Economía

Tarifas y ajuste después de octubre22.08.2017

Servicios públicos para pocos

El macrismo busca consolidar un esquema social regresivo fundamentado en la profundización de las desigualdades sociales. Una de las herramientas que emplea para ello es el despliegue de un modelo tarifario que carga sobre la espalda de los trabajadores las cuantiosas ganancias de empresas que ostentan la explotación de servicios públicos fundamentales que debería proveer el Estado, como el agua, luz, gas, combustible y transporte de pasajeros y mercancías

El escenario triunfalista montado por el gobierno nacional el domingo 13 de agosto por la noche tras las Paso, cuando aún no se terminaban de escrutar los comicios en la mayoría del país, perseguía un objetivo claro que en el transcurso de los días posteriores quedó evidenciado: la construcción de un supuesto apoyo masivo en las urnas a las políticas económicas y sociales que el macrismo viene adoptando, de manera drástica y sin gradualismos desde diciembre de 2015 a esta parte, y así legitimar la segunda etapa del ajuste.

Los verdaderos motivos quedaron al desnudo esta semana cuando se conoció cual es el nuevo esquema tarifario que espera poner en vigencia el gobierno nacional en los meses de octubre y noviembre, después de las elecciones generales. Los aumentos más sensibles, ya pautados por el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren, tiene ganadores y perdedores nítidos y no son más que los que, a grandes rasgos, se vienen beneficiando desde que la Ceocracia administra el Estado nacional, el cual, se encuentra consolidando su perfil liberal burgués.

La vía elegida por el gabinete económico, que presentará el ajuste como una “necesidad” para reducir el déficit fiscal que esta misma gestión incrementó notablemente, será la de la eliminación de subsidios, especialmente en el rubro de transporte público, donde se esperan los mayores incrementos. Recientemente consultado por la prensa, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, justificó los aumentos, reafirmó que hasta 2019 los habrá en todos los trimestres y se excusó bajo el pretexto de que “es costoso, es duro, pero es de la única manera que podemos crecer, sin que los servicios se corten, y de que quienes vienen a invertir puedan producir y generar empleo”. ¿Tiene razón el ministro? ¿No existe otro esquema que no sea el de cargar sobre las espaldas de los trabajadores las variaciones en el precio del costo de los servicios públicos?

Alternativas existen y todas ellas exigen romper con dos pilares fundamentales sobre los que se sostiene el proyecto económico de la derecha en el país: la ruptura de la relación simbiótica entre corporaciones y Estado tendiente a profundizar el proceso de concentración de la riqueza y la implementación de un nuevo modelo económico basado en la soberanía energética, la inversión pública en infraestructura y la expansión de un sistema de transporte estatal no sólo de pasajeros, sino también de mercancías. Es un esquema que incluye la nacionalización total de YPF, el desarrollo de un nuevo modelo minero no extractivista y de expropiación a las multinacionales que saquean la riqueza de nuestro suelo.

La enumeración realizada sirve tanto para establecer una breve hoja de ruta sobre el camino que debería seguir la Argentina para comenzar a romper la dependencia estructural de su economía como para entender por qué es una vía que nuestro país tiene obturada mientras este sometido a la hegemonía de un bloque de poder integrado, entre tantas otras, por empresas vinculadas al sector energético y del transporte.

Como se sabe el aumento de tarifas en los servicios y el transporte público impacta rápidamente en todos los precios de la economía, lo que se traduce en un aumento sostenido de la inflación en toda la estructura económica del país. A su vez, el encarecimiento del costo de vida redunda en una caída del consumo, la cual, golpea drásticamente al mercado interno por lo que aumenta el desempleo y a causa de ello la pobreza y la indigencia. Se trata de un combo letal para los sectores populares que absorben los costos de la transferencia de recursos que se hace hacía las principales empresas vinculadas a los servicios públicos y la logística.

De esta manera el factor tarifario se presenta como una herramienta clave para ordenar el escenario social y productivo, ya sea por medio de la regulación y subvención estatal para favorecer que los que menos ingresos tienen o por medio de esquemas regresivos de tarifas que tienden a aumentar las ganancias de las empresas del sector y limita el consumo en hogares de bajos recursos y en pequeñas y medianas empresas que, ante cuentas impagables, comienzan echando trabajadores y luego cerrando. Las consecuencias inevitable de este modelo es el de la contracción del mercado interno y una profundización de la brecha social entre los que pueden utilizar los servicios públicos y los que no, hechos todos confirmados por las decenas de informes y estudios que se vienen analizando en los artículos y notas de Nuestra Propuesta.

 

Estado y corporaciones

Cabe preguntarse: ¿quiénes se benefician con los nuevos esquemas tarifarios puestos en práctica por el gobierno nacional? Una simple mirada sobre quiénes son los ganadores del nuevo modelo alcanza para contestar a esa pregunta y para afirmar que, en el marco de la consolidación del Estado liberal burgués, la Argentina está siendo testigo de un proceso en el que se afianza, como pocos veces antes en la historia, el estrecho vínculo entre Estado y corporaciones económicas.

Si el Estado siempre fue un espacio codiciado por los grandes grupos económicos, la llegada de la ceocracia a su administración en diciembre de 2015 le permite a las corporaciones ejecutar el plan maestro de las clases dominantes en el país y que no es más que el de agrandar las diferencias sociales para concentrar la riqueza bajo un fuerte proceso de transferencias de recursos desde el trabajo hacia el capital.

Vale recordar que tras los tarifazos en luz y gas que castigan a millones de personas en todo el país, fueron varios los socios y amigos del presidente que se lanzaron al negocio de la producción energética, las energías renovables y los servicios públicos. El caso de Joe Lewis es el más conocido: poseedor de una estancia en la que vacaciona el presidente, dueño del helicóptero que lo trasladó durante la visita de Obama al país y usurpador del Lago Escondido en Río Negro, es además accionista de Pampa Energía -que entre otras es dueña de Edenor-, la cual, fue beneficiada con la condonación de la deuda que tenía con Cammesa -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico y cuyo 20 por ciento pertenece al Ministerio de Energía que encabeza Juanjo Aranguren- por unos 1.229 millones de pesos.

Pero la lista no culmina allí. Otro de los dueños de Pampa Energía es Marcelo Midlin, quién aprovechó el contexto favorable para realizar negocios en el sector y compró la mayoría de las acciones de la filian local de Petrobras. Midlin es, además, como Lewis, socio de los Irusta Cornet -dueños de Araucaria y Spi Energy- y forman parte de las casi ochocientas grandes empresas que por ser “usuarios electrointensivos” quedaron exentos de los tarifazos y pagan la energía a un costo mucho menor que el de cualquier argentino de a pie.

También, vale recordar que Midlin adquirió recientemente la constructora IecSA que, antes, Macri le había vendido a su primo Angelo Calcaterra. Como se ve, todo lo que hace el Grupo Macri queda entre amigos y parientes, es decir, queda en el Grupo Macri.

La arquitectura montada por el gobierno, ideada por las principales empresas con intereses en el país y supervisada por la Embajada yanqui es la punta de lanza con la que el bloque de poder dominante busca consolidar la fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital. Dentro de ese esquema el modelo tarifario implementado por el macrismo, con fuertes vínculos -como queda evidenciado- con las principales empresas energéticas del país, tiene como objetivo perpetuar la desigualdad estructural de la economía argentina a partir de la contracción del mercado interno y la caída del poder adquisitivo del salario. Una vez más, como sucede con los proyectos neoliberales, la variable de ajuste son los trabajadores.

Los tarifazos afectan la actividad económica22.08.2017

Más aumentos después de octubre

Tarifas atadas a la fluctuación del dólar y el esquema de aumentos pautados por el gabinete económico afectan seriamente la actividad económica industrial. En contrapartida, las empresas del sector incrementan sus ganancias

En menos de un año las tarifas de gas en el conurbano bonaerense aumentaron hasta un quinientos por ciento. A causa de este aumento, los bonaerenses han recibido facturas de gas por hasta 4.500 pesos y a partir de octubre se podrían volver a disparar.

