Economía

Apuran el paquetazo13.12.2017

Urge que los jubilados paguen la timba

Convencido de que ya cuenta con los votos suficientes, el bloque de Cambiemos –por orden de Macri- convocó a una sesión especial mañana para aprobar los capítulos I y II del paquetazo: las reformas previsional y tributaria

Con carácter de urgencia el oficialismo convocó a una sesión especial a una sesión especial para sancionar las reformas previsional e impositivas mañana a las 14 horas.

La prisa es el epílogo de lo sucedido ayer en el Congreso y en La Rosada: al mismo tiempo que el ministro Dujovne admitía antes los diputados de la oposición que “no hicimos la cuenta de cuánto va a ganar un jubilado con la nueva fórmula”, Macri firmaba un decreto que aumenta la partida presupuestaria del 2017 para el pago de intereses de la deuda ¿Cómo se relaciona esto con la reforma previsional? 

Los jubilados pagan con su bolsillo los intereses de la deuda que el macrismo contrae para fugar capitales e impulsar la bicicleta financiera.

Así se desprende del decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri que establece una ampliación de la partida presupuestaria para el pago de intereses de deuda de este año: 84.500 mil millones de pesos.

La cifra representa más del 80 por ciento del recorte total anual –que se calcula en 100 mil millones de pesos- a los fondos de la Anses que el gobierno ansía realizar con la reforma previsional.

El pago de intereses por “servicios de deuda” es cada vez más grande y constituyen una verdadera bomba de tiempo para las cuentas públicas. Sólo en 2017 el Estado desembolsó 416 mil millones de pesos, un 30 por ciento más en relación al crédito vigente en el 2016 que fue de 322 mil millones.

Con esta decisión, el gabinete habilitó una nueva partida presupuestaria para hacer frente a los costos de la política económica del macrismo. La cifra es exorbitante y una sola equivalencia alcanza para medir su magnitud: 11 millones de jubilaciones mínimas y casi 60 millones de asignaciones universales se podrían pagar con eso 84.500 millones de pesos.

Que el pago de los intereses de la política de endeudamiento masivo y bicicleta financiera es una verdadera bomba de tiempo para las cuentas públicas es una verdad que venimos evidenciando en las páginas de este diario. Por ello no sorprende que a medida que transcurre el tiempo el gobierno eche mano, cada vez con más prisa, a los fondos destinados para financiar políticas públicas, planes sociales y jubilaciones para hacer frente a los “servicios de deuda”.

En el marco de una economía estancada como la Argentina –con una tasa de crecimiento del PBI de poco más del 3 por ciento- y con un creciente déficit fiscal y comercial que en parte se explica por la liberalización de las importaciones y el peso de los intereses de la deuda, queda en claro que lo que se amplía en un lado se reduce en otro.

Por ello es importante señalar que, al contrario de lo que esgrimió el propio presidente al justificar la política de endeudamiento como “necesidad” para combatir la pobreza, aumentar la partida presupuestaria para costear la deuda externa y el pago de bonos y recortar jubilaciones no sólo se contradice con el argumento presidencial sino que responde a una clara decisión de política económica por parte del Ejecutivo.

Para decirlo claro: la premura por parte de los diputados oficialistas para aprobar las reformas expresa la firme voluntad del bloque de poder real de recortar jubilaciones, pensiones y asignaciones para favorecer la fiesta de los especuladores. 

Nueva fórmula, vieja tentación

Al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, le preguntaron ayer cuánto iban a ganar los jubilados con la nueva fórmula  propuesta por el Ejecutivo y la respuesta fue contundente: “no hicimos las cuentas”.

Pese a lo irrisorio de la afirmación, hay que reconocer que de todas las respuestas posibles el ministro eligió la menos dañina para el gobierno: mejor desconocer la verdad que reconocer el recorte de jubilaciones y pensiones. 

Los que si ya hicieron la cuenta son los 8 millones y medio de jubilados que perderán, en promedio, 7 mil pesos en todo el 2018. 

Con la formula aún vigente en la Ley de Movilidad, el aumento correspondiente al mes de marzo sería de 1450 pesos. Pero de prosperar mañana –todo parece indicar que así será- la reforma previsional el incremento será de apenas 570. Es decir, 880 peso menos que se suman a la pérdida que tendrán los 8 millones de niños, niñas y adolescentes que perderán 125 pesos por mes ya que las asignaciones también se verán afectadas. 

A pesar de la fuerza de los datos, el diputado Pablo Tonelli insistió con su afirmación: “los jubilados van a perder plata pero no poder adquisitivo” ¿Es esto así? En 2017 las jubilaciones aumentaron un 28 por ciento frente a una inflación proyectada de 26 puntos: un empate técnico que se convierte en una fuerte derrota en relación a la inflación del 2016 que superó el 40 por ciento y de la que los salarios y jubilaciones nunca se pudieron recuperar. 

Pero si el pasado reciente es pura pérdida para los jubilados, el futuro es desolador: si con la fórmula que el gobierno quiere eliminar el aumento debería ser del 14 por ciento, con la nueva ecuación será de sólo 5,5 frente a una inflación proyectada del 10 por ciento pero estimada en un 18. 

Así las cosas, con esta nueva fórmula la derecha cae en una vieja tentación: recortar las jubilaciones. Como en el 2001 –Patricia Bullrich también formaba parte del gabinete nacional- la variable de ajuste son los que menos tienen.

Cambiar algo para que no cambie nada13.12.2017

Gatopardismo en el Congreso

Frente al saqueo que se le propone a los jubilados y bajo la premisa de “todos tienen que ceder un poco”, la reforma tributaria aceptó un pequeño impuesto a los capitales extranjeros que invierten en Lebcac ¿Medida paliativa o humo?

En el marco del paquetazo que se debate en el Congreso, el diputado panoficialista, Diego Bossio, se ufanó de una pequeña victoria: logró incorporar un artículo que establece una gravamen especial para los capitales extranjeros que vienen al país a invertir en Lebacs, un bono en pesos emitido por el Banco Central que, debido a su alta tasa de interés -30 por ciento anual- atrae a los capitales golondrina.

Sin embargo, se trata de una medida demagógica que no afecta en lo sustancial el esquema económico planteado por el gobierno: con la tasa de interés más alta del mundo emergente el “carry trade” sigue siendo un excelente negocio para los fondos de inversión y lo que se recaudará con este pequeño impuesto es ínfimo en relación al creciente peso no ya de la deuda sino de sus intereses.

Cambiar lago para que no cambie nada. Por ello, la decisión del gobierno de aumentar la partida presupuestaria para hacer frente a los intereses de la deuda no es azarosa: los intereses en 2015 equivalían al 1,4 del PBI y en 2018 van a equivaler al 2,3. Si tomamos el mes de septiembre, el pago por servicios de la deuda se elevó un 88 por ciento con respecto a igual mes del año pasado.

Por su parte, según informó el Banco Central de la República Argentina (Bcra), sólo en el mes de noviembre el Estado pagó 325 mil millones de pesos en intereses de las Lebac, lo que equivale a tres presupuestos de Salud, un presupuesto y medio de Educación, 10 presupuestos de Ciencia y Tecnología y 37 de Industria. 

Es preciso rememorar que el Presupuesto 2018 contempla un aumento del 28,2 por ciento en los pagos de intereses de deuda frente a este año, muy por encima del avance del gasto total y coherente con el recorte de las jubilaciones. En 2018, el peso del pago de intereses de la deuda sobre los gastos totales será del 10,2 por ciento.

Como se explicó en reiteradas notas y artículos publicados en este medio uno de los principales objetivos de la política de endeudamiento externo es la fuga de capitales y el denominado “carry trade” gracias a la alta tasa de interés local: capitales golondrinas que llegan al país, invierten en Lebac y con las ganancias obtenidas compran dólares.

Está mecánica que se encuentra arraigada en la cultura empresarial del país y que el gobierno estimula le cuesta al país el 5 por ciento del PBI. Según la ONU, nuestro país pierde 21 mil millones de dólares por la conformación de empresas off-shore en paraísos fiscales ¿Con que capital se conforman estas empresas? Con los dólares que son fugados ¿Cuál es el objetivo? Eludir las cargas impositivas del país, es decir, desfinanciar las cuentas públicas.

La masa de capitales en dólares radicados en paraísos fiscales y la fuga que de estos se viene operando desde diciembre de 2015 a esta parte alcanza para sostener, con creces, la sustentabilidad de la Anses y de su Fondo de Garantía.

Para echar luz sobre estas afirmaciones alcanza con citar el reciente informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Externa de la Umet: el 75 por ciento de los 61.644 millones de dólares que el gobierno contrajo vía endeudamiento externo fue destinado a financiar la fuga de capitales.

En total se tratan de 46.305 millones que sirvieron para aspirar del país el valor generado por los trabajadores y apropiado por las grandes empresas bajo la lógica de la bicicleta financiera. 

Los datos proporcionados por la Umet son elocuentes: desde diciembre a esta parte Argentina es el país que más deuda emitió a nivel global: 66.562 millones de dólares que equivalen al 10 por ciento del PBI. En total, la deuda asciende al 51 por ciento del producto bruto cuando antes de diciembre del 2015 era del 38. El macrismo aumentó la carga de la deuda en dólares sobre el PBI en un 13 por ciento en menos de dos años. Además, la emisión de deuda supera en un 250 por ciento la suba de reservas internacionales en el Banco Central.

 

Inflación, déficit fiscal y deuda13.12.2017

El Banco Central de los especuladores

Con el IPC de noviembre ya publicado y el aumento del presupuesto para afrontar deuda sobresale el rol del Banco Central como garante de la timba financiera ¿Los perjudicados? Los trabajadores que pagan con inflación y pérdida del poder adquisitivo

La inflación de noviembre según el Indec fue de 1,4 por ciento y en lo que va del año ya es de casi el 21. De esta manera el techo impuesto por el Bcra ya fue perforado en 4 puntos ¿Cómo se relaciona esto con los intereses de la deuda y el creciente déficit fiscal?

El denominador común es la política del Banco Central. Mientras la inflación se dispara, la máxima autoridad monetaria del país eleva la tasa de interés de referencia para bonos, en una medida de fuerte carácter ortodoxo que busca aspirar de la economía real los miles de millones de pesos que el Estado emite para costear la masa de dólares que ingresan al país vía endeudamiento masivo.

Entre enero y noviembre la inflación ya sumó un 21 por ciento y se espera que termine el año en torno al 24. Por su parte la emisión monetaria interanual supera el 31 por ciento: por lo que es de esperar que el Banco Central continúe apostando a las Lebacs para regular la inyección de dólares al sistema financiero.

Ante este escenario, la mecánica es la siguiente: cada emisión de deuda en el mercado externo es compensada por el Banco Central con la emisión de pesos que luego son absorbidos vía Lebacs. Ello explica que el nivel de emisión sea casi diez puntos superior a la inflación, que el déficit fiscal se multiplique debido a los intereses que la bicicleta financiera genera –la deuda en Lebac ya supera el billón de pesos- y que la misma tenga un costo diario de 750 millones en moneda local. 

El procedimiento de aspirar enormes cantidades de pesos del mercado se apoya en la creencia de que la emisión monetaria es el principal factor que explica la inflación, que no se detiene y ya perforó su techo anual.

La lógica es perversa: si por un lado los dólares que ingresan al país luego son fugados junto al valor creado por los trabajadores, los pesos que quedan en la economía son amputados por el Banco Central para someterlos a la lógica de la bicicleta financiera en Lebacs.

Todo es pérdida para los sectores populares y ganancia para los que viven de la valorización financiera del capital y la especulación. Las cuentas públicas quedan en rojo, el déficit fiscal aumenta, las erogaciones de dinero público para hacer frente a los intereses de deuda se incrementan sin cesar mientras disminuye los fondos destinados a programas y políticas sociales, salud, educación y ciencia y tecnología. 

Esto se complementa con paritarias que corren muy por debajo de la inflación –Dujovne hoy declaró que para el 2018 las paritarias no deben superar el 16 por ciento- y aumento de precios. El escenario no podría ser peor para los trabajadores. Al encarecimiento del costo de vida que redunda en un aumento de la carestía y una baja del poder adquisitivo del salario, el Banco Central aplica una política de shock que se sustenta en un postulado de fuerte orientación ortodoxa: restar liquides en la economía real.

No por tanto repetir se dice la verdad12.12.2017

Hora de seguir destruyendo mitos

¿Será verdad que vale la pena hacer el esfuerzo que nos pide el gobierno? ¿Un escenario donde la evolución salarial se desvincula, cada vez con más, de las mejoras que se registran en la productividad?

El techo salarial y flexibilización laboral son herramientas útiles para evitar la inflación. Este es un precepto clave para el pensamiento neoliberal al que echa mano el Gobierno Macri y que, durante los días que corren, las propaladoras massmediáticas de gobierno se encargan de repetir como verdad canónica y hasta el hartazgo ¿Pero será así la cosa?

