(Juicios a la dictadura)
E n una conferencia de prensa, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó un documento en el que se reclama, entre otras cosas, una audiencia con el presidente de la Suprema Corte y mayor celeridad en los juicios.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre es un organismo que, ininterrumpidamente desde 1937, ha tomado los derechos humanos como bandera de lucha y que ha visto caer, inclusive, a algunos de sus integrantes cuando la violación a estos sacros derechos fue sistemática en nuestro país. Con la autoridad que le da su larga y coherente historia, la entidad ahora se vio impelida a reclamar a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una audiencia en la que poder plantear formalmente las muchas trabas con las que se encuentran los juicios por crímenes de lesa humanidad que hoy se llevan en el país, juicios que, si bien son apoyados por la entidad, están atomizados en muchísimas causas, que en diversas jurisdicciones del país aún se topan con la indestructible impunidad y, por si fuera poco, no tocan temas delicados (pero urgentes para quienes abogan por la Memoria, la Verdad y la Justicia) como los crímenes de la Triple A y el evidente genocidio al que fue sometido nuestro país a instancias del poder imperial.
Ante esta delicada situación, en el medio de la cual algunos represores condenados gozan de privilegios como la prisión domiciliaria o, directamente, la libertad, la Liga llamó a una conferencia de prensa, la cual se llevó a cabo el lunes 30 de enero y en la que se presentó el documento titulado “Así no hay justicia plena”. En el escrito, el organismo dio a conocer una carta dirigida a Lorenzetti en la que reclama una serie de medidas para promover cambios que ayuden a acelerar los juicios.
En este significativo documento, la Liga articula contra el poder económico que, según sostiene, “inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del genocidio”. También delata que los procesos contra los genocidas no son “obra planificada” por la Justicia sino “fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos (...) con el agravante de que no organizaron su información para ser utilizada” en los juicios sino para averiguar el paradero de los desaparecidos. A esto agregan que los jueces siguen ignorando que en nuestro país hubo un genocidio orquestado desde los grandes centros mundiales de poder.
Además, la Liga denunció que muchos de los genocidas gozan de libertad condicional, lo que genera en los testigos, abogados y militantes políticos y de derechos humanos una infortunada convivencia con los “verdugos” del pueblo.
En la conferencia
Durante la conferencia de prensa convocada para presentar el documento “Así no hay Justicia plena”, algunos integrantes del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y su secretario, José Schulman, denunciaron casos puntuales de impunidad y demoras en juicios por crímenes de lesa humanidad.
Schulman argumentó que en Jujuy “no hay un solo juicio oral en marcha” y ni “un solo condenado”. Añadió que ni siquiera hay juez en esa provincia y que el conjuez que asumió recientemente, Carlos Olivera Pastor, “no ganó ese cargo por concurso” y es un “ejemplo bochornoso del sabotaje al proceso de juicio y castigo”. También remarcó que Víctor Brusa, el primero de los funcionarios judiciales sentenciado por su complicidad con los asesinos, en Santa Fe, goza del privilegio de salidas transitorias, el cual fue concedido por el mismo tribunal que hace sólo tres años lo condenó a 23 de cárcel efectiva por “privación ilegal de la libertad y torturas a ocho víctimas, entre las cuales me encuentro”.
Por su parte, el abogado Pedro Dinani manifestó su preocupación por el hecho de que megarrepresores como Santiago Riveros y Reynaldo Bignone cumplan sus condenas en la modalidad de “arresto domiciliario”, lo que “se aleja de toda razón de justicia y por lo tanto de toda jurisprudencia de los tribunales internacionales”.
El también abogado Olivier Reboursin, a su vez analizó “las demoras en que está incurriendo el Poder Judicial en los procesos abiertos en que no se ha llegado a la instancia de juicio”, de los cuales “el más simbólico” es el proceso “por los crímenes de la banda terrorista de la Triple A y el terrorismo paraestatal como prolegómeno del terrorismo de Estado en la dictadura”.
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