “el poder judicial siempre fue pensado como un contra-poder”. Esto se explica porque “cada vez que se pretende realizar cambios importantes en la sociedad con una orientación popular, impulsados incluso por un Congreso de base popular, es el propio poder judicial el que bloquea las transformaciones”. Y ejemplificó con los casos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la reforma judicial que intentó realizar el último gobierno de Cristina Fernández.

 

Poder oligárquico y conservador

Por su parte Hugo Mir, abogado especialista en derecho laboral de la Liga, calificó al gobierno como “un infame enemigo de los trabajadores y del pueblo”, tras difundirse el fallo de la Corte Suprema que obliga a un trabajador a hacerse cargo de los costos en un juicio laboral. Esta sentencia, “es una clara señal con vistas a la reforma laboral que busca imponer la derecha”, señaló.

Se propone destruir la industria nacional y el empleo puntualizó y destacó que para ello ahora se propone instalar la excusa de que son los juicios laborales la excusa de que no lleguen las tan mentadas inversiones del sector privado en el país. El abogado calificó este argumento como un disparate absoluto.

Mir argumentó que el fallo que atenta contra el principio de gratuidad en juicio para los trabajadores “es caso más que delata el carácter clasista de esta Corte Suprema”, la cual, “mientras emite sentencias como estas, no se pronuncia sobre la situación de Milagro Sala y desoye los pedidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales”.

Nada de todo esto sorprende ya que “el poder judicial siempre fue el poder más oligárquico y aristócrata del país” evaluó y agregó que “existe en la práctica una flexibilización laboral que el macrismo busca plasmar en papel y ley”. Para ello, “existen varias complicidades y la peor de todas ellas es la de la burocracia sindical, especialmente la del triunvirato de la CGT”. Esta complicidad fue patente cuando el gobierno se dispuso a negociar mano a mano con algunos sindicatos reformas flexibilizadoras, como sucedió con el caso de los trabajadores petroleros y automotrices. “Ante esta situación la CGT, en vez de movilizarse en contra de esta nueva estrategia impuesta por el Estado, se mostró sumisa y, en algunas ocasiones, propensa a aceptar las nuevas disposiciones gubernamentales”.

Ante este escenario, instó a los abogados laboralistas en particular y a los trabajadores en general, a “emprender acciones colectivas en pos de los intereses del pueblo y en contra del proyecto económico del gobierno”.

Luis Muiña, después del 2x1 11.07.2017

Ahora, la cárcel

La Cámara de Casación anuló el sobreseimiento que había desligado a este miembro de la patota del Hospital Posadas del juicio por los homicidios agravados de Jorge Roitman y Jacobo Chester.

“Son varios los represores que se anotaron para recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, todos quieren salir, porque aunque ellos están detenidos en condiciones de lujo, ya están cansados de estar ahí”, dijo la integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Iris Avellaneda, al referirse a la anulación a un sobreseimiento del represor Luis Muiña dispuesto, días atrás, por la Cámara de Casación.

Y, en esta dirección, fue clara al reflexionar: “¿qué tendríamos que decir nosotros que estuvimos detenidos en esos campos de concentración bajo las garras y las torturas de ellos?”.

Vale recordar que el miembro de la patota del Hospital Posadas al que la Corte Suprema benefició con la aplicación del 2x1 y ya fue condenado por perpetrar secuestros y torturas, va a ser juzgado por homicidio y podría recibir una sentencia a prisión perpetua.

Es que la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento por el que el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires lo había desligado del juicio seguido por los homicidios agravados de los trabajadores del Posadas Jorge Roitman y Jacobo Chester, cometidos durante la última dictadura.

 

Cárcel VIP

“Ojalá que se haga justicia, que vuelva a la prisión y que le den una cárcel común como corresponde, pero no como la que le están preparando en Campo de Mayo donde ya hay varios que disfrutan de una detención de lujo en pabellones vip”, recalcó Iris Avellaneda.

Tras lo que recordó que, en Campo de Mayo, “estaban preparando un lugar para tenerlos a todos genocidas condenados que están en Marcos Paz y en La Plata” y después de hacer hincapié en que “esto está mal”, reclamó que los represores sean alojados “en prisión como corresponde, no unos departamentos de lujo, porque ellos secuestraron, torturaron, asesinaron y tiraron a los compañeros al mar con los vuelos de la muerte, además de todo lo que hicieron con los niños que las abuelas y los organismos de Derechos Humanos no hemos podido recuperar aún”. Por lo que finalizó remarcando que “tienen que pagar todo lo que hicieron” pero, aclaró, “desgraciadamente con este gobierno no se puede esperar otra cosa que más impunidad y mentiras” de ahí que “debemos seguir luchando para que se cumpla y que los juicios sigan, porque si no los vamos a tener en la calle caminando junto a nosotros y queremos que terminen en prisión y no tomando mate en sus casas”.

