Sindicales

El gobierno da una señal 28.06.2017

Elogio a la informalidad laboral

Al tiempo que le mete presión a los que tienen un trabajo en blanco, el decreto le baja el precio a los que padecen condiciones de informalidad.

Pero quienes quizás se vean más afectados por la decisión adoptada por el tándem empresarial que, desde diciembre de 2015, también tiene el gobierno, son aquellos trabajadores obligados a mantener relaciones laborales informales.

El propio Indec reconoce que cuatro millones de personas en edad económicamente activa atraviesan este tipo de situación, un porcentaje que, entre los jóvenes, duplica la tasa general.

Esto se da en un marco de cierres de unidades productivas y despidos masivos que ya puso a la desocupación en el rango del diez por ciento, algo que relativiza la posibilidad de que –aunque exiguo- el monto fijado por el Consejo sea una referencia válida para el salario de aquellos trabajadores empujados a la informalidad.

“Lo es pero, en realidad, con cierto grado de mentira”, reflexiona el titular de la regional Cañuelas-Lobos de la CTA y explica que “La presión sobre los trabajadores en blanco es brutal”, recalcó el secretario de la CTA Cañuelas-Lobos, Mario Micheli, por lo que advirtió sobre el empeoramiento de la situación de los trabajadores del sector informal.

Tras lo que hizo hincapié en que es preciso que, “para los programas sociales, se establezca como salario mínimo vital y móvil un ochenta por ciento de incremento”.

Es que la precarización laboral sigue estando en el centro del problema, pero asimismo, forma parte de una estrategia mucho más amplia que lleva a cabo -meticulosamente- el Gobierno nacional.

“Queda claro no hay ningún mecanismo que pueda asegurar que se cumpla lo que pudiera acordarse en cualquier acuerdo que alcance a los trabajadores del sector”, señaló Micheli, tras lo que denunció que esto es así porque el Ministerio de Trabajo “no defiende los derechos de los laburantes”. Y recordó que desde que Mauricio Macri es presidente, puso particular énfasis en desmantelar áreas clave encargadas de controlar que, por lo menos, las patronales cumplan con las leyes vigentes.

 

“Queremos participar”

Así las cosas, ayer mientras se reunía el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, diferentes organizaciones sociales llevaron adelante un acampe para reclamar un salario mínimo de quince mil pesos.

Vale recordar que pese a reiterados pedidos, el Gobierno evitó sumar a la mesa a las organizaciones sociales y territoriales. “Queremos que el conjunto de las organizaciones participemos de este debate”, sentenció José Chapu Urreli, coordinador Nacional del MTL, quien sin dudarlo recalcó que “estamos en condiciones de discutir y construir una propuesta que permita modificar la situación en favor de los trabajadores”.

Urreli también puntualizó que “hay muchas organizaciones sociales que podrían estar representadas y no sólo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep)”, tras lo que añadió que el Consejo debería incluir a aquellas organizaciones que, “de una manera u otra, conformamos federaciones como la que tenemos nosotros dentro de la CTA que merece que se escuchen sus propuestas”.

 

 

Por decreto...

Y en el camino de la flexibilización

Las condiciones establecidas para el salario mínimo presionan sobre el salario en general y se presentan como un índice de que se puede domesticar lo La Rosada llama “costo laboral”, algo en lo que está comprometido el propio presidente Mauricio Macri.

Según el índice de salarios elaborado por el Indec, la capacidad de compra de los sueldos sufrió una brusca contracción durante 2016 y esto prosigue en lo que va de 2017.

Queda claro entonces que desde que Cambiemos está en el Gobierno el salario le mira la luneta a los precios. La tendencia es clara y el piso del que se parte también, ya que el Indec reconoce que quien tiene un ingreso menor a quince mil pesos es pobre.

Entonces, con esta tendencia y este piso, es probable que aún con los diez mil pesos que sumará dentro de un año, el salario mínimo se colocará muy cerca de la línea de indigencia. Todo esto si se toma como referencia a los datos que suministra el Indec que –cada vez más evidentemente- son sometidos a la cosmética gubernamental.

Esto “habla de la insensibilidad social” de La Rosada, señaló Hugo Yasky cuando se refirió al decreto que fijo el techo del salario mínimo.

Pero la medida también da cuenta un nuevo paso en el pustch que, desde diciembre de 2015, el gobierno encabeza para imponer una brutal transferencia regresiva de riqueza y, asimismo, para establecer un nuevo tipo de relación entre los universos del trabajo y el capital.

Sobre esto la Gestión Cambiemos fijó su postura en reiteradas ocasiones. Lo hizo por medio de actos de gobierno y actos simbólicos que avanzan en lo que ellos denominan “cambio cultural”, algo que promete un escenario que se parece mucho al de principios del siglo 20, pero con varios rasgos aún peores.

 

Con el sello de Mauricio

Así las cosas, al fijar el salario mínimo en diez mil pesos pagaderos en julio de 2018, el ejecutivo envió un mensaje a cada mesa paritaria. Sabe que en muchos casos –por coacción o connivencia- consiguió acuerdos paritarios a la baja, pero también tiene claro que todavía hay sectores importantes que, como los docentes bonaerenses, resisten, mantienen su posición de lucha y no acordaron. Pero, asimismo, el Gobierno se anotó un nuevo poroto en otro punto medular de ese “cambio cultural” que pretende.

Es que el monto y las condiciones establecidas para el salario mínimo presionan sobre el salario en general y, sobre todo, se presenta como un índice de que se puede domesticar lo que ellos denominan “costo laboral”, algo en lo que está comprometido el propio presidente Mauricio Macri.

“Para ellos, evitar el costo laboral es sumergir a los trabajadores en una situación de casi esclavitud y esto se corresponde con la política, prácticamente colonialista, a la que Macri sumerge a nuestro país, donde dejamos de ser ciudadanos para transformarnos en colonizados”, lamentó Urreli.

Tras lo que fue claro cuando hizo hincapié en que “vamos a revertir la situación en la medida de que tengamos la perspectiva de ir fortaleciéndonos política, ideológicamente y orgánicamente”. Por eso, sin dudarlo, instó a “seguir planteando la confrontación en el plano de la perspectiva de lucha”.

Salario Mínimo, Vital y Móvil 28.06.2017

Cada vez más mínimo

El gobierno laudó a favor de los empresarios y estableció que, recién en julio de 2018, va a estar cinco mil pesos por debajo de la actual línea de la pobreza. La CTA convocó a movilizar en agosto. “Debemos generar un plan de lucha lo más amplio posible que permita seguir ganando las calles”, recalcó José Chapu Urreli.

“Es una oferta miserable y vergonzante, pero no nos tiene que llamar la atención que el Gobierno laude a favor de las patronales, porque ellos forman parte de la patronal, esto fue como meter la zorra en el gallinero”. La definición, hecha por el integrante de la Dirección Nacional de la CTA y coordinador del MTL, José Chapu Urreli, no es antojadiza, ya que ayer el Gobierno nacional fijó -por decreto- el monto del salario mínimo vital y móvil en diez mil pesos, una cifra escasa, más aún, si se tiene en cuenta que recién se alcanzaría en julio de 2018.