Los aumentos ya están pautados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que encabeza Aranguren y sólo resta saber si los mismos se complementaron con ajusten en las tarifas del transporte público.

El caso de las tarifas de gas es de lo más llamativos, no sólo porque el ministro a cargo de regular el mercado tiene intereses económicos directos con una de las empresas más grande del mundo en el sector como lo es Shell, sino también porque prevé una inflación del once por ciento en dólares. El cronograma aprobado por el gobierno hasta 2019 para casi todo el país, contempla ese alza en el precio del gas en el denominado “punto de ingreso al sistema de transporte” (Pist) que representa el sesenta por ciento del valor final -sin impuestos- de la tarifa que abonan los consumidores residenciales.

Para medir el impacto en la inflación y en el poder adquisitivo de los trabajadores alcanza con puntualizar en el detalle de que si los precios y aumentos están previstos en dólares, los mismos dependerán de la cotización de una moneda que se encuentra bajo un fuerte proceso de alza sostenida, la cual, llegó a incrementar su valor un 15 por ciento en menos de dos meses antes de las elecciones primarias de agosto.

En la actualidad el precio del gas en Pist está fijado en 3,77 dólares y para octubre ascenderá a 4,19 por lo que, además del incremento establecido, hay que sumarle la variación en el precio de la moneda estadounidense. El último incremento -el de 3,77- se fijó con un dólar a 17,02 pesos, por lo que, el aumento está vez será mayor en términos relativos al poder adquisitivo de los asalariados.

Como si no fuera poco, para el mes de diciembre el cronograma estipula un aumento en las tarifas de gas para transporte y distribución, que en la actualidad representa el cuarenta por ciento de la factura que paga el consumidor. En este caso, como sucede también con la nafta, el incremento impactará rápidamente en todos los productos de la economía que incluyen entre su costo el traslado en flete.

En el caso de las tarifas eléctricas también se esperan incrementos, tanto para el consumo residencial como industrial. El Ministerio de Energía y Minería ansía aumentar el precio estacional que actualmente rige en el país, fijado en 640 pesos por megavatio/hora. En tanto Edenor y Edesur, que concentran la distribución eléctrica en el área metropolitana, tienen previsto aumentar los precios de las boletas a partir del 1 de noviembre. Este incremento no incluye el reajuste semestral que el gobierno autorizó hacer a las empresas y que, según reveló un informe realizado por el diario Página/12 podría incluirse bajo un mismo paquete en las alzas previstas para noviembre.

 

Pymes en crisis

Pero no es sólo en los hogares donde los tarifazos impactan negativamente. Un sector que se encuentra atravesando una grave crisis económica por estos incrementos es el de la pequeña y mediana empresa. Así se desprende del informe que la Unión Industrial Argentina elaboró sobre el ritmo de la actividad económica en el país.

Según consta en el estudio realizado por la entidad -que a pesar de algunas “críticas” al gobierno, viene acompañando la política macroeconómica del macrismo- los dos principales motivos de la crisis en el sector industrial son el aumento de tarifas y la apertura indiscriminada de importaciones. Si a esto se le suma la fuerte contracción de la demanda que cabalga al ritmo de la destrucción del mercado interno, se entiende mejor la profundidad de la crisis que atraviesa al sector.

Según el informe, dentro del universo industrial, las empresas más afectadas son aquellas que dependen, en su totalidad, de la energía eléctrica para producir. Los aumentos, en muchos casos, superaron el mil por ciento en comparación al 2015. Los datos -que serán presentados el día jueves desde la provincia de Catamarca- confirman que es la pequeña y mediana industria el sector más afectado dentro de la actividad.

Tarifas e inflación22.08.2017

Se profundiza la carestía de la vida

La fuerte devaluación de junio-julio todavía no impactó en las tarifas de los servicios públicos y, sin embargo, la caída del consumo residencial se profundiza. Por su parte, el aumento sostenido de los precios de la economía no se detiene

Los tarifazos, como el aumento en el precio del dólar, dada la estructura económica del país, se trasladan rápidamente al conjunto de precios de la economía, lo que redunda en un incremento sostenido de la inflación. Si a ello se le suma el paquete de medidas neoliberales que está implementando el macrismo, se entiende porque Argentina está sumergida en el proceso inflacionario más severo de las últimas décadas. Tan sólo el año pasado, la inflación se ubicó en el 42 por ciento anual, la más alta desde 2002 a la fecha.

En siete meses, las subas acumuladas ya superan el catorce por ciento y, a este ritmo, el techo inflacionario estimado por el Banco Central será perforado en el transcurso de esta semana, restando cuatro meses que incluyen un proceso postelectoral en el que sea avizoran importantes expectativas devaluatorias por parte de los sectores agroexportadores y los aumentos de tarifas estipulados por el Ministerio de Energía y Minería.

Es en este contexto que el gobierno no pudo evitar que se traslade a los precios de la economía la fuerte devaluación del 15 por ciento que sufrió nuestro país en apenas sesenta días. Vale aclarar que estos guarismos tampoco incluyen aún del todo el traslado a precios de la devaluación de julio, algo que sin dudas quedará expuesto en los indicadores de agosto.

Por lo pronto a estos fuertes incrementos tarifarios hay que sumarle los aumentos ya registrados en naftas, medicina prepagas y telefonía celular entre otros. El combo de aumentos ubicó al proceso inflacionario actual como el más alto de los últimos catorce años ¿no venían a solucionar el problema de la inflación?

Pese a la retórica gubernamental, los hechos demuestran que desde los servicios públicos, pasando por alimentos y bebidas hasta medicina prepaga, medicamentos y educación, los incrementos mantienen una intensidad que no sólo perforó la meta inflacionaria establecida por el Banco Central sino que pone el piso muy por encima de los techos paritarios. Es decir, mientras los productores de alimentos, los grandes supermercados, las empresas energéticas, las petroleras, los laboratorios y las cadenas farmacéuticas incrementan sus ingresos, los trabajadores ven caer su poder adquisitivo drásticamente. Por ello no es casualidad que la Argentina sea el único país que en el acumulado de los últimos 18 meses vio descender su salario mínimo en dólares.

 

Aumentan las ganancias, se derrumba el consumo

Existe un consenso abrumador entre los informes y estudios que elaboran organismos y entes especializados, tanto públicos o privados, sobre el deterioro galopante de la situación económico-social del país, la cual, afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Si en el caso del consumo energético el factor tarifario se presenta como una herramienta clave para ordenar el escenario social y productivo, las consecuencias inevitables de este modelo regresivo son la contracción del mercado interno y una profundización de la brecha social entre los que pueden utilizar los servicios públicos y los que no. En ese sentido, confirmando esta tendencia, vale recordar un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) que confirmó que el consumo de energía, tanto residencial como comercial, descendió este año un 5,4 por ciento respecto 2016.

Estos guarismos parecen lógicos tras las estadísticas difundidas esta semana por el Centro de Estudios de la Ciudad dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el que se consigna que los trabajadores retrocedieron en tan sólo un año a los niveles de desigualdad registrados por última vez en 2010. En otras palabras, se produjo un fuerte aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso según el coeficiente Gini: la brecha entre el diez por ciento más rico y el diez por ciento más pobre creció como consecuencia del proceso de transferencia de recursos con las que los asalariados le están financiando las ganancias al capital.

Resulta obvio que la combinación entre tarifazos y aumento de la desigualdad implican menor gasto de energía: los trabajadores compran menos, comen menos, se calefaccionan yo acondicionan menos. Ello explica que la demanda residencial de energía eléctrica haya disminuido casi un diez por ciento, mientras que la demanda comercial descendió doce puntos y la industrial seis.

