Economía

Ley de Financiamiento Productivo21.11.2017

A medida de la burbuja inmobiliaria

La iniciativa será debatida en el Congreso y habilita mecanismos como los que en EE.UU. y España, fomentaron las condiciones para las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.

Disimulado por el Paquetazo, el proyecto de Ley de Financiamiento Productivo tuvo dictamen del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados donde se debatía y, así, el texto confeccionado por el Ministerio de Finanzas que busca reformar la actual ley de Mercado de Capitales, parece avanzar –definitivamente- a un tratamiento que lo convertiría en Ley.

Si prospera la iniciativa cuyo mascarón de proa es el presunto beneficio que traería al sector pyme, se va a habilitar la utilización de letras hipotecarias, que permitirá a los grandes inversores privados la adquisición –como instrumento financiero- de los créditos para la vivienda que se entregan por medio de los bancos.

Aquí vale advertir que el mecanismo no es novedoso en lo absoluto. Otros similares fueron experimentados en EEUU y España, donde fomentaron las condiciones que provocaron las crisis financieras de hipotecas subprime en 2008 y 2009.

Asimismo, el texto que se va a debatir elimina el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales, que es el que permite que la Comisión Nacional de Valores pueda supervisar y ejercer control sobre el mercado de valores, es decir, sobre las firmas cotizantes: con la nueva norma ya no va a poder remover a integrantes del directorio de una sociedad ni designar veedores.

Y, en idéntica dirección, crea condiciones legales para el fomento del funcionamiento de fondos cerrados de inversión, lo que incluye eliminación de impuestos.

El texto apunta a una mayor liberalización del mercado de capitales, que es uno de los puntos requeridos por las “sugerencias” del FMI y la Ocde. Pero además está inscripto en el propio ADN del Gobierno Cambiemos que, así, avanza en la creación de un cuerpo de leyes que facilite la tarea depredadora a los capitales golondrina (y buitre) que en un contexto global atravesado –aún- por la liquidez, encuentran en Argentina un escenario propicio para la timba financiera.

¿Pero qué se puede esperar que deje esto de la liberalización a ultranza del mercado de capitales?

Fumadero de opio

Cuanto más libre está el capital, más crece la desigualdad, lo que provoca pobreza para la mayoría de las personas. Esta sentencia no es de NP diario de noticias, sino de Davide Furceri y Prakash Loungani, ambos economistas del FMI que hace poco más de un año publicaron un trabajo titulado The Distributional Effects of Capital Account Liberalization, en el que desarrollan –y demuestran- su tesis que señala que a más libertad de movimiento para el capital, corresponde más concentración de la renta y desigualdad.

Loungani y Furceri arriban a esta conclusión después de analizar los datos de 149 países en el período que va de 1970 a 2010 y la fundamentan en que la liberalización del capital suele anticipar inestabilidad asociada a crisis financieras, que provocan efectos drásticos sobre los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

También advierten que la mayor libertad para los movimientos de capital, se presenta asociada a sistemas financieros escasamente inclusivos que fomentan el incremento de la tasa de pobreza.

Y algo más. Hacen hincapié en que esto limita la capacidad de negociación del universo del trabajo, lo que hace que la participación del salario en la renta nacional se derrumbe.

Estas conclusiones resultan interesantes a la hora de comprender qué tiene qué ver esto de la Ley de Financiamiento Productivo con el resto del Paquetazo que avanza sobre los sistemas jubilatorio, impositivo, sanitario y educativo, al tiempo que amenaza con trastocar regresivamente la relación entre los universos del trabajo y el capital, todo con un terrible telón de fondo delineado por el tarifazo.

Es que lejos del mito que desde su raíz más ortodoxa pretende instalar –ahora y aquí- el capitalismo, un escenario en el que el universo del trabajo pierde derechos de una forma drástica, atenta contra el salario, acota el mercado interno lo que desestima la innovación y la inversión, pero también el rendimiento del capital productivo. Y, al mismo tiempo, fortalece e incentiva la especulación financiera que presenta una rentabilidad mayor y más rápida.

La consecuencia ya está a la vista pero puede ser peor. La ronda que impone la financiarización sólo trae demandas de más libertad para el movimiento de capital que la alimenta.

Así, el capitalismo entra en su etapa de fumadero de opio: con la liberalización, la expansión de los capitales cebados por la maximización de ganancia rápida y fácil es exponencial. Pero esta situación necesariamente tiende a provocar gran inestabilidad financiera en un contexto en el que, por una simple cuestión de rentabilidad, cada vez más, el capital productivo se transforma en financiero, lo que aporta significativamente a que se desmadre el proceso de endeudamiento.

Es que, en un escenario así, el capital productivo se endeuda para mantenerse por encima de la línea de flotación, mientras que el financiero lo hace como modo de apalancarse y multiplicar la inversión especulativa.

La realidad es clara, el proyecto de ley de Financiamiento Productivo no es otra cosa que una herramienta más, tendiente a apuntalar la trasferencia regresiva de riqueza, desde el universo del trabajo hacia el del capital más concentrado.

En su trabajo, los buenos de Furceri y Loungani recomiendan que se tenga prudencia en esto de andar liberalizando, ese es su límite, después de todo a ellos les paga el FMI.

Los autores del proyecto de ley de Financiamiento Productivo –y aquellos que se aprestan a votarlo- se presentan como menos timoratos y parecen dispuestos a ir más allá que los autores de The Distributional Effects of Capital Account Liberalization, aunque a ellos –al menos abiertamente- el FMI no les pague.

Competencia perfecta de los mercados21.11.2017

Otro mito del capitalismo

Con o sin crisis siempre ganan los mismos. Propiedad privada, sí, pero para muy...muy pocos.

En la médula del proyecto de Ley de Financiamiento Productivo se esconde otro de los mitos fundantes del capitalismo, sobre el que también se construye una parte sustancial del andamiaje del discurso Cambiemos: la competencia perfecta de los mercados.

Este concepto cuya comprobación empírica es tan probable como la de Papa Noel, es impuesto como una verdad canónica por las propaladoras massmediáticas de gobierno que pontifican sobre los beneficios que traería aparejada la absoluta liberalización de los capitales.

Desde esa perspectiva, los mercados no esconderían a individuos concretos que actúan desde posiciones dominantes y manejando información privilegiada sobre el presente y el futuro, sino que actuarían como diáfanos actores en un escenario de horizontalidad absoluta.

Entonces, por medio de la competencia perfecta, el capitalismo estaría predestinado, exclusivamente, a maximizar el bienestar individual y social.

Como se ve y queda claro en el relato que asume como válido gran parte de la sociedad argentina en estos momentos, se trata de un mundo perfecto.

Pero el mundo real es más complicado. El flujo y reflujo de crisis que provocan las contradicciones existentes hacia adentro del propio capitalismo, siempre terminan traduciéndose en más rentabilidad empresarial que alguien paga.

Por si alguien tiene alguna duda, sólo debe esperar algunos días para que, tras el Paquetazo y un nuevo capítulo del Tarifazo, el ejecutivo asuma oficialmente que le va a poner un techo del diez por ciento a las paritarias 2018. Y todo en un contexto en el que va a seguir propiciando su política de tasas exorbitantes y superendeudamiento.

Preocupante

Por eso debe preocupar una iniciativa como la Ley de Financiamiento Productivo que viene a apuntalar, más aún, a la especulación financiera y promueve que la vivienda se convierta en un activo destinado a generar beneficio por medio de la especulación. Y lo hace al favorecer que instrumentos de financiación muten en una especie de nutriente para mercados financieros secundarios de dudosa solvencia y estabilidad que, en situaciones similares, fueron detonantes de crisis como las de las hipotecas subprime.

Así las cosas, queda claro que las crisis no suelen responder a fenómenos naturales y que, además, dejan algunos pocos grandes ganadores y muchos perdedores.

Y que, por otra parte, a mayor flexibilización de las condiciones de regulación estatal sobre el mercado de capitales, crece la vulnerabilidad –para toda la actividad económica- en el contexto global financiarizado actual.

Entonces es aquí donde, otra vez, es prudente recordar que, por su propia esencia, el Estado Liberal Burgués está diseñado para proteger a la propiedad privada y a los propietarios, de aquellos que no la tienen.

Por eso, nadie debe sorprenderse por un proyecto que saque a la vivienda del papel social que debe tener, es decir, un lugar para vivir; para transformarla en un activo tendiente a favorecer la ganancia de capital especulativo.

El Estado Liberal Burgués dispone de herramientas para regular en uno u otro sentido, pero ni en su versión keynesiana sui géneris de los últimos años –y mucho menos ahora- está dispuesto a destruir el vínculo perverso existente entre el sueño de la casa propia y la dinámica de un mercado financiero cada vez más volátil.

Por eso, el texto que va a tratar el Congreso debería encender luces de alerta ya que, si se convierte en Ley, va a favorecer condiciones para que, en el mediano plazo, se pudiera estar ante una crisis de tipo hipotecario, asociada a otra financiera que se traduciría en otra vuelta más de rosca –y muy drástica- en la transferencia regresiva de riqueza.

 

¿Capitalismo bueno o malo?21.11.2017

El crimen nunca paga

Una versión productivista, una financiera y una trampa que se construye desde hace siglos. La lección que dejaron Eliot Ness y sus Intocables.

Queda claro que el Gobierno Cambiemos le puso todas sus fichas a la financiarización, lo que implica la aceptación del vínculo que esto supone entre Argentina y el resto del mundo, pero también el tipo de relaciones que hacia adentro impone entre trabajo y capital.

¿Pero qué es lo que plantea esto? Con algunos altibajos, pero de manera constante, durante los últimos cuatro siglos cada rincón del planeta se fue sumando a un sistema-mundo que se afianzó por medio del sistema económico planetario capitalista.

En este contexto el planeta pasó a ser una especie de gran mercado que funciona a partir de la música que toca el capitalismo. Pero, asimismo, en un terreno de disputa protagonizada por grandes conglomerados capitalistas, interesados en torcer la balanza para que el orden internacional siga un camino u otro.

Y, también, a veces, atravesado por situaciones de colisión e imbricación entre los intereses de estos conglomerados y los de grandes formaciones sociopolíticas.

Para simplificarlo. A escala global las clases dominantes presentan dos facciones, la que está más vinculada al capital industrial productivo y aquella mucho más ligada al capital financiero.

La que vienen ganando, la segunda, se expande por medio de una serie de herramientas de dominio mundial que se teje a través de redes financieras.

Esta dinámica, en la que el capitalismo juega su propio rediseño, tiene su escenario central en las formaciones estatales centrales del sistema: EEUU y la UE, pero también alcanza a los dos actores que, de alguna manera disruptiva, se consolidan en el escenario global, esto es, Rusia y la República Popular China.

De todos modos, tienen entre sí niveles de imbricación y vasos comunicantes, también, en el universo de las corporaciones transnacionales.

Protagonistas clave del más puro capitalismo parasitario como la banca Rothschild y S&P, dirimen supremacía con el equipo imperialista de estilo algo más tradicional, donde se puede ubicar a conglomerados como Goldman Sachs, el grupo Rockefeller, JP Morgan y su subsidiaria Halliburton que pica en punta en la prestación de servicios para la industria petrolera, pero también para la guerra y el paramilitarismo.

Entonces, la facción que podría definirse como imperial-nacional que fomenta la hegemonía de una formación estatal intervencionista –EEUU- como única superpotencia imperialista global aliada a otras regionales, tiene un antagonista en aquella de tendencia globalizadora que intenta prevalecer a partir de un núcleo duro -cuyo actor excluyente- es la gran banca financiera transnacional y sus principales agencias que, a partir de un escenario descentralizado buscan que se garantice libertad absoluta al capital especulativo.

Esta última es la que va ganando –es interesante repetirlo- porque también lo hace en nuestro país. Y porque, en este diseño, para los Estados nacionales sólo está reservado el papel policial y disciplinador, que sea capaz de mantener a raya a aquellas voces disonantes. Pero que, asimismo, asuma el rol de garante de que todo esto se imponga bajo el paraguas del funcionamiento del sistema democrático. Claro que se refiere a aquel del Estado Burgués.

Pase de magia

¿Pero entonces quiénes son los buenos? No es esta la primera vez que el capitalismo hace un pase de manos y, como encantador de feria, consigue una nueva vida a cambio de casi nada.

Al promediar la década del 40 del siglo pasado, las economías capitalistas centrales y las principales de la periferia tuvieron su touch de gloria productiva que propició un momento que amplió derechos, operó como espejo para todo el mundo y, sobre todo, permitió que floreciera el mito del capitalismo bueno.

Aquí es prudente recordar que el combo de guerras que se sucedieron entre 1914 y 1945, fue consecuencia de las tensiones producidas hacia adentro del propio sistema capitalista y que la salida keynesiana tuvo que ver –entre otras cosas- con el trauma que estos conflictos provocó en las propias burguesías europeas.

Pero también respondió a que, en 1945, parte de la población de Europa aún estaba movilizada y tenía armas y a que, del otro lado de la tranquera, estaba el enemigo sistémico del capitalismo que se presentaba como alternativa viable.

Así se construyó el mito que pontifica que el capitalismo es el mejor de los sistemas y que la burguesa es la única –y verdadera- forma de democracia.

Lo que nunca dijeron es que, al igual que su gemelo malvado, el keynesianismo funcionaba sólo en territorios acotados y porque en la periferia había quienes estaban pagando el Estado de Bienestar.

Es decir, que el proyecto keynesiano también estaba supeditado a la explotación del hombre por el hombre, aunque en este caso el superexplotado estuviera un poco más lejos de Europa.

¿Pero qué tiene que ver esto con lo que pasa aquí y ahora? Antes, como ahora, cualquier versión del capitalismo va a encontrar este tipo de límites en su dinámica productiva por lo que, sin remedio, tiene que abroquelarse en su dimensión financiera.

De en adelante, Panamá y Paradise Peaper’s, corrupción derivada de la simbiosis entre la corporación y el Estado Liberal Burgués o leyes que le otorguen libertad absoluta al capital, son sólo consecuencias de una dinámica de acumulación caracterizada por el saqueo de la riqueza.

Por eso es que, más allá de la clara elección que ya hizo La Rosada, como en las películas de gangsters, la opción que se propone es algo así como si Frank Nitti o Al Capone. Pero la elección es mentirosa, porque la historia demuestra que, al menos para los pueblos, el crimen nunca paga.

Paquetazo y tarifas20.11.2017

Un diseño desigual

El 1 de diciembre aumentan, nuevamente, la luz y el gas. Más allá de los números, lo que queda a la vista es el diseño de una arquitectura desigual que favorece a los grupos económicos y perjudica a los trabajadores ¿Cómo se relacionan estos aumentos con el paquetazo poselectoral?

En el marco del paquetazo presentado por Macri en el CCK tras las elecciones del 22 de octubre y en continuado con el anunció de un nuevo tarifazo en las boletas de gas, el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren confirmó un ajuste tarifario -en dos tramos- para el sector eléctrico que redundará en aumentos de hasta el 90 por ciento para hogares residenciales a partir del primero de diciembre.

La medida no toma por sorpresa a los usuarios que en los últimos 24 meses han sufrido incrementos en las boletas de luz que oscilan entre el 800 y 1200 por ciento. Tal es así que la propia agencia de noticias de la BBC ha catalogado al gobierno de Mauricio Macri como “un gobierno que es sinónimo de tarifazos en América Latina”. La calificación realizada por una agencia internacional como la BBC no es azarosa ya que describe a la perfección una de los rasgos fundamentales del proyecto económico de la derecha en el país: ajuste y transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital.

Para operar la fenomenal transferencia de recursos en un sentido regresivo, es decir, realizar una redistribución de la riqueza a favor de los sectores patronales y en contra de los trabajadores, una de las variables que el gabinete económico debe transformar es la política tarifaria y de subsidios del país. Esta es una empresa que no puede ser encarada de forma parcial, por eso adquiere sentido en el contexto del paquetazo presentado en el CCK o, como lo llamamos desde las páginas de este diario y sin eufemismos, en el marco de la segunda etapa del proyecto de ajuste, entrega y represión que la derecha quiere imponer en Argentina para enhebrarla en el rosario de contrarreformas conservadoras que el imperialismo norteamericano impulsa en la región.

El nuevo diseño de tarifas en el país exige una reforma laboral que discipline aún más el disminuido poder de fuego de los sindicatos del sector y que abarate los “costos laborales”; exige una reforma tributaria que favorezca a las empresas energéticas, algo que ya había sucedido cuando en 2016 Cammesa decidió condonarle 3456 millones de pesos en deudas a Edenor, Edesur y Edelap; y exige cargar sobre los usuarios el costo de la producción y distribución de la energía eléctrica para que sean los trabajadores los que financien el costo de la energía y las cuantiosas ganancias de las empresas, relegando así el derecho social al acceso de los servicios públicos a la lógica del mercado.

