Derechos Humanos

 

A LOS TIROS EN CHUBUT04.08.2017

Un desaparecido y represión

La comunidad mapuche está siendo hostigada desde el Estado con el peligroso discurso del terrorismo. Ya hay un desaparecido y el macrismo miente y amenaza.

La provincia de Chubut se encuentra muy lejos de los centros políticos de la Argentina, los cuales son cada vez más evidentes en su centralidad. Sin embargo, los episodios de represión a los sectores populares, a los que tristemente los argentinos nos vamos acostumbrando, desde las estepas patagónicas también hacen su ruido, sobre todo si incluyen una desaparición forzada y se intenta acallar sus repercusiones en todo el país.

Hablamos de la serie de represiones que se dio en pocos días de esta semana e inició el lunes contra una manifestación mapuche frente al tribunal de Bariloche para que se libere al lonko Facundo Jones Huala (detenido en Esquel) y siguió al día siguiente, cuando fuerzas policiales y de gendarmería sin orden de allanamiento intentaron allanar la comunidad Pu Lof, en Cushamen.

En la primera de las andanadas contra los reclamos originarios, se llevó a prisión a una decena de personas, se gaceó y se baleó y se rompió los dientes de una manifestante. En la segunda, la violencia llevó el paroxismo a un centenar de gendarmes, que balearon con goma y plomo a quienes se aprestaban a homenajear a la Pacha en su día, corriéndolos hasta obligarlos a vadear un río gélido y llevándose a un joven, Santiago Maldonado, al que apalearon a la vista de varios testigos y que permanece desaparecido.

A todo esto, desde el ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, justificaron la intervención y amenazaron con ir más duro. Impunidad mediante, Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese ministerio y conocido por ser abogado defensor de represores de la dictadura, acusó a los violentados de tener contactos con el terrorismo de Medio Oriente, aseveró que “van a ir presos” y dijo casi sin disimulo que su rol es defender los intereses de los terratenientes extranjeros Joe Lewis y la familia Benetton.

Sin duda consiente de la existencia en Argentina de una Ley Antiterrorista hecha en el molde de los reclamos imperiales, dijo que la Resistencia Ancestral Mapuche es “un grupo que quiere imponer sus ideas por la fuerza, que pretende provocar caos”. Repuso: “lo que ellos pretenden es un estado independiente que no reconoce al Estado argentino y no reconoce al Estado chileno”.

 

La patria desaparecida

En tanto se asienta en Argentina este discurso modelo para los intereses imperialistas, Santiago Maldonado sigue desaparecido. Fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida. Tiene 28 años y es de Buenos Aires pero, como muchos, se enamoró de la Patagonia y se radicó en ella para hacer, como pocos, patria reivindicando los derechos del pueblo originario.

Al respecto Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, tras recordar que “venimos trabajando desde la comisión el tema de los reclamos ancestrales de la comunidad mapuche” y que “hemos ido varias veces a la comunidad en Cushamen”, apuntó tajantemente: “esto es una escalada de violencia represiva del Estado que lleva ya dos años”.

Enfatizó que en la represión durante la cual desapareció Maldonado “la Gendarmería entró sin orden judicial al predio” y expresó: “nos preocupa el grado de perversión que están teniendo desde el gobierno nacional los funcionarios responsables”. Y condenó las declaraciones de Noceti, a las que tildó de “gravísimas”.

También recordó que Noceti habló “asociando a los terroristas curdos con organismos de derechos humanos” y “nombró a Pérez Esquivel”. En ese sentido, consideró que “están tratando de pintar un panorama general de violencia y terrorismo”. Y observó: “hay vigente en nuestro país una Ley contra el terrorismo que tiene penas muy fuertes y están involucrando a los organismos de derechos humanos”.

Enfatizó que la desaparición forzada “es un delito de lesa humanidad” y que en ese marco “están tratando de pintar un panorama que no es”. “La verdad es que la comunidad (mapuche) no puede de ninguna manera enfrentarse a más de 90 gendarmes armados que disponían balas de plomo y armamento sofisticado”.

Por otro lado denunció que, mientras se daba la conferencia de prensa de organismos de derechos humanos para exigir al presidente Macri que se pronuncie al respecto y aparición con vida de Santiago Maldonado, “un grupo de violentos entró en la casa de la provincia de Chubut y rompió todo”. “Ahora están diciendo que ese es el grupo de terroristas de la comunidad mapuche”, dijo y objetó: “son mentiras”.

