Sindicales

 

Mientras la CGT duerme...20.07.2017

Menos trabajo, menos derechos

Un trabajo de Cifra recalca que la desocupación está en su nivel más alto de la última década y que cada vez más personas buscan trabajo porque el salario corre detrás de la inflación, pero no se crea empleo.

De acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), la desocupación alcanzó su nivel más alto de la última década, pero además, al tiempo que cada vez hay más personas buscando trabajo porque el salario corre detrás de la inflación, no se crea empleo.

Así las cosas, el informe de este centro de investigación dependiente de la CTA de los Trabajadores, señala que esta situación se consolida en todos los aglomerados urbanos, pero registra un salto pronunciado en sitios como el conurbano bonaerense donde trepa por encima doce por ciento.

En este contexto resulta cada vez más patética la actitud de los principales sectores de la burocracia sindical, que oscilan entre la adscripción abierta al Gobierno Cambiemos y una presencia temerosa y cómplice de las medidas antiobreras de La Rosada, como las que adopta el Triunvirato de la CGT.

Así las cosas, a fuerza de carpetazo y chequera, el ejecutivo logró domesticar a la burocracia en una escenario en el que, además de los despidos de trabajadores y cierres de unidades productivas, se intervinieron sindicatos.

Pero también La Rosada va logrando avanzar en su armado sindical, por supuesto, sumando burócratas a su staff en el que desde el vamos se inscribieron algunos de renombre como el recientemente fallecido Gerónimo Venegas y Guillermo Pereyra.

Todo parece indicar que a esta lista se sumaría el titular de la Federación Argentina y Unión del Personal de Panaderías y Afines, el moyanista Abel Frutos, quien dejó el massismo y ya ubicó a su hijo Gastón Frutos como candidato a concejal en la boleta de Cambiemos de Avellaneda.

Mientras tanto, otro que coquetea con probarse la camiseta amarilla es un peso pesado: el titular de la UTA, Roberto Fernández, quien apostó fuerte para destruir la huelga de choferes de la ciudad de Córdoba, nada hizo cuando en esa provincia se declaró servicio esencial al transporte público de pasajeros y es uno de los principales obstáculos que enfrenta la convocatoria de un paro general, ya que le garantizó paz social a Mauricio Macri, por lo menos hasta 2018.

La semana pasada se lo vio muy contento junto a Macri, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, en la inauguración de un centro de trasbordo de transporte público en La Matanza. Uno de sus hijos es funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

 

Campo orégano

Queda claro que en este contexto hay una dirigencia sindical proclive a hacer campo orégano al intento flexibilizador del Gobierno. ¿Pero qué está pasando en aquellos rubros en los que ya se avanzó en tal sentido?

Pese a que los trabajadores petroleros aceptaron reducir jornada laboral y los salarios para evitar cesantías, la petrolera del Grupo Techint, Tecpetrol, insiste con despedir a 167 despidos.

Entre otras cosas Tecpetrol exige la baja de todos los diagramas a ocho horas de trabajo, reubicación del personal en las distintas contratistas y que todos los operarios -en forma individual- consientan por escrito el cambio de diagrama. Pero asimismo, habilita reducción de personal en forma escalonada programando 167 despidos de trabajadores que prestan servicios, además de un esquema que se propone de “retiros voluntarios”.

Vaca Muerta fue la punta de lanza y emblema de este proceso que Macri y las propaladoras de su gobierno denominan “modernización del mercado laboral”, lo que en realidad significa la imposición de un acuerdo a la baja que además cercena derechos laborales.

Después, las operadoras avanzaron contra los petroleros de la cuenca del Golfo San Jorge con un diseño flexibilizador de los convenios que, progresivamente, se dirige hacia la eliminación de las paritarias.

Y, en este contexto, desde La Rosada nadie oculta que pretenden acabar con las normas que rigen la relación -siempre desigual- entre trabajo y capital. Es decir, normas plasmadas en convenios y legislación que garantiza –entre otras cosas- las paritarias.

Así las cosas, una vez abierta la Caja de Pandora, el Modelo Vaca Muerta se replicó con variantes por el Smata comandado por Ricardo Pignanelli y la Uocra de Gerardo Martínez, entre otras organizaciones.

Mientras tanto y como para que no queden dudas de por dónde viene la cosa, la industria petrolera de Río Negro, Neuquén y La Pampa registró 2.041 despidos durante los primeros cinco meses de 2017, es decir, perdió casi el diez por ciento de los puestos de trabajo que tenía.

En esta industria está comprendida Vaca Muerta donde, con la promesa de la reactivación del mercado laboral petrolero, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, arregló un acuerdo a la medida de las pretensiones del gobierno, que flexibiliza la actividad y deja sin efecto muchos derechos que tenían los trabajadores.

Rotonda de Zárate19.07.2017

Continúa el acampe

Los trabajadores quieren que se vuelta atrás con la medida que decidió masivos despidos como consecuencia del achique y desmantelamiento de las obras que se venían llevando a cabo para poner en funcionamiento el tercer reactor de Atucha.

A más de dos semanas de que comenzara el acampe que llevan a cabo trabajadores despedidos de Atucha junto a integrantes de las filiales locales de Uocra, Uecara, CGT y CTA en la rotonda de acceso a la localidad bonaerense de Zárate, los gobiernos nacional y provincial siguen sin si siquiera convocar a un espacio de diálogo.

Los trabajadores quieren que se vuelta atrás con la medida que decidió masivos despidos como consecuencia del achique y desmantelamiento de las obras que se venían llevando a cabo para poner en funcionamiento el tercer reactor de Atucha.

En este contexto, el jueves pasado los operarios despedidos junto a representantes de Uocra, Uecara, CGT y CTA, acompañados por el intendente, Osvaldo Cáffaro, marcharon hacia la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación para exigir que esta cartera los convoque. Pero la respuesta fue la ratificación de los despidos, al tiempo que se informaba que no se va disponer fondos para reanudar las obras.

 

Despidos

Las cifras son apabullantes y, más aún, cuando se advierte que detrás de cada número hay una persona que se queda en la calle. La franja que va del conurbano norte hasta Zárate se ve particularmente afectada por despidos y cierres.

Es que desde febrero de este año, 2.700 trabajadores de la zona comprendida entre Baradero y Vicente López fueron echados a la calle. En marzo de 2016, 2.400 fueron despedidos de Atucha y sólo novecientos recuperaron su empleo y a ellos debe añadirse otros tantos de la industria química, metalúrgicos y empleados de comercio que se quedaron sin trabajo desde diciembre de 2015.

A estos operarios de Atucha se suman, entre otros, los que fueron despedidos en Carboclor y Lanxess, en Colorin y PepsiCo.

Pero en todos los casos, la respuesta del ejecutivo es el silencio a las demandas de los trabajadores o la represión. Al respecto el secretario de la CTA Ribera del Paraná, Cristian Poli, no dudó cuando aseveró que “la única respuesta del gobierno a los trabajadores es la represión”, porque “juega con el desgaste de la clase trabajadora, apuesta a eso y por eso actúa así”.

Pero advirtió que “la mejor respuesta que damos los trabajadores a la represión es la movilización unitaria” contra el proyecto flexibilizador que intenta imponer el Gobierno que, además, cuenta con el apoyo de las direcciones burocrático-sindicales.

“La burocracia es cómplice del proyecto flexibilizador, por eso esta movilización, por eso es que nos unimos fuertemente”, recalcó el secretario de la CTA Ribera del Paraná, tras lo que hizo hincapié en que “hay conciencia sobre esto en la clase trabajadora y por eso nos movilizamos desde abajo contra estos planes imperiales que tienen un carácter regional y son instrumentados por estas burguesías locales que copian y pegan los dictados del FMI y el Banco Mundial”.

PEPSICO14.07.2017

Los trabajadores abren una puerta

Once operarios lograron que los jueces ordenen su reincorporación. Se sienta un valioso precedente para que sus 600 compañeros precedidos logren lo mismo.

Once trabajadores de PepsiCo que denunciaron ante la Sala VI de la Cámara del Trabajo que la empresa los desalojó sin haber cumplido el procedimiento preventivo de crisis, lograron que los jueces Luis Rafaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo avalaran el pedido y ordenaran su reincorporación. La medida, pese a que alcanza solamente a los denunciantes, sienta un precedente para que los otros 600 despedidos pidan también una medida similar.

Pero Hugo Mir, abogado laboralista del PC, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Conat, luego de definir como “positiva” la determinación de la Cámara, aclaró que “esto no impone la apertura de la planta de Florida, en el partido de Vicente López” por lo que la medida, aseveró, “tiene una parte progresista y positiva sin la menor duda, pero está acotada”.

Este fallo fue presentado en conferencia de prensa por los delegados de los trabajadores de la multinacional, uno de los cuales, Camilo Mones, detalló que “se firmó dos horas después del operativo, eso evidencia la voluntad de represión que tiene el Gobierno”. Por eso entendió que “el operativo se podría haber evitado”.