El sometimiento de la estructura económica argentina a lógica del mercado es operado en la actualidad desde el Estado al cual la ceocracia le imprime y consolida un perfil liberal burgués que se contrapone, fuertemente, a los rasgos keynesianos e intervencionistas ensayados por el kirchnerismo en el período 2003-2015. Donde más se puede percibir esta diferencia es, justamente, en el diseño tarifario del país: desde la llegada de Macri a la Rosada el costo por kilovatio en dólares se triplicó y se ha sostenido una política de reducción de los subsidios al consumo que invierten la relación que convirtió a nuestro país en el segundo Estado con la electricidad más barata de la región detrás de Venezuela.

Según el propio Ministerio de Hacienda, los subsidios en energía y transporte representarán para el año próximo un 1,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) cuando en la actualidad es del 2,5. En 2016 estos subsidios representaban el 3,6 por ciento, es decir, que en tan sólo dos años el gobierno redujo los subsidios en energía y transporte en más de la mitad (1,7 por ciento), diferencia que pasó a engrosar directamente las ganancias de empresas como Edenor, Edesur y Edelap y que afectó a los trabajadores. Estos no sólo debieron financiar los dividendos de las compañías, también sufrieron una pérdida brutal del poder adquisitivo, en parte, explicado por los tarifazos, pero también por paritarias a la baja y alta inflación, problemas que se verán profundizados con la reforma tributaria y laboral que ya ensaya el gobierno.

Tal es así que pese a la retórica anti-inflacionario del gabinete nacional y las metas de inflación propuestas por el Banco Central que se vuelven insostenibles -como quedó demostrado en este 2017- debido a la política económica de la ceocracia, el rubro vivienda, agua, luz, gas y otros combustibles se convirtió en un verdadero talón de Aquiles para el gobierno en la materia. Es que en el Gran Buenos Aires entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 los aumentos en el sector superaron el 46 por ciento, 22 puntos por encima de la variación en el nivel general de precios al consumidor que rondó el 24 por ciento. Los guarismos se desprenden de los informes realizados por el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y confirman, una vez más, que la política económica del gobierno es la de un pez que se devora su propia cola. Vale recordar que el rubro vivienda y servicios incluye alquiler, expensas y las boletas de Aysa, Edesur, Edenor, Metrogas o Gas Natural.

Los dueños de la luz

Si los tarifazos componen un aspecto medular en el plan de ajuste, entrega y represión del gobierno ¿cómo podrán los trabajadores enfrentarla en el marco de una reforma laboral que apunta a menguar el poder de los sindicatos y a debilitar la posición del trabajo frente al capital? ¿Cómo podrán las organizaciones de usuarios hacer oír su voz en un Congreso Nacional dominado por el chantaje y la prebenda ensayada por el Poder Ejecutivo ante una “oposición” dócil que termina desempeñando el rol de escribano ante el poder dominante en el país? ¿Cómo detener la voracidad de las compañías energéticas, cuyos dueños son amigos personales del presidente, cuando son los propios grupos económicos los que se sirven de los instrumentos del Estado para diseñar una política social que habilita los abusos contra los usuarios, erradica controles y se plantea destituir a los pocos jueces que se animan a dar lugar a los amparos presentados por los usuarios, como sucede en la actualidad con el juez bonaerense Arias?

Estos son algunos de los interrogantes abiertos frente al nuevo escenario acaecido tras la presentación del paquetazo poselectoral, al menos en lo que a la política tarifaria refiere, aunque puede ser extendido al resto de los problemas que aquejan a la economía argentina y, en su seno, al conjunto del movimiento obrero. La posibilidad de tener a disposición todas las herramientas del Estado, la complicidad de la corporación judicial y el poder de fuego de los medios masivos de comunicación que actúan como verdaderos tanques en el contexto de una feroz guerra psicológica contra la población, otorgan a los grupos económicos ventajas comparativas muy difíciles de contrarrestar para un campo popular fragmentado en sus expresiones políticas y sin un programa de reivindicaciones que lo articule.

Por eso el gobierno nacional se desplaza a sus anchas y favorece, sin ruborizarse, a las dos principales empresas del sector energético cuyos dueños son amigos personales del presidente.

En el caso de Edesur uno de los accionistas principales es Nicky Caputo, compinche de Macri desde los 6 años en el colegio Cardenal Newman. Juntos cultivaron una sólida amistad que les permitió conformar empresas que fundaron la patria contratista en la década del noventa. Así, a fuerza de obras públicas sin licitaciones y sobornos construyeron un imperio económico del que se sospecha Caputo es testaferro del actual presidente.

En la vereda de enfrente, Mauricio también tiene grandes amigos. Es que Edenor es una de las empresas que integra el consorcio Pampa Energía, en el cual tienen acciones Joe Lewis y Marcelo Midlin. El primero posee una residencia de lujo en Lago Escondido, Bariloche, donde además de privar a la comunidad de uno de los paisajes más bellos de nuestro país, le presta las instalaciones al presidente para que pase allí sus fines de semana de descanso. Lewis es uno de los trescientos empresarios más ricos del mundo según la revista Forbes y se hizo de 13 mil hectáreas en la zona en 1997 con otro viejo conocido: Carlos Menem.

Pero, sin dudas, el empresario predilecto de Macri después de Caputo es Marcelo Midlin. Este compró parte de Edenor tras el rediseño tarifario del macrismo y, como si fuera poco, también le compro Iecsa a Ángelo Calcaterra luego de que se conociera el vínculo de este con los sobornos de Odebrecht en la región. Además, el consorcio Pampa Energía montado por el propio Midlin adquirió el año pasado Petrobras Argentina ¿habrá celebrado la liberalización del precio de las naftas tanto como los tarifazos?

Una vez más, lo que queda al descubierto es la fuerte relación simbiótica entre Estado y grupos económicos del que es testigo nuestro país como nunca antes en su historia.

Rechazó unánime a las nuevas tarifas20.11.17

Números que sólo le cierran a las compañías

El gobierno decidió imponer un nuevo tarifazo eléctrico que además de afectar a toda la estructura de precios de la economía logró reunir el rechazo de consumidores con el de la Unión Industrial. En dos años, el gabinete triplicó el precio de la energía en dólares.

Los tarifazos eléctricos que se implementaran entre diciembre y febrero se dan en el marco de un shock tarifario: en los últimos dos años, los usuarios debieron afrontar incrementos totales que parten del 800 por ciento y alcanzan, en no pocos casos, los 1200 puntos. Tal como informó el Ministerio de Energía y Minería los incrementos serán en dos tramos: diciembre 2017 y febrero 2018. El anuncio lo hizo el subsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.

La confirmación llegó luego de realizarse, el pasado 17 de noviembre en el Palacio de las Aguas, una audiencia pública que fue una verdadera puesta en escena por parte del gobierno nacional. Las maniobras que se produjeron en la misma dejaron en evidencia el único motivo de la convocatoria: realizar las audiencias para evitar problemas con la Corte, tal como sucedió en 2016, y validar así aumentos que fueron decididos en una mesa chica entre las empresas y el Estado sin participación de los usuarios.

El aumento en el interior del país -sin contar Edesur y Edenor- será del 38 por ciento a partir del 1 de diciembre de 2017. En el conurbano, el aumento que será implementado en dos tramos, terminará siendo del 70 por ciento: 43 por ciento en diciembre y 24 en febrero. Para hogares residenciales, en algunos casos, los incrementos podría superar el 90. En las provincias por ejemplo el aumento será del 25 y 15 en Tucumán, 25 y 16 en La Plata y del 16 y 13 en Córdoba.

Según el subsecretario Sruoga el aumentó será mayor para los usuarios de Edenor -Lewis y Mindlind- y Edesur -Nicky Caputo- porque se normalizará el valor agregado de distribución (VAD), tal como se hizo en los últimos años en las provincias. Esta decisión de igualar para arriba en el costo de la energía favorece netamente a las empresas del sector, no tiene en cuenta las particularidades de las regiones, de los barrios -residenciales, de emergencia, etc.- ni de los usuarios. Como si esto no fuera poco, el gobierno autorizó a Edenor y Edesur a aplicar un ajuste adicional en concepto de “evolución de los precios mayoristas” desde los últimos aumentos a esta parte.

El aumento del costo de la tarifa para el usuario se funda en dos decisiones del gobierno nacional que benefician directamente a las empresas. La primera es calcular el costo mayorista de la energía -incluyendo el transporte en extra alta tensión- a un tipo de cambio de 19,30 pesos, muy por encima del valor actual de la moneda estadounidense que cotiza a 17,80. La segunda es reducir el subsidio estatal a la tarifa eléctrica hasta llegar a un esquema en donde el usuario cargue con el 82 por ciento del costo de la misma y el Estado mediante subsidios un 18. En la actualidad el Estado cubre casi el 40 por ciento y a partir del 1 de diciembre esa cifra descenderá hasta el 36. El objetivo del gobierno es llegar a fines del 2018 con el esquema 82-18.

El Ministerio de Energía fijó que a partir del 2018 el costo mayorista de energía será de 74,8 dólares por megavatio (1.000 kilovatios), pasando a costar 0,074 dólar el kilovatio de energía, es decir, 7,4 centavos de dólar, tres veces más en dólares que antes de la llegada de Macri a Casa Rosada.

La decisión de la subsecretaría de Energía Eléctrica que depende del Ministerio de Energía y Minería que comanda Juan José Aranguren contradice al propio ejecutivo, ya que en el presupuesto 2018 presentado por Dujovne en la Cámara Baja se estima que el Estado nacional iba a costear el 37 por ciento del costo de la energía. Esa meta no se dará ni siquiera en los primeros meses del año ya que la reducción de subsidios que comenzará a operar desde los primeros días de diciembre reducen ese costo al 36 por ciento.

En términos concretos el aumento de la tarifa se explica por la modificación en el precio mayorista de la energía calculado con un dólar mayor a los 19 pesos. En la actualidad, los usuarios de la zona metropolitana pagan 640 pesos cada 1.000 kilovatios de consumo: a partir de diciembre pagarán 876 y en febrero deberán desembolsar desde 1.077 hasta 1.440.

En el caso de la pequeña y mediana industria el precio pasará de 1.070 a 1.392, un aumento del 30 por ciento que despertó el rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Otro costo que aumentará e impactará de lleno en las boletas es el alza en el cargo del transporte: de los 6 pesos en la actualidad por megavatio se pasará a gatillar 34,80 en la zona metropolitana.

Otro “detalle” de los nuevos aumentos que sacuden el bolsillo de los usuarios es que las nuevas tarifas comienzan a correr dentro del período de mayor consumo residencial del año y también de mayores cortes de energía: el verano.

Pero no todas son malas noticias (sic): el ministro Aranguren prometió a los usuarios que a partir del segundo semestres del 2019 los incrementos tarifarios serán sólo por inflación ¿no era que la iban a erradicar? Además, el ministro dijo que en el período enero-agosto de 2017 hubo un 45 por ciento menos de cortes que en el mismo período del año anterior pero omitió decir que en ese mismo lapso el consumo de energía descendió. Según un informe publicado por IES Consultores, el consumo de electricidad bajó 1,7 por ciento en apenas ocho meses. Pero eso no es todo: la producción de electricidad también disminuyó y la caída fue más brusca: 2,5 por ciento.

Voces en contra

“Esto no es una audiencia pública sino una reunión informativa. Ya está todo decidido. No sigue la jurisprudencia de la Corte Suprema. No hubo información previa, clara y transparente, no hay deliberación y no se toma ninguna decisión administrativa”, analizó Marcos Rebasa, Director del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet). Los cuestionamientos a los aumentos también llego, como no podía ser de otra manera, desde los usuarios: “el daño del tarifazo no es sólo a los usuarios residenciales, es un daño económico multisectorial que afecta a empresas recuperadas, cooperativas, comercios barriales, clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales”, expresó Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Pero sin dudas que la nota en los cuestionamientos la dio la Unión Industrial Argentina (UIA) quien sumo su voz al coro de rechazos a los aumentos en la tarifa eléctrica. Fue el dirigente industrial Alberto Calsiano quien advirtió que “el sendero de precios creciente de la electricidad incrementa el impacto negativo sobre la competitividad” y agregó que los tarifazos “podrían afectar la inversión y la capacidad de generación de empleo industrial”.

 

El precio de la energía20.11.2017

Venezuela: la contracara

Argentina pasó de tener una de las tarifas más baratas del continente a doblar el precio promedio de la luz en la Unión Europea

La contracara al modelo 82-18 del gobierno macrista es Venezuela, uno de los países de la región con las tarifas eléctricas más bajas para los usuarios. Ello se explica porque, en la vereda opuesta al esquema que quiere imponer la ceocracia, en el país bolivariano el Estado subsidia el 80 por ciento del valor de la energía, es decir, la política tarifaria se encuentra construida sobre la base de un esquema 20-80 que se complementa con fuertes políticas de soberanía energética.

En América Latina, Argentina pasó de tener en 2014 las tarifas de luz más bajas de la región después de Venezuela a ser el país con mayores incrementos en el sector, al punto que la misma BBC inglesa sostiene que el gobierno de Macri es sinónimo de “tarifazos” en el continente.

Pero si el ejemplo venezolano parece extremo por tratarse de un país cuyo modelo económico se encuentra en las antípodas del proyecto macrista, mejor comparar con uno de los espejos en el que más le gusta mirarse al gabinete económico: la Unión Europea.

A partir de febrero del 2018 el costo de la energía en Argentina será de 66 euros los 1.000 megavatios cuando, por ejemplo, el promedio en la Unión Europea es de 37. Nuestro país no sólo ahora tiene una de las tarifas más caras de la región: en la mayoría de los casos, las mismas superan en un 100 por ciento el valor de los países europeos. Para el caso, alcanza con mencionar algunos ejemplos paradigmáticos. Si en Argentina los 1.000 megavatios costarán 66 euros, en Noruega cuestan 26, en Suecia 28, en Alemania 30, en Francia 34, en Italia 44 y en España 47, sólo para mencionar algunos.

El Paquetazo traía tarifazos16.11.2017

Ceden siempre los mismos

Aranguren cada vez que encara un micrófono es para anunciar un nuevo aumento de tarifas. Tal como estaba previsto, a partir del 1 de diciembre aumenta el gas para usuarios residenciales y comercios. Aún falta saber cómo se aplicarán los incrementos en luz, agua y transporte

“Todos tenemos que ceder un poco” es una de las frases cabecera que Jaime Durán Barba le pidió a Mauricio Macri que repita hasta el cansancio para justificar el paquetazo tras las elecciones de octubre. Una premisa de ese tenor no oculta las verdaderas intenciones de la batería de medidas presentadas en el CCK por el presidente sino que las justifica. Y si las justifica es por qué, evidentemente, en la ecuación hay mucho que explicar porque en la práctica unos pocos no ceden nada y otros muchos ceden todo.

Tal es así que el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren anticipó un nuevo tarifazo a partir del 1 de diciembre en el marco de las cuantiosas ganancias que vienen teniendo las empresas del sector, en especial Edenor, empresa del Grupo Pampa, cuyos accionistas principales son dos amigos íntimos del presidente: Marcelo Midlind -¡que le compró Iecsa a Calcaterra!- y Joe Lewis.

Los nuevos incrementos no hacen más que ratificar el nuevo esquema tarifario impuesto por el gabinete macrista. El sector energético es un gran ejemplo de este esquema profundamente regresivo y el anuncio de Aranguren no hace más que ratificarlo: para los usuarios residenciales el aumento promedio será de un 45 por ciento y para comercios del 58.

Sin embargo el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, advirtió que los aumentos podrían llegar al 100 por ciento y fustigó contra el gobierno porque “las audiencias son una parodia porque ya lo decidieron -los tarifazos- entre cuatro paredes”.

El punto nodal, en el caso del gas, radica en el precio en boca de pozo. Las variaciones que este podría sufrir impactan directamente en las facturas que lleguen a los usuarios. Se calcula que el precio en boca de pozo -es decir el precio fijado al momento de la extracción- explica un cuarenta por ciento del precio de la factura. Teniendo en cuenta el proceso de producción y distribución, se trata de un porcentaje altísimo. Por ello, cabe preguntarse ¿a quién beneficia el aumento del gas en boca de pozo? A empresas como Shell que no sólo participan en la extracción sino que es uno de los principales importadores -vía Chile- en el país.

No hay que perder de vista que el objetivo principal del gobierno en este sector es desregularizar el precio en boca de pozo, algo similar a lo que ya permitió con las naftas. En otras palabras, que sea el sector privado el que conduzca los destinos en un área altamente sensible para la soberanía energética del país y para su desarrollo económico.

Transferencia

Como venimos sosteniendo desde las páginas de este diario, el nuevo esquema tarifario diseñado por el gobierno se inserta en una arquitectura económico-social que se asienta en el saqueo de los recursos y el patrimonio de los trabajadores. Una maquinaria perfectamente pensada para operar la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital y, en el caso energético, desde los usuarios -y el Estado- a las empresas del sector.

En ese sentido, los números son elocuentes. Desde que se aplicaron las nuevas tarifas, las compañías energéticas recaudaron 7.400 millones de dólares en apenas dos años, todos ellos provenientes del bolsillo de los usuarios y los subsidios del Estado. Estas cuentas surgen de las estadísticas difundidas por el propio Ministerio de Energía y Minería.

