Territorio

MARCHAS CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL15.12.2017

Las provincias se levantan

Aunque muchos gobernadores pactaron con el macrismo su visto bueno al ajuste sobre los jubilados, en las principales ciudades del país hubo movilizaciones.

Lejos de los gases y el ruido de disparos en torno a la porteña Plaza de los Dos Congresos, en las provincias argentinas también se dieron multitudinarias convocatorias de pueblo para manifestar el encono popular hacia las medidas de ajuste que dispone el macrismo. Hubo movilizaciones en casi todas las grandes ciudades del país, las más notables en Córdoba, La Plata y Rosario.

En la capital cordobesa la marcha convocó a no menos de 20 mil personas frente a la sede local de la Anses en el marco de un paro activo que garantizó la presencia de trabajadores de muchas áreas. Se repudió lo que sucedía en el Congreso de la Nación y se solidarizó con las víctimas de la represión porteña.

Solana López, secretaria del PC local, destacó que hubo “una unidad muy clara por parte de las centrales sindicales y los sindicatos”. “No sólo fue una movilización en unidad sino también un límite para aquellos sectores que además de burócratas son entregadores de los trabajadores”, agregó y en ese sentido observó que como único incidente se dio el rechazo popular al discurso de uno de los principales dirigentes de la CGT cordobesa.

Asimismo, entendió que el mensaje de ayer por parte del pueblo cordobés fue que desde la provincia “no vamos a permitir que el neoliberalismo avance sobre los derechos conquistados, que tanto nos han costado durante tantas décadas”. “No vamos a dejar que Macri nos siga sumergiendo en la miseria y la pobreza y, sobre todo, en la pérdida de derechos”, repuso.

Por las calles de Rosario, desde la Plaza 25 de Mayo circularon miles de ciudadanos en contra del intento de vulnerar los derechos previsionales de los argentinos. Fue una manifestación pacífica y espontánea, por lo que a los muchos ciudadanos de a pie se plegaron organizaciones políticas y sociales, entre las cuales estuvo el PC.

Norberto Champa Galiotti, secretario de este partido en la ciudad, expresó el “estado de alerta” en que se dio la marcha. “Nos fuimos comunicando por teléfono y se fue convocando espontáneamente”, observó. “Estábamos al tanto de lo que pasaba en Buenos Aires”, puntualizó, aunque señaló que en la ciudad santafesina “no está la presencia represiva que se ve en Buenos Aires”.

Galiotti también caracterizó al gobierno nacional como “fascista” y advirtió que su proceso “puede llegar a ser mucho más profundo que la dictadura militar”. “De hecho es superior en su agresividad y compromiso con el imperialismo a lo que fueron los gobiernos de Menem y De la Rúa”, añadió.

En La Plata, como en Buenos Aires, se vieron fenómenos represivos. En este caso, las fuerzas de caballería de la policía bonaerense asumieron la mayor parte de la negra tarea. Pero la inmensa manifestación, mayormente de estatales y docentes, frente a la Legislatura provincial, no pudo ser disuelta y, al igual que en la capital argentina, la sesión extraordinaria que se efectuaba para lograr la versión bonaerense del ajuste nacional, debió ser suspendida ante la presión del pueblo en la calle.

Nicolás Ramos, secretario de la FJC de la provincia más importante del país y ciudadano platense, valoró la presencia del PC en la marcha y la masificación de la misma. “Fue una movilización que salió a sostener y defender las conquistas que se dieron en la provincia de Buenos Aires con respecto al sistema previsional”, dijo.

Condenó la represión encarada por la caballería y, si bien expresó que la capital bonaerense no estaba ese día tan “uniformada” como la capital argentina, resaltó que todos los edificios públicos estaban vallados y cercados de fuerzas armadas.

Y destacó, sin bendecirla, la acción del intendente de la vecina localidad de Ensenada, Mario Secco, quien acompañado de trabajadores de Astilleros Río Santiago, irrumpió en medio del debate legislativo para denunciar, depositando sobre el estrado presidencial cartuchos servidos de gases lacrimógenos, la acción represiva de la policía y el gobierno provinciales.

Humanos

Los organismos de derechos humanos también estuvieron atentos a la represión sistemática ya desatada por el gobierno nacional. En ese sentido, en un comunicado conjunto el cual también suscribió la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), exigieron cuando aún la violencia estatal del día de ayer no terminaba, al propio presidente Macri “el cese inmediato de la represión a los manifestantes que fueron a reclamar contra el ajuste previsional”.

Después manifestaron: “hoy nos tocó vivir una jornada represiva que nos hizo rememorar las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001”. Y agregaron: “estamos convencidos de que con la participación y la movilización popular es lo que hará frenar estos retrocesos en derechos humanos”.

También se solidarizaron con manifestantes, trabajadores de prensa y diputados reprimidos en esa sangrienta jornada y exigieron la inmediata liberación de todos los detenidos y detenidas. Le sumaron su reiterado pedido de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Esa vieja costumbre del liberalismo argentino15.12.2017

Lucha popular y represión

La jornada de ayer, histórica, en la que de momento el pueblo logró frenar el paquetazo, da cuenta del proceso de agudización de la lucha de clases en el país. Los CEOs con sus diputados queriendo imponer las reformas y los sectores populares en la calle defendiendo sus intereses.

En la jornada de ayer el gobierno de Cambiemos, como parte del bloque de poder dominante del país, dio una nueva muestra de que el “liberalismo” que practica se inscribe en la larga tradición de gobiernos conservadores y de derecha que han atentado contra el pueblo a lo largo de toda su historia.

No es que hasta ayer faltasen pruebas para realizar tal afirmación, tampoco se trata de una licencia periodística para caracterizar a un gobierno que desde el día uno viene construyendo un derrotero en el que todas las medidas que toma son a favor de los grupos económicos y en contra de los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y la industria nacional.

La jornada de ayer, en la que el pueblo y sus organizaciones decidieron ganar las calles para impedir que el gobierno logre sancionar la reforma previsional en la Cámara de Diputados, pasará a formar parte de la larga lista de triunfos del campo popular pero también de los anales represivos por parte de las clases dominantes locales.

La afirmación no es caprichosa: la militarización de la Ciudad de Buenos Aires vista ayer no tiene precedentes como tampoco lo tiene el Estado de Sitio de hecho que el gobierno impuso por más de siete horas en el Barrio de Congreso y alrededores.

A una jornada histórica de lucha y resistencia por parte del pueblo contra la aplicación de políticas neoliberales que afectan a los más débiles, el gobierno opuso un uso de la fuerza represiva del Estado sin precedentes en el siglo XXI, con la sola excepción de las jornadas del 20 y 21 de diciembre de 2001 y del 26 de junio de 2002.

La diferencia -no menor, es cierto- con aquellas dos jornadas es que no hubo muertos en las calles. Esto se puede explicar por un solo motivo, ya que la magnitud de la fuerza y violencia empleada ayer por parte de la Gendarmería y la policía Federal es asimilable a la de aquellas jornadas, y es que hasta el momento no hay evidencias de que las fuerzas represivas hayan utilizado armas de fuego para reprimir.

Donde sí hubo pruebas de que las fuerzas federales utilizaron armas de fuego para contrarrestar la organización popular fue en la Pu Lof de Cushamen y en los altos de Bariloche donde el saldo es conocido: la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Gendarmería y Prefectura estuvieron a cargo de sendos operativos ¿Cuál es el denominador común con los hechos acaecidos en la zona de Congreso? La responsabilidad política del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por eso no es descabellado establecer analogías entre el momento actual que viven el país y los sectores populares con otros similares de nuestra historia en el que las clases dominantes -con el afán de consolidar las desigualdades en las que se fundó el Estado nacional- descargan su furia contra los trabajadores.

La represión sufrida por el movimiento obrero en la Semana Trágica de 1919; la cacería a la que fueron sometidos los campesinos que protagonizaron la Patagonia Rebelde en 1920-1921; la persecución a “los rojos” durante las dictaduras de la Década Infame; los fusilamientos de José León Suárez en 1956; la Masacre de Trellew; la dictadura militar de 1976-1983; las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul y las ya mencionadas jornadas de diciembre del 2001 y la masacre del Puente Pueyrredón son algunos de los ejemplos más significativos de esta constante represiva que confirma un postulado que por trillado no deja de ser verdadero: el ajuste sin represión no se sostiene.

Bajo este precepto la jornada de ayer también se inscribe en esta larga historia represiva. La diferencia está en el resultado: 45 detenidos en una cacería sin precedentes en las calles de Buenos Aires. Que no haya habido víctimas fatales es una diferencia de registro y no de concepto.

Prisa, que sino el barco se hunde

Hace una semana en este diario alertábamos que la buena salud del rediseño económico-social que practica el gobierno depende, en el corto plazo, del éxito en la implementación de esta batería de reformas que se intentó sancionar ayer y que tienen el objetivo de plasmar en texto y ley las transformaciones que los grupos económicos vienen imponiendo de hecho.

De esta forma se entiende la prisa por parte del Ejecutivo en convocar a la sesión de ayer, de un día para el otro, y allí tratar las reformas previsional y tributaria, como así también el dispositivo represivo desplegado a lo largo de todo el día.

