Internacionales

Duras sentencias contra los presos de Gdeim Izik20.07.2017

Para la libertad

Un tribunal marroquí condenó a militantes saharauis defensores de los derechos humanos. Marruecos ocupa ilegalmente el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática.

El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (Rasd) condenó enérgicamente las sentencias contra los presos político saharauis de Gdeim Izik y recalcó que “los veredictos constituyen una clara repetición de los sellados por el Tribunal Militar anteriormente”.

Vale recordar que, días atrás y sin pruebas, un tribunal marroquí dictaminó sentencias extremas contra veinte de los 24 activistas saharauis de derechos humanos y periodistas del grupo de Gdiem Izik.

El juicio había comenzado el 26 de diciembre de 2016 y, tras varios aplazamientos, se sustanció en medio de vicios e irregularidades manifiestas. Los militantes saharauis que desde hace siete años permanecen detenidos en condiciones infrahumanas, no tuvieron acceso a garantías procesales que brindaran transparencia al proceso.

Al respecto, el gobierno saharaui recuerda que "es una palpable nueva violación del derecho internacional humanitario, y como se esperaba, el Estado ocupante marroquí dictó ilegales sentencias contra el grupo de presos de Gdeim Izik”.

Tras lo que hace hincapié en que, lo que se perpetró, “es un nuevo crimen contra indefensos civiles saharauis”, algo que “refleja las frecuentes actitudes de las fuerzas de ocupación y colonización” del Reino de Marruecos.

Asimismo, denunció que los presos de Gdeim Izik fueron torturados durante su interrogatorio, tal como lo advirtieron informes de observadores internacionales.

“Ha sido confirmado que el Estado ocupante marroquí, no pudo argumentar las acusaciones contra los presos, a pesar de recurrir a métodos prohibidos, como la tortura, amenazas y los falsos testigos”, puntualizó y destacó que “todos los juicios del Estado ocupante marroquí contra ciudadanos saharauis, bajo cualquier denominación, constituye un ilegal juicio militar ocupante”.

Pese a esto, el gobierno saharaui fue claro al señalar que “el pueblo saharaui seguirá su lucha por la consecución de sus legítimos derechos de libertad, autodeterminación e independencia”, tras lo que saludó “la heroica resistencia de los presos de Gdeim Izik y todos los y las saharauis que les acompañaron a lo largo del juicio”. De ahí que resaltara que “es hora de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad, para cesar, las salvajes actitudes de Marruecos”.

 

 

Contrarreforma y condena 19.07.2017

La derecha va por todo

En diálogo con NP diario de noticias, el dirigente del PCdoB, José Reynaldo Carvalho, analiza el escenario abierto tras la aprobación del paquete de flexibilización laboral por parte del Senado y la condena judicial a Luis Inácio Lula Da Silva.

-¿Cómo debe leerse la condena del juez, Sergio Moro?

La noticia de la condena de Lula por el juez Moro -en primer grado- es un hecho político de gran envergadura y causó un gran impacto porque Lula es, sin dudas, la figura política más importante que tiene Brasil y una de las más importantes de América Latina.

-¿Qué consecuencia puede traer esto?

Todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias del fallo, como tampoco sabemos qué pasará si la justicia brasileña decide confirmar la sentencia en segunda instancia. Pero lo que sí está claro, es que se está confirmandola avanzada de la derecha local y regional para evitar que Lula sea nuevamente presidente de Brasil. Las clases dominantes de la derecha brasileña no cesarán hasta lograr con sus objetivos de inhabilitar la candidatura de Lula para las elecciones de 2018.

-¿Cree que habrá una reacción popular ante eso?

Esta decisión tendrá un impacto político muy fuerte de cara al futuro y, con el pasar de los días y semanas, el pueblo se irá dando cuenta del carácter arbitrario e injusto del fallo del juez Moro.Además, nosotros remarcamos muy claramente que se trata de una decisión ilegal, ya que no existen pruebas fehacientes para condenar al ex-presidente por la causa en la que se lo está investigando.La reacción de todos los partidos políticos progresistas y de izquierda ha sido la del apoyo unánime a Lula y de rechazo definitivo a los intentos de proscripción por parte de las clases dominantes brasileras. No hubo todavía manifestaciones populares organizadas porque hace falta para organizar una gran movilización popular en apoyo a Lula y en contra de la derecha. Todas las fuerzas políticas y sociales se están organizando para realizar una gran movilización el día 20 de julio. Ese día en las principales ciudades del país se organizaran manifestaciones de protesta contra esta decisión.