Por otro lado, hay que destacar que la jueza firmante de la orden de desalojo de las instalaciones, cumplida con brutalidad por las fuerzas represivas cuando aún no había amanecido, es Andrea Rodríguez Mentasty, quien fue propuesta para el cargo en noviembre de 2015 y designada al mes siguiente con una celeridad insólita en la Justicia. Por si esto fuera poco, su ex marido es el diputado provincial macrista Walter Carusso, también miembro del Consejo de la Magistratura bonaerense que la coronó.

 

Persecución y locaut

Hugo Mir, también advirtió que en el marco de la feroz embestida macrista contra la justicia laboral, se puede llegar a demonizar los jueces firmantes de la medida favorable a los trabajadores de PepsiCo. En ese sentido, recordó que Rafaghelli “participó en representación de los jueces nacionales del Trabajo en el acto del pasado viernes 7 de julio en conmemoración del 40 aniversario de la Noche de las Corbatas, en la que desaparecieron 6 abogados laboralistas”.

Aventuró: “no me extrañaría de este gobierno enemigo del pueblo y de los trabajadores” pusiera en la picota a estos magistrados. Al respecto volvió a recordar el acto del 7 de julio, del que dijo: “en esa actividad estrechamos filas todos los que participamos del fuero, ante todo los jueces, los magistrados de la cámara, los abogados laboralistas y el conjunto de los trabajadores”.

Enfatizó que lo más destacable del fallo de los camarista es “el argumento”, en el que “la reinstalación opera porque la empresa no dio curso al procedimiento preventivo de crisis de empresa establecido originalmente en la Ley 24013, pomposamente llamada Ley Nacional de Empleo”.

Sobre esta legislación, expresó: “fue la primera nefasta ley del menemismo que se hizo, en 1991, con el principal objetivo de abaratar la indemnización por antigüedad para echar personal jerárquico de las empresas que luego se privatizaron”. No obstante, valoró que la ley “estableció el proceso preventivo de crisis de empresa, que en este caso, Pepsico no observó”.

“Lo que ha hecho Pepsico, en al marco de la absoluta ilegalidad, ha sido un locaut patronal en detrimento del conjunto de la sociedad y, en particular, de sus propios trabajadores”, ponderó Mir. Y recalcó que la empresa obró “con el aval explícito del gobierno nacional de derecha y enemigo de los trabajadores, a través de sus ministerios de Trabajo, tanto el de la provincia de Buenos Aires como el nacional”.

“Desde la legalidad, este gobierno, fiel a su ideología neoliberal, no actúa en ninguno de los órdenes y cuando lo hace lo hace a favor de los poderosos”, agregó.

Remarcó que la empresa tuvo ganancias “extraordinarias” en 2015, las cuales al año siguiente se magnificaron. Adujo que “lo que debió hacerse desde un momento es lo que la empresa no hizo” y “que no lo haya hecho demuestra claramente la impunidad de que goza porque de antemano sabe que va a ser avalada por el gobierno nacional”.

 

 

TRAS EL VETO MINISTERIAL 13.07.2017

Asijemin tiene personería

El sindicato de mineros volvió a tener acreditación legal tras 9 meses de impedimento por parte del ministerio de Trabajo de la Nación.

El sindicalismo clasista para la liberación volvió a tener en la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) a uno de sus gremios organizados. Fue después de que ayer, habiéndose notificado a la entidad hoy mismo, la sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le restituyera la personería gremial, retenida desde octubre del año pasado por el ministerio de Trabajo de la Nación.

La medida judicial fue emitida tras larga lucha de los afiliados, que tenían a su sindicato imposibilitado de, entre otras cuestiones, hacer valer el único convenio colectivo de trabajo en el ámbito minero. Este impedimento legal estaba vigente desde que el año pasado otros sindicatos del área, como Aoma y Asimra, pidieran al ministerio que se le quitara la personería a Asijemin, cosa que el organismo macrista concedió, según Marcelo Chacho Mena Muñoz, secretario de Asijemin, “en forma arbitraria”.

El gremialista, una vez conocida públicamente la medida de los jueces, pidió a los afiliados “que celebren esta limpia victoria” y que “esta noche, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tenemos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a nuestro sindicato, a nuestra minería y para hacer cada vez más justa la vida en nuestra patria”.

 

Una injusticia saldada

Mena Muñoz también valoró que el espaldarazo de la Justicia a Asijemin se diera “en esta etapa difícil que tiene el movimiento obrero argentino, cuando todos los trabajadores estamos viviendo con un gobierno represivo que condena a los trabajadores y a los sindicatos”. Agregó que todo se debió a “una problemática que se generó en octubre del año pasado cuando el ministerio en forma arbitraria nos suspendió la personería”.

Recordó que “logramos la personería a fines del 2015 cumpliendo con todo” y que el cese de esta para Asijemin fue un “acto injusto” del ministerio. En ese sentido puntualizó que el dictamen de la cámara de apelaciones fue claro en remarcar que no hubo fundamentos para la medida recurrida y que “el ministerio no puede actuar de oficio sobre estos temas”.

“Después de mucho remarla, pelearla e ir para adelante, hemos logrado recuperar nuestra personería, por lo que ahora podemos homologar y ratificar los convenios colectivos de trabajo que habíamos firmado en su momento y que a raíz de esto el ministerio se negaba a homologar”, dijo.

Después manifestó que “ahora estamos en plena condición y vamos a ir por los convenios colectivos de trabajo y las paritarias, entregando este ansiado sindicato, completamente constituido y organizado, a todos los trabajadores”.

Agradeció también las labores legales llevadas adelante desde el cuerpo de letrados de la CTA y algunos de los gremios de esta central y adujo que “sin la militancia, sin el convencimiento y sin llevar la razón del trabajador, esto no hubiese sido una realidad”.

Aseveró que para Asijemin la personería “significa crecimiento” y “poder tener la representación con un convenio que antes no existía”. Y que también es “poder tener un crecimiento profesional, económico y con condiciones de trabajo acordes al siglo XXI”.

Gobierno de La Rioja 13.07.2017

Esa vocación por embarrar la cancha

La AMP denunció que el gobierno provincial “una maniobra mediática” para intentar instalar que hay aumento cuando no lo hay. “Insisten con la pseudo paritaria”, recalcó Rogelio De Leonardi.

La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP), denunció que el aumento salarial para el sector que anunció el Gobierno Provincial, es “una maniobra mediática” y cuestionó a la dirigencia sindical “que acudió a legitimar un pre acuerdo firmado en marzo y ya hecho efectivo, como si fuera una novedad salarial para el sector”.

Vale recordar que días atrás, en una reunión presidida por el delegado del ministerio de Trabajo de la Nación, Edgardo Celiz Mercado, los gremios SELaR, UDA y Sadop anunciaron un acuerdo en el contexto de una reunión que la AMP denunció como “pseudo paritaria”.

Al respecto, el titular de la AMP, Rogelio De Leonardi, dijo que este gremio no participó en el encuentro porque el ministro Juan Luna, “a través de sus expresiones mediáticas y la existencia de un pre acuerdo con los gremios oficialistas, definió pautas salariales por afuera de las tratativas de lo que sería en la practica una paritaria”.

Y fue contundente cuando remarcó que “estamos denunciando el pago por persona y no por cargo de esos incrementos que el ministro anunció”, tras lo que recordó que Luna dijo ‘nosotros ya hemos tomado la decisión de que sea como sea vamos a pagar esta suma de 1.500 pesos con carácter de remunerativo no bonificable’.

Por lo que hizo hincapié en que “cuando un ministro, en forma tan autoritaria dice ‘hemos tomado la decisión de que sea como sea vamos a pagar esta suma’, está diciendo caiga quien caiga, cueste lo que cueste, le importe a quien le importe”.

 

Nada nuevo

Desde que se hizo el anuncio la AMP señaló que era “sospechoso y confuso”, ya que “intentaba dar como nuevas cifras que ya están incorporadas al salario y que se vienen haciendo efectivas desde abril ante el llamado a no inicio de clases realizado por AMP”. Y, así, apuntó que “lo único nuevo es la incorporación de 1.500 pesos por persona y que tendrán los descuentos de ley”.

Asimismo, De Leonardi cuestionó la legitimidad de la convocatoria ministerial porque, “en realidad, no hay mesa paritaria” sino “una mera mesa de negociación salarial, en la cual los que concurren van y admiten, hacen la venia y reciben lo que la patronal les ofrece, confirmando el carácter autoritario de la gestión del ministro Luna, cuyo perfil es absolutamente funcional al gobierno nacional”.

Tras lo que recordó que “la negociación colectiva de trabajo es entre pares para que todos opinen”, pero Luna, acusó De Leonardi, “toma esto como una simple formalidad” e insistió en que el titular de la cartera educativa provincial debe cambiar el procedimiento y analizar cada una de las pautas que el sindicato con mayor representación en la provincia y con canales reales de consulta a las bases presentó como resolución antes del fin del ciclo lectivo 2016.

Esa vez, la AMP exigió que el gobierno provincial incorpore los setecientos millones de pesos aprobados en la Legislatura al ítem Estado Docente.

De Leonardi también fustigó al gobierno provincial porque “esperó el receso invernal, han esperado que los docentes no estén en las escuelas para que no entiendan nada y no se pueda discutir” y recalcó que “ninguno de esos dirigentes que han firmado el acuerdo, han consultado a sus bases lo que les ha impuesto el Ministro por orden del Gobierno provincial”.