Por si no quedan dudas, los trascendidos que los propios voceros del oficialismo confirman al cierre de esta edición, sostienen que Cambiemos ansía tratar el mismo lunes nuevamente los proyectos y en el caso de no prosperar las iniciativas, ya se encuentra firmado el decreto de necesidad y urgencia con que Macri las impondría.

¿A qué se debe tanta premura? Varias son las cuestiones que la justifican y todas aquellas dan cuenta de la inviabilidad, en el corto y mediano plazo, del modelo económico del gobierno.

La primera obedece a las consecuencias de la bicicleta financiera. Este martes el Estado debe afrontar un nuevo vencimiento de Lebacs en el que se encuentran invertidos más de 1,6 billones de pesos y los especuladores pretenden garantías de que el gobierno puede pagar esos títulos. Por ello no es casualidad que mientras la Comisión de Previsión Social de Diputados discutía el martes el paquete de reformas, Macri mediante decreto otorgaba una exención presupuestaria a los fondos destinados para el pago de intereses de deuda de este 2017 ¿De cuánto era la ampliación? De 84.500 millones de pesos, casi el 80 por ciento del monto total que el gabinete ansía recortar, por año, de la Anses.

La segunda obedece a cuestiones económicas pero también políticas. El gobierno necesita apuntalar su gestión y la de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el marco de un creciente déficit fiscal que el propio gabinete profundizó con la quita de retenciones a las exportaciones, la eliminación de impuestos a las mineras y el crecimiento del peso sobre las cuentas públicas de los intereses de deuda.

Ante esta situación, la variable de ajuste que encontró el gobierno son los fondos de la seguridad social, una decisión coherente con la tradición liberal y represiva en la que se inscribe.

Financiar el Proyecto Vidal de cara al 2019 o el 2023 no es barato y fue lo que obligó al gobierno a sostener una dura negociación con los gobernadores de la que surgió el Pacto Fiscal que firmaron todos los mandatarios, con la excepción del de San Luís, Alberto Rodríguez Saá.

Vidal es la carta ganadora que el tándem de poder real juega para perpetrarse en el gobierno. Entre otras cosas, el Paquetazo viene a garantizar dos puntos basales: que la gobernadora bonaerense disponga de fondos necesarios para tapar el agujero fiscal que ya profundizó en apenas dos años y que pueda continuar manteniendo la imagen de una gestión que es la nave insignia de Cambiemos.

Hay que recordar que si Vidal es la principal beneficiaria del Pacto Fiscal, el máximo perjudicado es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, es decir, los más de siete millones de jubilados que dependen de este.

El tercer elemento es la Reparación Histórica lanzada el año pasado y que cumplió con sus dos objetivos: el blanqueo y la profundización de la “crisis de la Anses”, verdadero caballito de Troya para volver sobre el negocio de las Afjp y la reforma previsional.

Ya en junio del año pasado el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) perteneciente a la Fundación Germán Abdala había advertido que la Reparación Histórica abría la puerta para realizar modificaciones sensibles como la ampliación de la edad jubilatoria o la modificación de la Ley de Movilidad, intentos que están incluidos en el paquetazo que el gobierno ansía sacar antes de fin de año.

Por lo expuesto no sorprende que con la reforma las amas de casa y casi el 40 por ciento de trabajadores precarizados del país pierdan la posibilidad de jubilarse dignamente, además del cambio de fórmula que en la práctica implica una pérdida de casi 7 mil pesos para los jubilados y pensionados en 2108.

Según se desprende de la reforma que ahora Macri quiere sacar si o si el lunes, los trabajadores que no lleguen a los 30 años de aportes -en un país en el que el crecimiento del trabajo no registrado es una constante- pasarán a retiro con una jubilación de 5700 pesos.

A la luz de los números se entiende claramente como el paquetazo no cierra sin represión. El gobierno se encuentra en un atolladero, producto de su propia política económica, la cual exige pisar el acelerador en sus medidas de ajuste con todos las consecuencias sociales que conllevan. Y de allí emana la violencia represiva con la que intenta salvaguardar sus intereses. Se trata de una historia repetida, de esa vieja costumbre del liberalismo argentino de cerrar las cuentas a la fuerza y con los trabajadores afuera.

La palabra del PC15.12.2017

El pueblo en la calle frenó la reforma

El Secretario General del PCA celebró la movilización popular del día de ayer y denunció que el despliegue represivo visto en el día de ayer forma parte de un ensayo general contra los sectores populares

“El pueblo en la calle ha logrado parar la reforma previsional” exclamó Víctor Kot, Secretario General del Partido Comunista, tras la histórica jornada de lucha de ayer encabezada por el pueblo argentino contra el paquetazo del gobierno.

En un comunicado difundido ayer mientras el PC era protagonista de la jornada en las calles, Kot aseveró que el Partido “se mantiene en estado de alerta y movilización”.

El dirigente comunista destacó que “en medio de un virtual Estado de Sitio, con un excesivo despliegue represivo nunca visto en democracia, el pueblo en la calle desde ayer y en el día de hoy, con sus organizaciones sociales, sindicales y políticas, ha logrado de momento, parar el tratamiento de la ley de reforma previsional, una obsesión del gobierno de CEOs presidido por Mauricio Macri”.

Luego advirtió que “de todos modos, las fuerzas del campo popular estamos en estado de alerta y movilización permanente, ante un Poder Ejecutivo prepotente con el pueblo, con los de abajo, pero absolutamente sumiso ante los requerimientos del Fondo Monetario Internacional”, dijo Kot.

Asimismo, “desde el Partido Comunista repudiamos la brutal y ridícula militarización de la Ciudad que se ha visto en estos dos días, lo que se suma a la brutal represión que las fuerzas de seguridad ejercen en el territorio nacional, allí donde surge una demanda”, expresó.

Al respecto del despliegue de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval, con toda clase de vehículos y armamentos, el Secretario General del PCA lo asemejó a “un ensayo general para probar el nuevo material represivo recientemente adquirido, entre otros al Estado de Israel, bajo la hipótesis del enemigo interno, para imponer a sangre y fuego las medidas económicas en detrimento de los trabajadores, jubilados y beneficiarios de la AUH y en beneficio de los poderes concentrados de la economía, entre los que se encuentra en la punta de la pirámide el mismo Grupo Macri”.

 

 

PROVINCIAS BAJO EL MACRISMO14.12.2017

La represión reproducida

Desde el PC de Córdoba y La Rioja confirmaron el sello represivo de estos dos años de gobierno en amarillo.

Los dos años de macrismo han dejado a las provincias de rodillas, con gobernadores, aliados o no al gobierno nacional, presionados o directamente extorsionados para secundar el ajuste y aún promoverlo dentro de sus propios distritos. Esta situación configura un escenario difícil de encarar, con los sectores populares cada vez más desencantados y con la casta dirigente cada vez más blindada por el creciente cinturón represivo de las fuerzas de seguridad.

Desde La Rioja, Rogelio De Leonardi, secretario del PC provincial adujo que “esta situación confirma las precisiones que venimos haciendo de un tiempo a esta parte, cuando hablamos sobre la necesidad de construir un frente contra el ajuste, la represión y la entrega”. Consideró que “cuando acuñamos esta frase parecía demasiado extensa y termino siendo contemplativa de una realidad que dos años después tiene vigencia”.

“El fuerte endeudamiento, que en poco tiempo llegará a los cien mil millones de dólares, una cifra impresionante, es para los comunistas una deuda era ilegitima y hoy es imposible pagarla”, manifestó y sostuvo: “la gravedad de la situación amerita que desde todos los sectores se cristalice la unidad”.

Por su parte, la cordobesa Solana López, secretaria del PC en su provincia, observó que esta “ya venía atravesando una situación de crisis económica y de represión del gobierno de Unión por Córdoba”. Agregó que en el actual contexto esto “se fue agravando” y se fueron “acentuando cada vez más los niveles de persecución”.

“No solamente hemos tenido los allanamientos a los locales, ya conocidos, sino que hace poco se realizó una movilización por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, y se perpetró la detención de una serie de jóvenes que durante varias horas estuvieron desaparecidos”, recordó la dirigente.

También se quejó: “los despidos aumentan diariamente, los sectores de la producción están disminuyendo muchísimo su actividad laboral, y esto impacta fuertemente en el conjunto de los trabajadores y de forma directa e indirecta”.

Luego informó que se está “promoviendo la constitución de una mesa social y política de diferentes sectores que pueda ir más allá del frente político que estamos sosteniendo y pueda articular con otros sectores de la sociedad civil, no solamente del ámbito de los derechos humanos, sino vinculados a los pequeñas y medianas empresas y a los movimientos territoriales y de desarrollo social, de tal forma de que se pueda ampliar la base de organización”.

SESIÓN SUSPENDIDA14.12.2017

Jornada histórica de lucha

La sesión con que el macrismo esperaba aprobar su proyecto de ajuste previsional debió ser suspendida. La represión contra los cientos de miles de ciudadanos en la Plaza de los Dos Congresos fue bestial y no tiene precedentes en tiempos de democracia.