Así lo estableció el Ministerio de Trabajo después de que no se llegara a un acuerdo en la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil llevada a cabo ayer en la que las dos CTA y la CGT acordaron unificar su reclamo en quince mil pesos, mientras que los representantes de la patronal ofertaron ocho mil.

A la hora de laudar, el Gobierno volvió a demostrar su pertenencia al universo del capital y se colocó muy cerca de la postura defendida por las cámaras empresariales.

“Vamos hacia una marcha nacional que se va a realizar en la primera semana de agosto”, señaló en este contexto el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, tras lo que adelantó que se está trabajando para que se sumen a la movilización, la central que lidera Pablo Pablo Micheli y la CGT. Y fue contundente cuando recalcó que La Rosada “ni siquiera atina a disimular que quiere poner una tapa de hormigón al salario de los que menos ganan”.

Es que la coincidencia de las posturas entre el ejecutivo y los empresarios resulta imposible de ocultar. La oferta patronal fue una recomposición de tres cuotas que, en julio de 2018, acumularía 9.800 pesos. El Gobierno sólo la elevó en doscientos.

 

Coherencia

“Este gobierno es coherente” dijo el coordinador nacional del MTL y aclaró que “por eso se posicionó junto a los grandes grupos económicos concentrados que estaban representados en el Consejo, que son los que detentan el poder real”, puntualizó Urreli y celebró que, a diferencia de años anteriores, esta vez las dos CTA y la CGT hayan concurrido al Consejo con una postura de recomposición del salario mínimo unificada.

¿Existe la posibilidad de que este acuerdo se transforme, también, en un plan de lucha que contenga al universo del trabajo representado por estas centrales? La CTA de los Trabajadores ya anticipó que, en agosto, va a encabezar una movilización e invitó a la CTA Autónoma y a la CGT a plegarse a la iniciativa.

“Debemos tener la perspectiva de construir un plan de lucha que permita llegar a agosto con la decisión de todas las centrales de un paro activo general con movilización”, destacó Urreli y advirtió que es preciso fijar una postura clara porque, “cuando llegue julio de 2018, la inflación ya se habrá comido el 24 por ciento de aumento en tres cuotas que decretó el gobierno”.

Esta aseveración de Urreli no puede ser desmentida ni por el propio gobierno. Poco días atrás, el Indec señaló que para no ser pobre, en mayo de 2017, había que ganar 14.665 pesos por mes, esto es, 2.829 pesos más que durante el mismo mes de 2016. Con una inflación que no para de crecer es fácil imaginar en qué rango se colocará el índice inflacionario dentro de un año.

Entonces, si el propio Gobierno reconoce que para no ser pobre hay que tener un ingreso de alrededor de quince mil pesos, lo que acaba de hacer al colocar el salario mínimo en diez mil pesos –y recién en julio de 2018- es decretar que, quienes lo perciben, tienen que seguir siendo pobres.

“Este es un gobierno clasista que tiene odio de clase hacia los trabajadores, los pobres y todos los sectores que puedan presentar alguna contradicción con su objetivo de maximizar constantemente ganancias, algo que hacen de forma legal e ilegal”, resaltó el coordinador del MTL e integrante de la CoNaT y alertó que el ejecutivo va a intentar confundir “señalando que la reacción que tengamos ante esto responde al año electoral”.

Pero también cuestionó a “sectores del sindicalismo que adscriben a la política del gobierno, aunque digan que representan a los trabajadores” y apuntó contra “dirigentes sindicales que se apalancan diciendo que, como es un año de elecciones, no hay que hacer olas”.

Y con contundencia hizo hincapié en que es preciso “generar un plan de lucha lo más amplio posible, que permita seguir ganando las calles” porque, puntualizó, “esta es una de las formas que tenemos para poder frenar los intentos clasistas de este gobierno”.

 

 

Poli y el llamado de Vidal 27.06.2017

Llamado marketinero

Tras conocerse que los gremios se iban a reunir para tomar medidas de fuerza, el ejecutivo provincial llamó a las apuradas a una reunión “que no tiene más objetivos que el de dilatar el conflicto”, denunció el titular del Suteba Zárate-Campana.

Tras el comunicado del Frente de Unidad Docente (FUD) en el que confirmó una reunión para el próximo miércoles y allí definir nuevas acciones de lucha de cara a la paritaria docente que no se concreta, la gobernadora María Eugenia Vidal convocó, a través de sus voceros, a un nuevo espacio de discusión para realizar una nueva oferta salarial.

La iniciativa de la FUD se vio motivada por la falta de una propuesta salarial “satisfactoria” por parte del ejecutivo bonaerense. En el marco de las misma, los seis gremios que componen la mesa de coordinación expresaron que “ante la falta de respuestas del gobierno provincial” se resolvió que la semana próxima se debatirá con todos los docentes la “continuidad del plan de lucha”, que incluirá “paros, movilizaciones, jornadas de protesta y campañas de denuncia”.

Al respecto Cristian Poli, Secretario General del Suteba de Zárate-Campana y dirigente de la Conat, denunció que “cada vez que el frente gremial anticipa una reunión para analizar medidas de fuerza, el gobierno convoca a reuniones que luego quedan en la nada” y calificó de “marketinero” al llamado.

El dirigente docente remarcó que “esto se enmarca en una estrategia discursiva cuyo objetivo es estigmatizar a los maestros mientras nos ahogan con una política de salarios a la baja”. La convocatoria del ejecutivo no es caprichosa y se encuentra coordinada con el escudo mediático bonaerense que, desconociendo las consecuencias que tiene la no convocatoria a la paritaria nacional docente, estigmatiza a los trabajadores de la educación y presenta a Vidal como víctima de aprietes.

“Para la derecha que los trabajadores reclamen por sus derechos es un apriete cuando en realidad se trata de un reclamo legítimo y más en un marco de ajuste económico como el que estamos viviendo”, remarcó.

En referencia al nuevo llamado, Poli fue claro al afirmar que “hasta ahora la experiencia marca que estas reuniones sólo han servido para humillar a los docentes y dilatar la resolución del conflicto y agregó que siguen ofreciendo lo mismo que hace tres meses, lo que, en la práctica, implica una pérdida mayor a la que ya estimábamos cuando comenzaron las negociaciones”.

Así las cosas, y como si no bastara, “el gobierno profundiza su política extorsiva, haciendo descuentos indiscriminados por los días de paro mientras paga un sueldo que segundo a segundo se degrada, tanto en su poder adquisitivo como composición salarial”.

Para ilustrar, el dirigente explicó que “al día de la fecha los maestros están cobrando el acuerdo de agosto de 2016 y denunció que los 'adelantos a cuenta' que está otorgando el gobierno son en negro, no remunerativos por lo que no tienen impacto en el salario básico de los docentes”.

