Economía

Breves de economía

23.2.18

Sigua...siga el baile

Mientras su activa participación en guaridas fiscales lo vuelve a poner sobre la palestra, el ministro de de Finanzas, Luis Caputo, persiste en seguir echando nafta a la hoguera. Ahora, desesperado por cubrir vencimientos y tapar los agujeros –cada vez más grandes- del déficit fiscal, el Gobierno saldrá, la semana venidera, a colocar más bonos en pesos, a dos y cinco años, atados a inflación.

 

Para Educación no, para timba sí

Hoy se publicó en el Boletín Oficial la disposición del Ministerio de Finanzas de emitir dos series de Letras del Tesoro por ese monto -a 56 días- que se va a suscribir con la provincia de Buenos Aires.

 

Caída

La actividad industrial se contrajo 0,6 por ciento durante enero respecto a igual mes de 2017 que, vale señalarlo, había sido bastante malo. Así lo revela un trabajo dado a conocer ayer por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) que da cuenta de que, en términos desestacionalizados, el Índice de Producción Industrial (IPI) de enero retrocedió 1,1 por ciento respecto a diciembre de 2017. Se destaca el retroceso del 18,1 por ciento registrado en la industria automotriz y otro tanto pasó con la vinculada a la refinación de petróleo.

 

Ajustarse

Pese a que estamos atravesando un verano récord en altas temperaturas, el consumo de electricidad cayó un uno por ciento interanual en enero, de acuerdo a un informe presentado ayer por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). Este descenso involucra, básicamente, a usuarios comerciales y residenciales de todo el país.

 

Riesgo país

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dijo que no se espera falta de liquidez a nivel internacional si -como se prevé- la Reserva Federal de EE.UU. vuelve a aumentar la tasa de interés, pero recalcó que desde su perspectiva para Argentina el crédito va a continuar encareciéndose por sobre lo que disponga ese organismo estadounidense como consecuencia del alto riesgo país. Y puntualizó: “uno de los problemas del modelo es conseguir plata”.

 

Patrimonio

Tras el comienzo formal de la venta de la parte que YPF pose de Metrogas, comienzan a quedar sobre la mesa alguna cartas sugestivas. Vale recordar que, por medio de Gas Argentina Sociedad Anónima, la petrolera de bandera posee el setenta por ciento de Metrogas, de la que espera desprenderse, al menos, el 21 por ciento de sus activos en esta empresa y, para eso, designó al Citigroup para que esté a cargo de la selección de la oferta de compra. Según pudo saberse, la lista de interesados está integrada por la energética francesa Engie, además de fondos de inversión estadounidenses y europeos, así como los locales Andes Energía, holding de José Luis Manzano y la distribuidora Camuzzi.

 

22.2.18

Por todo el país

En una audiencia pública que se realizó en la ciudad de Tucumán, las distribuidoras de gas de la región centro y norte del país, reclamaron que, desde abril, las tarifas de su área de concesión sufran un incremento de entre el 44 y el cincuenta por ciento.

 

Otra suba

Al cierre de hoy, el dólar sumaba su segunda suba consecutiva de la semana para subir seis centavos, con lo que cotizó a 20,28 en las principales casas de cambio y bancos de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Relaciones carnales

Como para ratificar que con el Gobierno Cambiemos Argentina se está integrando al mundo, Washington dio por cerrado el tema del biodiesel al anunciar su “determinación final” de imponer aranceles por competencia desleal a la importación de este producto. En este sentido, el Departamento de Comercio, señaló que Argentina exportaba a EE.UU. biodiésel subsidiado por un valor de entre el 60,44 a 86,41 por ciento. Y confirmó aranceles de entre 61 al 87 por ciento para el biodiésel argentino.

 

Tasas

La Reserva Federal de EE.UU. (FED) destacó ayer que “el sustancial impulso subyacente en la economía” aumenta “la probabilidad” de que durante este año se avance en otros ajustes del tipo de interés ¿Qué quiere decir esto? Que para cumplir con su promesa de cerrar la economía y elevar la tasa de empleo, Washington necesita chupar dólares que andan sueltos por el mundo y, para lograrlo, el equivalente estadounidense del Banco Central, va a seguir subiendo la tasa de interés que se sitúa -por ahora- en el rango que va del 1,25 al 1,5 por ciento. Puede ser que esto sea una buena noticia para los trabajadores estadounidenses, pero seguro que es una pésima noticia para los argentinos a la luz de la gravísima toma de deuda a la que nos somete el Gobierno Cambiemos.

 

21.2.18

Sigue el pedal

Ayer, en consonancia con lo que se está operando en el mercado secundario, el Banco Central ajustó -respecto de la subasta de enero- la tasa corta en 49 puntos y en 39 puntos la más larga. Así, pactó la tasa de corte para la letra a 28 días en 26,75 por ciento anual, al tiempo que la de 273 días la colocó en 25 por ciento. De esta manera, el Central respetó el pacto que hizo con el sector del Gabinete que lidera Marcos Peña pero poquito, sin aceleración y sin resignar su vocación por la bicicleta financiera.

 

Déficit

De acuerdo a un reciente informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), el déficit comercial de autopartes en 2017 creció a 6.710 millones de dólares durante 2017, lo que representa un incremento de 15,4 por ciento con relación al año anterior. Este trabajo advierte que, asimismo, esto equivale a casi el ochenta por ciento del déficit comercial de la Argentina.

 

Para arriba

Según la medición de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la Canasta Básica Total aumentó un 23 por ciento respecto a enero de 2017, por lo que en la Capital federal, para no caer en la pobreza, una familia tipo necesitó durante ese mes un ingreso de 17.097,91 pesos, mientras que el límite de la indigencia quedó en 8.326,66 pesos.

 

Disparada

Durante enero el déficit financiero total se disparó 366 por ciento, ya que aumentó a 25.889 millones de pesos, si se lo compara con el rojo fiscal de 5.556 millones que registró el mismo mes de 2017.

 

20.2.18

Complicación

“La suba del dólar complicó bastante a la gente, porque aquellos que ya tenían créditos adjudicados, habían hecho la precalificación, encontrado su propiedad y reservado, les salto el dólar de 17 a veinte”, dijo el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, tras lo que recalcó que los compradores están “paralizados”. Y con claridad ejemplificó: “el que quería comprar un departamento de 150 mil dólares y tenía cincuenta mil, tomaba un crédito de un 1,7 millones de pesos y compraba los dólares”, pero ahora “con este salto, le siguen dando la misma cantidad de dinero, pero no puede comprar esos cien mil dólares”.

 

Tarifazo

Del 30,3 al 44,5 por ciento que en un año llegarán al 111,2 por ciento, son los ajustes que pretenden Metrogas y Gas Ban de cara a la audiencia pública que se va a llevar a cabo el jueves venidero. Si el gobierno le da luz verde a esta solicitud, el precio que pagan los usuarios por el metro cúbico del gas habrá trepado 1.083,3 por ciento desde 2015.

 

Agua pesada

Agua y Saneamientos Argentinos (AySa) va a proponer que el incremento tarifario que rija desde el 1º de marzo, se ubique en el 26 por ciento anual, al tiempo que avanzará en la sustitución de los subsidios zonales vigentes en partidos del conurbano bonaerense. La propuesta será hecha en la Audiencia Pública convocada para el 15 de marzo que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial. Vale recordar que Aysa, empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas a 3,5 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.

 

Subte

El Gobierno de la Ciudad convocó, para el 6 de marzo, a la audiencia pública en la que espera se defina que el nuevo precio del pasaje de subte pase de los actuales 7,50 pesos a once y, en junio, a 12,50. Como la audiencia no es vinculante, ya es un hecho este nuevo capítulo del tarifazo que, sumados los dos tramos, alcanzaría a un incremento total del 66 por ciento.

 

19.2.18

Para arriba

Al cierre de la jornada de hoy, el dólar trepó trece centavos con lo que, en bancos y agencias de la city de la ciudad de Buenos Aires, cotizó a 20,18, con el telón de fondo de la huelga bancaria y feriado que tuvo lugar en EE.UU. por el Día del Presidente. Por su parte, en el mercado secundario de Lebac, las tasas operaban para el plazo de treinta días a 26,75 por ciento, al tiempo que para 240 días, lo hacían a 25,20.

 

Por las nubes

La canasta escolar se coloca en alrededor de un 24 por ciento más cara que la de 2017, según revela un relevamiento de la Asociación Consumidores Libres que señala que, la canasta básica, se va a colocar en el orden de los 2.700 pesos.

 

Tarifazo I

Después del tarifazo en el acarreo que, desde enero, pasó a costar 950 pesos, tras la audiencia pública realizada la semana pasada, el ejecutivo de la Ciudad estableció que el estacionamiento medido que costaba ocho pesos, pase a costar diez. Asimismo, cuando estén implementadas las terminales multipropósito, dispositivos tecnológicos que reemplazarán a los parquímetros, el costo de la ficha se va a ir de diez a quince pesos. Y se anticipó que el acarreo volvería a sufrir un tarifazo para irse a 1.600.

 

We are the Champions

Durante enero, La Rosada emitió 11.728 millones de dólares en nueva deuda. De este monto, en mercados internacionales fueron tomados 1.750 millones de dólares que tienen vencimiento a 2023, 4.250 millones por un bono a 2028 y tres mil millones que vencen en 2048. Pero además está la colocación de Letes en el mercado interno por 2.728 millones de dólares. Esto señala que el Gobierno Cambiemos persiste con la misma actitud de 2017 cuando colocó deuda por el equivalente a 94.682 millones de dólares. Al respecto, de acuerdo al seguimiento que realiza la Fundación Germán Abdala, el 64 por ciento de esas emisiones se hicieron en moneda extranjera y el 36 restante en moneda local. El 57 por ciento de esta deuda se emitió en el corto plazo, lo que plantea un escenario de fuertes vencimientos de capital e interés hasta 2022. Así, la deuda total del sector público, cerró 2017 en alrededor de 315.760 millones de dólares, lo que representa un preocupante 57,6 por ciento del PBI.

 

12.2.18

Sin techo

En poco más de un mes la desregularización del mercado de las naftas sigue exhibiendo sus virtudes. Con los precios acollarados al dólar y al antojo de quienes fijan cuánto se paga en el mundo por el barril de petróleo, la empresas que operan en Argentina siguen corrigiendo para arriba el reloj del surtidor y, así, durante este fin de semana largo el litro de premium superó 33 pesos, en promedio en el interior del país. Por eso si usted salió a las rutas para disfrutar de un merecido descanso y quiere llenar el tanque, va a tener que desembolsar alrededor de 1.600 pesos.

 

Marcan la cancha

Un reciente informe de la consultora Ecolatina enciende luces de alarma de cara al miércoles venidero cuando el Banco Central deberá actualizar el valor de referencia. Ahí se advierte que la entidad que preside Federico Sturzenegger está frente a una encrucijada y le recomienda que mantenga la tasa constante en los actuales valores de 27,25 por ciento, ya que “relajar la política monetaria no es recomendable en un contexto tan sensible: la tendencia alcista del dólar de las últimas semanas, junto con las turbulencias del mercado financiero internacional, exacerbaron la incertidumbre de los agentes económicos argentinos”.

 

Alerta

Debido a la sequía, en su informe mensual de oferta y demanda mundial de granos publicado el viernes pasado, el Departamento de Agricultura de EE.UU. redujo la estimación de producción de soja en Argentina en dos millones de toneladas con respecto a la proyección de enero y la ubicó en 54 millones de toneladas. También lo hizo para el maíz, en este caso, se cosecharían tres millones de toneladas menos.

 

Lo salvó el Rey Momo

Para el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, el Gobierno “no está nervioso” por la escalada que se registró la semana pasada en el dólar. Pero mientras decía esto, por otra ventanilla en sólo dos días la entidad que preside desembolsó quinientos millones de esa moneda, en el intento de frenar la suba, algo que sólo consiguió el feriado largo de carnaval.

 

Si los dejan…

La gran retención de granos decidida por los productores, provocó la caída de las exportaciones durante 2017. La cosecha agrícola total de la actual campaña 2017/18, registró una caída del 3,6 por ciento en comparación al ciclo previo. Pero, así y todo, la cosecha de cereales va a aumentar su participación en la producción agrícola total, en contraposición con la merma en la producción de soja, que tendrá la menor siembra de la última década.

8.2.18

Sube...sube

El precio de la divisa estadounidense experimentó hoy una nueva y fuerte suba y, al cierre de esta edición, se cotizaba en las principales casas de cambio en 20,20 pesos, esto es, 21 centavos más que su cierre de ayer.

 

Echale nafta

A trece días del anterior aumento, YPF subió las naftas 3,5 por ciento, algo que está autorizada a hacer, merced a la liberación de precios en el mercado de combustibles dispuesta, hace sólo cuatro meses, por Juan José Aranguren. Es el cuatro aumento desde entonces, por lo que la suba acumulada llega al 23,5 por ciento. Por su parte, Shell también subió hasta 3,5 por ciento los precios de sus naftas, con lo que el precio del litro premium en la Ciudad de Buenos, roza los 29 pesos.

 

Preocupa

De acuerdo al Indec, en diciembre sólo se utilizó el 64 por ciento de la capacidad instalada en la industria, lo que representa un crecimiento de apenas 0,4 contra el mismo mes de 2016. La caída respecto a noviembre es de 5,2 puntos porcentuales. Hay consenso en que las empresas comienzan a pensar en inversiones para ampliar la capacidad, recién, cuando se acercan al 75 por ciento de su capacidad instalada.

 

Entrega

YPF vendió 24,99 por ciento de su subsidiaria Energía Eléctrica al conglomerado estadounidense General Electric. Según la Comisión Nacional de Valores el acuerdo se cerró por 276 millones de dólares más un pago contingente de hasta 35 millones de esa moneda. El plan de la petrolera argentina es vender el 49 por ciento de la compañía.

 

6.2.18

Austeridad PRO

Entre el 3 y el 6 de diciembre de 2017, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli fue a Londres sin que se especificaran los motivos de su viaje de sólo tres días, por el que los vecinos de la Ciudad pagaron 142.235 pesos, esto es, casi cincuenta mil pesos por día. Recuérdelo cuando vuelvan a aumentarle el ABL.

 

Previsiones

María Eugenia Vidal dispuso un aumento del impuesto inmobiliario que llega hasta el sesenta por ciento, mientras que el promedio del incremento que para las tasas municipales aprobaron -en promedio- los intendentes del Conurbano, asciende al treinta por ciento con algunos picos que, como en Morón, llegan al cincuenta por ciento. Como se puede apreciar, todo muy lejos del índice de inflación estimado por el gobierno nacional que lo fijó en sólo el 17.

 

Góndolas

El capítulo del tarifazo que volvió a golpear en las tarifas de transporte público y energía eléctrica, prepagas y peajes, además de combustibles, tendrán un impacto de alrededor del seis por ciento en el precio de los alimentos y bebidas, así como el precio del dólar. Así se señala desde las cadenas líderes de supermercados que confirman que comenzaron a recibir listas de precios con este nivel de aumento liderados por formadores de precios como Ledesma, Las Marías, Nestlé, Molinos y Natura. Esto desmiente los recientes anuncios hechos por Adolfo Sturzenegger sobre un presunto retroceso sostenido de la inflación núcleo.

 

Criterio Cambiemos

En coincidencia con la decisión gubernamental de cerrar la fábrica nacional Fadea, instalará una oficina en el país el fabricante canadiense de aviones y trenes Bombardier. El anuncio lo hizo -y celebró- el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien es el principal responsable del vaciamiento y destrucción de Fadea que la semana pasada despidió a 35 operarios y, según se supo, en la misma lista se añaden otros cien.

 

5.2.18

Agua salada

Durante la audiencia pública celebrada el viernes en La Plata, la empresa estatal Aguas Bonaerenses, que provee el servicio de agua potable y cloacas a más de dos millones de personas que viven en la provincia de Buenos Aires, propuso un aumento tarifario del orden del cuarenta por ciento.

 

¡Pum para arriba!

Por suba del petróleo y el dólar, YPF aumentó 4,5 por ciento el precio de sus combustibles, por lo que el litro roza los treinta pesos, con lo que durante los últimos dos meses los precios subieron más de un diez por ciento.

 

Fondos Buitre

Draw Capital encabeza una demanda colectiva que exige, a nuestro país, el pago de 650 millones de dólares. A poco de asumir, el Gobierno Cambiemos celebró lo que dijo que era el fin del asunto con los Buitre, merced a un arreglo en el que cedió más de lo que pedían y por el que Argentina emitió 16.500 millones de dólares de deuda.

 

Para pensar

82% de la riqueza mundial generada en 2017 quedó en el 1% más rico. El 50% más pobre, unas 3.700 millones de personas, no se benefició nada de este crecimiento. Así lo reveló Oxfam durante el Foro de Davos, al dar a conocer su informe “Desigualdades extremas, la pobreza y los multimillonarios”. Ese año se produjo el mayor aumento histórico de mil millonarios.

 

Los sueldos de Sturzenegger

La reciente publicación de los salarios brutos mínimos, promedios y máximos del staff del Banco Central -obligada por la Ley de Acceso a la Información Pública- salarios que van de 129 mil a 394 mil pesos mensuales. Las autoridades superiores ganan 278.390 mil pesos netos mensuales, los asesores 105 mil y los choferes 130 mil pesos, además de gratificaciones y beneficios de hasta más del cincuenta por ciento.

 

26.1.18

 

Arbolitos

A partir de marzo del 1° de marzo, supermercados, hoteles, cadenas de electrodomésticos y cualquier tipo de comercio van a poder comprar y vender monedas extranjeras. Así lo dispuso el Banco Central al habilitar la operación en el mercado de cambios a comercios y personas físicas. La medida favorece la fuga de capitales en una economía en la que la pérdida de divisas por compra de dólares neta del sector privado para atesoramiento, alcanzó rangos de 2.500 millones al mes de la moneda estadounidense. Esto equivale a una fuga de treinta mil millones de dólares en términos anualizados, es decir, algo así como la mitad de las reservas internacionales del Banco Central y casi cinco puntos del PBI.

 

Inmobiliario

Las boletas del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires comenzaron a llegar con revaluaciones del valor de sus propiedades que provocan subas de entre el novecientos y el mil por ciento. Esto responde a la decisión del gobierno que preside María Eugenia Vidal de elevar diez veces el valor fiscal de casas, departamentos y terrenos.

 

25.1.18

 

Chubut anunció que carece de fondos para pagar su deuda, por lo que busca que la Legislatura autorice al ejecutivo a avanzar en una reestructuración de su pasivo y la ratificación del Pacto Fiscal y la Ley de Emergencia Económica. Esta provincia debe afrontar este año vencimientos por alrededor de 120 millones de dólares correspondientes a títulos públicos.

 

23.1.18

 

Todo mal

Más de 22 mil millones de dólares se fugaron durante 2017, según se dato se desprende del balance cambiario de ese año difundido por el Banco Central, que marcó un fuerte incremento de la compra de divisas estadounidenses y su fuga al exterior. De este modo, la gran cantidad de dólares que entraron al país, fueron a parar a la financiación de la fuga de capitales.

 

La mano en el bolsillo

El Banco Central autorizó al Gobierno Nacional a financiarse con dólares depositados por ahorristas en los bancos, algo que no ocurría desde el Corralito. Desde entonces, los depósitos en dólares sólo se prestaban a privados para actividades de exportación, “con avales en moneda extranjera”, pero a través la comunicación “A” 6105, que emitió el Central, el Gobierno podrá usar los dólares de los ahorristas para emitir bonos de deuda.

 

Clausurada

A casi dos años de su creación, todavía no se reunió la bicameral de seguimiento de deuda externa que fue creada para dejar tranquila a la oposición friendly que votó a favor de la ley que le dio carta libre al Gobierno para pagar a los fondo buitre. Desde esa misma oposición se quejan de que Cambiemos maniobra para obstruirla ¿Serán tan ingenuos? Esta comisión debería integrarse con diez senadores e idéntico número de diputados y podrá solicitar información, documentación y datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, entidades financieras nacionales e internacionales privadas y públicas, así como a “cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos”.

 

Festichola

A partir de abril aumentan las comisiones de los bancos públicos y privados un sesenta por ciento, medida que va a impactar negativamente contra los trabajadores que carezcan de cuenta a sueldo gratuita. Esto encarecerá también los servicios de las tarjetas de crédito, el mantenimiento de Cuenta Corriente y uso de la tarjeta de débito en Caja de Ahorro. Durante el 2017, las comisiones por intereses le ganaron a la inflación por un 17 por ciento.

 

Gas y agua23.02.2018

Los aumentos que vienen

El gobierno convocó a audiencias para “discutir” las tarifas de gas. Pero... al tener el precio atado al dólar el impacto en las boletas es impredecible con las mini-devaluaciones.

Los tarifazos en las boletas de agua y gas impactaran en todo el país. AySa ya anunció que propondrá un incremento tarifario del 26 por ciento anual a partir del 1 de mayo y una sustitución progresiva de los subsidios zonales vigentes en los partidos del Gran Buenos Aires. Y las distribuidoras de gas ya afirmaron que los incrementos irán del 28 al cincuenta por ciento.

En el caso del agua, el anunció quedará concretado cuando, en una Audiencia Pública convocada para el 15 de marzo, se formalicen los nuevos cuadros tarifarios. En el caso del gas, las audiencias públicas continuaban realizándose al cierre de esta edición.

El complemento de los tarifazos es la quita de subsidios. Por ejemplo en el caso del agua la eliminación de los subsidios debería entrar en vigencia el 1º de mayo de acuerdo a la Disposición 19 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Con este nuevo esquema se estima que 1,1 millón de usuarios dejarán de percibir el subsidio del 25 por ciento.

En el caso del gas, los aumentos serán por región y oscilarán entre el 28 y cincuenta por ciento. Por ejemplo, las empresas distribuidoras de gas de la región centro y norte de país plantearon un incremento de hasta el cincuenta por ciento.

Por su parte Metrogas -que tiene a su cargo la red de distribución en la Ciudad de Buenos Aires- propuso aplicar una tarifa plana, esto es, una tarifa mínima fija en todo el año sin variaciones estacionales. Para “paliar” los incrementos, la empresa propuso que las modificaciones de la tarifa plana sean semestrales.

El primer aumento pedido por Metrogas alcanza el 44,5 por ciento y en un año superará el 110 por ciento, muy por encima de la inflación para el mismo período, mida quien la mida.

Dólar y tarifas

Vale recordar que los aumentos en el gas ya estaban pautados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que encabeza Aranguren. El caso de las tarifas de gas es de lo más paradigmático, no sólo porque el ministro a cargo de regular el mercado tiene intereses económicos directos con una de las empresas más grande del mundo en el sector como lo es Shell, sino también porque prevé una inflación del once por ciento en dólares.

El cronograma aprobado por el gobierno hasta 2019 para casi todo el país, contempla ese alza en el precio del gas en el denominado “punto de ingreso al sistema de transporte” (Pist) que representa el sesenta por ciento del valor final -sin impuestos- de la tarifa que abonan los consumidores residenciales.

¿Cómo influye entonces el precio del dólar en las tarifas? ¿Cómo impacta la escalada de la moneda estadounidense?

Para medir el impacto en la inflación y en el poder adquisitivo de los trabajadores alcanza con puntualizar en el detalle de que si los precios y aumentos están previstos en dólares, los mismos dependerán de la cotización de una moneda que se encuentra bajo un fuerte proceso de alza sostenida.

En la actualidad el precio del gas en Pist está fijado en 4,19 dólares a lo que hay que sumarle la variación en el precio de la moneda estadounidense.

Como si no fuera poco, vale recordar que en el mes de diciembre aumentaron las tarifas de gas para transporte y distribución. En este caso, como sucede también con la nafta, el incremento impactó rápidamente en todos los productos de la economía que incluyen entre su costo el traslado en flete.

 

Tarifazos para todos23.02.2018

Se profundiza la política tarifaria

Los tarifazos constituyen una variable central de la política económica del gobierno. La composición de clase del gabinete es una de las claves que explican los aumentos

Los aumentos no cesan y los tarifazos tampoco. A los aumentos en las facturas de energía eléctrica autorizados por Vidal en la provincia de Buenos Aires y al incremento del boleto del transporte público ahora se suman nuevos tarifazos en gas y agua.

En el marco de las audiencias públicas convocadas por el Ejecutivo para “discutir” los nuevos valores del gas en Argentina, las empresas distribuidoras ya fijaron posición y adelantaron que habrá un incremento a partir del primero de abril, de entre el 38 y 58 por ciento.

Sólo falta la confirmación oficial. Las audiencias públicas son apenas una excusa para evitar los problemas que el gobierno tuvo con la primera ola de tarifazos del 2016 cuando la Corte Suprema instó al Ejecutivo, tras un largo conflicto con los usuarios, a convocar a audiencias para discutir los aumentos de más del 500 por ciento.

Con la llegada del macrismo a la Casa Rosada el sector privado es el que marca el rumbo de la economía. El retiro del Estado en las decisiones económicas ha sido total y la desregulación es moneda corriente.

Este paradigma que se extiende a todas las dimensiones de la economía nacional tuvo su ensayo en los aumentos de tarifas y desde allí es una constante. Es un modelo que se profundiza día a día y que tiene como máximos paradigmas la libre flotación del dólar, la liberalización del precio de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos.

Que esto sea así es una cuestión de política económica y de clase. Basta con desentrañar la composición social del gabinete económico para entender que son los propios funcionarios los que tienen intereses en que el aumento de las tarifas sea permanente.

El caso más emblemático es el del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien llegó a la cartera nacional por ser el CEO de Shell en Argentina.

También cuentan las amistades. Marcelo Mindlin y Joe Lewis, accionistas de Pampa Energía y Edenor son amigos personales del presidente, como también lo es Nicolás Caputo, dueño de Edesur.

No hay inversiones

La desidia en los servicios públicos es total. Los tarifazos no sirvieron para financiar obras de infraestructura para mejorar el servicio. Lejos de ello, tributaron a aumentar los dividendos de las empresas y para financiar la fuga de capitales en el juego de la bicicleta financiera.

El Estado debería controlar el plan de inversión de las empresas y obligar a las prestadoras a brindar un servicio de calidad ¿Pero cómo lo podría hacer un Estado en el que los empresarios se encuentran de los dos lados del mostrador?

Pretender que este Estado liberal burgués, administrado por la clase propietaria que se forjó al calor de la consolidación de la patria contratista es irrisorio. Tampoco se puede pretender que las organizaciones de usuarios ganen cada una de las batallas en el ámbito legal ya que, cuando es el caso, la Justicia falla a favor de las empresas. Y cuando no y favorece a la población, allí está el Poder Ejecutivo para disciplinar y perseguir como sucede con el caso del juez Arias.

Al tratarse de uno de los puntos nodales de la política económica de la contraofensiva conservadora, los tarifazos solo podrán ser detenidos si se logra vencer el plan de ajuste, entrega y represión. Y para ello se necesita una poderosa organización popular que derrote, definitivamente, al gobierno y el bloque de poder real.

Jugada del gobierno para sostener la bicicleta9.02.2018

Especulación blindada

La “cláusula gatillo” que el gobierno concedió a los inversores muestra la creatividad de la derecha a la hora de salvaguardar el esquema de ajuste y distribución regresiva de la riqueza en tiempos en que EE.UU. encarece el crédito. Mientras, impone un techo del quince por ciento a las paritarias

En un nuevo paso hacia delante en su estrategia de profundizar el ajuste y el saqueo en favor de los sectores dominantes de la economía, entre los que se destacan los propios integrantes del gabinete nacional, el gobierno decidió otorgar a los especuladores financieros un beneficio que históricamente fue de los trabajadores: la cláusula gatillo por inflación.

En una decisión sin precedentes pero que da cuenta del carácter de clase del gobierno -que se afianza en el perfil liberal burgués que le imprime al Estado nacional- el Ministerio de Finanzas emitió deuda pública al 22,5 por ciento o a inflación más un 3,75 por ciento. Mientras el Ministerio de Trabajo que conduce Triaca ya anunció que impondrá un tope a la negociación salarial en este 2018 de quince puntos, Luis Caputo -que comanda la cartera de Finanzas- construyó un escenario ideal para aquellos que quieran venir a hacer negocios financieros en el país, cuya tasa de interés local es la más alta del “mundo emergente”.

El momento elegido para hacerlo no es azaroso: se trata de un operativo de pinzas ideado por los organismos internacionales de crédito y orquestado por las más altas esferas del Poder Ejecutivo para garantizar la rentabilidad de la bicicleta financiera en el escenario local en momentos en que Estados Unidos encarece el crédito a un ritmo sin precedentes.

La FED -el Sistema Federal de Reservas estadounidense- decidió subir la tasa de interés para bonos a diez años a 2,8 por ciento. Una fuerte señal a “los mercados” que rápidamente fue leída en Argentina y el mundo. Ahora se espera que la administración Trump eleve también el costo del crédito tres veces este año, tal como lo hizo en 2017, siendo el último aumento en diciembre.

¿Qué confirman estos movimientos Sistema de Reservas yanqui para la Argentina? Que el crédito internacional -es decir, en dólares- no sólo tenderá a encarecerse sino que también se endurecerán los requisitos para acceder al financiamiento externo.

Esta es una muy mala noticia para el proyecto económico del gobierno. Al menos a priori. En primer lugar porque confirma una verdad que no por obvia deja de ser apremiante para el gabinete nacional: el endeudamiento externo masivo no será para siempre.

La afirmación no es caprichosa: si una de las explicaciones sobre el incremento de la deuda, esgrimida por el propio Mauricio Macri, era la “necesidad” de combatir el déficit fiscal, queda claro que un aumento de la tasa de interés estadounidense -que repercute inmediatamente en todo el sistema financiero internacional- obligará al gobierno a acelerar su política de ajuste.

He aquí una de las razones porque en momentos en los que se aceleran los despidos en el Estado -Fanazul, Río Turbio, Inti y Hospital Posadas son los principales focos de conflictos al momento, pero no los únicos- y se presiona desde Trabajo para imponer un techo a la discusión salarial de 15 puntos, por otro se concede una cláusula gatillo de ajuste automático a los inversores que apuesten a la valorización financiera en el país.

Afianzar las brechas

¿A qué se debe la decisión, sin ningún tipo de prurito, de otorgar semejante beneficio a uno de los sectores de la economía que más creció en el bienio 2015-2017 mientras se le niega una recomposición adquisitiva al movimiento obrero que es uno de los principales perdedores del período con un retroceso de seis puntos en su poder adquisitivo según informó la Undav?

No pagan justos por pecadores, como tampoco se trata de “compensar” un “desequilibrio” del modelo económico como solía suceder con la discusión paritaria durante el kirchnerismo: el proyecto económico-social de la derecha está pergeñado para asegurar que la desigualdad estructural entre capital y trabajo se perpetúe y consolide. Y para que dentro de esta, los sectores agroexportadores y financieros saquen la mayor tajada posible.

La decisión es clara: el gobierno se encuentra decidido a premiar la especulación y valorización financiera del capital en detrimento del trabajo, la industria y el mercado interno.