La sesión de la Cámara Baja del Congreso Nacional con que el gobierno macrista esperaba lograr el aval necesario para aplicar sobre los trabajadores su recesivo paquete de medidas de ajuste sobre lo previsional, debió ser suspendida tras una bestial represión en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, donde se habían concentrado cientos de miles de ciudadanos dispuestos a enfrentar el ajuste.

La plaza había sido vallada, con inteligencia represiva, durante la madrugada, de modo que los manifestantes no pudieron sino acercarse hacia las vallas, que los alejaban del Congreso. Además de este dispositivo, las fuerzas represivas contaban con miles de uniformados, mayormente de Gendarmería, pero no faltaron los de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Aeroportuaria.

El horario previsto de inicio de la sesión era el de las 14, habiendo sido este el momento en que los uniformados empezaron a disparar balazos de goma y bombas de gases lacrimógenos. Fue un despliegue feroz que eclipsó la bestialidad de la represión perpetrada el día anterior contra quienes se manifestaban en contra de los mandatos imperiales de la OMC.

La histórica Plaza de los Dos Congresos, hacia la que también se había acercado una nutrida columna del PC, se convirtió en un escenario represivo al cual no se podía acercarse debido a la densidad del gas lacrimógeno. Los uniformados dispararon sobre militantes, transeúntes o trabajadores de prensa a una distancia de medio metro.

Cebados en su violencia, suspendida la sesión no dejaron de disparar. Fue cuando comenzó el despliegue táctico, inteligente, de las fuerzas policiales, que comenzaron a castigar con mandobles y patadas a los manifestantes que, enfurecidos por esta acción, se negaban a abandonar la plaza que habían copado en defensa de los jubilados.

En tanto, dentro del recinto congresal se quiso forzar el quórum sentando a dos diputados que aún no habían juramentado. La diputada oficialista, Elisa Carrió, dueña de sí como pocas veces, con sonrisa irónica instaba a los diputados a no chocar con las fuerzas represivas (varios diputados opositores habían sido apaleados afuera) como si estas fueran las víctimas y no el pueblo.

Al cierre de esta edición, la represión proseguía y las fuerzas policiales recorrían los alrededores del Congreso apresando y apaleando manifestantes. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en tanto brindaba una conferencia de prensa en la que decía que los opositores “no quisieron debatir”. Reforzando el cinismo y mintiendo a la sociedad argentina, llegó a manifestar: “vinimos a desarrollar la paz” y a calificar de “minoría” a los sectores que salieron a defender los derechos previsionales.

Sin argumentos, objetó que lo sucedido se dio por la intención de Cambiemos de solucionar los “problemas que ellos nos dejaron”, endilgando como siempre las causas de lo sucedido a la gestión precedente. Y lejos de ofrecer disculpas al pueblo por la represión, reforzó la apuesta de las derechas manifestando “estamos convencidos del proyecto” y apuntando: “esa ley tiene que salir”.

En estas horas, esperando la reanudación de las sesiones especiales, la ciudad de Buenos Aires sigue patrullada por efectivos policiales y custodiada por la misma Gendarmería sospechada de desaparecer y asesinar a Santiago Maldonado. La capital argentina ha recuperado, para mal de su noble y gloriosa historia popular, el aspecto de una ciudad en estado de sitio. En tanto, Mauricio Macri no aparece y las balas silban.

El paquetazo en la encrucijada

“Venimos a hacer la reforma que nadie se animó a hacer”, dijo el jefe de bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, el lunes en la reunión de comisiones que en forma exprés dio luz verde al proyecto que hoy se iba a debatir en la cámara baja. Allí, además, recordó que dos meses atrás Cambiemos volvió a ganar elecciones.

Como el resto de su bancada y el propio Gobierno, Massot sabe que los argumentos que puede exhibir son muy lábiles, de ahí tanto afán en el intento de que el tratamiento del proyecto pase lo más rápido posible y, así, se evite que el debate pueda propalarse por sectores más amplios de la sociedad.

Por eso, tras el espaldarazo del 22 de octubre, La Rosada aceleró el proceso por el que el tándem de poder real que gobierna desde diciembre de 2015, pretende darle sustento de ley a la transferencia regresiva de riqueza que sueña sea definitiva.

En este carácter refundacional que adquiere la “reforma permanente” que postula Macri, el Paquetazo avanza con sus principales componentes delineados por el tarifazo crónico, las reformas regresivas en lo laboral, lo impositivo, los sistemas sanitario y educativo.

Y, por supuesto la que pretende perpetrar sobre el sistema de jubilaciones que es la médula de todo este mecanismo, ya que es de ahí de donde el Gobierno pretende sacar los recursos para financiar el Proyecto Vidal, que es la carta ganadora que el tándem de poder real juega para perpetrarse en el gobierno.

Entre otras cosas, el Paquetazo viene a garantizar que la gobernadora bonaerense disponga de fondos necesarios para tapar el agujero fiscal que ya profundizó en apenas dos años y para poder seguir incrementando una deuda que ya es alarmante, todo esto, manteniendo la imagen de una gestión que es la nave insignia de Cambiemos.

Así las cosas, el “ahorro” que el ejecutivo espera hacer a costillas de las personas adultas mayores, por medio de la modificación del sistema que se utiliza para calcular la actualización de las jubilaciones, rondaría los 115 mil millones de pesos durante 2018, si se basa en el cálculo menos duro.

Con esto el ejecutivo espera dejar satisfechos a los gobernadores y apuntalar la construcción de su nuevo enfoque fiscal respecto al déficit. El costo es elevado: esta perspectiva equivale a sumergir en la pobreza a alrededor de 17 millones de adultos mayores y personas que por su estado de vulnerabilidad socioeconómica perciben la AUH.

¿Pero si lo que se quiere es avanzar en un enfoque tendiente a bajar el déficit fiscal, es el bolsillo de los jubilados el mejor lugar de dónde sacar?

Sólo en concepto del pago de Lebacs, es decir timba financiera, las arcas estatales pierden alrededor de 360 mil millones de pesos, otros 230 mil millones de pesos es lo que se va a pagar en lo inmediato por intereses de deuda que toma el ejecutivo que, apenas asumió, resignó recaudar cerca de setenta mil millones de pesos en concepto de retenciones a la minería y el agronegocio.

Por otra parte, este año el Congreso autorizó la condonación de19 mil millones de pesos de deuda a las empresas eléctricas que, además, se beneficiaron con aumentos de tarifas de casi el mil por ciento.

Y todavía está por definirse qué va a pasar con los setenta mil millones de pesos que quiso autoperdonarse el presidente Macri, correspondientes al dinero que el Grupo corporativo que encabezó, le birló al Estado cuando estuvo a cargo del Correo.

Estos son sólo algunos datos que dejan claro que, si se quiere, hay de dónde sacar para revertir la situación de déficit que el Gobierno Cambiemos catapultó a cifras desastrosas.

Pero desde una clara perspectiva de clase, el ejecutivo avanza a como dé lugar con su Paquetazo en un contexto en el que, además, propicia una inflación agobiante, un horizonte en el que la reactivación es una verdadera quimera y una profundización de la apertura indiscriminada de exportaciones que fomenta el reemplazo de trabajo nacional por el que se realiza en países donde el salario promedio se coloca en la mitad del que perciben los trabajadores en Argentina.

Lo nuevo no tiene nada de nuevo14.12.2017

El espejo español

Un sistema financiero que crea una crisis. Una crisis de la que se pretende salir dinamitando el sistema previsional. Y un sistema financiero que, al final del camino, se queda con todo.

Días atrás, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, sorprendió con un argumento sumamente audaz, cuando comparó el régimen y el valor de las jubilaciones que surgiría del proyecto del ejecutivo, con lo que cobran los adultos mayores en Finlandia.

“La mayoría de los países actualizan por inflación. Algunos países tienen exactamente la misma fórmula que se decidió ayer, por ejemplo Finlandia tiene ochenta por inflación y veinte por salario”, dijo.

Y cuando se lo consultó acerca de si el monto de las jubilaciones en Finlandia eran más bajas que las argentinas, respondió que, “las jubilaciones públicas en la Argentina están entre las más altas, lo que sucede es que en otros países hay sistemas privados que las complementan, son un suerte de Afjp para hacer ahorro voluntarios”.

Aquí vale destacar dos cosas, en Argentina, la mínima es de 7.246 pesos, algo así como 335 euros y con la fórmula de recomposición prevista por la iniciativa del ejecutivo, llegarían a los 340 euros.

Por su parte, en Finlandia hay un régimen mixto unificado en un haber que combina pensiones por ingresos de los trabajadores similares a las Afjp y otro de prestaciones mínimas universales a partir de fondos estatales. Ahí, con 65 años y tres años de residencia mínima, la pensión de vejez del régimen general alcanza los 753 euros, lo que equivale a 16.164 pesos.

Así las cosas, a falta de fundamentos sólidos para avalar su proyecto, La Rosada recurre al argumento de que -con su iniciativa- Argentina se va a poner a tono de lo que pasa en el resto del mundo, tal como lo recalcó el lunes en el plenario de comisiones del Congreso el propio ministro Dujovne.

Queda claro que esto de “abrirse al mundo” es una obsesión para el Gobierno Cambiemos ¿Pero en el resto del planeta quién está haciendo las cosas como pretende el ejecutivo que se hagan en Argentina?

