Marcha contra los femicidios 

Género
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Organizaciones políticas y sociales se movilizaron en todo el país. “Tenemos una Policía y un Poder Judicial machistas y clasistas”, denunció la responsable de Género de la FJC de la Ciudad, Belén Barrios.

“Ya no nos callamos, cada día nos falta una amiga, familiar o compañera”, señaló Belén Barrios, responsable de Género de La Fede de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a la movilización que se llevó a cabo ayer para exigir que el Estado adopte políticas que permitan evitar que sigan sumándose casos de femicidio.

En la Ciudad la cita fue ante el Palacio de Tribunales, pero también hubo marchas en diferentes puntos del país como las ciudades de La Plata, Salta, Mendoza, Rosario y Córdoba.

El detonante de esta convocatoria del colectivo Ni Una Menos fue el asesinato de Úrsula Bahillo, quien fue ultimada por su ex pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez, a quien había denunciado en 18 oportunidades por diferentes hechos de acoso y agresiones. La última vez fue tres días antes del feminicio.

Este caso se suma a una larga lista que hiela la sangre ya que durante los primeros 41 días del año se perpetraron 44 femicidios y hubo 36 intentos de homicidio por razones de género (Ver Por Florencia y por todas).

Así las cosas, la movilización cuestiona  a la “Justicia patriarcal” y exige que cese la represión policial, al tiempo que recuerda que “uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”. Y advierte que, tal como ocurrió en el caso de Úrsula Bahillo, “la burocracia del Estado y la Justicia no toma en serio el riesgo denunciado”.

En este contexto, el viernes pasado el gobierno anunció la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios y Travesticidios que va a estar integrado por miembros de los tres poderes del Estado y buscará, de acuerdo a lo dicho por Alberto Fernández, avanzar en “estrategias coordinadas entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”.

De acuerdo a lo informado, este Consejo deberá desarrollar un ámbito de coordinación interinstitucional para garantizar un abordaje “integral, eficaz y articulado” entre los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires “en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de ese tipo de delitos”.

Y, así, se pretende “trazar líneas de trabajo comunes, centralizar la información estadística y de los casos, generar herramientas compartidas, conformar estrategias para todas las provincias teniendo en cuenta las particularidades territoriales”.

 

Patriarcado, arraigado

 

“El catalizador de estas  movilizaciones que se dieron en todo el país fue el femicidio de Ursula, pero este año en  Argentina hay un femicidio cada 22 horas, una piba muerta cada menos de un día”, recalcó Belén Barros y reflexionó que “es tremendo que en el caso de Ursula, como en el de tantas otras, hubo denuncias previas y un botón antipánico, medidas que demostraron ser insuficientes”.

Asimismo, no dudó cuando advirtió sobre “la responsabilidad que tiene el Estado en la cantidad de femicidios que se registran” y se refirió a la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios y Travesticidios.

“Es un buen paso a nivel institucional, pero hay que tener en cuenta lo arraigada que están las costumbres patriarcales dentro de nuestro sistema, principalmente en el Poder Judicial y sus organismos que, supuestamente, están para cuidarnos”. Y alertó: “tenemos una Policía completamente machista y clasista, al igual que el Poder Judicial”.

Así las cosas, recordó que “la Ley Micalea, la cual debe formar a las personas que ejercen cargos públicos en cuestiones de género, no se aplica o no se lo hace como corresponde”, por lo que instó a “hacer una revisión a nivel general de todas las estructuras del poder”.

En esta línea, fue contundente cuando dijo que “el caso de Ursula demuestra que el problema va más allá de la creación de organismos, porque tenemos un Ministerio de Mujeres y Diversidad, pero las cosas no funcionan como corresponde”.

Para finalizar, valoró que “se esté hablando de hacer una reforma judicial feminista”, pero sin dudarlo, hizo hincapié en que “se debe apuntar a la desigualdad, porque hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de denunciar o no tienen medios para vivir alejadas de la persona que ejerce violencia”. Por lo que reafirmó que es preciso avanzar en políticas publicas “destinadas a los sectores más vulnerables”.