Así lo denunció el Partido Comunista de Tucumán al referirse a la postergación del inicio del juicio en el que el ex magistrado Manilo Martínez debe responder penalmente por su responsabilidad en el encubrimiento del asesinato de los hermanos Arancibia.
La impunidad biológica es una construcción cuyo andamiaje se va armando cotidianamente con hechos que, aunque muchas veces pasen inadvertidos, garantizan que individuos que tienen las manos manchadas de sangre por los crímenes perpetrados durante la última dictadura, puedan pasar el resto de sus vidas sin tener que responder penalmente por ello. Tal es el caso de Manilo Martínez, quien recientemente volvió a verse favorecido por una decisión del Tribunal Oral Federal que postergó el inicio del juicio oral en el que este ex juez debía sentarse en el banquillo de los acusados en el marco del proceso abierto por los asesinatos de los maestros Isauro y Arturo Arancibia.
Como se recordará, Isauro Arancibia fue fundador de la Ctera y aunque sabía que iban por él, durante la noche previa al golpe de marzo de 1976 permaneció junto a su hermano Arturo en la sede de la Agremiación de Tucumana de Educadores Provinciales, donde fue encontrado por un grupo de tareas conformado por policías y civiles que irrumpieron en el lugar para asesinarlos.
Por este hecho, décadas más tarde, el juez Fernando Poviña procesó con prisión preventiva y como coautores del homicidio a los ex policías Mario Roberto Escalada, Jorge Daniel Ragonese y José Ricardo Sánchez, así como a Martínez, aunque en su caso fue por los delitos de prevaricato y encubrimiento, ya que como magistrado federal fue por esos días el encargado de investigar el asesinato de los hermanos Arancibia. Lejos de hacerlo, archivó la causa “con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores”, tal como lo aclara el acta de procesamiento redactada por Poviña.
“Esta nueva postergación habla de la impunidad que siempre beneficia a los mismos”, lamentó desde el Partido Comunista de Tucumán Silvano Frutos, quien hizo hincapié en que “esto es así porque el Poder Judicial mayoritariamente responde a los intereses de la burguesía, la República no funciona como en teoría debiera hacerlo y los poderes no son independientes”. Al respecto, recordó que tal como lo refiere el escritor tucumano Eduardo Rosenzvaig en su libro “La oruga sobre el pizarrón”, los hermanos Arancibia “fueron masacrados en la sede del sindicato docente que, paradójicamente, se ubica frente al Tribunal Federal donde se decidió postergar nuevamente el inicio de este juicio en medio de rumores que dicen que hasta el gobernador Jaldo intercedió para que esto se produjera y, así, se posterga ad-infinitum, por lo que la causa continúa por ese camino, estos crímenes van a quedar impunes, como el asesinato de Freddy Rojas” (Ndr: Militante de la Federación Juvenil Comunista de la provincia de Tucumán asesinado en Tafí Viejo por una patota que respondía a Antonio Domingo Bussi en 1987).
En este sentido, subrayó que “parece que lo que quieren es que siempre queden impunes los crímenes de los luchadores y, más aún, si se trata de compañeros significativos como es el caso de los hermanos Arancibia” pero, aclaró, “estamos aquí junto con el Ateneo Isauro Arancibia luchando para que la impunidad no vuelva a triunfar”. En esta lucha por Memoria, Verdad y Justicia, el dirigente del PC tucumano insistió en que “resulta preciso que este juicio se lleve a cabo y que no quede trunco como tantos otros: son cincuenta años y Martínez debe responder por este crimen”.
Esta postergación se suma a la que, en marzo pasado, sufrió el inicio del juicio por los crímenes cometidos en el Ingenio La Fronterita en 1975, al amparo del “Operativo Independencia” durante la presidencia de Isabel Perón, caso en el que queda expuesta la articulación que durante aquellos años existió entre el empresariado y el esquema represivo que en Tucumán comandaba Antonio Bussi. En este caso, quien debe responder por los asesinatos, secuestros y torturas cometidos contra trabajadores del ingenio que fue convertido en una base militar y Centro Clandestino de Detenciones, es el empresario Jorge Figueroa, quien era el administrador de la planta.