 

 

ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS 07.07.2017

Más demagogia punitivista

José Schulman criticó la reciente modificación, por amplísima mayoría en el Congreso de la Nación, de la ley que regula la ejecución de las condenas.

La Ley 24660 regula en nuestro país la ejecución de una condena por un delito determinado. Ha sido revista muchas veces y nunca perdió su sentido punitivista. Sin embargo (y ante un lamentable silencio), en estos días el Congreso Nacional le aprobó una serie de modificaciones que la volvieron más inflexible.

Esta reforma de la legislación es hija de la época, que como en Estados Unidos exige penas cada vez más duras a la luz de un clamor que confunde lo masivo con lo popular e ignora la manipulación política y mediática que se hace de la violencia. Ello pese a que, estadísticas mediante que lo comprueban, pese al endurecimiento de las penas el delito no deja de crecer conforme avanza la desigualdad capitalista.

Claramente se expresó sobre esta reforma de la 24660 el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman. El militante de derechos humanos dijo: “es una claudicación ética de la oposición y un avance formidable para la “demagogia punitiva” y la estigmatización de los pobres.

 

Cuidar a la clase (rica)

Destacando a los pocos diputados nacionales (ocho) que votaron en contra de las modificaciones a la legislación, Schulman sostuvo que estas se concretaron “de modo tal que el sistema de encierro penitenciario que domina el mecanismo de sanción estatal a los ciudadanos se vuelva más cruel, más laberíntico, más autoritario y más segmentado por diferencias de clase o relación con el Poder”.

Cuestionó que, más allá del buen comportamiento de los prisioneros o de su eventual intransigencia con las mafias penitenciarias, desde la puesta en marcha de la nueva legislación estos “perderán sus pocas conquistas de salidas transitorias o computo de días de pena por buena conducta y estudio”.

También apuntó que “en un alarde de cinismo y perversión, la modificación a la Ley impone ‘condiciones’ imposibles de cumplir con el actual Servicio Penitenciario”, al que definió “militarizado y corrupto como en épocas dictatoriales”. Además, adujo que la sanción de las modificaciones es “una muestra del bipartidismo parlamentario que ya nos ‘regaló’ la incorporación de los Jueces del Dos por Uno”.

Manifestó Schulman: “el Congreso no sólo ha sancionado una grave limitación a los derechos de los ciudadanos acusados, aprehendidos y sometidos a investigación judicial o condena” sino que “en verdad ha ratificado un Proyecto de País que excluye a los jóvenes Pobres, a los que relega a la condición de ‘material humano sobrante y descartable’”.

Adujo, como otras veces sobre el mismo tema, que el proyecto que fue aprobado es “hipócrita porque pretende mostrar preocupación por la muerte de una compañera y en realidad lo que busca, lo que quiere, lo que pretende, es tener encerrados en las cárceles el mayor tiempo posible, a la mayor cantidad posible de jóvenes pobres de la Argentina”.

Agregó: “no habla del estado de catástrofe humanitaria, de la máquina de destruir subjetividades, de la máquina de picar carne, que son las cárceles en la Argentina”. “Es una especie de utopía reaccionaria la que proponen (…), una promesa falsa”, dijo y le sumó: “no sólo es antiética, antihumana, no es cristiana, no engancha con ninguna creencia religiosa ni con ninguna doctrina filosófica, porque no hay nadie que diga que hay que maltratar a la gente, sino que tampoco funciona para el objetivo buscado de bajar el nivel de delincuencia y que los ricos vivan felices”.

“El delito tiene que ver con el deterioro de los proyectos colectivos, con el incentivo de la salida individual en las condiciones de bombardeo incesante del consumismo”, analizó y sostuvo, en referencia al macrismo: “este gobierno, en la medida que golpea a los que construimos proyectos colectivos, construye todos los días a los nuevos delincuentes”.

Timochenko al pueblo colombiano 30.06.2017

“Una bandera justa y legítima”

En un acto formal en el que se concretó la dejación definitiva de las armas, el dirigente guerrillero se dirigió a la población y expuso las deficiencias por parte del Estado a la hora de cumplir con lo acordado

“La dejación de armas es un acto de voluntad, valentía y esperanza. Las Farc-EP cumplen con lo pactado” aseguró Timochenko, tras concretarse la última etapa del proceso de entrega de armas por parte de la guerrilla al Estado colombiano y las Naciones Unidas.

Con un acto formal celebrado el día martes en la ciudad de Mesetas, en Meta, el presidente Juan Manuel Santos -en representación del Estado colombiano- y el titular de las Farc-EP, sellaron la dejación total y definitiva de armas por parte de la guerrilla que, a partir del 1 de agosto, deberá constituirse en partido político para incorporarse a la vida político-institucional de Colombia, tal como lo establece el Acuerdo de Paz suscrito en La Habana.