Las consecuencias no por esperables dejarán de ser drásticas. La deuda emitida en pesos al principio de esta semana equivale a 3.500 millones de dólares. A ello hay que añadirle una renovación de mil millones de dólares en Letes (Letras del Tesoro). En total son 4.500 millones de dólares que se suman a los nueve mil emitidos en enero.

De esta manera, en tan sólo dos meses, el gobierno ya cubrió casi el treinta por ciento del plan financiero proyectado para este año que es de treinta mil millones de dólares. Todo esto en un contexto de encarecimiento del crédito internacional.

Dólar y bicicleta financiera9.02.2018

El combustible de la inflación

Con las primeras discusiones paritarias de 2018 vuelve sonar el argumento de que los salarios empujan a la inflación ¿Es esto correcto? La realidad dice otra cosa.

En una lectura entre líneas, y no tanto, la decisión del gobierno de emitir deuda local con una tasa de interés que incluye cláusula gatillo por inflación deja en evidencia que la meta inflacionaria recalibrada hasta el quince por ciento para este año estará entre seis y diez puntos por encima del cierre esperado por los mercados.

Tres fenómenos recientes permiten sustentar esta afirmación: el informe difundido por Focus Economics Consensus Forecast-LatinFocus que reveló que para bancos y consultoras privadas la inflación anual trepará al 18,6 por ciento; la serie de minicorridas semanales del dólar que ya cotiza a más de 20,50 cuando el presupuesto lo estimaba en 19,30; y la liberalización del precio de los combustibles y los tarifazos que erosionan el poder adquisitivo de los trabajadores.

Estos tres fenómenos hacen que en apenas cuarenta días de transcurrido 2018, la meta inflacionaria pautada por el gobierno sea irrisoria e imposible de cumplir.

Aquí es donde la responsabilidad del gabinete económico es total: la decisión de desregular el mercado de capitales, de liberar el precio de los combustibles y de aplicar una política de shock sobre las tarifas públicas es contraria a toda pretensión de bajar la inflación, aún cuando se aplasten los salarios.

Por eso, vale preguntarse: ¿es realmente, como se suele sostener desde las huestes de la ortodoxia, que los aumentos salariales son uno de los principales factores que impulsan la crecida inflacionaria? Un informe reciente de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) echa por tierra este argumento. Según consignó su Observatorio de Políticas Económicas, Argentina es el país de la región donde el salario mínimo en dólares sufrió la mayor caída en el bienio 2015-2017.

En Argentina el poder de compra promedio en dólares se desplomó un 6,1 por ciento ¿Quiénes completan el podio? Brasil y Paraguay, dos de los alumnos más aplicados en la política de ajuste del FMI, con un 4,7 y 3,4 respectivamente ¿Casualidad? Nada de ello: junto a Perú y Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay encabezan la andanada neoliberal en el continente.

En la vereda de enfrenta se encuentra Bolivia, cuyo poder adquisitivo para los trabajadores mejoró un 8,2 por ciento.

Dólar imparable ¿Y ahora?

La minicorrida del dólar de estos días tendrá efectos de medio y largo alcance sobre la economía nacional. Qué el máximo histórico de 20,50 se haya alcanzado tan rápido en este 2018 habla a las claras del ritmo que tendrá la economía para lo que resta del año.

En ese sentido el caso de los combustibles es paradigmático: en menos de dos meses, por ejemplo, YPF aumentó sus precios un 16 por ciento ¿Cómo evitar que estos incrementos no impacten en toda la cadena de valor que da forma a los precios de la economía? La suba de los combustibles coincide con la corrida alcista de la moneda estadounidense.

Después, los incrementos de las naftas y energía se trasladan a los costos de producción y, especialmente, de logística en un país que depende del transporte automotor para la distribución de mercancías.

Estos incrementos llegan a las góndolas y mostradores en medio de un fuerte proceso de contracción del mercado interno y del poder adquisitivo del salario. Entonces queda a la vista como el principal motor de la inflación no son las paritarias o los aumentos salariales sino la política económica que carga sobre la espalda de los trabajadores los costos de la valorización financiera del capital.

Informe del Banco Central8.02.2018

Festejan los bancos

Argentina se endeuda en el exterior pero también puertas adentro. Los créditos UVA casi que se duplicaron en un año según la máxima autoridad monetaria.

Desde que Macri llegó a La Rosada, Argentina es el país de la región que más caro tiene el acceso al financiamiento internacional. Países como Perú, Chile y Uruguay acceden a tasas de interés más bajas ¿Por qué?

Porque a pesar de los matices -que en el marco del capitalismo no lo son tanto- de cada economía, ninguno de ellos decidió fagocitar su propio mercado interno ni financiar con endeudamiento los desequilibrios de su balanza comercial. Pero, especialmente, porque las tasas de inflación de sus economías no son siderales como las nuestras.

Aquí es donde la responsabilidad del gabinete económico es total: la decisión de desregular el mercado de capitales, de liberar el precio de los combustibles y de aplicar una política de shock sobre las tarifas públicas es contraria a toda pretensión de bajar la inflación, aún cuando se aplasten los salarios.

Ante este escenario ¿El gobierno dejará de tomar deuda? ¿Se detendrá el rumbo ascendente de los créditos UVA en el mercado local? ¿Qué pasará con las Lebacs y demás instrumentos de regulación monetaria?

Queda más que claro que el gabinete apelará a todos los instrumentos necesarios e incluso, recurrirá a la creatividad para diseñar nuevas herramientas o variables que permitan salvar el negocio.

La inventiva de aplicar una “cláusula gatillo” a los bonos emitidos en febrero para proteger la inversión de los bonistas no sólo es novedosa sino que también, como ya dijimos, es una clara señal para toda la economía: el incentivo estará puesto en la inversión especulativa y no en la productiva.

Una clara muestra de ello es que en enero el 93 por ciento de los créditos otorgados en el sistema financiero local fueron con tasas de interés ajustables por UVA.

A pesar de las desventajas que estos créditos suponen para los usuarios, los préstamos en moneda local crecieron 1,5 por ciento y en el 2017 el total de créditos acumuló un crecimiento de 27 puntos en términos reales, según informó el Banco Central.

Estos datos y el rumbo económico que el gobierno profundiza día a día es una muestra clara de la vulnerabilidad de la estructura económica nacional, y expone especialmente a los trabajadores que sufren la inflación y deberán afrontar los costos sociales de la política de endeudamiento.

FEBRERO DE AUMENTOS1.02.2018

¿El problema nomás es la calor, Marta?

El día empezó con aumentos en los medios de transporte colectivo. No hay escapatoria por auto: también aumentaron los peajes tras el aumento en los combustibles que se dio la semana pasada.

Comenzó febrero y se disparó otro capítulo del tarifazo crónico al que, desde diciembre de 2015, el gobierno de Cambiemos somete a los argentinos.

Hoy aumentaron cuatro rubros que impactan seriamente bajo la línea de flotación de sectores populares y medios, pero que también traerán aparejado un fuerte impacto en la inflación que —cuando recién empezó el año— ya nadie cree que pueda estar ni siquiera cerca de la estimación que hizo La Rosada después de modificar el Presupuesto 2018, un día después de que lo votara el Congreso.

Así las cosas, al brutal incremento registrado que, desde hace dos semanas, se viene registrando en el precio de los combustibles, se suma ahora la suba en las tarifas de transporte público de pasajeros y de energía eléctrica, así como en los peajes y la medicina prepaga.

Este último caso es bastante elocuente si se quiere advertir cuál es el sentido de lo que vino a hacer la presidencia Macri. Desde que el tándem de poder que gobierna se instaló en Balcarce 50 en diciembre de 2015, la medicina prepaga se encareció un 82 por ciento, todo esto en un contexto de inflación desbocada que contribuye a que no sean pocos los que deban recurrir al sistema sanitario público y universal como alternativa a una prepaga que ya no pueden pagar.

Pero también desde esa fecha, el gobierno se ensañó con ese sistema a punto tal que recortó su presupuesto y lo subejecutó, además de avanzar en el diseño e implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), un sistema que busca vaciar el área de Salud Pública.

Y si lo que se busca es algo todavía más elocuente, sólo alcanza con revisar otra de las aristas que tiene el constante tarifazo perpetrado sobre la prestación del servicio de energía eléctrica. En menos de dos años, la cotización en bolsa de las acciones de Edenor subieron en más de un 220 por ciento.

Así, mientras usted cuenta las chirolas para pagar la factura de la luz, entre los que festejan está Marcelo Midlin, quien además de ser dueño de Edenor, durante 2017 compró (¿compró?) Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri.

Pero no sólo eso. Poco después ¿adquirió? un parque eólico que pertenecía a una sociedad que integraba el Grupo Socma y, por medio de la desarrolladora Tglt, en la de la Constructora Caputo, que no es otra que la de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri.

Calentitos

La primera de las jornadas de febrero empezó con un calor pesado y agobiante. Por encima de las penurias del clima, el gobierno arrojó otra: la del aumento en los transportes. Así, por ejemplo, desde hoy un viaje desde los suburbios porteños al centro pasará a costar de 6,75 a 9 pesos. Doloroso para un viajero de tres o hasta cuatro medios de transporte que debe hacer el mismo recorrido todos los días y que a duras penas llega a fin de mes.

También sumaron sufrimiento hoy a la hora de viajar los propietarios de un automóvil, que además de tener que solventar sin aumento salarial alguno el alza del precio de combustibles que se dio la semana pasada, hoy deberán pagar un 13 por ciento más si van y vienen a o desde Buenos Aires por los accesos Norte y Oeste, que se cuentan entre los más concurridos del área metropolitana porteña.

José Ferro, trabajador ferroviario de la línea Belgrano Norte sindicalizado en la Unión Ferroviaria y militante comunista se quejó: “como trabajador, lamentablemente tengo que sufrir el transporte público, en uno de los cuales yo también presto un servicio”.

Además expresó que “el transporte público es lamentable” y que “el tarifazo, realmente cala sobre nuestros sueldos y calidad de vida porque tenemos una pérdida de poder adquisitivo grandísima ya con los tarifazos del mantenimiento de nuestro hogar”. “Ir a producir, a trabajar, es carísimo”, apuntó después.

Como si esto fuera poco, el esquema de descuentos a “pasajeros frecuentes” que rige para usuarios de la tarjeta Sube que, en Capital, usen el subte más de 20 viajes al mes, fue denunciado por no realizar los descuentos previstos.

Esto a una semana de que comenzara a aplicarse el sistema Red Sube, que permite descuentos a quienes combinadamente realicen viajes en tres medios de transporte en el marco del área metropolitana porteña. Lo que oculta este aparente beneficio es que alcanza al 18 por ciento de los viajeros diarios y que no incide en la inmensa recaudación que, a costa de los bolsillos trabajadores, recogen las empresas, únicas beneficiadas de los aumentos.

Dijo José Ferro al respecto: “para tomarse uno, dos, tres, cuatro medios de transporte no alcanza”. “Un trabajador termina gastando 50 pesos por día si toma tres medios de transporte”. Agregó: “son un millón y medio de personas que está pagando 50 pesos diarios para poder llegar a trabajar con sueldos que hoy, en promedio, no llegan a 15 mil pesos y con los que no cubren la canasta básica”.

¿En qué ahorra el gobierno?1.02.2018

La verdadera política económica

Un repaso por las directrices de la política económica de Cambiemos desnuda a quien se ajusta realmente. Los funcionarios, sus amigos y familiares, siempre beneficiados

La política económica del gobierno desde diciembre de 2015 a esta parte es una sola y no tiene equívocos: consolidar y acrecentar la concentración de la riqueza en favor de las clases históricamente dominantes en el país mediante un mecanismo –internacional- de valorización financiera del capital y reprimarización de la economía.

¿Cómo se relaciona esto con la decisión del gobierno de ajustar la planta política en el Estado? La –supuesta- iniciativa del presidente de reducir uno de cada cuatro cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional opera de forma inversa a como fue presentada.

¿Cómo puede ser posible? El “ajustazo” busca perpetuar las condiciones políticas, sociales y económicas que le permitan al gobierno continuar con el rediseño del país. En este esquema el ajuste recae sobre las espaldas de los trabajadores para aumentar, como quedó expuesto en muchos casos, los dividendos de las principales empresas del país, entre las cuales, se destacan aquellas que son conducidas por miembros del gabinete, familiares y amigos.

El gabinete cuando ataca los puestos políticos del Estado lo que hace, en la práctica, es dañar al Estado en su rol de asistente social. Por qué lo que se termina achicando siempre, en primer término, son las prestaciones sociales, los programas de subsidios, las políticas ambientales, la educación y salud pública y todas aquellas áreas vinculadas a paliar los problemas endémicos del capitalismo en el país.

El ejemplo más paradigmático de esta política, sin dudas, lo constituye la reforma previsional que “ahorro” al Estado cien mil millones de pesos, cien veces más que el ahorro logrado con la supresión del 25 por ciento de la planta ejecutiva nacional.

Los números son elocuentes: el verdadero ajuste el gobierno lo hace sobre jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. A eso hay que sumarle la quita de subsidios al transporte, la energía, el gas y demás elementos que componen lo que se denomina salario indirecto del trabajador.

Si a esto se le suma una inflación sostenida en el bienio 2016-2017 del 66 por ciento y una pérdida del poder adquisitivo para el mismo período de hasta el diez por ciento según el sector, resulta claro que el ajuste lo sostienen los trabajadores.

Así de hipócrita es la política económica del gobierno que exige discursivamente los mismos esfuerzos a la población y a su planta de funcionarios pero que en la práctica los primeros sostienen las ganancias de las empresas de los segundos.

Como enseñó Lenin, lo primero que hay que preguntarse ante una medida o posición política de un grupo determinado es ¿a qué sector social beneficia esa posición o medida? Un ejercicio tan elemental como escaso en la actualidad nacional.

Creció la desigualdad

Los intereses de la deuda pública nacional implican ya un tercio del déficit fiscal generado por el macrismo. En 2016 el déficit fiscal fue del 5,9 por ciento del PBI y el pago de intereses de la deuda representaba el 1,6. En 2017, el déficit fiscal fue de 6,1 y los intereses de la deuda ascendieron al 2,2 del Producto bruto.

El poder de estos números está en su relación intereses-Producto Bruto ya que exponer las cantidades en millones de pesos deja de ser relevante dado las cantidades desorbitantes y fuera de toda posibilidad de entendimiento para aquellos que llevan sus cuentas diarias con quince mil pesos mensuales con la mejor de las suertes.

En el bienio 2016-2017 cada argentino se volvió un 1,4 por ciento más pobre en relación al Producto Bruto Interno. Como si no fuera poco, desde que Cambiemos es gobierno, los que menos tienen se llevan cada vez menos y los que más tienen se llevan cada vez más. Así las cosas la brecha distributiva para ese período entre el diez por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se agrandó significativamente: en el 2015 la diferencia entre estos era de 16 veces, en 2016 de 19 y en 2017 de 20.

Por su parte, si nos atenemos al coeficiente de Gini veremos como la desigualdad aumentó un 4,4 por ciento.

Todo esto en un marco en el que la industria nacional es uno de los sectores más perjudicados de la economía, donde la presencia de productos importados crece significativamente día a día en detrimento del mercado interno. Para colmo, el déficit comercial –qué alcanzó su nivel máximo en 2017- es compensado con el endeudamiento externo masivo que también financia la bicicleta financiera y la fuga de capitales.

Aquí es donde se puede ver nítidamente de que va la política económica del gobierno: la devaluación y la apertura de las importaciones dañan severamente la economía local y favorece a los sectores exportadores. Ese desequilibrio se ve reflejado en la balanza comercial cuyo déficit se tapa con el endeudamiento de generaciones de familias de trabajadores, cuya principal función es oxigenar la timba financiera y la expoliación de riqueza mediante el giro de utilidades y el turismo en el exterior.

Una cosa es clara: los ajustados son siempre los mismos y los beneficiados, también.

De Macron a Macrin…29.1.18

Es el proteccionismo… idiota

El presidente de Argentina insiste con eso de la apertura indiscriminada ¿pero qué le responde el mundo? Otra gira mágica y misteriosa, pero con muy pocos resultados para exhibir. Un viejo compinche de juergas a quien Macri debería escuchar.

La reciente gira del presidente Mauricio Macri por Europa deja algunas enseñanzas, tan evidentes que sólo una banda talibán del neoliberalismo como la que ocupa La Rosada desde diciembre de 2015 es incapaz de ver.

Pero en realidad lo que pasa no es nada nuevo. Hace mucho que desde las principales economías capitalistas se vienen dando señales en tal sentido. Un mundo cerrado a la importación, abierto a la deslocalización y proclive a la externalización, que encuentran un campo orégano en las oportunidades que países políticamente débiles presentan para la maximización de la tasa de ganancia del capital financiero -en muy poco tiempo-, son características que se presentan desde los albores del siglo 21 y se profundizan a partir de los estallidos de 2008 y 2009.

Esto es sólo una manifestación evidente de las características que adquiere la Segunda Crisis de Larga Duración que atraviesa el capitalismo, pero también es algo que -al parecer- el gobierno argentino se niega a mirar.

Y esto no es todo, tampoco posa una mirada reflexiva hacia las consecuencias que su fundamentalismo aperturista trae a la sociedad argentina en la coyuntura, pero también en el corto, mediano y largo plazo.

¿Pero será que los argentinos y especialmente el pueblo, estamos en manos de una especie de monos con navaja que, cebados por victorias electorales y adulación barata de la massmedia que ellos mismos alientan, son incapaces de advertir lo que es tan evidente?

Una señal clara para el gobierno fue la que el conjunto de los estados integrantes de la OMC le dieron en la cumbre que se celebró, en diciembre de 2017, en Buenos Aires. Durante meses, Macri soñó con que ese encuentro iba a ser como una especie de presentación en sociedad de las virtudes de algo que, temerariamente, algunos en La Rosada ya denominan “El Modelo”.

Básicamente trabajó y esperó lograr dos objetivos: una declaración contundente a favor de la apertura al libre comercio y la foto de la firma del acuerdo UE-Mercosur, por supuesto, con él como anfitrión.

Pero nada de esto pasó: la OMC viene tocada de muerte desde la Ronda de Doha donde, con bastante tino, el sur comenzó a plantear reparos, sobre todo, respecto a la liberalización del comercio agrícola global.

Tal como se adelantó oportunamente desde NP diario de Noticias, la cita de Buenos Aires estaba condenada al fracaso, ya que en los encuentros previos no se había podido llegar ni a un atisbo de acuerdo. Pero también porque la propia OMC es cuestionada desde centros financieros transnacionales y economías capitalistas centrales, como una herramienta apta para sus objetivos. Como se ve, lo que fue, al parecer, ya no es.

Así las cosas, la postura del gobierno argentino quedó en soledad, mejor dicho, casi en soledad, ya que sólo fue acompañada por la República Popular China (RPCh). En este punto es pertinente hacer algunas consideraciones.

La política exterior de la RPCh es clara al respecto y se asienta en su formidable PIB que las principales mediciones coinciden en que -durante 2017- superó los trece billones de dólares, esto es 82,8 billones de reimbimbi, al sumar los de Hong Kong y Macao. Pero, sobre todo, en una estrategia para nada improvisada que la llevó, en menos de tres décadas, a ser el principal candidato a convertirse en la principal potencia geoestratégica global del siglo 21 (Ver Una ruta que trae algo más que seda).

Periplo

El periplo presidencial tuvo un paso por Rusia donde, en esto de intentar atraer inversiones, Macri debió agachar la cabeza ante Vladímir Putin y prometerle que, en realidad, no piensa deshacer todo aquello acordado en 2014 por el mandatario de la Federación y Cristina Fernández. Palabras más, palabras menos, lo que hicieron fue confirmar que las barbaridades que él e integrantes de su gobierno dijeron sobre esos acuerdos, eran sólo papel picado para la tribuna. Ah, y le anticipó a un hierático Putin, que piensa volver porque le prometió a Antonia que la llevará al Mundial.

De ahí a Davos, exclusivo centro vacacional suizo donde Macri se siente como en su casa, donde sólo hubo un encuentro bilateral improvisado con Angela Merkel, pero sí se destacó la agenda que mantuvo con más de una decena de CEO de gigantes globales, entre ellos, algunos que repitieron la misma cita de 2016 y 2017. Muchas promesas y fotos, como aquella en que se ve a Macri con Bill Gates, pero poca inversión, sobre todo productiva.

También se destacó la foto con Máxima Zorreguieta que selló la construcción y venta de un reactor desarrollado por el Invap a Holanda que, queda claro, es producto de la política científico tecnológica desarrollada entre 2003 y 2015. Las sonrisas y la grandilocuencia del anuncio contrastan groseramente con la política de vaciamiento y despidos que lleva adelante Macri en el Conicet y otras herramientas estatales vinculadas al desarrollo de ciencia y tecnología, incluido el Invap.

Pero el plato fuerte para las expectativas del mandatario argentino estaba depositado en la entrevista con Emmanuel Macron, quien accedió a la presidencia después de una carrera meteórica en la política que lo había llevado a ser el elegido por Francoise Hollande, para comenzar con las reformas que pretenden hacer añicos lo que queda de Estado de Bienestar.

Pero este escaso recorrido no quiere decir que sea un improvisado. Es que mientras que a instancias de Franco, Mauricio Macri recibía clases particulares de economía con Álvaro Alsogaray, Macrón se formaba como un cuadro en la Banca Rothschild. Este es un dato importante que no hay que perder de vista.

Antes de ir a la cancha con Nicolas Sarkosy, Macri se entrevistó con Macron a quien le pidió “no desperdiciar esta oportunidad” para que la UE avance en un tratado de libre comercio con el Mercosur. En conferencia de prensa, la respuesta del mandatario francés fue contundente: ese acuerdo podría ser “desestabilizador” para el sector bovino de su país. Eso sí, los dos coincidieron en cargar las tintas contra Venezuela y Macri fue más lejos cuando adelantó que “Argentina no va a reconocer” el resultado de las elecciones presidenciales de ese país que, todavía, no tienen fecha.

Lo del párrafo anterior es muy elocuente. Al unísono el mundo capitalista –y en particular las derechas- coinciden en sancionar a quien intente buscar alternativas a ese sistema. Pero de las puertas para adentro, el universo capitalista sigue teniendo vecinos de primera y de segunda y las fronteras entre ambos, son infranqueables, por más bien que se intente hacer los deberes. Y otra cosa, eso del liberalismo está bárbaro, pero únicamente en una dirección.

De nada sirvió la reunión con integrantes del Consejo Ejecutivo del empresariado de Francia (Medef) ni el convite al almuerzo organizado por el grupo Rothschild. Macron insistió con lo que denominó “líneas rojas” que su país no está dispuesto a pasar, lo que quiere decir que continúan las barreras que obstruyen el tratado desde principios de siglo. Y lo hizo apelando a lo que más le duele a la propuesta del gobierno argentino: la Política Agrícola Común de la Unión Europea que con Francia y Polonia a la cabeza, se mantiene firme en puntos clave como las barreras existentes en lo inherente a las carnes rojas, productos agrícolas y el bioetanol.

De ahí que si el tándem que lideran los gobiernos de Argentina y Brasil quiere anotarse un poroto político y forzar la firma del tratado, va a ser a fuerza de ceder todavía más. Es decir, darle un golpe letal a la pequeña y mediana industria, pero también al trabajo, a cambio de poco y nada.

De todos modos, Macri anticipó que confía en que el acuerdo se va a suscribir en breve.

Pero al parecer, aunque en consonancia con Michel Temer, el mandatario de Argentina aprovechó el Foro de Davos para adjudicarse la bandera de haber “derrotado al populismo”, todo parece señalar que, a diferencia de los sectores medios de sus países, empresarios, banqueros y presidentes de estados capitalistas centrales precisan algo más para tomarlos en serio. Parece que el horror y el pacato cinismo que lleva a que sectores medios –y no tanto- acepten cualquier cosa, alcanza para el consumo interno, pero no para la Superliga del capitalismo que puede sonreír con un presidente que les habla en inglés y asevera que por aquí todos somos descendientes de europeos, pero sólo eso.

Es que, en el capitalismo, los gobernantes de países no suelen ser otra cosa que cuadros intermedios al servicio del capital. El objetivo general que persiguen es el mismo, pero hacia adentro del capitalismo hay facciones, grupos de intereses enfrentados, contradicciones y conflictos (Ver Nada es personal).

Entonces no es lo mismo el Pollo que la Banca Rothschild entrenó para disputar liderazgo en Europa, que el alumno de Alsogaray. Es que, entre otras cosas, para lo que representa el primero, el mundo es su territorio pero Europa y EE.UU. son su casa, mientras que para Macri y su troupe la cosa es diferente. “Si se viene el comunismo me voy a la estancia y chau”, decía un personaje de una novela de Beatriz Guido que bien podría ser Macri o cualquiera de su staff.

“Como presidente de EE.UU., siempre voy a poner a mi país primero, como los líderes de otros países deberían poner a sus naciones primero”, dijo Donald Trump en Davos y recalcó que “no podemos tener libre comercio si algunos países explotan el sistema a expensas de otros”. Y remarcó que “ahora es el momento de invertir en EE.UU.”.

Lo que deja una reflexión y una pregunta flotando en el aire. Quizás Macri debería hacerle caso –al menos en esto- a su ex compinche de juergas, porque en este escenario es prudente preguntarse dónde elegirán radicarse los capitales –de todo tipo- que Macri prometió llegarían a Argentina después de su asunción presidencial, sobre todo, después de que la Reserva Federal de EE.UU. aumentara de 1 a 1,25 punto porcentual las tasas de interés y anticipara otro aumento para este año.

El capitalismo, su crisis y sus facciones...29.1.18

Nada es personal

¿Sobre qué ola pretende surfear el Gobierno Cambiemos? La pugna entre dos versiones del capitalismo y los muertos que siguen poniéndolo los pueblos. Geoeconomía y geoestrategia ¿Qué se juega en la puja intercapitalista e interestatal?

La historia del Grupo Macri ofrece un panorama claro que explica el carácter simbiótico que posee el Estado Liberal Burgués y la corporación. Y el análisis de su evolución exhibe en forma condensada y desde la periferia, algunas de las características que presenta, hacia adentro, la versión del capitalismo que surgió tras el breve interregno que existió entre las dos Crisis de Larga Duración.

Una mirada sobre este grupo, permite advertir un devenir que va del capital prebendario ligado -de alguna forma- a la producción por medio de la obra pública, al perfil netamente prebendario financiero que tiene su paradigma en las guaridas fiscales que cuentan al Staff Cambiemos entre sus principales vecinos y la apropiación del Estado para convertirlo en facilitador de la mega-timba global.

Entonces, aquí vale volver a preguntarse si será que el pueblo argentino está en manos de una especie de monos con navaja cebados por victorias electorales e incapaces de advertir lo que es tan evidente.

Nada más lejos de eso ¿Pero entonces de qué va todo esto? Aquí es prudente tener claro que desde que -hace cerca de cuatro siglos- el capitalismo comenzó a manifestarse como una economía-mundo, economía y política reflejan las necesidades de acumulación de la clase capitalista, por lo tanto, son la misma cosa, pero a su vez son escenario de tensiones internas.

Esto explica, entre otras cosas, porque capitalismo siempre fue –y es- sinónimo de guerra entre las formaciones estatales que adscriben al sistema. Y este ejercicio constante de la violencia alcanza diferentes esferas, entre ellas, la militar y la económica –fundamentalmente- entre facciones de las élites que pretenden la hegemonía, en una pugna en la que a las víctimas las aportan siempre los pueblos.

Ahora bien, todos están de acuerdo en mantener un planeta convertido en un mega-mercado regido por las reglas capitalistas, pero a la hora de determinar de manera más fina el orden internacional, les cuesta más llegar a una síntesis en la que se superponen e imbrican intereses de grandes capitales y las principales formaciones sociopolíticas y estatales.

En pugna por la hegemonía, una mirada u otra, plantean la profundización del imperialismo tal como lo conocemos o la merma del poder estatal hasta quedar limitado a la función de Estado Policial que garantice la ronda de negocios y la seguridad de las élites locales.

Fantasía

¿Pero por qué todo esto? El capitalismo necesita mantener la fantasía de que funciona como sistema capaz de poder ofrecer algo bueno a la población mundial, pero como sus principales formaciones estatales están quebradas, sólo puede sostener esta ficción a fuerza de emitir dinero que, cada día, tiene menos respaldo.

Para que quede claro. La deuda de EE.UU. asciende a alrededor de veinte mil billones de dólares y la curva de la relación deuda-PIB crece en forma alarmante, de manera tal que se estima que entre 2025 y 2030, va a ser imposible echar mano a cualquier método de rescate.

En este camino, la Reserva Federal de EE.UU. arrastra al Banco Central de Londres y al japonés, y pretende hacer lo propio con el Europeo. Como se ve, aquello que es herejía en la periferia, es aceptado en el centro capitalista que, cada vez más, fundamenta en el poderío militar la supremacía del dólar como moneda de intercambio global, al tiempo que extrae de la periferia los recursos económicos, fundamentalmente, los energéticos. Pero también para transformar en privada y multinacional a la riqueza social que, en algunos lados, se construyó en años de lucha.

De esto van los tratados de libre comercio como aquel que se pretende hacer entre la UE y el Mercosur.

Es que en el escenario global, a grandes rasgos, se pueden señalar dos bloques de grandes jugadores pertenecientes a las clases dominantes. El que está perdiendo influencia es aquel más vinculado al capital productivo e industrial, más ligado a las formaciones estatales nacionales y lo está haciendo en manos de la facción inherente al capital financiero globalista, cuyo paradigma es el dominio planetario por medio de redes financieras de control.

Aquí debe quedar claro que la versión productivista no es menos mala que la financiera y remite a un imperialismo más ligado a lo tradicional, es decir a la toma de posiciones por medio de la invasión territorial y cosas por el estilo.

Por eso es que en el corazón del bloque capitalista no todo lo que brilla es oro y el enfrentamiento de formaciones nacionales, sólo es un índice de la disputa entre corporaciones transnacionales y otros grandes jugadores del capitalismo global que actúan –incluso- hacia adentro de esas mismas formaciones nacionales.

Así las cosas, el escenario del enfrentamiento de estas dos facciones se da hacia el interior de la principal potencia hegemónica y el resto del centro capitalista, pero asimismo en la periferia donde se suele reservar a países con influencia regional el trabajo sucio de aportar el soporte técnico sobre el terreno. Esto también explica el énfasis de Macri al cargar las tintas contra Venezuela.

Comprender todo esto es necesario para entender qué pasa en Siria, Yemen o Ucrania, pero también en nuestra región y, especialmente, en Argentina. Y, por supuesto, aporta a comprender por qué lo que en apariencia podría atribuirse a un irracional instinto depredador del Gobierno Cambiemos, responde a otro tipo de variables, mucho más predecibles y sistémicas.

Porque, a fin de cuentas, para hacer un diagnóstico acertado, es preciso tener una mirada certera sobre esto de la geoeconomía y la geoestrategia, porque en esto va uno de los principales aspectos de la puja intercapitalista e interestatal por el perfil que tendrá el futuro orden mundial y, en esto, como decía Michael Corleone, nada es personal, sólo negocio.