“Tanto la provincia de Chubut como el gobierno nacional son responsables”, fustigó y denunció: “están bancando a Benetton, que tiene más de un millón y medio de hectáreas en esa zona y se quiere apropiar de territorios ancestrales”. Y remarcó: “el gobierno pone a disposición de Benetton todo el aparato y la fuerza del Estado en lugar de defender los intereses de los más desprotegidos”.

MISTERIOSA MERLO04.08.2017

Crímenes con sello fascista

Con días de diferencia, dos jóvenes aparecieron asesinados con una picana en la mochila de uno de ellos y una escuela con estudiantes desaparecidos fue vandalizada con cruces esvásticas.

El oeste del conurbano bonaerense, zona muy populosa habitada mayormente por trabajadores, ha visto crecer en los últimos años la violencia urbana a tono con el crecimiento de la desigualdad social y el ajuste general sobre los sectores populares. Es en ese marco que, con poca diferencia horaria, las placas recordatorias de estudiantes desaparecidos durante la última dictadura en una escuela de Merlo aparecieron vandalizadas con pintadas nazis y dos jóvenes, ambos de 19 años y en esa misma localidad, acribillados: en la mochila de uno de ellos había una picana.

Desde la CTA bonaerense emitieron su pronto repudio al acto vandálico en el colegio Parroquial de Merlo y recordaron que el atentado se hizo “con los mismos métodos utilizados en hechos similares”, por lo que se da la pauta de que se trata de un conducta sistemática. En este caso, con aerosol fueron tapados los nombres de Roberto Castelli, Carlos Antonio López Pumarega y Rodolfo Leonetti, estudiantes desaparecidos de la institución.

Por su parte, Gustavo Muñoz, secretario adjunto de la CTA regional Merlo-Moreno, recordó que “hace muy poco tiempo en Moreno le habían sacado la cabeza al busto del Che” y observó que “que hay en la región un grupo que pese a ser minoritario molesta y tiene que ver con pensamientos nazis”. Denunció que “están jugando directamente con los sectores de derecha” y, explicitó tajantemente: “en la zona de Moreno con los Asseff y en la zona de Merlo con Othacehé”.

Analizó que “al verse avasallados en un montón de cuestiones que tienen que ver con la construcción popular, con que se les haya quitado espacio o con que hayan avanzado los sectores populares en el distrito, actúan de esta manera”. “Son actuaciones que generaron repudio enorme y mucha bronca” repuso y añadió: “son manotazos de ahogado de gente que se ve acorralada por el crecimiento de los sectores populares”.

 

Dos chicos menos en la vida

A comienzos de esta semana, Agustín Curbelo y Alejandro Nazareno Vargas, ambos de 19 años, aparecieron acribillados, a pocas decenas de metros uno de otro cerca del cruce Navarro y Garay, en Merlo. Los rodeaban vainas de balas 9 mm (las mismas que utiliza la policía en sus pistolas reglamentarias). Uno de ellos estaba vivo cuando lo vieron los vecinos pidiendo ayuda porque sabía estar muriendo, pero falleció antes que llegara la ambulancia.

Como sus pertenencias se habían hallado intactas, la hipótesis del robo fue descartada de inmediato y se investiga la venganza. En la motocicleta en que se trasladaban, hallaron una mochila. Dentro de ella tres caretas de “Anonimus” y una picana marca Cheetah Stun. Investiga estas terribles pistas la Unidad Funcional de Instrucción 7 del Departamento Judicial de Morón.

Pero Gustavo Muñoz, quien es también responsable del MTL en la zona oeste, apuntó que “estos hechos son los que aparecen en televisión, pero no son aislados” y “lamentablemente en el conurbano bonaerense y sobre todo en la zona oeste, están muriendo pibes”. Repuso: “algunos porque trabajan en complicidad con la policía y deben un vuelto”.

“Estamos al tanto porque tenemos militancia muy cerca de donde sucedieron los hechos, pero creemos que tienen que ver puntualmente con un trabajo en conjunto que han tenido los chicos con la policía”, puntualizó y fue certero: “la policía está actuando de vuelta en el Gran Buenos Aires como en la época de los noventa”. Añadió: “está laburando con el gatillo fácil y utiliza como clientes a un sector de pibes que está delinquiendo”.

