Domingo, 26 Marzo 2017


Un debate necesario sobre YPF PDF Imprimir E-mail
(¿Sociedad Anónima o Sociedad del Estado?, por Maslo)
E
l Estado debe tomar el control total de YPF para que las correctas metas anunciadas por Galuccio, y refrendadas por la Presidenta, no corran el riesgo de ser bloqueadas por factores externos a la decisión política soberana y la capacidad técnica de los cuadros de la empresa.

No se puede menos que compartir los objetivos que fija el plan quinquenal lanzado el 4 de junio desde el Sheraton. Podría criticarse, desde lo simbólico, que haya sido el lujoso hotel de la cadena yanqui el lugar elegido para trazar las grandes líneas que guiarán a YPF durante los próximos cinco años. Al margen, lo importante es que hay un plan que apunta más allá de la coyuntura, aunque con indefiniciones, tanto en lo referido a las fuentes de financiación como al espinoso tema (por lo gravoso y dañino) de las explotaciones no convencionales.


Al respecto consideramos que el tema YPF no puede tratarse en forma aislada ya que hay que ubicarlo en el marco del impostergable rediseño de la política energética. Es decir que este plan debiera articularse en un plan maestro de desarrollo, hasta hoy sin aparecer como tal.


En ese sentido, la recuperación del control accionario es un primer paso saludable, pero insuficiente en la medida que la empresa no deje de ser una sociedad anónima y vuelva a su carácter primigenio de sociedad del estado. Y no es un detalle tangencial, como pareciera pensar la Presidenta cuando dice que  “el gobierno pudo haber expropiado la totalidad de YPF”, pero que no fue así porque “no actúa dogmáticamente”, sino de la manera que “más le conviene al país”, lo que en el caso de YPF, según ella, sería una “asociación mixta” entre el Estado y el mercado. Esta idea, que cuestionamos porque subestima las implicancias que la condición de sociedad anónima impone, como por ejemplo tener que dar explicaciones al resto de los accionistas y defender sus inversiones, lo cual para peor aparece en el discurso del ingeniero Miguel Galuccio, novel presidente y CEO de la compañía, cuando define lo que él llama el nuevo ADN de YPF: “Vamos a hacer una empresa de energía con  sentido nacional, profesional, integrada, competitiva, global, que genere valor para sus accionistas, comprometida con la seguridad y el cuidado del medio ambiente”. Lo que no dice es que entre esos accionistas está la banca imperialista, encabezada por el Credit Suisse que junto con Repsol han pasado a adueñarse de las acciones del Grupo Petersen (Eskenazi). 


Es honesto aclarar que nuestra opinión sobre el carácter societario de la empresa no es como dispara la Presidenta: “dogmática”, tampoco meramente ideológica, por el contrario intenta ser pragmática y prevenir sobre trabas a futuro para que YPF sea lo que nunca debió dejar de ser: el núcleo rector de una estrategia energética integral, sobre la cual nada tienen que saber u opinar y menos beneficiarse capitales privados nativos o trasnacionales guiados por la obtención de máxima ganancia y nada interesados en transferir tecnología y mucho menos si es para un proyecto de desarrollo independiente y soberano. Y esto no significa un rechazo per se al concepto de economía mixta con que se argumenta, pero una cosa es alentar el desarrollo de las pymes para la sustitución de importaciones y otra meter al lobo imperialista en casa.  


Redefinir a YPF en las nuevas condiciones por supuesto es complejo y requiere de pericia técnica y financiera por parte del Estado, pero mal se piensa al respecto cuando se argumenta que por carencias tecnológicas o por lo enorme de la inversión a realizar se precisa de socios capitalistas. Sabemos por experiencia histórica y por acontecimientos recientes que las mixturas entre el capital privado y los intereses públicos hacen cortocircuito, ni qué hablar en el nivel estratégico. Nada justifica estas asociaciones, en principio porque el país cuenta con profesionales de calidad técnica (como Galuccio) que habrá que convocar y repatriar si fuera necesario, cuenta también con Pdvsa que ha ofrecido solidariamente su experiencia, conocimiento y tecnología, incluso con Petrobrás si Brasil se dispone a una actitud mas integradora y menos promercado. Y en lo que hace a la inversión, sin duda el gran problema, YPF está en condiciones de autofinanciarse con un mix basado en la reinversión total de utilidades, una mayor captación de la renta minera para ser derivada a este fin, el apoyo crediticio de la banca estatal y el Anses y -¿por qué no?- un impuesto especial a las grandes industrias trasnacionales, extremadamente gananciosas en los últimos años. Es más, si somos audaces, este podría ser el momento adecuado para reconvertir el modelo tributario y ponerlo al servicio del desarrollo del país. Por eso insistimos que es necesario un plan global que termine con decisiones aisladas sobre las cuales todos queremos creer que se sintetizan y controlan en algún lado, pero que después cuando “fallan” las cosas nos damos cuenta que no y lo peor que nadie se hace cargo y se pierde tiempo y recursos.