Por eso puntualizó que “tenemos que esperar quince días a que pase el receso invernal para volver a reunir la Asamblea y ver qué determinar”, al tiempo que llamó a los trabajadores de la Educación a reaccionar ante estas maniobras.

Y finalizó: “es inconcebible que se dé cómo exitosa una negociación que deja el sueldo inicial en doce mil pesos, cuando el nivel de pobreza está arriba de los 14.500”, de ahí que insistiera en que el espacio en el que se firmó este arreglo es sólo una “pseudo paritaria”.

Sindicalismo y mafias 12.07.2017

El último cruzado

Mauricio Macri descubrió que hay sindicalistas buenos y otros malos ¿A quiénes eligió para el armado Sindical de Cambiemos? El Banco Mundial, la Ocde y un prestigioso académico destruyen los argumentos que usa el presidente para intentar avanzar en la flexibilación de las relaciones entre el capital y el trabajo.

De acuerdo a un estudio que hizo el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Uces), durante el período comprendido entre 2009 y 2015, el salario de los trabajadores que tienen una relación laboral formal mejoró un seis por ciento, pero durante 2016 cayó un cuatro por ciento.

Vale citar que para confeccionar este trabajo, la Uces –una institución cercana a la ideología del gobierno- tomó como fuentes datos del Ministerio del Trabajo y del índice inflacionario que durante los últimos años elaboraron los bloques opositores del Congreso, tal como lo siguen haciendo, aunque –desde 2016- ya sin las fuerzas que integran Cambiemos.

Aunque el trabajo de la Uces es mucho más piadoso con la postura de La Rosada que otros que –desde diferentes espacios- coinciden en que durante 2016 el salario perdió no menos de un diez por ciento, sirve como referencia para algo el Gobierno se esfuerza –aunque cada vez menos- por ocultar.

Es que a la hora de señalar a los ganadores y perdedores la línea divisoria es muy clara. Las petroleras –sí el mismo sector que dejó en la calle a 1.400 trabajadores este año- y el sector financiero se quedaron con el ochenta por ciento de las utilidades en 2016.

Así lo revela un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordinan Claudio Lozano y Tomás Raffo, que da cuenta de que se esta comparación se lleva adelante sobre la base del nivel de ventas brutas. Estos rubros concentran dos tercios y, detrás, aparece el sector siderúrgico con el 13,4 por ciento.

Este análisis explica que la clave principal está en que la devaluación de la moneda nacional, llevó a los sectores que poseen activos en moneda extranjera a convertirse grandes ganadores. Vale recordar que esa devaluación que adrede hizo el gobierno ni bien asumió devino, entre otras cosas, en una bestial inflación que ese año se colocó por encima del cuarenta por ciento.

 

Nos vemos después de octubre

Así, el mismo envión que la devaluación le dio a la maximización de ganancias de sectores muy concentrados, provocó y sigue provocando un durísimo golpe al bolsillo de los sectores populares y medios.

Este es el escenario en el que La Rosada pretende avanzar -tras la nueva devaluación que anuncia para después de octubre- en lo que denomina reforma laboral, algo que para el establishment es una verdadera cruzada que el propio Mauricio Macri está dispuesto a encabezar.

Así lo demostró en abril, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando le apuntó a las organizaciones laborales y anunció que dará batalla con los “mafiosos que no construyen futuro”. Lejos de detenerse, esta carrera se profundizó y, ayer, volvió a cargar contra gremios y Fuero Laboral, acusándolos de ser una “mafia que impide la generación de empleo”.

Está claro, tal como se analizó en reiteradas oportunidades desde Nuestra Propuesta diario de noticias, que el oscuro pasado empresarial del presidente lo inhibe de postularse como adalid de la lucha antimafiosa y tampoco lo ayuda la elección de personajes del corazón de la burocracia sindical-empresarial, con quienes hizo el armado de Cambiemos en el frente sindical.

¿Pero más allá de esto, será verdad que la actividad sindical es un impedimento para la generación de empleo y el desarrollo de la producción? Dos fuentes intachables desde la propia perspectiva gubernamental, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y el Banco Mundial, desmienten a Macri.

Un trabajo de la Ocde publicado en 2006 explica que la mayor tasa de sindicalización no tiene efecto negativo sobre el empleo ni la creación de puestos laborales, al tiempo que reconoce que una mejor capacidad de negociación colectiva de los sindicatos redunda en mejoras en la distribución del ingreso, sin afectar negativamente la demanda laboral de las empresas.

Por su parte, el Banco Mundial, publicó un estudio -en 2002- en el que recalca que la actividad sindical no daña el crecimiento. Pero asimismo, que la relación entre sindicalización e indicadores de rendimiento económico como la inflación no es relevante.

Otro trabajo más reciente, en este caso del investigador del Canadian Centre for Policy Alternative, Jordan Brennan, va más allá y aclara que en EE.UU. (¡Sí, en EE.UU.!), las etapas en las que crece el empleo, la inversión productiva de las empresas, la actividad económica y hay salarios más elevados, coinciden con aquellas en las que se registra mayor sindicalización; en tanto que cuando disminuye la actividad y afiliación sindical, decrece el salario, el empleo e inversión empresarial productiva, al tiempo que se presenta una tasa más baja de crecimiento económico.

Entonces, lejos de pretender que estos datos legitimen prácticas burocrático-empresariales profundamente arraigadas en un amplio sector del sindicalismo en Argentina, sirven para salir al cruce –desde su propio espacio ideológico- de aquello que desde el gobierno y sus propaladoras massmediáticas se pretende instalar como una verdad revelada.

Lejos de eso, lo que el gobierno intenta con su “lucha contra las mafias”, es relegitimar a aquellos con los que se asoció para armar su frente en el universo sindical y denostar al sindicalismo que, pese a todo, conserva un patrimonio simbólico y un peso concreto importantes en la dinámica de la sociedad.

La izquierda tiene mucho que ver en este patrimonio simbólico. Desde los albores de la lucha sindical estuvo presente en nuestro país y aportó en la construcción de sindicatos y en la lucha en las calles. De ahí que desde la autonomía de clase, debamos aportar para frenar el intento del tándem de poder real que ahora también gobierna, así como avanzar en la construcción de un sindicalismo de liberación que abreve en las banderas que levantó Agustín Tosco.

Cosas del Modelo Cambiemos 12.07.2017

De la vaca atada a la Vaca Muerta

El apriete patronal se cobró otra víctima. En una empresa del grupo Techint los trabajadores aceptan reducir salario para conservar el empleo. En el camino de la maximización de ganancias empresarias, Mauricio Macri y las propaladoras de su gobierno avanzan en lo que denominan “modernización del mercado laboral”.

Para no ser despedidos, operarios que se desempeñan en el yacimiento petrolero que tiene Tecpetrol en el área El Tordillo, aceptaron que esta empresa perteneciente al grupo Techint, de Paolo Rocca, reduzca sus salarios y la jornada laboral.

En medio de un panorama desalentador atravesado por la desinversión en equipos de extracción de hidrocarburos, la firma aprovechó para amenazar con echar a -por lo menos- la mitad de los seiscientos trabajadores. Y como para que quede claro que va en serio, militarizó este yacimiento ubicado en el sur de Chubut con 220 gendarmes.

Además, en lo que va de 2016, en la actividad ya se perdieron alrededor de 1.400 puestos de trabajo entre retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos, una tendencia que lejos de revertirse tiende a profundizarse.

Pero estos trabajadores son sólo una parte de los más de 22 mil que fueron despidos o suspendidos durante el primer semestre del año, de los que el 91por ciento se desempeñaba en el sector privado y, fundamentalmente, en la industria. Uno de cada tres despidos industriales -en el período- corresponde a un cierre definitivo de planta.

Así lo revela un relevamiento que llevó a cabo el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) que confirma que la reactivación de la economía es sólo un enunciado vacío al que –recurrentemente- echa mano el Gobierno, mientras persiste y se profundiza la destrucción de puestos laborales.

El trabajo de Cepa también da cuenta de que, desde que Mauricio Macri es presidente, en el universo del trabajo registrado, hubo 264.143 despidos y suspensiones de los que 187.617 corresponden al sector privado.

La tendencia también afecta al empleo temporario que durante el primer trimestre, justamente cuando suele crecer en zonas turísticas, cayó un 16,6 por ciento si se lo compara con igual período de 2016, cuando además había registrado su nivel más bajo en tres años.

El dato aportado por el propio Indec en un informe que elaboró para la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario, también explica este resultado por la situación que atraviesan la industria manufacturera y de servicios que –junto a administrativos y vendedores- son los principales sectores que recurren a este tipo de contratación.

Por citar un caso, la semana pasada la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines advirtió que, durante el semestre inicial del año, ingresaron al país 18.662.367 productos de marroquinería, lo que representa un aumento de 4.540.653 unidades importadas, respecto a las 14.121.714 que entraron en igual período de 2016. Y, desde diciembre de 2015, la cantidad de importadores de artículos de marroquinería creció de 406 a 760, es decir, 364 nuevos actores comenzaron a importar mercaderías de este sector durante un período en el que cerraron cincuenta fábricas y talleres y se perdieron más de 1.500 puestos de trabajo en el rubro.

