Viernes, 24 Marzo 2017


Una nueva batalla PDF Imprimir E-mail
(La apropiación de la renta extraordinaria de la tierra, por José Luis Livolti y Leandro Pozzi)
C
omo en una suerte de película repetida asistimos en nuestros días a un nuevo intento de recreación del clima de conflicto destituyente del 2008, por parte de la reciclada (cada vez que sea necesario), Mesa de enlace.


Los motivos esgrimidos aparentemente serían razonables, si los miramos desde el punto de vista de un simple impuestazo, pero no es para nada así, considerando que el avalúo fiscal de las tierras en cuestión hace cantidad de años que no se actualiza, mientras el valor de la tierra en Argentina se multiplicó exponencialmente (modelo productivo especulativo de por medio) pasando de valer 3.000 dólares la hectárea, hace apenas diez años a 17.000 dólares en la actualidad, en la zona llamada núcleo, haciendo que un bien, tan preciado, lejos de cumplir su función social, pase a prevalecer como elemento de especulación financiera, sino remitámonos al valor de los arrendamientos, que convirtieron a los medianos productores, algunos pequeños y obviamente a los grandes, en rentistas olvidadizos de la cultura de trabajo.


Ante el planteo del gobierno de la provincia de Buenos Aires avalado en su espíritu por el gobierno nacional, de actualizar el revalúo fiscal de las tierras provinciales, la Mesa de enlace (a mi juego me llamaron) puso el grito en el cielo, por medio de la aparición, nuevamente lamentable, de Eduardo Buzzi como su principal vocero, en el intento de instalar que esto es una nueva y confiscatoria 125 y que como tal el conflicto merece ser nacionalizado.


En medio del debate, primero impedido por la asonada mesa-enlacista contra la egislatura provincial, y trasladado a los medios después, permanece oculta todavía la necesaria profundización del debate que ya se dio con la 125, en torno de que es justo que el Estado intervenga en la apropiación de las rentas extraordinarias de las distintas producciones que la generan, en pos de una mejor y más justa distribución de la riqueza.


Ni la Mesa de enlace ni el oficialismo han ahondado todavía en una cuestión que consideramos central, la de que sería muy importante aprovechar la oportunidad para legislar con el criterio de que paguen más los que más tienen, razón por la cual una ley de avalúo debe contemplar una suerte de segmentación y estratificación de los tenedores de tierra de acuerdo a la productividad (aplicando de paso lo que la Ley de Tierras nacional manda, en cuanto a la creación del registro de tierras que cada provincia está emplazada a cumplimentar).


Como ejemplo práctico de esto agregamos la ley que rige en la provincia de Entre Ríos, que debió haber entrado en vigencia este año, con el acuerdo de las organizaciones integrantes de la Mesa de enlace  inclusive, aunque ahora De Angelis, mediante acciones mediáticas buscando nacionalizar el conflicto, rechaza ferozmente.


Entre Ríos


Vale la pena detenerse en algunos exhaustivos detalles de la cuestión Impuesto Inmobiliario Rural. La Ley de Valuaciones 8672 de 1992 establece la valuación parcelaria de los bienes inmuebles, que sirve como base para la determinación de los montos imponibles de los impuestos. Se clasifican en urbanas, subrurales y rurales y en base a estas valuaciones, se determina el impuesto inmobiliario.


El territorio provincial se divide en zonas de características ecológicas-económicas uniformes. Existen 37 zonas y para cada una de ellas se determina el valor unitario básico en base al valor promedio de las rentas correspondientes. Las rentas se calculan teniendo en cuenta rendimientos físicos y precios de los últimos cinco años.


La metodología para la determinación de las valuaciones de los inmuebles rurales es la misma desde hace veinte años, no se han dispuesto modificaciones. Esta metodología siempre fue avalada por las entidades agropecuarias.


La Ley 9930 de 2009 estableció un esquema transitorio y especial para la valuación de las parcelas rurales en función de cuatro segmentos y un calendario de gradualidad de aplicación que arrancaba con un veinte por ciento, hasta llegar a una aplicación del cien por ciento de las valuaciones a partir del año 2012 y siguientes, tal como indica la Ley 8672. Esta ley fue aprobada con el aval de las entidades agropecuarias, que de esta manera compartieron que las valuaciones se apliquen en su totalidad a partir de 2012.


La Ley 9853 de 2008 modificó la tabla de tramos y alícuotas vigentes. La tabla establece ocho tramos de valuación, una alícuota que varía progresivamente de acuerdo a los valores de las parcelas, desde el 0,9 por ciento creciendo por tramos, hasta el 1,2 por ciento, 1,4 por ciento, 1,6 por ciento, 1,8 por ciento, 2 por ciento, hasta una máxima de 2,3 por ciento. Esto es un impuesto modestamente progresivo.


