Viernes, 24 Marzo 2017


La mano invisible PDF Imprimir E-mail

(Editorial de Nuestra propuesta del 18 de octubre de 2012)

Tras el resultado electoral en Venezuela, la 10a Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que sesionó la semana pasada en Punta del Este, Uruguay, evidenció notorios desacuerdos, no se consideró en la plenaria ministerial la exigente propuesta de Estados Unidos para que la Junta Interamericana de Defensa pasara a ser la secretaría ejecutiva de la Conferencia de Ministros de Defensa y todo el debate sobre el Sistema Interamericano de Defensa pasó a una conferencia que convocará la OEA. Los jefes de la Defensa norteamericanos se negaron a discutir sobre Malvinas y la militarización del Atlántico Sur e insistieron en el empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, lo que fracturó la conferencia de Punta del Este.

Aquí aparece el apuro de los militares yanquis por contrarrestar el hecho de que Unasur ha creado un espacio de intercambio e integración, que con todas sus demoras y dificultades, ha tomado acuerdos en lo social, la salud, educación, infraestructura, aeropuertos, seguridad, pero también en defensa y eso pone en cuestión el objetivo histórico de la defensa hemisférica.

Como parte de esas presiones, la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Brasil, no tiene desperdicio: se enojaron con Dilma Rousseff porque pegó el faltazo a la inauguración y porque silencia las violaciones a la libertad de prensa de otros países de la región, el presidente de la SIP Milton Coleman, del Washington Post, dijo que los gobiernos usan la aprobación de leyes para atacar la democracia en sus países y minar la libertad de opinión y Julio Mesquita Neto, del Grupo Estado y presidente del Comité Anfitrión de la Asamblea General de la SIP en Brasil, agregó que los congresos latinoamericanos aprueban leyes para impedir el trabajo de los periodistas, calificando a esto como una vuelta al pasado negro de gobiernos populistas, fascistas y totalitarios, que vuelven a ser realidad en América del Sur, como es el caso de Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador (sic).

Como el próximo siete de diciembre expirará el plazo que estableció la Corte Suprema de Justicia de Argentina para la medida cautelar, obtenida por el Grupo Clarín, que impide la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios a sus actividades económicas, el monopolio ha salido a buscar aliados para impedirlo y como siempre los encuentra en la SIP Mientras el Grupo.

Clarín se pregunta si el objetivo de aplicar la Ley de Medios es el de terminar con el estado de derecho en Argentina, al considerar que “los organismos del gobierno son oficinas para reprimir a los ciudaddanos que quieren expresarse”, los representantes de la SIP consideran que la libertad de expresión de los ciudadanos se da por medio de la gran prensa argentina. Entre bueyes no hay cornadas. Todos los miembros de la Sociedad son propietarios de poderosas cadenas mediáticas que supervisan la vida política, la forma de pensar, de consumir y actuar, y no reparan en medios para hacerlo, desde la desestabilización y los golpes de Estado hasta el ocultamiento de la masacre de periodistas en Honduras.

Para los pueblos y gobiernos de la región también se plantea la lucha contra todas las formas de neocolonialismo y desarrollar efectivas y contundentes políticas de resistencia que garanticen la independencia y soberanía de nuestros pueblos, enfrentando la mano invisible del capital trasnacional.

 

 

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