Territorio

 

Villa Carlos Paz21.11.2017

Algo huele mal

El intendente, Esteban Avilés, pretende desplazar a la cooperativa Coopi de la tarea que lleva a cabo en el servicio de cloacas.

“Nos quieren sacar del medio porque el intendente es un hombre anticooperativista”, aseveró Mario Alberto Díaz, integrante de la cooperativa Coopi, que cumple funciones en el servicio de cloacas de Villa Carlos Paz y está en conflicto desde que el intendente, Esteban Avilés, decidió separar a la cooperativa de esta tarea.

Al respecto, Díaz recordó que ni bien asumió como jefe comunal, en 2011, Avilés “expropia las acciones de la cooperativa y pretendió sacarnos de la sociedad haciendo el trámite judicial, pero nosotros lo frenamos presentado un recurso de amparo y, de esa forma, no pudieron quitarnos el servicio que le damos a los vecinos”.

Pero, pese a esto, hace dos años, el ejecutivo municipal le retiró a la cooperativa la concesión del servicio de agua corriente, medida que también fue judicializada, por lo que Coopi sigue prestando el servicio.

“Ahora viene por las cloacas”, recalcó Díaz tras lo que hizo hincapié en que esta determinación responde “a una actitud más política que otra cosa, porque en la Intendencia no tienen argumentos técnicos ni legales que avalen una postura negativa sobre el tipo de prestación que estamos dando”, por lo que “no tiene ninguna explicación lo que hace”.

Ante estas evidencias, el dirigente cooperativista fue claro cuando manifestó que “nos quieren sacar del medio, porque el intendente es un hombre anticooperativista y, por eso, su causa es luchar contra el modelo de la autogestión y las cooperativas”.

Y, además, denunció que “no nos da tarifas, desde 2014, para el servicio del agua” por lo que “tuvimos que capitalizarnos para seguir subsistiendo y seguimos brindando el servicio de cloacas, normalmente, aunque el intendente pretende quitarnos del medio sin ningún justificativo”.

Asimismo, Díaz explicó que, desde la cooperativa, los trabajadores “no accederemos a las pretensiones del intendente” porque “tal como lo decidimos en asambleas, los trabajadores afilados al gremio de Obras Sanitarias de Córdoba, tomamos la decisión de resistir hasta las últimas consecuencias”. Y recalcó: “somos cuarenta los trabajadores, que vamos a defender la fuentes de trabajo de nuestras familias”.

Marcha con Orgullo17.11.2017

A la Plaza por Diana

El gobierno le sacó el apoyo a la tradicional movilización del colectivo Lgtbiq. “Con las banderas de Lohana y Diana, vamos a marchar por nuestras compañeras y por la libertad a Milagro Sala y Facundo Juanes Huala, y justicia por Santiago Maldonado”, recalcó Florencia Guimaraes.

El ejecutivo nacional le dio la espalda al colectivo Lgbtiq y, por primera vez en doce años, la tradicional Marcha de Orgullo no va a contar con el apoyo gubernamental.

La decisión corresponde al Ministerio de Cultura que, esta vez, no va a suministrar el escenario y el equipamiento para el acto centralde mañana sábado que, como cada año, estaba previsto que culminaría ante el Congreso, tras la marcha por la Avenida de Mayo.

Ante esto, las organizaciones que convocan tuvieron que modificar el itinerario que va a comenzar al mediodía con la Feria del Orgullo en la Plaza de Mayo, después se va a llevar a cabo el acto central, de espaldas a la Casa Rosada y, desde ahí, se movilizará hacia el Congreso.

El contexto en que tiene lugar esta medida no es el mejor. Desde la cartera de Seguridad, Patricia Bulrich avanza con el Protocolo Lgtbque pretende dinamitar la Ley de Identidad de Género y la gobernadora María Eugenia Vidal sigue sin aplicar la ley provincial de cupo laboral trans.

Al respecto, la activista travesti Florencia Guimaraes García aseveró que “este gobierno sacó el apoyo estatal a la manifestación por las diferencias ideológicas que tiene con algunas de las fuerzas que participan de la comisión organizadora”.

También señaló que “otro elemento a tener en cuenta, no para tener miedo, pero si para estar alerta, es el que tiene que ver con el protocolo represivo que lanzaron hace un mes” y añadió que “por eso pienso que están pensando acciones represivas en cuanto a la marcha, esperemos que no suceda nada de todo esto”.

Asimismo, la referente trans, además,recalcó que es necesario “marchar de forma organizada y muy precavida, porque la amenaza ya la hicieron pública en el Boletín Oficial, por eso pienso que hay un gran retroceso en los derechos de la diversidad que también se refleja en las redes sociales, generando mucho odio, acorde a las políticas que impulsa este gobierno”.

Consignas

Florencia Guimaraes fue clara cuando señaló que esta actitud gubernamental se vincula a las consignas centrales de la convocatoria, como es “el pedido de libertad a Milagro Sala, Justicia por Santiago Maldonado, libertad por Facundo Juanes Huala entre otras, que seguramente a este gobierno le molesta muchísimo”.

Y,de igual forma,sostuvo que “desde el gobierno se espera una convocatoria de la comunidad Lgtbipara una fiesta con carrozas, música electrónica y vacía de contenido político”, aunque aclaró que “lógicamente eso nunca lo van a encontrar, porque la marcha es un maravillosos acto político desde su creación”.

Tras lo que hizo hincapié enque “en esta manifestación nos movilizamos para exigir justicia por Diana Sacayan, esa es nuestra consigna principal”.

Asimismo expresó que “la violencia contra la comunidad Lgtbi nunca desapareció, la diferencia que ahora los violentos se sienten más legitimizados por los votos que recibió la derecha”, algo que se verifica en “una gran persecución de las compañeras travestis en situación de prostitución, que comenzó en La Plata cuando el intendente Julio Garro, dijo que había que mandarlas a un psiquiatra y no darles trabajo, de este tipo son los planteos del Estado”.

Finalmente, denunció que la Ley de Cupo Laboral Diana Sacayan,“no tiene aplicación, ni reglamentación, no hay absolutamente nada”, lamentó y tras resaltar que “esta hermosa iniciativa quedo cajoneada” aclaró que “hasta el año pasado veníamos teniendo algunas reuniones esporádicas con la Secretaría de Derechos Humanos, pero ese hilo se corto completamente y, así, quedo todo absolutamente en la nada”.

 

ARGENTINOS SIN CASAS17.11.2017

Ya ni hay parquet para el asado…

El país es enorme y poco habitado. Pero el déficit habitacional, fenómeno histórico, se mantiene como uno de sus rasgos más dolorosos.

Más de tres millones de argentinos viven en 4,1 mil asentamientos irregulares, periféricos a las grandes ciudades y, sobre todo, a Buenos Aires, cuyo aumento constante de población en las márgenes pareciera dar cuentas de que Argentina no logra superar el esquema de “país puerto”, impuesto por el imperialismo español y reforzado con el esquema ferroviario del británico.

A estos, oriundos de países limítrofes o desplazados de sus propias tierras de nacimiento en la misma Argentina a causa de la falta de perspectivas, hay que sumar los inquilinos. La variación intercensal 2001-2010 determinó que en ese período los inquilinos aumentaron en 5 puntos porcentuales y eran en 2010 el 16 por ciento de los argentinos.

Estos asalariados cada vez hallan más dificultades para vivir con dignidad bajo un techo propio. La más evidente es la inaccesibilidad de una casa terminada. En efecto, el porcentaje de sus ingresos que le insume la construcción de una vivienda ha ido aumentando constantemente, de modo que mientras a un trabajador a comienzos de los setentas (la Argentina del pleno empleo) le bastaba con un trabajo y un poco de tiempo para edificar su residencia, a un trabajador de los años neoliberales le puede llevar toda su vida ir levantando, con insólita lentitud, sus cuatro paredes, mientras trabaja en varios lugares a la vez.

Los planes de vivienda ejecutados por gobiernos tanto provinciales como nacionales no han logrado paliar la situación, de modo que aunque aumente el número de viviendas “de interés social” construidas por los Estados, el aumento del déficit habitacional será mayor. Ante eso interviene la timba inmobiliaria, que regula los precios y aprovecha, de la mano del macrismo en el gobierno, rezonificaciones estatales y gentrificación urbana para quedarse con las mejores tajadas e imponer sus precios y conveniencias.

De esa manera, al ritmo en que prosperan los barrios privados residenciales, que como hongos surgen en torno a nuestras ciudades, avanzan los asentamientos irregulares sobre terrenos que el mismo Estado, más lento que las inmobiliarias, no alcanza a parcelar y habilitar para su urbanización. Esto es: el urbanismo y el confort para los ricos; para los pobres, caos e improvisación. En tanto, el país sigue muy poco poblado y sus vastas y ricas tierras en manos ajenas.

