¿Primero la escuela?

Política
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Soledad Acuña obliga a los maestros a saltar de burbuja en burbuja. Rodríguez Larreta y un triste récord ¿Vale la pena poner en peligro a tantas personas para diferenciarse del Gobierno Nacional?

Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña dieron detalles sobre el plan “Primero la escuela”, que prevé que las clases presenciales en la Ciudad comiencen a partir del 17 de febrero, de forma escalonada por año escolar.

El calendario alcanza a las escuelas de gestión estatal y privada y se basa en la aplicación de protocolos que incluyen el testeo de los docentes antes del comienzo del ciclo lectivo y –después- cada quince días, así como la aplicación de un criterio que entiende el aula como una burbuja.

De todas formas, maestros y profesores van a poder transitar de burbuja en burbuja, tal como explicó la ministra de Educación, ya que son 66 mil los docentes que se desempeñan en más de una escuela y, de ellos, varios deben tener hasta cuatro cargos para sumar un ingreso mínimo.

Lo que evita considerar este esquema es qué puede pasar con los docentes que tienen que usar el transporte público que –en las actuales condiciones- es un foco de peligro. También elude pensar que, entre test y test, se abre una ventana de posibles contagios que puede potenciarse a cifras catastróficas si se tiene en cuenta que hay docentes que deberán hacer más de un viaje diario en transporte público para saltar entre burbujas.

Asimismo, vale citar que de los alrededor de trescientos mil estudiantes que concurren a establecimientos públicos en la Ciudad, treinta mil viajan desde el conurbano.

El Plan anunciado por Larrera plantea que los trabajadores de la educación que pertenezcan a grupos de riesgo quedan exceptuados de volver a la presencialidad, medida que también regiría para alumnos que presenten esa situación o convivan con personas que requieran especial cuidado.

Pero no explica cómo se va a evaluar esa condición, sobre todo en un contexto en el que Acuña pide que se denuncie a los maestros que “adoctrinan” y Patricia Bullrich asevera que el docente que no acate la disposición del Gobierno de la Ciudad “tendrá que ser reemplazado”.

También se señaló que va a entregarse en las escuelas kits de limpieza, una guía de cuidados y barbijos quirúrgicos para los docentes y se destacó que “la enorme mayoría de las escuelas se encuentran en condiciones para recibir a los chicos y chicas cumpliendo los protocolos y medidas de seguridad”.

Pero desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se advierte que no están dadas las condiciones para volver a la presencialidad y se recalca que muchas escuelas carecen de condiciones para el funcionamiento de estas burbujas y, en muchos casos, hasta falta jabón.

UTE hace hincapié en que los edificios escolares siguen en condiciones similares a las de antes de la pandemia, ya que en todo este tiempo no se hicieron adecuaciones que puedan garantizar el dictado de clases en condiciones de seguridad.

Hay que recordar que durante su primer mandato y con el aumento de coparticipación que le regaló Mauricio Macri, Larreta sólo inauguró cinco escuelas primarias, tal como lo señala un fallo de la jueza Elena Liberatori, que emitido en julio de 2020.

Pero de lo que no se privó es de seguir transfiriendo recursos públicos hacia el sistema educativo de gestión privada. Así se desprende del desvío de 370 millones de pesos asignados al Plan Sarmiento hacia la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada. El Plan Sarmiento es el que debe garantizar que estudiantes de escuelas públicas puedan acceder a computadoras.

La cosa es clara: por un lado, en la Ciudad, hay una disposición que impide que se realicen reuniones familiares y sociales que incluyan a más de diez personas, pero el Gobierno avanza en un diseño que va a meter decenas de personas dentro de un mismo edificio.

Por otra parte, a nadie escapa que la presencialidad en las aulas va a provocar el incremento de pasajeros que utilizan el transporte público, que está en manos de empresas que cobran subsidio del Estado sin hacer mejoras en las unidades a excepción de algunas precarias cortinas de celofán que separan al conductor del pasaje.