“Les piden favores y cuando no les sirven más o tienen información que los puede comprometer, termina sucediendo lo que sucedió”, dijo y denunció que en ese sentido “la policía tiene las manos libres”.

Por otro lado, informó: “el robo en la zona oeste creció un 30 por ciento” y “la droga creció entre un 50 y un 60 por ciento”. Sostuvo que estas “son todas cosas que van haciendo agravar la situación y que los pibes dependan de la droga y actúen para esos sectores”.

Con respecto a la presencia de la picana entre las pertenencias de los chicos asesinados, Muñoz manifestó: “les enseñan a emplear métodos que ellos mismo han tenido”. Y remarcó que “hay un sector de la delincuencia muy vinculado con la policía”. “Indudablemente acá hay un vuelto”, arriesgó y adujo que los jóvenes “podrían haber llegado a hablar de una cosa mucho mayor”. En ese camino, expresó: “podrían haber comprometido a gente que está mucho más arriba que ellos, en claro vínculo con la policía del distrito”.

 

 

Derechos humanos en la argentina de Macri04.08.2017

La consolidación del Estado policial

La cautelar antepuesta por la Corte Interamericana respecto a la situación de Milagro Sala volvió a poner en el centro de la escena las violaciones a los derechos humanos en el país. El estado policial se complementa con la consolidación del perfil liberal burgués que el macrismo se encuentra diseñando en el país.

La política de concentración de la riqueza, flexibilización laboral, endeudamiento y fuga de capitales no se sostiene sin la represión al movimiento popular y su descabezamiento. Es aquí donde el perfil liberal burgués que adopta el Estado nacional en su fase macrista se complementa, en una relación de necesidad y consecuencia, con la construcción de un Estado policial para garantizar la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital y la fuga del capital hacía el centro de la economía mundial capitalista.

Desde la llegada de Macri a la Rosada, los casos de violencia institucional crecieron exponencialmente en todo el país: detenciones arbitrarias en la vía pública, abusos en comisarías y cárceles y casos de gatillo fácil se complementan con la represión a la protesta social y la persecución judicial y paraestatal contra dirigentes sociales, políticos y sindicales.

Este escenario contribuye a la conformación de un estado policial en el que la Jujuy de Morales y la detención arbitraria de Milagro Sala, se convierten en la punta de lanza de un paradigma que se quiere replicar en todo el territorio nacional. En ese sentido, los medios de comunicación del establishment y un sector importante del poder judicial tributan día a día en la consolidación de un discurso de fuerte carácter represivo, punitivista y estigmatizador de la juventud, la pobreza y la militancia popular.

Así las cosas en poca más de un año y medio de gestión macrista, el balance en el ámbito de los derechos humanos es tenebroso. No se trata de casualidades: el rediseño de la estructura económica y social que está llevando a cabo el tándem del poder real en Argentina no puede ser posible si a la resistencia de los sectores perjudicados se la combate con represión.

En ese sentido, el fuerte incremento de los casos de violencia institucional es una muestra del Estado policial que el gobierno busca diseñar. El caso de Milagro Sala quizás sea el ejemplo más paradigmático al respecto. Mientras no queda organismo internacional por reclamar su inmediata liberación –la reciente cautelar interpuesta por la Cidh es un claro ejemplo- Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, con la complicidad del gobierno nacional, mantienen presa a la dirigente jujeña violando todo tipo de garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional y las instituciones de la República que tanto dicen representar y defender.

"Es un crimen que el gobernador Morales siga teniendo en prisión a Milagro Sala" exclamó Leonardo Rosales, Secretario del Partido Comunista de Jujuy, tras la cautelar en que la Cidh insta al Estado argentino a arbitrar los medios necesarios para que la dirigente de la Tupac transite los procesos judiciales que tiene en contra en libertad o prisión domiciliaria.

El fallo de la Cidh no juzga si las causas judiciales que derivaron en la detención de Sala son justificadas o no, ya que no es materia que le competa como organismo. El peso específico de la misma radica en el trabajo que realizó la comisión que visitó el Penal de Alto Comedero y que pudo constatar las condiciones en las que la dirigente popular se encuentra detenida.