Parte de las cuantiosas ganancias se explica porque Argentina tiene uno de los precios de gas en boca de pozo más alto del mundo. Ante ello, el Estado tiene dos opciones: subsidiar el precio y obligar a las empresas que lo sostengan o cargar sobre las espaldas de los usuarios el incremento. No se trata de una decisión técnica o administrativa sino de una verdadera decisión de política económica y soberanía. Una vez más, el gobierno nacional eligió en un mismo sentido.

La creación de un nuevo país13.11.2017

Del Fondo al Fondo

Lógica Cambiemos: sacarle a los jubilados y a los trabajadores activos para apuntalar el proyecto refundacional que tiene una pieza clave en María Eugenia Vidal.

Apuntalar el Proyecto Vidal es apuntalar el Proyecto Cambiemos y esto no es otra cosa que hacerlo con el proyecto más sólido que los sectores concentrados de poder que actúan en Argentina presentan desde hace un siglo, para perpetrar una transferencia de riqueza que configure un escenario que, por sus características, pretende ser refundacional.

Por eso es que después del espaldarazo del 22 de octubre, se acelera el proceso por el que el tándem de poder real que gobierna desde diciembre de 2015, pretende darle sustento de ley a esta transferencia que sueñan sea definitiva.

Es que el “cambio cultural” con que tantas veces machacó Mauricio Macri, necesita de la “reforma permanente” que anunció dos semanas atrás. Y en eso está La Rosada que –a caballo de la incertidumbre que el resultado electoral dejó en la oposición parlamentaria- espera sancionar en tiempo record un paquetazo de normas legislativas que garanticen la irreversibilidad del proceso.

Este paquetazo pretende avanzar en reformas regresivas en lo laboral, el sistema de jubilaciones y lo impositivo, así como en los sistemas sanitario y educativo, todo con un telón de fondo en el que el tarifazo ya se volvió crónico.

Por eso no puede sorprender que se animen a meterse con un tema que, hasta anteayer era tabú. El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano se creó en 1991 y fue la exigencia que Eduardo Duhalde puso para aceptar convertirse en el candidato a gobernador bonaerense. Así se aseguró que el producto de ese fondo adicional, creado especialmente, que surgía del diez por ciento de lo recaudado por el impuesto a las ganancias, fuera a parar a las arcas del gobierno provincial. Esa suma sería hoy de alrededor de 65 mil millones de pesos.

Pero como nada es eterno, la mutua desconfianza erosionó la relación entre Duhalde y el entonces presidente Carlos Menem, quien se acollaró con un bloque compuesto por otros gobernadores que nunca habían visto con buenos ojos el esponsoreo oficial que –con recursos del Estado- se estaba haciendo al mandatario bonaerense.

Así las cosas, como producto de este nuevo escenario de alianzas, el Fondo del Conurbano fue congelado en una cifra que no podía ser superior a los 650 millones, mientras que la diferencia entre esa cifra y lo que se recaudara, sería coparticipado entre todas las provincias.

Pero esto no es todo. Cuando con el nuevo siglo la convertibilidad se hace añicos, esos 650 se devalúan y pasan a ser pesos sometidos a una creciente inflación, al tiempo que crece el Impuesto a las Ganancias: ahora el diez por ciento de lo recaudado por Ganancias significa alrededor de 52 mil millones de pesos, de los que la provincia de Buenos Aires sólo percibe 650.

Este es un tema central de la ronda de negociaciones que comenzó la semana pasada cuando Macri recibió a los gobernadores. Ahí, en principio, hubo consenso para la eliminación del Fondo del Conurbano, una idea que -si prospera- permitirá que el diez por ciento de Ganancias que se asigna al Fondo sea incorporado a la coparticipación.

De este modo La Rosada va a disponer de algo más de dinero -para seducir al resto de gobernadores- que le va a entrar por coparticipación y para la mayoría de las provincias no va a cambiar mucho el panorama. Pero habrá una gran ganadora, María Eugenia Vidal que –sin el Fondo- pasaría a recibir veinte mil millones de pesos por año.

Pese a todo, esta historia recién comienza y aún nada parece totalmente cerrado. Ayer, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, recordó que los veinte mil millones de pesos para este año “es lo que le corresponde a la provincia de coparticipación simple por este rebalanceo que hay en las deducciones de Ganancias”.

Pero se mostró permeable a “seguir conversando en el marco de este acuerdo fiscal de 24 provincias y la Nación, para recuperar el viejo Fondo del Conurbano, que era el diez por ciento del Impuesto a las Ganancias, que equivale para el año que viene a 65 mil millones de pesos”.

Vale recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una presentación que hizo la Provincia para intentar recuperar el cobro de esa suma, algo a lo que podría renunciar “una vez que el acuerdo con los gobernadores se haya convertido en ley”, según reconoció Lacunza.

¿Pero por qué una ley, acaso a Vidal no le alcanza con la palabra de su jefe político? La respuesta es sencilla: sólo cuando la ley esté sancionada y reglamentada, la gobernadora va a poder usar esos fondos como garantía para poder seguir endeudando a la Provincia.

Todo por una sonrisa

Entonces, la Provincia firma si por ley le garantizan que en 2018 va a saltar de 650 millones a veinte mil millones de pesos, suma que iría creciendo durante los años siguientes ¿Pero de dónde piensan sacar la plata para dejar tranquila a Vidal?

Hay que tener en cuenta que lo que propone el ejecutivo nacional a las provincias es que se coparticipe todo lo que se recaude por el Impuesto a las Ganancias. Así aumentaría lo que recibe la provincia de Buenos Aires y dejaría de tener sentido el pedido de actualización del Fondo del Conurbano.

Aquí es donde Macri pone a prueba todo el capital político que cosechó el 22 de octubre y lo hace para construir un castillo de naipes, sabiendo que si se cae uno todo puede venirse abajo.

Así pretende avanzar en una reforma impositiva que es el punto del paquetazo donde más resistencias se arriesga a encontrar, tal como quedó demostrado -a poco de rodar- con la marcha atrás que tuvo que dar en el caso de los vinos, las cervezas y las gaseosas.

De todas maneras, hoy envió al Congreso el proyecto de reforma impositiva con dos frentes de potencial conflicto (o negociación) abiertos: los gravámenes a las gaseosas y a la electrónica. En el primero de los casos se afecta a provincias del NOA productoras de azúcar y a otras que como Entre Ríos producen cítricos, pero también a Coca-Cola que ya puso el grito en el cielo y amenaza con revisar su plan de inversiones en el país.

Y si se elimina el impuesto interno a la importación de monitores, telefonía móvil y artículos de computación, se le estaría asestando un golpe letal a la economía fueguina que está contra las cuerdas desde diciembre de 2015.

Habrá que ver qué es lo que, finalmente, queda cuando La Rosada levante el espinel.

Por el lado de los impuestos nuevos, como el que propone a la renta financiera para quienes compren activos nacionales, la cosa es bastante ligth. Un cinco por ciento sobre las operaciones de renta fija en pesos y el quince en el caso de las ganancias de las inversiones realizadas en dólares que no alcanza a las acciones, aparece como demasiado escaso y de ninguna manera apunta al tuétano de la cuestión.

Y, por otra parte, en el caso del impuesto al cheque que se divide en un setenta a treinta por ciento entre Nación y provincias, que vence a fin de año, se sigue en una zona gris.

Asimismo se pretende hacer algún retoque en Ganancias, al tiempo que se comienza a discutir una reforma tributaria de impuestos nacionales, reflotando el pacto suscripto por el entonces presidente Menem y los mandatarios de 16 provincias, en 1993. Este acuerdo al que después adhirieron los restantes gobernadores, está suspendido, pero si se pone en marcha, los obligaría a respetar un esquema para eliminar los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos.

El problema es medular: la recaudación de estos impuestos es rápida y directa, al tiempo que equivale -en algunos casos- a más del ochenta por ciento de lo que ingresa en la provincia en cuestión.

Este es un frente difícil para el gobierno que debe convencer a gobernadores de que no le va a sacar ni un centavo con la eliminación del Fondo del Conurbano, pero que además el dinero va llegar a sus arcas aún si apoyan el paquetazo de reformas.

Y aquí es donde La Rosada pone sobre la mesa su as de oro. La modificación del sistema que se utiliza para calcular la actualización de las jubilaciones le produciría, al Estado Nacional, un “ahorro” de alrededor de 114.956 millones de pesos durante 2018. Este es el pedestal sobre el que el gobierno quiere construir su nuevo enfoque fiscal respecto al déficit. Y también responde de donde saldrá lo que falta para llegar a lo que reclama la provincia de Buenos Aires. Después de todo, desde esta perspectiva, financiar a Vidal, vale sumergir en la pobreza a alrededor de 17 millones de adultos mayores y personas que por su estado de vulnerabilidad socioeconómica perciben la AUH.

Macri apela a su poder de convicción13.11.2017

La hora del pacto

¿De qué viene la rosca en la que están el gobierno, la burocracia sindical y los gobernadores? Bajar el déficit fiscal sin cobrarle impuestos a los que más tienen, el desafío Cambiemos.

El paquetazo sólo se explica en la idea refundacional, en la que el tándem de poder que gobierna quiere avanzar con el impulso recibido en las legislativas.

En este contexto su tarea inmediata es convencer a un universo bastante heterodoxo de gobernadores, para que crean que de la mano del Proyecto Cambiemos hay un nuevo ciclo que va a estar atravesado por el crecimiento y que, para ellos, es negocio subirse a este tren.

Sabe que los mandatarios provinciales forman parte de una especie de sobrevivientes y que, como tales, nunca pusieron cara de asco a la hora de comer. Pero también que la mayoría está estructuralmente endeudado con el Tesoro Nacional. Por eso la propuesta de pacto fiscal que, si prospera, rompería con una matriz atávica.

Lo que propone La Rosada es un esquema drástico que contempla eliminar impuestos provinciales, sobre todo Ingresos Brutos y Sellos, así como tributos sobre diferentes actividades. Y, además, insta a que las provincias renuncien, no sólo a los juicios contra la Nación que por diferentes motivos tiene a su consideración la Corte Suprema, sino que se comprometan a no promover otros. Esto es borrón y cuenta nueva, pero asimismo cheque en blanco.

La zanahoria puede ser convincente, depende del grado de fe que posea el interpelado: los gobernadores bajan impuestos y, así, logran que se radiquen inversiones lo que traería aparejada más recaudación, algo que a su vez engordaría el porcentaje de coparticipación que correspondiera a cada provincia. De esta manera, siempre dentro de esta hipótesis, aunque renunciaran a cobrar impuesto a los Ingresos Brutos, podrían tener superávit.

Responsabilidad Fiscal

La ruta de la felicidad tiene nombre: Ley de Responsabilidad Fiscal. Es que el Gobierno sueña con bajar el déficit fiscal al 4,2 por ciento del PBI este año, un punto porcentual menos durante 2018 y otro en 2019.

Para ello elaboró un proyecto al que pretende sumar a todas provincias que impone, entre otras cosas, la necesidad de que las jurisdicciones sostengan constante el gasto primario en términos reales y el total en caso de aquellas deficitarias o endeudadas.

Pero también un compromiso de congelar la relación de agentes públicos y la población proyectada, así como evitar incrementar la presión impositiva, sobre todo, en lo inherente a gravámenes que se aplican sobre el universo del capital.

¿Qué quiere decir todo esto? El gobierno les pide a las administraciones provinciales que bajen y eliminen impuestos al capital, pero a la vez, que congelen “gasto” que es el eufemismo que utilizan para denominar –entre otras cosas- al empleo estatal y a la inversión social.

Y aquí es donde comienza a tallar lo que vayan a hacer las organizaciones sindicales y, sobre todo, la CGT. Porque está claro que, además de los jubilados, pensionados y aquellos que reciben la AUH, el otro gran pato de la boda son los trabajadores activos: los del sector público -nacional y provincial- donde ya se anuncia la profundización del ajuste, pero también los del privado.

Y es aquí donde La Rosada hace extensivo el argumento que utiliza con los gobernadores: bajar “costos” para hacer rentable la inversión y, así, mágicamente llegarán los capitales que además, promete, serán productivos.

La lógica es clara el Estado resigna cualquier papel dinamizador de la economía, regula exclusivamente a favor del capital y se plantea como objetivo generar un escenario en el que al universo del trabajo de Argentina, no le quede otra que competir con el de Brasil donde la semana pasada acaba de entrar en vigencia la feroz reforma laboral sancionada a mediados de año y con México, el país donde se pagan peores salarios.

Todo esto ayuda a explicar cuál es el objetivo del paquetazo y en qué consiste esto de la idea refundacional que, desde una perspectiva propia del más cruel individualismo metodológico, intenta imponer el tándem de poder gobernante. Financiarización y deslocalización es lo que el rediseño capitalista le asigna –aquí y ahora- a Argentina y de esto va lo que cocina el Gobierno Cambiemos con gobernadores y burócratas sindicales que, con particular cinismo, ahora dicen que la reforma laboral los sorprendió.

El FMI volvió a Argentina13.11.2017

Una visita de amigos

El Fondo aprobó lo que está haciendo el Gobierno y bendijo el paquetazo. El Estado al servicio de la propiedad privada y los propietarios.

“Las leyes y el gobierno pueden ser considerados, en todos los casos, como una coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su provecho la desigualdad de bienes que, de otra forma, no tardaría en ser destruida por los ataques de los pobres”. Este postulado de Adam Smith que tiene más de dos siglos, está en el principio inspirador del paquetazo que la semana pasada vino a bendecir el FMI.

Y lo hizo porque el paquetazo está hecho a la medida de lo que requirió el FMI. Esto quedó en claro con visita de la misión del organismo, encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, que días atrás estuvo en el país para monitorear como se está desarrollando la aplicación de las “recomendaciones” que hiciera en noviembre de 2016.

El capítulo estelar de las “sugerencias” del Fondo tienen el eje puesto en la modificación de la fórmula de actualización de jubilaciones, pero también en el ajuste del cuadro tarifario, así como en el rediseño regresivo del cuerpo de leyes que rigen la relación entre trabajo y capital. Y reducción del déficit por medio del ajuste en Salud, Educación e inversión social.

El beneplácito de Cardarelli –y por ende del FMI- es una carta de presentación fuerte que Mauricio Macri esgrimió cuando se sentó a inaugurar la negociación del paquetazo con los gobernadores. Eso sí, el Fondo va a evitar pronunciarse en público respecto al tema jubilatorio y lo hará por expreso pedido de La Rosada que sabe que eso podría traer recuerdos feos y no tan viejos.

Esto explica por qué el tema no aparece en el comunicado que dejó la misión que vino a Argentina a concretar la revisión del artículo IV, es decir, el que atañe a las “obligaciones generales de los países miembro”.

De todos modos la postura del organismo internacional está especificada en el reporte que publicó, un año atrás, que contiene un capítulo sobre la cuestión previsional en el que explícitamente “recomienda” modificar el mecanismo que se viene utilizando para ajustar las jubilaciones.

La iniciativa que, en tal sentido dio a conocer el ejecutivo hace dos semanas, parece estar hecha con el simulcop de la del Fondo y lo que es peor: en La Rosada evalúan que si les hiciera falta, pueden prescindir del Congreso y avanzar con la iniciativa valiéndose de un oscuro, pero nada casual, recoveco que dejó la Ley de Reparación Histórica.

Experiencia

La experiencia que deja el paso del FMI por otros países –incluso en la Argentina- da cuenta de que la excusa suele ser la necesidad de bajar el déficit fiscal de una forma rápida y drástica y que, para ello, no debe tocarse al capital que es el sector que, desde esta perspectiva, se considera como el que dinamiza la economía.

Por eso, también aquí, caen sobre el universo del trabajo: jubilados, desocupados y activos que son quienes –en ese orden- tienen menos capacidad de hacer lobby y a quienes de un plumazo se les puede cercenar parte del salario para llevarlo a las arcas del Estado y, desde ahí, a las de los sectores más concentrados de la economía.

Paradójicamente, quienes provocan el feroz déficit fiscal al evadir sus responsabilidades impositivas, muchas veces echando mano a sofisticados medios, son los beneficiados por la cruzada contra los trabajadores que el Gobierno Cambiemos emprende con la excusa de combatir el “rojo fiscal”.

Esto es, utilizan el gobierno para aquello que fue creado, al menos desde la perspectiva del Estado Liberal Burgués. “El gobierno ha sido constituido para proteger la propiedad, en realidad para proteger a los ricos de los pobres, a quienes tienen propiedad contra los que no tienen ninguna”, pontificaba Adam Smith a la hora de buscar una definición y no se equivocaba.

 

Paquetazo y bicicleta financiera10.11.2017

Una política que desafía la ley de la gravedad

Newton no dudaría en sospechar que la economía argentina fue diseñada para contradecir su máximo descubrimiento científico: la ley de la gravedad ¿Todo lo que sube tiende a bajar? Si en el mundo material es una verdad irrefutable, en el mundo ficticio del capital financiero lo es su reverso. La trayectoria de la tasa de interés para la bicicleta financiera así lo confirma

Una semana después de que el presidente de la Nación presentará el “paquetazo” de reformas poselectorales y dos días antes de recibir a los gobernadores para “consensuar” la reforma tributaria que afecta a las provincias, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) elevó en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia local, ubicándola en casi el treinta por ciento anual, dependiendo del plazo de inversión.