Lo que dicen es que el control de los salarios impide el incremento de masa monetaria circulante y, por lo tanto, el de la inflación.

En esta línea de razonamiento, la contracara de la moneda sería la deflación que disminuye drásticamente la masa de dinero en circulación lo que arrastraría también a las tasas de interés, así como a la actividad económica en general, ya que no queda dinero para comprar ni vender. Esto trae aparejado pérdida de puestos de trabajo y significa un golpe letal para la economía.

Estos dos escenarios, es decir incremento de la inflación seguido por un crack y el consiguiente momento de deflación, atraviesan prácticamente toda la historia del capitalismo.

Y, en todos los casos, quien gana es el que posee dinero –esto es la clase propietaria- que puede acumular en un escenario inflacionario y aguantar en una economía rota, es decir, en medio de una deflación ¿Recuerdan 2001 y 2002?

Así las cosas, en entorno deflacionario es mortal para sectores como el pyme que -pese su eficiencia- necesita del mercado interno para vender sus productos. Y con este jugador herido o afuera de la cancha, los que quedan son aquellos que tienen dinero y capacidad para concentrar la producción y la oferta que, así, queda concentrada en menos manos.

Esta concentración favorece que el mercado quede en manos oligopólicas y monopólicas, lo que le otorga el poder casi absoluto para establecer precios y condiciones en toda la cadena de valor.

Justificación empírica

Como se ve, no existe ninguna justificación empíricamente comprobable capaz de demostrar que -a la corta o a la larga- medidas como las contempladas en el capítulo laboral del Paquetazo puedan traer beneficios para las mayorías. Dicho esto, vale destacar como cada aspecto del paquetazo está concatenado a los otros, para configurar un marco legal capaz de garantizar la transferencia regresiva de riqueza y consolidarla en un modelo social mucho más desigual que el actual.

En este sentido, dos aspectos clave aparecen en la dispersión salarial que propicia la flexibilización, pero también en el escenario que plantea una fiscalidad diseñada para provocar desigualdad.

Y aquí es donde se cae otro de los mitos canónicos del diseño que se expande a escala global y que, en Argentina, intenta imponer el Gobierno Macri. Es que el crecimiento de la economía, otro de los argumentos que explicaría la pertinencia del “esfuerzo” que significa todo lo que incluye el Paquetazo no trae, necesariamente, mayor bienestar para los pueblos.

Durante el último cuarto de siglo se duplicó la renta a escala planetaria, pero fueron quienes integran el decil más rico los que se quedaron con la mitad de este incremento. En la contracara, la mitad más pobre de la población mundial obtuvo sólo el diez por ciento de las nuevas rentas generadas.

Así las cosas, también a nivel global la productividad aumentó casi un veinte por ciento, pero los salarios reales crecieron alrededor del seis, lo que quiere decir que la evolución salarial se desvincula, cada vez con más, de las mejoras que se registran en la productividad, algo que destruye el mito que vincula dinamismo económico y desarrollo.

Paquetazo y techo salarial12.12.2017

El trabajo como variable de ajuste

Distintas fuente coinciden en que, durante 2017, la inflación volvió a ganarle al salario, algo que –según espera el ejecutivo- se debería repetir en 2018.

Un reciente informe de la consultora Manpower, revela que aún ante la perspectiva de que el Paquetazo -que incluye la reforma laboral- sea aprobado, durante 2018 no se va a revertir la tendencia negativa registrada durante los dos primeros años del Gobierno Macri en lo que hace a la generación de empleo.

La Encuesta de Expectativas de Empleo, un relevamiento que esta consultora hace en base a 801 empresas, señala que sólo el trece por ciento prevé sumar personal durante el trimestre inicial del año venidero, al tiempo que el cuatro señala que va a disminuir su plantel y el resto no espera hacer modificaciones.

De los diez países encuestados en América, el único que no presenta perspectivas positivas es Argentina y fuera de la región países como Japón, Noruega, Rumania Australia y Polonia, mientras que con expectativas moderadas aparecen la República Popular China, India y Brasil.

Este dato resulta interesante en la antesala del tratamiento parlamentario que, en extraordinarias el 19 y 20 de diciembre, el ejecutivo pretende que convierta en Ley al núcleo más duro del Paquetazo que contempla las reformas del Sistema Tributario, el Pacto Fiscal que suscribieron el 16 de noviembre el ejecutivo nacional y los gobernadores con excepción del Alberto Rodríguez Saá, así como el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, y las reformas Previsional y Laboral.

En este contexto, La Rosada ya a anticipó que espera imponer, para 2018, un techo salarial que no exceda el doce por ciento, ya que anuncia una inflación del diez ¿Pero se le puede creer a esta estimación?

De acuerdo al presupuesto que confeccionó el ejecutivo para este año, que fuera aprobado con el voto de legisladores peronistas y del Frente Renovador, la pauta inflacionaria sería menor al 17 por ciento. Pero ya en diciembre ni siquiera las propaladoras más cercanas al gobierno creen en esa estimación.

Para corroborarlo, sólo alcanza con revisar el último informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT (ODE), que dice que la con inflación de noviembre -que alcanzó el 2,18 por ciento- el incremento de precios anualizado ya es de casi 26 por ciento y todavía falta diciembre, un mes donde las fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones le añaden peso a la inflación.

Y en este sentido, si para muestra basta con un botón –o con un arbolito- vale citar que según un informe publicado esta semana por el observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), la suba promedio de los productos navideños es casi un 29 por ciento en el caso de la canasta más modesta y del 41 en aquella que habitualmente consumen los sectores medios.

Pero esto no es todo, dentro de algunos productos la cosa pasa de castaño oscuro: para los budines el aumento supera el 24 por ciento, en el caso del pan dulce está por arriba del 31 y en el de las sidras se ubica en casi un 41, porcentaje que supera cuando se habla de confituras.

Todo esto, según destaca la Undav, en un contexto donde el arrastre de los dos últimos años es terrible, ya que los productos de consumo navideño se incrementaron en un rango que va del 87,4 al 96 por ciento.

Pobres e indigentes

Así las cosas, la inflación que según el ODE va a estar en el orden del 26 por ciento, supera en dos puntos al 24 que se impuso como techo salarial para los trabajadores en relación de dependencia durante 2016, año en el que la mayoría de gremios firmaron muy por debajo de ese porcentaje.

¿Dónde queda entonces la recomposición salarial si para 2018 desde el ejecutivo ya se anticipa que el techo va a volver a estar bastante por debajo de la inflación?

Este trabajo también da cuenta de que, en noviembre, para no ser indigente, un adulto necesitó contar con un ingreso mensual de 2.325,15 pesos, en tanto que no caer por debajo de la línea de pobreza, debió tener ingresos no menores a 5.376,13 pesos.

Es con este telón de fondo que desde la Universidad Católica Argentina (UCA), el Gobierno Macri volvió a recibir fuego amigo. Un informe de la UCA que acaba de ser difundido enciende luces de alarma: lejos de morigerarse, desde diciembre de 2015 la pobreza y la indigencia crecen en Argentina.

Los datos son elocuentes, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 31,4 por ciento de los argentinos viven en situación de pobreza, al tiempo que casi el seis por ciento sobrevive en la indigencia. Esto quiere decir que 13,5 millones de personas son pobres y 2,5 indigentes, de ellos, casi la mitad son niños menores de catorce años.

Y esta situación se agudiza, todavía más en el conurbano bonaerense donde el 27,8 por ciento de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza y casi el ocho en situación de indigencia.

Otra mentira y van...12.12.2017

Aguinaldo y ganancias

Hecha la Ley, hecha la trampa, una norma que dejó pliegues como para seguir cobrándole a los que menos tienen.

Aunque la Afip avisó que el impuesto se fue prorrateando a lo largo del año, el medio aguinaldo de este mes va a sufrir la retención del impuesto a las Ganancias y, de esta manera, volverá a implementarse una práctica que fue sumamente cuestionada hasta 201, incluso por muchos de los que entonces estaban en la oposición y ahora forman parte del gobierno.

Vale recordar que la Ley 27.346 que comenzó a aplicarse durante este año, establece un prorrateo equivalente al 8,33 por ciento del salario que se toma como pago a cuenta de lo que el trabajador debería cobrar en diciembre.

Por medio de este mecanismo, se pretendía evitar que el pago del medio aguinaldo lleve al ingreso del empleado a una categoría superior a la que en realidad posee, por lo que sufriría un gravamen equivalente al mismo monto del sueldo anual complementario.

Pero hecha la ley hecha la trampa. Esta norma deja entre sus pliegues resquicios para que casi todos los trabajadores que fueron alcanzados por el impuesto, se vean obligados a tributar el medio aguinaldo.

Uno de ellos se presenta en el caso de los trabajadores que hayan recibido algún aumento de sueldo durante el semestre, ya que como el aguinaldo se calcula como la mitad de la mayor remuneración del período, serían pasibles de una deducción de Ganancias superior a la proporción del 8,33 por ciento del último ingreso.

Otro caso es el del pluriempleo, es decir, aquellos que añadieran una ocupación principal adicional que, durante el año generara ingresos extra, pero también en el de los que problemas de instrumentación del nuevo sistema el agregado mensual del 8,33 del salario para determinar el saldo a retener de Ganancias, no se haya aplicado en los meses previos, por lo que se va a añadir en diciembre.

Ante este panorama que con claridad desenmascara otra promesa incumplida, desde La Rosada deslizaron que es posible que durante 2018 se eleve el mínimo no imponible en un 29 por ciento. Pero por ahora, habrá que pagar y esperar.

 

Impuestazo a la economía solidaria08.12.2017

Van por las cooperativas

Por su naturaleza jurídica las cooperativas no deben pagar Ganancias, pues no las tienen. A pesar de ello, según se desprende de la reforma tributaria que espera su sanción en la cámara baja, el gobierno busca gravar con este impuesto a las asociaciones cooperativas del sector financiero. Puerta abierta para avanzar sobre el resto de las cooperativas de la economía

La segunda etapa del plan de ajuste, entrega y represión de la derecha claramente plasmado en el paquetazo de reformas que el Ejecutivo presentó en el Congreso no sólo favorece a la banca privada y las grandes empresas sino que también afecta a las cooperativas que desempeñan su actividad solidaria en el sector financiero.

Así se desprende de dos artículos –el 23 y 24- del proyecto de reforma tributaria con media sanción en Senadores y que espera tratamiento y aprobación en la Cámara Baja en el contexto de la convocatoria a sesiones extraordinarias que realizará Macri en las próximas horas.

Según el texto, la forma que encontró el gabinete económico para gravar la actividad de las cooperativas de ahorros, créditos y seguros es la de cobrarles el impuesto a las ganancias desconociendo el artículo 20 –incisos d y g- de la ley que la reglamenta. En estos dos puntos, la ley afirma que el impuesto a las ganancias no podrá aplicarse a las sociedades cooperativas.

Para ello el gobierno establece en el artículo 23 y 24 de la reforma tributaria que la exención impositiva no regirá para los excedentes que provengan de actividades de ahorro, seguros y crédito por lo que ahora las cooperativas y mutuales del sector pasarán a pagar un tributo del que estaban exentas por el carácter social de su actividad.

De esta forma el gobierno iguala las condiciones entre las asociaciones que desarrollan su actividad en el marco de la economía social y bajo lógicas solidarias con las de las empresas privadas con afán de lucro.

La jugada no es sorpresiva. Someter a las mismas obligaciones a cooperativas y empresas privadas en el marco de un diseño económico-social hecho a medida de estas últimas perjudica a todos aquellos sectores que ofrecen productos y servicios bajo modelos distintos a los hegemónicos.

Cambio cultural

El rediseño económico-social encarado por el bloque de poder real en la Argentina exige transformaciones en el ámbito económico pero también -y como extensión de estos-en la arena cultural.

En ese sentido el gobierno no da puntada sin hilo. Es que el mismo día en que el Juez Claudio Bonadio dictaba la prisión preventiva –práctica extendida en esta época y asimilable a los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo en el período 1976-1983- contra Zannini, Timerman, Delia, Esteche y Cristina Kirchner –que como es Senadora pidió a la cámara alta su desafuero- , el presidente Macri inauguraba en el interior de la Quinta de Olivos el “Paseo de la República” como expresión del “cambio cultural que hemos emprendido”.

Esta transformación cultural a la que refiere Macri es condición sine qua non para que el bloque de poder real pueda realizar la profunda cirugía que tanto ansía sobre la estructura económico-social del país.

Para que ello sea posible es menester –desde la perspectiva de los grupos económicos- avanzar en una serie de medidas que consolide el perfil liberal burgués del Estado nacional que, por definición, se contrapone el Estado semi-keynessiano ensayado por el kirchnerismo durante los 12 años previos.