Como parte de ese plan, el Estado debe tomar el control total de YPF, para que las correctas metas anunciadas por Galuccio, y refrendadas por la Presidenta, no corran el riesgo de ser bloqueadas por factores externos a la decisión política soberana y la capacidad técnica de los cuadros de la empresa. Por eso, cuando Galuccio afirma en su discurso que para aumentar en los próximos cinco años un 26 por ciento la producción de petróleo y gas “vamos a requerir salir a buscar socios y para eso estamos diseñando distintos modelos de negocios que permitan acomodar distintos tipos de socios y generar valor”, aludiendo al pasar, que los fondos jubilatorios han aportado en otros países al desarrollo energético, pero sin mayores precisiones sobre el resto de los posibles socios, creemos que se debieran encender luces amarillas en el tablero del proyecto nacional y popular ya que es conocido que ronda en algunas cabezas la idea de asociarse con empresas yanquis (por ej. Exxon), que no casualmente se hicieron los distraídos con la expropiación de Repsol y de toque ofrecieron su cotizado know how (saber hacer). 


Asumimos que se nos puede acusar de adelantarnos a los hechos, pero se debe reconocer que las experiencias al respecto son amargas, ya que no sería la primera vez que se opta por el peor camino “desarrollista”, el que ávido de incorporar tecnología de punta y financiamiento acude a las trasnacionales, en este caso petroleras, subestimando las consecuencias colaterales que implican poner en manos de empresas imperialistas el manejo de recursos estratégicos. 


De hecho, se le debiera sugerir a Galuccio, llamativamente elogiado por La Nación y el grupo de empresarios presentes en el Sheraton,  que se dedique a diseñar los aspectos técnicos del plan y deje de lado las opiniones políticas sobre los recursos financieros que se supone deben corresponderse con un plan de inversión global que contemple todas las aristas que hacen a la reconversión de la matriz energética. En este punto ayuda recordar que si Mosconi pudo crear de la nada una industria petrolera paradigmática, sin acudir a inversores extranjeros y solo con el aporte solidario de la Urss (proveyó combustible a bajo costo que permitió bajar el precio interno para doblegar a las petroleras imperialistas), solo la falta de decisión política puede impedir volver a hacer de YPF una empresa pública líder del sistema energético nacional. También Mosconi, que en su momento fue tildado de comunista, sostenía que “la experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo que la hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos distintos, destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal”.


Pero esto no es todo con respecto a los anuncios: hay que advertir que pesan otras complicaciones, legadas por el menemismo con la complicidad de los príncipes de las provincias petroleras. Nos referimos a la potestad provincial sobre los recursos naturales y la asignación a empresas privadas de vastas áreas de exploración y explotación. Estos pueden ser verdaderos escollos a la hora de establecer una política de alcance nacional que integre solidariamente a todas las provincias en el usufructo de los bienes naturales y en la toma de decisión centralizada con respecto a las áreas concesionadas y su futuro, que debieran ser paulatinamente recuperadas y mientras tanto controladas muy de cerca, hasta alcanzar el lugar casi monopólico que YPF supo detentar.
Por último, caben objeciones con respecto a la extrema expectativa de Galuccio en las explotaciones no convencionales, el shale oil y el shale gas. En particular sería bueno acceder a conocimientos certeros, provistos por investigadores de las universidades nacionales e institutos públicos, con respecto a las implicancias ambientales de tales explotaciones y la pertinencia de volcar los enormes recursos económicos que se requieren o si sería mejor invertir en la diversificación hacia fuentes renovables de energía. 


En síntesis, lo de YPF es una problemática que no puede dejar de involucrar al pueblo, en el debate público y en la movilización, para que se haga realidad la reconversión energética que el país necesita como base de su desarrollo, que tenga en cuenta el presente y el futuro, la economía social y la ecología, la definitiva liberación o la dependencia. 
 

 

Sitio web de Nuestra Propuesta, el semanario del Partido Comunista de la Argentina

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