La decisión de la máxima autoridad monetaria y de uno de los instrumentos de política económica más importante que tiene el Estado confirma, una vez más, que el gabinete económico se encuentra decidido a profundizar el proyecto económico-social en lo que desde las páginas de este diario denominamos como segunda etapa del ajuste.

En los últimos meses el Bcra profundizó su política “anti-inflacionaria” vía tasa de interés y con ella decidió intervenir, directamente, sobre el mercado de crédito interno y la inversión.

El aumento de cien puntos básicos en la tasa de interés, que para el sector financiero es un movimiento “brusco”, hace que sea cada vez más rentable la inversión especulativa y menos conveniente la productiva. Esto es coherente con el “paquetazo” presentado por Macri en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el cual, como quedó demostrado tras conocerse los detalles de las diferentes reformas, apunta a profundizar el modelo económico, especialmente, a sus principales beneficiarios: las oligarquías financieras y rurales.

Como se denunciara en “El gobierno tiene quien le escriba”, nota publicada en este diario tras los anuncios del CCK, el autor intelectual del “paquetazo” es el Fondo Monetario Internacional (FMI). La reforma previsional, el “blanqueo laboral” y la reforma tributaria con el objetivo de reducir el déficit fiscal, son las principales exigencias del FMI a los países que deciden ajustarse a sus postulados. Basta con darse la vuelta y observar la historia reciente de España, Grecia y Portugal para advertir como las mismas medidas, sugeridas por los mismos actores, tuvieron consecuencias ya conocidas por nuestro país en 2001-2002.

Pese a este antecedente, el FMI volvió a ganar protagonismo en el país mediante el reconocido Artículo IV que obliga a los países miembros a cumplir con rigurosas revisiones anuales de las que luego se desprenden leoninas recomendaciones que afectan la soberanía política y económica nacional.

Estas auditorías anuales habían sido suspendidas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero, como era de esperar, volvieron a ser autorizadas desde diciembre de 2015.

En ese marco, el organismo internacional respaldó la decisión del Bcra de llevar la tasa de interés de referencia a los 30 puntos. Así lo confirmó el director del organismo para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, quien afirmó, tras reunirse con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que “se está moviendo de manera correcta la tasa” y exclamó que la Argentina “registra un rebote de la inversión privada”.

Como venimos insistiendo, la política ortodoxa del Bcra estimula la bicicleta financiera, lo cual, entre otras consecuencias, motiva un sostenido incremento del pago de intereses por Lebac que ronda los 2.400 millones de pesos al mes, guarismo que pasa a engrosar el déficit fiscal del país.

Así las cosas, cabe preguntarse: ¿cómo puede ser que el FMI, guardián de las políticas fiscales de los países miembros, incentive la bicicleta financiera del macrismo?

Como se sabe, la política fiscal es una de las principales preocupaciones del organismo. La principal línea de acción que el FMI recomienda para “equilibrar las cuentas públicas”, que en Argentina son seriamente afectadas por el peso cada vez mayor de los intereses de la deuda, es el recorte del gasto público, es decir, el ajuste fiscal, que se complementa con la entrega del sistema de servicios y empresas públicas al sector privado.

Pero el beneplácito del FMI, en este caso, apunta a un paso previo que los ortodoxos entienden como necesario para avanzar en el plan de reformas neoliberales y que, en forma de eufemismo, es presentado como “enfriamiento de la economía”.

Por eso, desde el prisma neoliberal y desde el bolsillo de los sectores que integran el bloque de poder, la suba de la tasa de interés es una política deseable para bajar la inflación y quitar liquides de la economía. Detrás de estos tecnicismos propios de la economía política burguesa, se esconde el verdadero objetivo del paquetazo y la decisión del Bcra: achicar el mercado interno, erosionar el poder adquisitivo del salario, fogonear la bicicleta financiera con los pesos emitidos para costear los dólares que ingresan vía endeudamiento externo y estimular la fuga de capitales como instrumento para concretar la transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital y desde el centro a la periferia.

Por eso no sorprende que tras los anuncios de Macri en el CCK y una vez conocidos los primeros detalles del paquetazo, quede claro que es el Fondo Monetario el verdadero autor intelectual de medidas tales como el aumento de la tasa de interés y la bicicleta financiera, pese a que esto “atente” contra el equilibrio de las cuentas públicas que el Fondo dice preservar. En realidad, las únicas cuentas que preserva el organismo es la de la banca privada internacional de los países que lo hegemonizan.

¿Autonomía del Banco Central?10.11.2017

Otro mito liberal burgués

Pese a que la autonomía fue parte del discurso belicista que desplegó la derecha contra la política económica del kirchnerismo, al fin de cuentas, una vez en el gobierno, los grupos económicos decidieron disciplinar la máxima autoridad monetaria del país a los intereses del FMI y la banca internacional

A diez años de la crisis más grande del capitalismo desde la Segunda Guerra, el sistema financiero internacional sigue dirigiendo los destinos de la economía internacional y de las economías locales, erosionando las soberanías de los estados-nación y sus bancos centrales. La injerencia del FMI en el curso de la tasa de interés local, expuesta con el último incremento tras el “paquetazo”, es una muestra más de la dependencia de la economía argentina a los designios del organismo internacional.

La política de desregulación financiera y recorte fiscal sobre áreas estratégicas para el desarrollo de un Estado soberano son algunas de las medidas festejadas por el Fondo. En ambos casos, el Banco Central desempeña un rol fundamental ¿y la independencia de la máxima autoridad monetaria del país donde quedó? Una vez más queda al descubierto el carácter mítico del discurso liberal burgués. El argumento de que la institución debe ser autónoma del gobierno –premisa que fue archirepetida por los sectores más ortodoxos tras la eyección de Redrado como director del Central en el 2010- queda en segundo plano cuando se trata de someter al organismo, y toda la política económica del país, a los intereses de la banca privada internacional y los países que conducen el FMI.

En el concierto internacional, el sometimiento al juego del “libre mercado” y la desregulación financiera origina enormes desequilibrios entre los países industrializados y las economías dependientes como las nuestras. Si en los primeros hay superávit, en los segundos crece el déficit de sus cuentas.

El desbalance de la balanza comercial es un claro ejemplo de ello: setecientos millones de dólares mensuales, lo que constituye una de las vías de escape de los dólares que ingresan al país vía endeudamiento externo.

Una vez más, el caso argentino es paradigmático: el crecimiento del déficit fiscal -actualmente motivado por el creciente peso de los intereses de deuda sobre las cuentas públicas- y el desbalance de su balanza comercial es un ejemplo elocuente de las consecuencias que tiene -en sólo dos años- entregar los destinos de la economía a los intereses del sistema financiero internacional y los especuladores que rapiñan como buitres sobre las economías de los países dependientes.

Sostener lo insostenible

Estos desajustes son sostenibles, hasta el momento, porque el libre flujo de capital permite financiarlos, pero se trata de un hilo que se corta por lo más fino: cualquier variación brusca en el mercado internacional de crédito expone a los países que sostienen su economía con deuda a profundas crisis sociales.

Esto lo sabe la empresa de servicios financieros Standard & Poor's, que no dudó en alertar que la economía Argentina es una de las cinco con mayores posibilidades de colapsar ante una suba de la tasa de interés en el mercado internacional. Es preciso destacar que el riesgo es permanente, ya que se trata de una de las políticas que suelen adoptar los bancos centrales de los países más fuertes en momentos de crisis para encarecer el costo del crédito y fortalecer el valor del dólar o el euro.

Dada las características del modelo económico que impulsa el macrismo, la calificación de Standard & Poor´s preocupa tanto por su dureza como por su realidad. La enorme masa de pesos invertidos en Lebacs -1,2 veces mayor que la base monetaria del país- y la alta tasa de interés sostenida por la máxima autoridad monetaria mantiene anestesiadas las ansías de los especuladores y tenedores de bonos de aumentar sus ganancias, básicamente, porque la inversión en bonos del Bcra es absolutamente rentable.

Pero si el endeudamiento externo comienza a endurecerse y el dólar se valoriza, es decir, continúa la tendencia devaluatoria inaugurada en diciembre de 2015, la posibilidad de una fuerte corrida bancaria está a la vuelta de la esquina. Este es el motivo principal que llevó a Standar & Poor’s a emitir una señal de alerta sobre la situación del país, no por beneficencia sino para alertar a los que apuestan al sector financiero que ante un colapso inminente la mejor opción es salir de los bonos y migrar hacia la moneda estadounidense.

Otro punto de preocupación es el elemento central que explica el crecimiento del PBI nacional el último año -y la proyección para el siguiente- que el gobierno presentó con bombo y platillos sin alertar que el mismos se explica, principalmente, porque una parte de la economía se sigue sosteniendo gracias al endeudamiento -principal negocio de los bancos- externo, lo que permite mantener un ritmo crediticio ascendente que en algún momento se caerá por su propio peso.

Advirtiendo este fenómeno, el Bcra acaba de anunciar que eliminará la regulación que lo obligaba a ofrecer créditos blandos a la pequeña y mediana industria, al tiempo que advirtió que habrá tasas más altas, medidas que ya fueron repudiadas por la Confederación General Empresaria (CGE). Se trata de una prueba más del rumbo que el gobierno le imprime a la economía y una fuerte señal al futuro: no hay lugar para la inversión productiva, como no lo hay para un desarrollo económico independiente. Especulación, endeudamiento y fuga son las variables que dominan el escenario, con consecuencias ya conocidas.

¿Amigos son los amigos?10.11.2017

Freno al biodiésel

Estados Unidos confirmó su política proteccionista contra el biodiésel argentino a pesar de los esfuerzos del gabinete económico. Nuevo fracaso de Macri frente a un amigo desigual

Los términos en lo que se desenvolvió la negociación entre Argentina y EE.UU. sobre el ingreso de biodiésel nacional en tierras yanquis y el desenlace que tuvo la misma da muestras claras de las condiciones en las que se desarrolla el proyecto económico-social del macrismo.

El gobierno quiso “negociar” concesiones con quien le dicta su política económica, lo que convirtió la empresa en una misión imposible desde el vamos. El mismo presidente Macri trató el tema e intentó destrabar el asunto en su reciente misión en New York. La política adoptada por el gobierno de Donald Trump ya parece bullyng contra el titular del ejecutivo nacional. Es que la Casablanca esperó que Macri culminara la reunión que tuvo con Ceos estadounidenses en busca de inversiones para anunciar que mantendrá firmes su política proteccionista en detrimento del biodiésel nacional, una de las principales exportaciones del país al imperio del norte.

La decisión del Departamento de Comercio yanqui se debe a que, según expresaron, “la Argentina está otorgando subsidios injustos a sus productores”. Así las cosas, fijó las tasas impositivas por encima del 70 por ciento.

La expectativa del gabinete económico era que las mismas se mantuviesen en el orden del 27 al 30 por ciento, una cifra que se consideraba alta pero que mantenía la expectativa de poder competir en el mercado yanqui con la producción de ese país. Pero no: casi en tono disciplinador, EE.UU. fijó el arancel un cien por ciento más que la expectativa expresada por el gobierno. Se trata de un fuerte mensaje para el país: Argentina ocupa un rol determinado en el escenario internacional, definido por la división internacional del trabajo diseñada por David Ricardo y llevada al paroxismo con la globalización neoliberal como etapa superior del imperialismo.

Con la decisión del Departamento de Comercio, a la Argentina se le cierra un grifo que le significaba la entrada de unos 1.200 millones de dólares, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta que el déficit de la balanza comercial es de setecientos millones mensuales.

 

 

Ministros en la UIA09.11.2017

Una reunión de amigos

Ante Dujovne, Triaca y cabrera, la entidad que reúne a industriales apoyó el paquete de reformas impositiva y laboral que impulsa el gobierno.

La plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA), recibió a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Producción, Francisco Cabrera; y de Hacienda, Nicolás Dujovne a quienes les manifestó su respaldo a los proyectos de reforma laboral e impositiva.

Fue en la sede de la entidad donde su titular, Miguel Acevedo, estuvo acompañado por más de medio centenar de industriales que coincidieron en valorar positivamente “la importancia de las medidas” que, desde su perspectiva, fomentarán una merma “una baja en la presión tributaria que enfrentan las empresas”, pero fundamentalmente van a “reducir la litigiosidad”.

Por su lado, al referirse al el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria que hoy Diputados convirtió en ley, Acevedo recalcó que, ahora, “están dadas las condiciones para combatir la corrupción”, tras lo que señaló que a la UIA no le preocupa que algún empresario pueda ir preso. “A nosotros como institución no nos preocupa qué pueda pasar o no, si alguien es culpable tendrá que pagar”, resaltó.

Así las cosas, algunos burócratas sindicales ya comienzan a adelantarse a las reformas regresivas que La Rosada pretende convertir en Ley.

Quien picó en punta fue el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante que le presentó al ministro, Guillermo Dietrich, un borrador que si prospera va a permitir que se ponga en marcha un proceso de reducción de los costos salariales de los propios afiliados al sindicato de hasta el 12,5 por ciento.

Mientras tanto, hoy el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, volvió a insistir con que los proyectos que sobre reformas tributaria y laboral impulsa el gobierno, ingresarán al Congreso la semana venidera y añadió que, en La Rosada, esperan que sean aprobados antes de fin de año.

S&P volvió a calificar09.11.2017

El subibaja de la timba

¿Podrá Mauricio Macri seducir a los pese pesado de la financierización? El precio de pertenecer en un escenario en el que los que ganan siempre son los mismos.

“Todo bien pero profundicen, aún más el ajuste y háganlo ya”. Este es el mensaje que, en consonancia con el que no hace mucho enviara el FMI, le mandó la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s Global al Gobierno Cambiemos.

Es que ayer, S&P Global dio a conocer el resultado de la reorganización de su lista de economías capitalistas emergentes que –según la calificadora- están en una situación de extrema vulnerabilidad por un entorno de tasas de interés en alza.

Para S&P Argentina integra la lista de “países frágiles” en un tándem cuyos vecinos alarmarían a la Cheta de Nordelta. Es que ahí nuestro país aparece junto a Turquía, Pakistán, Egipto y Qatar ¿Será este el mundo al que Cambiemos deseaba que volvamos?

Pero no todas son malas para La Rosada. Días atrás, S&P subió la nota de la deuda argentina desde B a B+ ¿En que fundamentó este tenue espaldarazo? Lo hizo en lo que la calificadora considera como “mayor previsibilidad” de las políticas económicas que impulsa el gobierno.

S&P y el FMI coinciden en que el foco del ejecutivo debe ponerse en la reducción del déficit fiscal y, en este sentido, encienden luces de alarma por el crecimiento de la deuda en un escenario financiero global en el que comienzan a pronunciarse las señales que dicen que la reversión del ciclo de flexibilización cuantitativa es un hecho constatable.

En este sentido, el Banco Central de Inglaterra marcó su tendencia hacia el ajuste monetario. Mientras tanto, la Reserva Federal de EE.UU. (FED) acaba de mantener sus tasas de interés, pero podría decidirse un nuevo aumento –el tercero del año- en la reunión que el comité de política monetaria de la FED lleve a cabo durante los días 12 y 13 de diciembre. Y, por su parte, el Banco Central Europeo adelantó que para 2018 prevé reducir drásticamente su compra de bonos gubernamentales y corporativos.

Es en este contexto que el FMI y S&P dicen lo que dicen. Y lo hacen en medio de elogios a la directriz política que, desde La Rosada, guía el rumbo de la economía del país. Lo que hacen es cuidar su inversión y señalar que el camino de la profundización del ajuste fiscal, la destrucción de empleo en el sector público y el recorte de subvenciones son sólo el prolegómeno de la venta de acciones que el Estado posee en empresas rentables del sector privado, pero también de empresas estatales y recursos naturales.

¿Te acordás de la crisis?

Comenzaba abril y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, no podía ocultar su satisfacción cuando explicaba que el escalón que S&P hizo subir a la nota de la deuda argentina “es reflejo del trabajo que venimos haciendo con las calificadoras y los entes reguladores del crédito en todo el mundo, para mostrarles la velocidad y la profundidad de los cambios que se están llevando a cabo en Argentina”.

Y, sin dudarlo añadía : “esta nota responde a la gestión que está haciendo el gobierno, normalizando la economía y recuperando la credibilidad y la confianza del resto del mundo”.

Pero al parecer la “velocidad y la profundidad de los cambios” que el gobierno le imprime a sus reformas es escasa para la calificadora que –como otras tantas veces- no fue muy precisa en los augurios que hizo para nuestro país. En su primer informe de 2017, S&P predijo que la inflación de Argentina sería del veinte por ciento y que la economía crecería tres por ciento.