Estos son los datos que los funcionarios y los medios de comunicación escamotearon a la hora de mostrar como un logro de gestión una supuesta reducción en la cantidad de cortes eléctricos durante el último verano. En este aspecto, la situación es similar a la que, en un futuro no muy lejano, sucederá con la inflación, la cual, descenderá indefectiblemente como respuesta a la disminución sostenida del poder adquisitivo del salario y al achicamiento del mercado interno.

Queda claro que la consecución de estos objetivos por parte del gobierno persigue variables macroeconómicas cuyos principales ganadores son los grupos económicos concentrados -nacionales y transnacionales- en detrimento de los trabajadores. Cuando Macri anuncie el descenso de la inflación a un dígito no expondrá los índices de desempleo, pobreza y contracción del poder de compra del salario como contrapartida necesaria, así como Aranguren obvió el descenso en la demanda de energía residencial, comercial e industrial a la hora de vender como un logro la reducción de cortes de luz.

God save the pig!21.08.2017

El chancho y la zanahoria

A una frontera que es un verdadero colador...para los productos importados, no le podían faltar los cerdos estadounidenses. Business are business, le dijo el vice de EE.UU. a Mauricio Macri que, ni lerdo ni perezoso, levantó la veda que regía sobre el ingreso de carne porcina. Cosas y mitos del librecambio.

Perejil de Polonia, notebooks y jeringas chinas, lácteos y carne vacuna de Uruguay, biromes sudafricanas, pollos de Brasil, vinos de Chile, frutillas, espárragos y ni que hablar de textiles, calzados y otros productos manufacturados que durante los últimos años habían generado trabajo e inversión, sobre todo en el sector pyme. Estos son sólo algunos de los productos que inundan las góndolas para convertir a Argentina en el supermercado, pero no en el del mundo, sino de los productos del mundo.

Pero más allá del jolgorio consumista que –como en los 90- pueda provocar en la fantasía de los sectores medios de la sociedad el acceso fácil a jamón de Dinamarca o naranjas de España, a la vuelta de la esquina –tal como pasó entonces-, tras la borrachera sólo espera resaca y de la peor.

Queda claro que el esquema de regulación arancelaria elegido por el Gobierno Cambiemos, lejos de ser azaroso, apunta a favorecer un diseño de economía que transforme comodities que generan poco trabajo asalariado, en capital financiero –volátil y especulativo- sujeto a escasísima presión estatal y libre para migrar.

Para que este esquema funcione, la regulación estatal debe correr drásticamente el fiel de la balanza hacia el lado del capital y para ello impulsa un nuevo cuadro normativo que se plasme en un cuerpo de leyes que flexibilicen la relación entre capital y trabajo.

Pero también, no hay dudas que otro efecto necesario de esta apertura indiscriminada fomentada por el gobierno, es la destrucción de buena parte de las economías regionales y el sector pyme.

Y, asimismo, el incremento del déficit fiscal y el de la balanza comercial. Durante junio, el déficit en la balanza comercial trepó a 748 millones de dólares, según reconoce el Indec en su informe de Intercambio Comercial.

Así las cosas, en un contexto en el que el organismo dirigido por Jorge Todesca echa mano, cada vez más, a la contabilidad creativa para exhibir resultados coherentes con el discurso gubernamental, se espera que, mañana martes, el Indec difunda el índice de julio que mide la variación de la Canasta Básica Alimentaria que determina la línea de indigencia, así como el de la Canasta Básica Total, que señala la línea de Pobreza.

Por su parte, el jueves, la Unión Industrial Argentina va a dar a conocer los informes del Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a junio y del Intercambio Comercial Argentino de julio.

En ambos casos, La Rosada confía en que los astros volverán a alinearse y que los datos podrán corroborar el sutil crecimiento que, respecto al desastre que el propio gobierno perpetró durante 2016, el esfuerzo creativo del Indec viene registrando.

 

Comercio internacional

En este contexto, comienzan a verse los derivados de la visita que, la semana pasada, realizara a Argentina el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence. Lo del apoyo a la política estadounidense respecto a Venezuela era número puesto: la sobreactuación del Gobierno Cambiemos en este tema va más allá, incluso, de lo que le exige Washington.

De todas maneras sigue sorprendiendo –por lo menos un poquito- es la vocación de los ocupantes de La Rosada por aportar a la reactivación de la economía y al compre... estadounidense.

En abril, Mauricio Macri, pisó EE.UU. por primera vez en visita oficial como presidente. Desembarcó en el aeropuerto de Houston y, en territorio texano, según la agenda oficial, fue a buscar inversiones de petroleras.

La actividad central del jefe de Estado fue una visita a una planta de Tenaris, empresa del grupo Techint que inauguraba una línea de producción de tubos sin costura destinados a la industria de hidrocarburos ¿En Argentina? No, en Bay City, condado de Matagorda, Texas.

Esta planta tiene una capacidad de producción anual de seiscientas mil toneladas de tubos de alta calidad y genera seiscientos puestos de trabajo -allá como quiere Donald Trump- y saca trabajo aquí.

Pero como, después de todo business are business, la cosa sigue. Porque parece que la visita de Pence dejó un saldo favorable, eso sí, para los productores porcinos de EE.UU., país que en este rubro compite con Argentina.

En este sentido, el presidente Donald Trump anunció que acordó los términos para que su país vuelva a exportar carne de cerdo al nuestro, que había vetado la importación de este producto en 1992. Así las cosas, merced a este arreglo, el Gobierno Cambiemos abrió la tranquera las exportaciones de carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada, algo que de acuerdo a los dichos de la propia autoridad estadounidense, les dejaría un beneficio de alrededor de diez millones de dólares anuales.

De ahí que Pence no dudara cuando señaló que el acuerdo es una “gran victoria” para los productores porcinos de su país, algo que difícilmente pueda decir Macri. El vice de EE.UU. aprovechó para hacer hincapié en que “este es otro ejemplo del compromiso de Trump y de todo su Gobierno para romper con las barreras comerciales internacionales y hacer que el comercio libre y justo sea beneficioso para los trabajadores estadounidenses, los agricultores y nuestros socios comerciales”.

Queda claro que, una vez más, la experiencia empírica desmiente a los campeones del librecambio, por más presidentes que sean. Es que el comercio internacional no se da en un mercado donde los actores son de competencia perfecta: siempre hay uno que tiene capacidad de influir sobre las condiciones en que se produce tal intercambio. Pero tampoco aquello que se intercambia es absolutamente idéntico porque, aun dentro de un mismo rubro, las condiciones del proceso de producción en uno u otro país está atado a variables que lo favorecen o no.

Y es entonces aquí donde, con la zanahoria del librecambio, se busca inducir a aquellos Estados menos favorecidos por este mecanismo, a adoptar medidas que tiendan a facilitar su “competitividad” porque así –y aquí está la parte más rocambolesca del enunciado- cada país importaría y exportaría lo mismo y entonces desaparecería el déficit.

Pero también crecería el salario real, porque si los saldos fueran iguales, las tasa de beneficio también lo sería para cada economía y el ajuste no sería necesario.

Un sueño ideal de un mundo idílico que a poco de despertar se transforma en pesadilla, porque los mercados están lejos de ser de competencia perfecta, la competitividad de las economías es una variable que responde –entre otras- a causas históricas, sociales y políticas, por lo que a más liberalización comercial corresponde una mayor tasa de desempleo y del beneficio empresarial, acompañada de una constante caída del salario.

Se vienen los cerdos yankis21.08.2017

Con el aval de La Rural

Etchevehere y Buryaile defienden la medida. Para el coordinador del MCL, José Luis Livolti, la medida “es una locura total que ningún gobernante medianamente consciente del capitalismo llevaría adelante”.

“Es como si tuviésemos la selección argentina de fútbol y nos negáramos a ir al mundial”, dijo el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, a la hora de justificar su respaldo a la decisión gubernamental de autorizar la importación de carne de cerdos desde EE.UU.