China de cara al centenario de la República Popular29.1.18

Una ruta que trae algo más que seda

¿Macri y la RPCh solos contra el mundo? Del 2020 al 2025-2030, no solo unos pocos años. Planes estratégicos de uno y otro lado, paradigmas y objetivos diferentes.

La postura de Macrón volvió a confirmar que la obsesión aperturista del Gobierno Macri va a contrapelo de las posturas predominantes en el centro e incluso la periferia capitalista. Y que este nuevo traspié se suma al que sufrió en noviembre en Buenos Aires cuando, en la OMC, la posición de Argentina quedó sola...sola no, ya que fue acompañada por la que exhibió la RPCh.

¿Pero por qué Beijín asume esta postura? Ya hablamos del PBI chino y de los papeles de deuda estadounidense que, por otra parte, en un número abrumador están en manos del Estado chino, pero también de la situación de imposible retorno que el peso de esa deuda va a tener para EE.UU., a más tardar en 2030 y de la forma en que esto está arrastrando a los bancos centrales de Gran Bretaña y Japón.

En este punto es interesante recordar el documento titulado Made in China 2025, que el Consejo de Estado presentó en mayo de 2017, que postula un instructivo para transformar –en diez años- a este país del actual “gigante de la fabricación” en “potencia de la fabricación” de productos que superen los estándares de calidad de aquellos europeos y estadounidenses.

El plan está basado en el concepto Industria 4.0 que desarrolló Alemania y propone tres fases de diez años cada una, con el propósito de que al cumplirse el centenario de la fundación de la República Popular, China sea la principal potencia industrial y manufacturera global.

Para esto el Estado va a destinar fondos especiales y creará incentivos fiscales en diferentes áreas vinculadas a nueve objetivos estratégicos que tienen que ver con mejora de la capacidad de innovación, establecimiento de una marca de alta calidad, promoción de la integración de la informatización y la industrialización, así como la implantación de técnicas productivas que respeten el medio ambiente y una enfática promoción de la investigación y desarrollo en áreas clave.

Calidad de vida

Aunque uno de los puntos del plan es mejorar -a escala mundial- la influencia de las empresas chinas, lejos está de ser el único.

Es que, en este contexto, la RPCh también hace hincapié en la construcción de un bloque comercial que, según espera, va a quedar galvanizado con lo que se dio en denominar Nueva Ruta de la Seda o Un cinturón, una Ruta, un ambicioso programa que pretende articular el sudeste asiático con Alemania y que involucra una alianza estratégica con Rusia.

La iniciativa alcanza a sesenta países donde viven siete de cada diez personas del mundo, pero que también poseen tres cuartas partes de las reservas energéticas registradas del planeta, cuya sinergia podría generar alrededor del sesenta por ciento del PBI global.

Para esto Beijin prevé invertir unos 1,4 billones de dólares que se destinarán, entre otras cosas, a la construcción de autopistas y vías férreas que van a cruzar Asia Central y Rusia, así como una red portuaria, entre otros proyectos de infraestructura costera tendientes a articular a la República Popular con el sudeste asiático, el Golfo Pérsico, África y el norte del mar Mediterráneo.

Pero la visión estratégica del gobierno chino posee un objetivo central que tiene que ver con elevar la calidad de vida de la población de manera sustentable. En este sentido se avanzó bastante durante los últimos años, al punto de que este país que ya era potencia en términos de producción, pasó a serlo en lo que hace al mercado interno.

Ciudades medias como Shenzhen poseen PBI equivalente al de países europeos como Suecia; con Alibabá a la cabeza, el comercio digital chino multiplica por seis al de EE.UU. y el pago online es cincuenta veces más voluminoso que el de ese país.

Todo esto señala que se modificó la política de austeridad hacia el mercado interno, que promovió el Estado durante más de dos décadas por medio de una tasa de cambio fija respecto al dólar que garantizaba mantener a raya a la inflación.

Ahora, con una capacidad productiva que ya superó a la de EE.UU., la fase de crecimiento interno va a permitir que la sociedad china esté ante la perspectiva de convertirse en la que más consuma en el planeta. Por eso Made in China 2025: ya aprendieron a fabricar y ahora a caballo de un formidable superávit comercial, salen a adquirir activos en Europa y EE.UU., y si para muestra basta con un botón, ahí está Volvo, que desde que la compró Chery, dejó de ser el emblema y orgullo de Suecia. En esta perspectiva, Beijin aboga por la apertura de mercados.

Pero el superávit no es producto de un milagro. Por ejemplo, la RPCh grava con un arancel del cuarenta por ciento a los productos estadounidenses, lo que no le impidió que –pese a los pataleos de Trump- el año pasado firmara con EE.UU. acuerdos por 250 mil millones de dólares para la compra, entre otras cosas, de petróleo y gas de esquisto. Así, el superávit comercial se transforma en energía que China necesita para seguir generando superávit.

Ahora bien, ante la posibilidad que este crecimiento del consumo interno provoque inflación y ante la necesidad de poder seguir evitando la influencia negativa del dólar, Beijin tiene algunas cartas en la manga.

Tal como pasó en Rusia desde que fue evidente el ataque externo que años atrás sufrió el rublo, las reservas de oro de la RPCh vienen creciendo ¿Se está preparando para crear una divisa respaldada en metálico y lo podría hacer junto a Moscú? ¿Buscará ampliar la internacionalización del reimbimbi a caballo de la inversión que traerá el desarrollo de Un cinturón, una Ruta?

Una treintena de países, entre ellos Argentina, tienen reimbimbi como activo de reserva. Si China da este paso, abiertamente habrá cuestionado la hegemonía del dólar, al menos en la amplia región que prevé la influencia de la Nueva Ruta de la Seda. Y lo hará en la perspectiva 2025-2030, cuando la Espada de Damocles de la deuda que pesa sobre EE.UU. haya llegado a su punto de no retorno.

Entonces, queda claro porque la RPCh reclama apertura de mercados y desde donde lo hace: desde el plan que se fija, de cara a 2025, la incorporación del equivalente a varias poblaciones argentinas a un nivel de vida de estándares europeos. Mientras que, el Plan 2020 de Macri, como ya lo explicó NP diario de noticias, sólo persigue poner en caja una inflación autoinflingida y a costa del salario y la producción local.

 

El doble de deuda en relación a salud25.1.18

La salud está en deuda

Cumpliendo con las recomendaciones del FMI, el gobierno nacional destina la mitad de lo que paga en intereses de deuda al presupuesto de Salud. La orientación de recursos es coherente con la decisión de implementar el CUS y destruir la salud pública

El Estado en su fase neoliberal privilegia la política de endeudamiento y deja desamparados a millones de personas en un área tan sensible como el de la salud.

La afirmación no es caprichosa: según se desprende del Presupuesto 2018, diseñado por el ejecutivo y aprobado por el Legislativo, la administración Cambiemos destinará al pago de intereses y servicio de deuda un total de cuatrocientos mil millones de pesos, el doble de la totalidad de los fondos que el Estado invertirá en salud para el mismo año.

“Es una decisión de política económica que no sorprende dado el perfil neoliberal del gobierno”, enfatizó el médico sanitarista del Partido Comunista Néstor Lucatelli, y añadió que “es una medida coherente con la implementación del CUS y la destrucción de la salud pública”.

El análisis de Lucatelli se condice con la realidad que atraviesa en la actualidad el sistema sanitario nacional. Esto es algo que se deja ver rápidamente en la crítica situación del Posadas -donde despidieron a 122 trabajadores-, en la falta de vacunas para fiebre amarilla y de medicamentos para el tratamiento de HIV.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que por distintos motivos trascendieron públicamente en los últimos días. Pero desde la llegada del macrismo la situación es calamitosa en todo el sector público en general y de esta realidad no escapan los hospitales públicos, centros de atención primaria, etc.

Como si esto no fuera poco, el gobierno desfinancio el Acumar, eliminó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) y el incremento en los precios de los medicamentos se ubicó un ochenta por ciento promedio para el período 2016-2017 -14 puntos por encima de la inflación del período.

En este contexto adquiere sentido el CUS, la iniciativa macrista para destruir la salud pública. Una vez más la lógica es la misma: el Estado desfinancia y vacía áreas y políticas públicas para después justificar reformas en el sector, con la inercia repetitiva de retirar al Estado y entregar el negocio a los privados.

En Salud un claro ejemplo es la política implementada por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En 2017, la mandataria bonaerense se ufanó de “ahorrase” 18 mil millones de pesos del presupuesto sanitario. Se trata de la parte del presupuesto que destina dinero a la construcción de nuevos hospitales y centros de atención.

Así las cosas, y ganándose el premio de mejor alumna del gobierno nacional en materia de ajuste, de los treinta mil millones de pesos con los que contaba para nuevas obras, apenas uso doce mil.

El “ahorro” motivó un pedido de informe de los diputados provinciales en la legislatura bonaerense que Vidal desoyó. Además, en el Hospital de Lanús, por ejemplo, culminaron el 2017 con la mitad de los tratamientos interrumpidos porque la provincia no entregaba medicaciones.

Los recortes realizados en Nación y provincia es una consecuencia de las recomendaciones realizadas por la misión del FMI, el cual, mediante el reporte 16/346, afirmó que “el gasto de salud pública en Argentina ascendió al 32 por ciento del gasto público total (…) lo que sugiere que puede haber espacio para optimizaciones”.

Lo que el Fondo Monetario entiende como “optimizaciones” los cuerpos de los bonaerenses lo pagan con salud. En otros términos, para cumplir con las metas fiscales del organismo multilateral, la administración Cambiemos sacrifica la vida de los trabajadores.

Es una ecuación que a la derecha siempre le cerró.

Situación crítica

“El deterioro de la salud pública es general y es un fenómeno que viene ocurriendo desde que asumió el macrismo”, explicó Lucatelli y aclaró que “lo que ahora se percibe en la provincia y en todo el país es una situación que ya conocemos desde hace casi una década en la Ciudad de Buenos Aires”.

Esta realidad permite deducir que “no hay coincidencias, se trata de un modelo de gestión sanitaria excluyente y privatista que ahora se exporta a todo el territorio nacional”.

Lo que sucede en la actualidad, según el sanitarista, “es un achique de personal, de recursos, de insumos y de capacitaciones para destinar los fondos que antes se invertían en estas áreas a otras prioridades”.

El especialista recordó que en diciembre se realizó una jornada en el Hospital Ramos Mejía donde uno de los tópicos de discusión fue "El hospital que queremos". En esta mesa se habló sobre que lo que es el hospital: una institución de complejidad, un hospital escuela, de excelencia, para profesionales, enfermeros, etc.

A pesar de ello y desoyendo a los trabajadores, el Ministerio de Salud resolvió bajar la categoría del Ramos Mejía de "agudo" a "general".

“Esta decisión atenta contra una larga tradición de los hospitales de agudos de la Ciudad y el país, que formaron a los mejores profesionales en vastas disciplinas, que mejoraron el conocimiento médico y trataron a millones de pacientes de forma gratuita”, analizó y enfatizó que “una de las explicaciones, miserables, es que se le baja la categoría para reducir los recursos que se van a destinar”.

Estas políticas lesionan gravemente décadas de trabajo que hicieron a la salud pública argentina un ejemplo en la región y en el mundo. “Contrario a esta tradición nacional, el gobierno avanza también para impedir que en los hospitales de la Ciudad se puedan atender ciudadanos de países limítrofes o habitantes del conurbano”, contó.

Todo este vaciamiento que sufre la salud pública en la Ciudad, la provincia y el país es coherente con la intención del gobierno nacional de instalar la Cobertura Universal de Salud (CUS), una sigla que es un eufemismo para avanzar sobre la salud pública y proceder con la privatización de las prácticas médicas, la entrega de medicamentos y la atención primaria.

“El modelo que copia el CUS es similar al que ya funciona en Chile y Colombia donde el acceso a la salud no es universal y la mayoría de las atenciones, hasta las más mínimas, se encuentran aranceladas”, refirió.

Como ya adelantamos durante toda la segunda parte del 2017 en las notas de este diario, el CUS es el verdadero objetivo del macrismo para hacer negocios con la salud.

Situación socioambiental

Toda la salud ambiental y la atención primaria se verán fuertemente lesionadas con el CUS. “Cambiemos desde que llegó a la Rosada asumió una política de desfinanciamiento sobre políticas públicas de prevención y abordaje de problemas socioambientales”, puntualizó Lucatelli.

No hay que enfatizar demasiado en la idea de que en el contexto de una crisis económica y social la situación socio-sanitaria y ambiental se agrava. Ante ello el Estado puede hacer dos cosas: ocuparse y abordar la problemática o dejar a los ciudadanos a la deriva, expuestos a focos infecciosos, condiciones de vida inhumana, etc.

En este sentido el caso de Cambiemos es paradigmático, por qué existe una retroalimentación entre causa y consecuencia en el ámbito socioambiental y de salud pública.

Es la propia política económica del gobierno la que genera la crisis social que agrava el escenario socioambiental y sanitario del país y este, a su vez, hace que los hospitales y los centros de atención primaria desborden de personas que acuden allí, que antes tenían obra social pero que ahora no porque los jefes y jefas de familia fueron despedidos, etc.

Y, como si fuera poco, los hospitales tienen cada vez menos recursos para trabajar, escasean los insumos y los trabajadores de la sanidad desarrollan sus tareas en condiciones de precarización muy altas.

El combo es letal y es una verdadera bomba de tiempo, como lo es la política de endeudamiento. Con sólo recordar que para este 2018 el presupuesto para deuda duplica al de Salud, basta para entender cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno. “Al gobierno no le interesa la atención primaria, como tampoco le interesa la atención primaria ambiental y el saneamiento”, expresó Lucatelli.

Crisis social en Córdoba25.1.18

Una imagen que duele

La profunda crisis social, económica y ambiental fue registrada por una cámara de TV cordobesa: un niño corriendo un camión recolector de residuos para comer

Un video de niños corriendo detrás de un camión recolector de basura por hambre en Córdoba se ha vuelto viral en las redes sociales y da cuenta de la profunda crisis alimentaria y social que se vive en el país.

Esta crisis golpea especialmente en los grandes centros urbanos pero también se hace sentir en el interior. Y son los niños y adolescentes uno de los sectores más castigados por la política económica del gobierno.

Un informe del Cippec -Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento- reveló el año pasado que alrededor de seis millones de niños y adolescentes se encuentran en la pobreza. La cifra equivale al 46 por ciento de la población menor de edad y corresponde al último trimestre del 2016, es decir, no contempla la inflación y el deterioro en el nivel de vida y en los ingresos que se registró en todo el 2017.

La imposibilidad de acceder a los productos que componen la canasta básica en Argentina es una problemática que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad a lo largo y ancho del país. En un repaso por cada uno de las provincias, el informe revela que San Juan, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes son las provincias más afectadas y en todos los casos superan el cincuenta por ciento, cinco puntos por encima de la media nacional. El caso más extremo es el sanjuanino, donde la pobreza infantil y adolescente supera el sesenta por ciento.

Uno de los elementos más relevantes del estudio -elaborado con datos brindados por el propio Indec- es que la pobreza en menores de 18 años es una vez y media superior a la tasa de pobreza de la población total. Este dato no es menor y plantea, una vez más, la falta de perspectiva que el capitalismo les propone a los jóvenes.

Por su parte la indigencia en este sector etario golpea fuertemente, especialmente en el Gran Córdoba donde se registran los índices más altos: 15,38 por ciento.

Crisis endémica

“Lo que muestra el video es, lamentablemente, una cosa muy cotidiana en Córdoba” explicó Solana López, Secretaria del Partido Comunista cordobés.

La situación, especialmente de niños y niñas de los barrios más vulnerables, es de extrema gravedad. Ante este escenario, “las organizaciones sociales y políticas venimos planteando la necesidad de que se declare la situación de emergencia social y alimentaria, ya que la situación es muy grave”, añadió.

López puntualizó que “en la mayoría de los casos se trata de personas que han sobrevivido durante los gobiernos del kirchnerismo y que con la llegada de Macri a la Rosada vieron deteriorada drásticamente su situación”. Ello, en gran parte, agravó un problema que ya existía: de por sí muchos programas nacionales no llegaban a Córdoba, por lo que “la crisis social no es nueva pero se ha profundizado enormemente”.

Así las cosas, la dirigente concluyó que “se trata de una crisis endémica que caracteriza a la provincia”. Ahora, sin ayudas sociales desde el Estado, las condiciones de vida son insostenibles para una gran parte de la población. “Todo esto empeora en enero ya que los comedores escolares están cerrados por vacaciones y todos los chicos que acceden a un plato de comida allí no lo pueden hacer en esta época del año”, declaró. “En la práctica, de diciembre a marzo estos chicos no tienen dónde comer”.

Los problemas de alimentación se combinan con los problemas socioambientales y sanitarios de la provincia: “hay un colapso absoluto del sistema de salud pública en Córdoba”, comentó Solana. La situación es similar a la de todo el país: faltan insumos, los salarios en el sector son bajos y no se invierte en infraestructura.

Una de las problemáticas más notorias es la falta de vacunas, “situación que se agrava especialmente en invierno cuando empiezan a proliferar los virus y se multiplican los focos infecciosos”. El panorama es más que delicado, al punto que ya se lamentaron vidas de niños por falta de dosis.

Debido a la falta de vacunas en los centros de atención a la salud, “lo que termina sucediendo es que los que pueden compran la dosis y se la aplican y los que no, terminan sufriendo las consecuencias de la falta de inversión estatal”.

“La situación de vulnerabilidad es constante, se prolonga durante todo el año debido a múltiples situaciones que golpean a la infancia, la niñez y la adolescencia”, concluyó.

 

El CUS, el FMI y el Banco Mundial25.1.18

Los ideólogos de siempre

¿De qué se trata el CUS, el programa con el que el macrismo quiere privatizar la salud?

El programa “Cobertura Universal de Salud” -CUS- es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud y cuenta con el beneplácito de las empresas de medicina prepaga, las clínicas privadas, los grandes laboratorios transnacionales y la burocracia sindical que, tras un acuerdo que beneficiaría también a la caja de las obras sociales sindicales, asestaría un golpe mortal al sistema nacional de salud pública.

Una vez más el gobierno opera para presentar una medida que beneficia al sector privado en detrimento del público como una mejora sustancial para toda la sociedad y hasta se atreve a utilizar la palabra “universal” en el nombre del programa.

Pero que el árbol no tape el bosque: de universal no tiene nada, sino todo lo contrario ya que va a profundizar la crisis en los hospitales públicos, va a favorecer la desfinanciación de la salud y engrosará las ganancias de los empresarios del sector.

En definitiva, con este programa de “Cobertura Universal a la Salud” el macrismo diseñó una perfecta maquinaria para encubrir una brutal transferencia de recursos desde el Estado a los grupos económicos. El dinero que el Estado invierte en los hospitales públicos pasará a financiar las ganancias de las gerenciadoras médicas y las clínicas privadas.

Como si fuera poco, el programa reduce el Plan Médico Obligatorio –PMO- y elimina el Programa Remediar. En ambos casos se trata de un plan de ajuste sanitario. El Programa Remediar era una política pública que nació tras la crisis de 2001, impulsada por el ex ministro de Salud Ginés González García y que tenía el objetivo de asegurar gratuitamente a la población que asiste a los centros de atención primaria más del noventa por ciento de los medicamentos requeridos en enfermedades frecuentes y crónicas.

Ahora estos gastos correrán a cuenta de los pacientes que puedan afrontarlos. Los medicamentos, al ser bienes de primera necesidad que no se pueden postergar por una razón vital y de supervivencia, seguirán vendiéndose y garantizando la rentabilidad de los laboratorios y las droguerías.

En la práctica, la eliminación de este programa funciona como aspiradora sobre los bolsillos de los trabajadores, dinero que pasará directamente y sin escalas a engrosar las ganancias de las empresas del sector.

Lo mismo ocurre en el caso del PMO, el cual a partir de la implementación del CUS quedará disminuido. El PMO es una canasta básica de prestaciones mediante la cual los beneficiarios de obras sociales y los usuarios de las prepagas tienen el derecho a recibir las prestaciones médicas incluidas en ella. Al tratarse de un derecho, las prestadoras tienen la obligación de garantizar el acceso a las mismas aunque, como se sabe, suelen recurrir a maniobras y demoras voluntarias para regatear las prestaciones.

Si se logra imponer el CUS, esta metodología ya no será necesaria ya que será el mismo Estado el que simplifique el trabajo eliminando de la lista prestaciones básicas prácticas que hasta el CUS eran obligatorias.

Dólar, tasas y desequilibrios24.1.18

Una fragilidad dolarizada

El aumento en el precio del dólar favorece la concentración de la riqueza y genera movimientos en la bicicleta financiera que estimula el gobierno ¿Qué rol juega la FED en todo esto? Argentina cada vez más sensible a los vaivenes externos.

En las últimas cuarenta y ocho horas el dólar ha trepado en su cotización hasta un nuevo récord -19,93- debido a dos fenómenos, uno endógeno y otro exógeno, que se encuentran fuertemente ligados. Se trata de la expectativa de los mercados ante la nueva tasa de interés de referencia local tras los cambios en la meta inflacionaria para este 2018 y las subas en las tasas de interés en los Estados Unidos.

Esta fuerte ligazón entre el frente interno y externo desnuda una de las principales debilidades de la economía argentina en su etapa neoliberal: la fragilidad frente a los cambios en el sistema financiero internacional.

Esta exposición y dependencia en el frente externo se encuentra fundamentada, principalmente, en la política de endeudamiento externo masivo que sostiene el macrismo desde el día uno de gobierno.

Es que la orientación económica del proyecto político de la derecha es la continuidad histórica del plan orquestado por los Estados Unidos e implementado por Martínez de Hoz en la década del setenta y que, tras la experiencia neoliberal de la dictadura y el menemismo, se encuentra en su tercera etapa de implementación.

Esta política económica reprimariza la estructura productiva del país, destruye el empleo y erosiona los salarios. Como contrapartida los sectores especulativos de la economía obtienen ganancias siderales provenientes de la bicicleta financiera, “deporte” favorito de las clases dominantes del país en los últimos cuarenta años y que fomenta la migración de las inversiones productivas a las apuestas especulativas.

Por eso no es descabellado afirmar que el modelo económico atrasa varias décadas por más que viva momentos de contundente actualidad en algunos países de la región y el mundo.

En consecuencia, la economía argentina atraviesa una situación de extrema debilidad. La tan mentada “recuperación económica” que presenta el gobierno como un signo positivo no es más que un signo de fragilidad: se trata de un leve rebote que a su vez es desigual y focalizado en muy pocos sectores, como el de la concentración agropecuaria, las actividades extractivas y el financiero.

Pero si estamos de acuerdo con que el verdadero ritmo de la economía en un país que busca desarrollarse lo marca el sector productivo, hay que resaltar que el último período con crecimiento industrial fue el 2011 donde la producción manufacturera creció casi siete puntos.

Luego se registró una merma en la actividad con leves bajas -producto de la crisis internacional- hasta el cambio en la orientación económica del país: en 2016 la producción de manufacturas cayó un 4,6 por ciento -la más alta desde el 2001- para apenas recuperarse en 2017. La baja en el período es del 2 por ciento.

Estos datos confirman la hipótesis de que el “crecimiento económico” del que se ufana el gobierno es apenas un rebote del pésimo 2016, muy segmentado y focalizado en los sectores concentrados de la economía ¿Qué quiere decir esto?

Qué el “crecimiento” presentado por el macrismo no da cuenta de cómo es que se produce y, mucho menos, de quienes se lo apropian. Un centenar de familias se apropian del diez por ciento de la riqueza que se genera en el país. Por ejemplo durante 2016, año en el que la producción de manufacturas se desplomó, en el país crecieron las fortunas privadas gracias a la valorización de sus activos financieros.

En otras palabras, en un año en el que el sector productivo vivió una profunda crisis con caídas similares a las del 2001, la concentración de la riqueza se consolidó gracias a la bicicleta financiera.

Este simple ejemplo alcanza para demostrar cómo, con apenas dos variables, el plan de ajuste, entrega y saqueo que impulsa el gobierno se materializa en la realidad concreta.

Una caída de la actividad industrial redunda en la pérdida de puestos de trabajo, en el aumento de la desocupación y por ende en una carrera descendente del poder adquisitivo del salario; como contrapartida, aquellos que tienen la posibilidad de contar con importantes fortunas invertidas en el sector financiero, apuestan a la especulación y obtienen ganancias siderales gracias a la bicicleta financiera que la administración Cambiemos estimula con el endeudamiento externo masivo.

Un proceso visible

La complejidad del escenario actual se ve agravada por los fuertes desequilibrios que condicionan la economía nacional: déficit fiscal, déficit comercial histórico, fuga de capitales, sostenimiento del vertiginoso proceso inflacionario y pérdida del poder adquisitivo del salario confluyen en un escenario que sólo se sostiene con la enorme entrada de divisas gracias al grifo del endeudamiento. Pero este no es infinito.

Por ejemplo, según el propio Indec las importaciones crecen casi veinte veces más que las exportaciones ¿qué significa? Que el 2017 perderá el título al año del déficit comercial histórico en manos del 2018.

Hasta el momento, Hacienda viene haciendo frente a este –casi 8.500 millones verdes- con los dólares que provienen del exterior vía deuda pero cabe preguntarse ¿hasta cuándo prestarán dinero los organismos internacionales si el gobierno no logra corregir los desequilibrios en el fisco, comercio exterior e inflación?

Por lo pronto el gobierno cuenta con “aire” para continuar con la política de endeudamiento porque todavía la deuda en relación al Producto Bruto no es tan significativa -43 por ciento aproximadamente-.

Pero si existen peligros inminentes. Si la FED decide elevar la tasa de interés en los Estados Unidos y Argentina toca -tal como sucedió recientemente- su tasa de interés local -que es la más alta del mundo emergente- es muy probable que comience un proceso de dolarización de carteras. Para decirlo lisa y llanamente: una corrida cambiaria con una abrupta salida de las Lebacs.

Este posible movimiento es el que explica que en lo que va del 2018 el dólar haya aumentado un 2,6 por ciento.

En este marco, los especialistas aseguran que el futuro del dólar es incierto. Sin embargo, estos ignoran las señales de la economía, los grupos concentrados, los especuladores y la orientación propia de la política del gobierno.

En menos de 60 días el precio de la moneda estadounidense aumento 2,50 pesos. Ese movimiento, que debe ser llamado lisa y llanamente como devaluación, se trasladó rápidamente a todos los precios de la economía.

Por ejemplo, YPF hoy anunció un nuevo incremento de las naftas, las cuales ya casi rozan los 30 pesos el litro, y una de las razones que arguyó es la nueva cotización del dólar.

Así de rápido es la traslación del precio, lo que habla de una economía fuertemente dependiente de la moneda yanqui, casi como si fuera un reflejo.

Por ello es tan importante para este gobierno la política monetaria de Estados Unidos y el aumento de la tasas de interés que estaría por implementar la FED preocupa en las huestes presidenciales.

Un aumento de la tasa por parte de la potencia del norte no solo encarecerá el crédito sino que afectará inversiones -que nunca llegaron al país- y generará un movimiento centrífugo del dólar en gran parte del mundo y, especialmente, en Argentina.

Este no es un dato menor para nuestro país y en parte se explica por la política de saqueo que lleva adelante la derecha. 2017 fue un año récord en fuga de capitales y déficit comercial. Entonces, no es difícil imaginar el panorama de cara al futuro. No ve el que no quiere ver.

El futuro de la bicicleta24.1.18

Andar asegurado

Los cambios en la meta de inflación para el 2018, la devaluación y la leve baja en la tasa de interés no afecta el andar de la bicicleta y la especulación ¿Cambiar algo para que nada cambie? Ese es el camino.

Las modificaciones sobre algunos instrumentos financieros y los movimientos ascendentes en la tasa de interés en los Estados Unidos no ponen en riesgo la bicicleta financiera de cara al 2018. Por el contrario, la salvaguardan.

El pasado 9 de enero el gobierno modificó la meta inflacionaria para el 2018 tras el fracaso rotundo en la materia en los años previos. Solo por mencionar el caso del extinto 2017, el Central había fijado una meta de 12 y un techo de 17 puntos, pero, a pesar de esto, la inflación en el GBA culminó en un 25 por ciento. La economía no se conduce con “metas” sino que se interviene con herramientas concretas.

Este recalibramiento sobre la meta inflacionaria para este año forzó a que el Banco Central modifique, cosméticamente, la tasa de interés de las Lebacs: la misma descendió, apenas, 75 puntos básicos.

Con esta medida el Banco Central tomó la decisión de seguir recurriendo a las Lebacs como el principal instrumento de absorción monetaria. Esto quiere decir que a pesar del retoque sobre la tasa de interés de referencia interna, los niveles en los que se ubica la tasa continúa garantizando el andar de la bicicleta financiera.

No podía ser de otra manera ya que se trata de un negocio jugoso: sólo en 2017 las licitaciones de Lebac generaron intereses por más de 180 mil millones de pesos.

La política monetaria del Banco Central para este año buscará garantizar el andar de la bicicleta financiera al mejor costo posible.

Al menos así parece presentarse el escenario, sin embargo cabe preguntarse ¿Es esto posible?

Desde el gobierno son conscientes de los desequilibrios que esta mecánica adquiere. Tanto que hasta el propio presidente del Central, Federico Sturzenegger, salió a decir públicamente que estos años las tasas están “un poco elevadas”, lo que adelantó una de las maniobras del gobierno al modificarla.

En sintonía, el Central decidió quitar 75 puntos básicos a la tasa local de referencia que se colocó en 27, 25 puntos. En la práctica, con el precio carísimo que viene pagando el gobierno a los bonistas, se trata de una medida cosmética.

El negocio de la especulación financiera seguirá siendo rentable y la decisión de la autoridad monetaria parece buscar más un efecto propagandístico que otra cosa.

Además, de ninguna manera este “cambiar algo para que nada cambie” calmó la insaciabilidad de los bonistas.

Es que con la inflación que no se detiene y ante la inminente suba de la FED en la tasa yanqui, comenzaron a salir del peso para ir a lo seguro: el dólar. He aquí una de las explicaciones de porque el dólar alcanzó su pico máximo en estos días y por qué, tal como esperan los exportadores, superará los 20 pesos para el mes de marzo.

Hasta el FMI toma nota24.1.18

Un reto para salvar el negocio

En el Foro de Davos la directora del FMI reprendió a los países que abusan del recurso del endeudamiento y habló de “vulnerabilidad” del sector financiero ¿A qué se debe realmente la advertencia?.

Paradójicamente mientras Argentina profundiza su política de endeudamiento externo masivo, en el Foro de Davos la Directora del FMI, Christine Lagarde, alertó sobre “los niveles de vulnerabilidad en el sector financiero” y se mostró preocupada por “un aumento preocupante de la deuda en muchos países”.

¿A qué se destinan esas grandes masas de dinero del que se retroalimenta el sistema financiero internacional? La situación del creciente endeudamiento en el mundo opera de manera similar que en la Argentina: funciona como motor de la desigualdad y contribuye a su fortalecimiento.