Viejos planes

Argentina pasó por diversos períodos de desarrollo de las viviendas de interés social. Resulta difícil precisar desde cuándo se desarrollaron estos emprendimientos porque, en sí, no es fácil caracterizar correctamente el concepto de “vivienda social”. Pero en algún modo podemos aseverar que las edificaciones que grandes empresas, como las ferrocarrileras o las azucareras, construyeron para sus empleados a lo largo y ancho del país, se hallan entre los primeros ejemplos.

Así, en la Caba podemos hablar de la Colonia Sola (1890, de los Ferrocarriles del Sud), aunque tenga el precedente de las “casas para obreros” diseñadas por Antonio Buschiazzo y construidas entre 1882 y 1889 a instancias de la Dirección de Obras Públicas y que fueran demolidas en los veintes, quedando de ellas sólo un muro a la vuelta del edificio gótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

O en Tucumán de los ingenios Santa Ana o La Trinidad, que en torno suyo tenían las viviendas de los operarios, tal cual hicieron años después empresas del Estado como YPF e YCF, que fueron dotando sus instalaciones de cómodas viviendas, próximas a las plantas de producción, para su gente.

También organizaciones políticas y religiosas edificaron viviendas dignas para su militancia y su feligresía de aquellos años. Ejemplos son los barrios y edificios construidos por la Iglesia Católica (microbarrio San Vicente de Paul, en Nueva Pompeya), con la Unión Popular Católica Argentina a la cabeza. O los que levantara la Cooperativa El Hogar Obrero, herramienta del Partido Socialista.

Hacia 1915, con gran presión inmigratoria y a instancias de la “Ley Caferatta” (que preveía hasta fondos de las competencias hípicas para financiarse) el Estado empezó a poner lo suyo para enfrentar el problema. Por eso creó la Comisión Nacional de Casas Baratas (Cncb), que sembró de pequeños y arbolados barrios la ciudad de Buenos Aires, aunque de esta urbe, pese a ser un proyecto nacional, salió poco y nada. Dos años antes ya se había creado la Compañía de Construcciones Modernas, de capitales anglo-argentinos, que hasta 1929 construyó grandes barrios de residencias adosadas, cómodas e higiénicas en diversos sectores de la ciudad.

Durante el primer peronimo, la Cncb ya era la Administración Nacional de Vivienda y, en conjunto con fundaciones peronistas, desarrolló los más notables emprendimientos de vivienda popular que se habían hecho hasta entonces. Muestra de ello son los barrios de “casitas californianas” que empezaron a levantarse a la vera de las ciudades argentinas, siendo el mayor de todos (pero para nada el único) la icónica Ciudad Evita.

Los golpes gorilas sembraron la calumnia de que los habitantes de las “casitas de Perón” alimentaban el fuego del asado con las tablas de los relucientes pisos de parquet y, sumados a la inestabilidad política, se tradujeron, posteriormente, en inestabilidad habitacional. Si bien las primeras “villas miseria” surgieron hacia los veintes, fue entonces cuando empezaron a prosperar como nunca los asentamientos precarios.

En ese marco, surgió a fines de los sesentas el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que, reteniendo un porcentaje de los salarios de los beneficiarios, construyó miles de viviendas colectivas a lo largo de la nación. El organismo, sin embargo, se desguasó en 1995 por obra de Carlos Menem y en el país no se ha vuelto a ver tanta inversión del Estado en la vivienda del pueblo.

Tal cual están las cosas, los millones de argentinos que no cuentan con una vivienda estable ni digna, son el ejército de reserva para la especulación, única “ocupada” en el problema del déficit habitacional. En ese marco, proyectos novedosos como los realizados por la Tupac Amaru en Jujuy (que merecieron el visto bueno de prestigiosas publicaciones sobre arquitectura y urbanismo) han quedado de lado acaso porque empoderan a los beneficiarios de las viviendas quienes, construyéndolas, abaratan costos y desplazan a las todopoderosas inmobiliarias.

En Alto Comedero está el “Cantri” de la Tupac, edificado integralmente, con plazas, parques, centros culturales, escuelas y fábricas, por quienes lo habitan y que hoy son objeto de persecución política. Es un ejemplo de lo que se puede hacer y de cómo encararlo. Pero el Estado actual lo quiere destruir y, en tanto, una gran masa de argentinos, creciente y ninguneada, sigue sin casa ni trabajo ni Estado. Para ellos, que poco y nada tienen, ¿cuál será el plan?

Modelo de ciudad y ahora de país17.11.2017

Un país sin hogares

En el marco del paquetazo post-electoral el macrismo realizó cambios al proyecto de Ley de Alquileres que tenía cajoneada en Diputados y ahora se plantea exportar el modelo de ciudad PRO a todo el país ¿En qué consiste?

Si las condiciones estructurales de la Argentina convierte al sueño de la casa propia en una verdadera quimera para la mayoría de trabajadores -ocupados, subocupados o desocupados- profesionales y cuentapropistas que componen los sectores populares, el proyecto económico-social del macrismo trasciende esa utopía y hace que cada vez sea más difícil satisfacer la necesidad de guarecerse bajo un techo y formar un hogar, aunque sea, como inquilino.

La afirmación no es caprichosa: bajo la influencia de la banca privada que gracias al endeudamiento externo y la bicicleta financiera cuenta con cuantiosas sumas de dinero para ofrecer en el mercado créditos leoninos para los acreedores, el macrismo impulsa cambios en Diputados al proyecto de Ley de Alquileres -con media sanción de Senadores- que prevé ajustar el precio de los mismos por inflación o por unidad de valor adquisitivo (UVA).

Una vez más, la lógica del sector privado -hegemonizado por la oligarquía financiera- parece imponerse y marcar el ritmo de los diferentes aspectos de la vida económica y social de la Argentina. Es así como el macrismo -que lleva diez años gobernando la Ciudad- planea exportar a todo el país el paradigma de ciudad-empresa que logró consolidar en Buenos Aires.

Esta es la clave en la que hay que leer el intento del bloque cambiemista para ajustar por inflación o UVA los alquileres, como así también cada una de las medidas que tienden a un único y claro objetivo: delegar responsabilidades del Estado en el sector privado para que estos hagan sus negocios con fondos o recursos públicos.

El mecanismo es perverso y es parte del fenomenal y aceitado engranaje que el bloque de poder dominante se encuentra consolidando para operar la transferencia de recursos desde el trabajo hacía el capital, desde la industria al sector financiero, desde lo productivo a lo especulativo y desde la periferia al centro. Imponer la lógica del mercado en un sector tan sensible como el de la vivienda, en un país donde el déficit habitacional alcanza a más de tres millones y medio de personas, es lisa y llanamente entregar potestades estratégicas del Estado para que unos pocos obtengan cuantiosas ganancias en detrimento de muchos. No es novedoso: se trata de la relación simbiótica entre Estado y corporaciones bajo las que germinó la ceocracia y el poder económico que en la actualidad administra el Estado. Hablamos de un empresariado que lejos de sobresalir por su capacidad innovadora y creativa en el marco de la libre competencia económica -si es que existe- creció al ritmo de los recursos que pudo aspirar del negocio de la obra pública, la prebenda y los subsidios en el marco de una economía en la que sobresalen los monopolios, oligopolios y la cartelización.

Rechazo de los inquilinos

Desde Inquilinos Agrupados denunciaron que los cambios introducidos en la Comisión de Legislación General de Diputados “busca proteger la rentabilidad de los propietarios y facilitar los desalojos”. El cambio en la ecuación no es anecdótico: el proyecto original aprobado en la Cámara Alta -a la cual volverá si los cambios propuestos por el oficialismo son aprobados- establecía que el ajuste de los alquileres será promediado entre la inflación medida por el Indec y los aumentos paritarios.

Desatendiendo el hecho de que este mecanismo no contiene a los millones de trabajadores que trabajan en la informalidad –lo que les impide gozar del derecho a la paritaria- y que tienen que pagar un alquiler, era una ecuación que a priori no era mala en un escenario donde domina la total arbitrariedad del propietario a la hora de fijar los precios de los alquileres. Por el contrario, era valorado como positivo por las organizaciones de inquilinos.

Pero tras los resultados electorales y la presentación del paquetazo algo cambio y el gobierno ahora se plantea realizar modificaciones al proyecto que pone “patas arriba” el espíritu con el que surgió. Tal es así que Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados sentenció que “es nuestro proyecto dado vuelta para proteger la rentabilidad de los propietarios”.

Pero esto no es todo: el texto -previendo una situación similar a lo sucedido en 2001- deja las puertas abiertas para acelerar los procesos judiciales frente a los pedidos de desalojo por parte de los propietarios, siempre en detrimento de los inquilinos. El proyecto busca establecer que el plazo legal corra a partir de que se emite la notificación de desalojo y no a partir del momento en que el inquilino es notificado de forma fehaciente.

Paradigma neoliberal

El déficit habitacional es uno de los problemas más graves y profundos del país: afecta a millones de personas, todas ellas de los sectores populares, mientras unos pocos hacen negocios en el sector inmobiliario. La Ciudad de Buenos Aires da pruebas contundentes sobre las consecuencias que tiene desregular el sector inmobiliario pese a que el macrismo logró imponer en el período entre-electoral una nueva ley de alquileres que a priori -y como este diario desmintió en su momento- beneficia a los inquilinos.

