Viernes, 24 Marzo 2017


Quién paga la crisis PDF Imprimir E-mail

(Editorial de Nuestra Propuesta del 30 de agosto de 2012)

El crecimiento exponencial de la crisis global del capitalismo pone en tensión la lógica pulseada por quién ha de pagarla y, ante la concentración de la riqueza, la pelea de los trabajadores por los salarios y fuentes de trabajo. Por su parte las corporaciones acuden a proteger su máxima ganancia y a exigir del Estado el disciplinamiento de los trabajadores. Parece cumplirse así la impiadosa profecía de Angela Merkel de que todo sufrimiento social responde a un necesario objetivo económico. Sería peligroso que ésta se convierta en una tendencia que lleve a la criminalización y judicialización de los legítimos reclamos y protestas de los trabajadores. La puja distributiva no debe ser empañada por la tentación de reprimir las protestas, con el peligroso ingrediente de aplicación de códigos y leyes existentes.

Así ha sucedido con la represión a los trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, en Salta, ordenada por la Justicia, donde el gobernador espera el apoyo incluso de la Gendarmería, tras el accionar de la policía provincial, otro tanto son las balas de goma y los gases pimienta a los trabajadores estatales y jubilados de la provincia de Córdoba. En ambos casos los gobiernos provinciales se ponen del lado del ajuste y de los negocios.

En el caso de Seabord Corporation, la propietaria del Ingenio en Salta, es la empresa que impacta en cerca del veinte por ciento del PBI provincial y que ha sido la beneficiada por las políticas neoliberales de los 90. Por eso el interés en descabezar el sindicato y perseguir a los trabajadores para seguir asegurándose los negocios.

La producción de biocombustibles, en Oran, las cajas jubilatorias desguarnecidas por los privilegios impositivos de las empresas monopólicas de Córdoba, el avance sojero sobre las tierras de los Qom en Formosa y así de seguido, obligan a que el gobierno nacional no mire para otro lado e intervenga para desprocesar a los trabajadores, para que no se persiga a las familias y vecinos, para que se reincorpore a los despedidos, se impida que continúen las represiones y se profundicen las medidas distributivas.

De otro modo se estarían limitando los espacios democráticos conquistados en la lucha contra la dictadura, primero, y contra los gobiernos neoliberales, después.

Solo si se satisfacen los justos reclamos populares se crearán las condiciones para avanzar en la profundización de medidas de distribución de la riqueza.

Es necesario que se fije el salario mínimo, vital y móvil, cosa que debió suceder antes de las paritarias, y es muy malo que se vacile con mezquindad en torno de la fijación de este.

Es necesario restituir las asignaciones familiares a todos los trabajadores independientemente de su salario, eliminar el mínimo no imponible a las categorías más bajas y gravar a las profesiones protegidas, así como a las transacciones financieras, el capital financiero y las grandes fortunas.

Claro que nada de eso es posible con organizaciones sindicales débiles, aisladas o comprometidas con intereses que no sean los de los trabajadores.

 

 

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