-Pero pese a todo, Lula sostiene su candidatura presidencial...

Lula se pronunció, relanzó su candidatura y dijo con firmeza: “en estas condiciones soy más candidato que nunca a presidente de la República”. Y realizó un nuevo llamado a las fuerzas progresistas y de izquierda lo apoyen.

-¿Podrá el movimiento popular brasileño detener la avanzada neoliberal, sobre todo, después de que la derecha se anotó una victoria con la reforma laboral, una de las principales tareas que el bloque de poder real de Brasil le había encomendado tras destituir a Rousseff?

Después de que se filtraran las escuchas en las que el presidente golpista, Michel Temer, apareciera avalando en sobornos, la sensación era que su imagen quedaba fuertemente debilitada y al borde de la renuncia. Sin embargo, un día antes a que se conociera la sentencia contra el líder del Partido de los Trabajadores, se anotó una victoria fundamental en el Congreso logrando la sanción de la reforma laboral. Ello fue posible porque estas reformas van más allá del programa de gobierno de Temer y forman parte de un programa de transformaciones estructurales que las clases dominantes brasileras buscan imponer en el país vecino y en toda la región.

-¿Esto fortalece al Gobierno Temer?

Esta es una de las tareas fundamentales que el poder real encargó al gobierno de Temer. Sin dudas que se trata de una paradoja muy peculiar en el marco del momento político que vive Brasil. Porque de hecho desde el punto de vista político y social la relación de Temer con la sociedad está absolutamente quebrada. Es un gobierno muy débil -pero obviamente más débil es el movimiento popular brasileño- que tiene un rechazo muy grande pero que cuenta con mayoría en el Congreso y eso le permite sancionar normas como la reforma laboral.

-Esto quiere decir que el poder real sigue apostando por Temer?

Sus índices de aprobación no superan el siete por ciento. Sin embargo su capacidad para impulsar iniciativas como estas, se encuentra en la fuerza política que reúne en el Congreso. Hoy más que nunca los puentes que separan a representados de sus representantes se encuentra dinamitados. Ello se deja traslucir en la desconfianza que el pueblo tiene a un sector muy grande de la clase política y en el programa que ejecutan los miembros del Parlamento, claramente a favor de los intereses de los clases dominantes.Pese a todas las presiones y conflictos que se extienden a lo largo de todo el país, esta mayoría en el Congreso -irrepresentativa del momento político brasilero- sigue avanzando en el programa de reformas contra el pueblo.

-Esto hace que se caiga la careta de los sectores dominantes...

Esto demuestra que para las clases dominantes no importa si el gobierno es corrupto u honesto, si es políticamente democrático o no, si respetalas reglas de la Constitución o no: lo que importa es que el gobierno de turno cumpla con lo que ellos dicen y aplique la agenda del mercado que no es otra cosa que los intereses del capital financiero nacional e internacional. En este marco es que la sanción de la reforma laboral en el Congreso es una victoria importante del gobierno para las clases dominantes.

Partido Comunista Colombiano 18.07.2017

Celebró su 22 Congreso

Con la unidad y la paz, construimos el nuevo país, señala la declaración política del Congreso partidario que se llevó a cabo en Bogotá en medio de una coyuntura “sin igual para las varias generaciones de hombres y mujeres que conforman nuestra militancia”. Hubo presencias internacionales, entre ellas, la del titular del PCA, Víctor Kot.

El Partido Comunista Colombiano (PCC) celebró su 23 Congreso en una coyuntura que, recalcó, es “sin igual para las varias generaciones de hombres y mujeres que conforman nuestra militancia”, ya que “nuestra aspiración histórica por una solución política negociada al conflicto social y armado se ha hecho realidad con los Acuerdos de La Habana y las FARC-EP y, gracias a ellos, se ha abierto la posibilidad real de desatar un ciclo de transformaciones que pueden avanzar hacia la democratización verdadera de la sociedad colombiana”.