Desde la llegada del macrismo a la Ciudad lo que se ha impuesto es el paradigma de la ciudad-empresa, un modelo de ciudad diseñada por la corporación Bratton-Giuliani bajo una concepción de fuerte corte neoliberal que se quiso implementar en la década del noventa en nuestro país y fracasó.

El parte aguas que posibilitó las condicione para instalar el paradigma de ciudad-empresa con los que los emisarios de Bratton-Giuliani habían fracasado a principio de siglo fue la colonización por derecha de la masacre de Cromañón y los cambios políticos, culturales y normativos que la misma provocó. Con sabiduría y con el indispensable apoyo de la mass media que contribuyo a ese proyecto, la derecha se montó sobre una de los acontecimientos más dolorosos para desplegar su nuevo proyecto político.

Este nuevo proyecto político que como tal encierra una nueva concepción de ciudad implica enormes trasformaciones económicas, sociales, culturales y urbanas, muchas de ellas analizadas puntillosamente por Nuestra Propuesta. Entre ellas, se destaca la re-estructuración del mundo rural (crecimiento de los agro negocios, monocultivo, desplazamientos y extranjerización de la tierra) y la estigmatización de los sectores sociales excluidos del modelo social (reforma migratoria, reforma del código penal, etc.) sobre el que se construye un nuevo paradigma urbano. Las políticas habitacionales del macrismo dan cuenta de ello: obras cosméticas sobre la fachada de los barrios de emergencia de la Ciudad (pese a la organización y resistencia de sus habitantes organizados en diversas multisectoriales) e inversión sobre diversas zonas de la ciudad para que el negocio inmobiliario sea rentable.

Así, se ha ido conformando un modelo de negocios en donde los límites entre Estado y sector privado comienzan a ser difusos hasta el punto en que, a ambos lados del mostrador, se encuentran los mismos actores. Empresas que se presentan a licitaciones pactadas de antemano y funcionarios que, o forman parte del sector inmobiliario y de la construcción o que son socios primarios del mismo. El ejemplo Macri-Calcaterra es el máximo exponente de una relación que se cuece hace años con los mismos ingredientes: corporaciones y Estado.

No se puede desconocer que hay raíces históricas muy profundas sobre las que se asienta este modelo. Hay que recordar que los primeros conflictos en torno a la utilización del espacio urbano y el diseño de la Ciudad comenzaron a desarrollarse a fines del siglo 19, cuando la Ciudad de Buenos Aires, bajo los principios sobre el cual se constituía el Estado Burgués en Argentina -libertad, igualdad y propiedad- comenzaba a dar cuenta de las contradicciones existentes entre los principios abstractos del liberalismo nacional y la realidad de los sectores populares.

Así, el usufructo de la propiedad privada se convirtió en el principio por antonomasia al que las clases dominantes del centenario apelaron para establecer los grados de libertad e igualdad de las personas. Con el advenimiento del neoliberalismo, no sólo la propiedad reafirmaba su carácter de derecho universal nunca consagrado para las clases populares sino que también se restringían los principios de igualdad y libertad sobre los que el Estado liberal burgués decía fundarse.

Ello trajo aparejado un diseño urbano desigual que al día de hoy se sigue profundizando, producto del desarrollo del paradigma de ciudad-empresa sobre el que el macrismo basó su estrategia política para administrar la Ciudad de Buenos Aires. Las diferencias norte-sur no sólo se siguen agudizando, sino que ha sido el propio Estado porteño el que realizó las inversiones necesarias para que el negocio inmobiliario sea rentable. Un caso paradigmático en ese sentido es el del barrio de Parque Patricios (desarrollo del centro cívico).

Pero también hay raíces históricas que la derecha necesita erradicar para poder expandir su proyecto habitacional. Buenos Aires es una ciudad con tradición de lucha, epicentro de grandes hechos históricos de la vida nacional y con la concentración de un movimiento obrero en su seno que había protagonizado grandes hitos populares como la huelga de los obreros de la construcción en la década del treinta o la huelga de inquilinos. Esa tradición aún persiste en las asambleas de inquilinos y en las organizaciones sociales y políticas cuyos programas contienen una nueva perspectiva -popular, integradora y participativa- sobre la vivienda y el espacio público. Hay allí una semilla para combatir un modelo exclusivo, segregacionista y violento como el que ahora el macrismo quiere imponer a nivel nacional.

A medida de la banca17.11.2017

Con UVA no sólo se hace vino

También se generan cuantiosas ganancias para la oligarquía financiera que aprovechándose del sueño y la necesidad de la casa propia lanzó una línea de créditos que ya deja ver sus consecuencias entre los acreedores ¿Qué son y por qué no convienen?

En medio de la crisis habitacional que aqueja a todo el país, aprovechando la enorme masa de dinero con la que cuentan los bancos en sus cuentas gracias al endeudamiento y la bicicleta financiera, el gobierno nacional impulsó en detrimento del Procrear una línea de créditos hipotecarios tan tentadora como peligrosa para los trabajadores y la clase media: los créditos ajustables por UVA o inflación.

Una vez más el lector podrá advertir lo perverso del mecanismo diseñado por el gabinete económico al servicio de la oligarquía financiera. Se trata de una modalidad crediticia que dinamizó el crédito, algo que desde el gobierno presentan como un logro, pero que esconde las consecuencias letales que este tipo de servicio bancario tiene para la población en un país cuya economía no sólo es inestable sino que se caracteriza por el carácter cíclico de sus crisis.

El mecanismo UVA (unidad de valor adquisitivo) fija la tasa de interés, el monto de la cuota y el capital adeudado a partir de un cálculo entre el valor fijado a las unidades, la tasa de interés pactada -que suele oscilar entre el 3,5 y el siete por ciento anual- y la inflación.

La principal característica de este tipo de créditos es la que lo hace tan apetecible a los bancos -por eso lo entregan con tanta facilidad- y tan perjudicial para los acreedores: al mismo tiempo que crece el monto de la cuota debido a las variaciones por inflación y valor de la UVA crece el capital adeudado. Todo lo contrario a lo que sucede con los créditos hipotecarios tradicionales en los que a medida que se van cancelando cuotas va decreciendo el capital adeudado.

Con los créditos UVA no sólo crece el valor de la cuota sino que también crece la cantidad de dinero que la persona le debe al banco, convirtiéndose el crédito en una verdadera condena para el deudor. De esta manera, el banco se convierte en una verdadera aspiradora de recursos, absorbiendo el dinero del bolsillo de los trabajadores en forma de intereses.

Un ejemplo concreto clarifica el panorama. Un ciudadano de Concordia, Entre Ríos, sacó un crédito UVA por un millón de pesos para comprar su primera vivienda. Al cabo de 19 meses lleva pagados doscientos mil pesos y debe 1,4 millones ¿Magia? No, es el mecanismo perverso ideado por el gabinete económico para aprovecharse de una necesidad concreta de los trabajadores y montar un negocio redondo para la oligarquía financiera.

En un crédito a treinta años y tras casi dos cancelando cuotas, el acreedor debe un cuarenta por ciento más que al inicio ¿cuánto deberá al cabo de los treinta años? Ni con dos vidas este trabajador podría afrontar el costo de semejante negocio financiero.

Además, la cuota que comenzó rondando los 7 mil pesos mensuales -monto similar al costo de un alquiler a muy buen precio en las afueras de la Ciudad- ya supera los once mil.

El contraste es grande con la línea de créditos tradicionales pero mucho más grande lo es en relación al Procrear que el propio Macri se encargó de desactivar. Si bien este último estaba lejos de buscar una solución de fondo al déficit habitacional y estaba enfocado en una porción muy particular de la población -jóvenes profesionales con ingresos en blanco-, lo cierto es que las estadísticas confirman que el alcance del Procrear fue positivo: el 73 por ciento de los beneficiarios fueron trabajadores en relación de dependencia, la edad promedio de los mismos fue de 37 años, el plazo medio fue de veinte años y se construyeron casi ochenta mil viviendas nuevas.

 

 

BAHÍA BLANCA16.11.2017

¿Gay misógino?

El intendente de la ciudad cercenó el apoyo municipal a un festival contra la violencia de género. En tanto, pagó con fondos públicos una presentación privada de Ricardo Arjona.

En la ciudad de Bahía Blanca cundió el escándalo cuando se supo que el gobierno municipal, encabezado por el intendente Héctor Gay, de Cambiemos, gastó cantidades del dinero público para amenizar la estadía en la ciudad del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, cuyas presentaciones, sin embargo, eran parte de un emprendimiento de carácter privado.

Pero no sólo esto es lo escandaloso porque este gobierno, capaz de meter mano en el erario municipal para satisfacer las requisitorias del autor de frases como “tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra”, a menos de dos semanas de la fecha prevista retiró su apoyo a la realización de un festival contra la violencia de género, pensado para realizarse, como en otras ocasiones, en la plaza principal de la principal ciudad del sur bonaerense.