El mismo fenómeno que se advierte en el país también se repite en el mundo: el de la concentración de la riqueza: según un informe publicado por la ONG Oxfam en 2017 el 872 por ciento de la riqueza global fue a engrosar los bolsillos del uno por ciento de la población. Así de obsceno como se lee.

De esta manera 8 de cada 10 dólares generados fueron apropiados por apenas 74 millones de personas en el mundo, mientras más de 3700 millones de habitantes, que equivalen a la mitad de la población mundial, no recibieron ningún tipo de crecimiento económico.

Otro dato difundido es delictivo: la riqueza acumulada por apenas 42 personas en el mundo igualan a lo que poseen 3700 millones de personas.

Según el estudio este crecimiento de la desigualdad cabalga a caballo de la precarización laboral, la fuga de capitales que en el escenario mundial cuenta como transferencias entre las grandes empresas y la evasión tributaria ¿Similitudes con el actual proceso argentino? La repuesta no sorprende: todas.

Buen alumno

En apenas dos años de gobierno macrista, Argentina tomó deuda en moneda local y extranjera por 121.588 millones de dólares. De ese total, sólo el Tesoro Nacional emitió 98.185 millones de dólares, de los cuales, 85.167 millones fueron a parar a manos de acreedores externos, según el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET.

¿Para qué se utilizaron estos dólares? Para estimular la bicicleta financiera y la fuga de capitales. En 2017 la fuga acumulada anual llegó a 25.069 millones de dólares, que equivale al 48 por ciento de las reservas del Banco Central. Es decir que, de cada 100 dólares que llegaron por la vía del endeudamiento externo, 84 fueron destinados a financiar la fuga.

Además, la hemorragia de dólares en las arcas del Banco Central es un síntoma preocupante. Especialmente porque esta sangría tiene como objetivo financiar la especulación y el giro de utilidades al exterior y no para inversiones públicas y productivas.

Estos números, contrastados con la afirmación de la directora del FMI invitan a la siguiente pregunta: entonces ¿Argentina es un buen o mal alumno? La pregunta es sólo retórica. El prontuario del organismo multilateral y el perfil político-ideológico del gobierno demuestran, a las claras, como el macrismo hace los esfuerzos necesarios para lograr el beneplácito del Fondo Monetario.

Ejemplos hay de sobra: la reforma previsional con ajuste a los jubilados, el lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud -CUS- para reducir la inversión en salud pública, el ajuste en ciencia y tecnología o la puesta en marcha de la flexibilización laboral son algunos de los consejos del organismo que conduce Lagarde y que forman parte del recetario tradicional e histórico de la derecha en el país.

En esto no hay equívocos ni contradicciones. Las afirmaciones en el Foro de Davos emitidas por la dirigente francesa van destinados al corazón del propio establishment para que no pongan en peligro el andar de la rueda que el propio FMI genera y estimula.

 

¿Por qué el gobierno juega sólo con el 15?23.1.2018

Cartas marcadas

Un techo para las paritarias basado en una inflación que ni los amigos del gobierno creen posible ¿Las paritarias son un mecanismo para bajar la inflación? ¡Todo sea para que seguir endeudando!

El techo paritario del quince por ciento que pretende el Gobierno y la proyección inflacionaria inicial del Banco Central que trepa al 17,4 por ciento, son un cóctel letal que va a profundizar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores que, desde que Mauricio Macri es presidente, registra un “empeoramiento general”.

Así lo señala un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNdAv) que recuerda que, de acuerdo a las estadísticas que confecciona el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2015, la inflación anual fue de 26,7 por ciento, pero el año siguiente, es decir el primero de la Presidencia Macri, se disparó hasta llegar al 41,2 y en 2017 trepó hasta el 28 por ciento.

Para este año, la encuesta REM, es decir el relevamiento de datos que el Banco Central realiza entre los que considera principales actores del mercado, sobre las expectativas inflacionarias, da 17,4 por ciento.

Está claro que estos 2,4 puntos que las consultoras afines a la ideología de los actuales ocupantes de La Rosada anticipan para 2018, alcanzan para destruir los quince de la meta de inflación que el Gobierno corrigió. Pero la diferencia se amplía si se toma como referencia, relevamientos de institutos y consultoras que presentan más independencia respecto a los intereses que defiende el mercado.

Vale recordar que al comenzar 2017, las expectativas del mismo relevamiento oficial eran del diez por ciento para todo el año. Por lo que al verificar el panorama de diciembre, según los datos oficiales del Indec, es evidente por qué es razonable dudar sobre la posibilidad de que se cumpla con la meta del quince por ciento.

En este sentido, el economista Santiago Fraschina, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, recalcó que “con la acumulación de dos años consecutivos de desvíos significativos respecto de los objetivos oficiales, la credibilidad del esquema de metas de inflación se vuelve más endeble”.

Tras lo que advirtió que “uno de los problemas que se desprenden de la clara tendencia de sesgo de mediciones de expectativas como la del Banco Central, es que puede conducir a desvíos significativos que influyan sobre el proceso de paritarias, afectando los niveles reales de los salarios”.

Techo

Nadie duda que el ejecutivo juega una carta fuerte cuando intenta poner un techo del quince por ciento a las paritarias. Y, en idéntica dirección, pretende que ese techo esté congelado, al menos, durante doce meses y para eso prevé eliminar la cláusula gatillo que la mayoría de sindicatos incluyeron durante las paritarias 2017 en su intento por morigerar el impacto negativo que, sobre el salario, provoca la suba del costo de vida.

Si prospera el intento gubernamental, este año va a desaparecer esta cláusula de ajuste compensatorio prevista para el caso de que la inflación sobrepase al porcentaje de aumento que, vale destacarlo, fue sólo una solución paliativa, ya que aunque permitió cierto nivel de recomposición cuando la inflación taladró determinados techos.

Pero, en muchos casos corrió por detrás de la carestía, ya que la aplicación de la cláusula gatillo se efectivizó varios meses después de que el umbral fuera vulnerado.

¿Pero por qué tanto énfasis gubernamental en esto de controlar el techo salarial? Pese a que esto responde a una poli causalidad, el motivo más fuerte es aquel que señala que desde la perspectiva de La Rosada, bajar salario es la única forma de contener precios y, por ende, a la inflación.

Esto es una de las exigencias de los organismos internacionales cuya opinión tiene un peso importante para que el gobierno pueda seguir endeudando al país.

Que quede claro, endeudar no es lo mismo que favorecer el ingreso de capital productivo. Lejos de eso, una característica del endeudamiento sin precedentes al que el Gobierno Cambiemos somete al país, es que su finalidad casi exclusiva, es el ingreso de divisas que en el corto plazo obtienen una importante ganancia y se fugan.

Es decir, bicicleta financiera que, además, deja pingües ganancias a los comisionistas familiares, amigos e integrantes del staff Cambiemos.

Durante 2017, la fuga de divisas creció un 123 por ciento. Se fugaron 22.148 millones de dólares, cifra que se compensa con los 22.959 de la misma moneda que ingresaron por títulos públicos, por lo que la gran cantidad de dólares que entraron al país, fueron a parar a la financiación de la fuga de capitales.

En este contexto, desde el corazón del Gabinete Macri, Rogelio Frigerio, no ocultó la intención de los ocupantes de La Rosada, cuando postuló que “las paritarias deben tener en cuenta el objetivo de bajar la inflación”. Más honesto hubiera sido decir “como no les queremos cobrar a los que más tienen, a quienes -encima- seguimos favoreciendo sacándoles impuestos, estrujamos a los trabajadores y, para ello, qué mejor que la paritaria”. Pero esto nunca lo diría una persona tan educada como quien se jacta de ser el representante de la política en un gabinete de ceos.

Así las cosas, lo cierto es que con cada recorte que se opera contra el salario, cae un escalón más el ya alicaído consumo interno. Esto es grave, ya que el mercado interno representa el 75 por ciento del PBI, por lo que queda claro que el consumo interno es la principal variable en la que se debe enfatizar si lo que se quiere -como señala el gobierno- es crecer.

Y más terrible aún si se tiene en cuenta que, merced a la desregulación talibán del comercio exterior perpetrada por el gobierno, a ese mismo mercado interno se lo inunda de productos fabricados en países víctima de la deslocalización donde, entre otras cosas, el salario promedio se coloca apenas por encima de la línea de subsistencia.

¿Una locura para un país que desde hace un siglo se debate por construir y mantener una estructura industrial, algo que a su vez favoreció condiciones para el desarrollo de un proletariado dinámico?

Puede ser, pero no desde la perspectiva de quienes se instalaron en Balcarce 50 en diciembre de 2015. Y de esto va, fundamentalmente, la gira europea que en este preciso momento lleva a cabo el presidente Macri, quien en su valija lleva el acuerdo Unión Europea-Mercosur que se quedó con las ganas de sellar en diciembre, cuando se reunió en Buenos Aires la undécima -y devaluada- Conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Al respecto, un reciente trabajo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), enciende luces de alarma. Si Macri logra reflotar el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, en Argentina, once de cada diez puestos de trabajo fabriles estarán en peligro.

Así lo advierte un estudio del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior que depende de la Umet, que da cuenta de que el impacto laboral del proceso de desregulación y reducción de aranceles que prevé este acuerdo, va a estar concentrado en los sectores metalmecánico, autopartes, química, marroquinería, muebles, calzado, textil y automotores.

Como se puede observar, en todos los casos se trata de sectores que tradicionalmente generan producción y empleo local que, con la apertura de importaciones desreguladas terminarán de ser destruidos. Y bueno es resaltar la palabra “terminarán”, porque en los apenas dos años que lleva el Gobierno Macri, estos rubros ya fueron empujados a situaciones límite.

Pero esto no es todo. Con la rebaja arancelaria de productos europeos a todo el Mercosur y el consecuente abaratamiento relativo de esos productos en los mercados de nuestra zona, Argentina va a ver mermado su nivel de exportaciones al resto de los integrantes del espacio regional, entre ellos a Brasil, que es el principal socio comercial de nuestro país.

¿Sobrecumplimiento de las metas fiscales?23.1.18

¡Qué lindo es dar buenas noticias!

Festejos en Hacienda y La Rosada ¿pero será para tanto? Dujovne contento con el déficit fiscal primario ¡Piedra libre a los intereses de la deuda!

Está claro que dentro del marco ideológico que guía al Gobierno Cambiemos, la variable para controlar precios es el salario, pero también que además del daño social que el diseño consecuente provoca, resulta ineficiente para esa finalidad.

Otra cosa que también está clara después de dos años de Mauricio Macri en La Rosada es que, para su gobierno, contraer deuda es casi la única fuente de financiación posible para la economía.

Pero hasta desde el FMI le están diciendo que, con la compulsiva toma de deuda financiera que lleva a cabo el gobierno, rápidamente se está agotando el crédito que heredó gracias al proceso de desendeudamiento iniciado en 2003 por Néstor Kirchner.

“Hay un aumento preocupante de la deuda de muchos países y debemos estar atentos”, dijo ayer la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, desde Davos, donde copreside el Foro Económico al que se va a sumar hoy el presidente Macri, quien en sólo dos años emitió deuda -en moneda local y extranjera- por 121.588 millones de dólares, cifra terrible que este año se va a incrementar en -al menos- otros treinta mil millones.

En realidad, lo que diferentes organismos internacionales de crédito le están diciendo al gobierno, no es que deje de endeudar a los argentinos -después de todo ese es su negocio-, sino que comience a hacer bien los deberes que le ordenan. En esta línea se presentan las presiones que, desde el mismo espacio ideológico que ocupa el ejecutivo, aparecen cada vez con más frecuencia y más amplificación por parte de la massmedia dominante. Carlos Melkonian, José Luis Espert y otros representantes de esa fauna, operan cada vez más abiertamente para aquellos que desde adentro y afuera de La Rosada, evalúan que ya están dadas las condiciones políticas para profundizar lo que llaman “cambio cultural”, es decir el marco legal que solidifique el cambio regresivo que se perpetra en la relación entre capital y trabajo.

Y uno de los puntos -casi fetiche- de estas requisitorias de los organismos supranacionales de crédito, es la baja del déficit.

Es en esta dirección que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se apresuró la semana pasada a celebrar públicamente cuando anunció los resultados finales de las cuentas públicas nacionales de 2017, donde destacó la baja del déficit fiscal primario respecto al de 2016.

Hasta aquí, bombos y platillos, además de medalla y beso ¿pero será para tanto la cosa?

Olvido

Dujovne celebró el cumplimiento de las metas fiscales y el festejo se propaló por la cadena de la massmedia de gobierno, pero el mensaje tuvo dos destinatarios claros: Doña Rosa y esos organismos supranacionales de crédito que, con el FMI a la cabeza, ya comienzan a pedir -por ahora sólo piden- resultados.

El ministro que cuando usted lea esto va a estar recibiendo a Macri en Davos, se jactó del sobre cumplimiento de la meta.

¿Pero de qué va todo esto? Para comenzar a despejar la paja del trigo hay que decir que lo que anunció es el déficit primario, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda.

Aquí La Rosada se había fijado una meta del 4,2 por ciento del PBI y el déficit cerró en 404 mil millones de pesos, lo que representa el 3,9 del PBI ¡Un éxito! Dicen en el ejecutivo ¿Un éxito?

El problema es que si se rasca la superficie del “éxito” gubernamental, lo que se advierte es que Dujovne se olvidó de incluir los intereses de la deuda que durante 2017, en pesos, se incrementaron la friolera de un 71 por ciento.

Entonces, si se suman ambos conceptos, que es lo que corresponde, la cifra alcanza alrededor de 630 mil millones de pesos ¿Pero alcanzaría esto para borrar la sonrisa del rostro de Dujovne? La respuesta es clara: esto representa el 6,1 del PIB, por lo que el déficit financiero creció en relación al de 2016 que, por otra parte, ya había pegado un salto respecto al de 2015.

Y como para terminar de borrar cualquier dejo de sonrisa, sólo alcanza con recordar que, de acuerdo al presupuesto que para este año firmó Dujovne, cuatrocientos mil millones de pesos se van a destinar a pagar intereses de deuda. Es decir que, parafraseando a Ernesto Sánz, el producto del trabajo de los argentinos, se está yendo por la canaleta...de la deuda, mientras que sigue creciendo el agujero negro del déficit. Todo esto, mientras Dujovne y Doña Rosa no dejan de celebrar.

 

Vender poco e importar mucho23.1.18

Cambiemos superó otro record

El déficit comercial no para de crecer. ¿Importar más y vender menos es buen negocio? ¿Qué hay detrás de todo esto?

“Desbalanceados”, de esta manera, al promediar 2017, NP diario de Noticias, tituló un artículo de tapa en el que dio cuenta de la alarmante situación que provocaba por entonces la balanza comercial de Argentina que, entre enero y julio, presentaba un saldo negativo de 3.428 millones de dólares, algo que significaba un récord histórico en moneda corriente.

Pero los récord están para superarse, por lo que el Gobierno Cambiemos cerró el año un déficit de 8.471 millones de dólares según los datos que el Indec daba a conocer al cierre de esta edición.

Este informe sobre el intercambio comercial del país, se completa con los datos de diciembre de 2017, que dan cuenta de que las exportaciones alcanzaron 4.515 millones de dólares y las importaciones 5.362 millones de esa moneda por lo que el último mes del año también dejó un déficit en la balanza comercial, en este caso, de 847 millones de dólares. Pero esto no es todo. También en diciembre, las exportaciones se redujeron 2,4 por ciento respecto al mismo mes de 2016, lo que representa 113 millones de dólares menos que ingresaron.

Por su parte, en lo que hace al resumen anual, se advierte que las importaciones crecieron respecto a 2016: 66.899 contra 55.911 millones de dólares. A la hora de desagregar, se puede observar que la entrada de bienes de capital creció muy poco: de 12.123 a 14.908, mientras que en los bienes intermedios, es decir productos elaborados destinados para la industria, la suba fue de 15.484 a 17.838, al tiempo que en el rubro bienes de consumo, el incremento se pasó de 7.400 a 8.947 millones de la moneda estadounidense.

Pistas

El informe que hoy por la tarde dio a conocer el Indec, brinda algunas pistas y corrobora datos que revelan que continúa un generalizado proceso de deterioro de la balanza comercial, salvo con algunos países de Medio Oriente.

Pero la caída, tal como lo explica un reciente informe de la compañía de consultoría en economía y negocios de abierto corte neoliberal ABECEB, sigue afectando todas las balanzas bilaterales del país, entre ellas el comercio con Brasil, la Unión Europea (UE), el Nafta, la República Popular China, la zona de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean) que, entre otras, incluye a economías pujantes como Indonesia y Singapur.

De estos datos se desprende también el peligro que se abre con la posibilidad de que se efectivice el tratado de libre comercio entre Mercosur y la UE ya que, partiendo desde una balanza comercial que no deja de dar rojo, Argentina quedaría encorsetada en una apertura aún mayor a la que experimenta desde diciembre de 2015.

Por lo que, en un escenario global en el que todos se cierran, nuestro país se abriría más todavía, al tiempo que se vería forzado a aceptar la homologación de las leyes propias a normas absolutamente regresivas, que rigen la relación entre capital y trabajo en otras latitudes.

Pero en su fundamentalismo, quienes ocupan La Rosada insisten con esto de que importar más y vender menos es buen negocio.

Es que para las grandes empresas, aquellas formadoras de precios y, por lo tanto, de inflación, el mercado local es una especie de coto de caza propicio para ajustar su tasa de ganancia, por medio del incremento de precios internos.

Y aquí también es prudente recordar que el nivel de diversificación e imbricación que posee la cartera de negocios de estas multinacionales, les garantiza la maximización constante de su tasa de ganancia.

Con este telón de fondo, el Gobierno Cambiemos lauda automáticamente –y orientado por su identidad de clase- para el universo del capital, por eso las patronales ganan en paritarias y beneficios impositivos que rozan lo delictual.

Mientras tanto, para financiar la balanza comercial deficitaria el ejecutivo recurre a la maximización de la ronda de endeudamiento externo en dólares e interno en Lebacs, es decir, inversión en pesos por la que el Banco Central paga una tasa exorbitante, cuyo producido se transforma en dólares que se fugan o vuelven a la feroz bicicleta, siempre que el gobierno vuelva a ofrecerle condiciones leoninas.

El período 2001-2014 dejó un saldo de la balanza comercial con un superávit favorable de alrededor de once mil millones de dólares. Todo en medio de un escenario en el que, entre 2004 y 2005, se utilizó parte del dinero que ingresaba en este concepto para el desendeudamiento.

Pese a este piso favorable y a la devaluación que el Gobierno Macri perpetró apenas asumido, el déficit se disparó y sigue creciendo.

Para explicar esto vale la pena revisar la forma en que, con la llegada de Mauricio Macri a La Rosada, se modificó la dinámica entre crecimiento industrial e importación de bienes de consumo.

Hasta 2015 se mantenía y crecía el ingreso al país de bienes de consumo, pero simultáneamente lo hacía la producción manufacturera local, porque el salario crecía incluso por encima de la inflación. Se puede cuestionar si este diseño era sustentable, pero funcionaba e incluía.

Pero con Cambiemos en el gobierno, el Estado retiró prácticamente todas las regulaciones que operaban como dique de contención al ingreso de productos manufacturados que compiten con otros producidos en el país.

Esto trajo un alarmante crecimiento de la importación y el reemplazo de bienes producidos en Argentina por otros fabricados en países donde el salario y las condiciones laborales extremas son la variable que garantiza “competitividad”. Esas condiciones que caracterizan la relación entre capital y trabajo, son el escenario que el Gobierno Cambiemos pretende reproducir en Argentina, bajo eufemismos tales como “modernización” o “inteligencia para integrar al país en el mundo”.

Pequeña y media empresa...23.1.18

En zona de riesgo

La ola de aumentos agrava la situación de las pymes y el mercado interno, advirtió Apyme y recalcó que “es urgente que el gobierno contemple los intereses de las Pymes, los trabajadores, la producción y la industria local”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) hizo pública su alarma “por las fuertes alzas en los precios dispuestas por el Gobierno entre diciembre de 2017 y estos primeros días de 2018”, incrementos que “aumentarán los costos en las cadenas de valor, lo que afecta mayormente a las empresas más chicas, sin espaldas financieras para afrontar una continua pérdida de capital de trabajo”.

Por medio de una declaración que lleva las firmas de su titular, Eduardo Fernández, y del secretario Juan José Sisca, la entidad que nuclea a pequeños y medianos empresarios, advirtió que la reciente suba del precio del dólar “ya está produciendo además remarcaciones preventivas en los principales rubros”.

Asimismo, puntualizó que, por otra parte, el tarifazo que afecta los precios de transporte, los servicios de energía eléctrica, agua y gas, así como combustibles, telefonía móvil, peajes, medicina prepaga, medicamentos y otras áreas sensibles “agravará el estancamiento de las ventas de las Pymes a causa del creciente deterioro del poder adquisitivo en el mercado interno, que es la principal fuente de ingresos de estas empresas”.

Posición

En esta dirección, Apyme reflexionó que “las únicas medidas del Gobierno para atacar la inflación, siguen siendo las altas tasas y la apertura importadora”, al tiempo que recalcó que la tasa de interés de más del 28 por ciento no ha logrado bajar la inflación según las metas propuestas por el propio Gobierno, en cambio, hace inviables las inversiones productivas y agrava el ahogo financiero de las Pymes”.

Y fustigó la política de comercio exterior que sostiene La Rosada. “Por la apertura importadora, que afecta a la producción fabril local, el pasado mes de noviembre de 2017 se produjo un déficit comercial 1.541 millones de dólares, con un aumento de más del treinta por ciento de importaciones y una caída de cinco por ciento de exportaciones”, por lo que el acumulado de los últimos once meses es de 7.656 millones, “el más alto de la historia”.

De ahí que “no sólo aumenta la inflación, sino que quedan fuera de competencia las Pymes, la producción local y las economías regionales”, mientras que “el esquema tributario profundiza su regresividad, en tanto “cobran mayor peso los impuestos al consumo, bajan las retenciones a la exportación sojera y disminuye la tributación por bienes personales”.

Y, de este modo, “se consolida un esquema de distribución del ingreso que significa una continua transferencia de recursos desde las Pymes, los trabajadores y los sectores más vulnerables hacia los núcleos concentrados de la economía, donde sólo cien empresas explican el 64 por ciento del PBI y el 80,2 por ciento de las exportaciones”.

Todo esto provoca un desbalance de las cuentas públicas que “se está cubriendo con un desmesurado endeudamiento que sólo augura continuos y crecientes ciclos de ajuste”, por lo que Apyme alerta “es urgente revertir estas políticas y que se contemplen los intereses de las Pymes, los trabajadores, la producción y la industria local, claves para aspirar a un horizonte de desarrollo con equidad distributiva”.

 

Continúan los tarifazos22.1.18

Año nuevo, tarifas nuevas

La gobernadora Vidal autorizó un aumento del 32 por ciento en las tarifas de energía eléctrica y así, junto al aumento de los combustibles, queda expuesta la hoja de ruta de la derecha para este año: tarifazos para todos.

La ola de tarifazos no se detiene y el comienzo del 2018, año no electoral, parece indicar cuál será la hoja de ruta en materia tarifaria: aumentos muy por encima de la inflación, mayores a las paritarias y con acumulados de más del 500 por ciento en relación a diciembre de 2015.

El camino en este caso lo marca María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora autorizó a las compañías eléctricas que operan en territorio bonaerense a aplicar un incremento del 32 por ciento.

La autorización de Vidal se produjo luego de que la Secretaria de Energía -dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que encabeza el inefable Juan José Aranguren- modificara el precio mayorista de la electricidad.

El aumento compromete a las áreas Río de La Plata, Área Atlántica, Área Norte y Área Sur, y se concretó mediante la Resolución 60/2018 publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

La suba se hará efectiva en dos tramos: el aumento del 20 por ciento va a ser sobre los de enero, y un alza del 10 por ciento será para lo que los usuarios consuman entre el 1 de febrero y el 30 de abril.

Estos incrementos se producen semanas después de que el “equipo económico” de la Rosada desautorizara la meta inflacionaria del 2018 establecida por el Banco Central.

Que la inflación no cese a pesar de la pérdida del poder adquisitivo del salario y la caída del consumo es una muestra clara de la celeridad con la que el tándem del poder real realiza su cirugía sobre la estructura económica del país. Pocos fenómenos como la inflación exponen la densidad de la puja distributiva en el marco de una sociedad dividida en clases, como también pocas agresiones del capital sobre el trabajo son tan elocuentes como la actual en nuestro país. 

Así las cosas, la escalada tarifaria vuelve a poner blanco sobre negro la política económica del gobierno. No es exagerado afirmar que la misma es una compleja ingeniería económica, política y social cuyo objetivo es incrementar la tasa de rentabilidad del sector privado en detrimento de los asalariados.

Esta disputa entre capital y trabajo no es una novedad, es lo que define a las economías capitalistas tal como lo revelaron Marx y Engels en el Siglo XIX. Lo que resulta verdaderamente novedoso, al menos en la historia argentina, es la celeridad con la que avanza el bloque de poder dominante en el marco de esta ofensiva neoliberal que hiere al conjunto de la sociedad.

En partes para el todo

Como ya señalamos en reiteradas oportunidades, el rediseño social que el tándem de poder real ansía implementar en el país encuentra en el sector tarifas un aspecto medular ¿Por qué? Porque es un área sensible que afecta a toda la población, especialmente a los trabajadores y dentro de ello a los más vulnerables, por lo que se revela como una dimensión propicia -desde la óptica de la ceocracia- para efectuar una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital.

Por eso cuando se habla de tarifas se habla del precio de los servicios públicos pero también se habla del tipo de sociedad y país que se quiere construir. Un país con tres o cuatro tarifazos al año es un país de ajuste, entrega y represión.

Esto queda demostrado cuando se advierte la relación que hay entre los incrementos de las tarifas -que resultan confiscatorios para los bolsillos de gran parte de la sociedad-, y reformas tan sensibles como la previsional, tributaria e incluso laboral.

Por ejemplo, es preciso destacar que -siempre desde la óptica de las compañías y el sector privado- el nuevo diseño tarifario exige una reforma laboral que discipline aún más el disminuido poder de fuego de los sindicatos del sector y que abarate los “costos laborales”.

También exigía una reforma tributaria que favorezca a las empresas energéticas, algo que ya había sucedido cuando en 2016 Cammesa decidió condonarle 3456 millones de pesos en deudas a Edenor, Edesur y Edelap.

Y exige cargar sobre los usuarios el costo de la producción y distribución de la energía eléctrica para que sean los trabajadores los que financien el costo de la energía y las cuantiosas ganancias de las empresas, relegando así el derecho social al acceso de los servicios públicos a la lógica del mercado.

Los tarifazos son un engranaje más de un esquema dispuesto para el saqueo que, a su vez, retroalimenta a cada una de las instancias que compromete en una lógica en la que el ajuste, la entrega y la represión cuajan para garantizar el proyecto político de la derecha.

Tarifas que perfilan un país exclusivo22.1.18

Diseño tarifario para el saqueo

Las tarifas representan un item sensible para los trabajadores y sus ingresos. Por eso, el gobierno las eligió como una de las variables principales para consolidar la política de ajuste.

El sometimiento de la estructura económica argentina a lógica del mercado es operado en la actualidad desde el Estado al cual la ceocracia le imprime y consolida un perfil liberal burgués que se contrapone, fuertemente, a los rasgos keynesianos e intervencionistas ensayados por el kirchnerismo en el período 2003-2015.

Donde más se puede percibir esta diferencia es, justamente, en el diseño tarifario del país: desde la llegada de Macri a la Rosada el costo por kilovatio en dólares se triplicó y se ha sostenido una política de reducción de los subsidios al consumo que invierten la relación que convirtió a nuestro país en el segundo Estado con la electricidad más barata de la región detrás de Venezuela.

Según el propio Ministerio de Hacienda, los subsidios en energía y transporte representarán para este 2018 el 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) cuando en 2017 era del 2,5.

En 2016 estos subsidios representaban el 3,6 por ciento, es decir, que en tan sólo dos años el gobierno redujo los subsidios en energía y transporte en más de la mitad (1,7 por ciento), diferencia que pasó a engrosar directamente las ganancias de empresas como Edenor, Edesur y Edelap y que afectó a los trabajadores.

Los usuarios no sólo debieron financiar los dividendos de las compañías, sino que también sufrieron una pérdida brutal del poder adquisitivo, en parte, explicado por los tarifazos, pero también por paritarias a la baja y alta inflación, problemas que se verán profundizados con la reforma tributaria y laboral que ya ensaya el gobierno.

Tal es así que pese a la retórica anti-inflacionaria del gabinete nacional, se siguen sosteniendo metas de inflación que se vuelven insostenibles año a año -como quedó demostrado en este 2017- debido a la política económica de la ceocracia.

Para el caso, hay que destacar que el rubro vivienda, agua, luz, gas y combustibles se convirtieron en un verdadero talón de Aquiles para el gobierno en la materia. Es que en el Gran Buenos Aires los aumentos en estos sectores superaron el 46 por ciento, 21 puntos por encima de la variación en el nivel general de precios al consumidor que rondó el 25 por ciento. Los guarismos se desprenden de los informes realizados por el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y confirman, una vez más, que la política económica del gobierno es la de un pez que se devora su propia cola.

Los dueños de la luz

Si los tarifazos componen un aspecto medular en el plan de ajuste, entrega y represión del gobierno ¿cómo podrán los trabajadores enfrentarlos en el marco de una reforma laboral que apunta a menguar el poder de los sindicatos y a debilitar la posición del trabajo frente al capital?

¿Cómo podrán las organizaciones de usuarios hacer oír su voz en un Congreso Nacional dominado por el chantaje y la prebenda ensayada por el Poder Ejecutivo ante una “oposición” dócil que termina desempeñando el rol de escribano ante el poder dominante en el país?

¿Cómo detener la voracidad de las compañías energéticas, cuyos dueños son amigos personales del presidente, cuando son los propios grupos económicos los que se sirven de los instrumentos del Estado para diseñar una política social que habilita los abusos contra los usuarios?

Estos son algunos de los interrogantes abiertos, al menos en lo que a la política tarifaria refiere, aunque pueden ser extendidos al resto de los problemas que aquejan a la economía argentina y, en su seno, al conjunto del movimiento obrero.

La posibilidad de tener a disposición todas las herramientas del Estado, la complicidad de la corporación judicial y el poder de fuego de los medios masivos de comunicación que actúan como verdaderos tanques en el contexto de una feroz guerra psicológica contra la población, otorgan a los grupos económicos ventajas comparativas muy difíciles de contrarrestar para un campo popular fragmentado en sus expresiones políticas y sin un programa de reivindicaciones que lo articule.

Por eso el gobierno nacional se desplaza a sus anchas y favorece, sin ruborizarse, a las dos principales empresas del sector energético cuyos dueños son amigos personales del presidente.