Pero no es la primera vez que falla el oráculo de esta calificadora con sede Wall Street. En la previa del estallido de crisis financiera de 2008 tuvo un papel central, ya que mantuvo calificaciones altísimas para títulos chatarra y activos tóxicos, lo que llevó a que una multitud de ahorristas e inversionistas quedaran agarrados del pincel.

Este episodio dejó al desnudo su complicidad con las compañías que propiciaron el desfalco, fundamentalmente Goldman Sachs, pero no hizo mella en la capacidad de influir que la calificadora posee dentro del universo financiero.

En 2011 S&P modificó -de estable a negativa- su perspectiva sobre los títulos de deuda estadounidense y auguró que, de ahí a tres años, EE.UU. perdería su calificación triple A ¿Acaso la calificadora estaba enfrentando al imperio? Los motivos fueron mucho más pedestres: como representante de lo peor de la financiarización capitalista, S&P logró así presionar la política fiscal y monetaria estadounidense en favor de posturas radicalmente opuestas a la flexibilidad cuantitativa. En ese camino, el extremo control del déficit fiscal fue el terreno de batalla que, entre otras cosas, se llevó puesto al plan de atención médica que propicio Barak Obama.

Pero S&P se benefició con la Ley de Estabilización Económica de Urgencia que dispuso que setecientos mil millones de dólares de dinero público se destinara a sacarle las papas del fuego a Wall Streat.

Está claro que S&P sabe que, en tanto emisor de la moneda de reserva del planeta y como potencia militar hegemónica, no existe ningún riesgo de que EE.UU. tenga problemas con su deuda.

La tarea de S&P, pero también la de Moody’s y Fitch es una parte del movimiento de tenazas que también ejercen los otros grandes protagonistas de la financiarización. Fondos de inversión como Pimco, Vanguard Group, State Street, Allianz Group, Fidelity y el principal de todos, BlackRock tienen capacidad –y la utilizan- para influir sobre los rendimientos y tasas de interés en EE.UU. a punto tal que garantizan que sea el capital financiero quien prosiga señalando el camino de la política macroeconómica de ese país.

Estos son los jugadores que, en última instancia, van determinar cuándo se va a volver impagable la deuda que con tanta irresponsabilidad está contrayendo el Gobierno Cambiemos. Y es esta la verdadera cara de los “inversionistas” que, esta semana en EE.UU., Mauricio Macri intentó seducir.

Pasó la gira por EE.UU.09.11.2017

La seducción viene por derecha

Macri dijo que Argentina debe sumarse “a la batalla contra el terrorismo”, aseveró que a Nisman “lo mataron” y que reforma laboral sale igual “aunque los sindicatos no quieran”.

Queda claro que para el Gobierno Cambiemos, la “vuelta al mundo” comienza por EE.UU. y, más precisamente, por Manhattan, la meca de la financiarización. Y por eso, hasta ahí volvió Mauricio Macri en una gira donde no ahorró ritualidad y simbolismos a la hora de intentar pasar la gorra.

Al rendir homenaje a los cinco rosarinos asesinados en Nueva York, el 31 de octubre por SayfulloSaipov, el presidenteaseveró que los argentinos queremos “ser parte de esta batalla” contra lo que definió como “terrorismo internacional”.

Asimismo, al brindar una entrevista a un periodista del diario inglés Financial Times, advirtió en Venezuela “la pobreza sube día a día y las condiciones de sanidad empeoran día a día” y, como para mejorar la situación de los venezolanos, sugirió que “deberíamos ir a un embargo completo”.

Pero también aseveró que al fiscal Alberto Nisman “lo mataron”. Y lo hizo en el almuerzo que tuvo en el Council of Americas, grupo fundado por David Rockefeller, que lo distinguió por su “liderazgo transformador en Argentina y toda la región”.

Pero esto no es todo. En ese mismo escenario y ante alrededor de 150 referentes de la empresa y las finanzas no dudó en hacer hincapié en que va a avanzar en la reforma laboral que anunció en el CFK, “aunque los sindicatos no quieran”.

Fondos

Para quienes no reservó tanta dureza, fue para los representantes de fondos de inversión. Durante su última jornada en EE.UU. fue recibido por el director del fondo de inversión PointStateArgentum, Darío Lizzano.

Antes, apenas llegado a Nueva York, había compartido un almuerzo con CEOs de empresas líderes a nivel mundial,a quienes convocó a invertir en Argentina.

Pero sin dudas uno de los momentos descollantes de la gira, fue la cita que tuvo con Larry Fink, quien lo recibió enlas oficinas de BlackRock, un conglomerado financiero que maneja alrededor de 5,7 billones de dólares.

Para el ejecutivo Fink es un aliado. Por eso cuando estuvo en Buenos Aires, un año atrás, fue recibido por Macri en la propia Casa Rosada.

En el informe que dio a conocer en coincidencia con la presencia de Macri en Nueva York, BlackRock celebró las “políticas favorables y mejores condiciones económicas” del Gobierno Cambiemos que auguran “mejoras de los activos argentinos”.

Pero detrás de estos gestos amables hay una historia reciente y sumamente oscura. BlackRock es uno de los fondos buitre que litigó y hostigó a Argentina, pero asimismo controlaba a la empresa Donnelley cuando, sorpresivamente, en agosto de 2014, cerró las puertas de la planta que poseía en la localidad bonaerense de Garín para dejar en la calle a cuatrocientos trabajadores.BlackRock controlaba esa firma merceda una transferencia de acciones que le hizo otro fondo buitre, NMLde Paul Singer.

Esa pasión por evadir07.11.2017

Los placeres de la cloaca VIP

Al menos 5,8 billones de euros esconden las guaridas fiscales, esto es, dinero que deja de tributar en sus respectivos países ¿Qué tendrá que ver esto con el déficit en el que justifican el paquetazo?

En gobierno se jactan de que el estado se va a “ahorrar” cerca de 118.668 millones de pesos merced a la aplicación del paquete de ajuste y entrega del sistema solidario de jubilaciones ¿Pero cuanto se ahorraría si se propusiera cobrarle lo que debe a los que se refugian en guaridas fiscales?

La idea tiene puntos a favor y otros en contra. A favor: sería muy fácil, por lo menos si comienza a pasar la gorra por los que están en La Rosada. Pero a la hora de encontrar los puntos contrarios, aparece uno que es insalvable: un capitalista nunca se pega un tiro en el pie.

Paraísos, guaridas o cloacas fiscales es la denominación que varía según el estado de ánimo del autor consultado, pero en lo que todos coinciden –por lo menos los que lo hacen desde una perspectiva económica crítica- es en que sirven para esconder dinero, que no se quiere o no se puede declarar y tributar ante la oficina de Hacienda.

Que quede claro: cuando no pagan impuestos que eluden escabulléndose hacia estas guaridas, estos individuos y empresas provocan déficit fiscal, algo que después sus socios –o ellos mismos- desde el gobierno, utilizan como argumento para recortazos, tarifazos, ajustazos y cosas por el estilo como las que se sintetizan en el paquetazo anunciado hace nueve días por Mauricio Macri.

De esto es de lo que no hablan cuando señalan que es preciso cumplir con un nivel de déficit determinado, que ajustan porque es necesario equilibrar presupuestos o que “cada uno tiene que ceder un poco”.

¿Pero de dónde viene todo esto? Argentina no escapa al contexto del sistema capitalista financiarizado, establecido a escala global con una hoja de ruta por la que pretende convertir todo lo que pueda -producto y servicio- en activos financieros lo suficientemente volátiles para favorecer la especulación.

Por medio de organizaciones globales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la Ocde impone hacia adentro de los Estados normas estrictas que favorezcan la prosecución de esa ronda.

Pero que a la vez hacen la vista gorda o se quedan sólo en declamaciones simbólicas, ante la existencia y proliferación de estas guaridas que aportan a que el sistema financiero sea más sólido y rentable que el productivo, por lo que el universo de las finanzas transnacionales pasan a controlar la economía a escala planetaria. Esta relación es una verdadera fábrica de desigualdad que afecta, principalmente, a las economías de la periferia capitalista. Malas noticias, ahí es donde vivimos nosotros.

Es que a caballo de la financiarización global, se produce una autopista en la que los capitales corporativos van por el carril rápido, mientras que el aparato fiscal nacional mira desde la colectora.

Es que por la propia esencia de lo que es el Estado Liberal Burgués, esta fiscalidad nacional siempre fue reacia a cobrarle a los que más tienen, pero ahora además tiene serias dificultades para hacerlo, por lo que refuerza su énfasis recaudador en lo que sabe que tiene a mano y es seguro: el universo del trabajo.

Esto explica por qué tanto paquetazo y tarifazo. Pero también, en el orden local, porque tanta laxitud a la hora de considerar a la evasión y fraude fiscal que hay detrás de las guaridas, algo que tiene su correlato internacional, donde –sistemáticamente- fracasaron los tibios intentos que hubo por investigar el movimiento de capital transnacional y gravarlo con tasas coherentes con su volumen.

Riqueza oculta

En su libro “La riqueza oculta de las naciones”, Gabriel Zucman, señala que asciende a 5,8 billones (esto es doce ceros) la cantidad de euros que esconden estas guaridas.

El cálculo que hace este economista francés, se basa en el análisis del resultado que dejan los controles oficiales sobre el movimiento de divisas que –por diferentes motivos- salen y entran a los países.

Aquí es donde Zucman advierte que hay una especie de agujero negro que sólo se explica por la existencia de las guaridas fiscales. Y estima que no menos de 130 mil millones de euros cada año, sería la cifra que pierden las Haciendas de cada país. Pero otras estimaciones aseveran que es seis vez más lo que se elude y va a parar a estas cloacas.

Así las cosas, lo que queda claro es que estos paraísos nada tienen que ver con una situación de contingencia a la que los capitalistas echan mano para protegerse en medio de una situación de crisis, sino que son una parte central de las herramientas que el sistema capitalista creó para su actual etapa.

Y si para muestra sólo alcanza con un botón, debe servir con advertir que con o sin crisis el beneficio corporativo se mantiene intacto –en el peor de los casos sólo se producen fusiones-, mientras que al pato de la boda lo paga el mismo de siempre: el universo del trabajo.

Pero, asimismo, la existencia de estas cloacas fiscales desnuda otro mito capitalista: el que señala que a menor carga fiscal corresponderá mayor inversión. Cualquiera de estas guaridas sólo suele tener un teléfono y una oficina compartida y, pese a que ahí la presión fiscal no existe, dentro de un año –si sigue ahí- va a tener un teléfono y una oficia, probablemente compartida con más elusores.

En realidad, lo que parece guiarlos es la codicia individual basada en un criterio de clase y favorecida por un sistema que propende, cada vez, más a la concentración y maximización de la riqueza.

Por ello, en este contexto, el prospecto de las guaridas ofrece un espacio libre de “costos” laborales unitarios, pero también la opacidad que brinda el secreto financiero y un grado de apertura económica que permite mover capitales hacia donde quiera el elusor y sin que nadie pregunte nada.

La otra cara de la responsabilidad empresaria07.11.2017

Cuentas fantasma en paraísos fiscales

Diputados analiza el proyecto por el que La Rosada espera usar a la corrupción para apretar a sus enemigos sin que las balas piquen demasiado cerca. Mientras el Paradise Papers se mete en el Gabinete.

Al cierre de esta edición, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General de Diputados debatía el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria que envió el Senado y, desde entonces, es objeto de tironeo entre el oficialismo que quiere que salga tal cual está y las bancadas opositoras que ven una oportunidad para arrimar algo a la propia hacienda.

En julio, la iniciativa recibió media sanción de la cámara baja. Ahí la bancada de Cambiemos tuvo que ceder para que se incluya la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y dejó afuera la denominada cláusula Odebrecht. Ese punto había sido pedido por la Oficina Anticorrupción y pretendía que –si se aprobara- la norma pudiera aplicarse al caso Odebrecht, para cambiar información que comprometa a funcionarios del gobierno anterior por impunidad para los empresarios involucrados en este caso.

Después fue al Senado donde lo modificaron eliminando la imprescriptibilidad de los delitos, al tiempo que se estableció un plazo de seis años desde que se cometió el ilícito y, así, volvió a Diputados con un texto que señala que se considerará responsables a las empresas, por los delitos que fueran perpetrados -directa o indirectamente- con su intervención, así como en nombre, interés o beneficio de ellas.

Tanta ida y vuelta tiene una explicación: el gobierno se empeña en suministrar cobertura a Odebretch, lo que no es otra cosa que brindársela a Iecsa y, así, cortar un hilo del que -si se tira- quizás podría llegarse hasta el propio despacho presidencial.

Pero también hay otro motivo. “Desde hace tiempo que el ejecutivo quiere que se apruebe esta ley, porque es un compromiso internacional que asumió el país con los organismos internacionales que luchan contra la corrupción y segundo porque es uno de los requerimientos de la Ocde”, recalcó el titular de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, a la hora de defender la intención del Bloque Cambiemos de que no se introduzcan más modificaciones al proyecto.

Es que la obtención de la membresía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), es algo que obsesiona a Mauricio Macri. Este organismo, junto al FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio son las vacas sagradas de la etapa actual del capitalismo en la que tiene particular preeminencia la financiarización.

Pero no cualquiera entra a la Ocde y Argentina está en la lista de candidatos. Ahora bien ¿hasta dónde será honesto el reclamo de transparencia y las banderas de anticorrupción que levanta un organismo que tiene entre sus socios predilectos a Suiza, EE.UU. y Gran Bretaña?

Algo más que relojes y chocolate

El 33 por ciento del total del dinero “distraído” de todo el mundo está en Suiza, amparado por el secreto bancario. Pero no es éste el único paraíso fiscal perteneciente a países con regímenes y gobiernos “respetables”.

El estado de Delaware –el segundo más pequeño de EE.UU.- brinda refugio a alrededor de 250 mil empresas que buscan en esta jurisdicción offshore corporativa, el amparo de su legislación que brinda exención de impuestos a sociedades limitadas cuyos titulares sean extranjeros que ni siquiera residan en territorio estadounidense.

Y también se anota la Corona Británica con sus territorios de ultramar Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, a la lista que suma más de treinta guaridas fiscales que -en diferentes puntos del planeta- compiten por brindar servicios a quienes quieran evitar que el fisco de su país se meta con sus ganancias.

Así, bancos que hacen pocas preguntas, Estados llenos de empresas que mueven miles de millones y sólo son una oficina y un teléfono son actores medulares y necesarios de la etapa actual del capitalismo pero, además, definen a este sistema de una manera palmaria.

Por eso es que el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria y la norma que pudiera surgir de él, se parece más a una herramienta útil para la lucha entre facciones que a la búsqueda de una que permita enfrentar a la corrupción.

¿Pero podría ser de otra manera? El domingo se conoció otra filtración de documentos Paradise Papers en la que –entre otros- aparecen los ministros de Finanzas y Energía, Luis Caputo y Juan José Aranguren, como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales y director de una sociedad offshore, respectivamente.

Estas presencias se suman a la de Mauricio Macri en varios de los capítulos de lo que revelaron los Panamá Peapers, que llevaron a que el presidente volviera a estar denunciado en causas que -en forma exprés- el Poder Judicial se encargó de desestimar o dejar languidecer.

Todo esto parece estar naturalizado y ni siquiera mueve el amperímetro de la Oficina Anticorrupción que preside Laura Alonso o el de aquellos legisladores preocupados por la responsabilidad penal empresaria.

Es que el ejecutivo, sus legisladores y la oposición friendly son garantes de una dinámica obscena de concentración de la renta y la riqueza que, en estos días, se profundiza por medio de un paquete de proyectos de ley que intenta imponer transformaciones regresivas en las relaciones laborales, productivas y financieras.

Esto pone sobre el tapete –como pocas veces antes- la insostenible relación entre capitalismo y democracia real, algo que se verifica en un escenario en el que tiene un punto descollante la existencia de guaridas fiscales, que no son otra cosa que consecuencia del proceso de desmantelamiento de la democracia que forma parte del destino insoslayable del Estado Liberal Burgués.

Por eso no es casual que la especulación sea el centro de un sistema socio-económico y político que absorbe los recursos y, así, pone en crisis el concepto aséptico del capitalismo que pretende que la economía es una actividad dirigida a garantizar el sustento de las personas.

Es que para el relato liberal, el mercado corporativo tiene que autorregularse y funcionar con autonomía porque es capaz de organizar relaciones sociales, así como formas de producción y distribución de recursos que garanticen el bienestar.

Desde esta perspectiva, el Estado tiene que correrse y no intervenir en el mercado corporativo, salvo por medio de regulaciones que favorezcan al capital.

Esta construcción mitológica atraviesa también al pensamiento reformista que considera posible un “capitalismo bueno” en el que la mediación del Estado opere estructuralmente en favor de las mayorías populares.

Esa matriz de pensamiento se niega a advertir algo que es evidente: el Estado Liberal Burgués nació y se desenvuelve en relación simbiótica con la corporación que, por su parte, precisa que este tipo de Estado le garantice condiciones para blindar el desarrollo del capital.

Pero, asimismo, para que diga presente a la hora de mantener y proteger a la propiedad privada y a los propietarios, así como para regular el orden social y permitir su reproducción. Y, además, para legislar normas que, como la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, están destinadas a evitar que los trapos sucios se ventilen y, si es preciso, que ruede alguna cabeza de turco.