La actividad, que no está suspendida, se prevé que se realice este año el día 25 de noviembre como viene realizándose desde 2010, convocando artistas contra el machismo. Pero esta vez y a diferencia de las anteriores, el municipio no hará su aporte de escenario, sonido ni baños químicos, en un claro mensaje al respecto de las preferencias gubernamentales en Bahía Blanca.

En tanto, y según datos que constan en el portal oficial web de la ciudad, Arjona recibió el pago de 6 habitaciones simples y 14 dobles en un hotel local, al que arribó en el marco de la gira presentación de su último álbum. La presentación se dio el 3 de noviembre último en el estadio del Club Liniers y su organizador fue el empresario Juan Aliotti, próximo al intendente.

Analía Larrea, conocida militante comunista de Bahía Blanca, expresó su indignación diciendo “las preferencias del intendente Gay son muy claras”. “Lo que se está haciendo en la ciudad es recortar todo el dinero cultural”, agregó y consideró: “los fines de semana ya no va a haber más ningún espectáculo cultural ni teatro ni nada abierto”.

Adujo que lo actuado por el intendente y sus políticas es “totalmente acorde con todo lo que es el imperialismo”. Y recordó que, en cambio, “Arjona juntó más de 3 millones de pesos en Bahía Blanca”.

Por otro lado, expresó que la actitud de negar, en tanto a Arjona se lo financia con dineros públicos, el apoyo municipal a un festival contra la violencia de género “es una política en contra del avance de la lucha de las mujeres y contra el avance de la lucha de los discapacitados, como ya hemos visto en Bahía Blanca”. (Vale recordar, en este sentido, que Larrea es una muy visible militante por los derechos de los discapacitados bahienses.)

La ciudad de las mujeres sin laburo

El último informe sobre la situación laboral en Argentina emitido por el Indec certifica que en nuestro país la desocupación femenina es más acuciante en las tres principales ciudades del interior bonaerense: La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.

En efecto, el 8.1 por ciento de las mujeres bahienses no tiene trabajo mientras el desempleo masculino en la ciudad es de 7,1 por ciento, lo que denota una clara diferencia en una ciudad en que el gobierno ha demostrado que prefiere a Arjona antes que a la mujeres en la plaza luchando en defensa de sus intereses.

Analía Larrea observó también esta situación y consideró: “el gobierno nacional y en particular el gobierno bahiense está en contra de todas las luchas del pueblo”. “Es muy clara la respuesta que tiene el intendente Gay con respecto a estas problemáticas”, le sumó.

En ese sentido, recalcó la importancia del festival que ya no cuenta con los avales del gobierno municipal y enfatizó que este hecho ayuda “a conocer más aún a la sociedad bahiense”. “Es una sociedad bastante facha”, ilustró sin tapujos y dijo que el intendente Gay “también es facho como buena parte de nuestra sociedad”.

SOJIZACIÓN EN EL CHACO14.11.2017

Farwest al norte

El pueblo de la región es uno de los más perjudicados por el desmonte y la consecuente precariedad de vida.

Grandes concentraciones de población en el medio de vastas áreas de monte en proceso de desmonte. En otros sectores, desolados campos que fueron ricas zonas productoras, abandonados. Es el panorama que en estos días brinda la región chaqueña argentina que, con una superficie similar a la de la provincia de Buenos Aires, es sometida a un indiscriminado proceso de desmonte para que avance el área de la soja.

Las localidades que hoy concentran inusitada masa poblacional son, por ejemplo, Ingeniero Juárez, gran mancha urbana en medio del chaco formoseño, habitada por quince mil personas que casi no conocen el asfalto y en donde escasea el agua potable. O la todavía pequeña y carente de infraestructura Fuerte Esperanza, en la provincia de Chaco, localidad que duplica su paupérrima población censo tras censo.

En cambio, los campos habitados y trabajados por productores familiares se despueblan, desplazados sus agricultores por el avance del desmonte sojero en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero y por la expansión de la ganadería extensiva, hija del mismo desplazamiento, en la provincia de Formosa. Allí cunden los ranchos abandonados y la falta de perspectivas.

Benigno López, coordinador del Frente Nacional Campesino, confirmó que el desplazamiento también se da coercitivamente, con grandes empresas y el aval de los gobiernos provinciales usurpando tierras antes dedicadas a la agricultura familiar, con matones en el monte sembrando el miedo y con la soja reina en donde antes reinaron el quebracho, el urundel, las antas y los tigres.

López enfatizó que desde su organización se viene “denunciando las consecuencia nefastas de este modelo agroexportador” que tiene, señaló, al “paquete tecnológico de Monsanto” como uno de sus “elementos centrales”. “Hay muchos efectos negativos sobre la salud de las personas, sobre los cultivos, sobre las plantas, los animales silvestres y los montes”, agregó al respecto.

“Hay voluntades políticas de gobiernos provinciales que imponen el paquete”, observó y adujo que “una forma moderna de dependencia y de esclavizar a los pequeños agropecuarios es con instituciones públicas que salgan a negar la posibilidad de otro modelo de agricultura”.

Consideró que la cosa no está mucho tras que Luis Miguel Etchevehere, hasta hace poco presidente de la siempre siniestra Sociedad Rural, fuera nombrado ministro. “El nombramiento de Etchevehere al frente del ministerio de Agroindustria significa la profundización del modelo de los agronegocios, del modelo agroexportador en manos de grandes terratenientes y corporaciones extranjeras y apunta, exclusivamente, a usufructar los recursos naturales de nuestro país para beneficio de pocas empresas”, dijo.

Le sumó que el modelo de la agricultura familiar “no puede ser parte de ese modelo” y que “cada día existen menos productores familiares y menos unidades productivas”. Especificó que “los pequeños productores que quedan en el campo son mayores de edad” y que “la juventud va a buscar trabajo a las ciudades”.

Agregó que cuando el desplazamiento por razones económicas “no funciona, las empresas usurpan las tierras de los pequeños campesinos (…) y expulsan violentamente”. “Hay casos en que ni siquiera se utilizan los medios legales sino hechos violentos con apoyo logístico del Estado en forma camuflada”, repuso.

En el Chaco de Chaco

Por su parte Raúl Toto Galván, presidente de la cooperativa de trabajadores rurales Poriahjú, secretario del PC chaqueño y adjunto de la CTA de Chaco, recalcó que “la provincia no está ajena a este avance de la frontera agrícola de las grandes trasnacionales de la sojización”.

En ese sentido, cuestionó la consecuente cuota de uso indiscriminado de agrotóxicos y comentó: “todos los alimentos que consumimos y vienen del campo traen incorporados ya los agrotóxicos”. “Nuestra sociedad todavía no ha tomado conciencia de lo que esto implica para la mayoría de nuestra población”, puntualizó.

Por otro lado, observó la existencia de nuevas poblaciones, de vida muy precaria, a causa del fenómeno. “Lo que se están viendo hoy son poblaciones rurales donde se va juntando la gente que va emigrando de las colonias”, dijo al respecto y ejemplificó: “es el caso de El Palmar, que es una población que hace diez años tenía trescientos habitantes y hoy tiene casi tres mil”.

“La vida allí es muy precaria”, manifestó y recordó, también, el caso de La Montenegrina, colonia cercana a la capital provincial “donde la gente vive de las changas en los montes y, porque se siembra soja en todos los campos, hizo una ciudad sobre una calle, rancho tras rancho”.

En este sentido, es para hacer notar que nuestro país no vía un proceso sistémico de creación de núcleos poblacionales sino desde el avance de la red ferrocarrilera. Pero a diferencia de ese proceso que, aunque funcional al imperialismo británico llevó al campo colonos y abrió la tierra a una nueva forma de trabajarla, el que actualmente se verifica en el Chaco corrompe la vida local, despuebla los campos, desmonta la reserva forestal más grande de Argentina, multiplica la pobreza, siembra violencia y nos advierte de un triste futuro por venir.

PRIMEROS EN EL CAMPEONATO DEL VENENO14.11.2017

Argentina bajo fuego (químico)

Las cifras de consumo de agrotóxicos durante 2016 confirmaron lo que sospechaba: somos la nación más envenenada del mundo. Las consecuencias evidentes y no tanto.

Los 44 millones de argentinos, dotados de grandes íconos en la historia mundial del deporte, tienen un nuevo podio de oro en el medallero. Pero nada de qué enorgullecerse: son el pueblo más fumigado de veneno en toda la tierra, con 420 millones de agrotóxicos comercializados en el 2016, una cifra que representa poco menos que diez litros por habitante, la más alta del mundo.

Así, mientras en las naciones centrales se prohíben los venenos aplicados al agro o, en su defecto, se regula con más conciencia su comercio, Argentina, en el marco de un rol internacional cada vez más evidente como campo de cultivo de productos transgénicos, se envenena cada vez más y, al ritmo del entreguismo que es sello y marca del actual gobierno, hipoteca en la actualidad la salud de su pueblo y en la historia su futuro como Estado.