Es que con un gobierno que fomenta la apertura indiscriminada de importaciones de bienes terminados y desestima la producción de manufacturas, el negocio es importar. Así, tras cerrar la planta que posee en la localidad bonaerense de Florida, PepsiCo empezó a traer desde Chile la línea de papas Lay’s y Doritos –entre otros- que producía en la fábrica cerrada y que, según prometió, seguiría produciendo en la planta que conserva en Mar del Plata. Mientras tanto, los trabajadores de PepsiCo ocupan las instalaciones de Vicente López para manifestar contra los seiscientos despidos que perpetró la empresa.

 

Idea fija

Vale recordar que, tras el éxito que tuvieron en Vaca Muerta a la hora de imponer un acuerdo a la baja que además cercena derechos laborales, las operadoras avanzaron contra los petroleros de la cuenca del Golfo San Jorge con un diseño flexibilizador de los convenios que, progresivamente pero con firmeza, se encamina hacia la eliminación de las paritarias.

El Gobierno, y en particular el presidente, son claros cuando no ocultan su intención de llevarse puestas las normas que rigen la relación -a priori desigual- entre los universos del trabajo y el capital. Estas normas plasmadas en convenios y legislación, entre otras la que garantiza la celebración de paritarias, son objeto de constante ataque por parte del staff de La Rosada y la massmedia asociada a quienes la ocupan. Ambos coinciden en que el cuerpo legal que rige la relación trabajo-capital, será objeto de revisión apenas pasadas las elecciones de medio término.

¿Pero qué es esto que Macri y las propaladoras de su gobierno denominan “modernización del mercado laboral”? Un botón de muestra está en el caso que –por diversos motivos- se convirtió en la prueba piloto de aquello que quieren extender a toda la relación trabajo-capital.

La industria petrolera de Río Negro, Neuquén y La Pampa registró 2.041 despidos durante los primeros cinco meses del año, lo que quiere decir que perdió casi el diez por ciento de los puestos de trabajo que tenía.

Lo singular de este caso es que comprende Vaca Muerta. Ahí, con la promesa de la reactivación del mercado laboral petrolero en la cuenca neuquina, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, arregló un acuerdo a la medida de las pretensiones del gobierno, que flexibiliza la actividad y deja sin efecto muchos derechos que tenían los trabajadores.

El Modelo Vaca Muerta, fue replicado con algunas variantes por el Smata que preside Ricardo Pignanelli y la Uocra de Gerardo Martínez, entre otras organizaciones controladas por la burocracia sindical.

Es que, de lo que se trata, es decidir qué se hace con la riqueza que produce el trabajo y, en un diseño donde lo que importa es la maximización de ganancias por parte de los grandes jugadores empresariales, los que siempre pierden son los trabajadores.

Y pierden aún cuando conserven su trabajo, ya que en una relación desigual por definición como es la de trabajo-capital, la regulación estatal es definitoria. Un claro ejemplo de qué puede hacer el gobierno a la hora de regular, aún dentro de los límites que impone el Estado Liberal Burgués, es el uso del Programa de Recuperación Productiva (Repro).

Durante 2015 el Estado destinó 1.174 millones a asistencia por medio del Repro, en 2016 y pese a que fue un año en el que se multiplicaron los cierres de unidades productivas y los consecuentes despidos de personal, sólo habilitó 746 millones. Y durante el primer trimestre de este año, 46 millones. Pero esto no es todo, desde este año y por decisión del gobierno las empresas que acceden al Repro pueden reducir personal, algo que hasta ahora tenían vedado porque el Programa buscaba defender la fuente laboral.

Flexibilización laboral en Brasil 12.07.2017

Hoja de ruta para la derecha

En el país vecino el Congreso sancionó la reforma laboral y así, en momentos en los cuales el gobierno de Temer parecía altamente debilitado, el poder real se anota una victoria estratégica a costa de la clase obrera.

“Es la vía rápida a nuevos empleos” celebró Michel Temer, presidente de Brasil, luego de que el Congreso del país vecino concretara una de las principales misiones que el poder real le encargó al mandatario que destituyó a Dilma: la reforma laboral. La otra está en desarrollo y consiste en la condena –en primera instancia- a 9 años de prisión para Lula Da Silva, con el riesgo de ser ratificada, lo que inhabilitaría al ex mandatario competir en las elecciones presidenciales del año próximo.

Pese a la falta de legitimidad notable sobre la figura presidencial, las clases dominantes continúan con la aplicación de las políticas de ajuste. Esta situación demuestra, una vez más que, más allá de quien ejerce la primera magistratura, lo que importa es el programa político que implementa y desarrolla. Mientras Michel Temer pueda, seguirá con la aplicación y consolidación de las políticas neoliberales. Pero cuando su crédito se encuentre acabado, el poder real se las ingeniará para colocar un nuevo representante que continué con el programa de gobierno.

De lo que se trata, tal como se sucede también en la Argentina, es de una disputa por la orientación que las clase sociales –y las fracciones que las componen- logren imprimir al Estado en el marco de la dinámica de la lucha de clases.

En la actualidad, tanto Brasil como la Argentina se encuentran asediados por el plan de operaciones neoliberal orquestado desde los Estados Unidos y al que tributan ambos gobiernos. En ese contexto, se consolida un perfil liberal burgués del Estado en vistas a instalar, fortalecer y perpetuar un proyecto político-social que habilite las condiciones para agudizar el saqueo de recursos económicos y naturales. Flexibilización laboral, endeudamiento para financiar la fuga de capitales y transformaciones jurídico-culturales apuntan al objetivo final que es, ni más ni menos, la mayor transferencia de recursos posibles desde el trabajo hacia el capital y desde la periferia al centro.

No se trata de afirmaciones caprichosas. Diversos acontecimientos en ambos países confirman las similitudes y los argumentos a los que se recurre de uno y otro lado son idénticos. Si en nuestro país se trata de instalar que mientras exista la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner gane una elección la lluvia de inversiones no llegará, en Brasil tras conocerse la sentencia contra Lula el Bovespa subía un 1,4 por ciento y se disparaban las acciones de Petrobras en el mercado de valores.

 

Vencedores y vencidos

Una primer relevamiento sobre vencedores y vencidos da cuenta del alcance de la medida. Mientras que la Central Única de Trabajadores (CUT), organizaciones políticas, sociales y territoriales sufrieron un fuerte revés con esta sanción del Congreso, los que festejaron –sin disimular provecho y alegría- fueron las principales multinacionales y el sistema financiero internacional.

Algunos datos confirman la algarabía del poder real y exponen a cada una de las fracciones que lo integran. Por ejemplo, las acciones y la moneda brasileña se dispararon tras la reforma laboral. Las acciones preferentes de Petrobras encabezaban el ascenso del Bovespa, con un alza de 4,6% y el real se apreciaba un 1,3 por ciento.

Motivos sobran para justificar ambos estados de ánimo, tan opuestos como demostrativos de cómo será el curso de la historia si es que el pueblo brasileño no logra articular una fuerza política y social que pueda derrotar el proyecto de país que la derecha y el imperialismo quiere imponer en su país y la región. Un breve repaso sobre los alcances de la reforma –que bien podrían llamar como “ley de flexibilización laboral”- alcanza para comprender el golpe que supone para el movimiento obrero brasileño.

Entre los puntos más perjudiciales sobresale uno en particular que condicionará las futuras negociaciones de los gremios con las patronales y que pone en riesgo la totalidad de las conquistas ganadas por los trabajadores. A partir de esta nueva ley las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecerán sobre las disposiciones legales en temas como parcelamiento de vacaciones y duración de las pausas para almuerzos y refrigerios.

También abre la puerta a una futura implementación de jornada laboral de 12 horas, un retroceso inaudito que supondrá una de las derrotas del movimiento obrero no solo latinoamericano sino mundial.

Otra concesión a las patronales será que podrán pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero no tendrán la obligación de hacerlo mensualmente. En ese marco, el empleador convocará al trabajador con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese periodo, el trabajador no estará a disposición de esa empresa.

Además, la normativa crea la figura del “trabajador autónomo exclusivo”, es decir, un obrero que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente y se elimina el aporte sindical obligatorio.

No deja de sorprender que las reformas conseguidas por el empresariado brasileño son idénticas a muchas de las condiciones que funcionarios del gobierno y las patronales locales vienen queriendo instalar en nuestro país. A igual proyecto, igual guión.

Mientras tanto, la flexibilización laboral es un fenómeno que se viene imponiendo de hecho al calor de los despidos y los altos niveles de pobreza e indigencia que provocan las medidas económicas del macrismo. En Brasil, el gobierno nacional encuentra una hoja de ruta para consolidar el perfil liberal burgués del Estado y así perpetrar la concentración de la riqueza y la desigualdad social.

 

 

Señales desde la Corte 05.07.2017

Con la reforma laboral como meta

Un fallo que dice más de lo que está escrito. “Es preciso repudiar la ofensiva y persecución que hay contra el Fuero del Trabajo, los abogados, jueces y secretarios y el conjunto de trabajadores que está desarrollando este gobierno de derecha”, recalcó Hugo Mir.