La Corte argumentó que el "derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable" en las condiciones que Sala se encuentra detenida. Esta conclusión debe ser puesta en contexto, ya que, el grupo de trabajo de la Cidh concurrió al Penal previo aviso, lo que dio tiempo al gobierno de Morales para "mejorar" sustancialmente las condiciones de detención y así evitar, lo que era seguro, un fallo contundente contra el Estado argentino.

Un elemento a destacar es que, si bien la Corte no se pronunció explícitamente sobre el carácter político de la detención de la dirigente ni sobre las violaciones al debido proceso que sufrió en el marco de las causas que el poder judicial jujeño le armó, si recordó al Estado nacional que "se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata".

En otras palabras, la Corte hizo suyas las conclusiones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que calificó como presa política a la referente jujeña e instó al Estado nacional a "liberar de inmediato a la señora Milagro Sala". El dictamen de la ONU fue dado a conocer en octubre de 2016. Ahora se suma la cautelar concedida por la Corte Interamericana.

 

Punta del iceberg

La situación de Sala es la punta de un iceberg que en su base se sostiene con represión a la protesta social, persecución política a militantes populares y violencia policial en los barrios. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que va del 2017, se duplicaron las detenciones por “resistencia a la autoridad”, excusa predilecta por parte de los efectivos a la hora de justificar detenciones arbitrarias. Para el caso vale recordar también las conclusiones presentadas en el primer informe realizado por el Registro de Casos de Violencia Estatal (Recave) en 2016, donde “los resultados del relevamiento sugieren la existencia de acciones sistemáticas orientadas a la construcción de un ‘estado policial’, en línea con una singular tendencia de alcance global que procura subordinar los derechos tutelados por garantías constitucionales al imperio de un orden fundado en ‘razones de Estado”.

En ese marco, según la Correpi el año pasado se produjeron casi trecientos casos de gatillo fácil y muertes en estado de detención en cárceles y comisarías. A ello hay que sumarle que, de un total de cuatrocientos ochenta femicidios registrados en diez meses, casi trescientos fueron cometidos por integrantes de las distintas fuerzas de seguridad del país.

Es menester enfatizar que este estado de situación se apoya en la declaración de la “emergencia en seguridad” declarada por el ejecutivo a través de un decreto que da riendas sueltas a las fuerzas represivas para actuar en los barrios, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El mismo sirvió también como punta de lanza para incentivar el “debate” en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y defensa de la propiedad privada.

Este decreto fue acompañado por la presentación de un “protocolo antipiquete” donde se establecen las pautas para reprimir la protesta social en un marco de crisis económica y social. Los trabajadores de Pepsico, Cresta Roja o el Ingenio Ledesma pueden dar cuenta de ello en este último año y medio.

 

Una imagen tergiversada

En este contexto, el gobierno nacional se encuentra realizando una experiencia novedosa que radica en la construcción de un discurso legitimador de la represión y la impunidad que se sostiene en una doble operación. Por un lado, mantiene un doble estándar discursivo sobre hechos de la misma naturales y, por el otro -y aquí radica la novedad- lo hace en base a hechos parciales o enteramente falsos.

Quizá el ejemplo más claro sea el espejo constante con el que busca atemorizar a la población bajo el argumento contra fáctico de que hubiera pasado si ganaba el FPV las elecciones del 2015: el caso venezolano, el cual, es presentado por la mass media y los funcionarios del gobierno como una “dictadura” que sumergió al país en un “caos” económico y cuya salida se encuentra en la “opción democrática” que representaría la MUD.

De más está explicar para el lector de este diario los verdaderos objetivos de esa analogía y cuáles son las falacias que trae implícitas. Pero al macrismo la realidad se le da vuelta y le estalla en las manos ¿Por qué? Por qué mientras que para el macrismo Leopoldo López es un “preso político” de la "dictadura chavista", la Cidh exhortó al gobierno nacional a que libere de inmediato a la dirigente de la Tupac, Milagro Sala.

La respuesta al pedido fue la descalificación directa de Morales, quien calificó a la Corte como “un organismo de burócratas que no sabe nada de Jujuy” mientras que el presidente Macri justificó que “Sala merece estar presa” como un Juez que emite sentencia. La república y las instituciones, bien gracias.

