¿Qué pasa a la hora de comer?

Política
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¿Se acuerdan de los verdurazos? ¿Qué tendrá que ver la soberanía alimentaria con la pandemia? El silobolsa y la bolsa de verduras: la clave está en las diferencias.

21 mil kilos de verduras frescas fueron repartidos por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense en la Villa Azul, como parte de los productos que el Estado provee al barrio que está cerrado desde el fin de semana pasado por un brote de coronavirus.
Se trata de alimentos que el gobierno adquirió directamente a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), con lo que sorteó la intermediación que encarece la canasta alimentaria. Y, en este caso, esta organización que reúne a pequeños productores y productores comunitarios, además, donó dos mil kilos de verduras para los moradores del barrio.
Pero esta actitud solidaria no es nueva para esta organización que habitualmente, hace donaciones que ayudan a llenar las ollas de comedores de barrios populares.
También fue protagonista central de los verdurazos como el que, apenas un año y medio atrás, la Policía de la Ciudad reprimió brutalmente en Plaza Constitución. Esos verdurazos exhibían que se puede vender productos de primera necesidad a precio justo, de ahí la importancia de que el ejecutivo provincial haya avanzado en este tipo de compra directa.
Desde hace mucho las organizaciones de la agricultura familiar pelean, desde una posición de absoluta desigualdad, contra un esquema de producción y comercialización de alimentos que favorece a los sectores más concentrados.
La propiedad de la tierra, la cartelización de cadenas de comercialización, el acceso al crédito y las restricciones logísticas son algunos de los serios condicionantes que ahogan a este sector. Esto es algo contra lo que luchan desde hace varios años, entre otros, la Unión de Campesinos Poriajhú.
Entre las cosas que quedan expuestas como consecuencia de las restricciones que impone la pandemia, está la irracionalidad de un sistema de producción y comercialización que es incapaz de garantizar que todo el mundo coma. Pero más que eso, ya que tampoco logra el abastecimiento de alimentos de calidad y a un precio que pueda pagar cualquiera.
Está claro que sería paradójico que un sistema que basado en la mercantilización de todo, incluidas las personas, se ocupara de asegurar que todo el mundo coma.
Por eso viene bien hablar de soberanía alimentaria, incluso en tiempos de pandemia. Y sobre esto, mucho tienen que decir este tipo de organizaciones que producen y buscan abastecer desde un criterio comunitario.

Desmercantilizar

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alerta que la pandemia va a vehiculizar un incremento del hambre y la pobreza en los países de América Latina.
“La región ha visto empeorar su seguridad alimentaria en los últimos años y esta nueva crisis podrá impactar de forma especialmente severa a ciertos países y territorios”, dijo el organismo en el documento que encargó México, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Ahí recalca que el mayor riesgo a corto plazo es que no se pueda garantizar alimentos “a la población que está cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus, y que en muchos casos ha perdido su principal fuente de ingresos”.
Por lo que la FAO recomienda que los gobiernos declaren a la alimentación y agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, ya que “es esencial mantener vivo el sistema alimentario para que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria”.
Así lo sostuvo su representante regional, Julio Berdegue, quien también hizo hincapié en que es preciso que se garantice acceso económico a insumos productivos como semillas, fertilizantes, maquinaria e infraestructura, al tiempo que instó a “resolver problemas logísticos de las cadenas de valor alimentaria”.
Pero las advertencias de la FAO lejos están de ser nuevas. Ya en los albores de este siglo alertó durante los próximos años, las reservas globales de cereales caerán al nivel más bajo tomando como medida el cuarto de siglo precedente.
Al respecto, el portavoz especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, hacía hincapié en que esto favorecería la apertura de un nicho de mercado sumamente rentable, a raíz de la elevada demanda de las formaciones estatales más ricas. Pero recalcaba que en la contracara de la moneda, estarían el hambre que esto provocaría en otros países, algo que calificó como un “crimen contra la humanidad”.
También por esos años, desde el Banco Mundial, su presidente Robert Zoellick, reconocía que la disparada del precio de los alimentos, ponía al mundo al borde de la emergencia y resaltaba que esto “puede provocar la muerte de millones de personas en breve”.
Lamentablemente, estas estimaciones se quedaron cortas.
“Si se combinan los niveles moderado y grave de inseguridad alimentaria, la estimación asciende al 26,4 por ciento de la población mundial o a un total de alrededor de dos mil millones de personas”, señaló la FAO antes de la pandemia.
¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que algo así como una de cada cuatro personas está subalimentada.
Quizás, a la hora de encontrar las razones valga la pena advertir el tratamiento reverencial que se le suele dar, por ejemplo al Foro de Davos o la OMC, y compararlo con la ponderación que se hace de la reunión anual de la FAO.
¿Será entonces que se volvió preciso reflexionar sobre si la comida es sólo una mercancía, cuyo precio puede ser fijado a partir de una especie de derecho divino que el propietario tendría para comerciar con ella?
En los días que corren, mientras agricultores pobres producen para trabajadores que deben permanecer aislados para preservar su salud y la de todos, individuos cartelizados en el agronegocio siguen sentados sobre silobolsas donde hay algo así como nueve mil millones de dólares.
¿Por qué? Porque especulan para forzar una devaluación que les permita maximizar, aún más, su tasa de rentabilidad.
Aunque suene idiota hay que decirlo: adentro de esos silobolsas hay comida y los dólares que deben liquidar son esenciales para que el país pueda soportar el esfuerzo que impone la pandemia, al tiempo que si fuerzan una devaluación, los que peor la van a pasar son los pobres como aquellos que protagonizan la historia de Villa Azul, de uno y otro lado del bolsón de verduras frescas.
Por eso, todavía más en tiempos de pandemia, la clave pasa por desmercantilizar las relaciones sociales, políticas y económicas, algo que no es otra cosa que plantear que es posible construir escenarios alternativos a la dinámica que establecen las relaciones que impone el capital. Una construcción que, necesariamente, debe hacerse desde abajo.