Macri, de nuevo en EE.UU.07.11.2017

Una historia de seducción

¿Estará invitando a que los empresarios yanquis hagan lo mismo que hacen él y sus ministros? Financiarización y deslocalización, claves en la agenda del viaje.

“No hay mejor lugar para invertir en el futuro cercano que Argentina”, dijo Mauricio Macri, hoy en Manhattan, donde se encuentra presidiendo una comitiva oficial que viajó hacia EE.UU. para intentar seducir a inversores.

Ahí participó en un encuentro organizado por el Council of Americas y Black Rock, que con cinco billones de dólares en activos es el fondo de inversión más grande del planeta. En este contexto, expusieron el titular del Banco Central, Federico Sturzenneger y el presidente y CEO de Black Rock, Laurence Fink.

Mientras tanto, desde La Rosada y sus propaladoras massmediáticas, se dispuso un operativo para intentar disimular la nueva aparición de integrantes del gobierno en nóminas de guaridas fiscales, en esta ocasión, codeándose con celebrities del deporte, el rock y hasta con la mismísima reina británica.

Luis Caputo y Juan José Aranguren son los inscriptos en la lista de los Paradise Peaper’s que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Nada de esto sorprende, después de todo la temporada la inauguró el propio presidente. Pero no por eso deja de hacer ruido entre algunos de los sectores que apuntalan al gobierno.

En el caso de Aranguren esto se suma a la denuncia penal que pesa en su contra por haber beneficiado, mediante el aumento del gas, a la petrolera Shell de la que todavía es accionista. Además fue director de una sociedad subsidiaria que Shell posee proveer gasoil a nuestra región.

Por su parte, tampoco es este el primer terreno fangoso en el que debe pedalear Caputo en los apenas 19 meses lleva como ministro. Ni bien asumido el Gobierno Cambiemos, se supo que Caputo había sido uno de los grandes ganadores del dólar a futuro.

Este hombre formado en el Deutsche Bank y el JP Morgan, presidía la administradora de Fondos Comunes de Inversión Axis Sociedad y, desde ahí, saltó a Finanzas, área de gobierno desde la que se adoptaron medidas que hicieron que Axis se beneficiara con contratos de dólar futuro por 453.944.000 de pesos.

Otro que aprovechó la movida es Nicolás Dujovne, quien en su declaración jurada señaló que posee un patrimonio de 97 millones, de los que 74 millones están en el exterior. Pésima carta de recomendación para los empresarios a los que Macri espera convencer “de que la Argentina es el mejor país para sus inversiones”.

Carta en la manga

Pero en realidad la carta de seducción que el presidente llevó en su manga para intentar convencer al empresariado estadounidense, es el paquetazo que promete un coctel que incluye flexibilización laboral y del sistema jubilatorio, a lo que se suman reformas impositivas capaces de garantizar un fluido conducto de drenaje desde el universo del trabajo hacia el del capital.

Y es aquí donde está una de las principales claves de este viaje que el mandatario confirmó sólo después de que el resultado de las legislativas estuviera sobre la mesa.

Esto es ofrecer ventajas comparativas al capital financiero que con una legislación adecuada –a su medida- el gobierno espera que drene hacia la economía real, aunque sea un poco como para poder mostrar logros un poco sustentables de aquí a 2019.

También ofrece los beneficios para los “emprendedores de la obra pública”, un rubro en el que Macri se mueve como pez en el agua. Y para la posibilidad de que nuestro país se ponga en la fila de los aspirantes a recibir la segunda oleada de deslocalización. Lo que se pretende es que los trabajadores argentinos se conviertan en individuos dispuestos a sacarle los ojos a su vecino para quedarse con un trabajo, temporal, precario e inseguro en una planta que contamine y pague salarios que compitan, hacia abajo, con los de maquilas mexicanas, es decir los peores salarios de todo el mundo.

 

Paquetazo recargado06.11.2017

Volver a las Afjp

Después de la mentira de la reparación histórica el gobierno apunta a destruir el sistema público de reparto. Una jubilación para cada bolsillo y unos cuantos que se van a quedar afuera.

“El 82 por ciento móvil es un compromiso asumido”, aseveraba Mauricio Macri, por entonces candidato presidencial por Cambiemos, hace hoy dos años, en Purmamarca, en ronda de prensa junto a Gerardo Morales y José Cano, de campaña para la segunda vuelta electoral.

Pero pasó la elección y su resultado fue ratificado por la de medio término y, ahora, las decisiones gubernamentales parecen ir en otra dirección. Es que el segmento que el paquete presentado por el propio Macri reserva a la cuestión previsional, pivotea básicamente sobre tres ejes: la reducción de la tasa de sustitución, la alteración de la fórmula de actualización y la elevación de la edad jubilatoria de las mujeres, de 60 a 65 años.

Vale recordar que la tasa de sustitución es la cantidad de dinero que se cobra por jubilación con respecto al último salario percibido. C on la modificación propuesta por el Gobierno se modificaría la fórmula, por lo que pasaría del 72 al 60 por ciento pero con un paradigma puesto en el 53, que es la tasa promedio entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Este punto, como la elevación de la edad jubilatoria femenina, forma parte del pliego de “sugerencias” que dejó el FMI, un año atrás, cuando visitó Argentina para hacer una auditoría.

Y también lo es otro de los componentes básicos de la iniciativa. La modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones va a convertir en historia el mecanismo que hizo posible que -en términos reales- se produjera una recomposición y aumento de los ingresos del sector y de aquellos que perciben AUH.

Si prospera el proyecto que el gobierno enviará al Congreso, la jubilación va a quedar atada a la inflación general, algo que perjudicará el ingreso de un sector que por sus características –adquisición de medicamentos, etc.- padece una inflación superior a la media.

Asimismo, se desengancharía de la tasa de crecimiento de la economía, por lo que podría darse el caso de que el país creciera con jubilados que se hundieran, cada vez más, en la pobreza.

De esta manera, La Rosada espera ajustar en el sector previsional alrededor de cien mil millones de pesos, que se saldrán de los bolsillos de las personas adultas mayores que ya vieron mermada su calidad de vida como consecuencia de la feroz inflación de este año y, sobre todo, de 2016 que le ganó por varios cuerpos a los ingresos y que, en el caso de los jubilados, fue todavía superior al 42 por ciento promedio.

Pero para Cambiemos y sus propaladoras los jubilados “ya están hechos” con la Reparación Histórica ¿Acaso será así? A 16 meses los resultados que puede exhibir en beneficio de los jubilados esta medida que se anunció entre bombos y platillos son absolutamente escasos. Sólo alcanzó a menos del cuarenta por ciento de lo que se había fijado como meta oficial –que a priori era modesta-, al tiempo que los reajustes son menores a los que fueron prometidos y aumentó la litigiosidad, algo que plantea un nuevo problema para más adelante.

Y esto no es todo: los “hermanos de la vida” Nicolás Caputo y Mario Quintana, así como el biológico Gianfranco, encabezan una larga lista de personas cercanas al presidente que se beneficiaron con el blanqueo amparado por el Régimen de Sinceramiento Fiscal habilitado por la Ley de Reparación Histórica. Y como si esto fuera poco, pese al blanqueo se mantuvo constante el impulso que se verifica en la fuga de capitales.

Desembarco

Así las cosas, lo que va quedando claro hasta para los más inadvertidos, es que esto de la “reforma permanente” que anunció Macri viene a llevarse puesto derechos adquiridos por los trabajadores, algo que se buscará cristalizar por medio de un paquete de leyes que -si prospera- destruirá el carácter universal de los sistemas de salud, educativo y previsional.

¿Pero por qué? Estos tres sistemas son concesiones que el capitalismo tuvo que hacer, pero son totalmente extraños a su esencia ya que, por su carácter solidario son –de alguna manera- una suerte de avanzada de una sociedad diferente a la capitalista.

Por eso no sorprende que el paquete de fin de año incluya una reforma impositiva regresiva y otra vuelta de rosca del tarifazo crónico que, sistemáticamente, perpetra una brutal transferencia de riqueza desde el universo del trabajo hacia el del capital.

Pero el capítulo previsional del paquetazo, es sólo el puntapié inicial de un proyecto más ambicioso que trae la agenda que el FMI impone en casi todo el planeta.

Así, la mesa quedaría servida para un nuevo desembarco del capital financiero en el sistema previsional, por medio de fondos de inversión como los que en algún momento lo administraron –y estuvieron a punto de quebrar- a través de las Afjp.

Uno de los puntos centrales de esta avanzada se focalizará en la disminución de los aportes patronales, pero también en la segmentación en grupos de las personas alcanzadas por este derecho y en el carácter mixto del régimen. De esta manera, los sectores de altos ingresos accederán a un sistema de capitalización, al tiempo que se mantendría otro público y desinflado para aquellas personas de ingresos medios y bajos.

Los que no pudieran acreditar la cantidad de años de aporte necesarios se quedarán afuera de la jubilación, algo que es contradictorio ya que la mitad del sistema se financia con aportes que todos los ciudadanos hacen por medio del pago de impuestos como el IVA.

Así las cosas, a la hora de poner proa en dirección de un escenario en el que el sistema solidario de reparto y el 82 por ciento móvil sean sólo sueños, el presidente Macri arengó: “cada uno tiene que ceder un poco”, porque si no, recalcó, “no hay otra solución”. Pero lo único que queda claro es que mientras que los jubilados ceden el sistema financiero maximiza ganancia y que hay otra solución, aunque difícilmente pueda ser encontrada dentro de los límites del capitalismo.

La vieja cantinela de la crisis06.11.2017

¡Macri tiene la receta!

Organismos que hacen el diagnóstico y, después, venden las soluciones ¿Será verdad que la culpa de todo la tienen los jubilados?

Con el peso de un slogan publicitario, la palabra crisis aparece para adornar la explicación que, recurrentemente y a instancias del mismo patrón, gobiernos de diferentes puntos del globo utilizan para avanzar en reformas que le sacan el sistema jubilatorio a sus dueños para entregárselo al capital financiero transnacional.

La experiencia que, durante los 90 y hasta entrados los primeros años del siglo, tuvo Argentina con las Afjp no es la mejor, tampoco lo es la de Chile donde el sistema privado fue impuesto por la dictadura ni la que se desarrolla en varios países europeos.

Pero entonces ¿por qué se quiere volver a un sistema que a las claras exhibió que es considerablemente injusto y que, como pasó en nuestro país, demostró que -a la larga- el desfinanciamiento puede dejar agarrados del pincel a quienes confiaron en él?

La presunta crisis del sistema público de las pensiones, es un mito creado a la medida de los intereses de quienes quieren entregar el sistema al capital financiero y dejar librado el futuro de los trabajadores a las fluctuaciones del mercado que –está claro- nada tiene de imparcial.

Entre otras cosas, señalan los defensores de esta tesis, que la extensión de la expectativa de vida amenaza con provocar una superpoblación de personas adultas mayores (solo les falta añadir: ¡y encima vivas!), haciendo fila para cobrar la jubilación. Y que, asimismo, esto entorpecería el acceso de los jóvenes al universo laboral.

Aquí vale reflexionar sobre el carácter de castigo que el capitalismo le otorga al trabajo, lo que lo lleva a suponer que si se extiende la expectativa de vida, es sólo para que haya más años en los que se les pueda extraer plusvalía a las personas.

Pero además, es prudente recordar que en Argentina el nivel de trabajadores desocupados ya traspasó el techo del diez por ciento y que, en el caso de los jóvenes alcanza –según datos de Cepa- el 23,5 por ciento.

¿Entonces será que el problema son los jubilados o acaso habrá que buscarlo por el lado de quienes imponen condiciones a la relación entre trabajo y capital?

Pero todavía hay otra cuestión que es más de fondo. El gobierno habla del “ahorro” de cerca de 118.668 millones de pesos, que significaría la aplicación del paquete de ajuste y entrega del sistema solidario de jubilaciones. Así, en lugar de hablar sobre crecimiento, ajusta y lo hace recortando lo que deberían percibir aquellos que durante décadas aportaron al crecimiento del PIB del país.

Desde que Chile hiciera suyo el enfoque monetarista de Milton Friedman, el FMI y el Banco Mundial se convirtieron en acicate del ataque a los sistemas públicos de jubilaciones, con el argumento del crecimiento de la población que accede a este derecho.

Así, con el apoyo de gobiernos y propaladoras massmediáticas, sentencian que la salida está en que el modelo sea gestionado por entidades financieras que no son otras que las hacen o pagan los informes que advierten un futuro apocalíptico si se sigue con el sistema público.

Obsesión

Va quedando claro a quién le interesa esto de la “crisis” del sistema público, sobre todo si se advierte que el sistema no tiene graves problemas de déficit y que el premio mayor está en el Fondo de Sustentabilidad.

Pero en La Rosada tienen la receta para cocinar una crisis perfecta: recorte aquello que el Estado dispone para la seguridad social, cóbrele menos a los que tienen mayor capacidad de pagar y más a los que tienen poca, apriete con el tarifazo, destruya puestos de trabajo (para ello nada como abrir indiscriminadamente las importaciones), habilite un paquete de reforma laboral que fomente contratos precarios, el abaratamiento de los despidos y horas extra no declaradas.

Ah, y no se olvide de eximir a las empresas de realizar aportes -o cóbreles poquito-, pero tampoco de poner una tasa de referencia que incentive la timba financiera por encima de la inversión productiva que podría generar trabajo y, por ende, aportes jubilatorios.

Uno de los que escribe las recetas que pretende cocinar el Gobierno Cambiemos es la Ocde que, entre otras cosas, es autora de estos informes en los que elogia los beneficios de las políticas neoliberales que aplican sus países socios. El problema es que entre las obsesiones de Macri, está que Argentina ingrese a este organismo que junto al FMI, el Banco Mundial y la OMC, son pilares de la imposición de un modelo global fundamentado en la valorización financiera y la caída de barreras comerciales.

Y, para ello, además de las “sugerencias”, los países que firman la membresía aceptan que la Ocde intervenga en la definición de políticas sociales, sanitarias, educativas e impositivas, pero también sobre el papel que debe jugar el Estado y, por supuesto, sobre qué tipo de diseño debe tener el sistema jubilatorio.

Si alguien le dice que no es una coincidencia que cada uno de estos puntos esté contemplado en el paquetazo que anunció el Gobierno, por favor, dúdelo, no sea cosa que la historia se vuelva a repetir.

Recortan hasta los medicamentos06.11.2017

El capitalismo muestra su peor cara

Actualización jubilatoria por una inflación que no representa la canasta básica del sector y menos prestaciones para los jubilados.

Una disminución de la oferta de servicios, la restricción en la cobertura de medicamentos y tratamientos son algunos de los cambios llevados a cabo en el Pami, desde que Mauricio Macri es presidente, recuerda un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria donde se advierte que esto “impacta de forma negativa en la salud de jubilados y jubiladas”.

Asimismo, este trabajo da cuenta de que la Reparación Histórica aumentó las jubilaciones hasta 1.500 pesos, pero como contrapartida, se impusieron nuevas condiciones de acceso a la cobertura de medicamentos, por lo que “muchos jubilados que antes cobraban menos de un haber y medio, ahora pasaron a estar por encima de este tope, por lo que ya no podrán acceder a los medicamentos gratuitos”, algo que provoca un gasto superior al que reciben en concepto de “reparación”.

También denuncia que se redujo el listado de medicamentos que eran suministrado con cobertura del cien por ciento, así como la cantidad de unidades que se proveen, por lo que aún estando incluidos dentro de este derecho, muchos se quedan sin poder acceder al medicamento.

Otro recorte se produjo en la provisión gratuita de anteojos, al tiempo que fueron eliminados los programas de prevención de enfermedades recurrentes para adultos mayores, mermó considerablemente las prestaciones de trasplante y los centros de jubilados tienen que hacer malabares a la hora de servir la mesa porque Pami redujo la cantidad y calidad de alimentos que les entrega.

Vale recordar que, en este contexto las personas afiliadas a Pami, deberán enfrentar la vida con jubilaciones que se actualizarán sólo por el índice inflacionario que establece el Indec.

La situación es grave, tal como quedó claro a fin de 2016 cuando la inflación de bolsillo de las personas adultas mayores superó con creces al alarmante 42 por ciento que se registró en promedio. Cada vez son más los que deben elegir entre comer o tomar los medicamentos que necesitan.

Y más aún si a los recortes en la cobertura de servicios que brinda el Pami, se le suman las tarifas de servicios públicos cuya utilización es vital para todos y todavía más para los adultos mayores que están entre quienes encabezan la lista de los perdedores del modelo que exhibe, como pocas veces antes, el carácter criminal del capitalismo.