Así las cosas, si por un lado justifican la prisión -en condiciones inhumanas- de la dirigente jujeña, aún negándole el derecho de "presunción de inocencia" que le cabe, por el otro, en el caso de Leopoldo López, insisten en su carácter de "preso de una dictadura" aun cuando fue condenado por la justicia venezolana que lo halló responsable de un intento de sedición –denominado “La Salida”- que le costó la vida a 43 persona en febrero de 2014, con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro.

El doble estándar salta a la vista: mientras sigue desconociendo a la Cidh, Macri -alineado con la derecha regional y el plan de operaciones de Washington- anunció que le quitaba al presidente Maduro, electo en elecciones limpias y masivas en 2013, la orden Libertador General San Martín “por la violación sistemática a los derechos humanos en su país”. Si se refiere a los casos de personas quemadas vivas en las calles de Caracas por su condición política y social o a los dirigentes asesinados por la oposición, el presidente estuvo mal asesorado. Lejos de tratarse de un error, la “amistad” que Macri cultiva con los Ramos Allup, Henrique Capriles, Álvaro Uribe, Sebastián Piñera o Horacio Cartés responde a intereses económicos y políticos bien concretos en la región y la situación de Milagro Sala se inscribe en ese escenario.

 

Laboratorio

En Jujuy –una de las provincias predilectas por parte del gobierno ya que es una de las que más fondos reciben por parte del Tesoro Nacional- la persecución política y la represión son moneda corriente. “Morales y el macrismo están confeccionando un laboratorio de Estado policial que se quiere replicar en el resto del país, en el marco de un plan de ajuste neoliberal”, puntualizó el titular del PC provincial.

Que Jujuy sea la prueba piloto de un Estado policial en el país no es casualidad: “hay que tener en cuenta la magnitud de la Tupac Amaru, la historia de lucha del pueblo jujeño y la relevancia de Milagro Sala como dirigente popular”, explicó Rosales. El dirigente remarcó que “a partir del encarcelamiento de Milagro, Morales montó un aparato represivo en toda la provincia justificado por los medios de comunicación”. Este aparato se centra, especialmente, en la intervención y persecución de los movimientos sociales y las organizaciones políticas.

“Es una respuesta de las clases dominantes al fuerte crecimiento de las organizaciones populares en Jujuy, por lo que, para no perder su posición de privilegio, era necesario desarticular y fragmentar el campo popular”, destacó y añadió que “por más esfuerzos que hagan acá hay un pueblo que lucha, resiste y se organiza para vencer al ajuste y la represión”.

Respecto al fallo de la Cidh, aseveró que “lo recibimos con expectativa porque es una situación que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo” dijo y no dudó en afirmar que “Morales se maneja como un señor feudal y la justicia responde totalmente a su criterio”.

Por ello evocó que “la cautelar de la Corte es un triunfo del pueblo y es producto de la movilización popular y del excelente trabajo realizado por el equipo jurídico que acompaña a Milagro” y agregó que “los comunistas seguimos exigiendo su inmediata liberación al tiempo que denunciamos el objetivo represivo y disciplinador que tiene su encarcelamiento en un contexto de ajuste económico y pérdida de derechos”.

Teniendo en cuenta estos elementos, el dirigente aclaró que “entendemos que por una cuestión humanitaria se le debe otorgar de inmediato y como mínimo, la prisión domiciliaria a la compañera”.

Sin embargo, “sabemos que Gerardo Morales todavía persiste en su posición de mantener detenida a como dé lugar a Milagro, a pesar de la presión internacional y local”, fustigó. En ese sentido, aclaró que “esa intención quedó en claro esta semana cuando en un acto de campaña al estilo Cambiemos -junto al presidente- dijo que los de la CIDH son unos burócratas que viven en Washington y no conocen nada de Jujuy".

Por último, valoró que “Morales está acorralado y no le queda más remedio que hacer caso a la cautelar interpuesta por la Corte”, la cual, tiene que ser aplicada hasta la semana que viene, de lo contrario, la Argentina será nuevamente noticia en el mundo por las violaciones a los derechos humanos.

Domiciliarias en La Pampa 02.08.2017

Otro elogio a la impunidad

Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera y Roberto Oscar Fiorucci fueron condenados por perpetrar crímenes de lesa humanidad, pero están en sus casas. “Nadie puede estar tranquilo con estos tipos sueltos”, dijo al respecto el representante del PC provincial, Darío Giavedoni.