Los chacareros enojosos de la región pampeana le llaman “randap” (por RoundUp, nombre comercial del herbicida) o, más bastamente, “randal”. Se refieren a un veneno fabricado por Monsanto y cuyo principio activo es el famoso Glifosato, del cual la empresa productora siempre ha dicho que es inocuo y sobre el que, sin embargo, hay pocos estudios científicos que demuestren o busquen demostrar lo contrario.

Dueñas de los grandes centros de acopio cerealero en un país como este, en donde año se prevé que en 2017 se cosechen nada menos que 130 millones de toneladas de grano, las empresas multinacionales del agro (Cargill, Nidera, Bunge, Glencore) imponen precios y productos. Y hasta conductas a los productores, recreando la triste cultura del veneno. Veneno para hacer dinero y dejar tierra arrasada a nuestros hijos.

La falta de regulación (que se fortalece, sin embargo, en las naciones que han inventado los venenos con que nos bombardean), en nuestro país es creciente. De hecho, pese a las pruebas de la alarmante prosperidad de enfermedades cancerígenas, cutáneas u oculares en nuestras poblaciones rurales y aunque se haya comprobado la presencia de pesticidas feroces en objetos de uso cotidiano, como pañales o tampones, los chacareros enojosos de nuestras pampas suelen negar que lo que fumigan envenena y mata.

Es la victoria cultural del “paquete Monsanto”, hija de un proceso lento que necesitó de la desindustrialización de nuestro país y, a su vez, de la reprimarización de su economía, la que hoy llega a la cúspide con el entreguismo en el gobierno y la ausencia de un plan alternativo que nos permita sobrevivir como pueblo a un desastre natural generalizado.

Sin embargo, desde entidades internacionales como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (dependiente de la OMS), se advirtió en 2015 que el glifosato es un probable cancerígeno. Sin embargo el sistema argentino a través de los organismos afines, como el Senasa, sigue sin revisar el permiso para utilizar ese veneno que, hasta ahora, públicamente aparece como diseñado para matar “sólo plantas”.

Ciudades bombardeadas

Están ausentes en los grandes medios de comunicación argentinos, cada vez más concentrados en pocas manos, pero cunden en el país los hechos noticiables que acreditan el desastre ambiental.

El más reciente tiene como protagonista a la multinacional suiza Glencore (que hasta se sirve de empresas off shore para beneficiarse de la extracción de oro en Argentina), una de cuyas plantas de agrotóxicos hizo fuego en estos días y contaminó con una nube venenosa la localidad de América, en el rico oeste de la provincia de Buenos Aires. Entre los químicos que se volatilizaron está el herbicida atrazina, prohibido por la municipalidad de Rivadavia, partido del que América es cabecera.

La ciudad tiene 12.500 habitantes y una economía agraria similar a cientos de localidades de su tipo. Como Monte Maíz, en la pampa húmeda cordobesa, que con 9 mil habitantes fumigados fue objeto de un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba que comprobó al cáncer, en crecimiento exponencial, como la principal causa de muerte entre la población.

También el litoral, con economía no tan sojizada pero no por ello menos transgenetizada, tiene su parte en las cifras del dolor. Vale recordar el caso de Santiago Arévalo y Celeste Estévez, dos niños del pueblo correntino de Puerto Viejo que en abril de 2011 se envenenaron con endosulfán, elaborado por Bayer CropScience, muriendo el niño días después y quedando con secuelas de por vida la niña, su prima.

En diciembre de 2016, el Tribunal Oral Penal de Goya absolvió al dueño de la quinta en donde se envenenaron. Se trata del productor Ricardo Prieto, sobreseído del cargo de homicidio culposo, aunque en el proceso judicial se probara su negligencia. Se dirá que Prieto es un hombre y que poco se puede hacer castigándolo para castigar un sistema perverso. ¿Pero no es su impunidad prueba suficiente de que acá se trata de garantizar la subsistencia de la gallina de los huevos de oro, o sea del agro argentino al servicio de las multinacionales de la muerte?

Recordemos también otro caso cordobés, en donde con un fuerte temporal de lluvias se inundó la planta de residuos tóxicos Taym, pasando el agua negra al canal Los Molinos, que abastece la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, proveedora de agua potable al treinta por ciento de la población de Córdoba capital.

Vale destacar que la planta es del Grupo Roggio, eterno bendecido de los Macri y que un estudio posterior de las aguas demostró la presencia de herbicidas en el derrame. Lo que no se pudo demostrar es si esos venenos provenían de la planta o de las fumigaciones de la zona. Pero el veneno está y donde está la muerte.

En tanto, la entrerriana San Salvador, ciudad de quince mil habitantes dedicada al cultivo de arroz y soja y objeto de varios documentales extranjeros sobre la incidencia de los agrotóxicos en la vida, tiene a la mitad de su población muriendo de cáncer.

Es el modelo del agotamiento productivo a corto plazo. Es la depredación multinacional de una de las tierras más ricas del mundo. Es el ejemplo de lo que el neoliberalismo, siempre ansioso de “volver al mundo”, consiente y alimenta cuando tiene poder. Es la prueba de que Argentina está en guerra con el capitalismo mundial, pero el enemigo todavía no le ha permitido tirar un solo tiro en legítima defensa. Es hora de despertar antes que sea tarde.

 

¿Conflicto de intereses?14.11.2017

Un clásico de Cambiemos

El staff gubernamental está atravesado por protagonistas del lobby en favor del uso de agrotóxicos.

Corría marzo y la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmaba el rechazo de una cautelar que había buscado que se suspendan las pulverizaciones con glifosato en Argentina, presentada por un grupo de personas que demandó a las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, al Consejo Federal de Medio Ambiente y a las empresas Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta.

Los demandantes pedían la suspensión provisional de “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas”, solicitud que fue rechazada en primera instancia, ya que el Poder Judicial consideró que no había condiciones para que se ordene la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizan que se comercialicen semillas genéticamente modificadas.

Pero la Sala III considera que hay una “evidente dificultad probatoria” para demostrar la existencia “de efectos nocivos”, para la salud de las personas y el ambiente, provocados por la utilización de organismos “genéticamente modificados”.

Y para avalar su determinación, pidió la opinión de un organismo oficial, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que evaluó que estos organismos genéticamente modificados no generan impacto sobre el ambiente diferente “del que produciría el organismo homólogo no modificado genéticamente”.

Martín Lema ya presidía la Conaiba cuando publicó diferentes artículos sobre el tema, en los que comparte firma con miembros de Monsanto y de otras firmas que -se supone- este organismo debería ayudar a controlar.

Pero Lema no es el único integrante del staff gobernante que presenta algún “conflicto de intereses” con este rubro ligado al agronegocio.

El todavía titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Buryaile, fue vicepresidente de CRA, organización patronal que forma parte de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, un espacio empresarial decano en el lobby en favor del uso de agrotóxicos. Y su jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo, es dirigente de Aacrea.

Asimismo, empresas que se desempeñan dentro de esta actividad están entre los aportantes y think tanks de Cambiemos. Syngenta aparece en la lista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, cuyo director ejecutivo es el secretario de Comercio, Miguel Braun.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, Monsanto avanza con Syngenta en una fusión que crearía en el mercado de las semillas y los agroquímicos, un monstruo que superaría los treinta mil millones de dólares de ingresos.

Modelo agrícola

Este año, un informe de la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver, hizo hincapié en que la cuestión de fondo está en el modelo agrícola dominante que, definió, “resulta sumamente problemático, no sólo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”.

En su trabajo titulado “Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación”, cuestiona severamente la idea de que éste es el único modelo capaz de alimentar a la población mundial, pero asimismo destaca el impacto negativo que los agroquímicos provocan en la salud y el ambiente.

Y, sin dudarlo, responsabiliza a los agrotóxicos por la muerte de, al menos, doscientas mil personas cada año y destaca que el 99 por ciento de estos casos se registran en países cuyas economías no están entre las más fuertes del planeta.

Hilal Elver denuncia que hay un lobby empresario que impone reglas, pese a que “sin utilizar productos químicos tóxicos, o utilizando un mínimo de ellos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales”.

También alerta sobre la “negación sistemática, alimentada por la agroindustria y la industria de los plaguicidas, de la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas, y las tácticas agresivas y poco éticas empleadas en el ámbito de la mercadotecnia”.

Pero esto no impide que las consecuencias sean terribles. “Las mujeres embarazadas que están expuestas a plaguicidas corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas”, advierte el documento de la ONU y puntualiza que entre las patologías más frecuentes están la leucemia y otros tipos de cáncer, esterilidad, alzheimer, parkinson, autismo, problemas respiratorios, trastornos hormonales, en el desarrollo y neurológicos.