En el caso de Edesur uno de los accionistas principales es Nicky Caputo, compinche de Macri desde los 6 años en el colegio Cardenal Newman. Juntos cultivaron una sólida amistad que les permitió conformar empresas que fundaron la patria contratista en la década del noventa. Así, a fuerza de obras públicas sin licitaciones y sobornos construyeron un imperio económico del que se sospecha Caputo es testaferro del actual presidente.

En la vereda de enfrente, Mauricio también tiene grandes amigos. Es que Edenor es una de las empresas que integra el consorcio Pampa Energía, en el cual tienen acciones Joe Lewis y Marcelo Mindlin. El primero posee una residencia de lujo en Lago Escondido, Bariloche, donde además de privar a la comunidad de uno de los paisajes más bellos de nuestro país, le presta las instalaciones al presidente para que pase allí sus fines de semana de descanso. Lewis es uno de los trescientos empresarios más ricos del mundo según la revista Forbes y se hizo de 13 mil hectáreas en la zona en 1997 con otro viejo conocido: Carlos Menem.

Pero, sin dudas, el empresario predilecto de Macri después de Caputo es Marcelo Mindlin. Este compró parte de Edenor tras el rediseño tarifario del macrismo y, como si fuera poco, también le compró Iecsa a Ángelo Calcaterra luego de que se conociera el vínculo de este con los sobornos de Odebrecht en la región. Además, el consorcio Pampa Energía montado por el propio Mindlin adquirió el año pasado Petrobras Argentina ¿habrá celebrado la liberalización del precio de las naftas tanto como los tarifazos?

Una vez más, lo que queda al descubierto es la fuerte relación simbiótica entre Estado y grupos económicos del que es testigo nuestro país como nunca antes en su historia.

 

El techo ya se muestra perforado21.1.18

La inflación no se toma vacaciones

La política económica de Cambiemos no le da respiro al bolsillo de los trabajadores. Aumentos en energía y combustibles para perfilar el año nuevo.

Los aumentos de las tarifas y la crecida del dólar que se dio entre diciembre y enero hizo que el año comenzara con su meta de inflación -de 15 por ciento- ya perforada, al menos en términos de proyección, al punto que como se recordará, el Jefe de Gabinete Marcos Peña tuvo que dar una conferencia de prensa con los ministros que manejan la economía para anunciar un recalibramiento del objetivo, superior al que se había votado horas antes con el presupuesto 2018.

El 2017 cerró con una inflación del 25 por ciento a pesar de que la meta del Banco Central estaba fijada en 17. Ocho puntos más que lo previsto y habla a las claras de dos fenómenos: de la inoperancia del gabinete para cumplir aquello que augura y, como la mentira es un arma a la que el gobierno apela sin remordimientos.

Es que ya en septiembre se había perforado el techo del 17 por ciento y a pesar de ello el gobierno insistió en todo momento en la meta fijada por el Central.

El proceso inflacionario que vive el país, el más alto de la hiper alfonsinista, es obra y gracia de la política económica del gobierno. En 2016 la inflación fue del 42 por ciento y en 2017 del 25. En tan solo dos años el macrismo acumuló un 67 por ciento de inflación, lo que hizo que el poder adquisitivo del salario perdiera hasta diez puntos, dependiendo el sector.

A pesar de las altas tasas de interés para “enfriar” la economía impulsadas por el Central, el gobierno no ha podido domar el proceso inflacionario. Una de las claves que explican este proceso corrosivo de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores son los tarifazos y la liberalización del precio de los combustibles.

La desregulación del mercado de combustibles, la quita de subsidios al transporte y energía que redundó en tarifazos y las devaluaciones que llevaron al dólar a culminar el año rozando los 20 pesos son algunos de los fenómenos que contribuyeron al fracaso de la ceocracia en la materia.

El caso del combustible es paradigmático. Se trata de uno de los precios que mayor incidencia tiene sobre el conjunto de los precios de la economía. Sus variaciones impactan directa e inmediatamente sobre todos los productos y servicios que, en algunas de sus etapas de ciclo económico, requieren de transporte terrestre o energía para producirlos.

Estos dos factores explican porque el traslado a los precios de los alimentos, bebidas, insumos y demás mercancías -muchas integran la canasta básica- se produce instantáneamente.

A pesar de esta incidencia estructural del precio de las naftas en la economía, el gobierno nacional decidió autorizar dos aumentos en el primer semestre del año y luego eliminar los controles sobre el mercado de combustibles, permitiendo que el sector privado fije el precio en surtidor.

Así, en tan sólo mes y medio y por estar atado al precio internacional del barril de petróleo, el precio de la nafta aumentó dos veces a finales del 2017 y una ya en lo que va del 2018.

En esta materia el que adquiere protagonismo es el ministro de los tarifazos, Juan José Aranguren, quien con sus decisiones de política económica afecta directamente al sector.

Decreto, Decretazo, Paquetazo...19.1.2018

¿Se viene el Fujimorazo?

¿Se atreverá Cambiemos a gobernar sin el Congreso y sin sindicatos? Por ahora, desde La Rosada dejan trascender que, en marzo, volverán a probar suerte con la reforma laboral que no pudieron pasar en diciembre como consecuencia de la movilización popular.

El 85 por ciento de los trabajadores argentinos cree que mantenerse empleable es una responsabilidad propia. Once millones de ciudadanos ratificaron -apenas tres meses atrás- al gobierno que, además, logró meter en la bolsa a los gobernadores de diferente signo político que el suyo -salvo a Rodríguez Saá- para dar vía libre al Paquetazo, todo en un contexto en el que la CGT no paró de mirar para otro lado.

Estos son algunos datos que la constatación empírica les otorga a algunos integrantes del Gobierno Cambiemos, que sueñan con un escenario sin sindicatos ni Congreso.

Suena fuerte ¿pero será tan así?

El primero de los datos se desprende del informe de Randstad Workmonitor, correspondiente al último trimestre de 2017, que este grupo global que se presenta como “empresa de servicios de recursos humanos”, llevó a cabo en 33 países.

Queda claro hacia dónde apunta este grupo corporativo, pero también que los datos de su relevamiento sintonizan con los paradigmas de un gobierno que usa el argumento de la promoción de la “cultura emprendedora”, como zanahoria para avanzar en la redefinición del diseño que rige la relación entre capital y trabajo, pero también en un nuevo diseño social.

Esto que desde La Rosada sintetizan como “cambio cultural”, no es otra cosa que un modelo de sociedad caracterizado por deslocalización, descentralización, inestabilidad y rotación de trabajadores, esto es, flexibilidad laboral suficiente para que el empresariado tenga las manos libres para alterar a piacere las condiciones laborales. Pero, asimismo, para reducir plantillas y carga horaria conforme su interés por maximizar ganancias, porque desde esta mirada, es “el mercado” quien decide.

Para ser claros, lo que aparece al analizar este diseño, sólo con rascar un poco la superficie, es la naturalización de la subcontratación como consecuencia de la aplicación de modelos empresarios en red, para sustituir a los piramidales.

Esto conlleva la ruptura de la relación entre empresario-empresa y trabajador. Así, la fábrica o la empresa, pero también el sindicato desaparecen como escenario de resistencia y organización.

Porque de lo que se trata es de un putsch que promueve la descolectivización, lo que es un atentado contra la construcción de identidad de clase.

El dato que presenta Randstad Workmonitor -sea verdadero o no- alude a ese sujeto emprendedor, el que felizmente deja la planta de la que lo echaron para ponerse a fabricar cerveza artesanal. Pero la fantasía de trabajadores convertidos en sus propios empresarios tiene las patas demasiado cortas ¿Acaso alguien se acuerda dónde fueron a parar los parri-pollos y maxikioscos que proliferaron durante los 90?

Dale con el quince

En este contexto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, volvió a insistir con que durante 2018 la inflación va a ser del quince por ciento y que, por lo tanto, el techo salarial deberá ir en consonancia con ese porcentaje. Aquí es bueno señalar dos cosas: si desde el Ejecutivo se fija un techo salarial, pierden sentido las paritarias, algo en lo que avanzó La Rosada con el Decreto 52/2018. Pero también es bueno recordar que, en lo que va del Gobierno Cambiemos, la inflación siempre se colocó holgadamente por encima de las metas fijadas en el Presupuesto.

¿Entonces por qué habría que creerle a Peña y acordar recomposiciones de sólo el quince por ciento, más aún, cuando el jefe de Gabinete aclara ahora que de acuerdo al diseño que propone el gobierno, no va a hacer falta establecer cláusulas gatillo? Pero todavía queda algo ¿dentro de este esquema, qué pasa con lo que perdieron los trabajadores durante dos años en los que el salario le miró -y de lejos- la luneta a la inflación?

La pulseada que Peña le ganó a Federico Sturzenegger, elevó las metas inflacionarias para este año de doce a quince por ciento, pero también abrió un escenario en el que La Rosada pretende retomar iniciativa con un plan ambicioso que se propone encorsetar la inflación en quince por ciento para este año, cinco puntos menos para 2019 y sólo un cinco por ciento para 2020 ¿Pero quién va a pagar este ajuste?

A esta altura queda claro que el Presupuesto 2018 que elaboró el ejecutivo y sancionó el Congreso no es más que una parodia. Es que su texto no incluye las reformas tributaria y previsional en las que ya se avanzó, pero tampoco las nuevas metas inflacionarias que, vale recalcarlo, fueron anunciadas al día siguiente que el Parlamento dio luz verde al Presupuesto.

Quien suponga que el Gobierno Macri sabía que iba a borrar de un plumazo el texto que envió al Congreso, no se equivoca. Y tampoco aquel que diga que, a partir de esto, el mensaje que el presidente brinde en el hemiciclo el 1º de marzo, así como sus actos de gobierno posteriores -al menos los de este año- serán sólo una peligrosa pantomima.

Durante los dos primeros años de su presidencia, Mauricio Macri, se las ingenió para surfear sobre un Congreso en el que nunca tuvo las mayorías propias a las que -habitualmente- aspira cualquier mandatario.

El carácter simbiótico que el ejecutivo presenta con buena parte del Poder Judicial y la industria massmediática dominante, le garantizó que por cooptación o amedrentamiento, una oposición friendly le suministrara los votos que necesitó para sacar leyes aberrantes.

Otra ayuda inestimable recibió desde una burocracia sindical acostumbrada a calentarse donde mejor pegue el sol, pero también aterrorizada por los carpetazos que llevaron a más de un impresentable a la cárcel.

Pero en el comienzo de la recta final hacia 2019, muchos en La Rosada y sobre todo en los grupos de poder concentrado del que son parte los integrantes del elenco Cambiemos, comienzan a darse cuenta que reducir a la nada a la UCR fue fácil, pero que hacerlo con el PJ, puede ser una quimera.

Es que, salvo para sus socios de clase, el Gobierno Cambiemos demostró que tiene poco para ofrecer y poco es poco, sobre todo a la hora de imaginar que con eso puede construir un bloque de poder capaz de hegemonizar, “para siempre”, el sistema de representación política nacional.

Los que ganaron durante estos dos años, que son pocos pero se llevaron mucho, exigen que la inmoral ronda de maximización de su tasa de ganancias no se detenga. Para garantizar esto, La Rosada sabe que debe aprovechar el importante consenso social que -según coinciden diferentes sondeos- aún conserva, para transformar esa legitimación en leyes que le brinden solidez a ese “cambio cultural” que pregona.

Desde su génesis, el Estado Liberal Burgués se fundamentó en pilares sólidos: los códigos Penal y Civil, que le garantizan la hegemonía en el uso de la fuerza y la construcción de leyes para proteger a la propiedad individual y a los propietarios, por supuesto, de aquellos que no la tienen ni lo son.

Para ello, la fantasía que recrea la división de poderes apuntala a un sistema representativo que, al tiempo que pretende disciplinar a la lucha de clases, ofrece un espacio de contención para las clases subalternas.

Pero en ese camino nunca desechó la preeminencia de un órgano de poder sobre los restantes, si eso fuera preciso, para garantizar los objetivos que dan sentido al propio Estado Liberal Burgués.

Si se comprende esto, se podrá advertir por qué no resulta conspiranoico evaluar que, para el tándem de poder que está en La Rosada desde diciembre de 2015, no es una alternativa descabellada gobernar sin sindicatos ni Congreso.

¿Es rocambolesco pensar en la posibilidad de un Fujimorazo? Quizás, pero lo cierto es que, hace apenas un mes, durante dos jornadas que dejaron decenas de detenidos y hospitalizados por la represión policial perpetrada en una ciudad militarizada y un Congreso cercado por un operativo propio de una ocupación militar, se votó una parte sustancial del Paquetazo que podó jubilaciones, AUH, pensiones para discapacitados y veteranos de guerra.

Todo con legisladores que reconocieron que fueron apretados para dar quórum y votar el proyecto gubernamental y otros a los que se denunció penalmente porque advirtieron en qué condiciones se llevaba a cabo esa sesión.

Esa vez se votó la parte, que para los objetivos del gobierno resultaba más urgente, pero para completar el Paquetazo todavía falta. Desde La Rosada desistieron de convocar extraordinarias para que se trate el resto. En el medio avanzaron con un Decretazo que va en la misma dirección que el Paquetazo.

Queda claro que no llamaron a extraordinarias porque, presionados por la movilización popular de diciembre, desde la oposición frendly le hicieron saber que no hay condiciones para que el resto del Paquetazo pase, al menos por ahora y tal cual está, sobre todo en el capítulo referido a la reforma laboral.

¿Se atreverá Cambiemos a gobernar sin el Congreso y sin sindicatos? Por ahora, desde La Rosada dejan trascender que, en marzo, probarán suerte con la reforma laboral. En diciembre no pudo hacerlo, la movilización popular se lo impidió. Habrá que ver, entonces, si la realidad de la sociedad argentina se parece más a la que en diciembre salió a la calle o aquella que muestra el informe de Randstad Workmonitor.

Quiénes y quiénes pierden...19.1.2018

That is the question

¿Quién espera el gobierno que pague el costo de la meta 2020 que se fija? Al revisar quienes son los ganadores del Gobierno Cambiemos, queda claro quién se espera que sea el pato de la boda.

De cara a los dos años que quedan del que aspiran sea su primer mandato, quienes integran el staff Cambiemos se lanzan a 2018 decididos a avanzar en el Paquetazo, pero también con la mira puesta en reducir el brutal déficit fiscal que el propio gobierno se encargó de disparar.

Que quede claro. Este objetivo persigue satisfacer los requerimientos de los organismos de crédito internacional que, públicamente, hicieron saber que si no pone el déficit en caja, se va a comenzar a complicar la ronda de sobreendeudamiento en la que metió al país el Gobierno Cambiemos.

Por eso es que poco pueden ponerse contentos con esta intención gubernamental de llevar la inflación al cinco por ciento para 2020. Es que, por el camino elegido por La Rosada, la forma de lograrlo es por medio de un feroz ajuste del que ya tuvimos una muestra con la reformas jubilatoria y tributaria.

En este contexto, diciembre fue el mes elegido para hacer pasar lo que se pudo del Paquetazo, pero también para que los “mercados” pudieran hacer una nueva diferencia.

Es que el tire y afloje que se evidenció como nunca antes hacia adentro del equipo económico del gobierno, dejó claros ganadores y perdedores. Pero atención, no estamos hablando de Nicolás Dujovne o Federico Sturzenegger.

Es que, a caballo de los dibujos que hicieron con el presupuesto y sus correcciones, el juego entre el dólar y la tasa de referencia recalentó la inflación de diciembre en un rango que, sobre todo, se trasladó rápidamente a los artículos de primera necesidad.

Como en un subibaja levantaron las tasas, para volver a ajustarlas levemente a la baja, lo que provocó una escapada hacia el dólar y el siguiente toque que acomodó a las tasas otra vez, permitió que ganen aquellos amigotes a los que les avisaron sobre la maniobra.

En el medio, los de a pie terminaron el año con una inflación en alza y una perspectiva peor a la luz de los nuevos capítulos del tarifazo que se vienen y del impacto que esta jugarreta tuvo sobre el precio de los combustibles que, como se sabe, se traslada rápidamente a los fletes y de ahí a las góndolas.

Mientras tanto, la balanza comercial cerró 2017 con su peor performance en décadas: más de nueve mil millones de dólares de rojo y una tendencia que, incentivada por las propias políticas gubernamentales, se sigue profundizando.

Deuuuuuuuda

Quince mil pesos de intereses de deuda por segundo -y sigue creciendo- es demasiado como para que lo pueda soportar un simple presupuesto.

Por eso es que aparece muy mentirosa la meta inflacionaria corregida del quince por ciento que modificó el ejecutivo, pero además, resulta muy preocupante fundamentalmente para los sectores que presentan mayor vulnerabilidad social, entre ellos los jubilados.

Entonces, aquí es prudente volver a preguntarse quién espera el gobierno que pague el costo de la meta 2020 que se fija. Una pauta la brinda el texto de los diferentes capítulos del Paquetazo, pero otra -y muy elocuente- se advierte al ver quiénes son los ganadores de la primera mitad del Gobierno Cambiemos.

Entre los que pican en punta están las energéticas con las empresas prestadoras de servicio eléctrico a la cabeza, que además de ser de las principales beneficiarias del tarifazo, aumentaron considerablemente su rentabilidad.

Otro tanto ocurre con las petroleras, especialmente la Shell que se benefició con prebendas como la que el Estado le otorgó por medio de Aerolíneas Argentinas, y que recibieron el regalo de la liberalización del precio del combustible y la posibilidad de atarlo a la suba del dólar.

Al agronegocio, después de sacarle las retenciones y avanzar en un esquema de retenciones cero, lo liberaron de la obligación de liquidar las divisas en Argentina, algo que explica -entre otras cosas- porque a veces el precio del dólar parece volverse loco.

Pero también, este mecanismo, se convierte en una formidable invitación a la fuga de divisas, algo que está creando un agujero muy peligroso que, por ahora, el gobierno disimula contrayendo deuda.

Y es aquí donde aparece otro de los grandes jugadores beneficiados por lo que va de Gobierno Cambiemos. El sector financiero tiene mucho que agradecerle a La Rosada ya que, ni bien asumido, Mauricio Macri desreguló la compra y la venta de divisas, dejó en manos del mercado -es decir de la timba financiera- el manejo del tipo de cambio, pero también hizo lo propio con la fuga y la bicicleta.

Así, con la banca y la timba en plena fiesta, no sorprende que el año comience con algunos de los representantes ilustrados del sector más concentrado de la industria exportadora, presionando para que se perpetre otra drástica devaluación. Pero esto no es todo, es desde ese espacio desde donde se reclama con más énfasis que las paritarias tengan un techo del quince por ciento y que se apure la sanción del resto del Paquetazo que, entre otras cosas, les garantice nuevas reglas para la relación entre capital y trabajo y el sistema jubilatorio.

 

 

LOS GOBERNADORES DEL MAURI19.1.2018

La lista blanca

El presidente compartió con sus más cercanos en el Ejecutivo una lista con los nombres de los gobernadores a los que favorecerá. El costo de no estar en ella.

Al parecer, al menos en algunos casos, el crimen paga. Así se desprende de la decisión gubernamental de brindar un “trato preferencial” a los gobernadores de la oposición friendly, que vienen apoyando medidas dispuestas por La Rosada, entre ellas, la reforma jubilatoria.

La determinación que, según se supo, fue exigida por el propio Mauricio Macri, alcanza a una decena de mandatarios provinciales a los que la orden es “atenderles siempre el teléfono”.

Esta decisión de “darles prioridad”, porque “aportan gobernabilidad”, aparece como un premio por lo hecho pero también como un incentivo para lo que se viene de cara a un año en el que el Gobierno Cambiemos tiene por delante el desafío que implica lograr que el resto del Paquetazo se convierta en Ley, en la previa de un año electoral y con el menor costo posible.

La lista que corona el trabajo meticuloso que lleva adelante el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, contempla a algunos de los que sin ningún tipo de pudor ni siquiera esperaron que termine 2015 para saltar –sin escalas- del kirchnerismo al filo-macrismo.

La campeona de este segmento es la fueguina Rosana Bertone que, junto a su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, fueron de los primeros en subirse al avión presidencial para acompañar a Macri.

Pero también están ahí los clásicos representantes de partidos provinciales acostumbrados a acomodar su horma a cualquier zapato: al misionero Hugo Passalacqua, Omar Gutiérrez de Neuquén e incluso al rionegrino Alberto Weretilneck poco se les puede reprochar por haber saltado de la foto con Daniel Scioli al living de Macri, ya que sin una estructura nacional que los cobije, les resulta difícil sobrevivir en esta selva que es el escenario de la política burguesa argentina.

Y entonces aquí llegamos al segmento donde están los personajes más sorprendentes de la lista Juan Manzur quien hasta anteayer fue ministro de Cristina Fernández a quien le deben mucho otros de la nómina como Domingo Peppo, Gustavo Bordet y Lucía Corpacci. Por supuesto, otro que está ahí es Juan Schiaretti que con su cordobesismo, parece que se convirtió en un buen surfer de la política.

Algo más que agua

Así las cosas, queda claro que como decía la frase publicitaria de American Express, pertenecer tiene sus privilegios. Y si no pregúntele a los que no están en la lista.

Uno de los que ya recibió un aviso es el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, territorio en el que Cambiemos perdió por un puñado de votos.

Después de que un año atrás La Rosada le retaceara ayuda vital cuando media provincia se estaba prendiendo fuego (literalmente) por un incendio forestal que duró varias semanas, ahora el presidente intervino en el diferendo entre Mendoza y La Pampa por la construcción de una central hidroeléctrica sobre el Río Colorado.

Y lo hizo en favor de su socio político, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien además es el flamante titular de la UCR. Ante esto, Verna adelantó que va a llevar la cuestión a la Corte Suprema y denunció que “el presidente se ha convertido en juez y parte”.

El emprendimiento en cuestión es el proyecto Portezuelo del Viento, un embalse para la generación de energía impulsada por Mendoza en su límite sur con La Pampa, sobre el que el gobierno pampeano objeta el impacto ambiental que traerá al Río Colorado que podría cambiar su cauce.

Sergio Ibaceta, de la conducción del PC pampeano, cuestionó “la extorsión y el apriete que genera Cambiemos hacia los gobernadores”. “La provincia de La Pampa, al ser una provincia chica y desendeudada, puede tener cierta autonomía política”, explicó después y agregó que ello es así “más allá de que Verna propició que Cambiemos se fortaleciera en una provincia históricamente peronista”.

Historió que después, el gobernador pampeano “se empezó a enfrentar y a mantenerse con un bloque autónomo” y a resultar “incómodo para el gobierno nacional”, por lo que ahora se encuentra en lo que denominó “una lista negra”.

Por otro lado, Ibaceta adujo que el fallo de Macri a favor de Mendoza y en detrimento de La Pampa, se dio “para beneficiar a los grandes capitalistas bodegueros de Mendoza, que cortan río arriba y no dejan que el río Atuel siga su curso”.

Sostuvo que la lucha es “histórica” y “lleva 30 años”. Y puntualizó que la posición de Verna “es muy sentida por los pampeanos”. “El gobierno nacional tomó una postura totalmente parcial a pesar de que la Corte Suprema le dio la razón a La Pampa”, agregó.

Comenzó 201815.1.2018

¡A puro Decretazo!

¿Necesidad y urgencia? El titular del PC sale al cruce del DNU 27/2018 que Macri suscribió por firma electrónica. Un texto largo y a la medida de las exigencias del FMI y la Ocde. El juego de las diez diferencias, a ver si usted acierta.

“El presidente Macri toma para sí las atribuciones del Congreso Nacional”, así se refirió el secretario general del Partido Comunista, Víctor Kot, al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, que contiene 170 medidas que modifican y derogan cientos de leyes, en áreas de ocho ministerios.

Entre otras cosas, en su contenido más medular, el DNU 27/2018 le otorga al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) flexibilidad suficiente como para que disponga de los ahorros de la Anses.

La excusa es “desburocratizar el Estado”, pero lejos de esto, el megadecreto que a la distancia firmaron Mauricio Macri y los integrantes de su gabinete –casi todos estaban de vacaciones en sitios exclusivos- le apunta a la línea de flotación al FGS, es decir, al dinero de los trabajadores.

Es que habilita al FGS a operar en el mercado financiero y no sólo eso: otorga a la Unidad de Investigación Financiera la facultad de soslayar la competencia judicial de los fiscales, permite los embargos comerciales de la cuenta sueldos de los trabajadores y reduce hasta la ridiculez las multas de infracciones laborales a las empresas.

Estos son sólo algunos de los puntos que, en sí, alcanzan para expresar de manera lapidaria el carácter regresivo del Decretazo que, además y entre otras cosas, tiende a apuntalar el desarrollo de un mercado de capitales a costa del dinero de los trabajadores, en especial, de los jubilados.

En este sentido el Decretazo contacta con el proyecto de Ley de Financiamiento Productivo que ya posee dictamen del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa confeccionada por el Ministerio de Finanzas busca reformar la actual ley de Mercado de Capitales, para lo que habilita mecanismos como los que en EE.UU. y España, fomentaron las condiciones para las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.

Pero esta vocación por el fetiche que significa la creación de eso que quienes ocupan La Rosada denominan mercado de capitales, no es para nada nueva.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional”, recalca el texto del DNU del 11 de enero.

“Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía popular de mercado, la permanencia de normas dictadas en otro contexto constituye un factor de atraso y entorpecimiento del desarrollo nacional”, señala el decreto 2284/91 que el 31 de octubre de 1991 firmaron Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo para desregular el comercio interior y exterior.

Si usted es aficionado al juego de las diez diferencias, seguro que acertó. En esta caso hay sólo una: ahí donde el menemismo puso “economía popular de mercado”, Cambiemos dice “economía pujante, competitiva y transparente”. Por lo demás, las ideas son las mismas, lo que hace esperar que las consecuencias sean idénticas o peores.

Gallos y media noche

“Entre gallos y media noche, y de espaldas al Congreso Nacional, el decretazo que acaba de firmar el presidente Mauricio Macri, más allá de sus considerandos y resoluciones, avasalla la división de poderes y arrasa con los últimos vestigios de la democracia representativa en la República”, señaló al respecto Kot.

Y, en esta dirección, el titular del PC tomó como propios conceptos del constitucionalista Eduardo Barcesat, quien sin dudarlo hizo hincapié en que “los considerandos invocan necesidad y urgencia, pero no cumplimenta los recaudos de la Constitución Nacional”.

De ahí que, añadió Kot, “sin entrar en el análisis de los 192 artículos del Decretazo, el presidente Macri desconoce al Congreso Nacional y toma para sí las atribuciones legislativas, dictando un úkase (edicto imperial en Rusia), lo que es inadmisible en un Estado de Derecho”.

Por lo que fue contundente cuando puntualizó que “lo que sí es de ‘necesidad y urgencia’ para este gobierno de CEOs de las trasnacionales, es dar cumplimiento a las directivas del FMI que vuelve a monitorear la política y la economía de Argentina, como en los 90, cuando se desmanteló el Estado Nacional”.

En este punto, vale recordar que en sus considerandos, el Decretazo dice que las medidas que alcanza “deben ser tomadas en tiempo oportuno” algo que, destaca, es imposible con el Congreso en receso.

“El transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto”, puntualiza.

Pero pocas cosas son tan mentirosas como este postulado. La misma firma electrónica que utilizó Macri para el Decretazo, pudo ser usada para convocar a extraordinarias, algo que hoy, el mismo día que el presidente retornó de sus prolongadas vacaciones, aún no hizo.

Así las cosas, a la hora de despejar el terreno de basura informativa, se advierte que –medularmente- el Decretazo se parece mucho a las “recomendaciones” que hiciera el FMI, en noviembre de 2016.

Pero también está en sintonía con la obsesiva pretensión de los ocupantes de La Rosada de que Argentina ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), por lo que busca colocarse en sintonía con las exigencias de ese organismo internacional.

Esa obsesión por la Ocde15.1.18

Un gobierno de ricos, al club de los países ricos

Como un oráculo inverso y al igual que su primo hermano, el FMI, este organismo no acierta una sola de sus predicciones, pero igual tiene quien lo escuche ¿Por qué será?

¿Será tan importante esto de entrar a la Ocde como para que, en ese camino, se justifique el Decretazo que Mauricio Macri firmó la semana pasada? ¿Pero qué es esto de la Ocde?

Desde el señorial château de la Muette, ubicado en las afueras de Paris, actúa este organismo supranacional que se autocalifica como de “cooperación”, está integrado por 35 Estados que juntos representan poco más del sesenta por ciento del mercado mundial el setenta del PNB global.

También de acuerdo su propia autodefinición, se ocupa de armonizar políticas entre sus Estados miembros y hacia otros que no lo son, para maximizar el crecimiento económico y colaborar con el desarrollo mundial. Hasta aquí todo parece salido de una película de Heidi, pero la realidad es más oscura.

Porque lo cierto es que, tal como su primo hermano el FMI, la tarea fundamental de la Ocde es formular “recomendaciones”, un eufemismo que esconde toda una batería de medidas y recursos de presión, puestos al servicio de la transferencia de riqueza desde la periferia capitalista hacia las economías centrales.

Por eso no puede nadie sorprenderse cuando, tal como el FMI, la Ocdce aparece recurrentemente -y como salida de la nada- en nuestra región, de la mano de gobiernos permeables a este tipo de sugerencias o bien, de la que aquellos que por su propia condición de clase están decididamente alineados con este tipo de cosmovisiones.

Los decálogos de estos organismos son coincidentes: ajuste e intervención de sus especialistas para la confección de lo que denominan “reformas” que impactan sobre los sistemas públicos y universales de salud, educación y pensiones que, de esta manera, dejan de ser públicos y universales.

Lo que se busca de esta forma es favorecer de manera acelerada una transferencia de riqueza desde el universo del trabajo hacia el del capital y, dentro de él, más específicamente, el capital financiero.

Por eso es que el amplio abanico de esta “reformas” alcanza también a la relación entre capital y trabajo, así como otras esferas que afectan drásticamente la vida cotidiana de los trabajadores y el pueblo, ya que cercenan derechos laborales, sociales, ciudadanos y humanos.

Todo esto cuidando las formas establecidas dentro de los límites del Estado Liberal Burgués, lo que busca dotar a estas reformas absolutamente regresivas de la legalidad –y legitimidad- que necesitan para volverse permanentes.

Como se puede advertir, el “cambio cultural” que propone como horizonte casi espiritual el Gobierno Cambiemos, comienza exhibir su verdadero rostro.

Verdaderas intenciones

Pero a la hora de revelar las verdaderas intenciones de estos organismos, nada mejor que revisar los resultados de las predicciones que, como el Oráculo de Delfos, sus equipos de economistas brindan cada año en extensos y puntillosos informes.

Y si para muestra alcanza con un botón, revisemos algunos. El informe de Perspectivas Económicas de septiembre de 2007 confeccionado por la Ocde, aseveró que su “pronóstico central” para la situación económica que se venía era “bastante benigno”, algo en lo que sintonizó con el del FMI que recalcaba -a mediados de ese año- que no había “razones para preocuparse por la economía mundial”.

No hace falta recordar que, pocos meses después, el estallido de la crisis de las subprime se llevó puestos los ahorros y sueños de una buena parte de los trabajadores estadounidenses y que sus coletazos todavía persisten.

