Derechos Humanos

Domiciliarias en La Pampa 02.08.2017

Otro elogio a la impunidad

Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera y Roberto Oscar Fiorucci fueron condenados por perpetrar crímenes de lesa humanidad, pero están en sus casas. “Nadie puede estar tranquilo con estos tipos sueltos”, dijo al respecto el representante del PC provincial, Darío Giavedoni.

“Esto es parte de las mismas políticas que viene implementando el Gobierno nacional que quiere meter presos a pibes inocentes, mata de hambre a nuestros abuelos trabajadores de toda la vida y quiere liberar a los torturadores”, dijo el integrante de la dirección del Partido Comunista de La Pampa, Darío Giavedoni, al referirse a la prisión domiciliaria con la que, días atrás, se benefició a los represores Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera y Roberto Oscar Fiorucci.

Vale recordar que el PC es querellante en los procesos contra perpetradores de delitos de lesa humanidad que se celebran en La Pampa, al tiempo que integra el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos que los impulsa.

Greppi, Aguilera y Fiorucci fueron reconocidos por una treintena de testigos como miembros de los grupos de tareas que secuestraron y torturaron a personas que fueron detenidas y desaparecidos.

Pero, pese a esto, la Cámara Federal de Casación Penal dictó el fin de la prisión preventiva para los tres, que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa, en el que fue el primer juicio por delitos de ese tipo llevado a cabo en esta provincia.

En este juicio, Greppi y Aguilera fueron condenados a penas de hasta veinte años, mientras que Fiorucci, recibió una condena a doce años, pero continuarán gozando de prisión domiciliaria porque todavía tienen una causa abierta en la que siguen sometidos a juicio, el denominado Subzona 1.4, en el que aún no hay sentencia firme y están excedidos los plazos de la prisión preventiva.

La causa Subzona 1.4 es la primera que se impulsó en La Pampa, en ella se juzgan casos de secuestro y tortura. Por las audiencias pasaron entre 150 personas a las que se detuvo ilegalmente en varios centros clandestinos durante la última dictadura, entre ellos, el que fuera el más grande de Santa Rosa, que funcionaba en la Comisaría 1º de la capital pampeana.

 

Tipos peligrosos

“Nadie puede estar tranquilo con estos tipos sueltos”, dijo Giavedoni, tras lo que recordó que Fiorucci “fue el comisario que detuvo, torturó y persiguió a camaradas”, pero también quien después de jubilarse “como tantos otros policías, puso una empresa de seguridad”.

Por lo que sin dudarlo, hizo hincapié en que “Fiorucci es un tipo peligroso”, por eso insistió en que, “además del reclamo que hacemos para que se haga justicia y se revea la decisión que les dio domiciliaria a estos represores, advertimos que es peligrosos que estos tipos estén en sus casas”.

La causa Subzona 1.4 que incluye los delitos de lesa humanidad perpetrados en La Pampa, dependía de Bahía Blanca. “Ahora estamos luchando para que se inicie la parte dos de los juicios por delitos de la Subzona 1.4”, puntualizó el dirigente del PC pampeano tras lo que alertó que “la demora de los juicios, está logrando que estos tipos se mueran o estén muy ancianos y los manden a sus casas”.

 

 

Cuatro décadas más tarde28.07.2017

Juicio por la desaparición de Ángel Bel

Se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados el ex concejal del PJ y ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Tito Nichols, Delfín Rodríguez Watson, que era jefe de la Comisaría 1º cuando fue secuestrado Bel, y el marino retirado Hernán Hermelo.

El juez Hugo Sastre, hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Gélvez, y envió el expediente al Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia para que ponga fecha a las audiencias. De esta manera, el Juzgado Federal de Rawson dio por cerrada la investigación y elevó a juicio oral y público la causa por el secuestro y la desaparición de Elvio Ángel Bel, perpetrado el 5 de noviembre de 1976.

El texto del pedido de elevación a juicio aclara que se está ante un delito de lesa humanidad, por lo que resulta imprescriptible. Ahí se da cuenta de que el secuestro de este dirigente comunista tuvo lugar en el marco del plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas con ideas políticas contrarias a las que imponía la dictadura.