Durante el Congreso, el secretario general del PCC, Jaime Caicedo, exhortó al pueblo a defender los acuerdos de paz para no perder “esta gran oportunidad para Colombia”. Entre otras presencias internacionales, entre ellas, la del titular del PCA, Víctor Kot, y entre las colombianas, se destaca la del secretario de la Unasur, el ex presidente colombiano, Ernesto Samper, y la del integrante del Secretariado de las Farc-EP, Ricardo Téllez.

En este sentido, puntualiza que el PCC ve “con admiración la persistencia y el gran esfuerzo realizado por la guerrilla de las FARC-EP para lograr un acuerdo final, transitando un camino lleno de todo tipo de obstáculos. De nuestra parte, tal y como ha sido nuestra política durante las últimas décadas, hicimos los mejores esfuerzos para contribuir, junto con contingentes importantes del movimiento social y popular y de sectores democráticos, a la causa de la paz con justicia social”.

Tras lo que no duda en señalar que la consolidación de los avances derivados del acuerdo de paz, “es el reto más importante que enfrentan los sectores democráticos y revolucionarios de nuestro país”, ya que con esto “no se agota, en todo caso, el programa de aspiraciones para la transformación democrática de la sociedad colombiana”. Asimismo recalca que los acuerdos de La Habana “sientan las bases para importantes cambios en el campo colombiano, la democratización de la vida política, el reconocimiento de la centralidad de los derechos de las víctimas del conflicto, particularmente del derecho a la verdad”, así como “la puesta en marcha de un sistema de justicia propio de una solución política y generan las condiciones para que lo convenido efectivamente se implemente en términos reales y materiales, al establecer la obligación de asignación de recursos de presupuesto”.

Y añade que “habilitan condiciones para que pueda haber una separación definitiva entre armas y política” por lo que, “ante la dejación definitiva de las armas por parte de las FARC, el Estado debe renunciar a la violencia y al uso de las armas contra el pueblo para preservar su régimen de dominación de clase; y debe combatir y acabar –como lo hemos exigido desde hace décadas- el paramilitarismo”.

 

Historia de resistencia popular

También, el PCC califica como “una excelente noticia para el país y para el campo popular y democrático el hecho de que las FARC-EP se conviertan en partido político legal” y recuerda que con esta organización “compartimos una historia de resistencia popular, un presente por consolidar la paz y la aspiración de construir futuro haciendo parte de un amplio proceso de unidad y de gran convergencia democrática”.

Tras lo que aclara que la “perspectiva de construir la paz democrática con justicia social en nuestro país se desenvuelve en un contexto de la mayor complejidad, tanto en el orden internacional y global, como en la situación de Nuestra América” pero asimismo “en lo que concierne a la correlación política y social de fuerzas en nuestro país”.

Más adelante, la declaración insiste en que es “imperioso producir la derrota definitiva de la ultraderecha y el militarismo” ya que “las pretensiones de retrotraer el país a los tiempos del pasado, aunque cada vez con menor posibilidad, representan un hecho que no se puede desconocer. Lograr ese propósito es posible si lograr desatar y concretar el más amplio proceso de unidad y convergencia democrática”.

Un proceso que “exige un gobierno democrático que consolide los logros de la paz. Es un gobierno de transición a la democracia amplio y progresista, surgido de un movimiento de convergencia comprometido en la causa de la consolidación de la paz, del respeto a sus acuerdos con los insurgentes y con las necesidades más sentidas de las regiones, de las capas medias y del conjunto del país”.

Y, así las cosas, resalta que es fundamental la unidad del campo revolucionario “y debe ir en dirección a crear mecanismos de coordinación y unidad de acción con la Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, corrientes socialistas, sectores de izquierda del Polo y de los verdes y el nuevo partido de las FARC-EP”, tras lo que puntualiza que “se están creando las condiciones para la conformación de un Bloque Histórico y Popular como una unidad política y social para las transformaciones democráticas y revolucionarias” y, en este contexto, “apoyamos las iniciativas para la protesta social y la preparación de un paro cívico nacional”.

 

 

Venezuela bolivariana 10.07.2017

Voces de solidaridad

El embajador Carlos Eduardo Martínez Mendoza participó en una charla en el Cefma. Sonia López brindó otra en Corrientes. El viernes se lleva a cabo una jornada solidaria.

“No al golpismo en Venezuela”. Con esta convocatoria se llevó a cabo el jueves pasado una charla organizada por el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti (Cefma), que tuvo lugar en su sede central, en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahí se presentó un panel conformado por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante nuestro país, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, la ex titular de la delegación diplomática de Argentina ante Gran Bretaña, Alicia Castro y el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreynes.