Ese es el objetivo principal del paquetazo que el Ejecutivo consensuó con sus principales aliados –agroexportadores, la banca privada, supermercados entre otros- y que negoció con los gobernadores bajo la amenaza de condicionar las cuentas públicas de las administraciones regionales.

La reforma laboral, previsional y tributaria así como el “pacto fiscal” con las provincias son partituras tocadas por una orquesta que comenzó a sonar en diciembre de 2015 y que tiene ya, entre sus principales obras, ejecuciones tales como la quita de retenciones a la exportación de granos, el endeudamiento externo masivo, la tasa de interés de bonos en pesos por encima del 30 por ciento anual y la alianza estratégica con Brasil para celebrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea.

El paquetazo de “reformas permanentes” –así las bautizó el propio presidente- afecta a toda la estructura económico-social del país ya que apunta a efectuar y consolidar un rediseño del país bajo lógicas neoliberales que habían sido domesticadas y anuladas en el ciclo anterior.

Hasta el momento el gobierno viene implementando estos profundos cambios en materia económica con represión pero también con consenso. Gramsci ya había advertido en las décadas del 20 y el 30 que estás son dos caras de una misma moneda con la que las clases dominantes pagan su posición dentro del bloque histórico que las erige como tales.

Ahora bien, si los niveles de consenso dan cuenta de la capacidad hegemónica de las clases dominantes y el despliegue de la fuerza –represión y persecuciones a opositores- hace referencia a la capacidad de resistencia de los oprimidos, se puede afirmar sin temor a equivocarse que en la actualidad la buena salud del rediseño económico-social que práctica el gobierno depende, en el corto plazo, del éxito en la implementación de esta batería de reformas que tienen el objetivo de plasmar en texto y ley las transformaciones que los grupos económicos vienen imponiendo de hecho.

Esto se evidencia, tal como lo denunciara ayer el PC en un comunicado, en la “cacería política sin precedentes en la democracia Argentina” desatada ayer contra dirigentes políticos de la oposición pero también en la urgencia por parte del Ejecutivo de llamar a sesiones extraordinarias para sancionar allí la mayor cantidad de reformas posibles.

La solidaridad no tiene lugar

Para que la imposición de esta nueva matriz social sea exitosa el bloque de poder dominante necesita que se efectúe un profundo cambio cultural en el seno de la sociedad. Esto es coherente con un modelo económico-social en el que lo especulativo prime por sobre lo productivo, lo rentable por sobre lo solidario y lo privado por sobre lo público.

Por ello no hay equívocos en el texto y la letra de cada una de las reformas que el gabinete redactó para que el Congreso, bajo la lógica de la escribanía, avale las intenciones del Ejecutivo.

En ese caso, el artículo de la reforma tributaria que grava con el impuesto a las Ganancias a las empresas de tipo solidaria en el sector financiero resulta aleccionador: las cooperativas deberán ajustarse al esquema de la lógica del lucro, lo que en esencia, implica dañar el fundamento mismo de su razón social.

Al igual que sucede con el salario del trabajador –que no es ganancia sobre un capital invertido sino el precio de la fuerza de trabajo que el capitalista paga-, las empresas cooperativas no generan ganancias o dividendos sino excedentes que son repartidos entre los socios –que también son usuarios- según los servicios utilizados y nunca sobre un capital invertido.

La economía social y solidaria posee lógicas muy distintas a la actividad privada con fin de lucro. El crecimiento de este tipo de organización económica durante los años del kirchnerismo dejó casi 30 mil cooperativas en todo el país, estadística que sin duda molesta a la administración cambiemita.

Estos cambios que afectan a las empresas solidarias del sector financiero se condice con el desfinanciamiento y ataque que el gobierno efectúa, desde que asumió, sobre las fábricas recuperadas. Se sabe que en momentos de deslocalización, fuga de capitales y caída de la inversión productiva, la economía social adquiere relevancia como solución alternativa al problema del empleo y la gestión empresarial.

Por ello no es descabellado ni resulta caprichoso afirmar que los artículo 23 y 24 de la reforma tributaria son la punta de lanza del gobierno para avanzar contra todo el sector cooperativo y solidario del país.

Esta avanzada se justifica tanto por los cambios de orden económico como cultural. Si no es admisible que las cooperativas quiten clientes a empresas privadas, menos lo es permitir la existencia de modelos de gestión alternativos al afán del lucro desmedido en un contexto donde se estimula, como nunca antes, la bicicleta financiera y la inversión especulativa.

El bloque de poder dominante no da puntada sin hilo. Con los artículos 23 y 24 el gabinete busca cruzar una primera trinchera que tiene como objetivo principal desterrar cualquier semilla de organización económica que erosione la voracidad de las elites neoliberales.

Más bicicleta, más especulación08.12.2017

Una bomba de tiempo

Gracias a la política de endeudamiento masivo que ensaya el gobierno nacional, los bancos aumentan sus ganancias a caballo de créditos UVA y baja tasa de interés sobre los depósitos ¿La clave? La desregulación del sector financiero y la esperada reforma del mercado de capitales vía paquetazo

El sistema financiero en Argentina se está convirtiendo a paso acelerado en una verdadera bomba de tiempo para toda la sociedad. Según informó el Banco Central (Bcra), en el último año los créditos UVA crecieron un 91 por ciento mientras que los depósitos de ahorristas se mantienen estancados, con un incremento apenas superior a los 20 puntos.

¿Qué quiere decir esto? Qué la economía nacional se vuelve cada vez más sensible a cualquier cimbronazo en el sistema financiero internacional, al tiempo que la población se endeuda con créditos que serán impagables y los bancos obtienen ganancias exorbitantes de forma inmediata.

La desregulación del mercado financiero y de capitales que se viene operando de hecho desde diciembre de 2015 a esta parte es la clave que permite que este modelo se propague vertiginosamente.

A la espera de que los diputados aprueben la “Ley de financiamiento productivo” para las Pymes que incluye una reforma del mercado de capitales, los bancos establecen tasas de interés a sus anchas sin ningún tipo de restricción, lo que se plasma luego en las estadísticas difundidas por la máxima autoridad monetaria del país.

Así las cosas –y en gran parte gracias a los créditos UVA- los bancos cobran tasas altísimas para prestar dinero mientras que pagan intereses bajísimos a los ahorristas que deciden abrir plazos fijos y cuentas corrientes.

Si los dividendos de la banca se explican fácilmente por la ecuación intereses cobrados por el dinero prestado menos intereses pagados por el dinero depositado se entiende rápidamente el negocio redondo que estos están haciendo con el actual modelo económico.

Según el Bcra, “el financiamiento del UVA sigue ganando participación sobre el total de préstamos a personas físicas” ya que “desde el lanzamiento de este instrumento se entregaron unos 44.800 millones de pesos en créditos indexados por inflación”.

A su tiempo, el crecimiento de depósitos no aumentaron, en ninguno de los casos, por encima del 22 por ciento, ya sea en cuenta corriente, plazos fijos o cajas de ahorro, lo que da cuenta de un claro estancamiento en este ítem.

En otras palabras, con el gobierno de Cambiemos ha crecido la cantidad de personas físicas que le deben a los bancos. A su vez, estas justifican una parte importante de los dividendos que las entidades obtienen gracias a las altas tasas de interés al tiempo que pagan cada vez menos por el dinero que la sociedad les deposita en sus cuentas para que estos lo hagan circular.

Tiempo de deuda

A este escenario milimétricamente preparado para que los bancos hagan sus negocios hay que agregarle la timba financiera con tasas en Lebacs que superan, según el plazo, el 30 por ciento anual y la inmensa cantidad de dólares que ingresan –hasta que el grifo se cierre- al país vía endeudamiento externo para financiar la fuga de capitales y el círculo vicioso de dólar-pesos-Lebacs-dólar con el que se encuentran haciendo negocios los fondos de inversión que, cuando el país entre en default, no duraran en hacer valer sus títulos adquiridos.

En esta semana corta que pasó el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo anunció que colocará Letes por 40 mil millones de pesos y 1.700 millones de dólares.

A este ritmo la política de endeudamiento del gobierno nacional busca romper todos los récords. La deuda total en moneda extranjera, según datos del Observatorio de la Deuda de la UMET, desde la asunción de Cambiemos y hasta mediados de noviembre de 2017, fue de 87.880 millones de dólares, lo cual equivale al 15,7 por ciento del PIB.

En relación al PIB, pasó de representar el 27,5 por ciento a fines de 2015 a alcanzar el 43,2 por ciento en la actualidad. Un rasgo relevante es que, el sector público ha generado el 89 por ciento del nuevo endeudamiento y sólo un 11 por ciento correspondió al sector privado, según el referido observatorio.

En materia de Lebac, el Bcra detalló en su informe de noviembre que el stock es de 1147 mil millones de pesos. De ese total, 344 mil millones de pesos se encuentran bajo posesión de los bancos. Los títulos restantes están bajo propiedad de inversores y fondos privados que desembarcan en el país para hacer sus negocios. Motivos no les faltan: Argentina tiene la tasa de interés local más alta del denominado mundo emergente. Negocio redondo para la especulación y una bomba de tiempo para toda la sociedad.

 

Rediseño tarifario08.12.2017

Gas y transporte recargado

A los aumentos ya concretados en las tarifas de agua, luz y gas se le suma un recargo en estas últimas que impactará en el bolsillo de los usuarios. Además, se espera una fuerte suba del transporte para 2018 ¿El factor común? La quita de subsidios

Las malas noticias para los usuario de los servicios públicos no se detienen: a los nuevos tarifazos de agua, luz y gas concretados el primero de diciembre se le suman la quita de subsidios al Fondo Fiduciario del gas que redundará en aumentos de hasta el 2000 por ciento en los aportes que los consumidores hacían al mismo y un rediseño en las tarifas del transporte público.

El Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren, acorde a la política económica del gobierno, decidió transferir el subsidio que el Estado otorgaba a los usuarios de las zonas más frías del país a las facturas que abonan los habitantes de la zona metropolitana del país.

La medida fue publicada ayer jueves en el Boletín Oficial y había sido anticipada en las audiencias públicas que el gobierno realizó durante el mes de noviembre. Lo que no se sabía era como impactaría la decisión de Aranguren en el bolsillo de los trabajadores.

Ahora con esta transferencia que el Estado opera contra los usuarios, el recargo pasará desde los 84 centavos a 18 pesos por un gasto de 211 metros cúbicos, y de 1,59 a 34,12 pesos por 399 metros cúbicos.

De la medida publicada en el Boletín Oficial se desprende también que los usuarios pasaran de pagar 104 a 170 pesos en concepto de “cargos fijos” por el Fondo Fiduciario.

Esta decisión se da a conocer una semana después de que el gobierno autorizara incrementos en las tarifas de luz y gas, donde las subas más fuertes las sufrieron los usuarios de Edenor y Edesur.

Como si no fuera poco pero coherente con el esquema tarifario perfilado por el gabinete económico desde que asumió, el gobierno tiene decidido quitar los subsidios al transporte público, decisión que redundará en un aumento anual de 6 pesos a razón de 50 centavos por mes. Así las cosas, el mínimo de colectivo en el Gran Buenos Aires pasará de los 6 a los 12 pesos, es decir, un aumento del 100 por ciento.

¡Buenas noticias, llegaron los brotes verdes!06.12.2017

Lástima que son de arbolitos...

Cada vez más libertad...para la timba. Que a nadie le falte su dólar ¿Que buscan con todo esto?

La semana pasada, el Banco Central autorizó que las agencias y casas de cambio lleven a cabo sus operaciones de compra y venta de divisas en la vía pública y por medio de promotores, lo que sin eufemismos no es otra cosa que autorizar la actividad de los arbolitos.

Pero esto no es todo. Como para favorecer más aún a la timba, el Central también adoptó normas que facilitan el proceso de autorización de casas y agencias de cambio que, ahora, se va a poder hacer con escasos requisitos y online. Así, tras un click, cualquiera -o casi- va a poder iniciar su actividad en este lucrativo rubro.

A la hora de explicar los motivos de la decisión, el Central señaló que busca “facilitar el acceso de turistas y del público en general a operaciones legales de cambio”, tras lo que –en un comunicado oficial- lamentó este tipo de actividad está “muy subdesarrollada en la Argentina, en comparación -por ejemplo- con Perú (1.242 personas físicas cambistas, 1.045 casas de cambio) o Colombia (1.436 profesionales de cambio)”.

Perú y Colombia son, junto con Brasil y Chile, los países de la región que poseen mercados de capitales más voluminosos en relación a sus respectivas economías y a menudo se los presenta como modelo a seguir. Pero también están entre las economías más desiguales de la región que, de acuerdo al Índice de Gini es la más desigual del planeta, después de la subsahariana.

¿De qué hablamos?

