El vaciamiento de Vicentin

Política
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Mientras se avanza con el concurso preventivo, nuevos datos muestran que la agroexportadora registró un proceso de vaciamiento corporativo, financiero y comercial.

Vicentin Saic registró un proceso de vaciamiento corporativo, financiero y comercial que derivó en la cesación de pagos anunciada el 4 de diciembre de 2019, por una deuda total de 99 millones de pesos. Así se desprende de un informe realizado por el Banco Nación que analiza las transformaciones de la estructura corporativa, la dinámica financiera y el intercambio comercial de la empresa de Santa Fe.

El estudio encabezado por los especialistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti revela que la firma ubicada en San Lorenzo creó nuevas empresas en el exterior y cambió su estructura corporativa, lo que a partir de 2013 los llevó a “un desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial”. Así aparecieron Vicentin Family Group, VFG Inversiones y Actividades Especiales, Industria Agroalimentaria Latam y Nacadie Comercial.

José Luis Livolti, integrante del Movimiento Campesino de Liberación, enfatizó que “el vaciamiento es un hecho y lamentablemente es una consecuencia que nosotros advertimos. Cuando empezamos a luchar a favor de la expropiación señalamos que si no se convertía en una empresa pública, el final iba a ser el desguace de la empresa, su privatización, su vaciamiento y una evasión de millones de dólares que desembocarían en una recompra por parte de los mismos dueños”.

El proyecto de expropiación que anunció el Gobierno de Alberto Fernández, ha desatado uno de los conflictos bisagras de este contexto. Y luego de la ofensiva de los sectores concentrados, Fernández apeló al Poder Judicial, lo que según Livolti implica “una ingenuidad pensar que la Justicia, en una localidad cercana a la empresa, va a legislar en favor de que se convierta en una empresa pública. El juez hasta rechazó la propuesta de Perotti, que no era una propuesta progresista”.

El también militante del Partido Comunista de Santa Fe puntualizó que “ninguna empresa puede vender ningún bien sin autorización del juez de concurso y tiene que haber una autorización del paquete accionario. Lo que está pasando ahora es lo que habían preparado, en el camino del desguace se cruzó el gobierno con el DNU del proyecto de expropiación”, que luego abandonó.