Durante el atardecer del 5 de noviembre de 1976, en pleno centro de la ciudad de Trelew, Bel fue secuestrado por un grupo de tareas cuando estaba en el interior del local comercial que poseía. La patota que se lo llevó hizo lo propio con su hijo Pablo que entonces sólo tenía ocho meses, que fue entregado -poco después- al sereno de la planta potabilizadora ubicada sobre la Ruta 25 con una nota en la que se daba cuenta de la dirección de Bel.

El militante comunista fue reducido en el interior de su zapatería, de donde lo sacaron con su hijo para meterlos en un vehículo que aguardaba en la calle. Probablemente intervinieron en el hecho seis individuos, quizás con el apoyo de otro auto.

Bel nació en Concepción del Uruguay el 20 de enero de 1938, vivió en Buenos Aires hasta que se trasladó a la Patagonia donde, aunque era maestro, trabajó como obrero textil, entre otras actividades. Pero también ahí se destacó por su militancia política en el Partido Comunista y la actividad social que llevó a cabo. Después de aquel 5 de noviembre de 1976 nunca se lo volvió a ver, pero hay testimonios que indican que fue trasladado a la Base Aeronaval Almirante Zar.

 

Esperanza

Ante la decisión judicial, la viuda de Bel, Hilda Fredes, se mostró esperanzada en que se realice el juicio y se castigue a los responsables del secuestro y desaparición del militante comunista.

Desde hace muchos años que Hilda Fredes no descansa en su exigencia de que esta causa se lleve a juicio. “Hemos trabajado y parece algo que es saludable, no sólo por nosotros los familiares, sino por toda la población que necesitamos saber la verdad de lo qué pasó”, señaló tras lo que reclamó que el TOF de Comodoro Rivadavia ponga fecha al juicio para antes de fin de año.

Vale citar que cuando se lleve a cabo el juicio, se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados el ex concejal del PJ y ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Tito Nichols, Delfín Rodríguez Watson, que era jefe de la Comisaría 1º cuando fue secuestrado Bel, y el marino retirado Hernán Hermelo.

Al respecto, la Fiscalía Federal es clara cuando recalca que, aquel 5 de noviembre de 1976, hubo zona liberada para que se pudiera perpetrar el operativo que finalizó con el secuestro y la desaparición forzada de Bel. A esta acusación adhirió el letrado de la querellante Hilda Fredes, David Patricio Romero.

Es que cuando se llevaron a Bel, Watson era jefe de la Comisaría 1º de Trelew, por eso se lo acusa de ser partícipe necesario del secuestro, agravado por amenazas, porque se extiende por más de un mes y porque este individuo era funcionario público.

Por su lado, Nichols a quien se le imputa autoría mediata, era jefe del Departamento de Informaciones Policiales, eso fue durante la dictadura, ya que después de 1983, se recicló como concejal del PJ.

Mientras que Hermelo, quien está retirado de la Armada, era por entonces segundo comandante del Batallón de Infantería de la Base Almirante Zar. Sobre él pesa la misma imputación que para Nichols.

La Noche del Mimeógrafo28.07.2017

Veinte años para Mazaferri

Es el último de los responsables de este hecho que aún no había sido juzgado. Comandó la banda que operada desde la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay que, en 1976, secuestró a estudiantes secundarios y universitarios de esta localidad entrerriana en lo que para muchos es la antesala de La noche de los Lápices que tuvo lugar el 16 de septiembre en La Plata.

Ayer, el Tribunal Oral Federal de Paraná dictó la sentencia que condenó a veinte años de prisión al ex policía federal, José Darío Mazzaferri, a quien encontró coautor de los delitos de asociación ilícita, torturas en ocho casos, secuestros y allanamiento ilegal de domicilios que fueron perpetrados durante la última dictadura en Concepción del Uruguay.

El TOF emitió el veredicto por mayoría, ya que uno de sus integrantes, Otmar Paulucci, votó en disidencia. A diferencia de lo que consideraron sus pares Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Sebastián Gallino, para este juez Mazzaferri debía ser absuelto del delito de asociación ilícita.

Pese a esto coincidieron -y así se estableció en el fallo- en que los delitos fueron crímenes de lesa humanidad, pero no respondieron favorablemente al pedido de la querella de que sean tenidos como perpetrados en el contexto del genocidio.

Así las cosas, la cantidad de años que establecieron en la sentencia coincide con los que solicitó la Fiscalía y representan cinco menos que los que pidió la querella que, de todos modos y tal como lo señaló uno de sus integrantes, el abogado integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Marcelo Boeykens, quedó satisfecha.