Pero no es esta la única exhibición de solidaridad con Venezuela que se manifestó durante los últimos días. Desde Corrientes, la presidenta del PC provincial, Sonia López llamó a redoblar la solidaridad con el proceso bolivariano.

Lo hizo en una charla que brindó en la ciudad de Corrientes, donde se refirió a su reciente visita a Venezuela, donde participó, como representante del PCA, del congreso que llevó a cabo el Partido Comunista de aquel país.

Sonia López condenó “la violencia que está ejerciendo la derecha fascista, cuyo último objetivo es generar caos y una guerra civil que habilite la intervención extranjera, tras lo que convocó para la jornada internacional de solidaridad con Venezuela que tendrá lugar el viernes 14 de julio, tal como se convocó durante el Congreso del Partido Comunista de Venezuela.

 

“Son fascistas”

Sonia López relató su reciente experiencia en Venezuela, habló acerca de los mecanismos que utiliza “la derecha fascista para generar caos social” en su ofensiva contra el gobierno que preside Nicolás Maduro, que se intensificó estas últimas semanas desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna.

“La respuesta de la derecha fue la violencia para generar cada vez más caos social”, hizo hincapié la presidenta del PC correntino y puntualizó que “es una derecha fascista que emplea la metodología es lastimar a la población para derrocar al Gobierno constitucional y justificar una intervención extranjera”.

Tras lo que recordó que de todas las muertes que se produjeron en los últimos meses, “sólo una se comprobó que fue ocasionada por un efectivo de la Guardia Nacional, que hoy se encuentra procesado por la Justicia”, mientras que el resto “fueron promovidas por mercenarios contratados específicamente para generar provocaciones”.

Por este motivo, “las últimas movilizaciones convocadas por la derecha fueron bastantes pobres” aseveró Sonia López que además inscribió esta ofensiva contra el Gobierno Bolivariano en la intención de “derrotar los procesos latinoamericanos que intentan dejar atrás al neoliberalismo”.

De ahí que “esta es una batalla que aún está abierta”, ya que “si bien perdimos en Argentina y Brasil, se ganó en Ecuador, crece Bolivia y se mantiene abierto el proceso de paz en Colombia”, destacó pero advirtió que “es imprescindible que Venezuela se mantenga en píe”.

Finalmente, la dirigente comunista dijo que “debemos tener una actitud solidaria con Venezuela para frenar la avanzada neoliberal en el continente”, al tiempo que sin dudarlo insistió con que “hay que entender que si el pueblo venezolano triunfa, también les va a ir bien a los trabajadores de Argentina y de los demás países de la región porque se le estará poniendo un freno el ajuste que se está implementando”.

Historia de un conflicto que continúa30.06.2017

Causas vigentes

El último medio siglo de historia colombiana condensa los conflictos, tensiones y desigualdades de un continente en lucha desde hace más de 500 años.

La historia del pueblo colombiano resume, en buena medida, el devenir de la lucha de clases en el continente. La extensión del latifundio permitió la consolidación de una fuerte oligarquía local, al tiempo que millones de campesinos fueron despojados de sus tierras.

Luego, las clases dominantes locales se aliaron a las principales multinacionales estadounidenses y europeas que desarrollaron su modelo de negocios en el campo y las ciudades, basado en la mano de obra esclava.

Como en el resto de la región, tal situación provocó que se originaran luchas populares y se organizaran movimientos que se plantearon la confrontación directa con el imperialismo y sus socios.

La historiografía liberal acordó denominar a tal período histórico en Colombia como “La violencia”, una etapa que los historiadores tradicionales demarcan entre la década del cuarenta y cincuenta del siglo 20 pero que, en realidad, se expande a lo largo de toda la historia del país. Fue el Bogotazo uno de los principales acontecimientos que marcaron un antes y después en este período. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán -el 9 de abril de 1948- ex alcalde de Bogotá y con gran ascendencia entre el pueblo, fue un parteaguas en el sistema bipartidista colombiano que se repartían conservadores y liberales.

De allí surgieron diversos movimientos políticos que decidieron confrontar abiertamente con el sistema de dominación impuesto por EE.UU. y multinacionales como la United Fruit Company.