Tras lo que resalta que aunque el incremento de la producción agrícola registrada durante los últimas décadas se consiguió con un altísimo costo en términos de salud humana y daño medioambiental, no logró eliminar el hambre del mundo, por lo que reflexiona que la dependencia de plaguicidas “es una solución a corto plazo que menoscaba el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud de las generaciones presentes y futuras”.

Y asevera que este tipo de prácticas conlleva un considerable costo para los Estados que son los que, tarde o temprano, deben atender las consecuencias que producen “a la sociedad en su conjunto”, al tiempo que “afectan los derechos humanos”.

Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina son las corporaciones que dominan más de la mitad del mercado de semillas y de las ventas de agroquímicos a escala global, lo que les otorga una formidable capacidad de lobby, tal como lo reconoce el informe cuando señala que estas transnacionales “ejercen un extraordinario poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial”.

Desalojo Mar del Plata14.11.2017

Gases y balas de goma en Desarrollo Social

Cooperativistas que reclamaban por la continuidad de sus puestos de trabajo fueron ferozmente reprimidos.

Personal de Infantería y Caballería de La Bonaerense, desalojó violentamente a cooperativistas e integrantes de organizaciones sociales, que acampaban en la sede marplatense de la Secretaría de Desarrollo Social, para reclamar trabajo genuino, que se les provea de herramientas que necesitan para desarrollar su tarea y que les paguen salarios adeudados.

Además, solicitaban que el Estado los asista con ayuda económica o de mercadería para las fiestas de fin de año y, fundamentalmente, intentaban visibilizar la preocupación que tienen por la continuidad de sus puestos de trabajo.

En este contexto, un fuerte operativo policial cercó el edificio y reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los trabajadores que no consiguieron que, durante los cinco días que duró la toma, se acercara para dialogar la titular de la Secretaría, Patricia Lenis.

“Esto es algo que a nosotros no nos extraña, porque Mar del Plata se está poniendo cada vez más represiva”, señaló el secretario del Partido Comunista de Mar del Plata, Pedro Ferrer, quien le apuntó sus dardos a la gestión municipal que encabeza Carlos Arroyo.

En este sentido, Ferrer advirtió que en su ciudad la situación se vuelve cada vez más tensa. “Hay una sumatoria de cosas muy peligrosa”, recalcó y explicó que “Mar del Plata es una ciudad con un índice de desocupación elevadísimo y la única respuesta que plantea este sistema para los desocupados es la represión” algo que “hace constantemente el gobierno de Arroyo y Cambiemos”.

Lógica

El titular del PC marplatense fue claro al señalar que “los comunistas sabemos que el neoliberalismo no cierra de otra manera que no sea con represión”, por lo que “este hecho como tantos otros que se vienen sucediendo en Mar del Plata, está inscripto dentro de esa lógica”.

Por eso, no dudó cuando instó a “avanzar en la constitución de un frente antirrepresivo, que haga frente al ajuste y la entrega que caracterizan al modelo de dominación que aplica el Gobierno”. Y sentenció: “para poder combatirlo es preciso sumar a todas las fuerzas del campo popular”.

Así las cosas, este episodio es un nuevo capítulo de la escalada represiva que se instaló en Mar del Plata junto a la llegada de Cambiemos al Palacio Municipal.

En menos de dos años hay algunos hitos que pintan cabalmente a la Gestión Arroyo. Durante último invierno, el intendente comparó a las personas en situación de calle con “perros callejeros”, porque desde su particular perspectiva siempre “vuelven al lugar donde se sienten cómodas”.

Y unos meses antes, acompañado por policías, el jefe comunal irrumpió en una secundaria donde patoteó a la directora que reclamaba porque habían cortado internet a la escuela.

 

 

Como en los 90 10.11.2017

Cierran ramales ferroviarios

Levantaron el tramo ubicado entre Santa Rosa y Toay, en La Pampa, pero también la gobernadora María Eugenia Vidal dio de baja servicio que Ferrobaires hacia esa provincia.

“Todo esto nos retrotrae a la década del noventa”, así lo afirmó el secretario del Partido Comunista de La Pampa Sergio Ibaceta, al referirse a la decisión del gobierno de Macri de levantar el histórico ramal a La Pampa, y despedir a más de veinte trabajadores con más de dos décadas de antigüedad.

Los dichos de Ibaceta se vieron corroborados hoy por otro dato sumamente grave. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció que cierra el ramal a La Pampa y que Ferrobaires despide al personal que se desempeña en este servicio, pese a que su gobierno había prometido continuidad.

La medida afecta a más de veinte operarios -conductores, mecánicos, guardas, administrativos, despachantes de boletos- de General Pico, tres que trabajan en Santa Rosa y uno que lo hace en Toay. En su mayoría son trabajadores que se vienen desempeñando desde 1994.

La justificación que utiliza el ejecutivo nacional para cerrar el ramal es de que “no cierran con el proyecto económico” de Cambiemos; muy semejante a la metodología utilizada en la década del noventa por el entonces Presidente Carlos Menen, quien acuño la triste frase “ramal que para, ramal que cierra”; para dar inicio al desmantelamiento del sistema ferroviario argentino.

En este caso, el ramal que une la Buenos Aires con Santa Rosa, luego de quince años de estar parado, en el dos mil quince volvió a funcionar por nueve meses, hasta que las inundaciones del año pasado volvieron a cortar el servicio por el desplazamiento del puente en Bragado y desde ese momento no se volvió a poner en funcionamiento.

Desmantelan un proyecto de país

Al respecto, Ibaceta hizo hincapié en que “esto es parte de una política nacional que impulsa el macrismo, que apunta la destrucción y el desmantelamiento de la economía popular y de un proyecto de país, que apunta a concentrar la economía en las grandes urbes, y esto tiende a desconectar el interior con la capital”.

Además dijo que el ferrocarril significa “la reactivación de la economía, la conexión y comunicación entre los diferentes pueblos” y recordó que “en los noventa el cierre de los ferrocarriles genero un drama en toda la familia ferroviaria, y algunos pueblos fueron borrados económicamente del mapa, esto es parte de esa estrategia”.

El dirigente del PC también aseveró que seguramente que detrás de este cierre del ferrocarril “hay grandes negociados”, ya que en La Pampa, la Dirección Nacional de Vialidad, dependerá de otra área y lo hacen para “trabajar con dinero que viene del exterior en calidad de préstamos, algo que agranda más nuestra deuda externa, y ese capital será para el mantenimiento de las rutas que manejan las empresas que dirigen estos Ceos”.

Finalmente opinó que “detrás de todo el desmantelamiento ferroviario aparecen los resultados sociales de este conflicto, como es la carestía, los despidos y el ajuste; esa es la política de achique que impulsa este gobierno en contra de los derechos de los trabajadores y de los servicios”.

LA “AMENAZA TERRORISTA”09.11.2017

¿Y si empiezan a hablar del Isis?

El presidente, luego del dudoso atentado en Nueva York, habló en Estados Unidos de sus esperanzas de sumar a nuestro país en la cruzada antiterrorista. En tanto, Aguad estudia un plan para sacar las fuerzas armadas a la calle en contra del Isis. El análisis de Stella Calloni.

Los últimos grandes atentados terroristas sufridos por los argentinos dentro de su propio territorio fueron los de la embajada de Israel en 1992 y la Amia en 1994. Permanecen impunes y, a ciencia cierta, sólo podemos decir de ellos que se dieron en el marco de una Argentina adicta a las andanzas internacionales del imperialismo yanqui y manipulada por el sionismo internacional.

Fue durante el menemato, cuando Argentina declaró a Irak una guerra que a nuestro país no le incumbía y envió al Golfo Pérsico dos barcos de guerra que nunca alcanzaron a ver, en realidad, los horrores de ese conflicto, que perdura. Hoy, cuando nuestro país “ha vuelto al mundo” (eufemismo neoliberal por el alejamiento de Nuestra América y el disciplinamiento internacional argentino por las políticas de Washington), los riesgos han resurgido.

Por eso es de preocupar que el presidente Mauricio Macri viajara a Nueva York para homenajear a cinco argentinos muertos en una atentado perpetrado en esa ciudad estadounidense y en el marco del cual, extrañamente, más de la mitad de las víctimas fueran argentinas. En esa visita, Macri, sin tapujos, anunció que busca que Argentina se una al coro yanquidependiente de la Alianza del Pacífico, mintió que los argentinos “queremos ser parte de la batalla” contra el terrorismo y lamió suficiente cantidad de suelas empresariales.

Pero esto no es todo, porque recientemente salió a la luz que la cartera de Defensa, presidida por Oscar Aguad (llamado por sus propios correligionarios radicales “El Milico”), busca derogar un decreto kirchnerista que restringía la participación de nuestras fuerzas armadas en conflictos extranjeros con el sólo fin de combatir, eventualmente, al Isis, fuerza terrorista siempre sospechada (y con pruebas) de ser un invento de la inteligencia estadounidense, israelí y británica. Esto implica, también, poder tener esas fuerzas en nuestras calles ante una también eventual amenaza terrorista.