Los valores de la tierra varían de acuerdo a la zona en la que se ubican. La de mayor valor es la zona 24, de los departamentos Diamante, Victoria y Gualeguay, cuyo avalúo se ubica en 16.709,33 pesos por hectárea, muy alejado de los 16.000 dólares (70.400 pesos valor estimado de mercado en la zona según las propias entidades) que se necesitan para comprarlo. Una parcela ubicada en esa zona, en el tramo más alto de la alícuota pagará en 2012 un 2,3 por ciento, o sea 384 pesos por hectárea por año. Esto es 32 pesos por mes.


Por ejemplo, en la zona tres, norte de Feliciano y de La Paz, el avalúo se ubica en 2.165,35 pesos por hectárea. Si se aplicara la misma alícuota pagaría 49 pesos por hectárea al año, o sea cuatro pesos por mes. En zonas 28, 29 y 30 del delta, los avalúos se ubican debajo de los 900 pesos por hectárea, en estos casos se aplican los mínimos del impuesto.


Desde hace muchos años la imposición mínima era de 35 pesos por año, lo que llevaba a que los costos de emisión y distribución superaran el valor de lo que ingresaba efectivamente al Estado. La cuota fija pasó a ser de 250 pesos por año, por Ley 10102, es decir, veinte pesos por mes aproximadamente. Esto es lo que las entidades mencionan como los máximos aumentos en el impuesto determinado. Son muy pocos los productores que pagan esta cuota fija porque existen muy pocas parcelas valuadas en menos de 27.700 pesos, y no existen parcelas rurales con valor de mercado inferior a esa cifra. La productividad de los campos entrerrianos lo justifica.


Todos estos son datos estadísticos oficiales que no han podido ser desmentidos con rigurosidad y se encuentran plasmados en un informe de la Ater, organismo provincial creado por el gobierno de Sergio Uribarri para reforzar aspectos tributarios del Estado de Entre Ríos.


Sin embargo, el mismo documento se encarga de desmentir que se trate de una disputa económica. Dice textualmente: “El presupuesto provincial de 2012 es de casi 17.000 millones de pesos; la recaudación del impuesto Inmobiliario Rural corriente de 2011 llegó a 140 millones de pesos; es decir, que el aporte del sector representa el 0,8 por ciento de las cuentas provinciales, no llega siquiera al uno por ciento del monto necesario para financiar las erogaciones del Estado, muchas de ellas destinadas a dotar de infraestructura al sistema productivo entrerriano”.


Y explica que “si se parte de una contribución tan baja, evidentemente, cualquier adecuación en esos valores significa un aumento porcentual importante, aunque se trate de sectores con capacidad contributiva suficiente y con altos patrimonios en muchos casos”.


Se trata entonces de una batalla cultural y política y no tanto de números. No hay “saqueo”, “expropiación” y disparates tales como los esgrimidos por una oposición política que es punto de apoyo de los reaccionarios que volvieron a utilizar como mano de obra barata a pequeños productores, tal como en los duros días de 2008 y 2009.


Dimensiona al mismo tiempo, el tipo de batalla que se deberá librar por la tan mentada distribución de la riqueza. Aliados naturales, para estar en mejores condiciones de apoyar al gobierno en una política de ese tipo, no deberían lidiar con extravagantes cronogramas de pago, ni con la negativa a discutir salarios y presupuestos sociales hasta nuevo aviso, sobre la base de una política fiscalista que no se corresponde con el discurso progresista.


Lo que denota el debate abierto sobre el Impuesto Inmobiliario Rural en Entre Ríos, y debería sí nacionalizarse con este sentido, es la necesidad de un poderoso bloque político social en condiciones de dar batalla y salir airoso. Para ello, entender que por sus propias limitaciones y condiciones, confiar solamente en el gobierno es el principal error de sectores denominados progresistas y de izquierda. Para los comunistas que actuamos en el ámbito agrario por medio del MCL, se trata de la construcción de una fuerza frentista capaz de garantizar la aplicación de dichas políticas, mirando un poquito más allá de la coyuntura.

 

Impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires

Con el nuevo revalúo, los propietarios de campos en la provincia pasarán a pagar en promedio 76 pesos al año por hectárea, en lugar de los 47 pesos que pagan en la actualidad. La subvaluación fiscal de la tierra convive con un escenario de valorización en el precio de los campos y un extraordinario incremento en los niveles de rentabilidad que posibilitan el comportamiento especulativo.


En distritos donde el precio de la hectárea supera los 45 mil pesos (diez mil dólares), el valor que se toma en cuenta para determinar el Impuesto Inmobiliario Rural no supera los 1.200 pesos (270 dólares).


A pesar del lamento de las cámaras patronales, el 62 por ciento de las partidas que hay en la provincia pagarán lo mismo o menos por el Impuesto Inmobiliario Rural. Asimismo, las regiones inundadas o en emergencia agropecuaria están exentas de pagar el tributo. Los cambios en la valuación del patrimonio de los propietarios de los campos los llevarán, en muchos casos, a pagar ganancia mínima presunta y bienes personales a nivel nacional. Ese punto afectará a los dueños de campos medianos y grandes.

 

 

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