Eso sí, algunos que estaban avisados de lo que se venía aprovecharon para hacer buenos negocios. Entre ellos el titular del FMI, el español Rodrigo Rato, que mientras afirmaba que la economía mundial mantendría “su buena marcha”, participaba de la festichola que, con el estallido subprime español, dejó en la calle a decenas de miles de trabajadores corridos por el desalojo.

Pero esto no es todo, a caballo de esta crisis autoinflingida, la connivencia entre el PP y el Psoe inauguró para España un proceso de destrucción del Estado de bienestar signado por una feroz transferencia de riqueza, desde el universo del trabajo hacia el del capital.

Cualquiera que repase las “recomendaciones” del FMI y la Ocde -entre otros organismos supranacionales- a España y las medidas adoptadas, fundamentalmente por el Gobierno Rajoy, va a encontrar una asombrosa similitud con las que ahora estos mismos organismos le hace a un gobierno que, como el argentino, se exhibe sumamente permeable a aceptarlas.

Los argumentos son siempre casi idénticos: los sistemas públicos y universales de salud, pensiones y educación no son sustentables tal como están y, por eso, es preciso incorporar el capital privado que, queda claro, destruye su carácter público y universal.

De esto va la Ocde y la ansiedad del Gobierno Macri por obedecer sus “sugerencias”, lo que permitiría que Argentina pase de ser candidato a miembro de este organismo que, en la jerga de las relaciones internacionales se denomina, algo socarronamente, como el “Club de los países Ricos”.

Importación de bienes15.1.18

Licencias sin control

Apyme advirtió que con el Decretazo se liberan, todavía más las importaciones, algo letal para la industria nacional, en especial para el sector Pymes.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) hizo pública su “gran preocupación” por la eliminación de más de trescientas posiciones arancelarias del sistema de control de Licencias No Automáticas para la importación de bienes.

La decisión fue anunciada por la Secretaría de Comercio y adoptada en el contexto del DNU 27/2018, emitido por el Gobierno Nacional bajo pretexto de la “desburocratización” y “simplificación” del Estado que, recalca Apyme, “al atentar contra la división de poderes resulta de dudosa constitucionalidad”.

En este sentido, la entidad que agrupa a pequeños y medianos empresarios, hace hincapié en que, “en el marco de una verdadera invasión de productos importados que está afectando a muchos rubros de la industria nacional y las economías regionales, se avanza hacia la total eliminación de este tipo de controles para reemplazarlos por sistemas más laxos, en línea con exigencias de la Ocde y de la OMC”.

Asimismo, por medio de una declaración que firman su presidente, Eduardo Fernández, y el secretario Juan José Sisca, recuerda que el rojo de la balanza comercial que asciende a ocho mil millones de dólares en 2017, “habla claramente de qué debe esperarse de la profundización de estas políticas”, lo que “significa menos trabajo para más empresas nacionales de rubros sensibles, que deben cerrar sus puertas o expulsar mano de obra”.

Caída libre

También destaca que, “tal como sucede en los últimos dos años, “la caída de la demanda interna generada por el mayor desempleo y la política de salarios a la baja se refleja de modo directo en la disminución del poder adquisitivo de la población”.

Y es contundente al resaltar que con esto caen las ventas de las Pymes, “de las cuales más del noventa por ciento dependen sólo del mercado interno”.

Apyme puntualiza que el Decretazo “ratifica un proyecto con eje central en la liberalización comercial, la desregulación financiera y la flexibilización laboral”, lo que implica “mayores ventajas para grandes grupos económicos, multinacionales y la especulación en detrimento de las Pymes, la industria y el trabajo local”.

Por lo que insta al gobierno nacional a “reconsiderar estas medidas que de ningún modo pueden favorecer a las Pymes”, al tiempo que convoca a “todos los sectores a pronunciarse contra este decreto que afecta el trabajo y los derechos de millones de argentinos y a defender políticas activas que posibiliten el desarrollo con equidad social”.

 

No por tanto repetir se dice la verdad12.12.2017

Hora de seguir destruyendo mitos

¿Será verdad que vale la pena hacer el esfuerzo que nos pide el gobierno? ¿Un escenario donde la evolución salarial se desvincula, cada vez con más, de las mejoras que se registran en la productividad?

El techo salarial y flexibilización laboral son herramientas útiles para evitar la inflación. Este es un precepto clave para el pensamiento neoliberal al que echa mano el Gobierno Macri y que, durante los días que corren, las propaladoras massmediáticas de gobierno se encargan de repetir como verdad canónica y hasta el hartazgo ¿Pero será así la cosa?

Lo que dicen es que el control de los salarios impide el incremento de masa monetaria circulante y, por lo tanto, el de la inflación.

En esta línea de razonamiento, la contracara de la moneda sería la deflación que disminuye drásticamente la masa de dinero en circulación lo que arrastraría también a las tasas de interés, así como a la actividad económica en general, ya que no queda dinero para comprar ni vender. Esto trae aparejado pérdida de puestos de trabajo y significa un golpe letal para la economía.

Estos dos escenarios, es decir incremento de la inflación seguido por un crack y el consiguiente momento de deflación, atraviesan prácticamente toda la historia del capitalismo.

Y, en todos los casos, quien gana es el que posee dinero –esto es la clase propietaria- que puede acumular en un escenario inflacionario y aguantar en una economía rota, es decir, en medio de una deflación ¿Recuerdan 2001 y 2002?

Así las cosas, en entorno deflacionario es mortal para sectores como el pyme que -pese su eficiencia- necesita del mercado interno para vender sus productos. Y con este jugador herido o afuera de la cancha, los que quedan son aquellos que tienen dinero y capacidad para concentrar la producción y la oferta que, así, queda concentrada en menos manos.

Esta concentración favorece que el mercado quede en manos oligopólicas y monopólicas, lo que le otorga el poder casi absoluto para establecer precios y condiciones en toda la cadena de valor.

Justificación empírica

Como se ve, no existe ninguna justificación empíricamente comprobable capaz de demostrar que -a la corta o a la larga- medidas como las contempladas en el capítulo laboral del Paquetazo puedan traer beneficios para las mayorías. Dicho esto, vale destacar como cada aspecto del paquetazo está concatenado a los otros, para configurar un marco legal capaz de garantizar la transferencia regresiva de riqueza y consolidarla en un modelo social mucho más desigual que el actual.

En este sentido, dos aspectos clave aparecen en la dispersión salarial que propicia la flexibilización, pero también en el escenario que plantea una fiscalidad diseñada para provocar desigualdad.

Y aquí es donde se cae otro de los mitos canónicos del diseño que se expande a escala global y que, en Argentina, intenta imponer el Gobierno Macri. Es que el crecimiento de la economía, otro de los argumentos que explicaría la pertinencia del “esfuerzo” que significa todo lo que incluye el Paquetazo no trae, necesariamente, mayor bienestar para los pueblos.

Durante el último cuarto de siglo se duplicó la renta a escala planetaria, pero fueron quienes integran el decil más rico los que se quedaron con la mitad de este incremento. En la contracara, la mitad más pobre de la población mundial obtuvo sólo el diez por ciento de las nuevas rentas generadas.

Así las cosas, también a nivel global la productividad aumentó casi un veinte por ciento, pero los salarios reales crecieron alrededor del seis, lo que quiere decir que la evolución salarial se desvincula, cada vez con más, de las mejoras que se registran en la productividad, algo que destruye el mito que vincula dinamismo económico y desarrollo.

Paquetazo y techo salarial12.12.2017

El trabajo como variable de ajuste

Distintas fuente coinciden en que, durante 2017, la inflación volvió a ganarle al salario, algo que –según espera el ejecutivo- se debería repetir en 2018.

Un reciente informe de la consultora Manpower, revela que aún ante la perspectiva de que el Paquetazo -que incluye la reforma laboral- sea aprobado, durante 2018 no se va a revertir la tendencia negativa registrada durante los dos primeros años del Gobierno Macri en lo que hace a la generación de empleo.

La Encuesta de Expectativas de Empleo, un relevamiento que esta consultora hace en base a 801 empresas, señala que sólo el trece por ciento prevé sumar personal durante el trimestre inicial del año venidero, al tiempo que el cuatro señala que va a disminuir su plantel y el resto no espera hacer modificaciones.

De los diez países encuestados en América, el único que no presenta perspectivas positivas es Argentina y fuera de la región países como Japón, Noruega, Rumania Australia y Polonia, mientras que con expectativas moderadas aparecen la República Popular China, India y Brasil.

Este dato resulta interesante en la antesala del tratamiento parlamentario que, en extraordinarias el 19 y 20 de diciembre, el ejecutivo pretende que convierta en Ley al núcleo más duro del Paquetazo que contempla las reformas del Sistema Tributario, el Pacto Fiscal que suscribieron el 16 de noviembre el ejecutivo nacional y los gobernadores con excepción del Alberto Rodríguez Saá, así como el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, y las reformas Previsional y Laboral.

En este contexto, La Rosada ya a anticipó que espera imponer, para 2018, un techo salarial que no exceda el doce por ciento, ya que anuncia una inflación del diez ¿Pero se le puede creer a esta estimación?

De acuerdo al presupuesto que confeccionó el ejecutivo para este año, que fuera aprobado con el voto de legisladores peronistas y del Frente Renovador, la pauta inflacionaria sería menor al 17 por ciento. Pero ya en diciembre ni siquiera las propaladoras más cercanas al gobierno creen en esa estimación.

Para corroborarlo, sólo alcanza con revisar el último informe del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT (ODE), que dice que la con inflación de noviembre -que alcanzó el 2,18 por ciento- el incremento de precios anualizado ya es de casi 26 por ciento y todavía falta diciembre, un mes donde las fiestas de fin de año y el inicio de las vacaciones le añaden peso a la inflación.

Y en este sentido, si para muestra basta con un botón –o con un arbolito- vale citar que según un informe publicado esta semana por el observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), la suba promedio de los productos navideños es casi un 29 por ciento en el caso de la canasta más modesta y del 41 en aquella que habitualmente consumen los sectores medios.

Pero esto no es todo, dentro de algunos productos la cosa pasa de castaño oscuro: para los budines el aumento supera el 24 por ciento, en el caso del pan dulce está por arriba del 31 y en el de las sidras se ubica en casi un 41, porcentaje que supera cuando se habla de confituras.

Todo esto, según destaca la Undav, en un contexto donde el arrastre de los dos últimos años es terrible, ya que los productos de consumo navideño se incrementaron en un rango que va del 87,4 al 96 por ciento.

Pobres e indigentes

Así las cosas, la inflación que según el ODE va a estar en el orden del 26 por ciento, supera en dos puntos al 24 que se impuso como techo salarial para los trabajadores en relación de dependencia durante 2016, año en el que la mayoría de gremios firmaron muy por debajo de ese porcentaje.

¿Dónde queda entonces la recomposición salarial si para 2018 desde el ejecutivo ya se anticipa que el techo va a volver a estar bastante por debajo de la inflación?

Este trabajo también da cuenta de que, en noviembre, para no ser indigente, un adulto necesitó contar con un ingreso mensual de 2.325,15 pesos, en tanto que no caer por debajo de la línea de pobreza, debió tener ingresos no menores a 5.376,13 pesos.

Es con este telón de fondo que desde la Universidad Católica Argentina (UCA), el Gobierno Macri volvió a recibir fuego amigo. Un informe de la UCA que acaba de ser difundido enciende luces de alarma: lejos de morigerarse, desde diciembre de 2015 la pobreza y la indigencia crecen en Argentina.

Los datos son elocuentes, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 31,4 por ciento de los argentinos viven en situación de pobreza, al tiempo que casi el seis por ciento sobrevive en la indigencia. Esto quiere decir que 13,5 millones de personas son pobres y 2,5 indigentes, de ellos, casi la mitad son niños menores de catorce años.

Y esta situación se agudiza, todavía más en el conurbano bonaerense donde el 27,8 por ciento de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza y casi el ocho en situación de indigencia.

Otra mentira y van...12.12.2017

Aguinaldo y ganancias

Hecha la Ley, hecha la trampa, una norma que dejó pliegues como para seguir cobrándole a los que menos tienen.

Aunque la Afip avisó que el impuesto se fue prorrateando a lo largo del año, el medio aguinaldo de este mes va a sufrir la retención del impuesto a las Ganancias y, de esta manera, volverá a implementarse una práctica que fue sumamente cuestionada hasta 201, incluso por muchos de los que entonces estaban en la oposición y ahora forman parte del gobierno.

Vale recordar que la Ley 27.346 que comenzó a aplicarse durante este año, establece un prorrateo equivalente al 8,33 por ciento del salario que se toma como pago a cuenta de lo que el trabajador debería cobrar en diciembre.

Por medio de este mecanismo, se pretendía evitar que el pago del medio aguinaldo lleve al ingreso del empleado a una categoría superior a la que en realidad posee, por lo que sufriría un gravamen equivalente al mismo monto del sueldo anual complementario.

Pero hecha la ley hecha la trampa. Esta norma deja entre sus pliegues resquicios para que casi todos los trabajadores que fueron alcanzados por el impuesto, se vean obligados a tributar el medio aguinaldo.

Uno de ellos se presenta en el caso de los trabajadores que hayan recibido algún aumento de sueldo durante el semestre, ya que como el aguinaldo se calcula como la mitad de la mayor remuneración del período, serían pasibles de una deducción de Ganancias superior a la proporción del 8,33 por ciento del último ingreso.

Otro caso es el del pluriempleo, es decir, aquellos que añadieran una ocupación principal adicional que, durante el año generara ingresos extra, pero también en el de los que problemas de instrumentación del nuevo sistema el agregado mensual del 8,33 del salario para determinar el saldo a retener de Ganancias, no se haya aplicado en los meses previos, por lo que se va a añadir en diciembre.

Ante este panorama que con claridad desenmascara otra promesa incumplida, desde La Rosada deslizaron que es posible que durante 2018 se eleve el mínimo no imponible en un 29 por ciento. Pero por ahora, habrá que pagar y esperar.

 

Impuestazo a la economía solidaria08.12.2017

Van por las cooperativas

Por su naturaleza jurídica las cooperativas no deben pagar Ganancias, pues no las tienen. A pesar de ello, según se desprende de la reforma tributaria que espera su sanción en la cámara baja, el gobierno busca gravar con este impuesto a las asociaciones cooperativas del sector financiero. Puerta abierta para avanzar sobre el resto de las cooperativas de la economía

La segunda etapa del plan de ajuste, entrega y represión de la derecha claramente plasmado en el paquetazo de reformas que el Ejecutivo presentó en el Congreso no sólo favorece a la banca privada y las grandes empresas sino que también afecta a las cooperativas que desempeñan su actividad solidaria en el sector financiero.

Así se desprende de dos artículos –el 23 y 24- del proyecto de reforma tributaria con media sanción en Senadores y que espera tratamiento y aprobación en la Cámara Baja en el contexto de la convocatoria a sesiones extraordinarias que realizará Macri en las próximas horas.

Según el texto, la forma que encontró el gabinete económico para gravar la actividad de las cooperativas de ahorros, créditos y seguros es la de cobrarles el impuesto a las ganancias desconociendo el artículo 20 –incisos d y g- de la ley que la reglamenta. En estos dos puntos, la ley afirma que el impuesto a las ganancias no podrá aplicarse a las sociedades cooperativas.

Para ello el gobierno establece en el artículo 23 y 24 de la reforma tributaria que la exención impositiva no regirá para los excedentes que provengan de actividades de ahorro, seguros y crédito por lo que ahora las cooperativas y mutuales del sector pasarán a pagar un tributo del que estaban exentas por el carácter social de su actividad.

De esta forma el gobierno iguala las condiciones entre las asociaciones que desarrollan su actividad en el marco de la economía social y bajo lógicas solidarias con las de las empresas privadas con afán de lucro.

La jugada no es sorpresiva. Someter a las mismas obligaciones a cooperativas y empresas privadas en el marco de un diseño económico-social hecho a medida de estas últimas perjudica a todos aquellos sectores que ofrecen productos y servicios bajo modelos distintos a los hegemónicos.

Cambio cultural

El rediseño económico-social encarado por el bloque de poder real en la Argentina exige transformaciones en el ámbito económico pero también -y como extensión de estos-en la arena cultural.

En ese sentido el gobierno no da puntada sin hilo. Es que el mismo día en que el Juez Claudio Bonadio dictaba la prisión preventiva –práctica extendida en esta época y asimilable a los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo en el período 1976-1983- contra Zannini, Timerman, Delia, Esteche y Cristina Kirchner –que como es Senadora pidió a la cámara alta su desafuero- , el presidente Macri inauguraba en el interior de la Quinta de Olivos el “Paseo de la República” como expresión del “cambio cultural que hemos emprendido”.

Esta transformación cultural a la que refiere Macri es condición sine qua non para que el bloque de poder real pueda realizar la profunda cirugía que tanto ansía sobre la estructura económico-social del país.

Para que ello sea posible es menester –desde la perspectiva de los grupos económicos- avanzar en una serie de medidas que consolide el perfil liberal burgués del Estado nacional que, por definición, se contrapone el Estado semi-keynessiano ensayado por el kirchnerismo durante los 12 años previos.

Ese es el objetivo principal del paquetazo que el Ejecutivo consensuó con sus principales aliados –agroexportadores, la banca privada, supermercados entre otros- y que negoció con los gobernadores bajo la amenaza de condicionar las cuentas públicas de las administraciones regionales.

La reforma laboral, previsional y tributaria así como el “pacto fiscal” con las provincias son partituras tocadas por una orquesta que comenzó a sonar en diciembre de 2015 y que tiene ya, entre sus principales obras, ejecuciones tales como la quita de retenciones a la exportación de granos, el endeudamiento externo masivo, la tasa de interés de bonos en pesos por encima del 30 por ciento anual y la alianza estratégica con Brasil para celebrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea.

El paquetazo de “reformas permanentes” –así las bautizó el propio presidente- afecta a toda la estructura económico-social del país ya que apunta a efectuar y consolidar un rediseño del país bajo lógicas neoliberales que habían sido domesticadas y anuladas en el ciclo anterior.

Hasta el momento el gobierno viene implementando estos profundos cambios en materia económica con represión pero también con consenso. Gramsci ya había advertido en las décadas del 20 y el 30 que estás son dos caras de una misma moneda con la que las clases dominantes pagan su posición dentro del bloque histórico que las erige como tales.

Ahora bien, si los niveles de consenso dan cuenta de la capacidad hegemónica de las clases dominantes y el despliegue de la fuerza –represión y persecuciones a opositores- hace referencia a la capacidad de resistencia de los oprimidos, se puede afirmar sin temor a equivocarse que en la actualidad la buena salud del rediseño económico-social que práctica el gobierno depende, en el corto plazo, del éxito en la implementación de esta batería de reformas que tienen el objetivo de plasmar en texto y ley las transformaciones que los grupos económicos vienen imponiendo de hecho.

Esto se evidencia, tal como lo denunciara ayer el PC en un comunicado, en la “cacería política sin precedentes en la democracia Argentina” desatada ayer contra dirigentes políticos de la oposición pero también en la urgencia por parte del Ejecutivo de llamar a sesiones extraordinarias para sancionar allí la mayor cantidad de reformas posibles.

La solidaridad no tiene lugar

Para que la imposición de esta nueva matriz social sea exitosa el bloque de poder dominante necesita que se efectúe un profundo cambio cultural en el seno de la sociedad. Esto es coherente con un modelo económico-social en el que lo especulativo prime por sobre lo productivo, lo rentable por sobre lo solidario y lo privado por sobre lo público.

Por ello no hay equívocos en el texto y la letra de cada una de las reformas que el gabinete redactó para que el Congreso, bajo la lógica de la escribanía, avale las intenciones del Ejecutivo.

En ese caso, el artículo de la reforma tributaria que grava con el impuesto a las Ganancias a las empresas de tipo solidaria en el sector financiero resulta aleccionador: las cooperativas deberán ajustarse al esquema de la lógica del lucro, lo que en esencia, implica dañar el fundamento mismo de su razón social.

Al igual que sucede con el salario del trabajador –que no es ganancia sobre un capital invertido sino el precio de la fuerza de trabajo que el capitalista paga-, las empresas cooperativas no generan ganancias o dividendos sino excedentes que son repartidos entre los socios –que también son usuarios- según los servicios utilizados y nunca sobre un capital invertido.

La economía social y solidaria posee lógicas muy distintas a la actividad privada con fin de lucro. El crecimiento de este tipo de organización económica durante los años del kirchnerismo dejó casi 30 mil cooperativas en todo el país, estadística que sin duda molesta a la administración cambiemita.

Estos cambios que afectan a las empresas solidarias del sector financiero se condice con el desfinanciamiento y ataque que el gobierno efectúa, desde que asumió, sobre las fábricas recuperadas. Se sabe que en momentos de deslocalización, fuga de capitales y caída de la inversión productiva, la economía social adquiere relevancia como solución alternativa al problema del empleo y la gestión empresarial.

Por ello no es descabellado ni resulta caprichoso afirmar que los artículo 23 y 24 de la reforma tributaria son la punta de lanza del gobierno para avanzar contra todo el sector cooperativo y solidario del país.

Esta avanzada se justifica tanto por los cambios de orden económico como cultural. Si no es admisible que las cooperativas quiten clientes a empresas privadas, menos lo es permitir la existencia de modelos de gestión alternativos al afán del lucro desmedido en un contexto donde se estimula, como nunca antes, la bicicleta financiera y la inversión especulativa.

El bloque de poder dominante no da puntada sin hilo. Con los artículos 23 y 24 el gabinete busca cruzar una primera trinchera que tiene como objetivo principal desterrar cualquier semilla de organización económica que erosione la voracidad de las elites neoliberales.

Más bicicleta, más especulación08.12.2017

Una bomba de tiempo

Gracias a la política de endeudamiento masivo que ensaya el gobierno nacional, los bancos aumentan sus ganancias a caballo de créditos UVA y baja tasa de interés sobre los depósitos ¿La clave? La desregulación del sector financiero y la esperada reforma del mercado de capitales vía paquetazo

El sistema financiero en Argentina se está convirtiendo a paso acelerado en una verdadera bomba de tiempo para toda la sociedad. Según informó el Banco Central (Bcra), en el último año los créditos UVA crecieron un 91 por ciento mientras que los depósitos de ahorristas se mantienen estancados, con un incremento apenas superior a los 20 puntos.

¿Qué quiere decir esto? Qué la economía nacional se vuelve cada vez más sensible a cualquier cimbronazo en el sistema financiero internacional, al tiempo que la población se endeuda con créditos que serán impagables y los bancos obtienen ganancias exorbitantes de forma inmediata.

La desregulación del mercado financiero y de capitales que se viene operando de hecho desde diciembre de 2015 a esta parte es la clave que permite que este modelo se propague vertiginosamente.

A la espera de que los diputados aprueben la “Ley de financiamiento productivo” para las Pymes que incluye una reforma del mercado de capitales, los bancos establecen tasas de interés a sus anchas sin ningún tipo de restricción, lo que se plasma luego en las estadísticas difundidas por la máxima autoridad monetaria del país.

Así las cosas –y en gran parte gracias a los créditos UVA- los bancos cobran tasas altísimas para prestar dinero mientras que pagan intereses bajísimos a los ahorristas que deciden abrir plazos fijos y cuentas corrientes.

Si los dividendos de la banca se explican fácilmente por la ecuación intereses cobrados por el dinero prestado menos intereses pagados por el dinero depositado se entiende rápidamente el negocio redondo que estos están haciendo con el actual modelo económico.

Según el Bcra, “el financiamiento del UVA sigue ganando participación sobre el total de préstamos a personas físicas” ya que “desde el lanzamiento de este instrumento se entregaron unos 44.800 millones de pesos en créditos indexados por inflación”.

A su tiempo, el crecimiento de depósitos no aumentaron, en ninguno de los casos, por encima del 22 por ciento, ya sea en cuenta corriente, plazos fijos o cajas de ahorro, lo que da cuenta de un claro estancamiento en este ítem.

En otras palabras, con el gobierno de Cambiemos ha crecido la cantidad de personas físicas que le deben a los bancos. A su vez, estas justifican una parte importante de los dividendos que las entidades obtienen gracias a las altas tasas de interés al tiempo que pagan cada vez menos por el dinero que la sociedad les deposita en sus cuentas para que estos lo hagan circular.

Tiempo de deuda

A este escenario milimétricamente preparado para que los bancos hagan sus negocios hay que agregarle la timba financiera con tasas en Lebacs que superan, según el plazo, el 30 por ciento anual y la inmensa cantidad de dólares que ingresan –hasta que el grifo se cierre- al país vía endeudamiento externo para financiar la fuga de capitales y el círculo vicioso de dólar-pesos-Lebacs-dólar con el que se encuentran haciendo negocios los fondos de inversión que, cuando el país entre en default, no duraran en hacer valer sus títulos adquiridos.

En esta semana corta que pasó el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo anunció que colocará Letes por 40 mil millones de pesos y 1.700 millones de dólares.

A este ritmo la política de endeudamiento del gobierno nacional busca romper todos los récords. La deuda total en moneda extranjera, según datos del Observatorio de la Deuda de la UMET, desde la asunción de Cambiemos y hasta mediados de noviembre de 2017, fue de 87.880 millones de dólares, lo cual equivale al 15,7 por ciento del PIB.

En relación al PIB, pasó de representar el 27,5 por ciento a fines de 2015 a alcanzar el 43,2 por ciento en la actualidad. Un rasgo relevante es que, el sector público ha generado el 89 por ciento del nuevo endeudamiento y sólo un 11 por ciento correspondió al sector privado, según el referido observatorio.

En materia de Lebac, el Bcra detalló en su informe de noviembre que el stock es de 1147 mil millones de pesos. De ese total, 344 mil millones de pesos se encuentran bajo posesión de los bancos. Los títulos restantes están bajo propiedad de inversores y fondos privados que desembarcan en el país para hacer sus negocios. Motivos no les faltan: Argentina tiene la tasa de interés local más alta del denominado mundo emergente. Negocio redondo para la especulación y una bomba de tiempo para toda la sociedad.

 

Rediseño tarifario08.12.2017

Gas y transporte recargado

A los aumentos ya concretados en las tarifas de agua, luz y gas se le suma un recargo en estas últimas que impactará en el bolsillo de los usuarios. Además, se espera una fuerte suba del transporte para 2018 ¿El factor común? La quita de subsidios

Las malas noticias para los usuario de los servicios públicos no se detienen: a los nuevos tarifazos de agua, luz y gas concretados el primero de diciembre se le suman la quita de subsidios al Fondo Fiduciario del gas que redundará en aumentos de hasta el 2000 por ciento en los aportes que los consumidores hacían al mismo y un rediseño en las tarifas del transporte público.

El Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren, acorde a la política económica del gobierno, decidió transferir el subsidio que el Estado otorgaba a los usuarios de las zonas más frías del país a las facturas que abonan los habitantes de la zona metropolitana del país.

La medida fue publicada ayer jueves en el Boletín Oficial y había sido anticipada en las audiencias públicas que el gobierno realizó durante el mes de noviembre. Lo que no se sabía era como impactaría la decisión de Aranguren en el bolsillo de los trabajadores.

Ahora con esta transferencia que el Estado opera contra los usuarios, el recargo pasará desde los 84 centavos a 18 pesos por un gasto de 211 metros cúbicos, y de 1,59 a 34,12 pesos por 399 metros cúbicos.

De la medida publicada en el Boletín Oficial se desprende también que los usuarios pasaran de pagar 104 a 170 pesos en concepto de “cargos fijos” por el Fondo Fiduciario.

Esta decisión se da a conocer una semana después de que el gobierno autorizara incrementos en las tarifas de luz y gas, donde las subas más fuertes las sufrieron los usuarios de Edenor y Edesur.

Como si no fuera poco pero coherente con el esquema tarifario perfilado por el gabinete económico desde que asumió, el gobierno tiene decidido quitar los subsidios al transporte público, decisión que redundará en un aumento anual de 6 pesos a razón de 50 centavos por mes. Así las cosas, el mínimo de colectivo en el Gran Buenos Aires pasará de los 6 a los 12 pesos, es decir, un aumento del 100 por ciento.

¡Buenas noticias, llegaron los brotes verdes!06.12.2017

Lástima que son de arbolitos...

Cada vez más libertad...para la timba. Que a nadie le falte su dólar ¿Que buscan con todo esto?

La semana pasada, el Banco Central autorizó que las agencias y casas de cambio lleven a cabo sus operaciones de compra y venta de divisas en la vía pública y por medio de promotores, lo que sin eufemismos no es otra cosa que autorizar la actividad de los arbolitos.

Pero esto no es todo. Como para favorecer más aún a la timba, el Central también adoptó normas que facilitan el proceso de autorización de casas y agencias de cambio que, ahora, se va a poder hacer con escasos requisitos y online. Así, tras un click, cualquiera -o casi- va a poder iniciar su actividad en este lucrativo rubro.

A la hora de explicar los motivos de la decisión, el Central señaló que busca “facilitar el acceso de turistas y del público en general a operaciones legales de cambio”, tras lo que –en un comunicado oficial- lamentó este tipo de actividad está “muy subdesarrollada en la Argentina, en comparación -por ejemplo- con Perú (1.242 personas físicas cambistas, 1.045 casas de cambio) o Colombia (1.436 profesionales de cambio)”.

Perú y Colombia son, junto con Brasil y Chile, los países de la región que poseen mercados de capitales más voluminosos en relación a sus respectivas economías y a menudo se los presenta como modelo a seguir. Pero también están entre las economías más desiguales de la región que, de acuerdo al Índice de Gini es la más desigual del planeta, después de la subsahariana.

¿De qué hablamos?

Hablar de capitalismo es hablar de capital que, fundamentalmente, es una forma de relacionarse socialmente. Pero también es un sistema histórico, siempre amenazado por sus propias contradicciones internas, que consigue sobrevivir porque es capaz de rediseñarse, mutar y volver a equilibrarse.

La expansión que alcance la explotación en cada momento y sociedad, está vinculada –entre otras cosas- a la pertinencia que pueda tener un determinado régimen de acumulación, pero también a capacidad de integrar y fidelizar a las clases subalternas a un determinado orden social.

En este proceso de legitimación, la construcción de un imaginario en el que el fetiche por excelencia de la financierización, el dólar, aparezca como un objeto de deseo al alcance de la mano, es clave.

Así las cosas, al tiempo que desde las propaladoras massmediáticas se machaca con esto de que la libertad se convirtió en un concepto que se explica sólo a través de las relaciones de mercado, cualquier hijo de vecino va a poder, libremente, adquirir su billete verde, sin cepo y a un arbolito.

Mientras tanto, a caballo de una política monetaria y fiscal sustentada en la desorbitada toma de deuda externa, el país se convirtió en un campo orégano para la timba financiera.

Pero esto no sólo implica una feroz transferencia regresiva de riqueza. Es que con la financierización de la economía se dispara un proceso de mutación del capital productivo en capital financiero, lo que apunta también a la destrucción del espacio de resistencia de la clase trabajadora.