¿Quién se acuerda de Friedman?

A la hora de revisar casuística queda al desnudo la falacia del argumento gubernamental, ya que es difícil encontrar algún país de economía capitalista central, que esté recorriendo el camino que La Rosada quiere que transitemos. Pero hay uno que sí lo está haciendo.

Cabalgando sobre el fantasma de la crisis financiera que estalló en 2008, la misma que tuvo un hito en la burbuja inmobiliaria y que se saldó con el salvataje estatal a la banca y ajuste crónico para la sociedad, una fuerte campaña gubernamental y massmediática instaló que era preciso rediseñar el sistema público de pensiones.

De todos modos -hasta 2011- y pese a que casi cinco millones de personas estaban desempleadas, este sistema carecía de déficit y se aportaba al Fondo de Reserva.

Pero ya en 2016 la Seguridad Social presentó un déficit que supera los quince mil millones de euros.

¿Qué pasó en el medio? Hace seis años, con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, también comenzó a hacerlo el déficit del sistema y, coincidentemente, se empezó a desfinanciar al Fondo de Reserva, al tiempo que el dinero de La Hucha como se lo conoce en España, empezó a usarse para invertirlo en autocartera, esto es, para comprar deuda pública española que, al paso que van las cosas, va a ser impagable a menos que llegue el “rescate” de instancias supranacionales que ya sabemos qué piden a cambio.

Así las cosas, el de España es un caso clásico de profecía autocumplida: una fortísima campaña instala que el sistema está en crisis lo que genera condiciones para su vaciamiento y destrucción, pero también para legitimar la participación de los organismos internacionales y sus “recomendaciones” y, así, propiciar la llegada de los fondos privados de pensión.

¿Qué es una historia conocida? Si le parece eso, espere a leer lo que viene. El gobierno del PP, sí, ese al que Mauricio Macri reconoce como su modelo, recortó sólo durante su período inicial, recursos de la Seguridad Social por 60.847 millones de euros que, mecánicamente, fueron transferidos a los sectores más concentrados del capital privado.

¿Pero cómo lo hizo? Casi cuarenta mil millones de este desfinanciamiento fue producto de la flexibilización laboral basada en contratos precarios y destrucción de puestos de trabajo, pero también a cambio de crear empleo inestable y precario.

Además, el Estado subsidió a empresas privadas por medio de bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social, por más de 21 mil millones. Y esto no es todo. También se avanzó en exenciones fiscales para beneficiar a fondos privados de pensión por alrededor de diez mil millones de euros.

Es que la reforma laboral que volvió muy barato despedir trabajadores, también ocasionó una caída salarial promedio del quince por ciento, en un escenario en el que lo poco de empleo que se crea es de escasa calidad, temporal –a veces mediante contratos de días u horas-, inestable y con poco salario.

Todo esto flexibiliza, más aún, la relación entre capital y trabajo, lo que favorece la informalidad que aporta al vaciamiento del sistema.

Así, un sistema de pensiones desfinanciado, induce a los trabajadores que todavía pueden hacerlo, a complementar sus aportes en un sistema privado que, como se verá más adelante, no garantiza nada a excepción de un formidable negocio para la banca. Sí, esa misma banca que provocó la crisis financiera que desencadenó el alud que se cargó al sistema público de pensiones.

Como se verá, aquí también los muchachos están en todo.

¿Pero cuál es el resultado de todo esto? Sencillo, se prolongan los años que es necesario trabajar para poder obtener una jubilación mucho más baja que lo que hubiera correspondido.

Es que lo que hicieron en España, en el caso de las jubilaciones públicas, fue modificar la fórmula de revalorización lo que va a provocar, de aquí a ocho años, que las pensiones bajen un 25 por ciento.

Como se ve, es espejo español sirve para reflejar lo que ahora se pretende hacer en Argentina. La maniobra es evidente y está destinada sólo a beneficiar al sistema financiero a costillas de los actuales jubilados, pero también de los trabajadores activos, ahora y cuando se jubilen.

Pero no hay que ir tan lejos para apreciar qué pasa al final del camino. En Chile, la dictadura instalada en 1973 tuvo a Milton Friedman como uno de sus principales puntales. Ahí, esta mezcla de fundamentalistas y psicópatas del mercado que comandaba el economista y profesor de la Universidad de Chicago, usaron a todo un país como conejillo de indias para experimentar sus perversas y criminales teorías.

Uno de los aspectos centrales de ese rediseño social fue el capítulo reservado al sistema de jubilaciones. El experimento neoliberal desarrollado en nombre de “la libertad y el mercado” y contra la “ineficiencia del Estado” provocó desigualdad, privó a decenas de miles de trabajadores del derechos a una jubilación y convirtió al sistema en una suerte de factoría de la que, constantemente, drena riqueza hacia la banca.

 

 

Militarización y represión14.12.2017

Buenos Aires, ciudad cercada

Alrededor de doscientas mil personas participaron de una movilización contra la OMC y el ajuste. Ante el Congreso Gendarmería cargó contra los manifestantes ¿Hasta dónde va a llegar la violencia institucional?

Ayer a la hora 20, en una improvisada ronda de prensa, Marcos Peña se mostraba optimista en que, hoy jueves, el oficialismo obtuviera una votación favorable al proyecto de reforma jubilatoria y añadía que para eso, “estamos dialogando con todos los sectores”.

Pero lo que acababa de pasar, pocos minutos antes, en las inmediaciones del Congreso, poco tenía que ver con ese “diálogo” al que aludió el jefe de Gabinete.

Es que ante un Parlamento cercado por un impresionante e inédito operativo implementado por personal de Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad, se desató una vez más, una feroz cacería que en esta ocasión tuvo como objetivo a quienes tras protagonizar una multitudinaria movilización convocada por movimientos sociales y sindicatos, intentaban montar una vigilia para esperar el tratamiento del proyecto de reforma previsional.

Ahí, los uniformados no sólo atacaron a los manifestantes, sino que impidieron el paso de diputados que intentaban evitar la represión. Además de varios heridos, entre ellos los diputados Victoria Donda y Leonardo Grosso, hubo al menos dos detenidos.

“Dispararon contra la gente”, dijo un testigo presencial” a la hora de señalar la violencia con que actuaron las fuerzas federales.

Lo que ahí pasó enciende luces de alerta pero no puede sorprender a nadie. Hace una semana en Neuquén, el diputado provincial, Raúl Godoy, fue herido de bala y debió ser internado e intervenido quirúrgicamente.

Todo ocurrió cuando el legislador quiso mediar entre los trabajadores de la Maderera MAM -ubicada en el parque industrial provincial- que resisten el cierre de la planta y policías de Neuquén y del Grupo Especial de Operaciones Federales que le dispararon a quemarropa.

El titular de la cartera de Seguridad de esta provincia, Jorge Lara, fue ministro de gobierno de Jorge Sobisch, cuando asesinaron a Carlos Fuentealba.

Similitudes y apellidos que se repiten, la que hoy es responsable de comandar este desproporcionado y agresivo operativo, es quien hace 17 años ocupaba la cartera de Trabajo cuando Fernando de la Rúa era presidente. Desde ese ministerio llevó a cabo el recorte del trece por ciento a los jubilados.

Esa vez, el gobierno dijo que la medida era audaz, Patricia Bullrich la justificó argumentando que fue “dolorosa, pero necesaria”. Y recalcó: “es una medida firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer”, al explicar las razones del recorte, por supuesto, en el programa de Mirtha Legrand.

Ahora con el control de Gendarmería y Prefectura ,cada vez mas adaptadas a la represión interna y cada vez más lejos de la función que específicamente le impone la Ley, es quién garantiza -por medio del terror- que otro recorte más estructural que aquel sea perpetrado contra los jubilados, los pensionados, quienes perciben el derecho de la AUH, los ex combatientes de Malvinas y personas con discapacidad.

¿Fujimorazo?

Ayer ante el Congreso no hubo encapuchados ni agresiones por parte de los manifestantes, sencillamente la orden que recibieron los uniformados fue copar las adyacencias del Palacio Legislativo y lo hicieron a sangre y fuego. La pantomima que menos de un día antes hicieran en la intersección de Callao y Corrientes, se volvió realidad ante el Parlamento.

La decisión del gobierno de imponer el capítulo más crítico del Paquetazo por medio de la represión, es un paso muy peligroso e inédito, quizás el peor desde que en 1983 volvieran a funcionar las instituciones previstas en el contexto del Estado Liberal Burgués.

¿Qué pasará si pese a los carpetazos y aprietes, más allá de la extorsión ejercidas contra los gobernadores y el amedrentamiento social que se intenta imponer fracasa el Paquetazo, aunque sea parcialmente?

A la hora de explicar su voto positivo, Elisa Carrió volvió a aseverar que hay una suerte de fuerzas oscuras que pretenden atentar contra el Gobierno Cambiemos. Por su parte, en un reportaje difundido el fin de semana, Mauricio Macri planteó que “si cumplimos este sendero, la economía no va a estallar” ¿Y si no qué? ¿Acaso si no prospera el Paquetazo el ejecutivo piensa usar a esta misma fuerza represiva para intentar un fujimorazo? Suena algo descabellado, pero queda claro que en La Rosada hay quienes sueñan con su propia versión del incendio del Reichstag.