Vale recordar que la medida fue cuestionada desde diferentes sectores del universo agropecuario, entre otras cosas, porque trae aparejado riesgos sanitarios y representa un peligro para la producción local y el empleo que genera.

Es que Etchevehere considera que como “Argentina es de los países más eficientes en producción de porcinos”, ya es hora de abrir la tranquera para recibir a los de EE.UU., algo que fustigó la propia Federación Agraria que calificó a la decisión como desastrosa, tras lo que alertó: “35 mil trabajadores pueden quedar en la calle”.

Por su parte, la Cámara de la Industria Cárnica y de Chacinados recordó que la razón del veto al ingreso de este tipo de carnes fue sanitaria y advirtió que los porcinos estadounidenses tienen el “virus del pie azul”., un síndrome respiratorio y reproductivo del que Argentina está libre, por eso “sería un suicidio desde el punto de vista sanitario”. Y, en idéntica dirección, otro de los sociedos de Etchevehere en la mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas, hizo hincapié en que “corremos el riesgo de meter una enfermedad que no tenemos”.

Es que, al parecer, billetera mata seguridad sanitaria. “Es positivo para la relación bilateral y para el mercado”, dijo el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para defender la medida y, en consonancia, el presidente de la SRA recalcó: “está muy fresco el daño que se hizo a la Argentina al cerrar la economía a los mercados. A partir de esa experiencia, entendemos que el comercio que sirve es el de ida y vuelta”.

 

La voz de los productores

“Venimos hace muchísimos años, desde casi toda la vida, en la lucha por que los gobiernos nacionales tengan algún grado de regulación en la importación de carne porcina”, recordó José Luis Livolti, quien preside el PC santafecino, es coordinador nacional del MCL y productor porcino. Y valoró “los avances que habíamos logrado en la etapa del kirchnerismo, cuando Guillermo Moreno accionaba sobre Brasil para que no nos tapara de cerdos, porque tiene una producción nacional mucho más amplia que la nuestra”.

En ese momento, “algunas barreras sanitarias, algún grado de regulación y algunos permisos de importación que la Secretaría de Comercio imponía, más o menos, frenaba la importación”, por lo que “se logró alcanzar, debido al aumento del consumo de carne fresca porcina en el mercado interno, el autoabastecimiento en la producción porcina que era un viejo sueño de los productores”.

Y fue claro al señalar que, “logrado esto, debemos pensar que si un país se autoabastece de una producción cárnica y de consumo popular, no debería importarse”, por eso “ese tipo de producción debería estar muy protegida”.

Pero “esto que es un razonamiento de sentido común, elemental en cualquier país del mundo”, no va en la dirección de lo que pretende el ejecutivo. “Este gobierno de los ricos, en una suerte de negociación para beneficiar al grupo de frigoríficos exportadores de carne vacuna, que no son más que seis, presiona para que se abra el mercado de venta de carne vacuna a EE.UU. y lo consigue con la administración Trump a cambio de quién sabe qué cosas”.

Livolti también destacó que “este intercambio es bastante desventajoso” ya que, “desde el punto de vista de la carne, nos vamos a comprometer como país a enviar producciones de exportación a EE.UU. siendo que, por ejemplo, la producción cárnica para exportación como la Cuota Hilton, que tiene una cantidad de exigencias sanitarias, nunca la hemos podido cumplimentar”.

Esto es así, aseveró, “porque no hay una suficiente producción, porque hay un proceso de sojización y todo lo ya conocido de para donde fue el desarrollo agrario”, tras lo que resaltó que “encima, esa escasa producción de carne vacuna para exportación está manejada por un conjunto minoritario de productores agrarios, la gran burguesía y la oligarquía ganadera asociada a los frigoríficos exportadores que son de capital extranjero”.

Este es el contexto en el que se abre la exportación de carne vacuna a EE.UU. y, a cambio, “se abre la importación de carne de cerdo que es una producción que tenemos autoabastecida” lamentó el coordinador del MCL y denunció que “es una locura total que ningún gobernante medianamente consciente del capitalismo llevaría adelante”.

Y sin dudarlo, advirtió que esta decisión “puede llegar a diezmar la producción”, ya que “toda la carne porcina que se importe va a ser en detrimento de la compra de carne porcina del mercado interno”, tras lo adelantó que “vamos a ver si logramos coordinar acciones con el resto de las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios”.

LOS OTROS RURALISTAS21.08.2017

Los campesinos también buscan a Santiago

Desde el MCL y la cartera de asuntos agrarios del PC se cuestionó la represión a los mapuches y el obrar del gobierno en torno a la desaparición del joven.

Desde la Comisión Agraria del PC y el Movimiento Campesino Liberación (MCL) no sólo salieron a manifestarse en contra de la apertura de importaciones que atentan contra producciones locales agroganaderas sino que también y en fidelidad a las políticas antiimperialistas que son bandera de lucha para los comunistas, han emitido opiniones de condena a la estigmatización del pueblo mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado.

Así lo hizo una carta del dirigente comunista José Luis Livolti, quien además de integrar la comisión política del PC también coordina nacionalmente el MCL. En ese documento público, el dirigente repudió por “roquista” a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, descendiente de familias terratenientes argentinas y que se desentendiera hasta la fecha de sus responsabilidades en la reciente desaparición de Santiago Maldonado.

Así, Livolti sostuvo en su repudio por escrito que la actitud de la ministra es “coincidente con la declaración de la SRA (Sociedad Rural Argentina), en contra del pueblo Mapuche, para justificar y no solo no hacerse cargo de la desaparición de Santiago Maldonado, sino mas bien bancando, en actitud ofensiva y provocadora al brazo armado de la oligarquía, la Gendarmería Nacional”.

De esta manera, cuestionó que la funcionaria macrista dijera “no vamos a permitir la instalación de un estado Mapuche en el medio del País’’, a lo que, irónicamente, el dirigente comunistas observó: “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Recordó que “en diciembre de 2015 llamamos a conformar un frente contra el ajuste la entrega y la represión, pensando en que los ajustes del imperialismo, según experiencias vividas, reservados para su patio trasero de América Latina, no pasarían sin represión” y agregó:“la sucesión de hechos represivos a las protestas de la clase obrera y el pueblo encuentra su punto más alto en la desaparición de Santiago Maldonado”.

“La encendida defensa del hecho por parte del gobierno Nacional y su conversa y vergonzante ministra Bullrich, quien debería renunciar ante tan bochornosa situación, lejos de dar marcha atrás, extremar las medidas para la aparición de Santiago y castigar a los culpables, justifican los hechos y muestran hasta donde están dispuestos a llegar en aras de la aplicación de los planes de restauración conservadora”, dijo en su libelo.

Livolti también puntualizó que estas acciones de la ministra y aún del presidente son una suerte de roles“asignados a Macri por el imperialismo e inteligenciados por la embajada para nuestro pueblo”.“Nunca más justa la consigna, tan criticada, Macri basura vos sos la dictadura, consideró después al respecto.

 

Inflación sin remedio 08.08.2017

Cuando la salud deja de ser un derecho

Al ritmo de la devaluación y los aumentos de precios, los medicamentos registran incrementos que hacen inaccesibles los tratamientos para millones de personas en el país. Mientras, las principales multinacionales del sector ven crecer sus ganancias como nunca antes.

La inflación galopante que afecta a los sectores más vulnerables pega allí donde más duele: entre 2015 y 2016 el precio de los medicamentos para la hepatitis C y el VIH aumentó un 42 por ciento. Estos aumentos son la contracara del cauce seguido por el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y asignaciones.