A esto hay que sumarle la falta de creación de puestos de trabajo y el deterioro en las condiciones edilicias de las escuelas donde desempeñamos nuestras tareas.

El cinismo del macrismo parece no tener límites. Es que, en medio de la paritaria docente bonaerense que no se resuelve por responsabilidad del ministro de Educación, Esteban Bullrich, que no convoca a la paritaria nacional, Cambiemos lo presentó como cabeza de lista para las elecciones de este año. Al respecto, Poli exclamó que “se trata de un funcionario que desde el primer día del año se mantiene al margen de la ley, que maltrata a los docentes, sus familias y a los alumnos bonaerenses y no dudó en remarcar que, sin dudas en los comicios de agosto, el pueblo de la provincia hará sentir el descontentó por todas estas situaciones”.

En resumidas cuentas, “todo esto desnuda la soberbia de un gobierno de la burguesía y los patrones en alianza con el imperialismo yanqui, el cual, intenta llevar adelante en el país y la región un modelo de restauración conservadora y que tiene en personajes como Bullrich a uno de sus principales cuadros”.

Otra vez Adepa

Otra vez contra la libertad de prensa

Dos camarógrafos fueron detenidos ilegalmente por personal policial no identificado cuando estaban en la antesala de un teatro en el que la gobernadora Vidal hablaba para empresarios de la massmedia dominante.

26.06.2017

Aunque, por lo recurrente de este tipo de episodios, nadie debería sorprenderse por algo así, no deja de preocupar lo que volvió a pasar días atrás en Bahía Blanca cuando policías que no estaban identificados ni vestían uniforme, detuvieron ilegalmente a dos camarógrafos que intentaban hacer una cobertura periodística de la visita en una visita que realizó la gobernadora Vidal.

Todo pasó durante un encuentro que celebraba Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y los trabajadores de prensa, Claudio Videla y Mara Solís, fueron forzados a subir a un vehículo que tampoco estaba identificado. Pero todo no terminó ahí. A él lo golpearon y a ellas la desnudaron. Vale recordar que Adepa es una corporación empresarial que agrupa a lo más concentrado de la industria massmediática dominante y que está liderada, entre otros, por los propietarios de Clarín, La Nación y La Nueva Provincia, todos grupos empresarios ligados a la dictadura y el actual gobierno.

Claudio Videla y Mara Solís fueron al Teatro Municipal de Bahía Blanca para cubrir la charla que Vidal compartió con empresarios y periodistas alineados en Adepa que brindaron su apoyo a Cambiemos de cara a las elecciones de octubre. Cuando estaban en la antesala del Teatro, cuando Videla advirtió que personal policial bloqueaba el ingreso de Analía Larrea, la militante comunista que otras veces logró evadir el férreo cerco policial que suele proteger a los dirigentes de Cambiemos y se pudo poner cara a cara con el intendente local, Héctor Gay, y la propia Vidal.

Pero esta vez, cuando Videla se acercó con la cámara encendida y solicitó al personal de seguridad que dejase pasar a Analía Larrea, que se moviliza en silla de ruedas, fue abordado por un individuo que le ordenó que lo acompañase, tras lo que se sumaron otros que lo redujeron.

Ante esta situación, los de Analía alertaron a Solís, quien comenzó a filmarlo todo, pero policías le ordenaron apagar la cámara y que se retire del lugar. Ahí aparecieron dos oficiales mujeres de la división Narcotráfico que la sacaron de la sala y le dijeron que la iba a “levantar” un patrullero.

Después un oficial le dijo que sería trasladada a la Comisaría por averiguación de antecedentes y allí fue alojada en una celda común y, tras una hora y media, dos oficiales mujeres la encerraron en una habitación contigua y la obligaron a desnudarse, todo pese a que en la requisa previa la habían obligado a entregar aros, anillos, sus zapatillas e incluso el corpiño.

Buscaban, también, su tarjeta de memoria. Cuando la liberaron y le devolvieron sus objetos personales, su celular había sido desarmado y revisado.

 

Solidaridad

“Al enterarnos de este acontecimiento nos pusimos en contacto con la organización a la que pertenecen estos dos compañeros e inmediatamente comenzamos a aplicar un protocolo de búsqueda de los compañeros haciendo pública sus detenciones”, señaló el secretario del Partido Comunista de Bahía Blanca, Guillermo Memo Coulantono, tras lo que recalcó que “los compañeros pasaron por momentos de mucha angustia”.

Tras lo que fue claro cuando indicó que “producto del rechazo popular y del repudio a la política que vienen llevando adelante, la gobernadora Vidal se ve obligada a vallar y perimetrar los lugares donde se presenta”, así como “poner gente de civil en todas su actos para controlar y evitar que sean visibilizados los reclamos que realiza nuestra gente”.

También recordó que, “como Analía es una militante del campo popular conocida por su lucha contra el ajuste y los despidos, las fuerzas de seguridad la identificaron y actuaron sobre ella”.

Asimismo, puntualizó Colantuono, “Analía pertenece a una agrupación de discapacitados de Bahía Blanca e integraba la Comisión Municipal de Discapacitados de donde fue sacada por este gobierno de forma arbitraria, porque es conocida por su militancia en defensa de los derechos de las personas con discapacidades”.

Y destacó: “nosotros como Partido Comunista repudiamos rotundamente estas detenciones que, claramente, muestran el accionar represivo de este gobierno que nos retrotrae a los momentos previos al golpe de Estado de 1976 cuando estaban operando los grupos parapoliciales y civiles, personajes que hoy gobiernan el país y la provincia”.

 

 

El ejemplo docente

Democracia sindical frente al ajuste

El Suteba fortaleció su organización participativa y democrática, ratificada por sus afiliados en los últimos comicios internos, y realizó elecciones por distrito que “reflejan un crecimiento positivo”, dijo Ríos de Lomas de Zamora.

22.06.2017

Suteba llevó a cabo las elecciones de delegados en cada distrito de la provincia de Buenos Aires con la participación de miles de trabajadores de la educación que, tal como celebraron desde el sindicato docente, sirvió para consolidar la democracia de esta organización.

La premisa con que se convocó a la elección fue definida por Suteba con la frase: “estamos convencidos que la defensa de nuestros derechos y de la Escuela Pública se fortalecen en la figura del delegado”, por lo que, “desde hace más de treinta años que apostamos al Cuerpo de Delegados como la herramienta fundamental para expresar nuestra lucha y para que la voz de cada Escuela sea representada”.

“Los datos que dejó la elección de delegados son muy positivos”, recalcó el integrante de la conducción de Suteba Lomas de Zamora, Emanuel Ríos, tras lo que destacó que “en algunos distritos nuevos como en Almirante Brown o Esteban Echeverría, ya tenemos un cuerpo de delegados con más de diez compañeros, en escuela emblemáticas como el Polivalente de Echeverría y el Hogar Escuela de Ezeiza”.