Así, tras años de agudización del conflicto y con el impulso de la Revolución Cubana nacieron las Farc-EP, fundadas 1964 en la zona de Tolima. Sus fundadores fueron 48 campesinos que habitaban en la región de Marquetalia, una colonia agrícola creada por ellos mismos, diez años antes. Sus líderes principales fueron Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas.

Con la presentación del “Programa Agrario Guerrillero” que sentó las bases de su crecimiento, las Farc-EP se propusieron luchar por la vía armada para lograr la reforma agraria integral, la expropiación a las empresas estadounidenses y la construcción de una democracia verdadera que terminase con decenios de violencia contra el pueblo colombiano.

 

La Unión Patriótica

El desarrollo de la lucha emprendida por las Farc-EP, tuvo avances y retrocesos. Desde su creación, la lucha por la paz fue uno de sus principales objetivos. Así lo demuestran los diferentes intentos por lograr una salida política al conflicto. En ese camino, la experiencia inaugurada entre 1982 y 1984, bajo el gobierno de Belisario Betancur, es la más traumática para el pueblo colombiano, ya que terminó con la matanza contra los dirigentes de la Unión Patriótica.

¿Qué fuerza puede ejercer sobre el Acuerdo Final las heridas aún abiertas de la Unión Patriótica (UP)? Las lesiones aún presentes de esa experiencia se hacen carne, no sólo en la memoria del campo popular colombiano, sino todavía en la permanencia del paramilitarismo vinculado al narcotráfico y la persecución de dirigentes políticos y sociales por parte de las Fuerzas de Seguridad. Sin ir más lejos, el bloque de poder real representado por el ex presidente, Álvaro Uribe, sigue vinculado al Comando Sur y las bases estadounidenses en Colombia.

La UP, nacida en 1984 como consecuencia del inicio de negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y el Secretariado Nacional de las Farc-EP, fue producto de un acuerdo entre las partes que establecía la incorporación de cuadros dirigentes de la guerrilla en el sistema de partidos políticos del Estado colombiano, por medio de la UP. Finalmente, las negociaciones no avanzaron y miles de dirigentes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados. Se calcula que fueron más de seis mil y el caso encuadra en la tipificación de genocidio, ya que el Estado intentó aniquilar a un grupo de la sociedad por sus posicionamientos políticos. Los militantes de la guerrilla debieron replegarse nuevamente en la selva y retomar la lucha armada.

Vale destacar que, en las elecciones de 1986, la UP obtuvo, con Jaime Pardo como candidato presidencial, un 4,6 por ciento de los votos a nivel nacional, con lo que salió tercera. En las regiones del nordeste ganó en Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca, Meta y Área Metropolitana de Medellín. De esta manera obtuvo cinco senadores, nueve representantes, catorce diputados, trescientos cincuenta y un concejales y veintitrés alcaldes.

 

El Plan Colombia

El Plan Colombia constituyó la principal inversión militar de EE.UU. en el continente. Firmado por Andrés Pastrana y Bill Clinton, en 1999, se calcula que costó más de diez mil millones de dólares. Con la excusa de diseñar un plan de lucha contra el narcotráfico, el Plan encierra los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional que impulsó a las dictaduras militares de la década del setenta.

Así, el Comando Sur destinó especialistas en la guerra contrainsurgente y equipó a las Fuerzas Armadas colombianas como a pocas en la región.

De esta manera Colombia se convirtió en el décimo Ejército más poderoso del mundo y cuenta con más efectivos estables que México y Brasil.

Las operaciones militares contra las Farc fueron dirigidas desde Washington por el general Barry McCaffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses para América del Sur, y nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero de 1996.

Pero eso no es todo. El General McCaffery fue uno de los principales impulsores del paramilitarismo para combatir a la guerrilla colombiana, pero también para reprimir el conflicto social y hacerse del negocio del narcotráfico. En esa política hay que enmarcar los doscientos veinte mil muertos de la guerra, las veinticinco mil desapariciones y los seis millones de desplazados.

 

Presente y futuro

Hoy, tras cincuenta y tres años de conflicto armado y gracias al apoyo de la Revolución Cubana y Bolivariana, la salida política al capítulo militar es una realidad, resta saber cómo se desarrollará. En ese proceso las fuerzas de izquierda cumplirán un papel protagónico.

