En Chaco también se hizo sentir fuerte la movilización del 24 de marzo. “Como militantes del Partido Comunista estuvimos levantando las banderas por el nacimiento de una nueva sociedad, que acabe con todos estos crímenes contra la humanidad”, puntualizó Duilio Ramírez, dirigente del PC provincial, en una jornada en la que se repudió tanto al genocidio como al negacionismo que fomenta el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Qutilipi, Presidencia Roque Sáenz Peña y por supuesto Resistencia son algunas de las localidades chaqueñas en las que el martes pasado hubo actividades para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que contaron con la participación del Partido Comunista. Y precisamente en la capital provincial se llevó a cabo una movilización a la que el dirigente del PC local, Duilio Jorge Ramírez, no dudó en calificar como “una marcha multitudinaria en la que hemos logrado tener una muy buena presencia como Partido”, por medio de una columna que contó con “camaradas de distintas generaciones”.
En este sentido, el también abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, puntualizó que se trató de “un momento muy emotivo”, ya que “pudimos encontrarnos con hijos de camaradas ya fallecidos que participaron en la marcha bajo nuestra bandera, reafirmando el compromiso por la liberación nacional, el socialismo, la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
Fue en este contexto que Ramírez reflexionó acerca de lo hecho en materia de la defensa de los Derechos Humanos durante el último medio siglo y en particular sobre la tarea desarrollada por el movimiento popular en tal sentido.
-En marzo de 1976 todo estaba dado como para que se perpetrara el golpe
La violación a los Derechos Humanos no inició con el golpe del 24 de marzo de 1976, sino que fue un camino que se trazó y creció gradualmente desde aproximadamente dos años antes de esa fecha, en el que las estructuras represivas oficiales y paramilitares se fueron conformando para dar cacería a los militantes populares que buscaban otro tipo de país y sociedad que sea democrática y, en alguno casos, socialista. Entonces comenzó una etapa de fuerte persecución, especialmente en 1975, con amenazas y bombas a los militantes populares, al tiempo que ya comenzaron los encarcelamientos y torturas.
-Esto es algo sobre lo que ya no quedan dudas
Particularmente en el Chaco hemos llevado adelante juicios por casos previos al golpe pero, por supuesto, la peor locura represiva, la más profunda, se desató el 24 de marzo de 1976 y a partir de ese momento Argentina se dividió en áreas a cargo de las diferentes fuerzas armadas. Cada una tenía una coordinación con las policías locales con el objetivo de identificar, secuestrar, torturar y decidir sobre el destino final de miles de personas. La dinámica era primero la identificación de cada persona, después llegaban a su casa o en la vía pública, habitualmente por la noche, los interceptaban y maniataban golpeándolos y la mayoría de las veces también les robaban efectos personales. Y eran introducidos a automóviles, por lo habitual en sus pisos o baúles, y así eran llevados a centros clandestinos de detención que en cada provincia y ciudad se habían dispuesto para tal fin.
-¿Cómo funcionó eso en su provincia?
En el caso de nuestra ciudad, Resistencia, el Centro Clandestino de Detención era la Dirección de Investigaciones de la Policía, donde las personas secuestradas eran llevadas y sometidas a sesiones de tortura salvaje durante aproximadamente dos o tres semanas en las que permanecían condiciones de absoluta inhumanidad, con falta de higiene alimentación y atención. Tenían una saña particular respecto de las mujeres, particularmente si estaban embarazadas eran con quienes se ensañaban a punto de que recibían un castigo extra. También se los sometía a la negación de su nombre, porque se les prohibía decir quiénes eran para evitar cualquier tipo de gesto de solidaridad por parte de quien pudiera reconocerlos. Y durante cada día que duraba su captura, eran sometidos a torturas y amenazas sobre su vida.
-¿De que manera se organizó la respuesta legal a esa situación?