Así, lo que se pretende es atacar al proletariado y reemplazarlo por un sujeto social lábil, el precariado. Y, por sobre todo, cumplir con el objetivo estratégico que se propone: dinamitar la lucha de clases.

¿A que no sabes quién vino a cenar?06.12.2017

El robo y el Botín

¿Vidas paralelas? Resulta que el Paquetazo no era un invento argentino ¿A qué habrá venido a Argentina una de las principales jugadoras de peso del mercado financiero global?

Ayer, Santander Río lanzó su nueva línea de crédito para grandes y pequeñas empresas bajo la modalidad UVA y, así, pasó a ser el primer banco privado que ofrece este tipo de servicios al sector productivo.

De acuerdo al anuncio, los créditos se destinan a la financiación de proyectos de inversión, capital de trabajo y adquisición de bienes de capital a una tasa que de nueve por ciento que se puede financiar, hasta sesenta meses, bajo la modalidad de amortización del sistema francés.

La noticia suena a brote verde ¿pero será tan así la cosa?

Desde que dos semanas atrás Diputados le diera vía libre, la iniciativa que busca reformar la Ley de Mercado de Capitales, está trabada en un Senado en el que todo parece ser negociable. Por eso no sorprende que se haya dejado trascender que el presidente, Mauricio Macri, incluirá la iniciativa para que se trate en sesiones extraordinarias.

En La Rosada confían en que, con la nueva composición de la cámara alta, la norma se convertiría en Ley antes de fin de año. Y, en este escenario, Macri podría reglamentarla durante el trimestre inicial de 2018.

¿Pero por qué tanto apuro? La iniciativa se publicita con el argumento del presunto beneficio que traería al sector pyme, pero lo en sustancial persigue favorecer la generación de un espacio libre de trabas a un formidable negocio financiero.

Esto se revela en uno de sus puntos clave que, si prospera el proyecto, viabilizará que grandes inversores privados adquieran –como instrumento financiero- créditos para la vivienda que se entregan por medio de bancos.

Es prudente destacar que la utilización de letras hipotecarias de esta manera, no representa un mecanismo novedoso. Experiencias de este tipo ya se desarrollaron en otros países, entre ellos EE.UU. y España, donde normas casi similares crearon las condiciones que provocaron las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.

Pero esto no es todo. En su texto, el proyecto del ejecutivo anula el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, que es aquel que le permite a la Comisión Nacional de Valores (CNV), supervisar y ejercer control sobre el mercado de valores, esto es, sobre las firmas cotizantes.

Si avanza la nueva norma, la CNV no va a poder remover a integrantes del directorio de una sociedad ni designar veedores.

Otro punto para destacar es el que habilita el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, algo que incluye eliminación de impuestos y corrobora el sentido verdadero que persigue la iniciativa: lograr una mayor liberalización del mercado de capitales, lo que va en sintonía con los requerimientos del FMI y la Ocde pero, fundamentalmente, está en el carácter identitario y de clase del tándem de poder que gobierna Argentina desde 2015 ¿Pero quiénes serán los grandes jugadores para los que el Gobierno está sirviendo la mesa?

Invitada especial

Mientras una multitud de trabajadores se movilizaba hacia el Congreso contra el Paquetazo, Macri recibía en la Casa Rosada a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

En nuestro país -por sus depósitos y créditos- el Santander es el principal banco privado que, además, no hace mucho adquirió la banca minorista de Citibank Argentina, con lo que sumó algo así como mil clientes y setenta sucursales. Y, con una cartera de132 millones de clientes y alrededor de doscientos mil empleados, es una de las mayores entidades financieras del globo.

La Banca Santander y la familia Botín son jugadores de peso en el mercado financiero global. Pero, asimismo, es uno de los principales beneficiarios del paquetazo crónico que, bajo la eufemística designación de “reformas”, desde hace más de una década vienen imponiendo en España, primero el gobierno del socialdemócrata Rodríguez Zapatero y después el de Mariano Rajoy.

En este caso, las “reformas”, supusieron el rescate de la banca que había jugado a la ruleta con los derivados de créditos hipotecarios, todo a costa de una formidable caída de los salarios.

Esta transferencia de riqueza fue acompañada de proyectos que se convirtieron en Ley, entre gallos y media noches, que provocaron la pérdida de derechos políticos, sociales, ciudadanos, humanos y laborales. El Paquetazo se destinó a favorecer a bancos privados que quedaron una situación de insolvencia como consecuencia de su delincuencial política crediticia, pero también le otorgó mucha más capacidad de decisión a las principales empresas vinculadas al capital productivo que tienen sólida imbricación con el capital financiero.

Como el que avanza por aquí, el Paquetazo de allá, comprendió capítulos que afectaron drásticamente a los sistemas de prestación universal y pública de Salud, Pensiones y Educación. Y, fundamentalmente, rediseñó de forma regresiva a la relación entre los universos del trabajo y el capital, lo que cristalizó la transferencia regresiva de riqueza.

Así las cosas, a caballo de una destrucción de empleo de características cataclísmicas, lo que provocó también el hundimiento de miles de pymes, un reducido grupo de grandes propietarios, entre ellos la familia Botín, no sólo recuperaron posiciones que habían perdido por la crisis que ellos mismos provocaron, sino que quedaron mejor que antes.

¿Suena parecido? Puede ser, en tal caso, va a ser cuestión de advertir de qué se habla cuando se habla de volver al mundo y, antes de hacerlo, será prudente ver qué es lo que está pasando en ese mundo. Al menos si usted es lector de NP diario de noticias, no va a poder decir que no le avisamos.

 

Macri con derecho a veto06.12.2017

Abiertos al mundo, pero no tanto

Se vienen la Cumbre Ministerial de la OMC y la Contra Cumbre de los Pueblos. El ejecutivo dio de baja la acreditación de varias ONGs.

Al compartir un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), el jefe de Gabinete Marcos Peña, fue claro cuando recalcó que “confiamos y respaldamos la política monetaria que implementa el Banco Central”.

Fue en el Sheraton, donde Peña estuvo acompañado en la mesa principal por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y un grupo de empresarios, entre ellos el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; y el director general de Swiss Medical Group, Miguel Blanco.

Ahí, el jefe de Gabinete destacó la presidencia pro tempore de la Argentina en el G20 y la organización de la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que comenzará la semana venidera en Buenos Aires, tras lo que resaltó las “buenas perspectivas” que se presentan para que nuestro país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

Y, en este contexto, aseveró que el “mundo nos abre las puertas y no sólo nos da la bienvenida, sino que nos plantea que tenemos un rol muy importante para cumplir”.

Pero, más allá del optimismo de Peña, no se espera ninguna declaración fuerte durante la Cumbre de la OMC que, desde La Rosada, pretenden exhibir como un ejemplo de la “reinserción Argentina en el mundo”.

Es verdad, lo que se haga permitirá que el Gobierno se ponga en una vidriera desde la que va a reafirmar cuál es el perfil que pretende para nuestro país.

Aquí cabe recordar que la OMC atiende asuntos inherentes al intercambio comercial y política arancelaria, pero no sólo eso, ya que sus agendas abarcan tópicos como servicios y propiedad intelectual, así como –y esta es la parte del león- políticas públicas principalmente vinculadas a infraestructura, lo que incluye licitación de obras y adquisiciones públicas por parte de los Estados miembro.

Esta organización propicia fervientemente la desregulación del comercio y la eliminación de trabas, y aquí es donde la identidad de la actual política exterior argentina contacta con los postulados medulares de la OMC.

El resultado de las reuniones previas que celebra el Consejo General de la OMC, en Ginebra, señala que persisten los desacuerdos que se arrastra desde 2003, por contradicción sur-norte, respecto al debate abierto en la Ronda de Doha.

Esto hace que no deban esperarse grandes resultados del encuentro de Buenos Aires en el que, de todos modos, el gobierno va a aprovechar para reafirmar la postura adoptada desde 2016, por la que se sumó a quienes priorizan temas vinculados a competencia, inversión y la participación del capital privado en la infraestructura estatal. Y, sobre todo, se pronuncian abiertamente en favor del agronegocio.

En este sentido, la cumbre de Buenos Aires va a profundizar el rasgo conservador de la organización, con posturas afines al desarrollo sin trabas del libre mercado y lejanas a los intereses de los pueblos. Y algo de esto ya se anticipó a la hora de las acreditaciones.

Cuestión de seguridad

“Por razones de seguridad”, el gobierno de Argentina revocó 63 acreditaciones que la OMC ya había otorgado a diferentes organizaciones no gubernamentales para participar en la Cumbre Ministerial.

Ante esto, una de ellas, la ONG británica Global Justice Now consideró que, “el presidente Mauricio Macri, mostró claramente que su Gobierno no respeta la democracia ni el pluralismo” y señaló a la AFI y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsables de esta prohibición.

En la vereda de enfrente de la Cumbre Ministerial, se prepara la Contra Cumbre de los Pueblos, que se va a llevar a cabo desde el 13 al 15 de diciembre, también en la ciudad de Buenos Aires.

Ahí, entre diferentes organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos va a estar la Unión de Campesinos Poriajhú, cuyo titular, Raúl Toto Galván, repudió la decisión del gobierno de vetar la participación de ONGs.

“Creo que va a ser la primera vez en todo lo que han sido las cumbres mundiales, que un gobierno no permite entrar a las organizaciones sociales para manifestarse junto al encuentro con la OMC”, recalcó Galván y añadió que “este gobierno que dice que hay que estar abierto al mundo, le cierra la puerta a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales que vienen desde hace mucho tiempo rechazando a la OMC”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que esta es “una actitud antidemocrática que muestra a este gobierno tal cual es”, ya que “se comporta así con las organizaciones internacionales, pero también lo hace hacia adentro del país cuando intenta meter miedo a la sociedad con la represión”.

Por lo que, finalizó: “aunque ganó las elecciones con el apoyo popular, en su concepción, es totalmente antidemocrático, antitrabajadores y antimovimientos sociales”.

Paquetazo, jubilados y salud pública05.12.2017

Salud para pocos

En medio de la algarabía por la media sanción a la reforma impositiva que beneficia a los grupos económicos y sacude las cuentas públicas, un funcionario Pro reconoció que los jubilados “pierden plata” ¿Cómo afecta el paquetazo a la salud pública y en especial a los adultos mayores?

“Los jubilados pierden plata, pero no poder adquisitivo” fue la expresión que Pablo Tonelli, diputado nacional de Cambiemos, usó para justificar –con el cinismo que caracteriza a los funcionarios y dirigentes del macrismo- el recorte de las jubilaciones propuesto por el gobierno y el desfinanciamiento del Fondo de Garantía Sustentabilidad (FGS) que pone en peligro los ingresos de casi siete millones de beneficiarios.

La afirmación es por todo inexacta: según el Centro de Economía Política de Argentina (Cepa) el poder adquisitivo de la jubilación mínima durante todo el 2016 fue de alrededor del 7,4 por ciento. A pesar de los aumentos establecidos por la casi extinta Ley de Movilidad Jubilatoria, el poder de compra en 2017 no se pudo recuperar y, tal como sucede con las asignaciones familiares o el salario docente, la desventaja respecto a la inflación es amplia.

La situación es mucho más grave cuando se tiene en cuenta que en la actualidad la jubilación mínima equivale al 50 por ciento de la canasta básica. A pesar de ello, Tonelli argumentó que “lo importante es que no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios y la canasta básica”, desconociendo por absoluto la situación de los jubilados en el país.

Pero la actitud no sorprende si se recuerda que fue el propio presidente de la Nación el que en una cómoda entrevista televisiva con Mirta Legrand no pudo asegurar cual era el monto de la jubilación mínima bajo su mandato.

A pesar de tratarse de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, donde la intervención del Estado se presenta como una herramienta estratégica para proteger el bolsillo de los adultos mayores, la política económica del macrismo en materia previsional –al igual que en todas las áreas de la economía- favorece a las grandes empresas y perjudica a los sectores mayoritarios.

Como contrapartida del congelamiento de haberes –que frente al alza de precios se transforma en un ajuste del poder adquisitivo-, del desfinanciamiento del FGS y del Pami los grandes laboratorios forman parte del selecto grupo de ganadores en el marco del modelo económico del gobierno.

Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) el aumento promedio de los medicamentos en los dos primeros años de Macri en La Rosada fue del 102 por ciento, casi 41 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo período.

Para colmo y como parte de la misma política, el Pami recortó la entrega gratuita de medicamentos estableciendo nuevos requisitos irrisorios como, por ejemplo, no poseer un automóvil de menos de 10 años de antigüedad ¿un jubilado con un Gol 2006 es lo suficientemente rico como para dejar de percibir la medicación de forma gratuita? Para la lógica Pro, sí.

Estas medidas se entienden mucho más cuando se ponen en contexto: para el año próximo el gobierno espera avanzar con la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), eufemismo al que apela para lanzar una ofensiva privatizadora contra la salud pública y favorecer a las clínicas privadas, las gerenciadoras médicas y las prepagas.

Esta batería de medidas, que no puede desvincularse del paquetazo que Macri presentó tras los resultados electorales de octubre como epílogo del rediseño económico-social del país, es coherente con la voluntad de eliminar prestaciones médicas del Plan Médico Obligatorio (PMO), verdadero baluarte del sistema de salud pública que garantiza la gratuidad de prácticas médicas indispensables para la población independientemente de si se posee obra social o prepaga.

La intención del ejecutivo es sustituir el PMO por una “canasta básica” de prestaciones que excluirá muchas de las prácticas que en la actualidad son garantizadas por el plan médico ¿El objetivo? Que el beneficiario –o el empleador en el mejor de los casos- abone aquellas prácticas y estudios que se encuentran por fuera de la nueva canasta. Se trata de un retroceso inaudito en la historia de la salud pública nacional ¿cómo se explica?

Desfinanciar, es la tarea

Con el CUS el gobierno de Cambiemos quiere romper con un logro nacional: Argentina hace más de medio siglo que integra el selecto grupo que contiene al 8 por ciento de la población mundial con acceso universal y gratuito a la salud pública.

En pleno siglo XXI parece una cifra menor pero sólo si se pierde de vista el hecho de que el modo de producción que impera en gran parte del mundo es el capitalista y que el mismo se encuentra desde la caída del muro de Berlín en su fase más radical, es decir, en su versión neoliberal -de base financiera- donde la salud ya no es un derecho sino un área de negocios.

A este principio ortodoxo parece adscribir la administración Cambiemos y en sintonía con este despliega su política sanitaria que se corresponde al de un Estado liberal burgués en el que el ordenador principal de la economía es la fuerte simbiosis entre Estado y grupos económicos.

Nuestro país es uno de los pocos del mundo que aún conserva el sistema sanitario de base universal que nació tras la Segunda Guerra Mundial como parte de la conformación de los Estados de Bienestar en Europa Occidental y parte de América Latina. El mismo fue una “reacción” planificada desde el seno del propio capitalismo para contrarrestar las conquistas sociales que el bloque socialista comenzaba a enarbolar como bandera para un nuevo tipo de sociedad.

Pero a más de 25 años de la caída del muro de Berlín y con un capitalismo en crisis que estimula el recorte de la inversión social por parte del Estado, el modelo sanitario de base universal y gratuita se presenta como anacrónico. Así las cosas, el gabinete económico diseña a instancias del FMI, los grandes laboratorios y las empresas de medicina prepaga un nuevo sistema sanitario de carácter privatista.

El nuevo modelo, coherente con estos postulados privatizadores, se encuentra muy bien representado en el CUS que el gobierno ansía implementar a nivel nacional. Allí es donde nace la estrecha relación entre este y el paquetazo que favorece a las tabacaleras, a las prepagas y a las principales droguerías y que afecta el bolsillo de los jubilados con aumentos de los medicamentos muy por encima de la inflación en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, que recorta fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses y que reduce las prestaciones del Pami.

Vale recordar que el CUS es un eufemismo que esconde una compleja arquitectura para efectuar una enorme transferencia de recursos desde el sector público y los bolsillos de los trabajadores hacia las clínicas privadas y los grandes laboratorios.

El CUS es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud y cuenta con el obvio beneplácito de las empresas de medicina prepaga, las clínicas privadas y los grandes laboratorios transnacionales pero también con el de la burocracia sindical que, tras un acuerdo que beneficiaría también a la caja de las obras sociales sindicales, asestaría un golpe mortal al sistema nacional de salud pública justo en momentos en que el Anses ve erosionada su sustentabilidad con el recorte que se desprende la reforma tributaria aprobada en el Senado y que espera tratamiento en Diputados.

Laboratorios y prepagas en la era PRO05.12.2017

Tarifazos donde más duele

Dos años de medidas a favor de los grandes grupos económicos permitieron a las prepagas y laboratorios aumentar los precios muy por encima de la inflación y a costa de la salud de los trabajadores

No sólo las tabacaleras, los supermercados -tal como lo demostramos en “Reformas a medida de los súper”- y la banca se encuentran de fiesta con el modelo económico del gobierno. Las empresas de medicina prepaga y los laboratorios también conforman el selecto grupo de beneficiados con la política económica de la ceocracia.

En el caso de las prepagas, entre las que se destacan Osde, Swiss Medical y Galeno en tan solo dos años aumentaron el precio de sus planes en un 88 por ciento, 27 puntos por encima de la inflación del período.

El último ajuste comenzó a correr esta semana: un incremento del 6 por ciento, el quinto del año con un acumulado de 27 que permite a estos colosos de la medicina privada acrecentar su facturación entre 4 y 5 puntos por encima de la inflación 2017.

Por su parte los laboratorios, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav), aumentaron los medicamentos en los dos primeros años de gestión macrista un 102 por ciento, más de 40 puntos por encima de la inflación acumulada para el mismo período.

Por su parte, vale destacar que a octubre de 2017 la inflación acumulada según el Indec es de 19,5 por ciento, mientras que en el rubro salud el incremento es de más del 23, lo cual afecta negativamente el costo de vida de los trabajadores.

¿Casualidad? Nada de ello. El proyecto económico-social de la derecha en el país guarda jugosos negocios para las empresas en el ámbito sanitario. Pero para ello primero es necesario erosionar la larga tradición de salud pública universal y gratuita con la que cuenta nuestro país.

En el caso de las empresas de medicina prepaga, el lanzamiento del CUS permite a estas contar con millones de “nuevos clientes” que deberán pagar por prestaciones que en la actualidad son gratuitas o, mejor dicho, se encuentran cubiertas por el Estado.

Con el CUS y bajo el eufemismo de “universal” el macrismo diseñó una perfecta maquinaria para encubrir una brutal transferencia de recursos desde el Estado a los grupos económicos. El dinero que el Estado invierte en los hospitales públicos pasará a financiar las ganancias de las gerenciadoras médicas y las clínicas privadas.

Como queda claro, el programa de “universal” no tiene nada ya que reduce el Plan Médico Obligatorio y elimina el Programa Remediar.

Sin remedio

Toda la política económica del gobierno tiene en su reverso un esquema que con precisión quirúrgica beneficia a los sectores concentrados de cada una de las áreas en las que interviene.

A los aumentos del 84 por ciento promedio de los medicamentos -con picos del 183 en los indicados para problemas de tiroide, del 157 en broncodilatadores o del 120 en hipocolesterolemiantes- se corresponde la eliminación del Programa Remediar y el ajuste del Pami a la entrega gratuita de medicinas.

El Programa Remediar era una política pública que nació tras la crisis del 2001. Impulsada por el ex ministro de Salud Ginés González García, Remediar tenía el objetivo de asegurar de forma gratuita a la población que se atendía en hospitales y centros públicos más del 90 por ciento de los medicamentos indicados para enfermedades frecuentes y crónicas.

Ahora estos gastos correrán a cuenta de los pacientes que puedan afrontarlos. Los medicamentos, al ser bienes de primera necesidad cuya compra no se puede postergar por una razón vital y de supervivencia, seguirán incrementando la rentabilidad de los laboratorios y las droguerías a costa de los bolsillos de la población.

En la práctica, la eliminación de este programa funciona como aspiradora sobre los bolsillos de los trabajadores, dinero que pasará directamente y sin escalas a engrosar las ganancias de las empresas del sector.

Como bien señala la Undav en su informe, “la suba de precios en bienes y servicios relacionados con la salud no se detiene y el incremento de los gastos en salud presiona el presupuesto familiar, al ocupar una porción cada vez mayor del total de ingresos”.

Lo mismo ocurre en el caso del Programa Médico Obligatorio (PMO), el cual a partir de la implementación del CUS quedará disminuido, lo que será ganancia para prepagas y empresas de gerencia médica que venden servicios a obras sociales sindicales.

Así las cosas, las prepagas y los laboratorios integran ese grupo de privilegio que junto a agroexportadores, bancos y especuladores se encuentran haciendo negocios como nunca ante en un contexto de crecimiento de la deuda externa, aumento de la pobreza y el desempleo. Un daño difícil de reparar en la salud de los trabajadores y en la estructura económica del país.

Las tabacaleras también05.12.2017

Un paquetazo que no es humo

Gracias a una reducción del 5 por ciento en el impuesto a los cigarrillos, las tabacaleras aumentarán sideralmente sus ganancias al tiempo que el Estado contará con menos recursos para combatir uno de los principales problemas de salud pública en el país: el tabaquismo.

Las tabacaleras ganarán más de 5 mil millones de pesos gracias a una reducción del 5 por ciento –de 75 a 70- en la carga tributaria sobre las empresas del sector. Este nuevo margen de ganancia se desprende de la reforma impositiva diseñada por el ejecutivo y con media sanción en el Senado. El principal perjudicado es el Estado que recauda, en la actualidad, el 70 por ciento del precio de venta al público.

El lobby de las tabacaleras se deja ver en que si el gobierno fundamentó el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas por los daños a la salud que estas generan, no incluyó bajo este argumento al consumo de cigarrillo en el país, el cual, insume más del 10 por ciento del presupuesto total destinado a salud por el Estado nacional.

A pesar de que no se producen datos oficiales desde el 2006 cuando se comenzó a implementar el Programa Nacional de Control del Tabaco, queda claro que el Estado –con el viejo esquema- recaudaba cifras menores a los gastos que luego debía afrontar por los perjuicios sanitarios.

Ese mismo año, según el Ministerio de Salud, la sociedad invirtió casi 7 mil millones de pesos en atender patologías relacionadas al consumo de tabaco mientras que el Ministerio de Economía extirpó a las tabacaleras –en concepto de impuestos- apenas 4200 millones, poco más de la mitad. Para el año 2014, el gasto sanitario entre el sector público y privado por tabaquismo ascendía a 24 mil millones frente a apenas 10 mil millones de recaudación tributaria.

La medida tendrá alto impacto sanitario ya que se espera un aumento del consumo de tabaco una vez implementadas las reformas. Se calcula que en la Argentina mueren alrededor de 40 mil personas al año por problemas de salud vinculados al consumo del cigarrillo. Un aumento del consumo no solo supondría un incremento en los decesos vinculados al tabaquismo sino un alza en los tratamientos de patologías relacionadas a esta adicción que afecta a más de 6 millones de personas.

El aumento del tabaquismo en un contexto de desfinanciamiento de la salud pública y de encarecimiento del costo de los medicamentos supone un problema sanitario de extrema gravedad para un sistema público que cuenta cada vez con menos recursos.

La lógica neoliberal de ajuste en la inversión pública en áreas sensible como salud –tratamientos- y educación –prevención- se complementa con el diseño de una arquitectura tributaria regresiva que favorece a las empresas y daña la economía y salud de la población.

Así las cosas, los cambios impulsados por el gabinete económico –y aceptado por los gobernadores- favorece a las dos principales tabacaleras del país, Massalin Particulares y Nobleza Picardo, que concentran el 97 por ciento del mercado y afecta las cuentas de los fumadores y, especialmente, de las provincias.

Estas últimas se verán afectadas de forma directa e indirecta. De forma directa porque los 5 mil millones de pesos que ganarán las tabacaleras provienen de impuestos al cigarrillo que eran repartidos –en porcentaje- entre los estados regionales. Y de forma indirecta porque el impacto sanitario del incremento del tabaquismo en el país será absorbido, en parte, por los hospitales y centros provinciales.

En otras palabras, se multiplicarán los pacientes al mismo tiempo que se recorta la inversión pública en salud. Este esquema de desfinanciamiento es compatible con la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) denunciada en las páginas y notas de este diario por los trabajadores del sector como la punta de lanza de la privatización de la salud pública en el país.

Pero no sólo los ciudadanos que acuden a los centros públicos se verán afectados. El ajuste golpea a toda la sociedad, incluso a los sectores medios y medios altos que tienen la posibilidad de pagar una prepaga: desde que asumió Macri en 2015 estas aumentaron, en promedio, un 88 por ciento, muy por encima de la inflación (de aproximadamente un 61 por ciento para el mismo período). De esta manera el gobierno avanza a paso firme en su objetivo de que el acceso a la salud sea un privilegio posterior al de estar vivos.

 

Paquetazo y reforma laboral04.12.2017

¡Apúntenle al proletario!

La modificación regresiva de la relación entre capital y trabajo ya se viene perpetrando en Argentina ¿Por qué la quieren convertir en Ley?

El capítulo del Paquetazo con el que el gobierno pretende profundizar la flexibilización de las relaciones laborales, avanza en el Congreso sobre un campo abonado por el grave deterioro de las condiciones de empleo en relación de dependencia y el alarmante crecimiento del trabajo por contratos temporarios.

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De acuerdo al relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), desde diciembre de 2015 hasta julio de este año, 264.143 personas fueron despedidas y suspendidas, de ellas 76.526 corresponden al sector público y 187.617 al privado. El setenta por ciento de estos despidos fueron perpetrados en la industria que, sólo durante el semestre inicial de 2017, expulsó a 14.038 trabajadores.

Esta situación, tal como oportunamente lo explicó el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la UnSam, plantea un cambio de perfil en el mercado laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores, el acceso a la protección social y la posibilidad de agremiación.

Todo, como consecuencia de una creciente precarización, algo que provoca incertidumbre entre quienes deben planificar su propio futuro, ya que junto a la reducción del empleo registrado, la tasa de desocupación se constituyó en la más elevada de los últimos diez años, al tiempo que avanzan los niveles de precariedad laboral entre la población ocupada.

Es en este contexto de estancamiento del empleo asalariado en el sector privado, en el que crece la participación modalidades contractuales que presentan menos beneficios laborales.

Así las cosas, vale preguntarse cuál es el horizonte que se presenta con un techo de recomposición salarial que, según anunció el gobierno, no deberá superar el doce por ciento para 2018 y con el proyecto de reforma laboral convertido el Ley.

Celebración

Durante los últimos meses La Rosada viene celebrando la presunta expansión del empleo formal y algo de razón tiene. Pero lo que no dice, es que la totalidad de esta expansión se explica por el crecimiento de las modalidades de contratación que presentan escasísimos beneficios laborales, como son las contrataciones a plazo fijo y las que se llevan a cabo por medio de agencias de empleo eventual.

Lo que queda claro entonces es que, aunque el relato neoliberal asevera que el Estado se debe poner al margen del proceso económico, el Gobierno interviene con toda su fuerza para regular favoreciendo el desarrollo de un determinado modelo social.

Y que para ello utiliza las herramientas que posee el corpus de leyes del Estado Liberal Burgués, instrumentadas para defender a la propiedad privada y a los propietarios. Esto es, para regular en favor del capital y en detrimento del trabajo.

Es que con el agotamiento del breve interregno que se abrió tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo entró en su Segunda Crisis de Larga Duración y, con el fracaso del modelo de trabajo fordista en las economías capitalistas desarrolladas, comenzó un momento caracterizado por una vertiginosa carrera hacia adelante en la que quienes poseen el capital concentrado profundizan el proceso de concentración de poder, maximización de ganancias y búsqueda de legitimación.

En este marco se inscribe el “cambio cultural” proclamado por el Gobierno Cambiemos, que es un correlato de otros procesos similares que se están llevando a cabo a escala global.

Para que pueda perpetrarse este “cambio cultural” es preciso destruir la conciencia de clase y, así, una construcción y desarrollo histórico basados en la solidaridad como mecanismo organizativo de resistencia a la injusticia, así como práctica de apoyo mutuo y acción colectiva de las clases subalternas, ante el ataque de las dominantes.

Porque es a partir de esta dinámica de acción colectiva que se modificó la percepción que tenemos entre pares y respecto a otras clases antagónicas. De ahí que, ahora, los ganadores del capitalismo se esfuercen para generar condiciones que favorezcan la transformación de proletariado en precariado.

Por eso, el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, apunta a modificar la relación entre capital y trabajo, algo que pretende edificar sobre un cuerpo de leyes que garanticen condiciones para que se naturalice el desempleo, la flexibilización y la precariedad prolongada en el tiempo.

Pero también la baja en el nivel salarial y una profunda incertidumbre que ensombrezca todo el universo del trabajo. Todo esto ya está pasando en economías capitalistas de Europa y EE.UU.

El Estado Liberal Burgués cumplió a rajatabla con su papel de garante de la propiedad privada individual y de los propietarios. Y lo hizo con gobiernos de derecha o con aquellos que pretendían propiciar el advenimiento de “un capitalismo bueno”.

Ahora, en la etapa actual del desarrollo capitalista, inmersa a escala global en su Segunda Gran Crisis de Larga Duración, quien administra el aparato del Estado Liberal Burgués tiene como tarea central asegurar que la renta estatal transmute en capital financiero que garantice la prosecución de la ronda de concentración y apropiación de recursos naturales, intelectuales y simbólicos.

Por definición, junto a las corporaciones, el Estado Liberal Burgués regula para garantizar la maximización de ganancias. De ahí que nadie puede sorprenderse cuando también regule para avanzar sobre normas que estrangulen cualquier tipo de asociación entre integrantes de las clases subalternas.

Esto no es otra cosa que trabajar para que el proletariado se convierta en precariado. Y lo hace por medio de la regulación estatal –esto es el Paquetazo- pero también con el fomento de la desindustrialización y la deslocalización, robotización y empresas en red, así como la asociación corporativa que utiliza la terciarización para favorecer la flexibilización, la incertidumbre y fragmentación para el universo del trabajo.

Para poner en el arbolito04.12.2017

¿Se viene el Lapicerazo?

La Rosada confía en que la parte sustancial del Paquetazo va a convertirse en Ley antes de fin de año ¿Recortar derechos para “enfrentar la crisis” y generar empleo? ¿En qué punta del ranking quiere usted estar?

“Ahora la lapicera la tiene el Senado”, dijo sobre el proyecto de reforma laboral enviado por el ejecutivo, el triunviro cegetista, Juan Carlos Schmid y así, al tiempo que se desligó del resultado de una iniciativa que fue consensuada con la CGT, le pasó la pelota a los representantes de las provincias que, el antecedente cercano de la reforma previsional, permite advertir que son sumamente permeables a avalar las decisiones de La Rosada.

Así las cosas, las cartas parecen echadas. Según pudo saberse, el gobierno espera que su proyecto pueda tratarse –y sea sancionado- el miércoles 20 de diciembre en la cámara alta y, para eso, Mauricio Macri lo va a incluir en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Pero antes, para el miércoles 13, espera que se convoque a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía y Trabajo y Previsión Social para debatir la reforma laboral. Ahí se verá con qué cuenta el bloque que preside Miguel Pichetto y qué se desgranó hacia la bancada de Cristina Fernández que, ya anticipó, votará en contra de la iniciativa.

