Juicio en Tucumán

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Los procesados son cuatro empresarios del ingenio La Fronterita donde el Ejército instaló un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó antes y durante la última dictadura.

“Somos optimistas en que esta vez puede haber justicia”, recalcó el integrante del Partido Comunista de Tucumán y de Liga Argentina por los Derechos Humanos (Lahd), Juan Petu Palacios, al referirse al procesamiento de Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos, quienes están acusados de los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio durante la última dictadura cívico militar.
Se trata de empresarios del ingenio La Fronterita, ubicado en el departamento Famaillá de la provincia de Tucumán, donde el Ejército instaló un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó antes y durante la última dictadura.
La decisión de procesar a cuatro empresarios que dirigieron el ingenio, fue de la Cámara Federal de Tucumán y debe favorecer que se analice en un juicio oral la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, algo que sucedería por primera vez en esta provincia.
El recorrido que hizo esta causa fue largo y sinuoso. Corría 2019 cuando el juez Daniel Bejas dictó falta de mérito que fue confirmada por la Cámara de Tucumán, pero el 29 de diciembre de 2020, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación revocó la decisión y ordenó que se dictara un nuevo fallo.
Fue entonces que los camaristas Juan Carlos Reynaga, Mario Rodolfo Leal y José Camilo Quiroga Uriburu dictaron el procesamiento de Figueroa Minetti que era administrador y presidente del ingenio, así como el de los integrantes del Directorio.
“Muchas de las estructuras de los ingenios que se habían cerrado durante la década de los 60, fueron usadas como centros clandestinos, inclusive algunas que ya estaban abandonadas, pero este es el caso mas emblemático”, recordó Palacios.
Y recalcó que la complicidad empresarial con la dictadura “fue clave para perseguir a os trabajadores, su lucha y resistencia, lo que se hizo para favorecer la implementación de un plan de exterminio que buscó instalar un modelo que todavía hoy tiene sus secuelas”.