Viernes, 24 Marzo 2017


Juzgar a los responsables empresariales PDF Imprimir E-mail
(Con Blaquier en el banquillo)
E
n el marco de la causa con la que la Justicia jujeña investiga crímenes de lesa humanidad registrados en el llamado “Apagón de Ledesma”, el empresario Carlos Pedro Blaquier fue citado a declarar y se ordenó que no se le permita salir del país. Además,Guido Carlotto asumió en la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y Martín Fresneda en la nacional.


La responsabilidad de las grandes empresas privadas argentinas y multinacionales está empezando a ser tomada en cuenta por la Justicia, en un verdadero giro en la serie de juicios con que se intenta tratar la vasta herida que nos dejó el Genocidio Sudamericano. En esa senda de profundización en el análisis de las responsabilidades ante tanta muerte difundida en esta parte del mundo por los esbirros del poder, la Justicia decidió impedir que el empresario Carlos Pedro Blaquier salga de la Argentina. Se trata de indagarlo por la participación claramente colaboracionista que la empresa de la que es titular, Ingenio Ledesma, tuvo en “La  noche del apagón”, nombre con el que se llama a un vasto operativo de coordinación entre el poderes político y económico para acallar las voces de protesta que contra la explotación se alzaban en Libertador General San Martín hacia 1976.


La medida judicial fue tomada dentro de la causa que, entre otros crímenes relacionados con el siniestro apagón, investiga el secuestro y la desaparición de quien era intendente de Libertador General San Martín al momento de los hechos investigados: Luis Ramón Aredez, cuya mujer, Olga, fallecida en el 2005, fue una de las principales luchadoras por la justicia en una serie de hechos que los tribunales de Jujuy mantuvieron cajoneados durante décadas, por culpa de la connivencia del Poder Judicial con el poder político de los tiempos dictatoriales. La prohibición de la salida del territorio nacional que recayó sobre Blaquier está enmarcada en su llamado a declaración indagatoria, el cual se concretaría el 18 de este mes y fue dispuesto por el juez federal de Tucumán, que subroga el Juzgado 2 de Jujuy, Fernando Poviña. 


La prohibición también abarca al ex administrador del Ingenio Alberto Lemos, quien también deberá presentarse a declarar y que, en caso de no comparecer ante los jueces, podría quedar inmediatamente detenido, tal como sucedió con cuatro ex policías provinciales por su participación en los secuestros: José Américo Lescano, Virgilio Chofi, Carlos Cachambe y Pedro Ríos, los que ya se encuentran alojados en la unidad penal del barrio de Alto Comedero, en la capital jujeña.


La seguridad de las víctimas


Con tan importantes nombres imputados en este juicio, es lógica la presentación de un habeas corpus, efectuada por distintos organismos de derechos humanos jujeños ante la fiscalía federal, en resguardo “de la integridad física de las personas” tras la difusión de los informes de inteligencia sobre dirigentes e instituciones, ordenados por la empresa Ingenio Ledesma y secuestrados en uno de los  allanamientos que se realizaron en función de la causa.


“La empresa no ha cesado en su metodología de seguimiento y persecución a líderes sociales, gremiales y políticos”, afirmó el escrito al respecto del informe que la familia Blaquier encargó para conocer detalles de la “Marcha del Apagón” de julio de 2005, encontrado el 26 de abril pasado, informe que obedecía a una razón especial: ese año tuvo lugar la primera convocatoria sin la presencia de Olga, principal denunciante de la complicidad de la azucarera con la dictadura militar. Olga había fallecido poco tiempo antes, tenía bagazo (extracto de la caña), detectado en sus pulmones.


En esa marcha, que prometió y cumplió con visitas de todo el país y hasta del exterior, los servicios de inteligencia contratados por los Blaquier, consignaron nombres y palabras en el reclamo de Justicia, así como toda clase de datos pertinentes a un eventual amedrentamiento de los participantes.


Apyme y el espionaje
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) prontamente salió en repudio del accionar de la empresa Ingenio Ledesma en espionaje de dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos.


Al respecto, la entidad apoyó las acciones de los organismos de derechos humanos en pos del pronto esclarecimiento de los crímenes genocidas y la efectiva condena de los responsables en la Justicia. También solicitó el resguardo de la integridad de los ciudadanos afectados (entre ellos, el dirigente de Apyme Hugo Condorí), con quienes se solidarizó en línea con el reclamo de los Organismos por un Nunca Más a la impunidad y el espionaje.


Kibo, el secretario


Guido Kibo Carlotto, hijo de Estela, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ya es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Ocupa ese espacio en reemplazo de la Madre de Plaza de Mayo, Sara Derotier de Cobacho.


Desde el entorno de Carlotto se aseguró que asumió para reactivar la labor de la secretaría. Desde las organizaciones de derechos humanos celebraron la noticia y manifestaron que “hacía falta un cambio”.


Derotier de Cobacho, por su parte continuará en la gestión como asesora sobre la defensa de derechos humanos en la Unidad Gobernador, papel que desempeñaba el propio Kibo. 


El sucesor de Duhalde


El abogado e hijo de desaparecidos Juan Martín Fresneda es el nuevo secretario de Derechos Humanos, cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Luis Duhalde. Fresneda tiene 37 años y, hasta su nombramiento, se desempeñaba como titular de la delegación Córdoba de la Anses, además, es uno de los fundadores de Hijos en esa provincia.
 

 

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