Hablar de capitalismo es hablar de capital que, fundamentalmente, es una forma de relacionarse socialmente. Pero también es un sistema histórico, siempre amenazado por sus propias contradicciones internas, que consigue sobrevivir porque es capaz de rediseñarse, mutar y volver a equilibrarse.

La expansión que alcance la explotación en cada momento y sociedad, está vinculada –entre otras cosas- a la pertinencia que pueda tener un determinado régimen de acumulación, pero también a capacidad de integrar y fidelizar a las clases subalternas a un determinado orden social.

En este proceso de legitimación, la construcción de un imaginario en el que el fetiche por excelencia de la financierización, el dólar, aparezca como un objeto de deseo al alcance de la mano, es clave.

Así las cosas, al tiempo que desde las propaladoras massmediáticas se machaca con esto de que la libertad se convirtió en un concepto que se explica sólo a través de las relaciones de mercado, cualquier hijo de vecino va a poder, libremente, adquirir su billete verde, sin cepo y a un arbolito.

Mientras tanto, a caballo de una política monetaria y fiscal sustentada en la desorbitada toma de deuda externa, el país se convirtió en un campo orégano para la timba financiera.

Pero esto no sólo implica una feroz transferencia regresiva de riqueza. Es que con la financierización de la economía se dispara un proceso de mutación del capital productivo en capital financiero, lo que apunta también a la destrucción del espacio de resistencia de la clase trabajadora.

Así, lo que se pretende es atacar al proletariado y reemplazarlo por un sujeto social lábil, el precariado. Y, por sobre todo, cumplir con el objetivo estratégico que se propone: dinamitar la lucha de clases.

¿A que no sabes quién vino a cenar?06.12.2017

El robo y el Botín

¿Vidas paralelas? Resulta que el Paquetazo no era un invento argentino ¿A qué habrá venido a Argentina una de las principales jugadoras de peso del mercado financiero global?

Ayer, Santander Río lanzó su nueva línea de crédito para grandes y pequeñas empresas bajo la modalidad UVA y, así, pasó a ser el primer banco privado que ofrece este tipo de servicios al sector productivo.

De acuerdo al anuncio, los créditos se destinan a la financiación de proyectos de inversión, capital de trabajo y adquisición de bienes de capital a una tasa que de nueve por ciento que se puede financiar, hasta sesenta meses, bajo la modalidad de amortización del sistema francés.

La noticia suena a brote verde ¿pero será tan así la cosa?

Desde que dos semanas atrás Diputados le diera vía libre, la iniciativa que busca reformar la Ley de Mercado de Capitales, está trabada en un Senado en el que todo parece ser negociable. Por eso no sorprende que se haya dejado trascender que el presidente, Mauricio Macri, incluirá la iniciativa para que se trate en sesiones extraordinarias.

En La Rosada confían en que, con la nueva composición de la cámara alta, la norma se convertiría en Ley antes de fin de año. Y, en este escenario, Macri podría reglamentarla durante el trimestre inicial de 2018.

¿Pero por qué tanto apuro? La iniciativa se publicita con el argumento del presunto beneficio que traería al sector pyme, pero lo en sustancial persigue favorecer la generación de un espacio libre de trabas a un formidable negocio financiero.

Esto se revela en uno de sus puntos clave que, si prospera el proyecto, viabilizará que grandes inversores privados adquieran –como instrumento financiero- créditos para la vivienda que se entregan por medio de bancos.

Es prudente destacar que la utilización de letras hipotecarias de esta manera, no representa un mecanismo novedoso. Experiencias de este tipo ya se desarrollaron en otros países, entre ellos EE.UU. y España, donde normas casi similares crearon las condiciones que provocaron las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.

Pero esto no es todo. En su texto, el proyecto del ejecutivo anula el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, que es aquel que le permite a la Comisión Nacional de Valores (CNV), supervisar y ejercer control sobre el mercado de valores, esto es, sobre las firmas cotizantes.

Si avanza la nueva norma, la CNV no va a poder remover a integrantes del directorio de una sociedad ni designar veedores.

Otro punto para destacar es el que habilita el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, algo que incluye eliminación de impuestos y corrobora el sentido verdadero que persigue la iniciativa: lograr una mayor liberalización del mercado de capitales, lo que va en sintonía con los requerimientos del FMI y la Ocde pero, fundamentalmente, está en el carácter identitario y de clase del tándem de poder que gobierna Argentina desde 2015 ¿Pero quiénes serán los grandes jugadores para los que el Gobierno está sirviendo la mesa?

Invitada especial

Mientras una multitud de trabajadores se movilizaba hacia el Congreso contra el Paquetazo, Macri recibía en la Casa Rosada a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

En nuestro país -por sus depósitos y créditos- el Santander es el principal banco privado que, además, no hace mucho adquirió la banca minorista de Citibank Argentina, con lo que sumó algo así como mil clientes y setenta sucursales. Y, con una cartera de132 millones de clientes y alrededor de doscientos mil empleados, es una de las mayores entidades financieras del globo.

La Banca Santander y la familia Botín son jugadores de peso en el mercado financiero global. Pero, asimismo, es uno de los principales beneficiarios del paquetazo crónico que, bajo la eufemística designación de “reformas”, desde hace más de una década vienen imponiendo en España, primero el gobierno del socialdemócrata Rodríguez Zapatero y después el de Mariano Rajoy.

En este caso, las “reformas”, supusieron el rescate de la banca que había jugado a la ruleta con los derivados de créditos hipotecarios, todo a costa de una formidable caída de los salarios.

Esta transferencia de riqueza fue acompañada de proyectos que se convirtieron en Ley, entre gallos y media noches, que provocaron la pérdida de derechos políticos, sociales, ciudadanos, humanos y laborales. El Paquetazo se destinó a favorecer a bancos privados que quedaron una situación de insolvencia como consecuencia de su delincuencial política crediticia, pero también le otorgó mucha más capacidad de decisión a las principales empresas vinculadas al capital productivo que tienen sólida imbricación con el capital financiero.

Como el que avanza por aquí, el Paquetazo de allá, comprendió capítulos que afectaron drásticamente a los sistemas de prestación universal y pública de Salud, Pensiones y Educación. Y, fundamentalmente, rediseñó de forma regresiva a la relación entre los universos del trabajo y el capital, lo que cristalizó la transferencia regresiva de riqueza.

Así las cosas, a caballo de una destrucción de empleo de características cataclísmicas, lo que provocó también el hundimiento de miles de pymes, un reducido grupo de grandes propietarios, entre ellos la familia Botín, no sólo recuperaron posiciones que habían perdido por la crisis que ellos mismos provocaron, sino que quedaron mejor que antes.

¿Suena parecido? Puede ser, en tal caso, va a ser cuestión de advertir de qué se habla cuando se habla de volver al mundo y, antes de hacerlo, será prudente ver qué es lo que está pasando en ese mundo. Al menos si usted es lector de NP diario de noticias, no va a poder decir que no le avisamos.

 

Macri con derecho a veto06.12.2017

Abiertos al mundo, pero no tanto

Se vienen la Cumbre Ministerial de la OMC y la Contra Cumbre de los Pueblos. El ejecutivo dio de baja la acreditación de varias ONGs.

Al compartir un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), el jefe de Gabinete Marcos Peña, fue claro cuando recalcó que “confiamos y respaldamos la política monetaria que implementa el Banco Central”.

Fue en el Sheraton, donde Peña estuvo acompañado en la mesa principal por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y un grupo de empresarios, entre ellos el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; y el director general de Swiss Medical Group, Miguel Blanco.

Ahí, el jefe de Gabinete destacó la presidencia pro tempore de la Argentina en el G20 y la organización de la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comenzará la semana venidera en Buenos Aires, tras lo que resaltó las “buenas perspectivas” que se presentan para que nuestro país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Y, en este contexto, aseveró que el “mundo nos abre las puertas y no sólo nos da la bienvenida, sino que nos plantea que tenemos un rol muy importante para cumplir”.

Pero, más allá del optimismo de Peña, no se espera ninguna declaración fuerte durante la Cumbre de la OMC que, desde La Rosada, pretenden exhibir como un ejemplo de la “reinserción Argentina en el mundo”.

Es verdad, lo que se haga permitirá que el Gobierno se ponga en una vidriera desde la que va a reafirmar cuál es el perfil que pretende para nuestro país.

Aquí cabe recordar que la OMC atiende asuntos inherentes al intercambio comercial y política arancelaria, pero no sólo eso, ya que sus agendas abarcan tópicos como servicios y propiedad intelectual, así como –y esta es la parte del león- políticas públicas principalmente vinculadas a infraestructura, lo que incluye licitación de obras y adquisiciones públicas por parte de los Estados miembro.

Esta organización propicia fervientemente la desregulación del comercio y la eliminación de trabas, y aquí es donde la identidad de la actual política exterior argentina contacta con los postulados medulares de la OMC.

El resultado de las reuniones previas que celebra el Consejo General de la OMC, en Ginebra, señala que persisten los desacuerdos que se arrastra desde 2003, por contradicción sur-norte, respecto al debate abierto en la Ronda de Doha.

Esto hace que no deban esperarse grandes resultados del encuentro de Buenos Aires en el que, de todos modos, el gobierno va a aprovechar para reafirmar la postura adoptada desde 2016, por la que se sumó a quienes priorizan temas vinculados a competencia, inversión y la participación del capital privado en la infraestructura estatal. Y, sobre todo, se pronuncian abiertamente en favor del agronegocio.

En este sentido, la cumbre de Buenos Aires va a profundizar el rasgo conservador de la organización, con posturas afines al desarrollo sin trabas del libre mercado y lejanas a los intereses de los pueblos. Y algo de esto ya se anticipó a la hora de las acreditaciones.

Cuestión de seguridad

“Por razones de seguridad”, el gobierno de Argentina revocó 63 acreditaciones que la OMC ya había otorgado a diferentes organizaciones no gubernamentales para participar en la Cumbre Ministerial.

Ante esto, una de ellas, la ONG británica Global Justice Now consideró que, “el presidente Mauricio Macri, mostró claramente que su Gobierno no respeta la democracia ni el pluralismo” y señaló a la AFI y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsables de esta prohibición.

En la vereda de enfrente de la Cumbre Ministerial, se prepara la Contra Cumbre de los Pueblos, que se va a llevar a cabo desde el 13 al 15 de diciembre, también en la ciudad de Buenos Aires.

Ahí, entre diferentes organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos va a estar la Unión de Campesinos Poriajhú, cuyo titular, Raúl Toto Galván, repudió la decisión del gobierno de vetar la participación de ONGs.

“Creo que va a ser la primera vez en todo lo que han sido las cumbres mundiales, que un gobierno no permite entrar a las organizaciones sociales para manifestarse junto al encuentro con la OMC”, recalcó Galván y añadió que “este gobierno que dice que hay que estar abierto al mundo, le cierra la puerta a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales que vienen desde hace mucho tiempo rechazando a la OMC”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que esta es “una actitud antidemocrática que muestra a este gobierno tal cual es”, ya que “se comporta así con las organizaciones internacionales, pero también lo hace hacia adentro del país cuando intenta meter miedo a la sociedad con la represión”.

Por lo que, finalizó: “aunque ganó las elecciones con el apoyo popular, en su concepción, es totalmente antidemocrático, antitrabajadores y antimovimientos sociales”.

Paquetazo, jubilados y salud pública05.12.2017

Salud para pocos

En medio de la algarabía por la media sanción a la reforma impositiva que beneficia a los grupos económicos y sacude las cuentas públicas, un funcionario Pro reconoció que los jubilados “pierden plata” ¿Cómo afecta el paquetazo a la salud pública y en especial a los adultos mayores?

“Los jubilados pierden plata, pero no poder adquisitivo” fue la expresión que Pablo Tonelli, diputado nacional de Cambiemos, usó para justificar –con el cinismo que caracteriza a los funcionarios y dirigentes del macrismo- el recorte de las jubilaciones propuesto por el gobierno y el desfinanciamiento del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) que pone en peligro los ingresos de casi siete millones de beneficiarios.

La afirmación es por todo inexacta: según el Centro de Economía Política de Argentina (Cepa) el poder adquisitivo de la jubilación mínima durante todo el 2016 fue de alrededor del 7,4 por ciento. A pesar de los aumentos establecidos por la casi extinta Ley de Movilidad Jubilatoria, el poder de compra en 2017 no se pudo recuperar y, tal como sucede con las asignaciones familiares o el salario docente, la desventaja respecto a la inflación es amplia.

La situación es mucho más grave cuando se tiene en cuenta que en la actualidad la jubilación mínima equivale al 50 por ciento de la canasta básica. A pesar de ello, Tonelli argumentó que “lo importante es que no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios y la canasta básica”, desconociendo por absoluto la situación de los jubilados en el país.