Pese a los asesinatos de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado ayer en el Boletín Oficial que lleva la firma del jefe de Estado, el ejecutivo amplió el presupuesto nacional de este año en más de doscientos mil millones de pesos.

El destino principal del incremento fue el pago de servicios de deuda, salarios y jubilaciones. De ellos, 2.400 millones fueron a parar a las arcas de la cartera que encabeza Patricia Bullrich para ser destinados a Gendarmería Nacional: 419.823 pesos se usarán a la compra de “equipo militar y de seguridad”.

Llamado a la unidad en a la acción12.12.2017

Resistencia en el Chaco

Diferentes organizaciones populares, entre ellas el Partido Comunista, advierten sobre el “deterioro de las instituciones” que perpetra el gobierno nacional.

En la provincia del Chaco, diferente organizaciones sociales, partidos políticos y sectores populares suscribieron un documento titulado “Unidad para defender la democracia”, que van a presentar mañana miércoles 13 en la Cámara de Diputados en la que hacen pública su preocupación “ante el creciente deterioro de la democracia en nuestro país”.

El documento que, entre otros, firmaron el Partido Comunista y la CTA de esta provincia, señala que es preciso “constituirnos en alerta permanente ante el creciente deterioro de la democracia y el empleo de métodos contrarios a las libertades civiles para imponer un modelo económico-social”, por parte del Gobierno.

Y, en esta dirección, recalca que “las detenciones masivas a dirigentes sociales y políticos y el intento de encarcelar a la principal líder de la oposición, Cristina Fernández, son sólo una muestra de ese deterioro”.

También señala distintos hechos que califica como “métodos irregulares por los cuales el ejecutivo, junto a un aparato mediático y judicial, impone restricciones a las libertades y procura fortalecer un poder que se aparta del marco constitucional de nuestro país”.

Entre ellos, recuerda el asesinato de Rafael Nahuel “por la espalda en el marco de un conflicto de tierras”, el empleo de policías provinciales para reprimir la protesta social, “la apelación al relato de que existen focos terroristas” y la demonización de familiares de víctimas como Santiago Maldonado y los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“No tenemos dudas de que las acciones descriptas constituyen el marco político desde el cual se ejecutan reformas en contra del pueblo”, por lo que “atemorizar, ocultar, acallar voces, establecer un discurso único y demonizar políticas populares trae tras de sí un proceso de transferencia patrimonial y de ingresos a favor de empresas extranjeras, sectores de las finanzas y grandes empresas e históricos sectores del poder concentrado de nuestro país”.

Convocatoria

Asimismo, los firmantes coinciden en puntualizar que “algunas de las políticas en marcha que se tratan de garantizar a través del deterioro de las instituciones” y cita al respecto al Paquetazo que esta semana espera debatir el Congreso.

“A punto de ser consagradas con el apoyo de opositores comprados, cómplices o temerosos”, las reformas regresivas que consagran esos proyectos, remarca, “significan conculcar derechos de la tercera edad, de sujetos de derecho de la AUH, trabajadores, cooperativas y pequeñas y medianas empresas nacionales”.

Y hacen hincapié en que “con el Pacto Fiscal se persigue continuar manteniendo de rodillas a las provincias, como marco de la creciente pérdida de federalismo y autonomías provinciales y legitimar el endeudamiento que compromete a nuestras futuras generaciones”.

Por eso, destacan, “entendemos la necesidad de llevar adelante acciones concretas de unidad con los sectores y espacios que hoy resisten las políticas de exclusión y defienden la democracia, a la vez de comprometer nuestra tarea en pos de sumar esfuerzos para profundizar el debate social sobre las nefastas consecuencias que el proyecto de Cambiemos tendrán para nuestro país”.

 

 

Las pymes advierten12.12.2017

Con TLC no

Apyme encendió luces de alarma por la inminente concreción del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Diferentes voces se alzaron desde el espacio pyme para rechazar a la Cumbre de la OMC que durante estos días se celebra en la ciudad de Buenos Aires y, sobre todo, para señalar el peligro que para este sector significan los acuerdos de libre comercio.

En este sentido, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) participó hoy martes de la Cumbre de los Pueblos que protagonizan sectores sindicales, políticos, productivos y sociales.

Lo hizo en un encuentro que tuvo lugar en la sede que la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo posee en el centro de la ciudad bajo el lema “Hacia una verdadera Agenda del Desarrollo para los/as trabajadores/as y los excluidos”.

Apyme viene alertando sobre el peligro que representan los acuerdos acuerdo de libre comercio como el que pretende suscribir el gobierno entre el Mercosur y la Unión Europea, “de espaldas a la sociedad y en consonancia con la reunión ministerial de la OMC”.

Al respecto, Apyme denunció que el Ejecutivo “busca ratificar la voluntad de nuestro país de ‘insertarse en el mundo’, lo que desde la perspectiva del libre comercio significa desarticular las políticas soberanas que permitan a los países más débiles corregir las asimetrías con los más desarrollados en el intercambio comercial, favoreciendo los negocios y el abaratamiento de costos de las grandes multinacionales”.

Y advirtió que, “de avanzar en este sentido, lejos de paliar la emergencia en que se encuentra la mayoría de las pymes el gobierno las dejará libradas definitivamente a su suerte en un contexto de ahogo financiero, subas de tarifas y combustibles, agobio fiscal y caída del crédito productivo”.

Contra el Paquetazo

Por su parte, días atrás, Apyme se pronunció contra el Paquetazo del Ejecutivo que, en estos días, se debate en el Congreso. “Las reformas que se debaten significan mayores desregulaciones y beneficios para las grandes empresas locales y extranjeras en perjuicio de los sectores más vulnerables, los trabajadores y las pymes, que dependen del mercado interno”, dijo el presidente de la entidad, Eduardo Fernández.

Asimismo, Fernández alertó sobre los proyectos de modificaciones a la Defensa de la Competencia y el mercado de capitales impulsado por el gobierno, que buscan “una mayor desregulación en favor de las empresas concentradas y los mercados, en perjuicio de la producción nacional y las pymes”.

Y fue contundente cuando hizo hincapié en que “el sentido de estas leyes queda claro con las afirmaciones del ministro Dujovne ante los grandes empresarios de la UIA, en cuanto a que el Estado tendrá menos peso de ahora en más. Cuando el Estado se retira, se impone la ley de la selva”.

Tras lo que enfatizó que el “reformismo permanente” que predica el gobierno “no es otra cosa que la implementación de un programa de ajuste de las cuentas públicas, de acuerdo con la política de endeudamiento externo y las recomendaciones del FMI”.

MARCHAS POR VENIR08.12.2017

Con los jubilados luchando

Para el 13 de diciembre se realizará una marcha que será prolegómeno del abrazo al Congreso previsto para el 20 en contra del ajuste macrista.

Se prevé que el día 20 de diciembre, organizaciones sociales y políticas realicen un abrazo al Congreso Nacional en rechazo de las políticas de ajuste del gobierno macrista. Pero, como antesala de esa masificación de las protestas, el día 13 ya se va a realizar otra, contando esta con el activo apoyo de la Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, los cuales se hallan entre los más perjudicados por el ajuste.

Ambas manifestaciones, sujetas todavía a los resultados en los debates congresales del paquete de medidas ajustadoras, se realizarán de común acuerdo en unidad con las conducciones de las dos CTA y del sector de la CGT que es crítico a las políticas del gobierno.

Carlos Valle, presidente de la dicha Confederación, explicó al respecto: “estamos unificados con el resto en contra del ajuste y hemos rechazado de plano los proyectos presentados por el Ejecutivo”. Y sobre estos, repuso: “son en contra del pueblo y continúan con la línea de transferencia económica de los más pobres al poder económico concentrado”.

Expresó también que el macrismo “continúa la línea de meter en el hambre y la miseria al pueblo y de flexibilizar el trabajo” aunque, especificó, “hay una cantidad de legisladores y dirigentes sindicales que están reaccionando en este momento”. “Vamos despertando”, consideró con esperanza.

Asimismo, manifestó que a los jubilados y pensionados que aún no se han movilizado contra el paquete ajustador “hay que decirles que es necesario hacerlo aunque la víctima principal sean los trabajadores en actividad, que van a perder parte de sus posibilidades para jubilarse y, tal vez, la jubilación”.

“Esperemos que la lucha unitaria permita que eso no se concrete”, adujo y fustigó: “han venido por todo y pretenden que el sistema previsional argentino quiebre para volver ellos a hacerse cargo de todos los fondos previsionales”.

En ese sentido recordó que “habíamos pasado los 80 mil millones de dólares en el Fondo de Garantías y ellos recibieron más de 55 mil millones de dólares, muy superior a las reservas del país”. Agregó que “eso es lo que nosotros habíamos conseguido para hacer sustentable el sistema” y señaló: “si ellos se apropian de los fondos previsionales el sistema entra a decaer sin ninguna duda”.

“De ninguna manera estamos dispuestos a que quiebre”, dijo Valle con energía y sentenció que para el actual gobierno argentino (al que recriminó su seguidismo de los dictámenes del FMI) “es un gran problema que los mayores vivan más”.