“Le cumplimos a Colombia: dejamos las armas y pasamos a la lucha democrática y de ideas”, reafirmó el máximo dirigente de las Farc-EP y añadió “hoy no terminan las Farc-ep, en realidad lo que concluye es el alzamiento armado que se inició hace 53 años”.

De conformidad con lo pautado en la hoja de ruta aprobada por la misión especial de la ONU el 29 de mayo, concluyó la tercera -y última- fase de la dejación de las armas individuales de los combatientes de las Farc-EP. Las mismas vienen siendo retenidas y almacenando en contenedores de la las Naciones Unidas.

Según difundió la ONU, “al día de hoy la misión tiene almacenada el conjunto de las armas individuales de las Farc-ep registradas: 7132 armas, salvo aquellas que, de conformidad con la hoja de ruta, servirán para dar seguridad a los 26 campamentos de las Farc-EP hasta el 1 de agosto de 2017”.

Se estipula que, para esa fecha, la ONU ya habrá almacenado todo el armamento existente en los campamentos y extraído sus contenedores de las zonas y puntos de normalización.

Tras la entrega simbólica de la última arma, Timochenko confirmó que “seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático, que desarrollara su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por las vías exclusivamente legales sin armas y pacíficamente”.

Esta nueva etapa es una muestra que más de que las Farc-EP “cumplimos con lo pactado” y ahora es tiempo de que “el Estado también lo haga”, por lo que hizo un llamado para que “cese toda persecución política en Colombia”.

El cese de la violencia estatal, debe complementarse con “la implementación, con celeridad, de la Reforma Rural Integral, pactada en el primer punto del Acuerdo Final”. Esta “es una necesidad estratégica para el desarrollo del campo colombiano, ya que, no hay que perder de vista que el conflicto armado en gran medida obedeció al despojo y a la violencia sufrida por nuestros campesinos, historia que debe llegar a su fin”.

Timochenko recordó que “en la Mesa de Conversaciones de La Habana quedó definido que la inmensa deuda económica, social, política y cultural que el Estado tiene con ellos será saldada de manera completa”.

Estas reformas de índole económica, deben ir acompañadas de reformas políticas muy profundas: “esperamos que la democracia colombiana abra generosa sus brazos a todas las fuerzas, organizaciones y movimientos excluidos centenariamente de las garantías políticas”, exclamó.

En su intervención, el hasta ahora Comandante en Jefe de la guerrilla más grande de Colombia, hizo hincapié en un tema que, para los revolucionarios del país, es sumamente importante, y que es el referido a la lucha contra el narcotráfico. Así expresó que “el Acuerdo Final se ocupó del problema de las drogas ilícitas, sobre la base de Un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos, una estrategia de política criminal contra los carteles del narcotráfico, redes de apoyo y lavado de activos”.

Estas políticas deben ser incorporadas en “una estrategia integral de lucha contra la corrupción, el control sobre la producción, importación y comercialización de insumos” y agregó que “todo ello viene a significar el relevo definitivo de la vieja política de guerra contra los campesinos productores, de erradicaciones forzadas y de tratamiento militar al problema”.

 

“Los acuerdos son sagrados”

En coincidencia con lo planteado por Caycedo, Timochenko manifestó que “resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas, permanezcan en prisión a seis meses de expedida una ley de amnistía e indulto que les garantizaba su libertad en diez días”.

En ese sentido, puntualizó que “hoy dejamos las armas” y que “el Estado nos ofrece a cambio, la construcción de un Pacto Político Nacional, la comisión nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, junto medidas de prevención y lucha contra la corrupción”.

A ello, “hay que agregar las garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos” y dejó en claro que “este es el momento para expresar nuestra preocupación por la negligencia estatal a la hora de honrar de su palabra en esta materia”.

Así, denunció que “los asesinatos de dirigentes populares no se detienen, mientras crece la amenaza paramilitar en todo el país”. En este marco, “la muerte alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados y son ya varios los casos en que familiares de estos han sido asesinados”, dijo.

Pese a ello, el líder de las Farc-EP no dio lugar a la duda y exclamó: “los acuerdos son sagrados, se firman para cumplirlos, hoy damos constancia expresa de que satisfacemos nuestras obligaciones”.

Y se comprometió a que “en adelante nuestra lucha se encaminará a exigir la implementación práctica de todo lo acordado, lo haremos de modo pacífico y civilizado, pero sin cejar un solo instante en nuestro empeño” afirmó y concluyó confesando que “sabemos que portamos una verdad, una bandera justa y legítima, y que nuestro cumplimiento nos llena de autoridad para exigir de la contraparte: sentimos que Colombia nos acompañará”.

 

Diario de noticias del Partido Comunista de la Argentina

Tel: (54 011) 4304 - 0066 / 0068 | propuesta@pca.org.ar