Desde el primer momento, el movimiento popular y las organizaciones de Derechos Humanos en particular, comenzaron a reaccionar buscando el paradero de las personas. Los abogados pertenecientes a la Liga y otros movimientos de Derechos Humanos, inmediatamente se pusieron a disposición de los familiares y en las condiciones de aquel momento tuvieron la valentía de presentar recursos se habeas corpus ante los juzgados federales para saber dónde estaban las personas que habían sido detenidas.
Por supuesto la Justicia Federal, en muchos casos y también en nuestra ciudad, fue cómplice de todo este aparato represivo porque esa información no se daba y por lo común las personas respecto de quienes se solicitaban habeas corpus eran sometidas a mayores torturas inclusive por ese motivo. En el caso de la provincia del Chaco, durante ese período se perpetraron crímenes aberrantes como ser la Masacre de Margarita Belén, la masacre contra las Ligas Agrarias y una serie de años enteros de secuestros de personas a quiénes se sometió a torturas inimaginables.
-Pero pese a todo, antes de retirarse la dictadura quiso autoanmistiarse
Este período de 1976 va 1983 también tuvo a su vez diferente etapas. En un momento determinado, la Cruz Roja Internacional hizo una visita a Argentina ante las innumerables denuncias de torturas y desapariciones que estaban realizándose en el extranjero por personas que habían logrado escapar y también se llevaron a cabo tareas de difusión de la violación de Derechos Humanos durante el Mundial de Fútbol, lo que hizo que se pusiera en la pantalla internacional que el régimen militar de Argentina violaba los Derechos Humanos. De alguna manera eso ayudó a que las personas detenidas tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir a su régimen de detención. Cuando estaba acabando la dictadura, ya en 1983, como todo régimen represivo intentaron autoamnistiarse y lo hicieron por medio del “Decreto de Pacificación Nacional”, la Ley 22.924, por el que se perdonaban a sí mismos por todos los crímenes cometidos.
-Pero duró poco la 22.924
Ya una vez recuperada la democracia se anula esta legislación de autoamnistía y comienza un período de denuncias ante los organismos judiciales así como ante las cámaras de diputados provinciales, sobre todo los casos de desaparición forzada, privación ilegítima de la libertad, torturas, robos y apropiación de bebés entre otros crímenes que se habían cometido en el período dictatorial.
Se abre la investigación a través del Nunca Más que fue la comisión que se constituyó presidida por Ernesto Sábato y estuvo constituida por personas renombradas en el mundo de los Derechos Humanos y de la cultura, que se ocupó de colectar la mayoría de las denuncias existentes y casos conocidos hasta el momento de violaciones a los Derechos Humanos en el país. Ese material generó una sistemática de casos, cada uno agrupaba a las víctimas que los contenían. En el caso del Chaco se generó un caso sobre la Masacre de Margatira Belén y las circunstancias en que había tenido lugar y las víctimas que se conocían hasta ese momento.
Fue esta compilación del Nunca Más la que llevó a a la posibilidad de sustanciar el histórico Juicio a las Juntas, la Causa 13 de 1985, que fue el primer juicio de lesa humanidad llevado a cabo en un país contra autoridades de facto, por jueces ya existentes y no por comisiones especiales. Fue el primero en el mundo, posterior al juicio de Nüremberg que había sido un tribunal especial constituido por las potencias triunfantes. Pero en este caso el tribunal ya existía y se colocó como prueba toda la evidencia conseguida a lo largo de los años de recolección de pruebas, declararon centenares de personas y se exhibieron documentos. En este juicio fueron condenadas las cúpulas de las juntas militares: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera recibieron reclusión perpetua, Roberto Viola a diecisiete años, Armando Lambrusquini a ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro y medio de prisión. Fue hito en la historia de los Derechos Humanos porque fue la primera vez que un gobierno militar pudo ser juzgado por sus crímenes.
-Los problemas comenzaron cuando se quiso jugar a los mandos intermedios
Concomitantemente los movimientos de Derechos Humanos impulsaban que se juzgue, no sólo a las cúpulas, sino también a toda la estructura y la cadena de mando represiva que en la mayoría de los casos aún estaba operativa. Es decir que las mismas personas que poco antes habían secuestrado, torturado y robado niños eran aquellos que te recibían la denuncia cuando alguien iba a una comisaria.