Pudo expedirse sobre el expediente que –con un dictamen favorable de la Procuraduría a la libertad de Milagro Sala- descansa en su escritorio desde hace ya mucho tiempo. Pero en la anteúltima acordada antes de la feria invernal, la Corte Suprema de Justicia eligió resolver que cuando un trabajador pierde –por su culpa– un juicio laboral, debe pagar todos los gastos ocasionados por el juicio en concepto de honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido.

“El fallo no tiene tanta relevancia como maliciosamente se quiere dar a publicidad desde los medios hegemónicos de información y desde la misma Corte”, dijo al respecto el abogado laboralista e integrante de la CoNaT, Hugo Mir.

Asimismo, explicó que la decisión que firmaron Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosenkrantz atiende el caso de una persona que, pese a ser citado varias veces a la pericia médica, no concurrió con lo que no se produjo “la prueba fundamental en todo accidente de trabajo que es esta pericia y el trabajador pierde el juicio”. Así, la Corte determina que quien pierde el juicio paga las costas, “sólo que hasta este fallo los peritos podían cobrarle a la parte gananciosa, en este caso la ART o el empleador, por lo que era lógico que recurriera a la parte más solvente, es decir a la ART”, pero a partir de esto, el trabajador debe hacerse cargo de los honorarios de todas las partes intervinientes.

De todos modos, Mir recalcó que hay un guiño de la Corte hacia el ejecutivo. “Hay una justificación política, tendiente a aumentar el desprestigio que quiere crear sobre el Fuero del Trabajo, abogados laboralistas, jueces y secretarios y el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones y dirigentes sindicales ”, advirtió.

“Por eso es que este fallo, que en sí no dice nada que sea grave, tomó inmediata publicidad”, reflexionó el abogado laboralista y añadió que, en realidad, quien sufre perjuicio en este caso son los peritos que ya no van a poder ir a cobrarle al empleador o a la ART, pese a que el trabajador haya perdido el juicio”.

Pero la decisión también fue una señal para el Gobierno. Es que el fallo de los supremos llega a poco de que el presidente, Mauricio Macri, volviera a arrojarse con los tapones de punta contra el fuero laboral, los abogados laboralistas y los trabajadores al insistir con que existe lo que denomina “mafia de los juicios laborales”. Por eso Mir no dudó cuando insistió con qué hay una disputa política y “se busca generar un clima de desprestigio”.

 

Fuero

“El Gobierno prepara una reforma laboral”, fue el argumento central de la convocatoria de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) que tiene lugar, al cierre de esta edición, en el Bauen, donde -entre otros- también participan dirigentes de las dos CTA y la Corrientes Federal, referentes de organismos de Derechos Humanos y académicos.

Se hace en repudio a la postura del gobierno y de los reiterados ataques de su titular, Mauricio Macri, contra el Fuero Laboral, algo vinculado a “una operación de marketing” contra los derechos laborales y “una cruzada” para estigmatizar a los abogados y jueces laboralistas, tal como alertó el vicepresidente de la entidad, Luis Ramírez, cuando señaló que el ejecutivo “está preparando el terreno para una reforma laboral después de las elecciones”.

Durante la actividad se presentará una denuncia contra Macri por violar convenios internacionales celebrados por Argentina en el ámbito de la OEA y bajo la esfera de la ONU, algo necesario ya que, resaltó el titular de la AAL, Matías Cremonte, “estamos frente a la instalación de un clima que es el preludio de una reforma laboral destinada a destruir derechos de los trabajadores”.

Y remarcó: “nos encontramos ante un grado de agresión gubernamental que nos empuja a dar una respuesta en unidad”.

El acto de hoy es muy importante como lo van a ser las dos actividades que se van a llevar a cabo el viernes 7, destacó Mir y añadió que es preciso repudiar “la ofensiva y persecución que hay contra el fuero del trabajo, los abogados, jueces y secretarios y el conjunto de trabajadores que está desarrollando este gobierno de derecha”.

Vale recordar que el viernes a partir de la hora 12, se va a efectuar un acto en la esquina de Lavalle y Talcahuano, en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz del Día del Abogado Laboralista y a cuarenta años de la Noche de las Corbatas, nombre con el que se recuerda el episodio en el que fueron secuestrados y once abogados que defendían a trabajadores de la industria pesquera, perpetrado en Mar del Plata.

Por la noche, se va a realizar una cena de desagravio a los integrantes del Fuero Laboral, que convoca la CTA de los Trabajadores en el local que Suteba posee en el centro porteño. “Son actividades importantes en el contexto de este ataque de este gobierno al Fuero del Trabajo, sus integrantes y los trabajadores en su conjunto”, remarcó Mir y aclaro que lo que pretende el ejecutivo “es avanzar en reformas laborales que achiquen y eliminen derechos de los trabajadores”, así como “herir de muerte al Fuero del Trabajo, es decir, lo que siempre aspira la derecha, pero esta vez con más ferocidad”.

Los docentes aceptaron la propuesta salarial 04.07.2017

Una victoria de la educación pública

Suteba sometió su decisión a la voluntad de sus bases. “Tras una larga lucha en la que atravesamos una tremenda elección en la que enfrentamos a la otra lista y al poder real que domina el país, perforamos el techo que quería el gobierno”, destacó el secretario adjunto de Suteba Lomas de Zamora, Emanuel Ríos.

Y sí, la plata estaba, sólo que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no quería disponerla para la educación pública y prefería guardarla hasta que se abriera la temporada electoral y, así, obtener un efecto de campaña que favorezca la postulación de Cambiemos que, en el territorio que gobierno María Eugenia Vidal, propone a Esteban Bullrich, quien hasta poco como ministro de Educación abortó la paritaria nacional docente, lo que deprimió considerablemente el salario de los maestros y las condiciones educativas en todo el país.

Así las cosas, cuando año ya cruzó su Ecuador y tras meses de llevar a cabo una miserable campaña de desprestigio y hostigamiento contra los educadores, el ejecutivo bonaerense hizo una propuesta que debió hacer al comenzar el año.

Si bien no es la mejor, la oferta del 27,4 por ciento, va a ser aceptada por el Frente de Unidad Docente (FUD) y así se va a destrabar el conflicto. Uno de los integrantes del FUD, Suteba, consultó en todo el territorio bonaerense durante dos jornadas a sus bases la actitud a seguir y, con ese mandato, el plenario de secretarios generales, votó la aceptación crítica de la propuesta. “Aceptamos críticamente. Destacamos que no han convocado a la Paritaria Nacional.

No hubo voluntad de diálogo, nos atacaron fuertemente a los dirigentes sindicales, ese no es el camino para avanzar y mejorar en el camino de la Educación”, recalcó al hacer el anuncio el secretario de Suteba, Roberto Baradel.

Y tras advertir que “este conflicto no puede repetirse el próximo año” hizo hincapié en que “el Gobierno nos acusó de hacer política partidaria y ellos la hicieron, no se entiende por qué la Gobernadora decía que no había dinero y ahora sí está, estuvo desde siempre, apostaron por una propuesta salarial a la baja”, por lo que reclamó “un trato respetuoso y un salario digno, no se resuelven las cosas por imposición, es a través de la negociación”.

Así las cosas, el incremento salarial está compuesto por la consolidación del salario de bolsillo 2017 en un 24 por ciento –por lo que también es percibido por los jubilados-, lo que implica un 2,5 de recuperación salarial de 2016 y 21,5 para 2017 más una cláusula gatillo sobre el 21,5 por ciento que conforma el básico y se toma para calcular antigüedad, plus por enseñanza y por función, entre otros.

Asimismo, los anticipos cobrados en abril y mayo “a cuenta de futuros aumentos” pasan a formar parte de la recomposición 2016, se incorpora una suma por material didáctico otorgada por la Nación, la modalidad Fonid hasta dos cargos para 2017 de 1.600 pesos pagaderos en dos partes.

 

Una lucha muy dura

Fue un plan de lucha duro -con 17 paros- y atravesado de tensiones que da su fruto y pone al FUD y a Suteba en particular en una mejor posición para enfrentar los desafíos que vienen, entre los que quizás el más peligroso sea la aplicación del Plan Maestro.

Pero también se perforó el techo del 17 por ciento que el Gobierno intentó imponerle al salario docente en la provincia de Buenos Aires. “Después de una larga lucha en la que atravesamos una tremenda elección en la que enfrentamos a la otra lista, pero también al poder real que domina el país, logramos perforar el techo que quería el gobierno”, destacó el secretario adjunto de Suteba Lomas de Zamora, Emanuel Ríos.

En este sentido, recordó que “aunque nos pareció insuficiente la suma, ya que pedíamos un 35 por ciento, el resultado de la consulta de todos los compañeros decidió que aceptáramos”. Pese a esto destacó que “en medio de tanta complejidad es un logro que además marca una diferencia con otros gremios como Upcn y Comercio que aceptaron si pelear menos de un veinte por ciento”.

Pero asimismo, esta lucha consolidó al FUD. “Esto es producto de una gran lucha que llevamos en unidad a partir de las condiciones que fue generando el macrismo”, reflexionó el dirigente de Suteba-Lomas y celebró que este frente “se haya consolidado lo que fue clave para perforar el techo que quiso imponer Vidal”.

