Domingo, 26 Marzo 2017


Energía: atentos y vigilantes PDF Imprimir E-mail

(Editorial de Nuestra Propuesta del 25 de julio de 2013)

Los principios de la Soberanía Hidrocarburífera están establecidos en la Ley 26741, que además de la estatización de una parte de YPF, la declara de interés público para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, garantizar su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Ahora, el decreto 929 debe entenderse dentro del régimen creado por la Ley 26741, que menciona como principios de la política hidrocarburífera argentina, entre otros, “la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”, como también “la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo”. En este punto se debe mencionar lo gravemente negativo de la privatización neoliberal de la empresa en los noventas, cuya recuperación parcial por parte del Estado no alcanza para dejar de importar hidrocarburos. Esto es lo que se perseguiría con el régimen de promoción y el acuerdo entre YPF y Chevron, que establece beneficios para quienes realicen una inversión directa de más de mil millones de dólares durante los primeros cinco años de un proyecto. Permite a los inversores, en la medida que haya autoabastecimiento y luego de los cinco años de iniciado el proyecto, exportar el veinte por ciento de la producción sin retenciones y pudiendo dejar el total de las divisas exportadas en el exterior. Esto implica no tener que importar el ochenta por ciento de la nueva producción de estos emprendimientos, que se destinará al mercado interno en un periodo de cinco años, evitando el drenaje de divisas que significa la permanente adquisición de hidrocarburos por parte del Estado.

Es bueno salir al cruce de los argumentos que lanzó la oposición al comparar la etapa Repsol, que descapitalizó a YPF con los mismos ex funcionarios de los noventa, que generaron un grado de desmantelamiento tal en un sector productivo clave que terminó hundiendo al país en la necesidad de importar recursos energéticos (gas natural y gasoil, principalmente) para poder sostener sus tasas de crecimiento, generando un rojo en las cuentas externas de más de once mil millones de dólares al año. Con este acuerdo por el que se asocian al cincuenta por ciento YPF y Chevron para un proyecto concreto, según Axel Kicillof, la multinacional “pone el capital inicial, YPF pone el trabajo y también va a operar el área, va a aprender a sacar recursos de la mano de una empresa norteamericana que tiene experiencia en extracción de hidrocarburos no convencionales”. Además, el acuerdo con Chevron abarca 395 km2 de los 12.000 km2 que posee YPF en Vaca Muerta y requerirá una inversión superior a los 16 mil millones de dólares, contemplando la perforación de más de 1500 pozos de desarrollo.

Ahora resta conocer la letra chica del convenio, donde la clave es si dirige el Estado por medio de una empresa pública para obtener tecnología y capital, o la multinacional, así como que impacto ambiental tendrá la explotación y el nivel de recursos que se volcarán al objetivo del autoabastecimiento energético. Pero hay que ver también si YPF está en condiciones de autofinanciarse con un mix basado en la reinversión total de utilidades, una mayor captación de la renta minera para ser derivada a este fin, el apoyo crediticio de la banca estatal y el Anses y un impuesto especial a las grandes industrias trasnacionales, extremadamente gananciosas en los últimos años.

Hay que estar atentos, vigilantes y dar debate cuando sea necesario.

 

 

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