Pero la actitud no sorprende si se recuerda que fue el propio presidente de la Nación el que en una cómoda entrevista televisiva con Mirta Legrand no pudo asegurar cual era el monto de la jubilación mínima bajo su mandato.

A pesar de tratarse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, donde la intervención del Estado se presenta como una herramienta estratégica para proteger el bolsillo de los adultos mayores, la política económica del macrismo en materia previsional –al igual que en todas las áreas de la economía- favorece a las grandes empresas y perjudica a los sectores mayoritarios.

Como contrapartida del congelamiento de haberes –que frente al alza de precios se transforma en un ajuste del poder adquisitivo-, del desfinanciamiento del FGS y del Pami los grandes laboratorios forman parte del selecto grupo de ganadores en el marco del modelo económico del gobierno.

Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) el aumento promedio de los medicamentos en los dos primeros años de Macri en La Rosada fue del 102 por ciento, casi 41 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

Para colmo y como parte de la misma política, el Pami recortó la entrega gratuita de medicamentos estableciendo nuevos requisitos irrisorios como, por ejemplo, no poseer un automóvil de menos de 10 años de antigüedad ¿un jubilado con un Gol 2006 es lo suficientemente rico como para dejar de percibir la medicación de forma gratuita? Para la lógica Pro, sí.

Estas medidas se entienden mucho más cuando se ponen en contexto: para el año próximo el gobierno espera avanzar con la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), eufemismo al que apela para lanzar una ofensiva privatizadora contra la salud pública y favorecer a las clínicas privadas, las gerenciadoras médicas y las prepagas.

Esta batería de medidas, que no puede desvincularse del paquetazo que Macri presentó tras los resultados electorales de octubre como epílogo del rediseño económico-social del país, es coherente con la voluntad de eliminar prestaciones médicas del Plan Médico Obligatorio (PMO), verdadero baluarte del sistema de salud pública que garantiza la gratuidad de prácticas médicas indispensables para la población independientemente de si se posee obra social o prepaga.

La intención del ejecutivo es sustituir el PMO por una “canasta básica” de prestaciones que excluirá muchas de las prácticas que en la actualidad son garantizadas por el plan médico ¿El objetivo? Que el beneficiario –o el empleador en el mejor de los casos- abone aquellas prácticas y estudios que se encuentran por fuera de la nueva canasta. Se trata de un retroceso inaudito en la historia de la salud pública nacional ¿cómo se explica?

Desfinanciar, es la tarea

Con el CUS el gobierno de Cambiemos quiere romper con un logro nacional: Argentina hace más de medio siglo que integra el selecto grupo que contiene al 8 por ciento de la población mundial con acceso universal y gratuito a la salud pública.

En pleno siglo XXI parece una cifra menor pero sólo si se pierde de vista el hecho de que el modo de producción que impera en gran parte del mundo es el capitalista y que el mismo se encuentra desde la caída del muro de Berlín en su fase más radical, es decir, en su versión neoliberal -de base financiera- donde la salud ya no es un derecho sino un área de negocios.

A este principio ortodoxo parece adscribir la administración Cambiemos y en sintonía con este despliega su política sanitaria que se corresponde al de un Estado liberal burgués en el que el ordenador principal de la economía es la fuerte simbiosis entre Estado y grupos económicos.

Nuestro país es uno de los pocos del mundo que aún conserva el sistema sanitario de base universal que nació tras la Segunda Guerra Mundial como parte de la conformación de los Estados de Bienestar en Europa Occidental y parte de América Latina. El mismo fue una “reacción” planificada desde el seno del propio capitalismo para contrarrestar las conquistas sociales que el bloque socialista comenzaba a enarbolar como bandera para un nuevo tipo de sociedad.

Pero a más de 25 años de la caída del muro de Berlín y con un capitalismo en crisis que estimula el recorte de la inversión social por parte del Estado, el modelo sanitario de base universal y gratuita se presenta como anacrónico. Así las cosas, el gabinete económico diseña a instancias del FMI, los grandes laboratorios y las empresas de medicina prepaga un nuevo sistema sanitario de carácter privatista.

El nuevo modelo, coherente con estos postulados privatizadores, se encuentra muy bien representado en el CUS que el gobierno ansía implementar a nivel nacional. Allí es donde nace la estrecha relación entre este y el paquetazo que favorece a las tabacaleras, a las prepagas y a las principales droguerías y que afecta el bolsillo de los jubilados con aumentos de los medicamentos muy por encima de la inflación en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, que recorta fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y que reduce las prestaciones del Pami.

Vale recordar que el CUS es un eufemismo que esconde una compleja arquitectura para efectuar una enorme transferencia de recursos desde el sector público y los bolsillos de los trabajadores hacia las clínicas privadas y los grandes laboratorios.

El CUS es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud y cuenta con el obvio beneplácito de las empresas de medicina prepaga, las clínicas privadas y los grandes laboratorios transnacionales pero también con el de la burocracia sindical que, tras un acuerdo que beneficiaría también a la caja de las obras sociales sindicales, asestaría un golpe mortal al sistema nacional de salud pública justo en momentos en que el Anses ve erosionada su sustentabilidad con el recorte que se desprende la reforma tributaria aprobada en el Senado y que espera tratamiento en Diputados.

Laboratorios y prepagas en la era PRO05.12.2017

Tarifazos donde más duele

Dos años de medidas a favor de los grandes grupos económicos permitieron a las prepagas y laboratorios aumentar los precios muy por encima de la inflación y a costa de la salud de los trabajadores

No sólo las tabacaleras, los supermercados -tal como lo demostramos en “Reformas a medida de los súper”- y la banca se encuentran de fiesta con el modelo económico del gobierno. Las empresas de medicina prepaga y los laboratorios también conforman el selecto grupo de beneficiados con la política económica de la ceocracia.

En el caso de las prepagas, entre las que se destacan Osde, Swiss Medical y Galeno en tan solo dos años aumentaron el precio de sus planes en un 88 por ciento, 27 puntos por encima de la inflación del período.

El último ajuste comenzó a correr esta semana: un incremento del 6 por ciento, el quinto del año con un acumulado de 27 que permite a estos colosos de la medicina privada acrecentar su facturación entre 4 y 5 puntos por encima de la inflación 2017.

Por su parte los laboratorios, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav), aumentaron los medicamentos en los dos primeros años de gestión macrista un 102 por ciento, más de 40 puntos por encima de la inflación acumulada para el mismo período.

Por su parte, vale destacar que a octubre de 2017 la inflación acumulada según el Indec es de 19,5 por ciento, mientras que en el rubro salud el incremento es de más del 23, lo cual afecta negativamente el costo de vida de los trabajadores.

¿Casualidad? Nada de ello. El proyecto económico-social de la derecha en el país guarda jugosos negocios para las empresas en el ámbito sanitario. Pero para ello primero es necesario erosionar la larga tradición de salud pública universal y gratuita con la que cuenta nuestro país.

En el caso de las empresas de medicina prepaga, el lanzamiento del CUS permite a estas contar con millones de “nuevos clientes” que deberán pagar por prestaciones que en la actualidad son gratuitas o, mejor dicho, se encuentran cubiertas por el Estado.

Con el CUS y bajo el eufemismo de “universal” el macrismo diseñó una perfecta maquinaria para encubrir una brutal transferencia de recursos desde el Estado a los grupos económicos. El dinero que el Estado invierte en los hospitales públicos pasará a financiar las ganancias de las gerenciadoras médicas y las clínicas privadas.

Como queda claro, el programa de “universal” no tiene nada ya que reduce el Plan Médico Obligatorio y elimina el Programa Remediar.

Sin remedio

Toda la política económica del gobierno tiene en su reverso un esquema que con precisión quirúrgica beneficia a los sectores concentrados de cada una de las áreas en las que interviene.

A los aumentos del 84 por ciento promedio de los medicamentos -con picos del 183 en los indicados para problemas de tiroide, del 157 en broncodilatadores o del 120 en hipocolesterolemiantes- se corresponde la eliminación del Programa Remediar y el ajuste del Pami a la entrega gratuita de medicinas.

El Programa Remediar era una política pública que nació tras la crisis del 2001. Impulsada por el ex ministro de Salud Ginés González García, Remediar tenía el objetivo de asegurar de forma gratuita a la población que se atendía en hospitales y centros públicos más del 90 por ciento de los medicamentos indicados para enfermedades frecuentes y crónicas.

Ahora estos gastos correrán a cuenta de los pacientes que puedan afrontarlos. Los medicamentos, al ser bienes de primera necesidad cuya compra no se puede postergar por una razón vital y de supervivencia, seguirán incrementando la rentabilidad de los laboratorios y las droguerías a costa de los bolsillos de la población.

En la práctica, la eliminación de este programa funciona como aspiradora sobre los bolsillos de los trabajadores, dinero que pasará directamente y sin escalas a engrosar las ganancias de las empresas del sector.

Como bien señala la Undav en su informe, “la suba de precios en bienes y servicios relacionados con la salud no se detiene y el incremento de los gastos en salud presiona el presupuesto familiar, al ocupar una porción cada vez mayor del total de ingresos”.

Lo mismo ocurre en el caso del Programa Médico Obligatorio (PMO), el cual a partir de la implementación del CUS quedará disminuido, lo que será ganancia para prepagas y empresas de gerencia médica que venden servicios a obras sociales sindicales.

Así las cosas, las prepagas y los laboratorios integran ese grupo de privilegio que junto a agroexportadores, bancos y especuladores se encuentran haciendo negocios como nunca ante en un contexto de crecimiento de la deuda externa, aumento de la pobreza y el desempleo. Un daño difícil de reparar en la salud de los trabajadores y en la estructura económica del país.

Las tabacaleras también05.12.2017

Un paquetazo que no es humo

Gracias a una reducción del 5 por ciento en el impuesto a los cigarrillos, las tabacaleras aumentarán sideralmente sus ganancias al tiempo que el Estado contará con menos recursos para combatir uno de los principales problemas de salud pública en el país: el tabaquismo.

Las tabacaleras ganarán más de 5 mil millones de pesos gracias a una reducción del 5 por ciento –de 75 a 70- en la carga tributaria sobre las empresas del sector. Este nuevo margen de ganancia se desprende de la reforma impositiva diseñada por el ejecutivo y con media sanción en el Senado. El principal perjudicado es el Estado que recauda, en la actualidad, el 70 por ciento del precio de venta al público.

El lobby de las tabacaleras se deja ver en que si el gobierno fundamentó el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas por los daños a la salud que estas generan, no incluyó bajo este argumento al consumo de cigarrillo en el país, el cual, insume más del 10 por ciento del presupuesto total destinado a salud por el Estado nacional.

A pesar de que no se producen datos oficiales desde el 2006 cuando se comenzó a implementar el Programa Nacional de Control del Tabaco, queda claro que el Estado –con el viejo esquema- recaudaba cifras menores a los gastos que luego debía afrontar por los perjuicios sanitarios.

Ese mismo año, según el Ministerio de Salud, la sociedad invirtió casi 7 mil millones de pesos en atender patologías relacionadas al consumo de tabaco mientras que el Ministerio de Economía extirpó a las tabacaleras –en concepto de impuestos- apenas 4200 millones, poco más de la mitad. Para el año 2014, el gasto sanitario entre el sector público y privado por tabaquismo ascendía a 24 mil millones frente a apenas 10 mil millones de recaudación tributaria.

La medida tendrá alto impacto sanitario ya que se espera un aumento del consumo de tabaco una vez implementadas las reformas. Se calcula que en la Argentina mueren alrededor de 40 mil personas al año por problemas de salud vinculados al consumo del cigarrillo. Un aumento del consumo no solo supondría un incremento en los decesos vinculados al tabaquismo sino un alza en los tratamientos de patologías relacionadas a esta adicción que afecta a más de 6 millones de personas.

El aumento del tabaquismo en un contexto de desfinanciamiento de la salud pública y de encarecimiento del costo de los medicamentos supone un problema sanitario de extrema gravedad para un sistema público que cuenta cada vez con menos recursos.

La lógica neoliberal de ajuste en la inversión pública en áreas sensible como salud –tratamientos- y educación –prevención- se complementa con el diseño de una arquitectura tributaria regresiva que favorece a las empresas y daña la economía y salud de la población.

Así las cosas, los cambios impulsados por el gabinete económico –y aceptado por los gobernadores- favorece a las dos principales tabacaleras del país, Massalin Particulares y Nobleza Picardo, que concentran el 97 por ciento del mercado y afecta las cuentas de los fumadores y, especialmente, de las provincias.

Estas últimas se verán afectadas de forma directa e indirecta. De forma directa porque los 5 mil millones de pesos que ganarán las tabacaleras provienen de impuestos al cigarrillo que eran repartidos –en porcentaje- entre los estados regionales. Y de forma indirecta porque el impacto sanitario del incremento del tabaquismo en el país será absorbido, en parte, por los hospitales y centros provinciales.