Por si acaso, las botas

La periodista de asuntos internacionales Stella Calloni conversó con Nuestra Propuesta y ante la posibilidad de que las fuerzas armadas salgan a la calle con la excusa del terrorismo, consideró que eso “es parte del proyecto de militarización” imperialista para Nuestra América.

En ese sentido recordó el inicio reciente de maniobras del Comando Sur de las fuerzas armadas yanquis en la Amazonía, a pocos kilómetros de la frontera venezolana. También el anuncio que el año pasado hiciera la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, de crear en Tierra del Fuego un Centro Integral de Inteligencia. O la perspectiva de que comiencen (o hayan comenzado ya) las maniobras Cormorán con marines gringos en la Base Almirante Zar, en Trelew. O el convenio firmado por el presidente con la Guardia Nacional del estado de Georgia, que permite el ingreso a la Argentina de los “services” yanquis.

Recordó que “poner a las fuerzas armadas a intervenir en los conflictos internos es cosa prohibida constitucionalmente” y que, de efectivizarse, “va a justificar ese Centro Integral de Inteligencia que está creando la señora Bullrich”. Sobre este punto observó: “una escuela de inteligencia regional es como un anexo del Comando Sur de los Estados Unidos”.

Recordó que las excusas esgrimidas para esta militarización y esta injerencia están “imitando lo que sucede en Colombia y en México, que están prácticamente bajo el control de los Estados Unidos”.

“El Isis es una invención de Estados Unidos, Inglaterra e Israel con la colaboración de Francia”, dijo y agregó: “es un ejército mercenario” y “se vio cuando la Federación Rusa fue llamada por el presidente Bashar al-Assad para ayudarle en su lucha en la que Estados Unidos, el Reino Unido e Israel mantenían armados con un montón de misiles y otras armas modernas a los mercenarios del Isis en Siria”.

Banderas reales y falsas banderas

Por otro lado, Calloni se permitió dudar sobre lo ocurrido en Nueva York en el atentado que costó cinco vidas argentinas. “Es asombrosa la casualidad de que casi todos los muertos fueran argentinos”, expresó y manifestó que el hecho “sirvió en bandeja a este señor (Macri) la posibilidad de convencer a la gente, que nunca le dio importancia a todas las denuncias del terrorismo aquí”.

Recordó que los atentados de falsa bandera son lo que desde el imperialismo “están acostumbrados a hacer”. Al respecto, puntualizó que “hasta ahora nadie sabe quién hizo el atentado a la Amia, lo único que se sabe es que no fue Irán” y que “Irán fue acusado al día siguiente, como si ya supieran a qué venían”.

“Volaron el Maine para entrar en la guerra de Cuba contra España cuando se estaba terminando y la estaban ganando los cubanos”, recordó e hizo lo propio con un atentado olvidado y que se llevó casi 100 víctimas: el que se perpetrara contra la sede del comando británico para Palestina en el hotel Rey David, del que sólo se puede asegurar que sirvió para que el Reino Unido cediera a las presiones sionistas y propiciara, en contra del pueblo palestino, la creación del Estado de Israel.

Finalmente, fustigó que el presidente argentino hiciera injerencismo en asuntos internos venezolanos (y aún estadounidenses) al recomendar a Estados Unidos que no compre más petróleo venezolano. “Eso es el colmo de la sumisión”, caracterizó al respecto y le sumó: “el límite final del lamepiesismo”. Agregó que Macri “se ofrece para ser la cabeza del tigre pero no es sino la cola”.

Victoria en Entre Ríos07.11.2017

Por un Agmer para todos

Por una diferencia histórica se impuso el frente gremial que integran los docentes comunistas de esta provincia. “Esto nos prepara para poder enfrentar una segunda etapa del ajuste”, recalcó Leandro Pozzi.

En Entre Ríos, el Frente de Integración por un Agmer para Todos se impuso en las elecciones generales que el principal sindicato docente de Entre Ríos -y sindicato de base de Ctera- celebró el 2 de noviembre.

Este espacio integrado por docentes de La Violeta y de otras agrupaciones políticas y sociales, incluyó en sus listas a quien ahora es congresal por el departamento de Concordia, Leandro Pozzi, quien señaló que, “para nosotros, es muy importante este triunfo” sobre la agrupación Rojo y Negro, que tuvo lugar por un amplio margen de 1800 votos y recordó que “nunca se había dado una diferencia tan grande en la historia del sindicato”.

Asimismo, sostuvo que el resultado es importante, “sobre todo en un contexto de ajuste laboral que afecta a los trabajadores como el que está llevando a cabo el gobierno nacional”. De ahí que, sin dudarlo, recalcase que, “en este marco, logramos ganar la conducción del sindicato con una lista donde participamos los comunistas” por lo que esto “es muy importante para los docentes y para todo el movimiento obrero de la provincia”.

Pozzi también dijo que “esto nos prepara para poder enfrentar una segunda etapa del ajuste”, tras lo que aseveró que “tenemos nuevos desafíos porque, además, tenemos ahora a muchos compañeros en los cargos locales y provinciales, lo que nos permitirán dar una mejor batalla a la hora de enfrentar las políticas privatistas del macrismo”.

Y fue contundente cuando dijo que, “en estas elecciones, el sindicato salió fortalecido” tras lo que advirtió que “sabemos que es necesario enfrentar esa restauración conservadora que a nivel provincial se aplica por medio del gobernador Bordet”. Por eso, “seguiremos trabajando para construir, cada vez más, un sindicato muy activo articulado con otros sectores de la clase trabajadora.

 

 

Universidad Nacional de Rosario07.11.2017

Triunfo de la Democracia y Dignidad Docente

“Más que nunca la unidad de todos los trabajadores y del movimiento sindical es precisa para enfrentar este modelo neoliberal que encabeza el Macri”, dijo el secretario adjunto, José Giavedoni.

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) eligieron a la Lista Democracia y Dignidad Docente (DDD) para conducir el destino de su gremio por los próximos dos años.

En unos comicios en los que, por primera vez, se implementó la boleta única para la elección del secretariado del Consejo Directivo y la de delegados congresales a la Conadu, estuvieron habilitados alrededor de 3500 afiliados, que votaron en las quince unidades académicas de la UNR y también en la sede gremial del sindicato.

Además de la lista que se impuso, participaron Progresismo y Solidaridad, que es del Partido Socialista; la Azul y Blanca, que sumó a una parte del kichnerismo y del peronismo; el Frente Gestionar para Transformar del macrismo, y el espacio de Trabajo Docente y Emancipación.

Al respecto, quien fue elegido secretario adjunto, José Giavedoni, celebró el triunfo y recordó que DDD es parte del Frente 20 de Diciembre y que está integrada por integrantes de diferentes fuerzas políticas “que recibimos el apoyo de los docentes por nuestra defensa incondicional a la educación pública”.

El dirigente gremial también señaló que en el proceso electoral, “se trabajó mucho con los docentes, con todo los compañeros y dando una fuerte discusión política” y aclaró que “era preciso hacerlo, por todo lo que se estaba jugando en estos comicios, por eso estos resultados demuestran y reflejan el esfuerzo y el trabajo militante”.

Tras lo que aseveró que esta postura y debate son relevantes, ya que “estas elecciones transcurrieron en momentos que el gobierno intenta avanzar con su reforma laboral, educativa y del sistema previsional”, por lo que “dimos y seguiremos dando una fuerte batalla ideológica”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “el resultado de estos comicios, tiene que ver con la conciencia que va tomando el cuerpo de los docentes de la universidad”, ya que “teníamos claro que no se podía perder este gremio en manos del macrismo.

Unidad sindical

Asimismo, Giavedone destacó que el tema de las negociaciones salariales es uno de los “principales desafíos que tenemos por delante” ya que, recordó, “no hemos tenido una convocatoria a paritaria nacional, lo que es toda una señal de cómo el gobierno nacional pretende dialogar con los docentes”.

Y, tas aventurar que “sabemos que se nos avecinan días de conflicto”, manifestó que “el gran desafío que tiene el gremio ahora, es poder instalar que estamos ante un problema mayúsculo y que lo salarial está relacionado con la metamorfosis profunda que plantea el macrismo con respecto al sistema educativo primario, secundario y universitario”.

Por eso, puntualizó, “sabemos que la batalla que se va a venir será muy grande e importante y, por eso, impulsamos un gran frente de lucha nacional capaz de enfrentar lo que se viene”.

El secretario electo del gremio docente también lamentó la dispersión que hay en el sindicato que integra. “Es necesario generar una gran unidad de todo el movimiento obrero” recalcó e insistió en que “no debe haber ningún motivo que nos obture la unidad del sindical y menos ahora cuando tenemos un adversario que viene por todo”.

De ahí que, sin dudarlo, señalara que “debemos reconocer que el enemigo es el gobierno nacional y que viene por nuestro derecho y nuestras libertades”, por eso “recorta derechos, va por la reforma laboral que es el principio de un conjunto de restricciones que ya están en marcha” por eso, “más que nunca la unidad de todos los trabajadores y del movimiento sindical es precisa para enfrentar este modelo neoliberal que encabeza el Macri”.

PRESIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL06.11.2017

Ajustando en Río Negro

El gobernador, que viene de una sonora derrota en las últimas elecciones legislativas, está siendo disciplinado por Macri y ya prepara la adhesión de la provincia a las reformas macristas de la Ley de ART.

Luego de sus anuncios de ajustes sobre los trabajadores, que pusieron de manifiesto las intenciones del macrismo de avanzar en nuestro país en una reforma laboral similar a la encarada por el neoliberalismo brasilero, el presidente Mauricio Macri presionó al gobernador rionegrino para que la provincia patagónica se adhiera a la reforma nacional de la Ley de ART, hecha a gusto y medida de la patronal y tendiente a estigmatizar a los abogados laboralistas y a terminar con los juicios laborales.

El gobernador Alberto Weretilneck responderá al pedido de Macri, aunque en la provincia ya se manifestaron contrarios a la adhesión a la Ley nacional la Unión de Trabajadores de la Educación Rionegrina (UnTER) y el Colegio de Abogados de Viedma, desde donde expresaron que adhiriéndose la provincia a las reformas propuestas por el presidente, los trabajadores rionegrinos quedarían “sin protección” ante la eventualidad de un reclamo judicial.

Por su parte, Rubén Terrile, secretario político del PC de San Carlos de Bariloche, principal ciudad rionegrina, observó que el gobierno provincial está en “su última etapa” y cuenta con “un descrésdito muy grande de la población”. Agregó que “de hecho, en las últimas elecciones quedó demostrado que el pueblo de Río Negro no presta más importancia a las políticas del gobernador ni le presta tampoco su apoyo”.

Agregó que el gobierno provincial “se cae a pedazos y la única posibilidad que le quedó es abrazarse de todas estas políticas neoliberales que sabemos que no le van a provocar a la provincia mejoras en la situación tanto económica como política”. “Al gobernador no le quedaba otra salida que inclinarse hacia el presidente de la Nación como para poder resguardarse estos dos años que le quedan”, agregó.

Luego adujo que “por más que se implanten todas estas leyes que sólo van a representar mejores condiciones para los que más tienen, en la provincia entre sus medianos y pequeños productores, comerciantes, pequeños industriales, trabajadores y demás, vamos a tener problemas en el corto plazo para mantener nuestros medios de subsistencia”.

Por otro lado, Terrile informó que en su provincia “se está trabajando con mucho tesón y mucha responsabilidad en la unidad política”. Dijo que, en ese sentido, “el debate político va a empezar a desarrollarse de aquí en adelante hasta el 2019, porque tenemos que tratar de cambiar el gobierno de la provincia con una unidad política que ayude a hacer los cambios que se necesitan hacer”.

Repuso: “la salida es política y es a través de la organización”. Y le sumó: “por ahora lo que vemos con cierto optimismo fue la voluntad de unidad en las Paso y en las ultimas elecciones, que aquí en Río Negro le permitieron el triunfo al FpV de una forma mucho más contundente que las veces anteriores”.

“Ahora dependerá de todas las fuerzas políticas que componemos el FpV debatir a ver cómo continúa la política de alianzas en nuestra provincia, y siempre pensando en la constitución del frente de liberación y de un acuerdo, programático que todavía está bastante demorado”, apuntó.

 

 

Después de De Vido, ahora Boudou03.11.2017

¡Al ladrón!

¿Se acuerda de la división de poderes del Estado Liberal Burgués? Sociedad, mitos y puestas en escena. El prime time al servicio del sistema.

El ex secretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal, devenido en procurador bonaerense, Julio Conte Grand, tiene a su cargo la acusación por la que fue suspendido y será sometido a juicio político el juez, Luis Arias, sobre quien pesan 21 acusaciones, en su mayoría, cargos que cuestionan su actuación en causas en las que actuó en defensa de derechos de ciudadanos, entre ellas, la que inició por las inundaciones de 2013 en La Plata.

Arias estaba en la mira, sobre todo, después de que frenara el DNU por el que Mauricio Macri ordenó la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y que fallara contra el tarifazo del servicio de energía eléctrica y favor del derecho a hacer huelga que le asiste a los docentes.

Pocos días antes, el grupo macrista del Consejo de la Magistratura denunció que el juez Ariel Lijo “cajoneaba causas de corrupción”. Hoy, ese mismo magistrado mandó detener a Amado Boudou y así sorprendió, incluso, al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, el denunciante en la causa abierta por enriquecimiento ilícito que dejó al ex vicepresidente tras las rejas.

¿Casualidad? Quizás, pero también muy sugestivo, sobre todo cuando la Justicia Federal parece haber despertado de un letargo de más de una década y en pocos meses suma causa sobre causa que involucran a mucho de lo más cercano a al anterior gobierno e incluso a Cristina Fernández.

Y, más aún, cuando cualquiera que lea los diarios nacionales de más tirada se puede enterar de cuáles serán los próximos movimientos judiciales, incluso, antes de que haya cualquier información oficial ¿Será este el republicanismo sobre el que reclaman autoría el círculo más cercano a La Rosada e incluso quien ocupa el Sillón de Rivadavia que, desde diciembre de 2015, ya se vio beneficiado por dos decisiones judiciales que desestimaron su participación en casos de gravedad?

Aplausos

También hoy el Foro de Convergencia Empresarial emitió un comunicado en el que hizo pública su felicidad por el paquete de reformas, que el gobierno anunció que enviará al Congreso. Y, en un momento de paroxismo, aseveró que esta organización que agrupa a alrededor de un centenar de cámaras, entidades y fundaciones considera que es preciso “el fortalecimiento de nuestras Instituciones en general, y del sistema de Justicia en particular, son vitales para el pleno funcionamiento de la República”.

Todo esto, en momentos en que se “avizoran las condiciones necesarias para generar un punto de inflexión que ponga fin a tantos años de decadencia”, porque el tema de la Justicia es primordial “para asegurar que esta nueva etapa se convierta en virtuosa y sea sostenible en el tiempo”.

Y finalizó: “un Sistema de Justicia independiente y eficaz, que sea fiel custodio de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitucional Nacional, nos posibilitará la convivencia en paz en el marco de un país republicano, moderno y con una sociedad más justa e integrada”.

¿Pero será posible esto de una justicia independiente? El Estado Liberal Burgués es posibilitador del delito corporativo ya que el carácter simbiótico existente entre ambos, vuelve imposible que esta relación tenga otro tipo de consecuencia.

El mercado y el capital alimentan a este tipo de Estado que, a su vez, es quién garantiza las condiciones para que el capital se desarrolle sin problemas. Pero también para mantener y proteger, si fuera necesario por la vía violenta, a la propiedad privada, para regular el orden social y favorecer su reproducción.

Para ello el Estado dispone de herramientas entre las que se destacan el patrimonio legal de la violencia por medio de las fuerzas armadas y de seguridad, pero sobre todo del Código Penal y su órgano de aplicación, el Poder Judicial. Es que el derecho que asiste al Estado Liberal Burgués, nació con una marcada pertenencia de clase y creció para blindar a la acumulación de capital.

Entonces creer que es verdad esto de la división de los órganos de poder de este tipo de Estado, es tan ingenuo como aceptar que el Estado Liberal Burgués y la corporación son independientes.

¿Cuánto hay de puesta en escena y cuánto de verdad en esta sucesión de denuncias –muchas de ellas ridículas- con las que se acorrala a funcionarios del gobierno anterior? Difícil saberlo, pero lo cierto es que prácticamente sin variantes, el Poder Judicial de ahora es el mismo que el de antes. Y, en el peor de los casos, ahora prevalece aquello que ni siquiera tiene pudor en ocultar el carácter de clase que posee corporativamente.

Entre las reformas que quiso llevar a cabo el gobierno de Cristina Fernández, estuvo la Judicial que la misma Corte Suprema se encargó de destruir. Sin apuntar al tuétano de la cuestión, aquella iniciativa buscaba darle un carácter más horizontal al Poder Judicial. Esto alcanzó para que la respuesta corporativa fuera letal y trascendiera los límites del propio mandato de la ex presidenta.

También es verdad que en lo más duro del poder corporativo hay quienes tienen facturas pendientes que pasarle, pero por sobre todas las cosas, el afán por terminar de sepultar simbólica y concretamente al proceso que inauguró Néstor Kirchner, responde al compromiso corporativo con la construcción de un sistema de representación política que no admite ningún tipo de cuestionamiento a capital, aunque por su tibieza, estos cuestionamientos estuvieran condenados a perderse en un callejón sin salida.

Y, asimismo, porque aquello de la pesada herencia y la criminalización de todo lo que suene a K sigue dando rédito, tal como quedó demostrado el 22 de octubre. Y esto es algo que el tándem de poder que gobierna desde 2015 necesita como oro. Como cuando un punguista se mete en el colectivo, apenas terminado el escruche grita “al ladrón” y, en medio del desconcierto, se va cómodamente con la billetera de su víctima.