Hoy colectivos y subtes circulan llenos de pasajeros a los que les resulta imposible respetar la distancia minima de protección ¿qué puede pasar con el incremento de pasaje que va a traer la presencialidad en las escuelas en las condiciones que anticipa el ejecutivo de la Ciudad?

Al respecto, el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, advirtió que el gobierno de la Ciudad no controla quienes utilizan los subtes que sólo “deberían usarlo los trabajadores esenciales” y añadió que durante los horarios pico, hay vagones que viajan llenos por lo que no se cumple con el distanciamiento social.

“Si están las condiciones, somos los primeros en querer estar en la escuela”, dijo la secretaria del nivel inicial de UTE, María José Gutiérrez, y planteó dudas sobre la viabilidad de volver a la presencialidad el 17 de febrero a raíz de los problemas que presenta el transporte público. Y recordó que el sistema de “burbujas” de las que habla Acuña, “cuando se hizo con diez niños no funcionaron”.

Así las cosas, mientras el Gobierno de la Ciudad busca diferenciarse del Nacional y mantiene el 17 de febrero como fecha de arranque, también hace lo mismo cuando exhibe una peligrosa falta de compromiso con la vacunación contra el Covid-19. Todavía nadie del staff puso el brazo y, a diferencia de lo que pasa en diferentes provincias, en la Ciudad no se abrió un registro para que puedan inscribirse las personas que deseen recibir la vacuna.

 

Recorte y ajuste

 

La gestión de Larreta tiene el extraño demérito de haber empeorado el sistema educativo de la Ciudad que, durante sus dos períodos como jefe de Gobierno, Macri ya había desfinanciado considerablemente.

Para principios de 2007, el ejecutivo porteño había logrado recuperar las finanzas de la Ciudad, que habían quedado letalmente afectadas durante los 90 y estallaron con la crisis en 2001. Además contaba con una buena calificación financiera, había creado un fondo anticíclico de alrededor de 150 millones de dólares, los proveedores estaban al día y se verificaba un acelerado proceso de desendeudamiento.

Con ese telón de fondo, Macri asumió la Jefatura de Gobierno con la posibilidad de asentar su gestión sobre una base sólida, ya que asimismo había una recaudación que era casi un cincuenta por ciento superior a la de hacía un lustro y un país que crecía a tasas nunca antes vistas, lo que impactaba favorablemente en el panorama tributario porteño.

La deuda pública de la Ciudad, que durante ese año era de 501,3 de dólares, trepó con la gestión PRO un 355 por ciento. Y, desde el primer Presupuesto que envió a la Legislatura, Macri pidió permiso para endeudar al Estado porteño.

Esto hizo que se catapultara la deuda pública nominada en dólares, pero pese a esto (¡oh paradoja!), Macri cerró todos sus ejercicios con déficit. Sólo se salvó el de 2012, cuyas cuentas canceló con un tarifazo del ABL y los impuestos a los sellos, patentes e Ingresos Brutos que hasta entonces representaba más del 75 por ciento del total de ingresos tributarios propios y cerca del sesenta de los ingresos totales de la Ciudad.

Como se ve, la toma de deuda y el tarifazo son parte constitutiva del ADN del PRO/JxC, aunque la autoría de este modus operandi hay que buscarla un poco más allá. Es que esto de provocar déficit, contraer deuda con el formidable negocio que eso trae para algunos amigotes y aumentar impuestos regresivos, recortar inversión pública y recurrir a más endeudamiento público para hacer frente al pago de las amortizaciones de esa deuda, es una vieja receta del Consenso de Washington.

Y en esto de endeudar y ajustar, otro clásico del PRO/JxC es el recorte de lo que se destina al sistema educativo. Macri recibió una Ciudad con un Presupuesto Educativo de 33 por ciento que achicó al 22 con el que arrancó su gestión, Rodríguez Larreta que, en cuatro años, lo redujo al 17.