En otras palabras, se multiplicarán los pacientes al mismo tiempo que se recorta la inversión pública en salud. Este esquema de desfinanciamiento es compatible con la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) denunciada en las páginas y notas de este diario por los trabajadores del sector como la punta de lanza de la privatización de la salud pública en el país.

Pero no sólo los ciudadanos que acuden a los centros públicos se verán afectados. El ajuste golpea a toda la sociedad, incluso a los sectores medios y medios altos que tienen la posibilidad de pagar una prepaga: desde que asumió Macri en 2015 estas aumentaron, en promedio, un 88 por ciento, muy por encima de la inflación (de aproximadamente un 61 por ciento para el mismo período). De esta manera el gobierno avanza a paso firme en su objetivo de que el acceso a la salud sea un privilegio posterior al de estar vivos.

 

Paquetazo y reforma laboral04.12.2017

¡Apúntenle al proletario!

La modificación regresiva de la relación entre capital y trabajo ya se viene perpetrando en Argentina ¿Por qué la quieren convertir en Ley?

El capítulo del Paquetazo con el que el gobierno pretende profundizar la flexibilización de las relaciones laborales, avanza en el Congreso sobre un campo abonado por el grave deterioro de las condiciones de empleo en relación de dependencia y el alarmante crecimiento del trabajo por contratos temporarios.

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De acuerdo al relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), desde diciembre de 2015 hasta julio de este año, 264.143 personas fueron despedidas y suspendidas, de ellas 76.526 corresponden al sector público y 187.617 al privado. El setenta por ciento de estos despidos fueron perpetrados en la industria que, sólo durante el semestre inicial de 2017, expulsó a 14.038 trabajadores.

Esta situación, tal como oportunamente lo explicó el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la UnSam, plantea un cambio de perfil en el mercado laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores, el acceso a la protección social y la posibilidad de agremiación.

Todo, como consecuencia de una creciente precarización, algo que provoca incertidumbre entre quienes deben planificar su propio futuro, ya que junto a la reducción del empleo registrado, la tasa de desocupación se constituyó en la más elevada de los últimos diez años, al tiempo que avanzan los niveles de precariedad laboral entre la población ocupada.

Es en este contexto de estancamiento del empleo asalariado en el sector privado, en el que crece la participación modalidades contractuales que presentan menos beneficios laborales.

Así las cosas, vale preguntarse cuál es el horizonte que se presenta con un techo de recomposición salarial que, según anunció el gobierno, no deberá superar el doce por ciento para 2018 y con el proyecto de reforma laboral convertido el Ley.

Celebración

Durante los últimos meses La Rosada viene celebrando la presunta expansión del empleo formal y algo de razón tiene. Pero lo que no dice, es que la totalidad de esta expansión se explica por el crecimiento de las modalidades de contratación que presentan escasísimos beneficios laborales, como son las contrataciones a plazo fijo y las que se llevan a cabo por medio de agencias de empleo eventual.

Lo que queda claro entonces es que, aunque el relato neoliberal asevera que el Estado se debe poner al margen del proceso económico, el Gobierno interviene con toda su fuerza para regular favoreciendo el desarrollo de un determinado modelo social.

Y que para ello utiliza las herramientas que posee el corpus de leyes del Estado Liberal Burgués, instrumentadas para defender a la propiedad privada y a los propietarios. Esto es, para regular en favor del capital y en detrimento del trabajo.

Es que con el agotamiento del breve interregno que se abrió tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo entró en su Segunda Crisis de Larga Duración y, con el fracaso del modelo de trabajo fordista en las economías capitalistas desarrolladas, comenzó un momento caracterizado por una vertiginosa carrera hacia adelante en la que quienes poseen el capital concentrado profundizan el proceso de concentración de poder, maximización de ganancias y búsqueda de legitimación.

En este marco se inscribe el “cambio cultural” proclamado por el Gobierno Cambiemos, que es un correlato de otros procesos similares que se están llevando a cabo a escala global.

Para que pueda perpetrarse este “cambio cultural” es preciso destruir la conciencia de clase y, así, una construcción y desarrollo histórico basados en la solidaridad como mecanismo organizativo de resistencia a la injusticia, así como práctica de apoyo mutuo y acción colectiva de las clases subalternas, ante el ataque de las dominantes.

Porque es a partir de esta dinámica de acción colectiva que se modificó la percepción que tenemos entre pares y respecto a otras clases antagónicas. De ahí que, ahora, los ganadores del capitalismo se esfuercen para generar condiciones que favorezcan la transformación de proletariado en precariado.

Por eso, el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, apunta a modificar la relación entre capital y trabajo, algo que pretende edificar sobre un cuerpo de leyes que garanticen condiciones para que se naturalice el desempleo, la flexibilización y la precariedad prolongada en el tiempo.

Pero también la baja en el nivel salarial y una profunda incertidumbre que ensombrezca todo el universo del trabajo. Todo esto ya está pasando en economías capitalistas de Europa y EE.UU.

El Estado Liberal Burgués cumplió a rajatabla con su papel de garante de la propiedad privada individual y de los propietarios. Y lo hizo con gobiernos de derecha o con aquellos que pretendían propiciar el advenimiento de “un capitalismo bueno”.

Ahora, en la etapa actual del desarrollo capitalista, inmersa a escala global en su Segunda Gran Crisis de Larga Duración, quien administra el aparato del Estado Liberal Burgués tiene como tarea central asegurar que la renta estatal transmute en capital financiero que garantice la prosecución de la ronda de concentración y apropiación de recursos naturales, intelectuales y simbólicos.

Por definición, junto a las corporaciones, el Estado Liberal Burgués regula para garantizar la maximización de ganancias. De ahí que nadie puede sorprenderse cuando también regule para avanzar sobre normas que estrangulen cualquier tipo de asociación entre integrantes de las clases subalternas.

Esto no es otra cosa que trabajar para que el proletariado se convierta en precariado. Y lo hace por medio de la regulación estatal –esto es el Paquetazo- pero también con el fomento de la desindustrialización y la deslocalización, robotización y empresas en red, así como la asociación corporativa que utiliza la terciarización para favorecer la flexibilización, la incertidumbre y fragmentación para el universo del trabajo.

Para poner en el arbolito04.12.2017

¿Se viene el Lapicerazo?

La Rosada confía en que la parte sustancial del Paquetazo va a convertirse en Ley antes de fin de año ¿Recortar derechos para “enfrentar la crisis” y generar empleo? ¿En qué punta del ranking quiere usted estar?

“Ahora la lapicera la tiene el Senado”, dijo sobre el proyecto de reforma laboral enviado por el ejecutivo, el triunviro cegetista, Juan Carlos Schmid y así, al tiempo que se desligó del resultado de una iniciativa que fue consensuada con la CGT, le pasó la pelota a los representantes de las provincias que, el antecedente cercano de la reforma previsional, permite advertir que son sumamente permeables a avalar las decisiones de La Rosada.

Así las cosas, las cartas parecen echadas. Según pudo saberse, el gobierno espera que su proyecto pueda tratarse –y sea sancionado- el miércoles 20 de diciembre en la cámara alta y, para eso, Mauricio Macri lo va a incluir en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Pero antes, para el miércoles 13, espera que se convoque a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía y Trabajo y Previsión Social para debatir la reforma laboral. Ahí se verá con qué cuenta el bloque que preside Miguel Pichetto y qué se desgranó hacia la bancada de Cristina Fernández que, ya anticipó, votará en contra de la iniciativa.

Y aunque en el Universo PJ todo suele ser volátil, es probable que este episodio señale, al menos, una tendencia de lo que puede esperarse de un año legislativo, en el que el Congreso va a ser uno de los escenarios en los que se dirimirá el destino del Paquetazo con el que el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, quiere consolidar aquello que define como “cambio cultural” y que no es otra cosa que una modificación profundamente regresiva en las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, pero también en la raíz de los vínculos de la sociedad argentina.

Mientras tanto la cartera que preside Nicolás Dujovne dejó trascender que confía en que, antes de fin de año, el Congreso aprobaría las reformas tributaria e impositiva con un costo mínimo, ya que a la marcha atrás dada con el impuesto a los vinos, sólo debería sumarle la del impuesto interno a las gaseosas azucaradas. Esto sólo implicaría un costo de veinte mil millones respecto a la expectativa inicial y, a cambio, se estaría asegurando embolsar alrededor de 110.000 millones de pesos.

El resto que le falta para tapar el agujero fiscal que el Gobierno Cambiemos viene incrementando desde que resignó cobrarle impuestos a los agroexportadores y la minería, provendrá de la reforma previsional que también, espera el ejecutivo, se convierta ley en antes de que haya que desarmar el arbolito.

La vedette del Paquetazo

Aunque en lo que hace al corto plazo la reforma previsional es la vedette del Paquetazo, a la hora de definir el perfil socio-económico que se pretende imponer desde La Rosada, la reforma laboral no se queda atrás.

Esta reforma nace del profundo desequilibrio que -en favor del universo del capital- impone desde hace dos años la regulación estatal, pero asimismo del consenso y absoluta imbricación entre el gobierno y los actores del capital financiero y productivo más concentrado que actúa en Argentina.

Y esto no es todo, ya que a la hora de jugar esta carta, La Rosada cuenta con el formidable aparato que le brinda la massmedia de gobierno, pero también con el aval que significa el reciente triunfo electoral.

En lo inmediato, lo que se pretende es reducir lo que desde el universo del capital se denomina como “costo laboral”, por medio del fomento a la descentralización de la negociación colectiva, abaratar el despido de trabajadores e incentivar la flexibilización de las formas de contratación.

Para justificar esta aparente necesidad, apelan a voces presuntamente tan imparciales como autorizadas –hasta no hace tanto una de ellas fue el propio Dujovne- que recorren propaladoras massmediáticas para machacar con argumentos como que es preciso “enfrentar la crisis”, que todos los países están haciendo lo mismo o que, con las reformas, se va a generar empleo.

Lo de la crisis está claro, hay que enfrentarla, aunque es cuestionable que los resultados de la crisis sistémica que provoca el capitalismo, puedan combatirse con herramientas confeccionadas a partir del más puro diseño capitalista.

Aquello de que “todos los países hacen lo mismo” tiene su parte de verdad. Aunque no son todos, tras el agotamiento del breve interregno keynessiano, la tendencia que se extiende en las economías capitalistas centrales y periféricas, tiene que ver con el avance del capital sobre el trabajo.

Pero a la hora de evaluar las consecuencias de este proceso, los resultados son cuestionables.

Un informe elaborado por la consultora ABECB, que se dio a conocer días atrás, da cuenta de que Argentina está en el “último puesto en el ranking” de costos laborales manufactureros.

¡Oh! ¿Habrá que alarmarse por esto? La respuesta a esta pregunta debe darla usted mismo. El más competitivo en término de costos manufactureros es Taiwán, detrás México, Indonesia y Tailandia, mientras que los menos competitivos –los que comparten segmento con Argentina- son Francia, Suiza y Australia.

Habrá que preguntarse si es bueno avanzar en una reforma laboral que ponga el salario de los trabajadores argentinos en el mismo rango de aquellos que reciben los de las maquilas mexicanas, indonesias y tailandesas o si, quizás, es preferible que se parezca al que perciben los suizos o australianos.

¿Pero y si además de esto la reforma está lejos de garantizar la creación de empleo?

Este es un punto interesante porque se trata del principal anzuelo de aquellos que, desde una perspectiva ideológica y de clase, postulan la necesidad de esta medida o, simplemente, en la de los que –a partir de prejuicios ideológicos – repiten el argumento.

Es, al menos, cuestionable que la escasés de empleo resulte de una legislación laboral que, presuntamente, contempla demasiado derechos para los trabajadores.

En una economía que, en el orden global y en nacional, se induce una clara tendencia hacia la financierización, es difícil que la riqueza pueda transformarse, ya no en capital social, sino al menos productivo capaz de fomentar el trabajo.

Y aquí es donde queda claro que uno de los principales objetivos directos que persigue la reforma laboral, es poner a disposición del capital mano de obra extremamente dócil y barata, algo que se logra con la precarización que brinda al capital mejores condiciones para obtener beneficio, eso sí, a costa de producir menos y peor.

Y, fundamentalmente, la cosa pasa entonces por la definición acerca de qué modelo productivo se quiere y, en tal caso, para qué se lo quiere. Porque la subcontratación generalizada, la externalización y la disminución drástica de la inversión pública son sólo herramientas a las que echa mano la clase propietaria en su afán por favorecer el camino de rediseño del capitalismo, que sólo tiene como norte profundizar la concentración de riqueza, la asimetría de posibilidades y la desaparición del salario como elemento central de la relación entre capital y trabajo.

 

Crece desde el pie...04.12.2017

Construir en la diversidad, esa es la tarea

En diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, comienzan a multiplicarse las construcciones y articulación popular para enfrentar el Paquetazo.