Pero también, hizo hincapié el integrante de la CoNaT, el desarrollo de la elección fu auspiciosa en Presidente Perón “donde comenzamos a transitar la creación de este distrito nosotros desde La Violeta junto a La Celeste, donde sacamos más de veinte delegados y una parte importante está en la escuela inicial, un nivel muy reacio a tener afiliados al gremio” pero, pese a esto, celebró que “ahora en todos los jardines tenemos una representación de Suteba y de la Lista Violeta”.

Así las cosas, a la hora de hacer un balance inicial de estas elecciones, Ríos puntualizó que “esto también reafirma el trabajo que venimos llevado adelante en otros distritos, como en Zárate, con más de cuarenta delegados de la Lista Violeta o en Lomas donde hay más de cien delegados en todos los niveles, en inicial primaria, secundaria , terciarios y escuelas especiales”.

Tras lo que celebró que “hay una gran cantidad de compañeros que han decidido comenzar a militar en el Suteba como delegados, con nuestra línea político-sindical”, por lo que “hemos notado que ha crecido muchísimo más el compromiso de nuestros compañeros hacia nuestro sindicato y esta nueva responsabilidad de ser delgado de escuela es, no sólo para quien asume esta tarea, sino para el resto de los compañeros de la Lista Violeta”.

Primero los negocios

El salario puede esperar

¿La Casa Rosada convertida en gerencia comercial del Grupo Macri? Chequera y carpetazo, las claves para comprender la relación entre el Gobierno y la burocracia.

22.06.2017

“Parece que hoy va a haber una reunión de Gabinete ampliada” escribió en su cuenta de tweet el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, al referirse al encuentro que hoy mantuvo el presidente, Mauricio Macri, en la Casa de Gobierno con directivos de dos multinacionales estadounidenses

La elección de los invitados es elocuente. Primero recibió al CEO de American Towers, James Taiclet, que dirige una empresa líder operadora y desarrolladora de bienes raíces y después a la vicepresidente de BYD Industries, Stella Li y titular de BYD Motors, compañía con sede en Los Ángeles, que desarrolla vehículos eléctricos de baterías y soluciones de almacenamiento de energía de baterías.

Vale recordar que un mes atrás, Macri y Anning Chen sellaron un acuerdo para la instalación de una planta para la fabricación de vehículos eléctricos. Chen está al frente de la fábrica automotriz Chery Automobile que es socia de Socma –firma del clan Macri- desde hace más de una década.

También que, en mayo de 2016, el Grupo Macri se deshizo de los activos que tenía en Galileo GNC y, tras cartón, el gobierno que encabeza Macri negoció el arribo de los autos eléctricos a Argentina.

Hasta aquí el terreno en el que el ejecutivo acuerda con facilidad. Pero donde parece que tiene que sacarle un poco más de punta al lápiz en su intento de relanzar la relación que tiene con la burocracia sindical.

En este sentido, a último momento el Gobierno postergó la reunión programada para esta tarde con parte de la cúpula de la CGT en la que esperaban acercar posiciones de cara al encuentro del Consejo del Salario que se va a llevar a cabo el martes 27. Según se supo, los triunviros exigieron la presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana para poder firmar un acuerdo que vaya más allá de aquel que puedan establecer en torno al piso salarial.

La cosa es clara. Hasta ahora los triunviros no fueron tenidos en cuenta en decisiones trascendentales, como cuando el ejecutivo arregló con Guillermo Pereyra y Ricardo Pignanelli los acuerdos por Vaca Muerta y el Smata, que señalan el camino elegido por la gestión Cambiemos para regular la relación entre trabajo y capital.

En esta dinámica, La Rosada supo ir atando cabos sector por sector, aprovechando la chequera y el apriete, algo que preocupa a burócratas que son muy vulnerables al carpetazo y que ven con terror la foto de Omar Caballo Suárez esposado y desfilando por los tribunales.

Pero asimismo, con las elecciones a la vuelta de la esquina, quienes integran la cúpula cegetista saben que tienen que jugar fuerte para arrancarle al Gobierno, aunque más no sea, algo de lo que deberían haber ganado desde diciembre de 2015 con la movilización, al lado de los cientos de miles de trabajadores despedidos y represaliados.

 

Retraso

¿Pero qué pasa del lado de los trabajadores? En la previa de la convocatoria al Consejo Salarial y mientras la CGT exhibe más gestualidad que vocación concreta de lucha, el titular de la CTA Cañuelas-Lobos, Mario Micheli, recalca que “lamentablemente, esta convocatoria llega bastante atrasada, ya que debió hacerse a principios de año para que marcara la base en la pelea paritaria de cada sindicato”.

Y, en esta dirección, añadió que es insensato que “se ponga un salario mínimo vital y móvil después de que pasen las paritarias”, tras lo que lamentó que mientras esto ocurre “la CGT tira números para la foto” por lo que, lamentó, “tenemos poca expectativa de lo que se plantee ahí”.

Por otra parte, Micheli fue claro cuando hizo hincapié en que la postura de la CTA “es que el salario mínimo vital y móvil no puede bajar de un 35 a un cuarenta por ciento, dada la inflación de este año y la acumulada de 2016”, pero recordó que “en esa mesa estamos en absoluta minoría, por lo que vamos a pelar para que salga un numero lo más cercano a la necesidad que en esta realidad sufren los trabajadores”.

 

 

Paro y movilización

La lucha sigue

“Nunca se aflojó ni un poquito”, dijo la secretaria de Jubilaciones de Suteba Avellaneda, Claudia Martínez, tras participar en la multitudinaria marcha convocada por el Frente de Unidad Docente.

15.06.2017

Noventa por ciento de acatamiento al paro y una contundente movilización ante la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, es la síntesis que dejó la jornada de ayer protagonizada por el Frente de Unidad Docente (FUD) junto a Cicop y Judiciales, después de que los trabajadores de la educación rechazaran la recomposición salarial del 21 por ciento ofertada por el gobierno bonaerense.

Vale recordar que, a principios de semana, la gestión de María Eugenia Vidal convocó a los docentes para ofertar una suba de sólo un uno por ciento la oferta que venía haciendo, a lo que añadió una cláusula gatillo, una suma de dos mil pesos por cargo por la pérdida de poder adquisitivo de 2016, al tiempo que volvió a insistir en que no va a devolver lo descontado por días de huelga.

En este contexto, el titular de Suteba, Roberto Baradel, cuestionó la decisión gubernamental de realizar descuentos y no girar los fondos a los comedores escolares por el paro y lamentó que “quiera castigar permanentemente a los trabajadores de la educación”.

Asimismo, señaló la “incapacidad para resolver conflictos” del Gobierno Vidal, al que le pidió que revise su estrategia, porque –puntualizó- fracasó su intento de quebrar el FUD “ejerciendo el macartismo”.

Y tras advertir que el Gobierno “cree que la autoridad es autoritarismo”, remarcó que la autoridad “se gana con respeto y legitimidad, no imponiendo condiciones al otro” y sin dudarlo aseveró que “hay un enojo muy grande por el maltrato de la gobernadora hacia los docentes”.