En ese camino, la historia del movimiento revolucionario en América Latina guardará a las Farc-EP una de sus páginas más importantes. Desde sus fundadores, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas hasta Londoño Echeverri, alías Timochenko, la historia de la guerrilla colombiana es un ejemplo de perseverancia revolucionaria y lucha por el socialismo. En estos cincuenta y dos años, el pueblo pudo reconocer a sus representantes más fieles. Continuadores de la tradición bolivariana, Raúl Reyes, Alfonso Cano y el Mono Jojoy encarnan a una multitud de héroes anónimos que se sumaron a la guerrilla para luchar por la paz y el socialismo. Pero también, otros tantos que desde los movimientos de masas defendieron el derecho del pueblo colombiano a no ser perseguido y asesinado por un Estado militarizado que se rendía a los intereses del Imperio yanqui.

 

 

Las Farc-EP dejan las armas, pero no la lucha 30.06.2017

La paz la hacen los revolucionarios

En diálogo con Nuestra Propuesta, el titular del PC colombiano analizó el significado del abandono total de armas por parte de las Farc-EP y planteó las principales dificultades de cara a un futuro en el que “es imperioso construir una propuesta política que consolide la implementación de los acuerdos”

Tras el fuerte golpe que supuso el año pasado el revés en el plebiscito popular en el que el No se impuso, por escaso margen, a los primeros acuerdos de La Habana y la elaboración de los nuevos puntos y su ratificación -parcial al día de hoy- en el Congreso colombiano, queda claro que son las Farc-ep los principales impulsores de la paz y los que más están trabajando para su plena aplicación.

En vistas a ese objetivo, el día martes se realizó en la ciudad de Mesetas, un acto formal en el que la guerrilla culminó con la tercera –y última- fase del proceso de abandono de armas. Supervisado por la misión de paz de Naciones Unidas en el hermano país, el acto expuso, una vez más, la coherencia política de las Farc-EP en un contexto en el que, tal como lo denunciara su máximo dirigente, Rodrigo Londoño -alias Timochenko-, no dejan de crecer los ataques y crímenes de los paramilitares contra dirigentes políticos, sociales, sindicales, ex combatiente y familiares.

“El fantasma de lo sucedido con la Unión Patriótica en la década del ochenta está presente” expresó con preocupación Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista de Colombia, quien advirtió que “los partidos mayoritarios de la derecha, incluso aquellos que forman parte del gobierno, no se encuentran comprometidos con los objetivos y el éxito de los acuerdos, sino que, más bien, están abocados a su fracaso”.

El dirigente comunista explicó que “lo que se realizó en Mesetas fue una ceremonia oficial con la ONU, el gobierno nacional y las Farc-EP para sellar, simbólica y concretamente, la dejación de armas por parte de la guerrilla” y destacó el papel de la ONU, “quien acompaña el proceso desde un primer momento”.

El organismo supranacional “ya cuenta con una cantidad importantes de armas agolpadas en diferentes depósitos, bajo su supervisión, y que fueron entregadas por las Farc-EP en diferentes etapas”. Ahora, “el paso siguiente, es que en los próximos meses todo este arsenal sea alojado en contenedores para su destrucción”.

“Todo forma parte de lo acordado en las negociaciones que derivaron en los Acuerdos de Paz” dijo el titular del PC colombiano y explicó que “se puede afirmar que el desarme de las Farc-EP ya es un hecho y que ahora se trata de una fuerza dedicada, exclusivamente, a la lucha política por la vía institucional”. Esto, “forma parte de una realidad objetiva y es producto de los acuerdos finales” dijo y aseguró que “así se abre una nueva etapa para el pueblo colombiano”.

A partir de esta semana, “entramos en una nueva fase de la implementación de los acuerdos, donde será muy importante todo lo que ocurra en las denominadas zonas veredales, transitorias, de normalización y reincorporación que comprenden un total de 26 puntos distribuidos en diversas zonas de Colombia”.

Para avanzar sin mayores sobresaltos “se acordó una segunda misión de la ONU que estará presente en estos lugares por un transcurso de tres años, y así, poder supervisar y organizar más detalladamente los pasos a seguir, los cuales, se encuentran expresamente definidos en las actas firmadas por el Estado colombiano y las Farc-EP”.

Una fecha clave es la del primero de agosto, momento en el cual, estas zonas se transformarán en espacios de educación, formación y reincorporación para los ex combatientes y habitantes de las zonas en conflicto.