"La unidad entre la CTA y la CGT se viene llevando adelante muy bien en nuestros municipios, donde vamos coincidiendo en las miradas y en las prácticas”, destacó la secretaria de género de la CTA regional San Miguel-José C. Paz-Malvinas Argentinas, Chavela Miño, tras participar en una actividad unitaria que se llevó a cabo en San Miguel.

Ahí, diferentes organizaciones, entre ellas las dos CTA, la CGT y el MTL fueron contundentes a la hora de rechazar el paquetazo que intenta imponer el gobierno nacional . “Hay plena unidad de criterios, tanto en lo teórico como en las cuestiones prácticas”, recalcó Chavela Miño y celebró el trabajo conjunto que se hizo de cara a la jornada de lucha que tuvo lugar el miércoles 29 de noviembre.

“Ahí estuvimos trabajando con los compañeros, desde las bases, entregando volantes y materiales en toda la región y en los principales barrios”, recordó la representante del MTL y añadió que “venimos llevando adelante este trabajo con los compañeros, algo que tiene valor porque es militancia desde las bases, más allá que no se pueda lograr a un nivel superior”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “el camino de unidad tiene que transitarse estrechando vínculos”, pero asimismo “prestando atención a las reivindicaciones de cada lugar para que, en conjunto, podamos construir un programa político y de acción en las calles”.

Pero no sólo en San Miguel avanza la tarea de construir unidad en la diversidad, desde las bases y entre trabajadores. El 1° de diciembre en la sede de CTA de los Trabajadores de San Nicolás, se reunieron organizaciones sindicales, sociales, de jubilados, jóvenes, mujeres y de derechos humanos para acordar transitar este camino “de la más amplia unidad que desde diferentes sectores se viene construyendo para enfrentar el ajuste y la pérdida de derechos que el gobierno viene a instaurar”.

Por su parte, el Frente Barrial CTA bonaerense comenzó a desarrollar un plan de lucha, con la presentación de un petitorio en el que se reclama la constitución de la Paritaria Social.

Lo hizo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en el petitorio se exige que el gobierno brinde respuesta favorables a los reclamos que el Frente viene formulando como consecuencia de la creciente pobreza, la caída del consumo y de la actividad económica, así como de la y la baja de programas sociales.

Al respecto, el Frente insistió en demandar un ingreso de 7.500 pesos para quienes participan del Programa Argentina Trabaja, que se relance el plan de obras infraestructura barrial, se fortalezca la economía social, se lance un programa de construcción de vivienda popular y se implemente la tarifa social en todos los servicios.

Para sumar

Mientras tanto, en Almirante Brown, diferentes sindicatos se movilizaron unidos contra el Paquetazo. “La intención del macrismo es modificar leyes laborales, aumentar la edad jubilatoria y el cálculo actual de aumentos e imponer una tarjeta de salud que atenta contra la atención libre en los hospitales públicos”, señaló la Cicop, uno de los gremios que articulan en este espacio junto a los docentes Suteba y UDA, el Sindicato de Empleados Municipales y la CTA.

Y, en la zona norte del conurbano bonaerense, organizaciones sindicales se unieron para convocar a la jornada de movilización de la semana pasada en un espacio que pretende seguir articulando para resistir la arremetida del Gobierno nacional contra los trabajadores.

Mientras que en Ituzaingó, las seccionales locales de sindicatos como ATE, FEB, Suteba, Upcn y las dos CTA también se convocaron para avanzar en la construcción de un ámbito de trabajadores estatales “para coordinar debates y acciones conjuntas contra las políticas de los gobiernos provincial y nacional que afectan los derechos de los trabajadores”.

Al tiempo que en General Pueyrredón, diferentes organizaciones se declararon en estado de alerta y movilización “para rechazar las políticas que el gobierno nacional de Mauricio Macri se encuentra implementando, así como su réplica a nivel provincial y municipal” que, aclararon, “no dan solución a los problemas existentes, sino que lo único que han logrado, luego de casi dos años de gestión, es profundizar la desigualdad y la pobreza”.

Paquetazo y consumo01.12.2017

Reformas a medida de los Súper

En una cuenta de suma cero, el congelamiento de las jubilaciones redunda en un incremento en las ganancias de los grandes supermercados vía baja a las contribuciones patronales. Cuando el consumo no ayuda, la intervención estatal parece deseable para los grupos concentrados

“Todos tienen que ceder un poco” había vociferado Mauricio Macri al defender la política económica de su gobierno en conferencia de prensa antes de las elecciones de octubre. Sin embargo, a la luz de los hechos, con la media sanción al proyecto de reforma tributaria y previsional queda en claro que siempre ceden los mismos.

Esto es lo que ocurre con las grandes compañías de supermercados, uno de los actores económicos responsables del incremento sostenido de la inflación –por su práctica abusiva en la remarcación de precios- y uno de los segmentos donde el gabinete cosecha los mejores amigos.

Con la baja a las contribuciones patronales a los grandes empleadores, las principales cadenas del país se apropiaran de un botín de más de 15.600 millones de pesos anuales, lo que equivale a casi 180 mil jubilaciones mínimas durante un año.

En la economía, si bajo un proyecto económico social siempre pierden los mismos sectores es muy probable que en su revés siempre salgan favorecidos los mismos jugadores.

Lejos de ser una excepción, esta lógica de transferencia de recursos desde el trabajo al capital se presenta como la regla general del proyecto económico del bloque de poder dominante. Está es una constante que se comenzó a evidenciar en la primera semana de gobierno en 2015 con la devaluación, que se reforzó con los tarifazos y se consolidó con la pérdida del poder adquisitivo del salario y la quita a la retenciones al agro.

Al igual que con la baja de la retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las retenciones a cereales, son los sectores concentrados de la economía los que salen ganando. La afirmación no es caprichosa: al Estado le cuesta 5.500 millones de dólares, cantidad que cubriría casi en su totalidad el déficit actual de la balanza comercial.

¿Cómo se financia esta pérdida? Con endeudamiento externo, tanto del sector público como privado. La lógica es perversa porque gran parte de ese endeudamiento destinado a equilibrar el déficit gemelo –ya que también hay déficit fiscal- es invertido especulativamente en la bicicleta financiera, con la emisión de Lebacs que resta liquides a la economía, contrae la inversión privada y, por ende, obtura la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Este esquema de ajuste que se conjuga con bicicleta financiera golpea a los más débiles, como es costumbre: los jubilados. El senado, presionado por los gobernadores y el gobierno, ya dio media sanción al proyecto que congela los haberes jubilatorios y favorece, entre otros, a los grandes supermercados.

Además, como si no fuera poco, la disminución de fondos en el Anses pone en peligro no solo la sustentabilidad de las asignaciones familiares y planes sociales sino también el futuro mismo de las pensiones.

Consumo y demanda

El 2016 fue el peor año de consumo masivo privado para la economía argentina en años, motivado fundamentalmente por la fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario que se ubicó entre el 8 y el 10 por ciento según el sector. El promedio de las diversas consultoras que midieron el ritmo de compra en el 2016 data de una caída del 4 por ciento en el consumo masivo. Sobre esa baja, el 2017 experimenta una nueva caída del 1 por ciento.

Esta disminución de un punto es lo que llevó a diversos miembros del oficialismo a exclamar y festejar –con el cinismo que los caracteriza- que la caída del consumo se había detenido. En realidad lo que sucedió este año, en gran parte gracias al crédito privado –tarjetas de créditos y préstamos personales- y el endeudamiento externo, es una disminución paulatina en el ritmo de la caída, pero caída en fin.

Incluso, en algunos sectores donde se observaron incrementos en la demanda –como en los mayoristas, lo que da cuenta de cómo el trabajador ha decidido cuidar su bolsillo- la comparación siempre es con 2016 y nunca con el 20515 cuando la economía aún no había comenzado a sufrir las consecuencias de las políticas gubernamentales.

Uno de los grandes perjudicados por esta merma en el consumo fue, sin dudas, los grandes supermercados, quienes si bien han sostenido un ritmo de facturación que les ha permitido mantener sus márgenes de ganancia, sufrieron un freno en el ritmo sostenido de crecimiento en sus dividendos.

Como respuesta a esta problemática y en vistas en que las grandes cadenas como Coto, Cencosud, Carrefour y Walmart son grandes aliados del gobierno, el gabinete económico decidió premiar a los supermercadistas con una baja en las contribuciones patronales equivalente a 180 mil jubilaciones mínimas durante un año.

Dicho de otra manera, el gobierno decidió transferir de una sola vez casi 16 mil millones de pesos anuales desde la Anses a los supermercadistas.

Sacarles a los adultos mayores para darle a los Coto y Jumbo es una nueva muestra más –como si hiciera falta- del perfil de este gobierno. Es una medida que se haya en sintonía con la lógica de aumentos en los servicios públicos y esenciales y de baja en la presión tributaria sobre los sectores más concentrados de la economía, lo que construye una estructura impositiva fuertemente regresiva. Por eso, en realidad, cuando el presidente dice “todos” en realidad dice “ustedes”.

La anónima, inflación y el gobierno01.12.2017

La familia es la familia

Los supermercados aceleran el ritmo inflacionario del país con la remarcación de precios a pesar de verse beneficiados por la reforma tributaria y previsional que también favorece a la familia del Jefe de Gabinete y el Secretario de Comercio

Octubre marcó el fin del relato del gobierno en torno a la inflación y el fracaso de la política monetaria del Banco Central para combatirla: con un IPC del 1,5 por ciento según el Indec y un acumulado del 19,4 el techo de 17 puntos fue perforado.

A este ritmo, y faltando dos meses para el fin de año, la proyección anual ubica a la inflación en torno del 23 por ciento ¿Quiénes impulsan este incremento sostenido? Los supermercados. La afirmación no es caprichosa: durante el mes de noviembre las grandes cadenas aumentaron sus precios en un 1,9 por ciento a pesar de contar con el favor de la reforma impositiva que los coloca en una situación de ventaja respecto a los consumidores y trabajadores.

El índice se desprende de un relevamiento sobre 25 productos de la canasta básica publicado en el diario Ámbito Financiero.

Las subas más fuertes se dieron en productos sensibles para el consumo popular como fideos, azúcar, atún, salsa de tomate o mayonesa.

La radicalidad de las grandes tiendas que a pesar de los favores que reciben continúan aumentando los precios es coherente con las posiciones que vienen esgrimiendo. En una conferencia de la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU) realizada hace dos semanas en La Rural, los popes de las seis cadenas más grandes del país –Coto, Walmart, Carrefour, La Anónima, Casino y Cencosud- se quejaron de la “gradualidad” del gobierno en el ajuste y bregaron por una política de shock.

Favores

Expresiones tales como “bajar costos” y la “presión tributaria” se hicieron recurrentes en cada una de las intervenciones que, a la luz del proyecto que votó el Senado, fueron bien recibidas en el gobierno que siguió con atención la conferencia.

No podía ser de otra manera. Entre los expositores se encontraba Federico Braun de La Anónima, la tienda de supermercados patagónicos propiedad de la familia del Jefe de Gabinete Marcos Peña Braun y del, nada más ni nada menos, Secretario de Comercio Miguel Braun, tío del dueño de La Anónima.

Pero esta no es la primera vez que la cadena perteneciente al clan Braun-Menéndez –que crecieron gracias al genocidio de Roca en la Patagonia- se ve beneficiada por decisiones gubernamentales de un Estado que administran. En septiembre la cadena vinculada al Jefe de Gabinete fue favorecida con la adjudicación de más de 2313 toneladas de la cuota Hilton, la cuota de exportación de carne bovina sin hueso de alta calidad que otorga la Unión Europea a los países exportadores de carne. Argentina es el país que posee la cuota más grande con casi 30 mil toneladas anuales que son repartidas por el gobierno entre los frigoríficos del país.

Se confirmaron los aumentos01.12.2017

Otro golpe al bolsillo

Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía y Minería confirmó un incremento del 45 por ciento en las tarifas del gas y de hasta el 47 en el de la luz.

Tal como adelantamos en este diario y luego confirmará el gobierno, hoy comenzaron a regir las nuevas tarifas de luz y gas en todo el país.

El aumento en el interior del país -sin contar Edesur y Edenor- será del 38 por ciento a partir del 1 de diciembre de 2017. En el conurbano, el aumento que será implementado en dos tramos, terminará siendo del 70 por ciento: 43 por ciento en diciembre y 24 en febrero. Para hogares residenciales, en algunos casos, los incrementos podrían superar el 90. En las provincias por ejemplo el aumento será del 25 y 15 en Tucumán, 25 y 16 en La Plata y del 16 y 13 en Córdoba

En términos concretos el aumento de la tarifa se explica por la modificación en el precio mayorista de la energía calculado con un dólar mayor a los 19 pesos. En la actualidad, los usuarios de la zona metropolitana pagan 640 pesos cada 1.000 kilovatios de consumo: a partir de diciembre pagarán 876 y en febrero deberán desembolsar desde 1.077 hasta 1.440. En el caso de la pequeña y mediana industria el precio pasará de 1.070 a 1.392, un aumento del 30 por ciento.