 

Prevención contra la Tortura07.12.2017

Rosario, zona de riesgo

Un informe da cuenta de que se tortura en el Instituto para la Recuperación del Adolescente. “Los pibes de ese centro confirman lo que verdaderamente ahí pasa”, señaló el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galloti.

El Subcomité para la Prevención contra la Tortura de la ONU reveló un informe de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho que dirige Enrique Font, en el que se advierte que en la provincia de Santa Fe se demora la implementación de un mecanismo tendiente a detectar y erradicar la tortura en instituciones policiales y penales.

Uno de los casos que se denuncia es el del Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar) que tiene sede en Rosario, donde de acuerdo a este trabajo, se detectaron malos tratos y “casos atroces”.

Ahí constan denuncias que señalan que en el Irar, los internos suelen ser esposados con sus manos en la espalda, boca abajo, al tiempo que se les coloca peso encima y guardias caminan sobre sus cuerpos y los golpeaban sin dejar marcas sólo detectables por medio de estudios complejos.

El informe también da cuenta del caso de María de los Ángeles Paris, quien murió en circunstancias nunca aclaradas dentro de la comisaría 10 y el de Franco Casco quien, en 2014, fue detenido ilegalmente dentro de la comisaría 7, tras lo que su cadáver apareció flotando en aguas del río Paraná.

Vale citar que el protocolo que se reclama ya fue puesto en vigencia en Chaco, Río Negro, Mendoza, Salta, Corrientes y Misiones, pero en Santa Fe fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto tendiente a la creación de este mecanismo, en cinco oportunidades y sin que pudiera prosperar.

Zona caliente

“Los pibes de ese centro confirman que, verdaderamente, ahí se tortura”, señaló el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Galloti y recordó que “para hablar de la zona sudoeste de Rosario, tenemos que hablar de la connivencia que existe entre el sector político, judicial y la policía con diferentes tipos de delito, fundamentalmente, aquellos vinculados al tráfico de drogas”.

Y fue claro cuando recalcó que “hay cerca de 1500 bunkers de venta de droga en Rosario y la justicia provincial solamente actúa sobre delitos comunes, en caso de los delitos de drogas, es la justicia federal la que interviene, pero parece que trabajan de forma absolutamente independiente y nadie puede actuar de oficio conociendo el volumen del negocio de la droga en la ciudad de Rosario”.

Tras lo que, en esta dirección, recordó que “en estos días se está juzgando a la famosa Banda de los Monos, la organización más grande de narcotraficantes y de sicarios que hay en Rosario y que más de la mitad de sus integrantes son ex policías y policías en actividad”, por lo que “la connivencia no pasa sólo por hacer la vista gorda, sino que son actores principales del negocio de la droga, junto a sectores del Poder Judicial y de la política”.

Todo esto, reflexionó Galloti, “lleva a entender que no existe un Poder Judicial ni político ni fuerza de seguridad que tenga como objetivo central combatir todo tipo de delitos y, por supuesto, menos querer desterrar las practicas de las torturas de cualquier tipo de delincuente”.

Y denunció que el gobernador, Miguel Lifschitz, “tiene un fuerte compromiso con la mirada de la alianza Cambiemos, sobre todo, después de haber firmado el acuerdo el Pacto Fiscal que significa un achicamiento en todas las áreas públicas que, por supuesto, afecta a los sectores más castigados por las políticas de concentración de la riqueza”.

Algo que, destacó, “tiene como consecuencia el crecimiento de bolsones de pobreza y exclusión en Rosario, donde a veces el delito es la salida desesperada, todo al tiempo que se estigmatiza al pobre y al desocupado igualándolo a un delincuente”.

Esto, puntualizó, “trae aparejada una mirada fascista de la sociedad, apoyada desde los medios de comunicación, que insiste con que es preciso bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes desde un enfoque que plantea que por el lugar donde se nace se es delincuente”.

Todo esto, aseveró el dirigente del PC de Rosario, “son datos a tener en cuenta para comprender qué pasa en el Irar donde hay pibes con causas penales y de los barrios más pobres a los que, difícilmente, alguien quiera defender”.

La pampa y Río Negro07.12.2017

La clave es la movilización

El titular del partido Comunista de Bariloche, Rubén Terrile confía en que la lucha, en unidad y acción, frene las reformas regresivas que intenta imponer el gobierno.

“Debe crecer la idea de estar movilizados para reclamar a los diputados de la provincia que voten en contra de estos proyectos de ley”, señaló el secretario del Partido Comunista de Bariloche, Rubén Terrile, quien aclaró que esta decisión “debe tomarse en un contexto de amplia unidad en la acción, tal como lo propone la CTA de los Trabajadores”.

Pero no sólo desde Río Negro se escuchan voces en tal sentido. En La Pampa, el dirigente del PC, Sergio Ibaceta, recalcó que es preciso que la movilización cuestione a la posición de los senadores que votaron a favor de la reforma previsional y que “haga reflexionar a los diputados que tendrán que manifestarse al respecto”.

Asimismo, Ibaceta hizo hincapié en que, en algunos casos “hubo traición”, pero también funcionó la presión que ejerció el Ejecutivo nacional hacia los gobernadores. “Aquí, en La Pampa, el gobernador Verna se había mostrado como opositor al gobierno, pero después del Pacto Fiscal, él mismo denunció que sufrió extorsión por parte del gobierno central y que por eso firmó, por una cuestión de gobernabilidad, pero bajo extorsión”.

Y fue contundente cuando destacó que “ellos aprueban estas leyes y como dijo Pichetto, lo hacen ‘incómodos’, pero los que deberían sentirse incómodos son los jubilados y trabajadores que son los principales perjudicados”.

Tras lo que puntualizó: “ahora habrá que ver qué compromisos son los asumidos por los gobernadores en función de una gobernabilidad momentánea, porque cuando el Estado nacional comience a manifestar sus crisis, los va a arrastrar, por más que hayan firmado Pacto Fiscal”.

Y, destacó, “ahí la historia los va a mostrar como lo que han sido, los cómplices de la pérdida de derechos, en concreto, a personas de carne y hueso”.

Postura del Partido Comunista07.12.2017

Se desató una cacería política

“Sin precedentes en democracia”, así califica a la andanada de detenciones de ex funcionarios gubernamentales llevadas a cabo a instancias del juez Claudio Bonadío. Una de ellas incluye a la ex presidenta Cristina Fernández. “Estamos ante una situaciónasqueante”, dijoEduardo Barcesat.

“La detención del ex funcionario Carlos Zanini y del dirigente Luis D’Elía, llevadas a cabo en la madrugada de hoy, y el pedido de desafuero de la recientemente electa senadora Cristina Fernández de Kirchner es un paso más del plan de ajuste, entrega y represión del gobierno de Mauricio Macri, que ha desatado una cacería política sin precedentes desde la recuperación de la democracia”.

De esta manera define, por medio de una declaración, el Secretariado del Partido Comunista, a la decisión del juez federal, Claudio Bonadío, quien pidió el desafuero y la prisión preventiva para la senadora Cristina Fernández, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la Amia que investiga el memorándum de entendimiento que Argentinasuscribió con Irán.

Vale recordar que ese documento, que nunca entró en vigencia, fue firmado por los entonces cancilleres de Irán y Argentina, Ali AkbarSalehi y Héctor Timerman, en 2013, en la capital de Etiopía, Addis Abeba. El documento pretendía un punto de acercamiento que permitiera que el Poder Judicial argentino indagara a ciudadanos iraníes imputados de haber participado en el atentado perpetrado en julio de 1994 contra la sede de la Amia en Buenos Aires.

Bonadío también pidió también la detención del ex canciller Héctor Timerman, aunque por su estado de salud que es delicado, solicitó la prisión domiciliaria.

Por su parte, durante la madrugada fueron detenidos el ex secretario General de la Presidencia, Carlos Zannini, el dirigente social, Luis D’Elía y el referente de parte de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil.

Por otra parte, el juzgado a cargo de Bonadiodictó el procesamiento sin prisión preventiva del ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y del diputado y dirigente Andrés Larroque.

Estas detenciones tienen lugar en el contexto de la decisión de Bonadiode avanzaren la denuncia que, en 2015, hiciera el fiscal Alberto Nisman, quien acusó la firma del memorándum como “traición a la patria”.

Cabe citar que este memorándum nunca se aplicó porque, pese a que fuera aprobado por el Congreso de Argentina, donde ni siquiera aquellos que votaron en contra señalaron que fuera ilegal, no hizo lo propio el Parlamento iraní.

Memorándum

La imputación de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, a quien acaban de poner al borde del juicio político, porque básicamente este magistrado dijo que no podía investigar algo que nunca sucedió, ya que el memorándum nunca se puso en marcha.

Pero la denuncia de Nisman, que en 2015 fue un ariete que el tándem de poder real utilizó para consolidar masa de maniobra y azuzar al gobierno que encabezaba Cristina Fernández, ahora se convirtió en una herramienta que ese mismo tándem, ya en La Rosada, está dispuesto a seguir utilizando.

“Aescasas horas de cumplir dos años de gestión, el macrismo concentra en sus manos la suma del poder político, económico, mediático y judicial, con medidas de amedrentamiento, amenazas, una lista de presos políticos”,recalca el Secretariado del PC.