 

Maltrato

En la misma dirección, la secretaria de Jubilaciones de Suteba Avellaneda, Claudia Martínez, destacó que “los compañeros están muy cansados de que el gobierno no nos dé respuesta y nos maltrate”, por lo que “hubo una actitud muy positiva con respecto al paro”.

La docente comunista fue clara entonces cuando, al referirse a la presencia de trabajadores judiciales y agrupados en Cicop, indicó que “no estamos movilizados sólo los docentes” y reflexionó: “la cosa se está poniendo ,al en todos lados, hay grandes represiones en Córdoba y en Neuquén, el gobierno no respeta los acuerdos y el movimiento obrero dijo basta”.

Por otra parte, sobre la propuesta de recomposición salarial hecha esta semana por el Gobierno, Claudia Martínez, no dudó en calificarla como humillante: “sólo se movieron un punto y nos quieren meter el presentismo que condiciona el uso de las licencias que tenemos derecho a tomar por cuestiones de salud”, mientras que, “siguen sin darnos la posibilidad de recuperar la pérdida del salario de 2016 y, además, hablan de una cláusula gatillo por dos años que significaría la pérdida de las paritarias”.

De ahí que hiciera hincapié en que “sabemos que debemos seguir en la calle porque la situación es crítica”, insistió y recordó que “nosotros nunca hemos dejado la lucha, sólo que hemos manejado distintas formas de expresarnos y era necesario un paro para continuar mostrando que los docentes seguimos alerta y diciendo que no”.

Pero asimismo, porque “tenemos claro este gobierno viene por todo, que va a acordar con el FMI y que eso significa quedarnos sin educación de calidad, sin escuelas públicas y perder todo lo que tiene que ver con el perfeccionamiento docente libre y gratuito”.

Por lo que “estamos en estado de alerta y movilización permanente” ya que, además, “ellos vienen a implementar el Plan Maestro que significa la pérdida de la escuela pública y la mercantilización de la educación”, es decir, “transformar a la educación de calidad de un derecho a una mercancía”. Y recordó que “a esto ya le dijimos que no hace varios años con 1003 días de Carpa Blanca y volveremos a decir que no, no se olviden que la Escuela Itinerante sigue su recorrido por el país”.

Tras lo que finalizó: “el plan de lucha sigue, nunca dejó de existir ni se aflojó ni un poquito” y añadió que “ellos esperaron que nosotros, como docentes, bajáramos la apuesta y que Roberto Baradel no fuera nuestro representante en conjunto con Laura Torres y Silvia Almazán, pero los docentes mayoritariamente ratificamos este camino de lucha”.

Otra vez Atucha

Despidos y vaciamiento

Tal como en 2016, trabajadores de la central son cesanteados y peligra el comienzo de las obras de la planta III prevista para enero de 2018.

12.06.2017

Desde diciembre de 2015 todo lo que rodea a Atucha preocupa. La desinversión y vaciamiento, en el contexto de un intento claro por imponer un modelo de economía reprimarizada que no necesita de de la energía que producen estas centrales, tienen un correlato necesario en el recorte de programas de desarrollo, el despido de trabajadores y la persecución de aquellos que resisten y luchan desde adentro.

Este es el caso de un compañero que dialogó con Nuestra Propuesta diario de noticias para contar lo que está pasando ahí y a quien, para preservarlo de represalias de la patronal, llamaremos, simplemente, Negro.

Negro, es empleado jerárquico de Atucha y está afiliado a Uecara. “Estoy en la unidad de gestión que está involucrada con la organización de la cuarta central”, revela y recuerda que Atucha III “no arrancó todavía”, por lo que “estamos con los terrenos asignados pero todavía no hay comienzo de obras”, pese a que “se había trabajado en el diseño y la estructuración”. Por lo que, sin dudarlo, recalca que “están haciendo un vaciamiento encubierto para justificar los despidos”.

Y le apunta a La Rosada cuando acusa: “ellos no apuestan a los convenios firmados por el gobierno anterior con la República Popular China, más que nada, por un tema estratégico”, ya que “este gobierno está ligado a los intereses norteamericanos” y, entonces, “en el eje político esto no les cierra”.

Estos dichos tienen como contexto despidos que las empresas Adecco y Bureau Veritas Argentinas, proveedoras del proyecto de la central nuclear Atucha III, perpetraron días atrás. Estas firmas están contratadas para la obra civil del programa de expansión de centrales nucleares que financiado por la República Popular China, echaron a 137 operarios porque el gobierno nacional no gira los fondos acordados.

El jueves, una delegación de los trabajadores cesanteados fueron recibidos por legisladores de la bancada del Frente para la Victoria-PJ, a quienes le advirtieron que la cifra de despedidos podría elevarse a seiscientos. Después, por medio del diputado, Marcelo Torres, se presentó un proyecto para que la Legislatura rechace el recorte.

Así las cosas, mientras las empresas alegan que sin los fondos que debe girar el Gobierno va a haber más despidos. Mauricio Macri, pero también la gobernadora Vidal ajustan y aprietan, aún más, a los trabajadores de Atucha, pero también a toda comunidad de la zona de Zárate y Lima donde esta situación ya impacta en el comercio local y en el sector pyme que se desenvolvía en áreas vinculadas a la central.

 

Telegramas

Los telegramas de despido afectan, especialmente, a afiliados a la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (Uecara), “porque había contratos ya firmados con la empresa involucrada”, señala Negro y alerta que “son los primeros que tienen que paralizar para después continuar con los demás”. Y reflexiona: “los jerárquicos actúan como fusible”, pero “detrás de los jerárquicos vienen los empleados de la construcción, como son los involucrados en el sector de la Uocra”.

Es que, en el fondo de toda esta situación, lo que subyace es el desguace del plan energético nacional. “El año pasado ya habíamos tenido un conflicto por este mismo modus operandi de parte del gobierno, al echar seiscientos trabajadores”, rememora y añade que “después de la lucha, pudo reincorporarse el veinte por ciento de los compañeros”.

Asimismo, sin dudarlo hace hincapié en que el Gobierno “no apuesta a la soberanía energética” y puntualiza: “ese es el verdadero entramado de las políticas energéticas que quiere llevar este gobierno”.

Y esto es así, porque la política energética que lleva a cabo el gobierno “entrelazada con las políticas neoliberales que quiere implementar, en Argentina, el imperialismo norteamericano”.

 

 

Por un nuevo modelo sindical

Romper la hegemonía de la burocracia

En la OIT, las 62 de Venegas defendieron “el modelo sindical argentino”. Ante ese organismo, las CTA denunciaronal gobierno por “las recurrentes violaciones a los derechos laborales y sindicales”.Mario Alderete, valoró está iniciativa e instó a “construir un modelo sindical que seamotor de un proceso de liberación nacional y social”

9.06.2017

El rediseño económico y social que la derecha está operando en la Argentina tiene tres patas fundamentales que lo sostienen e impulsan: los grupos económicos nacionales y transnacionales, el Estado Liberal Burgués y la burocracia sindical.