De esta manera, según calcularon las organizaciones de defensa del consumidor, una familia de clase media pagará alrededor de 1700 pesos mensuales de luz.

La decisión del ejecutivo se inscribe en el marco de un rediseño del esquema tarifario en el país en vista a favorecer a las principales empresas de servicios públicos. Se trata de un sector donde el gobierno tiene grandes amigos, entre los que se encuentran los Bulgheroni, Mindlin y Lewis solo por nombrar algunos de los más significativos.

Pese a este incremento y al pautado para el mes de febrero, que como se sabe impactará en toda la estructura de precios del país, el macrismo insiste con su idea de sostener el año próximo paritarias que no superen el 17 por ciento.

En este contexto, se puso en marcha la mesa técnica salarial en la provincia de Buenos Aires entre los gremios docentes y los funcionarios de Vidal. Allí el escenario parece más radical ya que, como se les adelantó a los dirigentes en conversaciones informales, la gobernadora ansía llegar a un acuerdo (sic) de entre el 10 y 12 por ciento.

Este simple ejemplo deja en claro que no hay equívocos en la política económica del gobierno. Son dos aspectos de una misma dimensión: transferencia de recursos desde el trabajo hacía el capital o, en términos prácticos y sencillos, desde los docentes a las empresas energéticas o desde los jubilados a los grandes tiendas de supermercados.

Tratado Mercosur Unión Europea22.11.2017

Ni libre ni comercio

Con el encuentro de la OMC a la vuelta de la esquina, el gobierno se obsesiona con la firma del acuerdo UE-Mercosur que perciben como un hito en el camino de Argentina hacia la liberalización absoluta de su comercio exterior.

Aunque reconoció que nadie obliga al gobierno a firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el secretario de Relaciones Económicas Internacionales del ‎Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio Reyser, no pudo ocultar su entusiasmo cuando expresó que “sería muy lindo” que en la cumbre de la OMC de diciembre “podamos decir junto a la Unión Europea que somos los paladines del libre comercio”.

El deseo formulado por Reyser ante una entusiasta audiencia convocada la semana pasada por la UIA, señala con claridad dos de los objetivos que encabezan la agenda de La Rosada de cara a la finalización del año: la rúbrica del acuerdo Mercosur-UE y la cumbre de la OMC que se celebrará en Buenos Aires cuyo éxito, entienden en el gobierno, sólo será total si de ahí saliera un documento que expresara –entre otras cosas- de qué va esto de la “reinserción Argentina en el mundo”.

La apertura indiscriminada de importaciones ya adelanta, de alguna manera, cuál es el escenario previsible si prospera el acuerdo con la UE que entusiasma a parte del mundo empresario.

De lo que se trata es de suprimir aranceles y tarifas para el intercambio de bienes, algo que enciende luces rojas en el sector pyme y, por lo menos, amarillas dentro del industrial.

Pero esto no es todo, paradójicamente sectores clave de la agroindustria de nuestra región como biodiesel, etanol y carnes bovinas no están considerados en el acuerdo.

En este contexto, lo que para el ejecutivo es “avanzar en una inserción inteligente”, sólo da cuenta de la posibilidad de extender los plazos de aplicación de la apertura que planteará posiciones arancelarias que, por supuesto, beneficiarán a aquellos sectores más concentrados y con mayor capacidad de diversificación.

Si el entusiasmo del gobierno se asienta en fundamentos imaginarios o reales es algo que estará por verse, pero lo que está claro es que el escenario que podría quedar post acuerdo, acorrala la posibilidad de desarrollo e innovación industrial argentina.

Tampoco queda claro qué va a pasar con las reglas de origen, herramienta que la UE emplea con bastante rigurosidad hacia adentro ¿Pero pondrá el mismo celo cuando se trate de evitar que artículos manufacturados, asiáticos pero con etiqueta europea, crucen el Atlántico?

Una semana atrás, Jyrki Katainen, anticipaba que “estamos muy cerca de lograrlo” ya que “ambos bloques promovemos la apertura económica”. De esta forma, el vicepresidente de la Comisión Europea, se refería a un acuerdo que, al parecer, en Bruselas dan por hecho.

Katainen dijo esto tras recibir al canciller argentino, Jorge Faurie, a quien le agradeció la decisión del Gobierno Macri de propiciar el acuerdo que desde la perspectiva del funcionario finlandés, “fortalecerá la confianza de los inversores de Europa en Argentina”.

Un mito al servicio de pocos

Con Macri en La Rosada, Temer en Palácio do Planalto y Venezuela afuera del Mercosur, el bloque regional dejó de soñar en la ecuación energética que posibilitara avanzar hacia un horizonte industrialista, para proponerse como un reservorio de economías reprimarizadas, aptas por competir ofreciendo ventajas comparativas en un esquema de deslocalización y finaciarización.

Y aquí vuelve a ser interesante advertir cómo también esta medida está concatenada con cada segmento del Paquetazo que intenta imponer el gobierno. Es que a un diseño de este tipo le sobran trabajadores y mucho más si están organizados en unidades productivas y sindicalizados.

Una economía reprimarizada y puesta al servicio de la deslocalización y financiarización no necesita proletarios, por eso en connivencia con la burocracia sindical intenta imponer un nuevo modelo: el precariado.

Este mensaje fue rápidamente decodificado por la UE, que coincide con el Gobierno Cambiemos en que es el momento de pisar el acelerador.

Así las cosas, el mito construido en torno a la necesidad de conseguir la “confianza de los inversores”, parece imponer como verdad canónica que es preciso avanzar en más desregulación, apertura y liberalización, aunque esto empuje más hacia el abismo al déficit comercial.

El argumento de las ventajas que traería aparejado el acuerdo UE-Mercosur, descansa sobre algunos mitos apuntalados por un formidable aparato massmediático y académico, financiado por conglomerados de corporaciones.

¿Existe evidencia empírica que permita aseverar que liberalizar el comercio internacional trae ventajas para más personas que otro tipo de régimen comercial?

Aquí, al igual que cuando se habla de la liberalización financiera, es preciso tener en cuenta que los mercados donde intercambian privados y Estados nunca son de competencia perfecta y que, en el caso de los países, el comercio se lleva a cabo a partir de los costes relativos de las mercancías en las que se especializan.

Los mercados no son de competencia perfecta y la competitividad de las economías presenta profundas asimetrías, lo que impacta en desequilibrios comerciales que sólo se pueden saldar mediante regulaciones tendientes a proteger a los sectores más débiles de la propia producción, lo que no es otra cosa que cuidar el trabajo y el salario.

Entonces, sin la posibilidad de que exista competencia perfecta, estos tratados que, como el UE-Mercosur pretenden presentarse como de libre comercio, no son otra cosa que arreglos hechos merced a la complicidad de gobernantes, cuya única finalidad es lograr condiciones excepcionales para que grandes corporaciones puedan reafirmar su posición dominante, controlar mejor los mercados y ejercer su rapiña sin ningún tipo de competencia. De libre comercio no tienen nada.

Como se ve, cuando se cae la máscara de la libertad, lo único que queda es la peor, la corporativa concentrada y oligopólica que está en el ADN del capitalismo en cualquiera de sus versiones.

Reunión de la OMC en Buenos Aires22.11.2017

Una fiesta para pocos

Ministros y empresarios de 164 países convocados en Buenos Aires. Una vidriera para que La Rosada exhiba, hacia afuera y adentro, que el “cambio cultural” que se empeña en liderar el Gobierno Cambiemos, ya está en marcha y vino para quedarse.

De alguna manera, para La Rosada la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que va a tener lugar en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre y la de jefes de Estado del G-20 que se llevará a cabo en Bariloche en noviembre de 2018, tienen un valor simbólico clave.

Las dos, así lo pretenden, deben servir para exhibir hacia afuera -pero fundamentalmente hacia adentro- que el “cambio cultural” que se empeña en liderar el Gobierno Cambiemos, ya está en marcha y vino para quedarse.

Por eso y para garantizar que esa lectura simbólica sea adecuadamente decodificada, está poniendo toda la carne al asador para recibir a titulares de las carteras económicas de finanzas y producción, además de empresarios, de los 164 países miembros de la OMC.

Pero hay algo más de simbología en todo esto. Desde que asumió el Gobierno Macri, comenzó un proceso de cambio bastante significativo en lo inherente a la política exterior argentina.

La obsesión de La Rosada por expulsar a Venezuela del Mercosur sólo es comprensible cuando se analiza qué es lo que la República Bolivariana venía a aportar al bloque continental.

La ecuación energética que justificó la entrada de Caracas al Mercosur ya es cosa del pasado o, al menos, así parecen decididos a sentenciarlo los gobiernos de Mauricio Macri y Michele Temer que coinciden en que el bloque avance hacia un diseño prácticamente acotado por la reprimarización.

De ahí que conceptos como “favorecer condiciones para la llegada de capital extranjero”, “seguridad jurídica”, “desregulación a la medida de las corporaciones”, “libertad de mercados y capitales” y el fomento de “un ambiente propicio para que las empresas tengan ganancias”, que suenan como la mejor música en La Rosada y Planalto, se extiendan como una mancha de aceite por cada rincón del Mercosur.

“Argentina es un modelo a seguir en la región”, pontificaba en agosto el presidente del Banco Mundial, el coreano-estadounidense Jim Yong Kim, quien aprovechó también para celebrar el “gradualismo” del Gobierno Cambiemos que, señaló, se verifica en la quita de subsidios a los combustibles que -desde su particular perspectiva- “benefician más a los ricos que a los pobres”.

Y tras recalcar que para “el inversor promedio”, Argentina todavía es “un lugar de riesgo porque no están seguros de que vaya a haber continuidad de las políticas que se están tomando ahora”, celebró “el liderazgo de Mauricio Macri” e instó a los argentinos a “seguir estas reformas para que los inversores vengan en 2018 y vean las posibilidades fantásticas que tiene la Argentina y entiendan que es un gran país para invertir”.

Y en esta sintonía es que el gobierno espera que el encuentro de la OMC se convierta en una vidriera que sirva para que “el mundo” pueda advertir que Argentina es un país dispuesto a suministrar a “los capitales”, la “seguridad jurídica” que reclaman y la “productividad” que otorgue garantías de maximización de la ganancia corporativa, algo que tiene un firme pedestal en el Paquetazo que, en esos días, quizás se siga debatiendo en el Congreso.

¿Dubai out?

¿Pero de qué va esto de la OMC? Para comenzar es prudente señalar que este organismo no se encarga sólo de atender asuntos inherentes al intercambio comercial y la política arancelaria, por lo menos en el sentido conceptual más estricto.

Desde su creación, sus agendas abarcan tópicos como servicios y propiedad intelectual, pero asimismo políticas públicas -sobre todo- en aquello que atañe a infraestructura. Y, por supuesto, negocios vinculados a la licitación de obras y adquisiciones públicas, por parte de los Estados miembros.

La OMC propugna la desregulación del comercio y la eliminación de trabas, algo que contacta con el diseño actual de la política exterior argentina. Pero ni esto le garantiza al Gobierno que el encuentro que lo tendrá como anfitrión, adopte decisiones de fondo que le permitan quedar en el recuerdo.

Así se desprende de las reuniones previas que viene celebrando el Consejo General de la OMC con sede en Ginebra, donde siguen pronunciándose los desacuerdos que, desde 2003, se definen como “crisis de multilateralismo”, es decir la contradicción sur-norte que llevó a que en el encuentro celebrado en 2015 en Nairobi, los países más industrializados coincidieran en concluir que la Ronda de Doha está prácticamente cerrada.

Y es que la Ronda de Doha –por el encuentro llevado a cabo en 2001 en la capital de Dubai- ponía en el centro del debate la necesidad de avanzar en formas de cooperación para el desarrollo de las economías del sur.

Esta postura –la de Doha- dejó de estar en la agenda de Argentina que, desde 2016, se sumó a aquellas que prefieren priorizar temas vinculados a competencia, inversión y la participación del capital privado en la infraestructura estatal; pero también aquellas que favorecen al agronegocio.

Así las cosas, lo que queda claro es que -con o sin declaración rimbombante- lo que va a prevalecer en el encuentro de Buenos Aires, serán posturas conservadoras afines al desarrollo sin trabas del libre mercado y lejanas a los intereses de los pueblos.

Y lo que va a estar ausente, oculto detrás de un discurso cada vez más uniforme, va a ser el debate que tendría que propiciar el Estado, acerca de cuál es el diseño de modelo productivo y de consumo sobre el que es preciso avanzar y, a partir de ahí, cómo debería insertarse Argentina en el mundo.