Y aunque en el Universo PJ todo suele ser volátil, es probable que este episodio señale, al menos, una tendencia de lo que puede esperarse de un año legislativo, en el que el Congreso va a ser uno de los escenarios en los que se dirimirá el destino del Paquetazo con el que el tándem de poder que gobierna desde diciembre de 2015, quiere consolidar aquello que define como “cambio cultural” y que no es otra cosa que una modificación profundamente regresiva en las relaciones entre los universos del trabajo y el capital, pero también en la raíz de los vínculos de la sociedad argentina.

Mientras tanto la cartera que preside Nicolás Dujovne dejó trascender que confía en que, antes de fin de año, el Congreso aprobaría las reformas tributaria e impositiva con un costo mínimo, ya que a la marcha atrás dada con el impuesto a los vinos, sólo debería sumarle la del impuesto interno a las gaseosas azucaradas. Esto sólo implicaría un costo de veinte mil millones respecto a la expectativa inicial y, a cambio, se estaría asegurando embolsar alrededor de 110.000 millones de pesos.

El resto que le falta para tapar el agujero fiscal que el Gobierno Cambiemos viene incrementando desde que resignó cobrarle impuestos a los agroexportadores y la minería, provendrá de la reforma previsional que también, espera el ejecutivo, se convierta ley en antes de que haya que desarmar el arbolito.

La vedette del Paquetazo

Aunque en lo que hace al corto plazo la reforma previsional es la vedette del Paquetazo, a la hora de definir el perfil socio-económico que se pretende imponer desde La Rosada, la reforma laboral no se queda atrás.

Esta reforma nace del profundo desequilibrio que -en favor del universo del capital- impone desde hace dos años la regulación estatal, pero asimismo del consenso y absoluta imbricación entre el gobierno y los actores del capital financiero y productivo más concentrado que actúa en Argentina.

Y esto no es todo, ya que a la hora de jugar esta carta, La Rosada cuenta con el formidable aparato que le brinda la massmedia de gobierno, pero también con el aval que significa el reciente triunfo electoral.

En lo inmediato, lo que se pretende es reducir lo que desde el universo del capital se denomina como “costo laboral”, por medio del fomento a la descentralización de la negociación colectiva, abaratar el despido de trabajadores e incentivar la flexibilización de las formas de contratación.

Para justificar esta aparente necesidad, apelan a voces presuntamente tan imparciales como autorizadas –hasta no hace tanto una de ellas fue el propio Dujovne- que recorren propaladoras massmediáticas para machacar con argumentos como que es preciso “enfrentar la crisis”, que todos los países están haciendo lo mismo o que, con las reformas, se va a generar empleo.

Lo de la crisis está claro, hay que enfrentarla, aunque es cuestionable que los resultados de la crisis sistémica que provoca el capitalismo, puedan combatirse con herramientas confeccionadas a partir del más puro diseño capitalista.

Aquello de que “todos los países hacen lo mismo” tiene su parte de verdad. Aunque no son todos, tras el agotamiento del breve interregno keynessiano, la tendencia que se extiende en las economías capitalistas centrales y periféricas, tiene que ver con el avance del capital sobre el trabajo.

Pero a la hora de evaluar las consecuencias de este proceso, los resultados son cuestionables.

Un informe elaborado por la consultora ABECB, que se dio a conocer días atrás, da cuenta de que Argentina está en el “último puesto en el ranking” de costos laborales manufactureros.

¡Oh! ¿Habrá que alarmarse por esto? La respuesta a esta pregunta debe darla usted mismo. El más competitivo en término de costos manufactureros es Taiwán, detrás México, Indonesia y Tailandia, mientras que los menos competitivos –los que comparten segmento con Argentina- son Francia, Suiza y Australia.

Habrá que preguntarse si es bueno avanzar en una reforma laboral que ponga el salario de los trabajadores argentinos en el mismo rango de aquellos que reciben los de las maquilas mexicanas, indonesias y tailandesas o si, quizás, es preferible que se parezca al que perciben los suizos o australianos.

¿Pero y si además de esto la reforma está lejos de garantizar la creación de empleo?

Este es un punto interesante porque se trata del principal anzuelo de aquellos que, desde una perspectiva ideológica y de clase, postulan la necesidad de esta medida o, simplemente, en la de los que –a partir de prejuicios ideológicos – repiten el argumento.

Es, al menos, cuestionable que la escasés de empleo resulte de una legislación laboral que, presuntamente, contempla demasiado derechos para los trabajadores.

En una economía que, en el orden global y en nacional, se induce una clara tendencia hacia la financierización, es difícil que la riqueza pueda transformarse, ya no en capital social, sino al menos productivo capaz de fomentar el trabajo.

Y aquí es donde queda claro que uno de los principales objetivos directos que persigue la reforma laboral, es poner a disposición del capital mano de obra extremamente dócil y barata, algo que se logra con la precarización que brinda al capital mejores condiciones para obtener beneficio, eso sí, a costa de producir menos y peor.

Y, fundamentalmente, la cosa pasa entonces por la definición acerca de qué modelo productivo se quiere y, en tal caso, para qué se lo quiere. Porque la subcontratación generalizada, la externalización y la disminución drástica de la inversión pública son sólo herramientas a las que echa mano la clase propietaria en su afán por favorecer el camino de rediseño del capitalismo, que sólo tiene como norte profundizar la concentración de riqueza, la asimetría de posibilidades y la desaparición del salario como elemento central de la relación entre capital y trabajo.

 

Crece desde el pie...04.12.2017

Construir en la diversidad, esa es la tarea

En diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, comienzan a multiplicarse las construcciones y articulación popular para enfrentar el Paquetazo.

"La unidad entre la CTA y la CGT se viene llevando adelante muy bien en nuestros municipios, donde vamos coincidiendo en las miradas y en las prácticas”, destacó la secretaria de género de la CTA regional San Miguel-José C. Paz-Malvinas Argentinas, Chavela Miño, tras participar en una actividad unitaria que se llevó a cabo en San Miguel.

Ahí, diferentes organizaciones, entre ellas las dos CTA, la CGT y el MTL fueron contundentes a la hora de rechazar el paquetazo que intenta imponer el gobierno nacional . “Hay plena unidad de criterios, tanto en lo teórico como en las cuestiones prácticas”, recalcó Chavela Miño y celebró el trabajo conjunto que se hizo de cara a la jornada de lucha que tuvo lugar el miércoles 29 de noviembre.

“Ahí estuvimos trabajando con los compañeros, desde las bases, entregando volantes y materiales en toda la región y en los principales barrios”, recordó la representante del MTL y añadió que “venimos llevando adelante este trabajo con los compañeros, algo que tiene valor porque es militancia desde las bases, más allá que no se pueda lograr a un nivel superior”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “el camino de unidad tiene que transitarse estrechando vínculos”, pero asimismo “prestando atención a las reivindicaciones de cada lugar para que, en conjunto, podamos construir un programa político y de acción en las calles”.

Pero no sólo en San Miguel avanza la tarea de construir unidad en la diversidad, desde las bases y entre trabajadores. El 1° de diciembre en la sede de CTA de los Trabajadores de San Nicolás, se reunieron organizaciones sindicales, sociales, de jubilados, jóvenes, mujeres y de derechos humanos para acordar transitar este camino “de la más amplia unidad que desde diferentes sectores se viene construyendo para enfrentar el ajuste y la pérdida de derechos que el gobierno viene a instaurar”.

Por su parte, el Frente Barrial CTA bonaerense comenzó a desarrollar un plan de lucha, con la presentación de un petitorio en el que se reclama la constitución de la Paritaria Social.

Lo hizo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en el petitorio se exige que el gobierno brinde respuesta favorables a los reclamos que el Frente viene formulando como consecuencia de la creciente pobreza, la caída del consumo y de la actividad económica, así como de la y la baja de programas sociales.

Al respecto, el Frente insistió en demandar un ingreso de 7.500 pesos para quienes participan del Programa Argentina Trabaja, que se relance el plan de obras infraestructura barrial, se fortalezca la economía social, se lance un programa de construcción de vivienda popular y se implemente la tarifa social en todos los servicios.

Para sumar

Mientras tanto, en Almirante Brown, diferentes sindicatos se movilizaron unidos contra el Paquetazo. “La intención del macrismo es modificar leyes laborales, aumentar la edad jubilatoria y el cálculo actual de aumentos e imponer una tarjeta de salud que atenta contra la atención libre en los hospitales públicos”, señaló la Cicop, uno de los gremios que articulan en este espacio junto a los docentes Suteba y UDA, el Sindicato de Empleados Municipales y la CTA.

Y, en la zona norte del conurbano bonaerense, organizaciones sindicales se unieron para convocar a la jornada de movilización de la semana pasada en un espacio que pretende seguir articulando para resistir la arremetida del Gobierno nacional contra los trabajadores.

Mientras que en Ituzaingó, las seccionales locales de sindicatos como ATE, FEB, Suteba, Upcn y las dos CTA también se convocaron para avanzar en la construcción de un ámbito de trabajadores estatales “para coordinar debates y acciones conjuntas contra las políticas de los gobiernos provincial y nacional que afectan los derechos de los trabajadores”.

Al tiempo que en General Pueyrredón, diferentes organizaciones se declararon en estado de alerta y movilización “para rechazar las políticas que el gobierno nacional de Mauricio Macri se encuentra implementando, así como su réplica a nivel provincial y municipal” que, aclararon, “no dan solución a los problemas existentes, sino que lo único que han logrado, luego de casi dos años de gestión, es profundizar la desigualdad y la pobreza”.

Paquetazo y consumo01.12.2017

Reformas a medida de los Súper

En una cuenta de suma cero, el congelamiento de las jubilaciones redunda en un incremento en las ganancias de los grandes supermercados vía baja a las contribuciones patronales. Cuando el consumo no ayuda, la intervención estatal parece deseable para los grupos concentrados

“Todos tienen que ceder un poco” había vociferado Mauricio Macri al defender la política económica de su gobierno en conferencia de prensa antes de las elecciones de octubre. Sin embargo, a la luz de los hechos, con la media sanción al proyecto de reforma tributaria y previsional queda en claro que siempre ceden los mismos.

Esto es lo que ocurre con las grandes compañías de supermercados, uno de los actores económicos responsables del incremento sostenido de la inflación –por su práctica abusiva en la remarcación de precios- y uno de los segmentos donde el gabinete cosecha los mejores amigos.

Con la baja a las contribuciones patronales a los grandes empleadores, las principales cadenas del país se apropiaran de un botín de más de 15.600 millones de pesos anuales, lo que equivale a casi 180 mil jubilaciones mínimas durante un año.

En la economía, si bajo un proyecto económico social siempre pierden los mismos sectores es muy probable que en su revés siempre salgan favorecidos los mismos jugadores.

Lejos de ser una excepción, esta lógica de transferencia de recursos desde el trabajo al capital se presenta como la regla general del proyecto económico del bloque de poder dominante. Está es una constante que se comenzó a evidenciar en la primera semana de gobierno en 2015 con la devaluación, que se reforzó con los tarifazos y se consolidó con la pérdida del poder adquisitivo del salario y la quita a la retenciones al agro.

Al igual que con la baja de la retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las retenciones a cereales, son los sectores concentrados de la economía los que salen ganando. La afirmación no es caprichosa: al Estado le cuesta 5.500 millones de dólares, cantidad que cubriría casi en su totalidad el déficit actual de la balanza comercial.

¿Cómo se financia esta pérdida? Con endeudamiento externo, tanto del sector público como privado. La lógica es perversa porque gran parte de ese endeudamiento destinado a equilibrar el déficit gemelo –ya que también hay déficit fiscal- es invertido especulativamente en la bicicleta financiera, con la emisión de Lebacs que resta liquides a la economía, contrae la inversión privada y, por ende, obtura la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Este esquema de ajuste que se conjuga con bicicleta financiera golpea a los más débiles, como es costumbre: los jubilados. El senado, presionado por los gobernadores y el gobierno, ya dio media sanción al proyecto que congela los haberes jubilatorios y favorece, entre otros, a los grandes supermercados.

Además, como si no fuera poco, la disminución de fondos en el Anses pone en peligro no solo la sustentabilidad de las asignaciones familiares y planes sociales sino también el futuro mismo de las pensiones.

Consumo y demanda

El 2016 fue el peor año de consumo masivo privado para la economía argentina en años, motivado fundamentalmente por la fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario que se ubicó entre el 8 y el 10 por ciento según el sector. El promedio de las diversas consultoras que midieron el ritmo de compra en el 2016 data de una caída del 4 por ciento en el consumo masivo. Sobre esa baja, el 2017 experimenta una nueva caída del 1 por ciento.

Esta disminución de un punto es lo que llevó a diversos miembros del oficialismo a exclamar y festejar –con el cinismo que los caracteriza- que la caída del consumo se había detenido. En realidad lo que sucedió este año, en gran parte gracias al crédito privado –tarjetas de créditos y préstamos personales- y el endeudamiento externo, es una disminución paulatina en el ritmo de la caída, pero caída en fin.

Incluso, en algunos sectores donde se observaron incrementos en la demanda –como en los mayoristas, lo que da cuenta de cómo el trabajador ha decidido cuidar su bolsillo- la comparación siempre es con 2016 y nunca con el 20515 cuando la economía aún no había comenzado a sufrir las consecuencias de las políticas gubernamentales.

Uno de los grandes perjudicados por esta merma en el consumo fue, sin dudas, los grandes supermercados, quienes si bien han sostenido un ritmo de facturación que les ha permitido mantener sus márgenes de ganancia, sufrieron un freno en el ritmo sostenido de crecimiento en sus dividendos.

Como respuesta a esta problemática y en vistas en que las grandes cadenas como Coto, Cencosud, Carrefour y Walmart son grandes aliados del gobierno, el gabinete económico decidió premiar a los supermercadistas con una baja en las contribuciones patronales equivalente a 180 mil jubilaciones mínimas durante un año.

Dicho de otra manera, el gobierno decidió transferir de una sola vez casi 16 mil millones de pesos anuales desde la Anses a los supermercadistas.

Sacarles a los adultos mayores para darle a los Coto y Jumbo es una nueva muestra más –como si hiciera falta- del perfil de este gobierno. Es una medida que se haya en sintonía con la lógica de aumentos en los servicios públicos y esenciales y de baja en la presión tributaria sobre los sectores más concentrados de la economía, lo que construye una estructura impositiva fuertemente regresiva. Por eso, en realidad, cuando el presidente dice “todos” en realidad dice “ustedes”.

La anónima, inflación y el gobierno01.12.2017

La familia es la familia

Los supermercados aceleran el ritmo inflacionario del país con la remarcación de precios a pesar de verse beneficiados por la reforma tributaria y previsional que también favorece a la familia del Jefe de Gabinete y el Secretario de Comercio

Octubre marcó el fin del relato del gobierno en torno a la inflación y el fracaso de la política monetaria del Banco Central para combatirla: con un IPC del 1,5 por ciento según el Indec y un acumulado del 19,4 el techo de 17 puntos fue perforado.

A este ritmo, y faltando dos meses para el fin de año, la proyección anual ubica a la inflación en torno del 23 por ciento ¿Quiénes impulsan este incremento sostenido? Los supermercados. La afirmación no es caprichosa: durante el mes de noviembre las grandes cadenas aumentaron sus precios en un 1,9 por ciento a pesar de contar con el favor de la reforma impositiva que los coloca en una situación de ventaja respecto a los consumidores y trabajadores.

El índice se desprende de un relevamiento sobre 25 productos de la canasta básica publicado en el diario Ámbito Financiero.

Las subas más fuertes se dieron en productos sensibles para el consumo popular como fideos, azúcar, atún, salsa de tomate o mayonesa.

La radicalidad de las grandes tiendas que a pesar de los favores que reciben continúan aumentando los precios es coherente con las posiciones que vienen esgrimiendo. En una conferencia de la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU) realizada hace dos semanas en La Rural, los popes de las seis cadenas más grandes del país –Coto, Walmart, Carrefour, La Anónima, Casino y Cencosud- se quejaron de la “gradualidad” del gobierno en el ajuste y bregaron por una política de shock.

Favores

Expresiones tales como “bajar costos” y la “presión tributaria” se hicieron recurrentes en cada una de las intervenciones que, a la luz del proyecto que votó el Senado, fueron bien recibidas en el gobierno que siguió con atención la conferencia.

No podía ser de otra manera. Entre los expositores se encontraba Federico Braun de La Anónima, la tienda de supermercados patagónicos propiedad de la familia del Jefe de Gabinete Marcos Peña Braun y del, nada más ni nada menos, Secretario de Comercio Miguel Braun, tío del dueño de La Anónima.

Pero esta no es la primera vez que la cadena perteneciente al clan Braun-Menéndez –que crecieron gracias al genocidio de Roca en la Patagonia- se ve beneficiada por decisiones gubernamentales de un Estado que administran. En septiembre la cadena vinculada al Jefe de Gabinete fue favorecida con la adjudicación de más de 2313 toneladas de la cuota Hilton, la cuota de exportación de carne bovina sin hueso de alta calidad que otorga la Unión Europea a los países exportadores de carne. Argentina es el país que posee la cuota más grande con casi 30 mil toneladas anuales que son repartidas por el gobierno entre los frigoríficos del país.

Se confirmaron los aumentos01.12.2017

Otro golpe al bolsillo

Mediante una publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía y Minería confirmó un incremento del 45 por ciento en las tarifas del gas y de hasta el 47 en el de la luz.

Tal como adelantamos en este diario y luego confirmará el gobierno, hoy comenzaron a regir las nuevas tarifas de luz y gas en todo el país.

El aumento en el interior del país -sin contar Edesur y Edenor- será del 38 por ciento a partir del 1 de diciembre de 2017. En el conurbano, el aumento que será implementado en dos tramos, terminará siendo del 70 por ciento: 43 por ciento en diciembre y 24 en febrero. Para hogares residenciales, en algunos casos, los incrementos podrían superar el 90. En las provincias por ejemplo el aumento será del 25 y 15 en Tucumán, 25 y 16 en La Plata y del 16 y 13 en Córdoba

En términos concretos el aumento de la tarifa se explica por la modificación en el precio mayorista de la energía calculado con un dólar mayor a los 19 pesos. En la actualidad, los usuarios de la zona metropolitana pagan 640 pesos cada 1.000 kilovatios de consumo: a partir de diciembre pagarán 876 y en febrero deberán desembolsar desde 1.077 hasta 1.440. En el caso de la pequeña y mediana industria el precio pasará de 1.070 a 1.392, un aumento del 30 por ciento.

De esta manera, según calcularon las organizaciones de defensa del consumidor, una familia de clase media pagará alrededor de 1700 pesos mensuales de luz.

La decisión del ejecutivo se inscribe en el marco de un rediseño del esquema tarifario en el país en vista a favorecer a las principales empresas de servicios públicos. Se trata de un sector donde el gobierno tiene grandes amigos, entre los que se encuentran los Bulgheroni, Mindlin y Lewis solo por nombrar algunos de los más significativos.

Pese a este incremento y al pautado para el mes de febrero, que como se sabe impactará en toda la estructura de precios del país, el macrismo insiste con su idea de sostener el año próximo paritarias que no superen el 17 por ciento.

En este contexto, se puso en marcha la mesa técnica salarial en la provincia de Buenos Aires entre los gremios docentes y los funcionarios de Vidal. Allí el escenario parece más radical ya que, como se les adelantó a los dirigentes en conversaciones informales, la gobernadora ansía llegar a un acuerdo (sic) de entre el 10 y 12 por ciento.

Este simple ejemplo deja en claro que no hay equívocos en la política económica del gobierno. Son dos aspectos de una misma dimensión: transferencia de recursos desde el trabajo hacía el capital o, en términos prácticos y sencillos, desde los docentes a las empresas energéticas o desde los jubilados a los grandes tiendas de supermercados.

Tratado Mercosur Unión Europea22.11.2017

Ni libre ni comercio

Con el encuentro de la OMC a la vuelta de la esquina, el gobierno se obsesiona con la firma del acuerdo UE-Mercosur que perciben como un hito en el camino de Argentina hacia la liberalización absoluta de su comercio exterior.

Aunque reconoció que nadie obliga al gobierno a firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el secretario de Relaciones Económicas Internacionales del ‎Ministerio de Relaciones Exteriores, Horacio Reyser, no pudo ocultar su entusiasmo cuando expresó que “sería muy lindo” que en la cumbre de la OMC de diciembre “podamos decir junto a la Unión Europea que somos los paladines del libre comercio”.

El deseo formulado por Reyser ante una entusiasta audiencia convocada la semana pasada por la UIA, señala con claridad dos de los objetivos que encabezan la agenda de La Rosada de cara a la finalización del año: la rúbrica del acuerdo Mercosur-UE y la cumbre de la OMC que se celebrará en Buenos Aires cuyo éxito, entienden en el gobierno, sólo será total si de ahí saliera un documento que expresara –entre otras cosas- de qué va esto de la “reinserción Argentina en el mundo”.

La apertura indiscriminada de importaciones ya adelanta, de alguna manera, cuál es el escenario previsible si prospera el acuerdo con la UE que entusiasma a parte del mundo empresario.

De lo que se trata es de suprimir aranceles y tarifas para el intercambio de bienes, algo que enciende luces rojas en el sector pyme y, por lo menos, amarillas dentro del industrial.

Pero esto no es todo, paradójicamente sectores clave de la agroindustria de nuestra región como biodiesel, etanol y carnes bovinas no están considerados en el acuerdo.

En este contexto, lo que para el ejecutivo es “avanzar en una inserción inteligente”, sólo da cuenta de la posibilidad de extender los plazos de aplicación de la apertura que planteará posiciones arancelarias que, por supuesto, beneficiarán a aquellos sectores más concentrados y con mayor capacidad de diversificación.

Si el entusiasmo del gobierno se asienta en fundamentos imaginarios o reales es algo que estará por verse, pero lo que está claro es que el escenario que podría quedar post acuerdo, acorrala la posibilidad de desarrollo e innovación industrial argentina.

Tampoco queda claro qué va a pasar con las reglas de origen, herramienta que la UE emplea con bastante rigurosidad hacia adentro ¿Pero pondrá el mismo celo cuando se trate de evitar que artículos manufacturados, asiáticos pero con etiqueta europea, crucen el Atlántico?

Una semana atrás, Jyrki Katainen, anticipaba que “estamos muy cerca de lograrlo” ya que “ambos bloques promovemos la apertura económica”. De esta forma, el vicepresidente de la Comisión Europea, se refería a un acuerdo que, al parecer, en Bruselas dan por hecho.

Katainen dijo esto tras recibir al canciller argentino, Jorge Faurie, a quien le agradeció la decisión del Gobierno Macri de propiciar el acuerdo que desde la perspectiva del funcionario finlandés, “fortalecerá la confianza de los inversores de Europa en Argentina”.

Un mito al servicio de pocos

Con Macri en La Rosada, Temer en Palácio do Planalto y Venezuela afuera del Mercosur, el bloque regional dejó de soñar en la ecuación energética que posibilitara avanzar hacia un horizonte industrialista, para proponerse como un reservorio de economías reprimarizadas, aptas por competir ofreciendo ventajas comparativas en un esquema de deslocalización y finaciarización.

Y aquí vuelve a ser interesante advertir cómo también esta medida está concatenada con cada segmento del Paquetazo que intenta imponer el gobierno. Es que a un diseño de este tipo le sobran trabajadores y mucho más si están organizados en unidades productivas y sindicalizados.

Una economía reprimarizada y puesta al servicio de la deslocalización y financiarización no necesita proletarios, por eso en connivencia con la burocracia sindical intenta imponer un nuevo modelo: el precariado.

Este mensaje fue rápidamente decodificado por la UE, que coincide con el Gobierno Cambiemos en que es el momento de pisar el acelerador.

Así las cosas, el mito construido en torno a la necesidad de conseguir la “confianza de los inversores”, parece imponer como verdad canónica que es preciso avanzar en más desregulación, apertura y liberalización, aunque esto empuje más hacia el abismo al déficit comercial.

El argumento de las ventajas que traería aparejado el acuerdo UE-Mercosur, descansa sobre algunos mitos apuntalados por un formidable aparato massmediático y académico, financiado por conglomerados de corporaciones.

¿Existe evidencia empírica que permita aseverar que liberalizar el comercio internacional trae ventajas para más personas que otro tipo de régimen comercial?

Aquí, al igual que cuando se habla de la liberalización financiera, es preciso tener en cuenta que los mercados donde intercambian privados y Estados nunca son de competencia perfecta y que, en el caso de los países, el comercio se lleva a cabo a partir de los costes relativos de las mercancías en las que se especializan.

Los mercados no son de competencia perfecta y la competitividad de las economías presenta profundas asimetrías, lo que impacta en desequilibrios comerciales que sólo se pueden saldar mediante regulaciones tendientes a proteger a los sectores más débiles de la propia producción, lo que no es otra cosa que cuidar el trabajo y el salario.

Entonces, sin la posibilidad de que exista competencia perfecta, estos tratados que, como el UE-Mercosur pretenden presentarse como de libre comercio, no son otra cosa que arreglos hechos merced a la complicidad de gobernantes, cuya única finalidad es lograr condiciones excepcionales para que grandes corporaciones puedan reafirmar su posición dominante, controlar mejor los mercados y ejercer su rapiña sin ningún tipo de competencia. De libre comercio no tienen nada.

Como se ve, cuando se cae la máscara de la libertad, lo único que queda es la peor, la corporativa concentrada y oligopólica que está en el ADN del capitalismo en cualquiera de sus versiones.

Reunión de la OMC en Buenos Aires22.11.2017

Una fiesta para pocos

Ministros y empresarios de 164 países convocados en Buenos Aires. Una vidriera para que La Rosada exhiba, hacia afuera y adentro, que el “cambio cultural” que se empeña en liderar el Gobierno Cambiemos, ya está en marcha y vino para quedarse.

De alguna manera, para La Rosada la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que va a tener lugar en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre y la de jefes de Estado del G-20 que se llevará a cabo en Bariloche en noviembre de 2018, tienen un valor simbólico clave.

Las dos, así lo pretenden, deben servir para exhibir hacia afuera -pero fundamentalmente hacia adentro- que el “cambio cultural” que se empeña en liderar el Gobierno Cambiemos, ya está en marcha y vino para quedarse.

Por eso y para garantizar que esa lectura simbólica sea adecuadamente decodificada, está poniendo toda la carne al asador para recibir a titulares de las carteras económicas de finanzas y producción, además de empresarios, de los 164 países miembros de la OMC.

Pero hay algo más de simbología en todo esto. Desde que asumió el Gobierno Macri, comenzó un proceso de cambio bastante significativo en lo inherente a la política exterior argentina.

La obsesión de La Rosada por expulsar a Venezuela del Mercosur sólo es comprensible cuando se analiza qué es lo que la República Bolivariana venía a aportar al bloque continental.

La ecuación energética que justificó la entrada de Caracas al Mercosur ya es cosa del pasado o, al menos, así parecen decididos a sentenciarlo los gobiernos de Mauricio Macri y Michele Temer que coinciden en que el bloque avance hacia un diseño prácticamente acotado por la reprimarización.

De ahí que conceptos como “favorecer condiciones para la llegada de capital extranjero”, “seguridad jurídica”, “desregulación a la medida de las corporaciones”, “libertad de mercados y capitales” y el fomento de “un ambiente propicio para que las empresas tengan ganancias”, que suenan como la mejor música en La Rosada y Planalto, se extiendan como una mancha de aceite por cada rincón del Mercosur.

“Argentina es un modelo a seguir en la región”, pontificaba en agosto el presidente del Banco Mundial, el coreano-estadounidense Jim Yong Kim, quien aprovechó también para celebrar el “gradualismo” del Gobierno Cambiemos que, señaló, se verifica en la quita de subsidios a los combustibles que -desde su particular perspectiva- “benefician más a los ricos que a los pobres”.

Y tras recalcar que para “el inversor promedio”, Argentina todavía es “un lugar de riesgo porque no están seguros de que vaya a haber continuidad de las políticas que se están tomando ahora”, celebró “el liderazgo de Mauricio Macri” e instó a los argentinos a “seguir estas reformas para que los inversores vengan en 2018 y vean las posibilidades fantásticas que tiene la Argentina y entiendan que es un gran país para invertir”.

Y en esta sintonía es que el gobierno espera que el encuentro de la OMC se convierta en una vidriera que sirva para que “el mundo” pueda advertir que Argentina es un país dispuesto a suministrar a “los capitales”, la “seguridad jurídica” que reclaman y la “productividad” que otorgue garantías de maximización de la ganancia corporativa, algo que tiene un firme pedestal en el Paquetazo que, en esos días, quizás se siga debatiendo en el Congreso.

¿Dubai out?

¿Pero de qué va esto de la OMC? Para comenzar es prudente señalar que este organismo no se encarga sólo de atender asuntos inherentes al intercambio comercial y la política arancelaria, por lo menos en el sentido conceptual más estricto.

Desde su creación, sus agendas abarcan tópicos como servicios y propiedad intelectual, pero asimismo políticas públicas -sobre todo- en aquello que atañe a infraestructura. Y, por supuesto, negocios vinculados a la licitación de obras y adquisiciones públicas, por parte de los Estados miembros.

La OMC propugna la desregulación del comercio y la eliminación de trabas, algo que contacta con el diseño actual de la política exterior argentina. Pero ni esto le garantiza al Gobierno que el encuentro que lo tendrá como anfitrión, adopte decisiones de fondo que le permitan quedar en el recuerdo.

Así se desprende de las reuniones previas que viene celebrando el Consejo General de la OMC con sede en Ginebra, donde siguen pronunciándose los desacuerdos que, desde 2003, se definen como “crisis de multilateralismo”, es decir la contradicción sur-norte que llevó a que en el encuentro celebrado en 2015 en Nairobi, los países más industrializados coincidieran en concluir que la Ronda de Doha está prácticamente cerrada.

Y es que la Ronda de Doha –por el encuentro llevado a cabo en 2001 en la capital de Dubai- ponía en el centro del debate la necesidad de avanzar en formas de cooperación para el desarrollo de las economías del sur.

Esta postura –la de Doha- dejó de estar en la agenda de Argentina que, desde 2016, se sumó a aquellas que prefieren priorizar temas vinculados a competencia, inversión y la participación del capital privado en la infraestructura estatal; pero también aquellas que favorecen al agronegocio.

Así las cosas, lo que queda claro es que -con o sin declaración rimbombante- lo que va a prevalecer en el encuentro de Buenos Aires, serán posturas conservadoras afines al desarrollo sin trabas del libre mercado y lejanas a los intereses de los pueblos.

Y lo que va a estar ausente, oculto detrás de un discurso cada vez más uniforme, va a ser el debate que tendría que propiciar el Estado, acerca de cuál es el diseño de modelo productivo y de consumo sobre el que es preciso avanzar y, a partir de ahí, cómo debería insertarse Argentina en el mundo.