Y al concatenar estos episodios con las detenciones ordenadas por Bonadío, recuerda que esta estrategia de amedrentamiento “comienza con la detención de Milagro Sala y sus compañeros, con muertos y presos en ocasión de acciones represivas, persecución a medios de comunicación opositores y despido de periodistas”, al tiempo que “se consuma con este atropello a la oposición para despejar el camino que le permita aplicar sin voces críticas las recetas del Fondo Monetario Internacional”.

Por lo que, finaliza, “hoy más que nunca es imprescindible la unidad de acción del movimiento popular, para resistir la andanada de medidas de desmantelamiento y enajenación del Estado”.

Por su parte, el constitucionalista Eduardo Barcesat, advirtió que con este tipo de medidas “asistimos a un derrumbe del Estado de Derecho y de la institucionalidad, que es necesario informar”, tras lo que recalcó que “estamos ante una situaciónasqueante” y recordó que “el Congreso aprobó el memorando con Irán”, por lo que definió al caso como “una causa ficcional”.

Y, sin dudarlo, hizo hincapié en que “estamos ante una persecución política, donde el Poder Judicial se convierte en una dependencia jurisdiccional del Poder Ejecutivo” para concluir que “cuando estamos ante un estrago doloso de los tripulantes del ARA San Juan, esta decisión de Bonadio cae como anillo al dedo”.

Salta y San Luis07.12.2017

Resistencia al Paquetazo

“Debemos ser miles de personas en la puerta del Congreso, gritándoles en la cara a los diputados que el pueblo no votó esto”, dijo Juan Larrea, ex legislador puntano.

La llave con la que el Ejecutivo confía abrir en el Congreso la puerta que le permita convertir en realidad el Paquetazo, es el pacto que celebró semanas atrás, en La Rosada, con casi todos los gobernadores del país.

Pero hubo una excepción. El puntano,Alberto Rodríguez Saá, se diferenció. “San Luis no firmó ni firmará” el Consenso Fiscal en el que estamparon sus firmas 23mandatarios provinciales, recalcó y añadió que su decisión se basa en que, hacerlo, “implica un fuerte ajuste de la inversión pública y la reducción de impuestos provinciales”.

Al dar a conocer su postura, Rodríguez Saá recalcó que no podía resignar, a cambio de bonos, la deuda de la Nación posee con su provincia, porque esto ocasionaría un enorme perjuicio.

“San Luis es particularmente distinta a la del resto de las provincias”, señaló al respecto el titular del Partido Comunista puntano, Juan Larrea, quien explicó que “este es uno de los fundamentos más importantes por los que hemos integrado el Frente de Unidad Justicialista que triunfó en las elecciones de octubre, recuperando una situación electoral de las primariasdonde estábamos veinte puntos abajo”.

Asimismo, Larrea aclaró que lossenadores y diputados nacionales de este espacio “estarán al servicio de la causa de impedir que esta nefasta reformulación de la política social de Argentinapueda avanzar alegremente”.

Y puntualizó que el Paquetazo, como el Impuestazo crónico que impone el gobierno, plantea “que el trabajador le está robando al capital, este es elsentido común que quieren instalar”.

Tras lo que denunció que, si prospera la reforma previsional, “los jubilados actuales perderemos alrededor de siete puntos porque se estableceuna fórmula mentirosa”, tras lo que destacó que “esto pega fuerte en el bolsillo de cualquiera de los millones de jubilados que ganan la mínima, es decir, alrededor de siete mil pesos.

Por lo que sin dudarlo aseveró que “la situación actual esterrible”, ya que “los que se jubilen a partir de esta reforma perderán, de movida, el veinte por ciento de lo que debían percibir”.

La pregunta es entonces qué hacer ante esto. Para Larrea la clave está en la movilización popular que, aclaró, “debería propiciar un gran debate y que la Cámara de Diputados, pero para esto debería haber miles de personas en la puerta del Congreso, gritándoles en la cara a los diputados que el pueblo no votó esto”.

Voces

También desde Salta llegan voces que se alzan contra el paquetazo. Germán Lozano, integrante del PC y referente de la lucha por los derechos humanos en esta provincia, advierte es precisa la movilización para salir al cruce de este intento gubernamental.

“Los organismos de Derechos Humanos hemos convocado aquí a cada uno de los legisladorespara pedirle que paren esta reforma que es un robo contra los jubilados”, pero aclaró que “para dale fuerza a este reclamo planteamos la necesidad de la organización y de la movilización porque es preciso parar todos los ajustes que se vienen”.

Y, en idéntica dirección, denunció que “este gobierno va contra todo el pueblo argentino y, especialmente, contra los trabajadores y por esto comienzan por los jubilados”, tras lo que reflexionó que “es muy fácil decir que todos tenemos que poner algo, pero los jubilados ponemos toda la vida de trabajo para tener la jubilación que es un derecho conquistado”.

Tras lo que cargó contra el gobernador de su provincia,Juan Manuel Urtubey, “como los demás que firmaron el pacto con Macri no lo hizo por ignorante sino por pícaro que se aprovecha del cargo, noolvidemos que nuestro gobernador es de los primeros que salió a aplaudir a Macri de quien es socio en la propiedad de tierras del Chacho salteño”.

 

Misiones contra el Paquetazo06.12.2017

Movilizados y alerta

El espacio que integra el Partido Comunista marchaba hoy para exigir que los legisladores de esta provincia no avalen los proyectos gubernamentales.

Conforme avanza el proyecto por el que el Ejecutivo pretende avanzar en una reforma previsional regresiva, comienzan a articularse voces de resistencia en diferentes puntos del país.

“Desde el frente que conformamos el Partido Comunista, el Partido Agrario y Social¸ junto a la Ctep y diferentes organizaciones sociales, sindicales, hace dos semanas nos expedimos sobre esto, enviando una nota a los diputados por la provincia de Misiones en la que pedimos que por favor voten en contra de todas las políticas de ajuste que está queriendo imponer el gobierno nacional”, dijo la integrante del PC y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de esta provincia, Valeria Silvestri.

Asimismo, la referente comunista que en las elecciones de medio término fuera candidata a legisladora, recordó que el espacio que integra el PC está movilizado.

“Hace pocos días hicimos una marcha hacia la sede del Ministerio de Desarrollo y hoy 6 de diciembre tenemos una gran movilización de todas las centrales de trabajadores, organizaciones sociales y culturales hacia la Plaza 9 de Julio, en Posadas”.

Ahí, al cierre de esta edición, los manifestantes exigían que los representantes de Misiones en el Congreso Nacional no voten los proyectos que incluye el paquetazo de La Rosada.

“Queremos evitar que voten todas las reformas neoliberales que está queriendo imponer este gobierno que golpea fuertemente a los sectores más vulnerables de la sociedad, como la tercera edad y quienes reciben la Asignación Universal por Hijo”, destacó Valeria Silvestri.

La referente del PC misionero fue clara a la hora de señalar que “esta reforma no viene sólo por los jubilados”, ya que “también atentar contra los sectores más pobres, las mujeres, los niños, los ancianos y los trabajadores precarizados”.

Por lo que recalcó “instamos a los legisladores nacionales de la provincia de Misiones a que protejan a nuestra provincia y, fundamentalmente, a las personas de la tercera edad que son los que sufrirán esta reforma con la movilidad jubilatoria que significa un retroceso muy grande en las políticas de jubilación”.

Marcha contra el desguace06.12.2017

Cuando tenga la tierra

La Subsecretaría de Tierras está en peligro. Zona de riesgo para muchos puestos laborales y para una política facilitadora del acceso universal a un hábitat adecuado.

“Vamos a la Subsecretaría de Tierras para rechazar este desguace que está planteando la gobernadora”, dijo Mario Micheli al convocar a la movilización que la CTA Cañuelas-Lobos llevará a cabo, el jueves, junto a la Mesa de Hábitat, hacia la sede de esa dependencia provincial, en La Plata.

Ahí, los trabajadores resisten el intento del gobierno de María Eugenia Vidal de disolver esta dependencia, con lo que sus puestos laborales están en zona de riesgo.

La iniciativa que nació a partir de la modificación de la Ley de Ministerios, implica el traslado de la Subsecretaría a la órbita del Ministerio de Desarrollo.

Pero esto no es todo. Al dinamitarla, también queda en el limbo la tarea que desarrolla una dependencia dedicada a facilitar el acceso universal a un hábitat adecuado para personas que están situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica.

Este recorte que acompaña al proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, se prevé que alcance a personal capacitado técnica y profesionalmente, así como en lo inherente a recursos económicos que no queda claro en qué se van a emplear.

Vale recordar que esta Subsecretaría es la autoridad de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que fue aprobada a finales de 2012 y que sirve de marco general de gestión de la política provincial de tierra, vivienda y urbanismo.

La norma es un potente instrumento facilitador del acceso universal a un hábitat adecuado, para lo que creó un programa participativo de integración socio-urbana de villas y asentamientos, otro de loteos sociales planificados y uno de microcréditos para viviendas. Así, el camino que se quiere adoptar con esta reforma deja, insólitamente, sin autoridad de gestión a la ley y no hace otra cosa que imposibilitar la ejecución de todos estos programas.