“Esto es parte de las mismas políticas que viene implementando el Gobierno nacional que quiere meter presos a pibes inocentes, mata de hambre a nuestros abuelos trabajadores de toda la vida y quiere liberar a los torturadores”, dijo el integrante de la dirección del Partido Comunista de La Pampa, Darío Giavedoni, al referirse a la prisión domiciliaria con la que, días atrás, se benefició a los represores Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera y Roberto Oscar Fiorucci.

Vale recordar que el PC es querellante en los procesos contra perpetradores de delitos de lesa humanidad que se celebran en La Pampa, al tiempo que integra el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos que los impulsa.

Greppi, Aguilera y Fiorucci fueron reconocidos por una treintena de testigos como miembros de los grupos de tareas que secuestraron y torturaron a personas que fueron detenidas y desaparecidos.

Pero, pese a esto, la Cámara Federal de Casación Penal dictó el fin de la prisión preventiva para los tres, que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa, en el que fue el primer juicio por delitos de ese tipo llevado a cabo en esta provincia.

En este juicio, Greppi y Aguilera fueron condenados a penas de hasta veinte años, mientras que Fiorucci, recibió una condena a doce años, pero continuarán gozando de prisión domiciliaria porque todavía tienen una causa abierta en la que siguen sometidos a juicio, el denominado Subzona 1.4, en el que aún no hay sentencia firme y están excedidos los plazos de la prisión preventiva.

La causa Subzona 1.4 es la primera que se impulsó en La Pampa, en ella se juzgan casos de secuestro y tortura. Por las audiencias pasaron entre 150 personas a las que se detuvo ilegalmente en varios centros clandestinos durante la última dictadura, entre ellos, el que fuera el más grande de Santa Rosa, que funcionaba en la Comisaría 1º de la capital pampeana.

 

Tipos peligrosos

“Nadie puede estar tranquilo con estos tipos sueltos”, dijo Giavedoni, tras lo que recordó que Fiorucci “fue el comisario que detuvo, torturó y persiguió a camaradas”, pero también quien después de jubilarse “como tantos otros policías, puso una empresa de seguridad”.

Por lo que sin dudarlo, hizo hincapié en que “Fiorucci es un tipo peligroso”, por eso insistió en que, “además del reclamo que hacemos para que se haga justicia y se revea la decisión que les dio domiciliaria a estos represores, advertimos que es peligrosos que estos tipos estén en sus casas”.

La causa Subzona 1.4 que incluye los delitos de lesa humanidad perpetrados en La Pampa, dependía de Bahía Blanca. “Ahora estamos luchando para que se inicie la parte dos de los juicios por delitos de la Subzona 1.4”, puntualizó el dirigente del PC pampeano tras lo que alertó que “la demora de los juicios, está logrando que estos tipos se mueran o estén muy ancianos y los manden a sus casas”.

 

 

Cuatro décadas más tarde28.07.2017

Juicio por la desaparición de Ángel Bel

Se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados el ex concejal del PJ y ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Tito Nichols, Delfín Rodríguez Watson, que era jefe de la Comisaría 1º cuando fue secuestrado Bel, y el marino retirado Hernán Hermelo.

El juez Hugo Sastre, hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Gélvez, y envió el expediente al Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia para que ponga fecha a las audiencias. De esta manera, el Juzgado Federal de Rawson dio por cerrada la investigación y elevó a juicio oral y público la causa por el secuestro y la desaparición de Elvio Ángel Bel, perpetrado el 5 de noviembre de 1976.

El texto del pedido de elevación a juicio aclara que se está ante un delito de lesa humanidad, por lo que resulta imprescriptible. Ahí se da cuenta de que el secuestro de este dirigente comunista tuvo lugar en el marco del plan sistemático de persecución, tortura y aniquilamiento de personas con ideas políticas contrarias a las que imponía la dictadura.

Durante el atardecer del 5 de noviembre de 1976, en pleno centro de la ciudad de Trelew, Bel fue secuestrado por un grupo de tareas cuando estaba en el interior del local comercial que poseía. La patota que se lo llevó hizo lo propio con su hijo Pablo que entonces sólo tenía ocho meses, que fue entregado -poco después- al sereno de la planta potabilizadora ubicada sobre la Ruta 25 con una nota en la que se daba cuenta de la dirección de Bel.