Entonces se radicaron las denuncias en los diferentes juzgados federales de cada provincia y de la Capital, con la idea de que se comience a procesar y detener a los mandos militares intermedios e inferiores. Ante esta situación, infelizmente, se aprueban dos leyes, la de Obediencia Debida que desarrollaba la idea de que en realidad los mandos inferiores no eran responsables por la decisión de los superiores, y antes se había hecho lo propio con la Ley de Punto Final que establecía un límite de tiempo para iniciar juicio, un límite muy próximo de manera tal que si para esa fecha no estaba concluida la instrucción, el juicio no se iniciaría nunca.
Esas dos leyes dictadas entre 1986 y 1987(NdR: Leyes anuladas a partir de un proyecto del PC en Izquierda Unida), fueron un gran golpe a la búsqueda de justicia, porque permitieron que quienes ejecutaron la barbarie permanecieran libres. Fue la época en donde podíamos cruzarnos por las calles con estas personas sin que se pudiera reprochar responsabilidad penal alguna por los crímenes que habían perpetrado.
-Pero lo peor estaba aún por producirse
Eso se da en 1989 cuando el presidente Menem decreta el indulto a los integrantes de las Juntas Militares. Es decir los únicos que estaban pagando una condena por sus hechos ahora eran indultados y salían en libertad para transitar las mismas calles que sus víctimas.
Tras la salida en libertad de los responsables de estos crímenes, Argentina inició una década muy dura...de oprobio en donde podías ir a un café y encontrarte al lado de Alfredo Astiz, donde prendías la televisión y veías desfilar a los criminales exaltando sus crímenes, presentándose como si fueran héroes, expresando que gracias a ellos Argentina se salvó del comunismo y negando las atrocidades que cometieron. Incluso en ese período muchos llegaron a presentarse a elecciones, como por ejemplo Bussi en Tucumán y José David Alberto Ruiz Palacios que fue intendente de Resistencia en 1989, entre tantos otros a lo largo del país. Porque ese indulto los reubicó en el escenario político como personas plenas de derecho.
-Fue la época de los escraches...
Esa situación fue un gran golpe para la democracia y la justicia argentina, pero el movimiento popular, los de Derechos Humanos y los partidos de izquierda puntualmente, y el PC en especial que es el partido en el que yo milité siempre, no aceptamos la impunidad ni quedarnos con lo brazos cruzados y entonces comenzó un período muy largo y fructífero de resistencia popular, un momento de denuncia callejera.
En esa época junto con la Agrupación Hijos y otras de Derechos Humanos, en cada ciudad se organizaban escraches a los genocidas: identificábamos el lugar donde vivían algunos de los responsables directos de la represión, nos constituíamos frente a su domicilio y megáfono en mano los denunciábamos públicamente, con carteles que pegábamos diciendo quién era la persona que vivía ahí y cuáles eran los crímenes que habían cometido. Y bajo el cántico “alerta vecino al lado de su casa está viviendo un asesino”, comenzamos a poner en evidencia los crímenes de estas personas y también la injusticia que representaban no poder llevarlos a juicio.
Eso permitió que todo esto cobre aún más visibilidad, las movilizaciones por los Derechos Humanos fueron cada vez más numerosas y poco a poco los canales de expresión de estos genocidas se fueron cerrando, porque se fue volviendo evidente lo que habían perpetrado. Nunca dejamos de señalarlos ni de buscar justicia...el pueblo argentino nunca se tomó venganza por mano propia, siempre siguió el camino de la lucha y la denuncia, el camino de democracia y la justicia, pese a que en esos años las puerta de los juzgados estaban cerradas.