Y, en esta dirección, reconoció que “esta unidad va a ser necesaria para frenar el ajuste”, tras lo que señaló que “éramos conscientes de que debíamos darle un final a este conflicto porque si no se nos iban a pasar por delante cosas como Plan Maestro y otros focos que nos van abriendo y a los que debemos dar respuesta”, ya que “además vienen por las jubilaciones”.

Así las cosas, no dudó cuando celebró que “como Suteba es una inyección de democracia que todos los compañeros puedan decidir sobre la oferta salarial”, tras lo que destacó que “es un gran logro que no nos apliquen el presentismo tal como pretendían, además del 24,9 por ciento que va a al bolsillo también de los compañeros jubilados”.

 

 

Disciplinar, castigar coaccionar, cooptar... 04.07.2017

La solución Cambiemos al tema sindical

En medio de un desproporcionado operativo de Gendarmería el juez Martínez de Giorgi allanó e intervino el sindicato que agrupa a los canillitas ¿Para quién es el mensaje? ¿Cómo enfrentar este pustch contra el universo del trabajo?

Con un inusitado despliegue personal de Gendarmería, ayer se llevó a cabo un operativo ordenado por el juez federal, Marcelo Pedro Hernán Martínez de Giorgi, en el que se allanó la sede central que el sindicato de Canillitas posee en la Ciudad de Buenos Aires, y se lo intervino.

Martínez de Giorgi es el mismo que en 2016 intentó meter presa a Hebe de Bonafini. La había llamado a declarar, la titular de Madres de Plaza de Mayo no concurrió por lo que la declaró en rebeldía y envió a la policía a buscarla. El magisrado no tuvo la misma actitud cuando, en 2012, citó a David Mulford por la causa del Megacanje. El ex secretario del Tesoro de EE.UU. le hizo la pera cuatro veces antes de que lo declarara en rebeldía, pero pese a esto ni se le ocurrió requerirlo por medio de la fuerza pública.

De todos modos, dos años más tarde, la Sala II por medio de una resolución firmada por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah dispuso el sobreseimiento de Mulford, quien nunca pudo ser llevado a declarar ante la Justicia argentina.

Quien sí concurrió oportunamente al requerimiento judicial fue el titular del Sivendia, Omar Plaini, aunque pese a esto, Martínez de Giorgi, se mostró rápido para allanar la sede del gremio de los vendedores de diarios en un procedimiento iniciado por presunta falsificación de documentos en la elección que el sindicato celebró en 2013.

Plaini señala que el hecho es “injusto e indignante” ya que en esa causa se había pedido la prescripción y el juez no se definió, pese a que la Cámara Laboral y la Corte Suprema ratificaron el resultado electoral.

A nadie escapa que, tal como lo denuncia Plaini, esta intervención llega a pocos días de que él y el sindicato que preside se alineara públicamente con la candidatura de Cristina Fernández.

Esto es cierto y también es verdad que el Grupo Clarín se la tiene jurada, particularmente a Plaíni, quien desde hace muchos años encabeza una lucha frontal en defensa de derechos de los trabajadores sobre los que ese grupo pretende avanzar.

¿Pero es sólo esto? Canillitas no es el primer sindicato sobre el que avanza el tándem de los órganos de poder Ejecutivo y Judicial, desde diciembre de 2015.

Otros afectados son los sindicatos de personal de seguridad privada (Upsra) y el de azucareros (Feia), aunque en estos casos la Justicia laboral dio marcha atrás con las intervenciones administrativas que había dispuesto el Ministerio de Trabajo.

Lo cierto es que esta práctica se inauguró a poco de asumir Mauricio Macri con un caso que resulta testigo:bla intervención del Sindicato de Obreros Marítimos (Somu). La fotografía de su titular, Omar Caballo Suárez, entrando esposado a una sede tribunalicia, fue asociada rápidamente por la massmedia dominante a otras en las que se lo veía junto a Cristina Fernández y hasta con el propio Papa Francisco.

Asimismo, este caso fue el trampolín que catapultó a los primero planos del universo Cambiemos a quien fue designada interventora, Gladys González, lo que le valió para convertirse en la compañera de fórmula de Esteban Bullrich.

Pero, fundamentalmente, envió un mensaje claro: tenemos carpetas y vamos a usarlas con quienes no se disciplinen ¿Acaso esto explica por qué tanta pasividad entre una dirigencia sindical que, hasta no hace mucho hacía paros generales, no por recomposición salarial, sino para exigir que no se pague ganancias?

Queda claro que en todos los casos los afectados no son lo mismo, pero también que hay un modus operandi del tándem de poder real que ahora también tiene Gobierno, decidido a torcerle el brazo y domesticar a un tradicional y fuerte jugador del universo político argentino.

 

¿Qué sindicalismo?

Nadie puede sorprenderse si se asevera que el interés del Gobierno no está puesto favorecer el diseño de un sindicalismo más horizontal y democrático y ni siquiera en ir a fondo con causas de corrupción que –hay que reconocerlo- involucran a, al menos, parte de la burocracia sindical.

Lejos de esto, lo único que La Rosada persigue con este tipo de actos es sacar de su camino a los díscolos, al tiempo que disciplina a una burocracia que –sabe bien- necesita para garantizar que el capital avance sin problemas sobre el universo del trabajo.

Y si para muestra sólo alcanza con un botón, ahí está el caso de Gerónimo Venegas, quien falleció días atrás investigado en la causa conocida como “mafia de los medicamentos”. Nada de esto fue un óbice para que el propio presidente, Mauricio Macri, lo distinguiera como su armador estrella en el frente sindical y lo mantuviera ahí hasta su muerte.

Vale recordar que en 2012, cuando en el contexto de esta causa Clarín y La Nación comenzaron a apretarlo, el entonces titular de la CGT, Hugo Moyano, cambió radicalmente su postura y pasó a la oposición. Entonces el hostigamiento cesó ¿Casualidad?

Que quede claro que no todos son lo mismo, no se trata de una suerte de Teoría de los Dos Demonios. Aquí hay un sólo demonio que está instalado en La Rosada y forma parte del poder real concentrado que tiene su principal ariete en la industria massmediática. Un poder que va por todo y, en su camino, pretende sumar por coacción o por cooptación, especialmente, a un sindicalismo burocratizado y empresarial.

Entonces, la intervención al Sivendia con la escenografía montada homologable a la que disponen para la cacería de presuntos dealer’s –siempre en barrios populares y lejos de los verdaderos dueños del negocio- forma parte de la táctica empleada por un Gobierno decidido a destruir las organizaciones obreras y a la Justicia Laboral, como paso necesario hacia la flexibilización de las relaciones entre capital y trabajo, la derogación de los convenios laborales y la entrega de los fondos de jubilaciones al capital financiero.

Una táctica que también comprende el pustch gubernamental contra el ejercicio del derecho de huelga y la extrema presión que, sobre los trabajadores ocupados, ejerce la creciente desocupación y la pronunciada caída del poder adquisitivo del salario. Pero, asimismo, la brutal represión que el Estado perpetra, en forma creciente, contra la protesta social.

¿Pero qué hacer ante esto? Está claro que para que el Gobierno no siga avanzando en este escenario que piensa consolidar tras las elecciones de octubre, es preciso que las propias organizaciones sindicales se pongan del lado de los trabajadores y lideren un plan de lucha que gane la calle y articule todos los focos de resistencia que, desde el universo del trabajo, se suman a diario. Pero esto será imposible si el sindicalismo no se deshace de una tradición que lo liga a la conciliación con las patronales y el Gobierno, para avanzar en un camino de autonomía, aquel inherente al sindicalismo de liberación que señaló hace más de cuatro décadas, Agustín Tosco.

MÁS DE CINCO MIL DESOCUPADOS 04.07.2017

Zárate en emergencia

Era una de las ciudades más industrializadas del país, pero en un año y medio cerraron grandes empresas y la ciudad vio crecer la pobreza.

De los poco más de cien mil habitantes del partido bonaerense de Zárate, cinco mil son ya nuevos desocupados de las industrias de la zona, los que bien podrían ser llamados “desocupados del macrismo”, porque perdieron su trabajo merced a las políticas de gobierno de Mauricio Macri y su troupe privatista.

Por ello, ayer operarios despedidos bloquearon el tránsito vehicular en el acceso al puente Zárate Brazo Largo. Por su parte, el intendente de esta importante localidad en donde se hallan un puerto, dos centrales de energía atómica y varias importantes industrias pesadas, declaró la emergencia laboral. A los cinco mil desocupados del macrismo debemos sumar otro millar de puestos de trabajo menos debido a los despidos en la planta nuclear de Atucha y los empleos relacionados con estos.

El intendente, Osvaldo Cáffaro, cuenta con el apoyo de los trabajadores organizados y del bloque del Frente para la Victoria, que ven cómo día a día las calles de Zárate se llenan de incertidumbre, aunque la protesta cunda y pocos se quedan en silencio ante lo que está pasando.

La emergencia otorga herramientas especiales al gobierno municipal para paliar la crisis. Pero poco se puede hacer si continúa la avalancha de importaciones y la competencia desleal con la producción proveniente de países con un mercado laboral más flexibles que el argentino.