Para dimensionar el impacto de los incrementos, basta con exponer las cifras respecto a la cantidad de pacientes que requieren o requerirían tratamiento en nuestro país. Se calcula que en Argentina hasta el 5,6 por ciento de la población tuvo o tiene Hepatitis C aunque sólo recibió tratamiento el 0,15 por ciento del total. Mientras que el VIH afecta a unas 120 mil personas y, según la ONU, Argentina es el país con mayor cantidad de nuevo contagios en América del Sur, lo que acentúa la necesidad del Estado para adquirir los retrovirales necesarios.

Estos medicamentos son muy costosos de por sí y el ritmo acelerado sobre el que galopa la inflación los encarece aún más. Por ello, en el caso del VIH, el Estado nacional cubre el 100 por ciento del valor de los remedios, para lo cual, el Ministerio de Salud realiza importantes compras a los principales laboratorios del mundo. A simple vista se puede apreciar que uno de los principales aspectos de una política sanitaria pública respecto a ambas enfermedades radicaría en hacer accesible los medicamentos a todo el universo afectado.

Este principio humanitario choca contra los intereses de los grandes laboratorios en un sector de la industria bioquímica altamente concentrado donde unas pocas firmas -se calcula que entre 10 y 15- producen los principales medicamentos o son propietarias de las patentes para su comercialización.

Ante los abusos por parte de los laboratorios respecto a los aumentos de precios y dada la responsabilidad que el Estado tiene a la hora de garantizar el acceso a la totalidad de las personas que requieren tratamiento ¿Por qué el Estado no estimula la producción nacional o la compra regional de grandes cantidades y así abaratar costos? Sin embargo, lejos de combatir las políticas de aumentos de precios por parte de los grandes laboratorios, Mauricio Macri decidió flexibilizar las condiciones para que las principales empresas del sector comercialicen nuevos productos. En la práctica, se trata de una reducción en los plazos de los períodos de prueba y análisis por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que permite a los grandes laboratorios comercializar remedios sin conocer a ciencia cierta los efectos y contraindicaciones.

La medida que se conoció durante el mes de junio y que contó con el rechazo de especialistas de todos los sectores es un guiño más a los grandes laboratorios que, además de lucrar con las personas, ahora pueden también experimentar con ellas como si se tratara de conejillos de indias.

Como contrapartida al modelo actual, vale recordar una iniciativa impulsada en su momento por el Ministro de Salud de Cristina Fernández, Daniel Gollan, que en el marco de una estrategia regional proponía, en primer lugar, la producción nacional de medicamentos y, en segundo, la compra regional y por mayor de aquellos que por diversos motivos -especialmente financieros y científicos- nuestros países no podían desarrollar por su cuenta.

Esta iniciativa se insertaba en el marco de una política de soberanía sanitaria que, con gobiernos como los de Macri y Temer, ha sido abandonada. De haber prosperado, los beneficios hubieran sido muchos y notables. Uno de los más importantes, sin dudas, hubiese sido la posibilidad de contrarrestar en bloque el poder de lobby de los grandes laboratorios y así poder "negociar" mejores precios para el caso de medicamentos que, por cuestiones científicas o financieras, nuestros países no pueden desarrollar.

Los medicamentos más caros se producen en la India y la idea de conformar un bloque junto a Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador pondría en mejor posición a las clases populares para acceder a remedios en la región más desigual del planeta. Sin embargo, en vez de afectar los intereses de los diez laboratorios que más facturan en el mundo -Novartis, Roche, Pfizer, Sanofi, Merck, Glaxo, Astra Zeneca, Bayer y Gilead- el gobierno decidió cargar sobre las espaldas de los trabajadores los aumentos que van, directo y sin escalas, a acrecentar las ganancias de las multinacionales del sector.

 

Lo más caros de la región

Las subas criminales en medicamentos de alto costo, como es el caso de los necesarios para la Hepatitis C y el VIH, no es la excepción de ninguna regla sino todo lo contrario. En lo que va del 2017, también los precios de los medicamentos de consumo masivo crecieron más que la inflación y, por su puesto, que el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según un informe de la asociación "Consumidores Libres", se registraron subas de hasta el 98 por ciento en antibióticos como el amoxidal que produce el laboratorio Roemmers. Tampoco escaparon a esa lógica los productos elaborados por firmas como Gador, Raffo, Bayer y Sanitas.

El patrón en común de este escenario es el mismo que en el caso del descenso del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las asignaciones y no es más que la implementación de políticas neoliberales en el país. Así, desde la llegada de Macri a la Rosada, "Consumidores Libres" registró incrementos de hasta el 214 por ciento en algunos medicamentos de consumo extendido.

Una vez más, una de las principales causas de esos fuertes aumentos se encuentra asociada a la devaluación de casi el 80 por ciento producida desde diciembre de 2015 a esta parte. ¿Dónde tiene mayor impacto estos aumentos en el caso de los medicamentos? De acuerdo al informe consignado por la asociación que encabeza Héctor Polino, se da en los remedios que se venden en el ámbito de la seguridad social, más específicamente los que incumben a Pami y obras sociales, como sucede con antihipertensivos, pastillas para el colesterol, tratamiento de la diabetes y otras enfermedades crónicas que, en el caso de mermar su tratamiento, implica desde el deterioro de la calidad de vida de los pacientes hasta la muerte.

Pero no es sólo el estudio de la asociación "Consumidores Libres" la que da cuenta de esta situación. En Nuestra Propuesta ya habíamos presentado el trabajo realizado por la Universidad de Avellaneda (Undav) que confirma esta tendencia. Este trabajo llegaba a una conclusión alarmante: nuestro país cuenta con la canasta de medicamentos más cara de la región. La contracara es el modelo de salud pública de Cuba, que garantiza el acceso gratuito a sus habitantes de medicamentos que, en nuestro país, se comercializan hasta un 50 por ciento más caro que el promedio de la región y un 170 por ciento más que en Chile o un 111 por ciento más que Paraguay, sólo para tomar dos casos de países con economías más pequeñas que las nuestras.

Por último, del estudio de la Undav se desprende una peculiaridad que no hace más que poner blanco sobre negro la situación del país: Argentina, teniendo el salario mínimo más alto en dólares de la región -logro obtenido durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner- encabeza -junto a Brasil- la lista de países con menor cobertura sobre esta canasta de medicamentos masivos.

El IPC Congreso lo confirmó 08.08.2017

La inflación rompió el techo que le “puso” el gobierno

Cuando restan cuatro meses para que termine el año y sin el impacto de la devaluación de julio en toda la cadena de producción y servicios, la inflación en ese mes fue del 2,1 por ciento y la acumulada en lo que va del año ya supera los 14 puntos. Mientras, el poder adquisitivo de los salarios se desmorona ¿No era que “enfriando” la economía iban a terminar con la inflación? Una vez más el relato de Cambiemos y sus espadas mediáticas se estrella contra la realidad de los sectores populares.

A una semana de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) el gobierno obtuvo la noticia que no quería escuchar, al menos, hasta después de los comicios generales de octubre: con una inflación de 2,1 mensual en julio se confirmó que los incrementos de precios perforarán con creces la meta inflacionaria establecida por el gabinete económico que estimó la misma en un 17 por ciento anual.

Según los datos difundidos ayer por el IPC Congreso el acumulado ya es del 14 por ciento, apenas 3 puntos por debajo del objetivo del gobierno cuando todavía resta un cuatrimestre entero para cerrar el año. A su vez, la comparación interanual registra un incremento de casi el 23 por ciento. De esta manera, la administración Cambiemos no logra bajar la inflación aun cuando logró disminuir el consumo en todos los meses del año respecto al año pasado, que culminó con un 41 por ciento de inflación promedio. ¿No era que “enfriando” la economía iban a bajar la inflación?

Aquí hay distintas variables a tener en cuenta, todas ellas vinculadas a movimientos macro-estructurales en la economía Argentina, la cual, observa un fuerte proceso de reprimerización de su estructura productiva, al tiempo que se agudiza la concentración de la riqueza, la fuga de capitales y el endeudamiento público y privado. Sin dudas que una de las principales causas se encuentra vinculada a la fuerte devaluación del 6,3 por ciento que se registró en el último mes. La fuerte dependencia del modelo productivo nacional respecto a insumos, como tecnología y bienes de capital intermedio hizo que la crecida del dólar se trasladara fuertemente a los precios de alimentos, logística y envases.