La compleja trama que se conforma entre Estado y grupos económicos para efectuar la cirugía mayor sobre la estructura económica nacional tiene un aliado fundamental sin el cual sus objetivos serían mucho más difíciles de cumplir: la burocracia sindical.

Esta aristocracia obrera cierra el círculo simbiótico entre Estado Liberal Burgués y grupos económicos, ya que, sin su participación, sería más dificultoso para el gobierno nacional y las patronales cerrar paritarias a la baja y flexibilizar condiciones de trabajo, como así también permitir la apertura indiscriminada de importaciones que destruye el empleo y el mercado interno.

Como parte integrante de esta estructura que sostiene el ajuste, la entrega y la represión, las 62 Organizaciones que conduce el Momo Venegas, Secretario General de Uatre y referente del macrismo, se dieron cita en Ginebra para defender ante el plenario de la OIT el modelo sindical argentino.

Es la primera vez que este agrupamiento interno de la CGT participa de un plenario del organismo internacional. Fue el Secretario General de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, quien viajo personalmente para presentar el documento con el que, el sector gremial que representa a Cambiemos, realizó una defensa a ultranza del “modelo sindical argentino”.

¿Qué es el “modelo sindical argentino” y por qué lo defienden las 62 Organizaciones? Al respecto Mario Alderete, Responsable Sindical del PC y Coordinador Nacional de la Conatafirmó que “representan un modelo sindical burocrático, verticalista y antidemocrático” y explicó que “no sólo no representa los intereses de los trabajadores sino que también es una pieza clave del ajuste que lleva a cabo el gobierno”.

Razón no le falta al dirigente comunista. El conflicto desatado con los choferes de colectivos y las choferes de trolebús en Córdoba por el acuerdo que la UTA cerró entre cuatro paredes con la cámara empresaria es un claro ejemplo de ello. El 21 por ciento de aumento fue el detonante de una problemática subyacente que ahora sale a la luz: la falta de representatividad de las burocracias sindicales respecto a trabajadores cuyo ajuste recae sobre sus espaldas.

También se podría citar, como se ha analizado en extenso en diversos artículos publicados en este diario, la entrega de conquistas y derechos adquiridos por parte de Ricardo Pignanelli y Guillermo Pereyra a las patronales automotrices y petroleras respectivamente.

De esta manera se configura un escenario donde “el modelo sindical argentino” confirma una vez más su papel entreguista y pro-patronal en un contexto donde la restauración neoliberal golpea fuertemente el bolsillo de los trabajadores. “A este modelo nosotros lo combatimos para construir un sindicalismo de liberación nacional, antiimperialista y anticapitalista” exclamó Alderete.

 

Forma y contenido

El dirigente de la Conat explicó que la burocracia sindical está compuesta por dos dimensiones: la ideológica y la organizativa. Así, forma y contenido diseñan una arquitectura donde “el problema es que sus principales características conceptuales son la dependencia respecto al Estado y el gobierno de turno, el verticalismo y las reivindicaciones económicas inmediatas, acentuando así el carácter corporativo del modelo sindical”.

Por algo Perón en un famoso plenario planteó: muchachos ustedes se ocupan de lo sindical que de la política me ocupo yo. “Esta es la concepción político-ideológica que sustenta este sindicalismo que, desde el punto de vista organizativo, deriva en expresiones burocráticas, verticalistas y antidemocráticas”, puntualizó.

A una ideología corporativa, dependiente del Estado y los gobiernos corresponde una forma de organización vertical y burocrática. Pero ello no es todo: “esta concepción ideológica y forma de organización cuenta con el respaldo de una ley nacional que es la Ley de Asociaciones Profesionales que facilitan ese tipo de organización”, detalló Alderete.

De este esquema “se desprenden los principios de conciliación de clases, la política de estar bien con dios y con el diablo, la mesa de negociación, formas muy comunes que se han ido cimentando con el paso del tiempo y que hoy forman parte de una cultura político-sindical”.

 

Pata del ajuste

¿Por qué las 62 organizaciones ponen ahora el tema del modelo sindical sobre la mesa en una reunión de la OIT? El dirigente del PC fue claro: “porque la OIT en virtud del Convenio 87 -que entró en vigor en 1950- se declara impulsora de la libertad sindical y es una temática que están trabajando fuertemente en la actualidad”. Por ello, “cuando las 62 Organizaciones defienden el modelo sindical argentino frente a este organismo internacional, lo que están haciendo es defender la estructura de poder burocrática y verticalista que le permite mantener este tipo de organización corporativa contraria a los intereses de los trabajadores”.

“Las 62 defienden el unicato y enfrentan todo tipo de expresión política y gremial que abra la posibilidad de que los trabajadores, por su propia voluntad, creen un nuevo sindicato que los represente”, aseveró el dirigente. Un claro ejemplo de ello es el nacimiento de los metrodelegados en 2008 que, enfrentándose a la burocracia de la UTA, lograron conformar la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsp).

Esta organización es la misma que en la actualidad es atacada por la justicia y que, como sucedió la semana anterior al paro nacional convocado por la CGT en abril, en un claro guiño a la UTA, suspendió la personería jurídica y con ello busco sentar un peligroso precedente para libertad sindical.

Precedente que, tiempo antes, se vio agravado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconocía como único titular del derecho de huelga en Argentina al sindicato por encima del trabajador. En criollo: aquellos trabajadores que quisiesen iniciar una medida de fuerza de este tipo prescindiendo del sindicato que no los representa, no contarían con los derechos consagrados por las leyes laborales y la constitución nacional. De aplicarse la interpretación del máximo tribunal hacía el 2013, cuando los metrodelegados llevaron adelante el paro de subtes más largo de la historia argentina, Metrovías y la UTA hubiesen podido accionar contra los trabajadores porque la medida no contaba con el beneplácito de la organización gremial con personería jurídica en el sector.

“La estructura jurídico-laboral del país está diseñada para sustentar este tipo de organización burocrática”, recalcó Alderete y llamó la atención en que “la democracia sindical tiene que ser entendida correctamente, porque de lo contrario, se puede ir hacia una atomización del movimiento obrero que no propugnamos”.

“Nosotros defendemos la libertad sindical, respetando la voluntad de los trabajadores”, detalló. Así puntualizó que “si los trabajadores no se ven representados por un sindicato o se sienten traicionados por su conducción y no pueden presentar pelea dentro del mismo dado el verticalismo allí impuesto y la Ley de Asociaciones Profesionales, tienen todo el derecho a construir una nueva organización gremial”.

 

Son Cambiemos

Estas estructuras verticales forman parte y constituyen una pata esencial en la política de ajuste que en la actualidad está implementando el macrismo. Para Alderete esto queda claro al ver como el Momo Venegas, el máximo dirigente de las 62 Organizaciones, apoya abiertamente y lleva a Macri a sus actos. “Venegas no sólo se manifiesta públicamente a favor de Cambiemos sino que, durante años, construyó un modelo sindical dentro de la Uatre que mantiene a los peones rurales en condiciones de explotación comparables con la esclavitud”, rememoró.