Al respecto de la situación Negro, miembro del personal jerárquico de Atucha que también ya recibió su respectivo telegrama de despido, dijo que los recientes despidos en la planta nuclear en realidad “afectan a más de mil puestos de trabajo en forma directa e indirecta”.

También destacó que, después de las últimas medidas de fuerza por parte de los trabajadores, “se dijo que nosotros solamente somos el fusible de lo que se podía desencadenar luego”. Informó que en asamblea se resolvió “agotar las instancias administrativas y de negociación ante los entes correspondientes”.

Negro además destacó que se resolvió “planificar un plan de lucha activo para que no nos siga avasallando este gobierno de empresarios, que realiza una trasmisión de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía a costillas de los trabajadores”.

“Acá, en la zona de Zárate-Campana-Baradero, hay un nivel de desconcierto total porque cada mañana escuchamos que hay una fábrica que está despidiendo gente, en todos los rubros”, resaltó y manifestó que ello “es algo desolador”.

“Se está creando una ciudad de desocupados, lo que nos hace acordar a la nefasta década del noventa, a la que padecimos tan cruelmente y en carne propia”, agregó.

Asimismo, enumeró las magras compensaciones que les corresponden a los obreros despedidos, por lo que, reflexionó: “se podrán imaginar el grado de angustia que pasaremos esta masa de trabajadores”. “A este gobierno lo único que le interesa es que le cierren sus números, no le importa que sea con la gente afuera, le sumó.

Consideró que “lo que está buscando” el gobierno “es que una planta nuclear no se realice”. En ese sentido recordamos que en Lima, ciudad lindera a Zárate y en el mismo partido hay dos centrales nucleares en funcionamiento, una comenzada a construir y suspendida ya y otra anunciada y suspendida antes de iniciarse. Sobre ello, opinó el “Negro”: “no necesitan un país que crezca con el trabajo de sus hijos porque lo único que les importa es que les cierren sus cuentas y nada más”. Añadió: “esto va en línea con una política neoliberal y neocolonial”.

Repuso que “lo que están haciendo con el tema energético, es para el modelo que ellos quieren implementar, totalmente desindustrializado”. Y adujo: “para ellos no tiene sentido que se construya una central nuclear ni termoeléctrica porque sólo les interesa mantener sus grandes negocios y sus ganancias para enviarlas al exterior y continuar ingresando sus importaciones en detrimento de la industria nacional”.

Finalmente, expresó: “si no nos preparamos, si no nos unimos desde el campo popular, podemos llegar a vivir la época más oscura de los últimos cincuenta años”.

 

Envenenado

La lucha de los trabajadores de Zárate es fuerte y eso se ve en las calles de la ciudad. También en las ciudades vecinas, aquejadas por la mismas ola de cierre de fábricas y nuevos desocupados. Con esa lucha aparecen nuevos activistas y por eso no es de extrañar que Damián Straschenco, dirigente de Luz y Fuerza, haya sufrido un repentino envenenamiento con radiación.

En respuesta, el sindicalista realizó la denuncia penal por intento de homicidio, pero el mismo juzgado en donde la asentó le impide constituirse como querellante y acceder a la causa en estado de instrucción. En tanto, Straschenco se realiza controles periódicos para detectar los alcances de la radiación a que estuvo expuesto.

 

 

CRISIS EN LA CIENCIA ARGENTINA 04.07.2017

Con los científicos en el horno

Movilizaciones y críticas por el ajuste sobre el ministerio y el Conicet van dejando en claro que el avance científico argentino está quedando como un recuerdo por culpa del macrismo y sus políticas.

La ciencia argentina está pasando por uno de los momentos más tristes de sus últimos años, comparable a la fuga de cerebros propiciada por las dictaduras o al ajuste presupuestario del menemismo. Ahora, nuevo ajuste presupuestario mediante, tanto el ministerio de Ciencia y Tecnología como nuestro principal organismo científico, el Conicet, poco pueden financiar, desarrollar y contener.

Esto después de haberse dado en la última década una importante repatriación de científicos y de haber desarrollado en nuestro país una serie de tecnologías que permitió a la Argentina desarrollar satélites propios, cohetes espaciales de transporte o reactores nucleares para ser exportados a Australia y otras naciones.

El ajuste sobre el aparato científico argentino, que en la última década había recuperado el rol principal en Latinoamérica, no se detiene. Pero los trabajadores científicos organizados en Científicos y Universitarios Autoconvocados, Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), ATE Conicet y la Red Federal de Afectados, están mostrando los dientes en señal de que no tolerarán sin inmutarse el plan macrista de desguase a nuestra ciencia.

Por ejemplo, se dio una nueva movilización al Polo Científico Tecnológico del barrio porteño de Palermo para reclamar la incorporación de los 500 becarios excluidos de la carrera de investigadores, un aumento salarial inmediato y el pago de los aguinaldos. Asimismo, la movilización también sirvió para denunciar que Alejandro Ceccato, actual titular del Conicet, no brinda todavía respuestas a los reclamos por la inestabilidad que viven los becarios.

 

Con ciencia

Nuria Giniger, investigadora del Conicet, afirmó que “hace un año y medio que las políticas del gobierno son claras en el sentido de desmantelar las partes que le resultan inútiles o hacer rentable la producción científica tecnológica”. Sostuvo que desde el gobierno ahora se busca “beneficiar a las grandes empresas” y que “hay una clarísima intensión de volver a un sistema científico tecnológico muy elitista, pequeño y concentrado que no atienda en los más mínimo a las necesidades de las amplias mayorías”.

Dijo que, al contrario de lo que piensa el macrismo, “necesitamos que existan científicos que desarrollen y que investiguen los problemas que afectan a los pueblos”. Y analizó que “la política de desarrollo científico finalizará porque, lógicamente, un ministerio cuenta con menos posibilidades si se le disminuye el presupuesto”.

“La comunidad científica está muy preocupada”, manifestó e informó que las acciones al respecto incluyen tres proyectos de Ley que ya fueron discutidos en la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Agregó sobre estos proyectos: “ahora tienen que ir a la comisión de Presupuesto, después al recinto del Senado y después tenemos que evitar que Macri las vete”.

También sostuvo que “los salarios del sector están terriblemente retrasados” y que “el trabajo que realizan las y los científicos en este país es enorme y las condiciones de trabajo muy diversas”. Aseveró que la comunidad científica argentina “se reconoce como parte de la clase trabajadora y no está pesando en sus intereses corporativos”.

“No hay proyecto tecnológico si no hay un proyecto de país, soberano, más igualitario, que distribuya mejor la riqueza”, sentenció Nuria Giniger y le sumó: “la ciencia es un derecho humano, así como la salud, la educación y la vivienda. Repuso que “el ejercicio de los derechos humanos depende de la lucha de los pueblos”.

 

Ciencia y universidad

Giniger también apuntó que “la universidad pública no tiene razón de ser para este gobierno” y condenó el “avallasamiento realizado este año a la autonomía universitaria con el ingreso de la policía a diferentes universidades”.

En ese sentido, destacó que el plan del gobierno nacional es colocar en las universidades nacionales a los 500 becarios que se quedaron afuera del Conicet, lo cual se realizaría, a juicio de la científica, sin consultar a las universidades que, recuerda, son autónomas.

Reflexionó: “sabemos que al gobierno nacional y a (Esteban, ministro de Educación) Bullrich no les importa la universidad pública”. Y dio a entender que “con el enfrentamiento que viene teniendo el ministro con la comunidad educativa, desde las huelgas de los docentes primarios y secundarios de principios de año, ponerlo como candidato es una provocación”.

El gobierno da una señal 28.06.2017

Elogio a la informalidad laboral

Al tiempo que le mete presión a los que tienen un trabajo en blanco, el decreto le baja el precio a los que padecen condiciones de informalidad.

Pero quienes quizás se vean más afectados por la decisión adoptada por el tándem empresarial que, desde diciembre de 2015, también tiene el gobierno, son aquellos trabajadores obligados a mantener relaciones laborales informales.

El propio Indec reconoce que cuatro millones de personas en edad económicamente activa atraviesan este tipo de situación, un porcentaje que, entre los jóvenes, duplica la tasa general.

Esto se da en un marco de cierres de unidades productivas y despidos masivos que ya puso a la desocupación en el rango del diez por ciento, algo que relativiza la posibilidad de que –aunque exiguo- el monto fijado por el Consejo sea una referencia válida para el salario de aquellos trabajadores empujados a la informalidad.

“Lo es pero, en realidad, con cierto grado de mentira”, reflexiona el titular de la regional Cañuelas-Lobos de la CTA y explica que “La presión sobre los trabajadores en blanco es brutal”, recalcó el secretario de la CTA Cañuelas-Lobos, Mario Micheli, por lo que advirtió sobre el empeoramiento de la situación de los trabajadores del sector informal.

Tras lo que hizo hincapié en que es preciso que, “para los programas sociales, se establezca como salario mínimo vital y móvil un ochenta por ciento de incremento”.

Es que la precarización laboral sigue estando en el centro del problema, pero asimismo, forma parte de una estrategia mucho más amplia que lleva a cabo -meticulosamente- el Gobierno nacional.