En ese sentido, los datos consignados por el IPC Congreso demuestran que el ritmo en el incremento de precios en julio estuvo marcado por las naftas, medicina prepaga y taxis. En los dos primeros casos, se trató de aumentos autorizados por el gobierno y en sectores en que altos funcionarios del gabinete tienen intereses económicos directos con las empresas más importantes del sector, como es el caso de Aranguren con Shell y “amistades” muy cercanas, como la de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y flamante propietario de América TV.

Lo cierto es que una vez más, los mayores incrementos acumulados se registran en alimentos y medicamentos, lo que -lógicamente- afecta los sectores populares y, en especial, a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, jubilados y asalariados que perciben el salario mínimo, vital y móvil.

Para estos últimos, la situación es bastante preocupante y sus condiciones materiales de existencia se han visto ferozmente deterioradas en el último año. Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), nuestro país fue el único en la región que vio descender el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos 18 meses ¿A qué se debe esta peculiar distinción argentina?

Lejos de toda casualidad, el descenso coincide con la llegada de Macri a la Rosada y la implementación de una batería de medidas económicas que dieron inicio a un proceso que aumentó la concentración de la riqueza y aceleró la transferencia de recursos desde el trabajo al capital. De acuerdo a un relevamiento realizado por el Centro de Información y Formación de la República Argentina, perteneciente a la CTA de los Trabajadores, durante el primer año de gobierno macrista, se perpetró un rápido proceso de transferencia de riqueza desde los trabajadores hacía los sectores patronales: el traspaso de recursos desde el trabajo hacía el capital alcanzó los 16 mil millones de dólares, lo que en términos porcentuales respecto al Producto Bruto Interno (PBI) representa una caída en la participación de la clase obrera de más de tres puntos.

 

¿Historia repetida?

La perforación del techo inflacionario no es ninguna novedad para el gabinete económico. Ya el Banco Central -que viene “invirtiendo” cada vez más dólares de sus reservas con el objetivo de evitar una suba más drástica de la moneda estadounidense antes de las Paso- había anticipado que la inflación, finalmente, superaría los 20 puntos. Lo hizo al mantener la tasa de interés de referencia en el orden del 26,25 por ciento anual y así, garantizar la rentabilidad de la inversión en Lebac y de esa manera evitar que todos los pesos invertidos en esta letra del tesoro -que se estima en un 1,2 veces la base monetaria nacional actual- se vuelquen al mercado interno. Con esta decisión, el gobierno confirma una vez más su intención de “enfriar la economía”, es decir, de mantener la tendencia a la baja en el poder adquisitivo del salario y las asignaciones, al tiempo que se deteriora el mercado interno.

Crecimiento de la inflación y pérdida del poder adquisitivo van de la mano, como también lo hacen endeudamiento y fuga de capitales. La historia argentina, nuevamente, da muestra cabal de ello como sucedió en la década del noventa con la consolidación del primer experimento neoliberal en el país iniciado por el plan económico de Martínez de Hoz y compañía.

Nobleza obliga, a este ritmo el gobierno puede plantearse culminar su mandato en 2019 con una inflación que roce el dígito ¿quién financiara esa baja inflacionaria? Los trabajadores, desocupados y jubilados que, sin dinero en los bolsillos, dejarán de consumir. Una vez más, vale recordar que la capacidad de ajuste del gobierno radica en la resistencia que los ajustados pongan al mismo, por lo que, de seguir con esta política económica el gobierno se garantiza un seguro escenario de conflictividad social que no sabe hasta dónde llegará pero si como lo enfrentará: con mayor represión a la protesta social, violencia institucional y persecución a militantes políticos, sindicales y sociales. La desaparición de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería la semana pasada, es un claro ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar para garantizar el mayor saqueo en el menor tiempo posible.

La voz del territorio 08.08.2017

"La inflación es confiscatoria"

Así lo afirmó el dirigente comunista Mario Micheli, para quién "es indispensable derrotar al gobierno en las urnas pero también en las calles"

"La inflación adquiere dimensiones confiscatorias para muchos compañeros, especialmente, los que ganan el salario mínimo" explicó Mario Micheli, Secretario de la CTA de los Trabajadores de Cañuelas-Lobos y dirigente del MTL. Este "carácter" confiscatorio que tiene la inflación sobre los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad, impide que millones de personas puedan acceder, diariamente, a las cuatro comidas necesarias para sobrevivir.

"Inflación, tarifazos y pérdida del poder adquisitivo del salario es un combo letal para el bolsillo de los argentinos" detalló el dirigente político y social de Cañuelas tras conocerse el IPC Congreso y agregó que "los trabajadores hace rato sabíamos que la inflación iba a romper el techo del 17 por ciento anual anunciada por el gobierno". Ese conocimiento se desprende "de ir al supermercado y almacén todos los días y ver los precios en las góndolas" dijo, por lo que, "la carestía de la vida es un problema concreto para cientos de miles en el conurbano y el resto del país".

En ese sentido, el dirigente fue claro al afirmar que "la inflación coloca día a día a miles de argentinos por debajo de la línea de pobreza e indigencia, por lo que, es necesario derrotar con absoluta contundencia a Cambiemos en las Paso y luego en octubre". El rediseño económico-social que la derecha se encuentra implementando en el país "será derrotado en las urnas, pero también en las calles con movilización popular", aclaró Micheli y añadió que "el campo popular cuenta con una experiencia de lucha y resistencia que es un piso importante", aunque remarcó que "es necesario avanzar en nuevos grados de unidad política y organización".

Respecto a esa experiencia, fue cuidadoso al afirmar que "si bien el modelo económico que se busca implementar es similar al de la década del noventa, no hay que descuidar que, al contrario de lo que pasó cuando Menem llegó al poder, el macrismo recibió un país en donde la situación económica es mejor". Por eso "no hay que hacer paralelismos que nos lleven a sacar conclusiones equivocadas" exclamó e instó a toda la militancia popular a "unirse en contra del enemigo común que es el imperialismo y sus socios locales".

 

 

Se desploman los salarios 01.08.2017

La contracara del saqueo

La devaluación de julio acentuó un proceso que comenzó en diciembre de 2015: pérdida del poder adquisitivo de los salarios y ganancias extraordinarias para el agro

Entre diciembre del 2015 y julio de este año el salario mínimo, vital y móvil cayó un 11 por ciento. A contrapelo de la tendencia en la región, el salario mínimo argentino es el único que tuvo un retroceso y confirma que, en el marco de la avanzada neoliberal, es en nuestro país donde se concentra la avanzada más fuerte contra los trabajadores.

Si desde el golpe contra Dilma Brasil suele ser uno de los espejos en los que se mira la derecha vernácula, más aún desde la última reforma laboral, en esta materia el gobierno parece mirar para otro lado: en el país limítrofe el salario mínimo creció un 46 por ciento en el mismo período. Los datos se desprenden de un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.

La caída del salario mínimo coincide con la mayor devaluación de los últimos quince años. No es para menos, ya que se trata de una verdad evidente sobre la que se hace poco hincapié a la hora de evaluar la depreciación del peso frente a la moneda yanqui. Si los grandes beneficiarios son los sectores exportadores y las multinacionales, los principales perjudicados son los que perciben su único ingreso en moneda nacional. A ello, hay que sumarle el aumento del desempleo y la inflación, lo que redunda en una lógica pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Así, mientras el valor del dólar tiene un fuerte impacto en los productos que fijan su precio según esta variable, los exportadores de soja, trigo y maíz se vieron doblemente beneficiados ya que estos granos experimentaron un aumento del más del 10 por ciento en el mercado internacional.