“La misión de la ONU tendrá un formato distinto a partir de que culmine el cese al fuego bilateral y definitivo y tendrá el objetivo de acompañar las siguientes instancias de los acuerdos” comentó Caycedo. Sin embargo, prendió una luz de alerta al comentar que “se visibilizan enormes dificultades en la aplicación de los puntos más importantes” y señaló al gobierno de Santos como “el máximo responsable de que no se avance tal como está estipulado en las actas”.

Para que lo establecido se materialice en políticas concretas de reinserción política, económica y social es necesario que el poder legislativo y judicial se comprometan con las tareas correspondientes según la división de poderes en Colombia, en tanto república burguesa. El Acuerdo Final de La Habana dispone, para ello, un mecanismo denominado “implementación legislativa” por vía rápida. Esta vía consiste en la sanción de proyectos de ley y reforma constitucional cuyo objetivo es garantizar una correcta implementación de los mismos.

En ese sentido, puntualizó que “al día de la fecha se aprobó sólo una parte del paquete de reformar necesarias” y llamó la atención en que “a partir de este momento, y de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, será cada vez más complejo avanzar por este camino, ya que el poder legislativo ingresará en una zona de disputas y tensiones, donde la derecha se encargará de dinamitar el acuerdo final”.

En la actualidad el parlamento se encuentra de vacaciones y regresa a sus actividades normales el 20 de julio. Se supone que, de acuerdo a lo establecido en el llamado proceso de vía rápida, debería avanzarse en la sanción de las normas pendientes antes de que culmine el año.

 

Peligros y tensiones

Caycedo realizó un detallado recorrido por el estado de situación de cada uno de los aspectos más importantes de los acuerdos. Así, enfatizó que “uno de los temas más sensibles, no tratados por el poder legislativo y que debería resolverse este año, es la reforma constitucional que habilite la creación de la Justicia Especial de Paz”. También, “quedan pendientes aún cuestiones referidas al Punto Uno del Acuerdo Final, referidas a la entrega de tierras a campesinos y de reforma agraria convenidas entre el Estado y la guerrilla”.

Los cambios aludidos a la reforma política que necesita el Estado colombiano es otra de las cuestiones a resolver. Entre ellas se encuentra la reforma electoral que abriría espacios adicionales de participación. El dirigente, remarcó que esto es algo “complejo” ya que “estamos a menos de un año de elecciones generales y todavía no se dieron pasos en ese sentido”.

Un caso especial es el de las amnistías para los más de 3400 presos políticos que hay en Colombia. La mayoría de ellos, combatientes de las Farc-ep, se encuentran retenidos en cárceles del Estado colombiano y los magistrados se han rehusado a acatar la Ley de Amnistía. Un dato elocuente de ello es que, según se resolvió tras las reuniones de La Habana, la dejación definitiva y total de armas por parte de la guerrilla debía coincidir con la puesta en libertad del último guerrillero preso en cárceles del Estado.

Esto no ha sucedido. Según el dirigente, “sólo se liberó a ochocientos presos políticos, quedando aún en las cárceles, más de 2.500”.

Otro aspecto sensible, “es el de las garantías de seguridad y de no repetición, que son elementos fundamentales para no reeditar, por ejemplo, la experiencia trágica de la Unión Patriótica, más aún hoy, cuando los paramilitares se encuentran igual o más activos que por aquellos años”.

Para evitar el acoso y los crímenes de los paramilitares, el gobierno conformó un cuerpo de elite de la Policía Nacional, compuesta por más de mil efectivos, destinado a contrarrestar la acción e influencia de estos grupos. “Esperamos realmente que esto funcione, aunque a la luz de los hechos, vemos realmente difícil que así sea”. Varios crímenes confirman el pronóstico de Caycedo. En el último tiempo, fueron asesinados decenas de dirigentes políticos, sociales, sindicales y ex combatientes amnistiados.

A su vez, se constituyó una Unidad Especial de Investigaciones por parte de la Fiscalía General, enfocada a investigar el financiamiento y organización del paramilitarismo.

“Nosotros sostenemos que hay que fijar los ojos en los empresarios y políticos de las clases dominantes colombianas para hallar las verdaderas raíces del paramilitarismo”, expresó con claridad y agregó que “un claro ejemplo que confirma la sospecha, es el accionar de los legisladores de los partidos de derecha en el Congreso, los cuales, vienen trabajando fuertemente para boicotear el trabajo de esta unidad especial”.