-También aprovecharon la hendija que dejaron las leyes de impunidad con la imprescriptibilidad de los casos de robos de bebés
Para lo único que se consiguió que se abrieran las puerta de los juzgados durante esa época fue para la causas abiertas por el robo de menores, porque un olvido hizo que los legisladores que dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, incluyeran la apropiación de bebés como casos en los que se extinguía la acción penal por lo que se ubicaron expedientes judiciales en diferentes jurisdicciones federales en búsqueda de los responsables por robos de bebés. Y así fue que varios fueron cayendo presos imputados por este delito y se mantuvo ardiendo esta llama de la lucha por la justicia.
En este período también se intensificaron las campañas internacionales por la justicia y los Derechos Humanos, se hicieron películas y obras literarias que denunciaban lo que pasó durante la dictadura y esto se sumó a todo el accionar que realizaba el pueblo en pos de llevar a los genocidas a prisión.
-Pese a eso persisten los discursos de los negacionistas
Los discursos con que se justifican los negacionistas y los que apoyan el golpe eran y son que gracias a las Fuerzas Armadas se evitó que Argentina cayera en el desorden y el descontrol. Aquellos que se maquillaban un poquito para no parecer tan reaccionarios, decían que si bien las Fuerzas Armadas habían cometido ciertos excesos, los crímenes eran de los dos bandos y que, por lo tanto, había culpables en ambos bandos...como si hubieran existido bandos. Nosotros, aquellos que buscamos la justicia, jamás aceptamos esos argumentos, porque en Argentina no hubo bandos: lo que hubo fue un Estado que se valió de los recursos económicos, logísticos y armamentísticos de que disponía para atacar a todo un pueblo, particularmente a los que su pensamiento les era hostil. Se valieron de esos recursos y con ellos encarcelaron a miles de argentinos, dejaron sin trabajo a decenas miles, secuestraron, torturaron, robaron bebés, tiraron gente al mar con recursos y desde la estructura del Estado. Por eso es que no hubo dos bandos, sino sólo un accionar terrorista a partir del Estado, juntamente con la colaboración de muchos civiles, en particular de los sectores de la gran empresa que muchas veces colaboraron con los secuestros de sus propios trabajadores. Y asimismo con el apoyo eclesiástico debido a que la Iglesia, institucionalmente, nunca condenó el golpe, solamente algunos sacerdotes resistieron.
Pero nunca hemos cejado en la lucha por la justicia, pese a que todas las puertas de los juzgados estaban cerradas como consecuencia de las leyes del perdón.
-Leyes que buscaban perpetuar la impunidad
Ya tras la gran crisis de 2001, para el movimiento popular fue claro que sin un acompañamiento desde la política iba a ser muy difícil reabrir las causas de lesa humanidad, porque las leyes del perdón seguían vigentes. Y con la asunción de Néstor Kirchner, rápidamente se aprueba la ley de anulación del Punto Final y la Obediencia Debida, ley que posteriormente también recibió el respaldo de la Corte con la declaración de la inconstitucionalidad de esas leyes de la injusticia. Una vez logrado superar ese obstáculo legislativo, los juzgados volvieron a abrirse y la causas que se habían iniciado en al década de los 80, con las denuncias y testimonios, retomaron su actividad rápidamente.
Debo decir que los movimientos de Derechos Humanos, en particular la Ladh y el PC, dispusieron de todos sus cuadros, de todos los abogados que tenían para impulsar y constituirse en querellante en cuanta jurisdicción judicial y juicios de lesa humanidad se abrían, con el fin de impulsar la investigación y la condena por los crímenes cometidos contra los militantes populares durante la década de los 1970 y 1980.
Fue así que florecieron a lo lago de los juzgados federales del país las instrucciones de las causas, se citó a declaración indagatoria a los sospechosos de estos crímenes y en la mayoría de los casos, tras la indagatoria, se dispuso su detención inmediata y fue así que comenzó a gestarse lo que fue la epopeya de los juicios de lesa humanidad en Argentina con posterioridad a la anulación de las leyes del perdón.