Pero el salario mínimo no es lo único que baja: el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo se desplomó un 17 por ciento desde diciembre de 2015 a esta parte, mientras que el de la jubilación mínima descendió un 16. A su vez, el sueldo promedio de los trabajadores cayó un 8,5 puntos, debido en gran parte a dos fenómenos: magras paritarias y creciente inflación ¿Cuál es el factor común? La fuerte devaluación a la que está siendo sometida la Argentina en un contexto de fuerte endeudamiento.

 

Los que ganan

En su discurso en la apertura de la Feria Rural en Palermo, Macri anunció con bombos y platillos una cosecha récord de 137 millones de toneladas y dijo: este récord “no es sólo una buena noticia para el campo. Cuando crece el campo, crece la Argentina”.

La afirmación del presidente desnuda el tipo de país que él, su gabinete y el bloque de poder que lo sostiene y representa quieren construir, donde la concentración de la riqueza es la contracara de la pérdida del poder de compra de los trabajadores.

Se trata de una Argentina de clase, por ello, cuando en La Rural se anunció que “el campo emplea a un tercio del país” y se destacó “el aporte” que el mismo hace a la economía nacional, se obvió las condiciones en las que trabajan los que producen la riqueza que se apropian. Según la Cepal en el campo argentino trabaja poco más del 10 por ciento de los trabajadores del país y más del 80 por ciento –incluidos los trabajadores temporarios o golondrina- lo hace en condiciones de absoluta precariedad. En ese contexto es que Macri firmó un convenio con Uatre para flexibilizar aún más las condiciones laborales en un sector que, por amplia distancia, emplea la mayor cantidad de trabajo esclavo en el país.

Fuga y endeudamiento en Argentina 01.08.2017

Luna de miel

El fuerte endeudamiento en dólares –que pagaran varis generaciones de argentinos- es combustible para la fuga de capitales.

Desde la llegada de Macri a la Rosada, y a partir de la creación del Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo, venimos sosteniendo que la política de endeudamiento tiene como uno de sus objetivos principales financiar la fuga de capitales e impulsar la bicicleta financiera.

Las afirmaciones no eran caprichosas. Según el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana de la Educación (Umet), el 40 por ciento de la deuda emitida o tomada por el Estado Nacional -en el último año y medio- fue utilizado para fugar divisas.

Mientras el dólar experimentó su suba más importante en un año durante este mes de julio, el Banco Central decidió subir ayer la tasa de interés en Lebac hasta el 27 por ciento, con el objetivo de planchar el precio de la moneda estadounidense y "aspirar" pesos de la economía para bajar la inflación que, sin dudas, corre al ritmo de la devaluación. El gobierno lo sabe y estos movimientos son un claro ejemplo de ello, aunque después públicamente siga sosteniendo la irrisoria meta inflacionaria que fijó la entidad monetaria.

Mientras, endeudamiento y fuga de capitales se consolidan como dos piedras angulares de cualquier proyecto neoliberal que se instale en países cuyas estructuras económicas son de parcial a completamente dependientes. Argentina, que conjuga dependencia económica en sectores estratégicos y un agudo proceso de concentración de la riqueza, demuestra que a endeudamiento récord se corresponde niveles de fuga de capitales con precedentes solo comparables a los alcanzados tras la crisis del 2001 y la salida de la convertibilidad.

Mientras el dólar no detiene su escalada, la fuga de divisas se profundiza y el Banco Central busca un tipo de cambio flotante a base de financiar su precio con aumento de la tasa de interés.

Vale recordar que un informe de la Universidad de Avellaneda reveló que durante el primer bimestre del 2017 se fugaron del país casi 4 mil millones de dólares, en concepto de giro de utilidades de empresas multinacionales a sus casas matrices, cuentas off shore -como las de Macri y compañía en Panamá-, etc. Estos son los datos que echan por tierra profesiones auto cumplidas anunciadas por el gabinete económico y sus escuderos mediáticos: si algo queda claro en poco más de año y medio de gestión cambiemita es que lejos de llegar inversiones, los dólares se fugan o se atesoran.

La cifra de 4 mil millones de dólares fugados es la más elevada desde 2003 hasta la fecha. No es casualidad. Cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, Argentina aún se encontraba asediada por los coletazos de la salida de la convertibilidad. Hoy la situación es radicalmente diferente. Al asumir la presidencia, Mauricio Macri recibió la administración nacional con niveles de endeudamiento mucho menores al del 2003 -no en términos nominales, sino en términos relativos entre deuda externa y PBI- y en tan sólo 18 meses, multiplicó el endeudamiento y colocó a la Argentina en el primer lugar de países en vía de desarrollo que más deuda tomaron.

Entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 Cambiemos endeudó al país en 96 mil millones de dólares. Respecto al total de la deuda externa, según datos publicados por el Ministerio de Finanzas en diciembre de 2016, la deuda pública total registró un total de 275 mil millones de dólares, 35 mil millones más que al momento de asumir el macrismo. Sólo para tomar un punto de comparación, vale recordar que al momento del golpe cívico-militar de 1976 la deuda externa era de 7 mil millones dólares y para 1983 ya había superado los 45 mil millones. En otras palabras, en un año de gobierno Macri endeudó al país igual que la última dictadura.

En términos relativos, la relación deuda-PBI al 10 de diciembre de 2015 era del 39 por ciento. Hoy se ubica en el 54 por ciento, es decir, 15 puntos más. El crecimiento es significativo y, más aún, si se tiene en cuenta para que se utilizaron esos recursos: financiar el déficit fiscal, gastos corrientes, fuga de capitales y bicicleta financiera.

Recientemente, el ministro de economía, Nicolás Dujovne, justificó la política de endeudamiento al sostener que “tres de cada cuatro veces que hemos emitido deuda, ha sido para cancelar deuda”. Sin embargo, la deuda en dólares duplicó los "compromisos heredados"

La deuda en dólares del Estado nacional supera los setenta mil millones de dólares y "compromisos heredados" apenas alcanzaban los 30 mil, incluyendo vencimientos de 2016 y 2017. Por lo cual, la deuda se multiplicó más de 2,4 veces lo requerido por el Estado nacional para hacer frente a "las necesidades financieras". A la luz de los hechos, que desmientan las afirmaciones del ministro, Argentina se endeudó un 60 por ciento más que lo que demandaba estos compromisos.

Todos estos números sirven para demostrar como la relación simbiótica endeudamiento-fuga de capitales-bicicleta financiera está produciendo una herida letal sobre la estructura económica argentina, la cual además, atraviesa un severo proceso de reprimerización. El futuro es incierto y sólo hay lugar para una certeza: con este modelo económico, la fiesta neoliberal la pagaran, una vez más, los trabajadores.

 

Dólar, Lebacs, pesos e inflación

La economía no arranca, la inflación crece y el gobierno, en vez de fortalecer el poder adquisitivo del salario, fomentar el consumo y el mercado interno, decide subir -cada vez más- la tasa de interés de las Lebacs. ¿Qué significado adquiere está medida en un contexto devaluatorio? El gobierno, conocedor de las maniobras a las que suelen recurrir los grandes tenedores de bonos y el sistema financiero, teme una corrida bancaria. No es para menos. Frente a la escalada del dólar, precisa mantener la rentabilidad de la inversión en Lebacs y así “enfriar” la economía, eufemismo preferido de los liberales para camuflar la pérdida del poder adquisitivo del salario. Si para los trabajadores el límite es el salario en pesos -pues es lo único que poseen-, para los especuladores es variable: si conviene más el dólar, el stock de Lebacs -que equivale al 9 por ciento del Producto Bruto Interno- migrará, indefectiblemente, a la moneda estadounidense.