El militante comunista fue reducido en el interior de su zapatería, de donde lo sacaron con su hijo para meterlos en un vehículo que aguardaba en la calle. Probablemente intervinieron en el hecho seis individuos, quizás con el apoyo de otro auto.

Bel nació en Concepción del Uruguay el 20 de enero de 1938, vivió en Buenos Aires hasta que se trasladó a la Patagonia donde, aunque era maestro, trabajó como obrero textil, entre otras actividades. Pero también ahí se destacó por su militancia política en el Partido Comunista y la actividad social que llevó a cabo. Después de aquel 5 de noviembre de 1976 nunca se lo volvió a ver, pero hay testimonios que indican que fue trasladado a la Base Aeronaval Almirante Zar.

 

Esperanza

Ante la decisión judicial, la viuda de Bel, Hilda Fredes, se mostró esperanzada en que se realice el juicio y se castigue a los responsables del secuestro y desaparición del militante comunista.

Desde hace muchos años que Hilda Fredes no descansa en su exigencia de que esta causa se lleve a juicio. “Hemos trabajado y parece algo que es saludable, no sólo por nosotros los familiares, sino por toda la población que necesitamos saber la verdad de lo qué pasó”, señaló tras lo que reclamó que el TOF de Comodoro Rivadavia ponga fecha al juicio para antes de fin de año.

Vale citar que cuando se lleve a cabo el juicio, se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados el ex concejal del PJ y ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Tito Nichols, Delfín Rodríguez Watson, que era jefe de la Comisaría 1º cuando fue secuestrado Bel, y el marino retirado Hernán Hermelo.

Al respecto, la Fiscalía Federal es clara cuando recalca que, aquel 5 de noviembre de 1976, hubo zona liberada para que se pudiera perpetrar el operativo que finalizó con el secuestro y la desaparición forzada de Bel. A esta acusación adhirió el letrado de la querellante Hilda Fredes, David Patricio Romero.

Es que cuando se llevaron a Bel, Watson era jefe de la Comisaría 1º de Trelew, por eso se lo acusa de ser partícipe necesario del secuestro, agravado por amenazas, porque se extiende por más de un mes y porque este individuo era funcionario público.

Por su lado, Nichols a quien se le imputa autoría mediata, era jefe del Departamento de Informaciones Policiales, eso fue durante la dictadura, ya que después de 1983, se recicló como concejal del PJ.

Mientras que Hermelo, quien está retirado de la Armada, era por entonces segundo comandante del Batallón de Infantería de la Base Almirante Zar. Sobre él pesa la misma imputación que para Nichols.

La Noche del Mimeógrafo28.07.2017

Veinte años para Mazaferri

Es el último de los responsables de este hecho que aún no había sido juzgado. Comandó la banda que operada desde la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay que, en 1976, secuestró a estudiantes secundarios y universitarios de esta localidad entrerriana en lo que para muchos es la antesala de La noche de los Lápices que tuvo lugar el 16 de septiembre en La Plata.

Ayer, el Tribunal Oral Federal de Paraná dictó la sentencia que condenó a veinte años de prisión al ex policía federal, José Darío Mazzaferri, a quien encontró coautor de los delitos de asociación ilícita, torturas en ocho casos, secuestros y allanamiento ilegal de domicilios que fueron perpetrados durante la última dictadura en Concepción del Uruguay.

El TOF emitió el veredicto por mayoría, ya que uno de sus integrantes, Otmar Paulucci, votó en disidencia. A diferencia de lo que consideraron sus pares Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Sebastián Gallino, para este juez Mazzaferri debía ser absuelto del delito de asociación ilícita.

Pese a esto coincidieron -y así se estableció en el fallo- en que los delitos fueron crímenes de lesa humanidad, pero no respondieron favorablemente al pedido de la querella de que sean tenidos como perpetrados en el contexto del genocidio.

Así las cosas, la cantidad de años que establecieron en la sentencia coincide con los que solicitó la Fiscalía y representan cinco menos que los que pidió la querella que, de todos modos y tal como lo señaló uno de sus integrantes, el abogado integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), Marcelo Boeykens, quedó satisfecha.