Así las cosas, recordó que “incluso el propio Fiscal General de Colombia se opuso a su creación, en especial, a las investigaciones destinadas a revelar los orígenes del financiamiento económico del paramilitarismo”.

En este contexto, el Estado debe dar protección a los miles de hombres y mujeres de las Farc-EP, entre los que se cuentan su Secretariado Nacional y ex combatientes. “Este es un deber que el Estado asumió en los Acuerdos y que es sustancial para garantizar la plena incorporación de los guerrilleros a la vida política institucional del país”, replicó.

Para ello, “es importante que se pueda desarticular la Doctrina de Seguridad Nacional y de enemigo interno aún imperante en las Fuerzas Armadas colombianas”. Esta concepción se sigue haciendo patente en el llamado “Plan Victoria” del Ejército, ya que el mismo, “contiene una serie de ambigüedades que nosotros venimos denunciando que son incompatibles con la democracia y la participación política”.

En la práctica, “lo que se observa es que en aquellos territorios en los que las Farc-EP cedieron espacio, ya que se concentraron en las 26 zonas veredales, se produjo un copamiento de los paramilitares con connivencia de las Fuerzas Armadas”.

 

El futuro de la izquierda colombiana

Respecto al presente y el futuro, tanto de las Farc-EP como de la izquierda colombiana, Caycedo aseveró que “el nuevo partido o movimiento que surja de la guerrilla, ya se encuentra autorizado y será conformado en agosto, cuando realicen su congreso nacional”. Esta acción, “forma parte de los compromisos asumidos por los compañeros ante el Estado” explicó y exigió que “su creación debe venir acompañada por una serie de garantías, especialmente, las vinculadas al ejercicio de las libertades políticas”.

Por su parte, el dirigente del PC destacó que “nosotros acabamos de culminar nuestra participación en el congreso de la Unión Patriótica, el cual, se caracterizó por una amplia y nutrida participación de sus bases a lo largo y ancho de todo el país” y valoró que “fue un verdadero éxito y contó con la presencia y saludos de varios ex combatientes de las Farc-ep”.

En el cónclave, “surgió la iniciativa, y la necesidad, de convocar a una gran convergencia, muy amplia, de fuerzas y de sectores en función de darle continuidad a este proceso de solución política e implementación de los tratados de paz”, delineó y recordó que “el año que viene habrá elecciones generales en Colombia, lo que nos impone el desafío de unir fuerzas y establecer alianzas para poder lograr que el proceso de paz no sucumba ante los intentos de la ultra derecha por derrumbarlos”.

El experimentado militante comunista fue claro al afirmar que “el enemigo principal es la derecha y el militarismo” y denunció que “quieren echar para atrás y, como lo expresaron públicamente, 'volver trizas los acuerdos”. El objetivo es “cambiar el rumbo de todo este proceso que se ha conseguido a base de tanto dolor y sangre del pueblo colombiano”.

Para ratificar está línea de acción contra los sectores que promueven el militarismo, “el Partido Comunista de Colombia desarrollará su congreso nacional, donde discutiremos en torno a cómo construir una propuesta de gobierno comprometido con la puesta en práctica y materialización de los Acuerdos de Paz y, fundamentalmente, de las reformas que lo acompañan y lo sustentan”.

Esta discusión se encuentra entremezclada, como no podía ser de otra manera, con “la difícil situación social del país: el desempleo, la pobreza y la indigencia son problemas gravísimos que tenemos que afrontar”.

Para ello, “trabajamos en función de que los intereses y derechos, sociales y populares, que están llevando a al pueblo a diversas movilizaciones, se articulen en una propuesta política que haga coincidir estas demandas con la implementación de los acuerdos de paz”.

Para Caycedo, “es inviable pensar en una Colombia con justicia social si antes no se concreta la paz y se conquistas las garantías y libertades políticas, el cese de la represión y el desmantelamiento del paramilitarismo”.

En busca de esos objetivos, “la tarea principal pasa por lograr la unidad más amplia posible”. Y concluyó que, “no importa si es sólo una unidad de acción, en principio lo importante es que sea una unidad que aporte a la consecución de la paz con justicia social como una bandera general para congregar la lucha social con la lucha política”.