 

Simbiosis entre Estado y corporaciones02.11.2017

Tras los tarifazos, las privatizaciones

A menos de dos semanas de las elecciones el gobierno no se hizo esperar y entregó al sector privado más de doce empresas estratégicas del sector energético. De esta manera, se desprendió de una parte importante del patrimonio nacional y de una de las variables fundamentales para el desarrollo soberano de cualquier país

Otro hecho elocuente que confirma muchas de las tesis que venimos enunciando en torno a la relación simbiótica entre Estado y corporaciones, es la decisión por parte del ejecutivo de habilitar la venta de centrales eléctricas estatales. Se trata del ingreso de capitales privados en las estatales Central Dique SA, Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA, Centrales Térmicas Patagónicas SA, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia SA y Dioxitek SA.

La medida se publicó en el Boletín Oficial mediante el decreto 882/2017 bajo el argumento de que “es conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos”. Además, el decreto determina que la compañía Integración Energética Argentina se desprenderá de los activos del Estado en las centrales térmicas de generación eléctrica en Ensenada de Barragán y Brigadier López. Por su parte, quedó habilitada la venta de activos y derechos del proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II.

También concreta una de las máximas aspiraciones desde la ceocracia en el sector desde que asaltó la administración del Estado: la fusión de la estatal Enarsa con Ebisa, la empresa responsable de comercializar la electricidad de las centrales binacionales. La fusión implica el cambio de nombre de la primera por la segunda, lo que revela la verdadera intención de la resolución.

Estas decisiones se enmarcan en el plan de reforma del sector energético que el gobierno comenzó con los tarifazos, cargando sobre la espalda de los trabajadores los costos de la transferencia de recursos desde el Estado hacia las empresas del sector. Además, se trata de una batalla simbólica que entabla el gobierno contra su pasado inmediato, ya que el decreto también establece que las centrales Kirchner y Cepernic sean rebautizados como Cóndor Cliff y La Barrancosa, respectivamente.

Con estas decisiones el gobierno nacional explicita sus intenciones de tercerizar la matriz energética bajo argumentos harto conocidos y cuyas consecuencias quedaron a la vista en diciembre de 2001.

Antecedente inmediato

La publicación del decreto coincidió con la conferencia de prensa encabezada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que anunció el lanzamiento del Plan de Participación Público-Privado para la realización de obras de infraestructura. En otras palabras, se trata de la implementación de uno de los grandes anhelos de la patria contratistas: la privatización de la obra pública.

Este anunció tiene un antecedente inmediato y es la decisión del Ejecutivo de privatizar la Dirección Nacional de Vialidad y otorgarle la misma a la empresa Corredores Viales S.A. La medida llevaba consigo varias aristas que confirman, una vez más, la intención de los grupos económicos de consolidar el perfil liberal burgués que el macrismo le impide al Estado nacional. Ello es posible afirmar ya que los principales beneficiarios del decreto son las empresas vinculadas al negocio de la obra pública, las cuales, podrán someter a la extinta Dirección de Vialidad a la implacable lógica del mercado. Se trata de una nueva avanzada de las corporaciones económicas sobre el sector público.

La nueva empresa, que sustituye al organismo público, manejará a discreción la construcción, mejoras y reparaciones de rutas y autopistas bajo jurisdicción del gobierno nacional. Si bien el Estado, al ser la controladora de la nueva empresa, continuará dirigiendo los destinos de las obras, en la práctica el decreto implica el ingreso societario de empresas privadas y, por sobre todo, el cambio de forma jurídica desliga a Corredores Viales S.A de todas las regulaciones, obligaciones e instancias burocráticas a las que están obligadas a someterse los organismos públicos.

Hoja de ruta02.11.2017

El gobierno tiene quien le escriba

El FMI y los grupos económicos son los verdaderos autores intelectuales del paquete de reformas presentado por Macri el día lunes en el CCK. Ello se hizo evidente con el correr de los días y a medida que se fue conociendo la letra chica de cada reforma

“El país va a crecer por lo que hagan los privados y no el Estado” exclamó en una entrevista al diario La Nación el presidente Mauricio Macri. Se trata de una declaración de principios que reconoce el rol central que desempeñan los grupos económicos en el actual proceso político bajo la hegemonía de la ceocracia agrupada en Cambiemos.

La reciente designación de Luis Miguel Etchevehere -titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA)- al frente del Ministerio de Agroindustria da cuenta de quienes son los verdaderos autores políticos e ideológicos del plan de reformas presentadas por Macri el lunes en el CCK. La oligarquía terrateniente, los sectores agroindustriales y exportadores, los bancos y especuladores integran el selecto grupo que crece y se beneficia de la compleja simbiosis entre Estado y corporaciones.

Todo ello bajo el amparo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual, al igual que en la década del noventa, volvió a ganar protagonismo en la escena política local mediante el reconocido Artículo IV que somete a los países miembros a rigurosas auditorias anuales de las que luego se desprenden leoninas recomendaciones que afectan la soberanía política y económica del país.

Estas revisiones anuales fueron suspendidas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero, como era de esperar, volvieron a ser autorizadas apenas Macri ocupó su nuevo despacho en Balcarce 50. Como se sabe, la política fiscal es una de las principales preocupaciones del organismo multilateral creado una vez terminada la Segunda Guerra Mundial para que las potencias capitalistas vencedoras hicieran negocios con la denominada reconstrucción de Europa y Japón.

La principal línea de acción que el FMI recomienda para “equilibrar las cuentas públicas”, que en Argentina son seriamente afectadas por el peso cada vez mayor de los intereses de la deuda, es el recorte del gasto público, es decir, el ajuste fiscal, que se complementa con la entrega del sistema de servicios y empresas públicas al sector privado.

Por eso no sorprende que tras las generalidades presentadas por Macri el lunes en el CCK y una vez conocidos los primeros detalles del paquete de reformas, quede claro que es el Fondo Monetario el verdadero autor intelectual de esta nueva reforma del Estado encarada por la ceocracia. Esto queda más que claro en tres aspectos de los tantos que abarcan las reformas: la reforma laboral -presentada como “blanqueo”-, la reforma previsional y tributaria y el plan público-privado para la realización de obras públicas y servicios que ya quedó inaugurada con la privatización del sector energético, publicada ayer en el Boletín Oficial.

Una reforma a medida de las patronales

Sin dudas que uno de los puntos más sensibles del paquete de reformas presentadas por Macri y luego detalladas por el gabinete es el del “blanqueo laboral”. Este mismo consiste uno de los desafíos más importantes para la derecha vernácula en los últimos años y no es para menos ya que busca modificar, radical y estructuralmente, la relación entre capital y trabajo en la Argentina.

Esta es la “madre de todas las batallas” por dos motivos bien claros. El primero porque es una de las vías para aumentar la tasa de ganancia de los sectores patronales. Y segundo, por qué no hay bicicleta financiera ni divisas que remitir al exterior si las mismas no fugan consigo el valor generado por los trabajadores en el país. Este último punto es crucial y da cuenta del objetivo principal del proyecto-económico del bloque de poder que consiste en el diseño de un aceitado mecanismo de expoliación de la riqueza, condición para la cual, resulta imprescindible retrotraer las relaciones laborales al escenario previo a 1945.

La afirmación no es exagerada. Por más, queda en evidencia en uno de los incisos del “blanqueo” que modifica, sustancialmente, la concepción de trabajo que rige en el cuerpo jurídico nacional. A partir del nuevo esquema, para el sistema jurídico la relación entre trabajadores y patrones no será de desigualdad, sino por el contrario, una relación entre “pares”. Esto desconoce, adrede, una de las piedras fundacionales del capitalismo y es la situación en la que se encuentra la clase obrera, despojada de los medios de producción, y obligada a vender su fuerza de trabajo en el mercado para conseguir un salario y así reproducir sus condiciones materiales de existencia y la de su prole.

Las patronales lograron que el gobierno impulse una redefinición del concepto, a partir del cual, “la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora –el trabajo- constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato”.

Pero eso no es todo. Como anticipamos en distintos artículos, la reforma laboral –que el gobierno eligió llamar “blanqueo”- favorece, en todos sus puntos, a los empresarios. Por ello, no sorprende que la nueva regulación facilite la tercerización y subcontratación, que bloquee las demandas judiciales “por solidaridad” contra empresas contratistas de servicios tercerizados o que permita la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empleador.

Además, los cambios incluyen una modificación en el cálculo de indemnizaciones por despidos: aguinaldo, horas extras, comisiones, premios y demás pagos que forman parte del salario del trabajador no serán tenidos en cuenta a la hora de estimar la suma total que las empresas deberán abonar a sus empleados.

Otro punto “jugoso” para los sectores patronales, es la condonación de multas y sanciones por efectivizar trabajadores contratados en condiciones no previstas por la Ley de Contrato del Trabajo o los convenios colectivos de cada sector. Además, la efectivización tendrá costo cero los primeros seis meses y setenta por ciento de descuento los otros restantes. Como si fuera poco, los damnificados no podrán iniciar demandas penales contra las empresas.

Vale aclarar que todos estos beneficios ya corren para las pequeñas y medianas empresas del país, por lo que las modificaciones benefician, directamente, a las grandes empleadoras del país, la mayoría de ellas multinacionales.

La frutilla del postre es una reducción generalizada de los aportes patronales, salvo en el caso de las obras sindicales: esto fue uno de los puntos de negociación y acuerdo entre el gobierno y la CGT para darle vía a este “blanqueo laboral” que no hace más que poner blanco sobre negro los verdaderos objetivos de las políticas económicas del gobierno y a sus verdaderos autores intelectuales.

Impuesto a la renta financiera02.11.2017

Caballito de Troya

Mientras el gobierno presenta como progresivo su paquete de reformas usando como mascaron de proa el impuesto del 5 por ciento a la renta financiera que no altera el ritmo de la bicicleta, impulsa modificaciones previsionales y tributarias que benefician, de forma obscena, a los sectores patronales y perjudican al conjunto de la población trabajadora

A medida que se van conociendo los detalles de las reformas “para un gran acuerdo nacional” queda más que claro quiénes son los principales excluidos: los trabajadores. Sin ir más lejos el economista ultra neoliberal José Luis Espert expresó en relación a los cambios en materia tributaria que “es a medida de los empresarios y muy en contra de la gente”. Nótese la expresión “muy” como una característica sobresaliente del rediseño económico-social que está llevando a cabo el gobierno, cuyas políticas favorecen burdamente a los grupos económicos en detrimento de los sectores populares, el mercado interno, pequeños y medianos productores y la industria nacional.

Pese a que la reforma tributaria, entre otras cosas, grava en un 5 por ciento la renta financiera en operaciones mayores a 1.4 millones de pesos, Claudio Cesario, de la Asociación de Bancos de la Argentina, aseveró tras las reformas anunciadas que “el discurso del presidente Macri constituye un punto de inflexión en la política argentina y un mensaje esperanzador hacia la sociedad”. Semejante expresión sólo se puede explicar por el gran momento que viven los especuladores y los bancos que, gracias a la política de endeudamiento externo y bicicleta financiera, vienen acumulando cuantiosas ganancias que los convierten en los principales beneficiarios del modelo económico.

Festejan igual

La fiesta de los especuladores con la timba financiera es tal que la imposición de un impuesto del 5 por ciento a la renta en el sector no despertó mayores resistencias. No es para menos. Los asesores financieros afinaron el lápiz antes de que se conozcan los detalles y se dieron cuenta que, pese a la nueva medida, Argentina sigue siendo una de las plazas más rentables para invertir en capitales especulativos.

No hay motivos, al menos por el momento, para enfadarse con un gabinete que viene diseñando una política económica a medida de los fondos de inversión, los tenedores de bonos y los grandes bancos. Después de dos años de ganancias exorbitantes –y tras una década de rentabilidad sostenida- el gobierno nacional le reclama, una pequeña porción, de la impresionante masa de ingresos que la oligarquía supo obtener desde 2015 a esta parte.

Pese a ello, las ganancias para los que apuesten a Lebacs y Letes están aseguradas, no así para las Pymes y comercios que apuesten a la producción y el mercado interno, para el que sólo hay promesas. Pese a las retenciones del 5 por ciento en el sector financiero, las Lebacs le seguirán ganando la carrera a la inflación: con una tasa de interés de 27 puntos promedio y una inflación proyectada de 23, los números cierran redondo.

Además, como la norma establece gravar la renta en operaciones mayores a 1.4 millones de pesos o en aquellas que en un solo movimiento dejen dividendos superiores a los 52 mil anuales, los asesores ya se encuentran diseñando carteras con mini-operaciones que no alcancen esas cifras. De esta manera, los especuladores lograrán sortear el impuesto y continuar con rendimientos altos que justifiquen la apuesta.

Así las cosas, una vez más, queda en claro que lo del impuesto a la renta financiera es un mascarón de proa para meter, en un mismo paquete, medidas mucho menos simpáticas como el “blanqueo laboral”, la reforma previsional o la suba de los impuestos a las gaseosas, vinos y cervezas.

Por su parte, vale recordar que la decisión de financiar el déficit fiscal con endeudamiento externo y de incentivar la bicicleta financiera genero una bola de nieve que se agranda día a día. El peso de los intereses de la deuda es cada vez mayor, y el peso que estos ejercen sobre la deuda pública se hace insostenible. 750 millones de pesos diarios en intereses es lo que tiene que desembolsar el Estado para que siga girando la rueda de la bicicleta, y así quitar liquidez de la economía real y mantener el precio del dólar. Con esta política, el gabinete económico ansía domar la inflación y paralizar el crédito productivo. Es tan evidente que falla en el primer objetivo como que acierta con creces en el segundo.

En todos los casos, el Estado necesita generar una fuente de entrada de recursos medianamente sostenible y sólida como para afrontar los desafíos de gobernar con déficit fiscal y de la balanza comercial. En ese marco, el gobierno decidió hacerlo con los ingresos de los trabajadores, asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad del sector privada. La reforma previsional presentada por Dujovne, que “ahorraría” al Estado 100 mil millones de pesos al año, recae sobre la espalda de 17 millones de personas. Por ello la contracara de la fiesta de la ceocracia es el presente que viven los trabajadores. Y el futuro es por lo más desalentador. Según un informe publicado esta semana por el Centro de Economía Política de Argentina (Cepa), la reforma previsional y laboral afecta al conjunto de la clase obrera. Sucede que la reducción de las contribuciones patronales al sistema previsional, con la excusa de atacar a las jubilaciones de privilegio, si se tienen en cuenta los ingresos salariales a la fecha, implicarían unos 42 mil millones de pesos menos al año. Es decir, las empresas aportarían un 11 por ciento menos que en la actualidad. Se trata de recursos que dejan de ir a los bolsillos de los jubilados y que pasan a engrosar, directamente, la tasa de ganancia de los sectores patronales.

El cálculo realizado por el Cepa deja al desnudo las verdaderas intenciones de la reforma tributaria delineada por el gobierno. Según el Centro, “este escenario implica que no se reduzca el déficit fiscal tal como pretende el Gobierno; pero a la vez, que sean los jubilados quienes transfieran ingresos en favor de las empresas beneficiadas con la medida”.

¡De pesadilla!1.11.2017

Aumenta el ABL

Así está previsto en el proyecto de Presupuesto que envió a la Legislatura el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Una nueva transferencia desde el bolsillo de los vecinos al de los empresarios.

Un fuerte incremento del impuesto inmobiliario y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), como contracara de más beneficios para las empresas a través de una significativa reducción en ingresos brutos, caracteriza al Proyecto de Presupuesto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer y que, según se espera, la Legislatura debatiría a partir del 23 de noviembre.

Previamente, se espera que se lleve a cabo –entre el 3 y el 17 de noviembre- la ronda de ministros que concurrirán a las comisiones legislativas para explicar el proyecto que, así lo esperan el Gobierno, sería aprobado el jueves 30.

La iniciativa que el ejecutivo que encabeza Horacio Rodríguez Larreta espera que se sancione sin sobresaltos, se presenta como la puntada inicial de un ambicioso rediseño – integral y regresivo- del sistema tributario.

El panorama es claro: si prospera se perpetrará una nueva transferencia desde el bolsillo de los vecinos al de los empresarios, es decir, del trabajo al capital. Así se desprende de la notable reducción que se prevé para el impuesto a los ingresos brutos que deben pagar las industrias. En este caso, se espera que la alícuota descienda –conforme la actividad- del tres actual a sólo el dos por ciento.

Y esto no es todo. La propuesta del ejecutivo busca que el tope de facturación anual que se toma en cuenta para considerar exenta a la actividad industrial, pase de los actuales 24 millones a 75 millones de pesos.

Pero asimismo, que se elimine la carga que, con carácter adicional, tienen que tributar las firmas radicadas fuera de la Ciudad, al tiempo que contempla la ampliación de los montos del régimen simplificado con el objetivo de equipararlo a las categorías del monotributo que fija la AfiP, algo que favorecería a diez mil grandes contribuyentes, ya que el techo de ingreso anual, va a pasar de cuatrocientos mil pesos a setecientos mil.

Queda claro que todo esto va a desfinanciar al Estado porteño que espera cubrir ese rojo –al menos una parte- con lo que salga de la recaudación del ABL y el impuesto inmobiliario que vienen de una fuerte suba, sobre todo, durante los dos últimos años.