“Queda claro no hay ningún mecanismo que pueda asegurar que se cumpla lo que pudiera acordarse en cualquier acuerdo que alcance a los trabajadores del sector”, señaló Micheli, tras lo que denunció que esto es así porque el Ministerio de Trabajo “no defiende los derechos de los laburantes”. Y recordó que desde que Mauricio Macri es presidente, puso particular énfasis en desmantelar áreas clave encargadas de controlar que, por lo menos, las patronales cumplan con las leyes vigentes.

 

“Queremos participar”

Así las cosas, ayer mientras se reunía el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, diferentes organizaciones sociales llevaron adelante un acampe para reclamar un salario mínimo de quince mil pesos.

Vale recordar que pese a reiterados pedidos, el Gobierno evitó sumar a la mesa a las organizaciones sociales y territoriales. “Queremos que el conjunto de las organizaciones participemos de este debate”, sentenció José Chapu Urreli, coordinador Nacional del MTL, quien sin dudarlo recalcó que “estamos en condiciones de discutir y construir una propuesta que permita modificar la situación en favor de los trabajadores”.

Urreli también puntualizó que “hay muchas organizaciones sociales que podrían estar representadas y no sólo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep)”, tras lo que añadió que el Consejo debería incluir a aquellas organizaciones que, “de una manera u otra, conformamos federaciones como la que tenemos nosotros dentro de la CTA que merece que se escuchen sus propuestas”.

 

 

Por decreto...

Y en el camino de la flexibilización

Las condiciones establecidas para el salario mínimo presionan sobre el salario en general y se presentan como un índice de que se puede domesticar lo La Rosada llama “costo laboral”, algo en lo que está comprometido el propio presidente Mauricio Macri.

Según el índice de salarios elaborado por el Indec, la capacidad de compra de los sueldos sufrió una brusca contracción durante 2016 y esto prosigue en lo que va de 2017.

Queda claro entonces que desde que Cambiemos está en el Gobierno el salario le mira la luneta a los precios. La tendencia es clara y el piso del que se parte también, ya que el Indec reconoce que quien tiene un ingreso menor a quince mil pesos es pobre.

Entonces, con esta tendencia y este piso, es probable que aún con los diez mil pesos que sumará dentro de un año, el salario mínimo se colocará muy cerca de la línea de indigencia. Todo esto si se toma como referencia a los datos que suministra el Indec que –cada vez más evidentemente- son sometidos a la cosmética gubernamental.

Esto “habla de la insensibilidad social” de La Rosada, señaló Hugo Yasky cuando se refirió al decreto que fijo el techo del salario mínimo.

Pero la medida también da cuenta un nuevo paso en el pustch que, desde diciembre de 2015, el gobierno encabeza para imponer una brutal transferencia regresiva de riqueza y, asimismo, para establecer un nuevo tipo de relación entre los universos del trabajo y el capital.

Sobre esto la Gestión Cambiemos fijó su postura en reiteradas ocasiones. Lo hizo por medio de actos de gobierno y actos simbólicos que avanzan en lo que ellos denominan “cambio cultural”, algo que promete un escenario que se parece mucho al de principios del siglo 20, pero con varios rasgos aún peores.

 

Con el sello de Mauricio

Así las cosas, al fijar el salario mínimo en diez mil pesos pagaderos en julio de 2018, el ejecutivo envió un mensaje a cada mesa paritaria. Sabe que en muchos casos –por coacción o connivencia- consiguió acuerdos paritarios a la baja, pero también tiene claro que todavía hay sectores importantes que, como los docentes bonaerenses, resisten, mantienen su posición de lucha y no acordaron. Pero, asimismo, el Gobierno se anotó un nuevo poroto en otro punto medular de ese “cambio cultural” que pretende.

Es que el monto y las condiciones establecidas para el salario mínimo presionan sobre el salario en general y, sobre todo, se presenta como un índice de que se puede domesticar lo que ellos denominan “costo laboral”, algo en lo que está comprometido el propio presidente Mauricio Macri.

“Para ellos, evitar el costo laboral es sumergir a los trabajadores en una situación de casi esclavitud y esto se corresponde con la política, prácticamente colonialista, a la que Macri sumerge a nuestro país, donde dejamos de ser ciudadanos para transformarnos en colonizados”, lamentó Urreli.

Tras lo que fue claro cuando hizo hincapié en que “vamos a revertir la situación en la medida de que tengamos la perspectiva de ir fortaleciéndonos política, ideológicamente y orgánicamente”. Por eso, sin dudarlo, instó a “seguir planteando la confrontación en el plano de la perspectiva de lucha”.

Salario Mínimo, Vital y Móvil 28.06.2017

Cada vez más mínimo

El gobierno laudó a favor de los empresarios y estableció que, recién en julio de 2018, va a estar cinco mil pesos por debajo de la actual línea de la pobreza. La CTA convocó a movilizar en agosto. “Debemos generar un plan de lucha lo más amplio posible que permita seguir ganando las calles”, recalcó José Chapu Urreli.

“Es una oferta miserable y vergonzante, pero no nos tiene que llamar la atención que el Gobierno laude a favor de las patronales, porque ellos forman parte de la patronal, esto fue como meter la zorra en el gallinero”. La definición, hecha por el integrante de la Dirección Nacional de la CTA y coordinador del MTL, José Chapu Urreli, no es antojadiza, ya que ayer el Gobierno nacional fijó -por decreto- el monto del salario mínimo vital y móvil en diez mil pesos, una cifra escasa, más aún, si se tiene en cuenta que recién se alcanzaría en julio de 2018.

Así lo estableció el Ministerio de Trabajo después de que no se llegara a un acuerdo en la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil llevada a cabo ayer en la que las dos CTA y la CGT acordaron unificar su reclamo en quince mil pesos, mientras que los representantes de la patronal ofertaron ocho mil.

A la hora de laudar, el Gobierno volvió a demostrar su pertenencia al universo del capital y se colocó muy cerca de la postura defendida por las cámaras empresariales.

“Vamos hacia una marcha nacional que se va a realizar en la primera semana de agosto”, señaló en este contexto el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, tras lo que adelantó que se está trabajando para que se sumen a la movilización, la central que lidera Pablo Pablo Micheli y la CGT. Y fue contundente cuando recalcó que La Rosada “ni siquiera atina a disimular que quiere poner una tapa de hormigón al salario de los que menos ganan”.

Es que la coincidencia de las posturas entre el ejecutivo y los empresarios resulta imposible de ocultar. La oferta patronal fue una recomposición de tres cuotas que, en julio de 2018, acumularía 9.800 pesos. El Gobierno sólo la elevó en doscientos.

 

Coherencia

“Este gobierno es coherente” dijo el coordinador nacional del MTL y aclaró que “por eso se posicionó junto a los grandes grupos económicos concentrados que estaban representados en el Consejo, que son los que detentan el poder real”, puntualizó Urreli y celebró que, a diferencia de años anteriores, esta vez las dos CTA y la CGT hayan concurrido al Consejo con una postura de recomposición del salario mínimo unificada.

¿Existe la posibilidad de que este acuerdo se transforme, también, en un plan de lucha que contenga al universo del trabajo representado por estas centrales? La CTA de los Trabajadores ya anticipó que, en agosto, va a encabezar una movilización e invitó a la CTA Autónoma y a la CGT a plegarse a la iniciativa.

“Debemos tener la perspectiva de construir un plan de lucha que permita llegar a agosto con la decisión de todas las centrales de un paro activo general con movilización”, destacó Urreli y advirtió que es preciso fijar una postura clara porque, “cuando llegue julio de 2018, la inflación ya se habrá comido el 24 por ciento de aumento en tres cuotas que decretó el gobierno”.

Esta aseveración de Urreli no puede ser desmentida ni por el propio gobierno. Poco días atrás, el Indec señaló que para no ser pobre, en mayo de 2017, había que ganar 14.665 pesos por mes, esto es, 2.829 pesos más que durante el mismo mes de 2016. Con una inflación que no para de crecer es fácil imaginar en qué rango se colocará el índice inflacionario dentro de un año.

Entonces, si el propio Gobierno reconoce que para no ser pobre hay que tener un ingreso de alrededor de quince mil pesos, lo que acaba de hacer al colocar el salario mínimo en diez mil pesos –y recién en julio de 2018- es decretar que, quienes lo perciben, tienen que seguir siendo pobres.

“Este es un gobierno clasista que tiene odio de clase hacia los trabajadores, los pobres y todos los sectores que puedan presentar alguna contradicción con su objetivo de maximizar constantemente ganancias, algo que hacen de forma legal e ilegal”, resaltó el coordinador del MTL e integrante de la CoNaT y alertó que el ejecutivo va a intentar confundir “señalando que la reacción que tengamos ante esto responde al año electoral”.

Pero también cuestionó a “sectores del sindicalismo que adscriben a la política del gobierno, aunque digan que representan a los trabajadores” y apuntó contra “dirigentes sindicales que se apalancan diciendo que, como es un año de elecciones, no hay que hacer olas”.

Y con contundencia hizo hincapié en que es preciso “generar un plan de lucha lo más amplio posible, que permita seguir ganando las calles” porque, puntualizó, “esta es una de las formas que tenemos para poder frenar los intentos clasistas de este gobierno”.