La Doctrina Bullrich, también en Bariloche

Sindicales y Territorio
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En el marco del proceso que investiga los asesinatos de dos personas, provocados por la represión policial, el juez de Garantías debió exigir a esa fuerza que deje de apretar a testigos.

El juez de garantías, Ricardo Calcagno, admitió la acción de hábeas corpus preventivo que presentó la abogada Marina Schifrin, para proteger los derechos de cuatro testigos del juicio que se lleva adelante contra los ex jefes policiales, Veroíza, Carrizo, Hermosa y Villanova, así como Víctor Cufré, quien fuera secretario de Seguridad de la provincia en 2010.

Vale recordar que a estos ex funcionarios se los acusa de los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, perpetrados el 17 de junio de 2010 en medio de una feroz represión policial que tuvo lugar en Bariloche, que además dejó varios heridos.

La medida a la que accedió el magistrado a pedido de la abogada Schifrin, se fundamenta en la necesidad de proteger los derechos de cuatro personas que declararon en el juicio, tras lo que fueron amedrentados. Entre ellos hay un joven que resultó agredido cuando se retiraba de Tribunales.

Al respecto, el juez amonestó al jefe de la Seccional Tercera de la policía de Río Negro, Gustavo Paillalef, y al titular del Penal 3 de esta ciudad, a quienes les ordenó que se abstengan de detener, seguir o perseguir a tres de los testigos, así como de agravar las condiciones de detención de otro que cumple una condena en esa cárcel.

Este proceso llevado a cabo por el Tribunal que integran Marcelo Barrutia, Juan Lagomarsino y Emilio Riat, debe expedirse sobre las conductas penales de Veroíza, Carrizo, Hermosa, Villanova y Cufré, todos acusados de homicidio simple, pero también sobre la de los policías Víctor Pil, Marcos Epuñan y Víctor Sobarzo, a quienes se les imputa homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y leves, y homicidio en agresión calificado por uso de arma.

 

¿Hecho aislado?

 

En este punto cabe preguntar si lo que se ventila en este juicio es un hecho aislado. “En Río Negro tenemos una historia bastante mala con el tema de poder llegar a una resolución judicial de todos los crímenes y desapariciones que hubo en nuestra provincia”, recordó Rubén Terrile, secretario del PC de Bariloche.

Y, al referirse a este caso, resaltó que “lo importante es que los jueces puedan continuar y se llegue a un esclarecimiento, lo más cercano posible, a lo que fue la realidad de ese momento”.

Asimismo, fue claro al recalcar que la represión sistémica aumentó en el país durante los últimos dos años, lo que lleva a que “hayan institucionalizado la pena de muerte en cualquier fuerza de represión”, tras lo que advirtió que “cuando estás investigando, las fuerzas represivas también tienen sus pautas para complicarte”.

Por otro lado, analizó cómo las marcadas diferencias sociales en Bariloche se manifiestan en el marco de una lógica represiva. En ese sentido, señaló: “hay dos escalones muy grandes; uno con situación vulnerable y carencia económica muy grande y, por otro lado, las clases más pudientes gobiernan la ciudad”.

Tras lo que definió que “la clase dominante se maneja siempre mucho mejor con el caos”, por lo que “debemos tener sumo cuidado de que no se sigan generando estas actitudes de represión”.

Porque “a la represión la necesita el modelo neoliberal para poder influir en las voluntades”, sentenció alertó que “no hay que olvidar nunca la necesidad que tiene el Imperio norteamericano de poner sus garras sobre la Patagonia argentina y, en una situación de caos, el Imperio se maneja mucho mejor”.