Por su parte, la defensa de Mazaferri pidió su absolución y, para hacerlo, se apoyó en fallo Muiña por el cual la Corte Suprema pretendió que el beneficio del 2x1 valga para represores.

Vale recordar que los delitos por los que fue condenado Mazaferri, corresponden al episodio que se recuerda como La Noche del Mimeógrafo. Este hecho fue perpetrado en julio de 1976, cuando la banda que operada desde la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, comandada por Mazaferri, secuestró a estudiantes secundarios y universitarios de esta localidad entrerriana en lo que para muchos es la antesala de La noche de los Lápices que tuvo lugar el 16 de septiembre en La Plata.

 

Largo y sinuoso camino

Llegar a este juicio no fue tarea sencilla. Así lo recuerda el abogado Boeykens, quien además es coordinador del Registro Unico de la Verdad de la provincia de Entre Ríos cuando señala que el que culminó ayer, es la continuidad de un debate oral que se llevó a cabo en Paraná durante 2012, en el que se investigaron delitos de lesa humanidad perpetrados en Concepción del Uruguay, Gualeguachú y Concordia.

Pero esa vez Mazaferri no estuvo porque se había escapado y estaba prófugo, situación en la que permaneció durante cuatro años hasta que, en diciembre de 2013, fue recapturado.

“En el caso particular de Concepción del Uruguay, se investigó el funcionamiento de de un centro clandestino de detención y tortura que estaba instalado dentro de la delegación local de la Policía Federal, donde uno de los principales responsables era Mazaferri quien meses antes del golpe de Estado, había llegado desde Buenos Aires enviado por Albano Harguindeguy para ocupar un cargo en lo que era la Policía Técnica de la Federal que se dedicaba a la inteligencia, particularmente, sobre las actividades políticas”, puntualiza Boeykens.

Cabe citar que, más tarde, Harguindeguy fue jefe directo de Mazaferri, cuando el militar era ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, por lo que fue juzgado en esta misma causa en la etapa en que el policía no se sentó en el banquillo porque había huido.

“Es una condena importante” reconoció el letrado de la Ladh, tras lo que añadió que “en Entre Ríos tenemos un solo TOF, que tiene sentencias buenas en cuanto a la forma y fondo, así como en lo que se refiere al contexto histórico, recordemos que fue el primer TOF que señaló la cuestión del segundo genocidio nacional”.

Como se recordará, durante octubre de 2016, el TOF de Paraná condenó al ex policía provincial, Atilio Ricardo Céparo, a quien consideró parte de la maquinaria estatal que asoló al país en la dictadura. Lo condenó por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el contexto del “segundo genocidio nacional”.

De todos modos, Boeykens explicó que a la hora de ameritar la cantidad de años que corresponde por determinados delitos “las penas son bastante menores a lo que nosotros pedimos”, pero en este caso el Tribunal fue integrado por otros jueces ya que sus componentes habituales debieron excusarse porque participaron en el primer juicio, aquel que se hizo cuando Mazaferri estaba prófugo.

“En este caso, al estar el TOF de Paraná integrado por otros jueces, se aplicó una pena algo más elevada de lo que nos tiene acostumbrado el TOF con su composición habitual”, celebró el abogado querellante.

La condena a Mazaferri llega a apenas horas de que, en Mendoza, se dictara sentencia a perpetua para los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. Así, las de Mendoza y Entre Ríos constituyen dos sentencias que significan un correlato de la perseverancia de la lucha popular para exigir Memoria, Verdad y Justicia aún cuando desde el propio corazón de los poderes estatales, se pretenda revertir las políticas que, en este sentido, se plasmaron durante los últimos años.

“Venimos viendo francos retrocesos en materia de juicios, el colofón fue el fallo de la Corte en el 2x1, aunque ya había habido una serie de fallos que iban en línea de retroceso en lo que eran los juicios de lesa humanidad”, lamentó el coordinador del Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos.

Pero advirtió que “la sociedad está movilizada, ya dijo nunca más leyes de impunidad ni olvido ni indultos, no al 2x1 y esta es la senda que se ha trazado” y pese a que “hay jueces que quieren acomodarse a lo que dice el gobierno, hay una sociedad movilizada que no va a permitir que haya retrocesos, algo que comprobamos en cada sentencia que se sigue dictando en los diferentes tribunales”.