Luego, hizo hincapié en que “este modelo sindical tiene como práctica predilecta el presionar para negociar desarrollado por Augusto Timoteo Vandor”. Así las cosas, “ellos siempre están dispuestos al diálogo y tienen miedo de que se los acuse de desestabilizantes si defienden a los trabajadores”. Es un modelo sindical que “explica la dependencia política y económica del país”. Y exclamó “siempre es el diálogo a favor de los patrones”.

 

Sindicalismo de liberación nacional

“Hoy en esta lucha no estamos en soledad”, enfatizó el dirigente y destacó que “la Lista 10 de la CTA de los Trabajadores -que integra la Conat- comparte los principios del sindicalismo de liberación nacional que propugnamos con fervor”.

Desde esta perspectiva, “planteamos la necesidad de un nuevo tipo de sindicalismo que, inspirado en el ejemplo de Agustín Tosco, repose en tres pilares fundamentales: independencia de clase, autonomía respecto al Estado y democracia obrera, la cual, se expresa con participación y representación proporcional de todas las listas que se presentan a elecciones”.

Estos principios se materializan en un programa político y de reivindicaciones económicas que, en primer lugar, plantea la necesidad de “superar al capitalismo y romper con la dominación imperialista en América Latina”. Por ello, insistió el titular de la Conat, “el sindicalismo de liberación nacional es anticapitalista y antiimperialista, está dotado de una perspectiva que va más allá de las luchas corporativas e inmediatas”.

Alderete destacó que “este programa se tiene que plasmar en la construcción de una poderosa fuerza política y social que transforme radicalmente la estructura económica del país”. Para encarar este camino, está claro, “primero es importante vencer la avanzada neoliberal en el país”. De ello se desprende que, en primera instancia, “la lucha por un sindicalismo de liberación tiene que impulsar un programa antineoliberal, de defensa de la industria nacional, el mercado interno y la economía social”. En esta tarea “tenemos muchos aliados y tenemos que ser lo más amplios posibles”.

Así las cosas, “valoramos profundamente las denuncias que las dos CTA presentaron ante la OIT contra el gobierno nacional por las violaciones a los derechos laborales y sindicales que la derecha está llevando a cabo”. Esto reafirma algo que los comunistas vienen sosteniendo hace tiempo: unidad en la acción, basada en un programa mínimo, para vencer la restauración conservadora en el país y la región.

“Unidad y acción tiene que ir acompañado en la lucha de unidad y disputa”, recalcó. Esto se sustenta en que “los que queremos efectivamente un sindicalismo de liberación, planteamos que hay que ir por la construcción de otro modelo de sociedad: el socialismo y el comunismo”.

Ley Nacional de Riesgos de Trabajo

Otro ataque a los trabajadores

La CTA de la provincia de Buenos Aires se opone a que la gobernadora, María Eugenia Vidal, adhiera la norma nacional. “En el marco de este gobierno de derecha, esta modificación es en perjuicio claramente de los trabajadores”, recalcó el abogado Hugo Mir.

08.06.2017

Los secretarios Adjunto Raúl Calamante, de Salud Laboral Lilian Capone y de Finanzas de CTA provincia de Buenos Aires, Pablo Masicangelo, presentaron a los legisladores un análisis de la Ley de nacional 27.348 que, recalca la central, es de una total inviabilidad jurídica y que plantea serios inconvenientes para la Provincia y los trabajadores.

De esta forma, la CTA rechazó la adhesión provincial a la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo por parte del gobierno de María Eugenia Vidal que, resalta la central, implica para los trabajadores la imposición de un trámite administrativo que alarga los tiempos con apelaciones suspensivas, traslados y procedimientos que no aplican los principios protectorios del trabajador, pero asimismo triplican el tiempo de resolución de los casos de seis a dieciocho meses.

Al respecto, el abogado laboralista y asesor legal de la CoNaT, Hugo Mir, recordó que cada provincia puede adherir para que entre en vigencia cada una de las modificaciones a la ley de riesgos de trabajo.

Al respecto, celebró que la CTA de los Trabajadores se haya sumado a la oposición a la iniciativa de la gobernadora Vida. “Es algo positivo porque las asociaciones de abogados laboralistas han manifestado su repudio y su rechazo a que la provincia de Buenos Aires adhiera, también se está viviendo esta situación en diferentes provincias donde las asociaciones de abogados laboralistas están en contra”.

Y fue claro cuando remarcó que “sería bueno que las centrales sindicales, los sindicatos y las secciones de cada provincia también manifiesten su repudio, porque en el marco de este gobierno de derecha neoliberal, enemigo de los trabajadores y del pueblo, esta modificación es en perjuicio claramente de los trabajadores”.

Tras lo que hizo hincapié en que “reinstala las comisiones otorgándoles carácter jurisdiccional a una comisión no formada por abogados que de ningún modo puede determinar temas judiciales, obviamente por la falta de idoneidad” pero asimismo “crea en la práctica una enorme dilación a la ya existente, porque obliga a concurrir a las comisiones medicas de cada seccional con la posibilidad de recurrir a la comisión médica general, todo esto en el marco del derecho administrativo fuera del derecho laboral”.

Mir también evaluó que esta iniciativa significaría “ajuste para los trabajadores dentro de la creciente miseria y en medio de la ola de despidos que lleva al trabajador aceptar cualquier cosa”, ya que “un trabajador urgido, probablemente sin trabajo, además con un accidente o una enfermedad laboral a cuesta, puede aceptar el monto irrisorio que previsiblemente le va a ofrecer la ART en función del cálculo del análisis, del examen que le efectué la comisión médica, y con el tiempo pasando, trascurriendo”.

De ahí que sin dudarlo puntualizara que “todo apunta a precarizar más a los trabajadores, a que los laburantes acepten cualquier cosa, acepten miserias”, algo que “redunda en mayor perjuicio, en miseria para la clase trabajadora, aceptar acuerdos irrisorios y miserables de claro perfil neoliberal” lo que implica avanzar en “la generación de una nueva realidad en el marco de la pérdida legal y, en los hechos, de conquistas ya ganadas”.

 

 

¿Colorín? ¡Colorado!

Esta historia no ha terminado

La CTA de la Ribera del Paraná y la Agrupación 8 de Octubre del Sindicato de la Pintura realizaron un acto para repudiar los despidos y suspensiones en Colorín.

31.05.2017

“Fue una actividad articulada y en conjunto entre las dos organizaciones, en la que denunciamos fuertemente la política patronal de despedir y suspender para favorecer un futuro proceso de reestructuración”. Las organizaciones a las que se refiere Cristian Poli, son la CTA de la Ribera del Paraná que preside y la Agrupación 8 de Octubre del Sindicato de la Pintura a la que pertenecen los operarios de Colorín a los que, el lunes 22 de mayo, la patronal les impidió ingresar a la planta ubicada en Garín.