Durante todos esos años, puedo decir que con mucho orgullo he tenido el honor de actuar como querellante en todos los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en la provincia del Chaco. Y también sin temor a equivocarme puedo aseverar que fue la experiencia de justicia y reparación más grande que ha vivido la Argentina.
-Ahí se puso a disposición de los procesos la prueba acumulada durante años
En estos juicios han declarado las víctimas sobrevivientes, también los familiares de víctimas fallecidas o desaparecidas, también investigadores históricos se ha rebelado información documental y en cada uno de ellos la prueba fue puesta sobre la mesa, por lo que hemos podido escuchar de propia voz de las víctimas cómo fueron torturadas incluso estando embarazadas, cómo les era negada la propia higiene y a las mujeres la posibilidad de amamantar a sus hijos, cómo eran sometidas a violaciones estando detenidas, cómo se apropiaban de sus bienes materiales cuando estas patotas entraban a sus casas, cómo los amenazaban de muerte haciendo simulacros de fusilamiento y tantas otras cosas que pudimos escuchar relatadas por las propias víctimas.
Esa experiencia de los juicios de lesa humanidad donde los imputados estaban frente a las víctimas escuchando lo que se declaraba fue un momento donde la Justicia brilló en su máximo esplendor en Argentina. Las audiencias en las que participé fueron muy prolongadas, porque el testigo en las causas de lesa humanidad lleva cuatro décadas esperando que se haga justicia y precisa contar lo que le sucedió. El poder de convicción de veracidad de esos testimonios es algo realmente insuperable.
Cuando los tribunales escuchaban las declaraciones de los testigos, en todos los casos, les daban una credibilidad máxima debido a la forma en que esos relatos eran descriptos. Muchos de ellos ya habían declarado veinte años antes, por lo cual se confrontaban los testimonios actuales con los anteriores y había coincidencia.
-Y hubo condenas
Por todo esto es que se han llevado a cabo aproximadamente 350 juicios de lesa humanidad desde la reapertura de las causas y en una abrumadora mayoría se han dictado condenas muy fuertes, debido a que en la gran mayoría de los casos había concurso de delitos, ya sea porque fueron cometidos por varias personas o porque se cometieron varios hechos contra una o más víctimas. Y de esos juicios también se ha logrado identificar, gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuerpos de personas desaparecidas que habían sido enterradas en tumbas NN. Se han dictado aproximadamente condenas para 1200 personas que en su mayoría han cumplido penas de prisión efectiva durante una gran cantidad de tiempo.
-Pero últimamente se ve la tendencia de otorgar beneficios a los condenados por este tipo de delitos
Argentina tiene suscriptos acuerdos internacionales que ponen a las causas de lesa humanidad en el máximo nivel de proyección que debe darle el Estado, porque son crímenes contra el ser humano mismo que si bien son ejecutados contra seres humanos en particular, atentan contra la humanidad por lo cual todas las medidas que impliquen beneficios para los condenados como domiciliarias o salidas transitorias, deben ser tomadas con el máximo de rigores y preferentemente no otorgadas porque además se continúa la investigación y nuevos juicios debido a casos que van surgiendo de las audiencias.
-Una historia que continúa por más que quera ser cancelada por el gobierno
Argentina tiene que sentir mucho orgullo por haber podido llevar a la justicia a los responsables de los crímenes más horrendos contra la humanidad. Y en ninguna circunstancia debemos aceptar el negacionismo porque son crímenes que están probados, hechos que tienen sentencia firme y confirmación por la Corte, así que no se pueden discutir, como no se puede discutir que en Argentina hubo terrorismo de Estado y que se secuestraron, asesinaron y torturaron a miles y miles de argentinos. Todo esto son hechos indiscutibles y por eso cada 24 de marzo es de una gran trascendencia para continuar levantando nuestra bandera por la justicia. Y en el caso particular nuestro, como militantes del Partido Comunista, las banderas por el socialismo y por el nacimiento de una nueva sociedad que acabe con todos estos crímenes contra la humanidad y que transforme al hombre en hermano del hombre no en su lobo, no en su asesino.