Vale recordar que este tributo atraviesa transversalmente a todos los vecinos de la Ciudad, incluso en el caso del ABL, a aquellos que se ven obligados a alquilar un lugar para vivir y también a pequeños y medianos comerciantes. En este caso el promedio de suba previsto casi duplica a la inflación prevista por el propio gobierno para 2018, ya que se ubica en el rango que va del veinte al 23,6 por ciento.

Nuevo Régimen

El proyecto de ley de Presupuesto 2018 enviado por el ejecutivo de la Ciudad, fue confeccionado de acuerdo a los límites previstos en el proyecto del Nuevo Régimen de Responsabilidad Fiscal que, a instancias del Gobierno Nacional, debe considerar el Congreso.

Si prospera la iniciativa que prevé la puesta en marcha de este régimen, todas las jurisdicciones del país deberán mantener constante el gasto primario en términos reales y el gasto total en el caso de aquellas que fueran deficitarias o con servicios de deuda superiores al quince por ciento de los recursos corrientes.

Por otra parte, el Estado nacional y los provinciales tendrán que comprometerse a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público que había el 31 de diciembre de 2017, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción.

Otro punto que se impondría es la creación de fondos anticíclicos fiscales, conformados por cada jurisdicción con los recursos excedentes provenientes de momentos en los que la balanza fiscal arroje superávit. Y también se comprometerían a no aumentar la presión impositiva, sobre todo, en aquellos gravámenes que se aplican sobre empresas y su financiamiento.

Presupuesto bonaerense1.11.2017

Esa pasión por endeudar

Por cobrar menos impuestos a los que más tienen, las arcas provinciales resignarán algo así como diez mil millones de pesos, cifra que va a ser cubierta por medio de la toma de más deuda.

Sin muchas sorpresas, el texto del proyecto de Presupuesto 2018 y Ley Tributaria fue enviado por la gobernadora, María Eugenia Vidal, al Parlamento bonaerense, con dos rasgos que sobresalen: la reducción de Ingresos Brutos y Sellos, que se contrapone a la suba promedio del 56 por ciento que propone para el Impuesto Inmobiliario.

El otro gran dato es que, en este pase de manos, las arcas provinciales resignarán algo así como diez mil millones de pesos, cifra que va a ser cubierta por medio de la toma de más deuda.

Asimismo, con el resultado de las legislativas puesto, Vidal cierra el paquete del Presupuesto y la Ley Impositiva con un proyecto que, si prospera, viabilizará la adhesión de los municipios a su Ley de Responsabilidad Fiscal provincial que promete imponer serias restricciones a las comunas, pero que también la habilita a establecer un sistema de premios y castigos para mantener a raya los intendentes.

Mediante este tándem de iniciativas diseñado en consonancia con La Rosada, Vidal aligera la presión tributaria para el sector empresarial, por medio de una norma tributaria que contempla un generoso diagrama de reducción en los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos. Si prospera el proyecto, la presión tributaria para este sector va a caer del actual 5,8 por ciento del producto provincial al 5,5.

Por otro lado, a la hora de recaudar, la gobernadora juega sus fichas a la actualización de la valuación fiscal de tierras: prevé que para 2018 estima incrementar el impuesto Inmobiliario Urbano dentro del orden del 56 por ciento promedio, al tiempo que para el caso del Inmobiliario Rural, sería del cincuenta por ciento.

Aquí vale destacar que se profundiza la distorsión que ya es crónica en la forma cómo se aplica la carga impositiva. Es que, así, se paga en promedio alrededor de once pesos por metro cuadrado en zona urbana, mientras que en la zona rural el promedio es de cerca de 150 pesos por hectárea, lo que en zona en zona agrícola núcleo se va a 527.

Así las cosas, en las zonas ganadera y agrícola núcleo del territorio bonaerense, por cada metro cuadrado se pagará algo así como menos de diez centavos. Es decir que una zona que se destina a vivienda familiar tiene una carga impositiva drásticamente superior a aquella destinada al actividades sumamente lucrativas.

Por otra parte, mientras aquel a quien le aumentan la carga impositiva para poder vivir en su vivienda debe pagar impuesto a las ganancias, el que utiliza la tierra para lucrar recibe beneficios adicionales y ni que hablar de aquellos producto de la quita y merca de retenciones a la producción de cereales y oleaginosas.

Déficit

En este subibaja, si prospera el paquete impositivo impulsado por Vidal, el costo fiscal va a ascender a alrededor de diez mil millones de pesos. En este contexto, la gobernadora se propone, para 2018, bajar el déficit y subir la inversión en obra pública que tan buen rédito le está dando a su imagen ¿Pero cómo lo hará con un presupuesto que reconoce un déficit de 30.900 millones?

Tal como viene haciendo, incluso en mayor escala que el propio presidente Macri, el proyecto solicita que la Legislatura vuelva a autorizar a que el ejecutivo contraiga deuda por 58.890 millones, es decir, alrededor del 1,3 por ciento del producto provincial, sólo 0,1 menos que aquella que le autorizaron a contraer para este año.

¿Pero para qué la toma? Si bien una parte estaría destinada a financiar infraestructura, más de la mitad va a ir a parar a pagar más deuda.

Vale recordar que este año la provincia de Buenos Aires ingresó a la élite del ranking de tomadores compulsivos de deuda elaborado por la estadounidense Bloomberg Limited Partnership, cuyo relevamiento da cuenta de que la deuda externa en divisa de la provincia de Buenos Aires creció alrededor de 8.660 millones conforme avanzaba la Gestión Vidal.

Lo que revela el ranking de Bloomberg es claro: la provincia de Buenos Aires -que no es un estado nacional- comparte grilla con pesos pesados como México, la República de Corea, Turquía y Rusia. Y es preciso recordar que Buenos Aires es una provincia y no un país, porque esta diferencia hace que en el caso bonaerense se le va a hacer más complicado conseguir recursos frescos que en el de cualquiera de los países con los que comparte este selecto grupo.

Así las cosas, conforme avanza el tiempo y se incrementa la deuda el panorama se ensombrece con dudas vinculadas a la capacidad de pago real que tiene hoy la provincia.

Durante el año inicial de Cambiemos en el gobierno bonaerense, se profundizó la situación de recesión con un decrecimiento de la economía del orden del 2,3 por ciento.

De esto da cuenta un análisis del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Buenos Aires (Idesba), dependiente de la CTA de los Trabajadores donde se indica que, además, 2017 está atravesado por el estancamiento, pese a ciertas recuperaciones sectoriales que no logran alcanzar los niveles de 2015.

Ahí se destacan casos testigo como el de la industria manufacturera que siguió su tendencia negativa con una caída interanual de 1,3 por ciento durante el primer trimestre.

Asimismo, recalca que las exportaciones crecieron en un 4,2 interanual, resultado que se explica sólo por el incremento de los precios, ya que en cantidades, las exportaciones se retrajeron casi un cuatro por ciento.

Y, en esta dirección, el Idesba advierte que en lo que va de 2016 se profundizó la dinámica de endeudamiento con gran componente de deuda en moneda extranjera que se desencadenó junto a la asunción de Vidal como gobernadora. 45,7 por ciento y 85,3 por ciento interanual es un porcentaje que alarma, pero lo es más aún cuando se nota que la provincia sigue sin generar recursos genuinos para hacer frente a los vencimientos y que las amortizaciones e intereses de esta deuda se multiplican vertiginosamente en un orden del 422,3 y 177 por ciento interanuales.

Es precisamente esta dinámica la que impacta de forma letal en el resultado fiscal financiero donde se registra una caída del 81,2 por ciento, algo que el Gobierno provincia optó por resolver por medio del ajuste, fundamentalmente, en salarios a trabajadores estatales e inversión social. Estos dos segmentos están por debajo de la inflación y no tuvieron recuperación respecto a la pérdida de 2016.

Tampoco hubo recuperación del consumo de bienes vinculados a necesidades básicas y esto se explica –en gran medida- porque el empleo registrado privado volvió a caer en el territorio bonaerense durante el trimestre inicial del año, algo que también ocurrió con los salarios reales que tuvieron una retracción en relación al deterioro de 2016 que en el conurbano alcanza a 2,2 por ciento interanual y es del 0,5 en el interior de la provincia.

Problemas de salud1.11.2017

Del bigote al CUS

Mauricio Macri designó nuevo titular para la cartera sanitaria. Cirugía mayor para el “cambio cultural”. Todo listo para avanzar con el programa de Cobertura Universal de Salud ¿Eso será bueno o es malo?

Adolfo Rubinstein un radical –pero no tanto- fue designado para reemplazar a Jorge Lemus al frente del Ministerio de Salud, cartera que bajo su gestión se colocó en el ojo del huracán a raíz de la subejecución presupuestaria que sobresalió de la que se registra en otras áreas sensibles.

Entre otros casos, en el tendal que dejó Lemus aparecen la desarticulación de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores encargada de atender la prevención tratamiento de patologías como chagas, fiebre amarilla, zika y dengue. El director del área denunció que ni siquiera les daban insecticidas y reactivos, tuvo que renunciar.

El mismo camino debió seguir quien dirigía el Programa Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. Se fue ante la subejecucióny falta de insumos como preservativos y reactivos.

Lemus había presidido la carera de Salud cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno. Ahí también se destacó por subejecutar presupuestos y logró que en el territorio más rico del país creciera la mortalidad infantil.

Pero, pese a esto, cuando llegó a La Rosada Macri no dudó en volver a convocarlo, después de todo le debe una: Lemus le salvó la vida cuando. Fue cuando en su fiesta de casamiento, Macri imitó a Freddy Mercury y se atragantó con un bigote de fantasía. Con singular pericia Lemus logró evitar que se ahogara y, así, se ganó el derecho a ser ministro de la nación.

Pero, al menos por ahora, la estrella de Lemus parece haberse agotado y en La Rosada consideran que Rubinstein –un profesional de frondoso currículum- es el indicado para estar a cargo en el área sanitaria, durante lo que esperan sea la etapa de consolidación del Proyecto Cambiemos ¿Pero de qué será eso?

Pistas

Una pista clara la dio no hace mucho el gobierno cuando presentó el programa de Cobertura Universal de Salud (CUS), eufemismo que esconde una compleja arquitectura para efectuar una enorme transferencia de recursos, desde el sector público y los bolsillos de los trabajadores, hacia las clínicas privadas y los grandes laboratorios.

El CUS es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud y aplaudido por empresas de medicina prepaga, clínicas privadas, grandes laboratorios transnacionales y la burocracia sindical, ya que beneficia a la caja de las obras sociales sindicales.

Y, aunque se presenta como una herramienta tendiente a garantizar el acceso “universal” a la salud, asesta un golpe letal al sistema nacional de salud pública. Así lo definió el médico sanitarista integrante del Partido Comunista, Néstor Lucatelli, al aseverar que “de universal no tiene nada”, ya que “va a profundizar la crisis en los hospitales públicos, favorecerá la desfinanciación de la salud y engrosará las ganancias de los empresarios del sector”.

Para ello, La Rosada apela al recurrente argumento de que, así como está, el sistema es insostenible por lo que debe ser “modernizado”.

En este punto es prudente recordar que, aún, los argentinos somos parte del ocho por ciento de la población global que tiene acceso a un sistema sanitario de base universal.

El sistema sanitario de base universal es el que permite que cualquiera pueda atenderse –sin pagar arancel- en la red de hospitales y salas públicas. Y es parte de las respuestas que el capitalismo sacó de la galera para presentar al “Estado de Bienestar” como modelo capaz de sintetizar los intereses de la sociedad.

Vale recordar que esto se produjo cuando, apenas después de la segunda guerra mundial y el bloque socialista en apogeo, la burguesía de Europa occidental buscó variantes que evitaran que los trabajadores del otro lado aparecieran como ejemplo para los de este lado. Por eso construyó herramientas eficaces para distribuir algo a través de la prestación estatal de servicios que, además, garantizaban que la mano de obra que precisaba para volver a poner en marcha la rueda productiva –destrozada por la guerra- que necesitaba el capitalismo, estuviera sana cuando sonaran las sirenas de la fábrica.

Por esos años, este momento fordista del capitalismo tuvo su capítulo argentino con el establecimiento de un pacto que fortaleció el carácter de acceso público y de derecho universal a la educación, el sistema previsional y la salud como herramientas de redistribución de riqueza.

Ese pacto fue eficiente para eso, pero también para arrinconar a la clase obrera para que se integre dentro de los márgenes de la democracia liberal burguesa.

Pero –no podía ser de otra manera- con el agotamiento del momento histórico que justificó a este “Estado Social” y la llegada de la Segunda Crisis de Larga Duración del Capitalismo, volvieron los problemas.

Desde entonces, progresivamente, a fuerza de pustch y goteo, el capital avanzó sobre las posiciones del trabajo. Externalización, modernización y gestión clínica se convirtieron durante los últimos tiempos en conceptos que se remachan sobre el sentido común para ocultar un proceso que progresa y amenaza con destripar al sistema universal de salud que, todavía, gestiona el Estado y, así, entregar al sector privado sus partes más rentables.

En otros países de Europa se perpetraron, durante los últimos años, experiencias similares a las que ahora el Gobierno Cambiemos pretende presentar como novedosa. En todos los casos los resultados son nefastos, ya que la mercantilización del sistema sanitario aportó de manera determinante a la transferencia regresiva de riqueza, pero también atenta contra la salud de las personas.

En este marco, la cartelización entre empresas prestadoras y multinacionales farmacéuticas es letal para la salud pública, ya que transforma en bien de consumo a los medicamentos.

La dinámica de vender fármacos como caramelos tiene consecuencias visibles: en Europa occidental la primera causa de muerte es son las enfermedades cardíacas, después está el cáncer e inmediatamente la ingesta –por sobremedicación- de fármacos innecesarios. La lógica del capitalismo señala que es preciso mercantilizarlo todo para provocar necesidades donde no las hay. En todos los casos esto es una de las características criminales de ese sistema, pero en el de la salud, es mucho peor.

Pregunta del millón

Por eso, en este punto, la pregunta del millón es si es probable un retorno al “Estado de Bienestar” ¿Pero si el capitalismo es una forma de relación interpersonal y social basada en la extracción de riqueza producida por muchos, para pocos, por qué el sistema sanitario debería regirse por otras reglas dentro de este sistema que se distingue precisamente por el capital?

En una situación de crisis sistémica como la actual, las propuestas de tipo keynesiano que piensan al Estado Liberal Burgués como factor determinante para el fomento de la redistribución de la riqueza, son imposibles de aplicar.

¿Pero de dónde salió esta crisis sistémica sino del corazón mismo del período de “Estado de Bienestar” que fomentó la descompresión de la lucha de clases y abrió las puertas a la Segunda Crisis de Larga Duración Capitalista?

El neoliberalismo es una respuesta a la debacle del “Estado de Bienestar”, así como al reparto del excedente social que se produjo entre las dos crisis de larga duración. Por eso es que es fantasioso pensar que el keinesianismo, ese “capitalismo bueno” que algunos pregonan en Argentina, sea capaz de liderar un nuevo ciclo de acumulación acelerada.

Esta es una perspectiva que es prudente tener en cuenta para comprender qué es y por qué se perpetra esto –ahora y aquí- contra el sistema de salud pública. Pero la cosa no acaba ahí.

A diferencia de lo que pasaba durante su etapa fordiana, en este momento de su desarrollo, el capitalismo no precisa que toda la población acceda a una prestación sanitaria de calidad. Es decir, no le hace falta que todos estén sanos.

Es que el sistema universal de salud es producto de una necesidad concreta del breve interregno que hubo entre las dos grandes crisis de larga duración en las que, para recomponer su propia base de sustentación, el capitalismo tuvo que garantizar pleno empleo. Y si lo que se quiere es tener trabajadores eficientes en la línea de producción, es preciso que estén sanos.

Pero con la financiarización y la deslocalización que transforma al proletariado en precariado, el capitalismo puede evitarse el “gasto” que implica proporcionar asistencia sanitaria de calidad. Es que más allá del portón hay un montón de personas desocupadas dispuestas a trabajar en cualquier condición.

¿Pero hay algo de natural en todo esto? Para nada. Propician el deterioro del sistema público, lo que fomenta que sectores medios se vuelquen al sistema de prestación sanitaria de prepago privado. Si el sistema público deja de atender o dificulta a niveles extremos la atención de diversas patologías, incluso crónicas, quien puede pagarlo busca la prestación que necesita en el sector privado.

Para los que se queden afuera, la propuesta es un esquema de prestación similar a la de principios del siglo 20 que garantice cobertura universal de inmunización de enfermedades infecciosas de fácil propagación porque, después de todo, virus y bacterias son capaces de burlar las barreras y controles del country.

Y hay algo más –también determinante- para comprender por qué quieren desmembrar el sistema sanitario de base universal y acceso público y gratuito. Junto al sistema educativo y el previsional, el de la salud pública es una concesión que el capitalismo tuvo que hacer en un contexto histórico determinado. Estos tres sistemas son -de alguna forma- avanzadas de un tipo de sociedad que no es la capitalista en la que prevalezca un sistema de relación social basado en la asociación, la cooperación y la autogestión entre pares. Todas estas son cosas que el capitalismo aborrece.