Ese día, en medio de un operativo policial que incluyó personal de Infantería y hasta un helicóptero, fueron echados seis operarios y a otros dos –en este caso delegados- se los suspendió por treinta días.

Por eso, en el marco de la solidaridad con que la CTA de la Ribera del Paraná rodeó a los operarios, ayer una delegación integrada -entre otros- por Poli, se dio cita ante las puertas de la fábrica donde realizó un acto de repudio.

“Fue una actividad de gran éxito desde el punto de vista de la unidad de la clase”, resaltó el integrante de la CoNaT y denunció que la medida que afectó a los trabajadores de Colorín, “busca sacar al activismo de la empresa, porque esto les permitiría comenzar un proceso más profundo de despidos y, fundamentalmente, de precarización laboral” que sería un ejemplo para esta empresa “y otras del rubro que hay en la zona”.

 

Presentes

Ahí también estuvieron los delegados suspendidos que recibieron la solidaridad de los obreros que ingresaban a la planta, que los saludaron y abrazaron , pese a que rápidamente se presentó en el lugar un grupo de policías que permaneció allí hasta que finalizó el acto.

Pese a esto se hizo el acto en el que se repudió la política del gobierno que encabeza, Mauricio Macri, “caracterizada por el ajuste a los trabajadores y pueblo”, al tiempo que se convocó “a la más amplia unidad de la clase obrera para frenar las políticas patronales y defender firmemente las conquistas laborales y las representaciones sindicales surgidas de la voluntad de las bases obreras”.

La delegación de la CTA estuvo conformada por más de veinte trabajadores, entre los que se encontraban la ex candidata a secretaria General por la Lista Celeste-Violeta del Suteba-Escobar, Laura Arcuri; Mauro Quadrelli, quien es secretario Gremial de Suteba-Zárate, Belén Monetta del MTL de la misma ciudad, Guillermo Carrera de CTA Zona Norte y referentes de agrupaciones obreras de la industria. Pero también más de cuarenta delegados de la Agrupación 8 de Octubre de las empresas Akzo Nobel, Revear, Best-Paint, Mundi, Hempel, Pinturas 2000, Sitex, Thiner TD, Venier, PPG, Tersuave, Basf y Colorín.

Además de Poli, se dirigieron a los presentes los delegados generales de planta y ex Comisión Directiva del Sindicato, Fabián Espindola, Fabián Akim y Miguel Corpus quienes coincidieron en denunciar la complicidad existente entre la burocracia del sindicato y las patronales.

Esa vieja costumbre de espiar

Se meten donde no deben

Por medio de un decreto, el gobierno avanza en la creación de una base de datos que le permitiría, entre otras cosas, identificar la filiación gremial de los trabajadores.

31.05.2017

“Este gobierno ceocrático vuelve a atacar a las organizaciones” señaló el secretario general de ATE Ministerio de Educación y Deportes, Rodrigo Recalde, al referirse al relevamiento de la filiación sindical de los estatales en la que el Gobierno pretende avanzar a partir del decreto 365/2017 que se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Según se informó, piensan implementar la medida por medio de una “Base integrada de información de empleo y salarios en el sector público nacional” que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Modernización.

La creación de esta base de datos, está enmarcada en lo que en el ejecutivo nacional denominan “plan integral de administración de información salarial y de recursos humanos del personal que presta servicios en las Entidades y Jurisdicciones de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. Esto no es otra cosa que la Administración Nacional y empresas y sociedades del Estado y lo peor es que entre los datos que buscan recabar de los empleados del Estado, está la filiación gremial, algo que prohibe la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Esa norma es clara cuando señala que “queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar registro de sus miembros”.

Pese a esto, si prospera el decreto oficializado ayer, el Gobierno va a disponer de una base de datos unificada en la que estará almacenada información que pertenece a la órbita privada del personal de los organismos estatales, esto es, alrededor de 210 mil personas.

 

El sol con la mano

“Como estatales, en cada mesa paritaria, le veníamos exigiendo al Gobierno que haga recuento de afiliados, pero precisamente para tener más voz y participación en donde se establece nuestro convenio colectivo de trabajo, donde se hace nuestro porcentaje salarial de aumento y donde se habla de la carrera y las condiciones de trabajo de los compañeros”, pero aclaró que lo que se presenta en este decreto “es algo totalmente diferente”.

Y explicó que “nuevamente vemos que este gobierno ceocrático decide atacar a las organizaciones, ahora buscando una nueva excusa que es la afiliación de los compañeros y con una finalidad concreta que es acotar la acción de los delegados gremiales en los diferentes espacios, para impedir que el conflicto social sea canalizado a través de los sindicatos y someter a los trabajadores a sus designios”.

Este intento no escapa a un ambiente atravesado por la criminalización de la protesta social que tiene entre sus objetivos principales a los trabajadores organizados.

Durante los últimos días siguieron perpetrándose casos en los que –en el sector público y en el privado- el objetivo son los trabajadores sindicalizados. En la planta que la empresa Colorín posee en el parque industrial de Garín, fueron echados seis operarios y otros dos –en este caso delegados- fueron suspendidos por treinta días.

Asimismo, en la planta de Tenaris Siat ubicada en Valentín Alsina, trabajadores de esta firma perteneciente al Grupo Techint, denunciaron que padecen persecuciones, despidos y sanciones arbitrarias por parte de la empresa. Y recalcan que esta situación crece desde que, a finales de 2015, el CEO de Techint Paolo Rocca, comenzó a insistir públicamente con que lo que él denomina “costos laborales” en Argentina son “el doble que en Brasil”. Por su parte, en Río Negro, detuvieron a los secretarios general y adjunto de ATE en esta provincia, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti.

“Intentan tapar el sol con la mano y tratan de someter a procesos judiciales a todos los conflictos sociales”, recalcó Recalde y recordó que “aquí tenemos presos políticos como Milagro Sala que lleva más de quinientos días encarcelada ilegalmente y a los compañeros secretario general y adjunto de ATE Río Negro que también fueron presos por defender los derechos de los trabajadores con quienes nos solidarizamos y para quienes exigimos la libertad”.

Cabe recordar que apenas comenzado enero de este año, personal policial reprimió a trabajadores de ATE cuando intentaban ingresar a una sede de la cartera educativa donde estaba previsto que participaran en una reunión con autoridades del Ministerio. Esa vez el propio Recalde fue uno de los represaliados por un policía.

“Piensan que con estos métodos represivos pueden callar la voz de los pueblos y disciplinar al movimiento obrero organizado” señaló el secretario general de ATE Ministerio de Educación pero, añadió, “la historia demuestra que es en estos momentos cuando los compañeros más nos juntamos y solidarizamos y proponemos planes de acción concreta para impedir que, ahora, un patrón de estancia quiera sacarnos aquello que hemos conquistado hace más de cincuenta años”.