Así los cosas, la bicicleta financiera podría correr el riesgo de dejar de ser rentable a pesar de la fuerte política de endeudamiento. La demanda de dólares ha ido creciendo a medida que se ha ido confirmando que para este 2017 tampoco habrá brotes verdes. Los especuladores no entienden de amistades ni lealtades. Que los mismos se hayan volcado masivamente a comprar bonos y letras del gobierno nacional y las provincias, no quiere decir que, si el dólar sigue en aumento, decidan salir de esta bicicleta. El problema radica en que fue el propio gabinete nacional el que sentó los pilares fundamentales de su modelo económico a base de endeudamiento y bicicleta.

Si como muestra hace falta un botón, alcanza con observar los movimientos del Banco Central, que sostiene la política de pagar tasas más altas en los plazos más largos y así aliviar los vencimientos que debe enfrentar el Estado nacional. El gobierno se metió en un atolladero en el que, la salida puede ser muy costosa para las finanzas públicas y drásticas para los sectores de la economía cuya actividad y nivel de vida dependen del mercado interno, el empleo y el costo de los alimentos.

Ahora, cuando la cantidad de pesos en Lebacs supera ampliamente a la base monetaria nacional, los riesgos de una corrida bancaria y de una disparada del dólar están más vigente que nunca. Si a ello se le suma las presiones que ejercen los sectores agroexportadores para profundizar la devaluación y la creciente demanda de dólares que las grandes multinacionales demandan para fugar sus dividendos del país, el futuro es preocupante. Si los brotes verdes se mostraban marchitos antes de ser cultivados, con estos últimos comportamientos macroeconómicos, sumado al deterioro en el nivel de vida de los trabajadores, el neoliberalismo más que un bosque floreciente dejará un campo minado.

Devaluación y Estado liberal burgués en la Argentina 01.08.2017

El mito del dejar hacer, dejar pasar

El contexto electoral en el que se produjo la devaluación más fuerte en un año puso en entredicho al discurso de la derecha: ¿intervenir o no intervenir para que el precio del dólar no incida en los precios y el humor social?

El mes de julio cerró con una devaluación del 6,3 por ciento, la más alta en un año y con una tasa de interés en Lebac de más del 27 por ciento. Por su parte, un estudió confirmó que el 30 por ciento de la deuda tomada o emitida por el gobierno nacional fue destinada a la fuga de capitales. Estos datos, que dan cuenta de un acelerado proceso de concentración de la riqueza, saqueo y timba financiera tiene su correlato: inflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Así, la Argentina se convirtió en el único país de la región donde, en el último año y medio, cayó el salario mínimo en dólares.

Estos datos de la economía real dan cuenta del difícil momento económico que atraviesan las clases populares. La máxima preocupación del gobierno pasa por “matizar” el impacto que la transferencia de recursos está teniendo sobre los asalariados en el marco del escenario electoral. Se trata de una preocupación genuina: para sostener la bicicleta financiera, el endeudamiento y el acelerado proceso de concentración de la riqueza, la derecha necesita sostener el poder político y, por sobre todo, la legitimidad para continuar con las medidas de ajuste y represión.

En ese sentido, la cotización del dólar es un verdadero dolor de cabeza para un sector del establishment, pero sólo en términos electorales. Como quedó en claro tras el discurso de apertura de la 131 Feria Rural en Palermo, agroexportadores y banqueros se llevan de maravilla con el gobierno nacional. Es una “relación natural” ya que, en la actualidad, la administración del Estado se encuentra en manos de diversos representantes de las diferentes fracciones de clase que conforman el bloque de poder dominante en el país.

En ese marco y tras una semana en la que nuevamente el dólar fue noticia, en los medios de comunicación del establishment, preocupados por el contexto electoral, surgió la pregunta: ¿debe o no intervenir el Banco Central para mantener la divisa “estable”, al menos, hasta después de las elecciones de octubre?

La pregunta es engañosa ya que trae implícita la conclusión de que el Banco Central puede elegir no actuar. ¿Esto es verdaderamente así? Existen dos niveles de análisis al respecto: el primero, responde a decisiones concretas, con orientación táctica, de política económica, que la máxima institución monetaria del país puede adoptar o no. Esto ocurre, no tan a menudo como se piensa, pero suele ser el marco general en el que se desenvuelve la institución.

El otro nivel refiere al diseño del escenario en el que se desarrolla la política económica en general, y monetaria en particular, del país. Allí la intervención del Estado es directa. Sea en su fase liberal burgués o en su fase intervencionistas -que el Partido Comunista cree necesaria- el juego de intereses, disputas y tensiones se desarrolla en un escenario hecho a medida por las clases que lo hegemonizan.

Es en ese juego de tensiones y conflictos que la Argentina selló una sólida tradición de dependencia económica y subordinación a los intereses del gran capital internacional, lo cual, imprimió sobre el Estado nacional una preferencia estructural hacía el negocio financiero y el capital especulativo que se acentuó en las últimas cuatro décadas. Tal es así que en la actualidad, la fracción de clase dominante por antonomasia de nuestra historia, la oligarquía terrateniente, coloca sus cuantiosas ganancias en el sistema financiero.

La renta financiera a la que “apuesta” la oligarquía criolla -y los pooles de siembra y multinacionales que impulsan el paquete tecnológico de Monsanto en el campo- al misma tiempo condiciona fuertemente el mercado cambiario. Se trata de un doble juego en el que, por un lado la cotización de la moneda depende fuertemente de las liquidaciones de la exportación de cosecha y, por el otro, está última es sensible -por su carácter especulativo- a la fluctuación del dólar. La razón es más que clara: un dólar conviene a los sectores agro-exportadores pero también al sector financiero en el marco de una agresiva política de endeudamiento en moneda estadounidense que impulsa el Ministerio de Finanzas.

 

Mito burgués

¿Los agroexportadores demoran la liquidación de la cosecha a la espera de una devaluación más fuerte? El Ministerio de Agroindustria se encuentra comandado por un hombre de la Mesa de Enlace: Ricardo Buryaile, ex presidente de la Sociedad Rural de Pilcomayo y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Una vez más, como nunca antes en la historia argentina, el fuerte nexo entre el Estado y los representantes de las principales corporaciones económicas queda expuesto a la luz de todos.

¿Será por eso que la liquidación de divisas por exportación de granos cayó por dos semanas consecutivas, justo cuando crecía “la expectativa” por un dólar más allá de los 18 pesos? En este marco y a dos semanas de una elección primaria en la que parece que el oficialismo cosechará una derrota frente a Cristina Kirchner, desde distintos sectores del establishment surgió la pregunta ¿debe intervenir el Banco Central para “planchar” el precio del dólar hasta después de las elecciones de octubre?

Vale aclarar que el fuerte perfil liberal burgués que el bloque de poder real le está imprimiendo al Estado nacional tiene como uno de sus objetivos principales tutelar la relación simbiótica entre Estado y corporaciones. A grandes rasgos, el cuerpo jurídico que el Estado argentino fue construyendo desde su Constitución a nuestros días está diseñado para que, en el marco de las tensiones de una sociedad dividida en clases, la balanza siempre se incline para el lado del capital por sobre el trabajo.

“El Estado no debe intervenir en el mercado” suele ser unos de los arietes discursivos preferidos de los liberales ortodoxos. En realidad, es un enunciado que muestra las dos caras de la misma moneda: se exige la no intervención en un escenario que diseña y determina con todo el aparato jurídico y el monopolio de la violencia que ostenta, al tiempo que los grupos económicos y los medios de comunicación del establishment auguran su retiro del mismo. Pero lo que nadie puede negar es la conciencia de clase con la que cuenta el bloque de poder dominante: por ello, cuando la papas queman no sólo se exige la intervención del Estado, sino que se la estima “necesaria y prudente” como se vociferó en estos días respecto al dólar.

En la práctica el Banco Central interviene todos los días en el mercado cambiario: jugando con la tasa de interés en Lebac, vendiendo o comprando dólares o lisa y llanamente dejando hacer. El laissez faire, laissez passer es, más que nunca, una forma de intervenir.