Por su parte, la defensa de Mazaferri pidió su absolución y, para hacerlo, se apoyó en fallo Muiña por el cual la Corte Suprema pretendió que el beneficio del 2x1 valga para represores.

Vale recordar que los delitos por los que fue condenado Mazaferri, corresponden al episodio que se recuerda como La Noche del Mimeógrafo. Este hecho fue perpetrado en julio de 1976, cuando la banda que operada desde la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, comandada por Mazaferri, secuestró a estudiantes secundarios y universitarios de esta localidad entrerriana en lo que para muchos es la antesala de La noche de los Lápices que tuvo lugar el 16 de septiembre en La Plata.

 

Largo y sinuoso camino

Llegar a este juicio no fue tarea sencilla. Así lo recuerda el abogado Boeykens, quien además es coordinador del Registro Unico de la Verdad de la provincia de Entre Ríos cuando señala que el que culminó ayer, es la continuidad de un debate oral que se llevó a cabo en Paraná durante 2012, en el que se investigaron delitos de lesa humanidad perpetrados en Concepción del Uruguay, Gualeguachú y Concordia.

Pero esa vez Mazaferri no estuvo porque se había escapado y estaba prófugo, situación en la que permaneció durante cuatro años hasta que, en diciembre de 2013, fue recapturado.

“En el caso particular de Concepción del Uruguay, se investigó el funcionamiento de de un centro clandestino de detención y tortura que estaba instalado dentro de la delegación local de la Policía Federal, donde uno de los principales responsables era Mazaferri quien meses antes del golpe de Estado, había llegado desde Buenos Aires enviado por Albano Harguindeguy para ocupar un cargo en lo que era la Policía Técnica de la Federal que se dedicaba a la inteligencia, particularmente, sobre las actividades políticas”, puntualiza Boeykens.

Cabe citar que, más tarde, Harguindeguy fue jefe directo de Mazaferri, cuando el militar era ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, por lo que fue juzgado en esta misma causa en la etapa en que el policía no se sentó en el banquillo porque había huido.

“Es una condena importante” reconoció el letrado de la Ladh, tras lo que añadió que “en Entre Ríos tenemos un solo TOF, que tiene sentencias buenas en cuanto a la forma y fondo, así como en lo que se refiere al contexto histórico, recordemos que fue el primer TOF que señaló la cuestión del segundo genocidio nacional”.

Como se recordará, durante octubre de 2016, el TOF de Paraná condenó al ex policía provincial, Atilio Ricardo Céparo, a quien consideró parte de la maquinaria estatal que asoló al país en la dictadura. Lo condenó por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el contexto del “segundo genocidio nacional”.

De todos modos, Boeykens explicó que a la hora de ameritar la cantidad de años que corresponde por determinados delitos “las penas son bastante menores a lo que nosotros pedimos”, pero en este caso el Tribunal fue integrado por otros jueces ya que sus componentes habituales debieron excusarse porque participaron en el primer juicio, aquel que se hizo cuando Mazaferri estaba prófugo.

“En este caso, al estar el TOF de Paraná integrado por otros jueces, se aplicó una pena algo más elevada de lo que nos tiene acostumbrado el TOF con su composición habitual”, celebró el abogado querellante.

La condena a Mazaferri llega a apenas horas de que, en Mendoza, se dictara sentencia a perpetua para los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. Así, las de Mendoza y Entre Ríos constituyen dos sentencias que significan un correlato de la perseverancia de la lucha popular para exigir Memoria, Verdad y Justicia aún cuando desde el propio corazón de los poderes estatales, se pretenda revertir las políticas que, en este sentido, se plasmaron durante los últimos años.

“Venimos viendo francos retrocesos en materia de juicios, el colofón fue el fallo de la Corte en el 2x1, aunque ya había habido una serie de fallos que iban en línea de retroceso en lo que eran los juicios de lesa humanidad”, lamentó el coordinador del Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos.

Pero advirtió que “la sociedad está movilizada, ya dijo nunca más leyes de impunidad ni olvido ni indultos, no al 2x1 y esta es la senda que se ha trazado” y pese a que “hay jueces que quieren acomodarse a lo que dice el gobierno, hay una sociedad movilizada que no va a permitir que haya retrocesos, algo que comprobamos en cada sentencia que se sigue dictando en los diferentes tribunales”.