En pocas manos

“La CTA está al tanto de los reclamos que provoca este desguace de tierras que va pegado a toda la política de ajuste de Macri y, en particular, de Vidal”, apuntó Micheli y añadió que, además, “esto convierte a la Secretaría en una Dirección que va a pasar a formar parte de Desarrollo Social, lo que supone una gran pérdida de puestos de trabajo”.

Pero a esto, recalcó el titular de la CTA de Cañuelas-Lobos “el tema de fondo es que se desarma la propia Ley de Hábitat de la Provincia con las terribles consecuencias que esto trae aparejado”.

Y fue contundente a la hora de resaltar que “el tema de la distribución de la tierra en la provincia es fundamental y con el cierre de esta Secretaría lo que se fomenta es que la tierra quede cada vez en menos manos y no se la ponga al servicio de la economía y la vivienda popular”.

 

 

Otra del Feudo Morales04.12.2017

Despidos y tensión en La Esperanza

Los trabajadores tomaron el ingenio y mañana se movilizarán en San Pedro contra el despidos de 370 operarios. “Esto provoca incertidumbre que la familia azucarera no está dispuesta a tolerar”, dijo Leonardo Rosales.

En Jujuy, trabajadores ocuparon el Ingenio La Esperanza para frenar 370 despidos que se perpetrarían cuando se concrete el traspaso de esta planta a la empresa de Omega Energy, cuya concreción fue revelada el viernes por el gobernador, Gerardo Morales.

El mandatario provincial hizo el anuncio junto al representante del grupo inversor colombiano Omega Energy International S.A, Omar Leal, con quien suscribió un acuerdo de adquisición del Ingenio La Esperanza por cien millones de dólares.

La firma sólo precipitó el conflicto. El acuerdo señala que en un plazo que antes de treinta días, el Poder Judicial debe avalar la oferta presentada por Omega, lo que le daría luz verde a la confección de los documentos que habilitarían al grupo colombiano a emprender la interzafra.

Esto anticiparía el proceso de la transferencia del fondo de comercio y el paquete accionario definitivo, algo que si prospera, va a crear una nueva empresa con seiscientos operarios.

Y aquí está el problema: la flamante empresa que se establecería alrededor de marzo de 2018, dejaría en la calle a alrededor de 370 trabajadores, a partir de un plan de reestructuración que contempla despidos y que algunos operarios acepten dejar la planta para acogerse a trabajar en planes productivos.

También se adelantó que la firma colombiana va a reducir alrededor de setenta puestos de trabajo, por medio de la aplicación de un plan compulsivo de jubilaciones.

Luces de alarma

Todo esto encendió luces de alarma en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza, que acompaña a los trabajadores en la ocupación pacífica de la planta.

A su reclamo también se sumó el Partido Comunista de Jujuy, que por medio de su secretario, Leonardo Rosales, recalcó que el PC va a estar presente, mañana martes, en la marcha que tendrá lugar en la ciudad de San Pedro -donde está el ingenio- con la que los trabajadores pretenden visibilizar la situación que viven.

Ahí también se van a dar cita vecinos de San Pedro, ya que los despidos en el ingenio afectan a la economía de esta localidad de alrededor de 60 mil habitantes.

“Esto tiene un gran impacto en San Pedro, ya que casi la totalidad de los trabajadores son de esta ciudad y sus alrededores”, recordó Rosales y añadió que en la zona el ingenio es casi la única fuente de trabajo, tras lo que fustigó al gobierno que encabeza Morales, porque “pretende que los operarios acepten ser despedidos con la promesa de incorporarlos a alguna área del Estado”.

Esto, aclaró, “genera toda una incertidumbre que la familia azucarera no está dispuesta a tolerar”, más aún “teniendo en cuenta que ya hay antecedentes de que el gobierno provincial nunca llevó a cabo las promesas como en los casos de los trabajadores de la mina La Aguilar y Las Pirquitas”.

El Lobby sojero y una ordenanza04.12.2017

“Concejales paquete” en Rosario

EL deliberativo comunal había sancionado una ordenanza para prohibir la utilización de glifosato, pero mágicamente apareció otra por la que se autoriza el uso de este peligroso herbicida.

La bancada del PRO se salió con la suya y consiguió imponer, en el Concejo Deliberante de Rosario, el lobby sojero que hizo dar marcha atrás a una ordenanza por la que se prohibía el uso del agrotóxico glifosato.

Lo hizo por medio de un proyecto de modificación presentado por el concejal, Carlos Cardozo, que habilita la aplicación de productos incluso más tóxicos que el glifosato.

La iniciativa que, mañana martes, debería considerar la Comisión de Ecología, puso en estado de alerta a organizaciones ecologistas que denunciaron que es lamentable que los concejales den marcha atrás en su decisión inicial de proteger la salud y el ambiente de la población rosarina, “cediendo a las presiones del lobby sojero”.

La modificación elimina la prohibición del herbicida glifosato, para habilitar la aplicación de productos más tóxicos, por medio de un protocolo que todavía no se redactó, algo que “viola principios de no regresión de las normas y el ordenamiento público ambiental”, según denuncias las organizaciones Taller Ecologista, Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná No se Toca, Cátedra de Salud Socioambiental, Instituto de Salud Socioambiental, STS, Propuesta Sur, Rosario es un Pueblo Fumigado, Movimiento Universitario por la Agroecología y Multisectorial Paren de Fumigarnos.

Por lo que estas organizaciones, instaron al poder político a que anule el proyecto de modificación y deje firme la ordenanza que, oportunamente, fuera aprobada por unanimidad, al tiempo que convocaron a la sociedad a manifestarse “en favor de la vida, por la salud y el ambiente”.

Pedido

A la hora de referirse a lo que pasó, el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Gallioti, no dudó en calificar que quienes dieron vuelta su voto son “concejales paquete” y recordó que, una semana antes, todos los bloques habían apoyado la prohibición del uso del glifosato.

También aclaró que, si bien en la mayor parte de la ciudad de Rosario no hay plantaciones, se vende glifosato que se aplica en quintas ubicadas en la periferia.

Asimismo, Galiotti señaló que la utilización de este herbicida también puede afectar las napas de donde sale el agua que se bebe en algunas zonas de la periferia de Rosario. “El problema de las napas es que están absolutamente contaminadas y lo mismo pasa en los pueblos donde no tienen el permiso de agua corriente del Río Paraná o de los afluentes, sino que trabajan directamente con las napas subterráneas”, puntualizó.

Y apuntó: “Rosario se transformó en el más importante puerto del mundo en el movimiento sojero, lo que da un indicador del poder económico que tienen los sojeros a quienes, además, el presidente Macri les redujo notablemente las retenciones”, por lo que “están obteniendo muchísimas ganancias”.

Tras lo que le apuntó al gobierno municipal y al provincial, ambos del Partido Socialista, “que tienen una orientación a mantener la tasa de rentabilidad y de ganancia de las grandes empresas que se radican en la zona de Rosario”.

Y añadió: “aquí falta un actor que no se expresó y que, en todo caso, se pretende preservar, que es la intendenta municipal, Mónica Fein, que podría vetar una ordenanza vergonzosa como esta”.

Pero, recordó, “Mónica Fein fue anteriormente secretaria de Salud municipal, es médica y debería saber que es nocivo el glifosato y, por lo tanto, en caso de prosperar esta ordenanza, debería vetarla porque atenta contra la salud de todos los ciudadanos”.

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Aunque hubo represión01.12.2017

Córdoba se movilizó por Nahuel

Seis detenidos tras la marcha convocada por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos para exigir justicia por el asesinato del joven mapuche.

“Varios de nuestros jóvenes fueron golpeados a tal punto que debieron ser internados en distintos hospitales”, dijo Solana López, secretaria del Partido Comunista de Córdoba, al referirse a la brutal represión perpetrada por personal policial contra quienes se manifestaban en la capital provincial para exigir justicia por el fusilamiento de Rafael Nahuel.

Seis personas terminaron detenidas acusadas de “resistencia a la autoridad, amenazas y daños”, en una jornada atravesada por la importante movilización, pero también por la ferocidad de los uniformados.

“Durante varias horas esas personas permanecieron desaparecidas”, explicó la secretaria del PC provincial y advirtió que la policía tardó mucho en reconocer que había detenidos y, más aún, en reconocer dónde estaban alojados.

Finalmente, tras una larga y angustiante búsqueda, lo detenidos fueron encontrados y fueron liberados a las cuatro de la madrugada. “Ahora continuamos con la lucha para que les retiren las acusaciones que pesan en su contra”, recalcó Solana López, tras lo que hizo hincapié en que, “a diferencia de lo que intentaron instalar varios medios no hubo enfrentamiento, sino que las detenciones se llevaron a cabo en el contexto de una clara represión y persecución contra los jóvenes que se manifestaron”.

Y adelantó que diferentes organizaciones y partidos políticos agrupados en la Mesa de Derechos Humanos de la provincia, evalúan cómo articular la construcción de un plan de lucha “para salir al cruce de la represión policial que se vive a nivel nacional y provincial” y alertó que “la policía y el gobierno provincial vienen desarrollando, junto al gobierno nacional, actos represivos y de persecución”.