Se espera que en el banquillo se sienten veintitrés ex militares y ex policías que deben responder por su responsabilidad en la comisión de 63 delitos de lesa humanidad cometidos contra 71 víctimas de la ciudad de Río Cuarto.
Se acerca el momento en el que veintitrés ex militares y ex policías se sienten en el banquillo de los acusados para responder por las responsabilidades que tienen en la comisión de 63 delitos de lesa humanidad que fueron perpetrados contra 71 víctimas de la ciudad cordobesa de Río Cuarto y su zona de influencia. Estos crímenes fueron cometidos entre los años 1975 y 1978 y entre las víctimas está el militante del Partido Comunista Gabriel Braunstein Maiden, quien continúa desaparecido.
La semana pasada fue elevada a juicio oral esta causa en la que intervienen el fiscal Carlos Gonella y los auxiliares Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, en la que la pieza acusatoria califica crímenes como privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual en al menos 63 casos.
Entre los acusados hay ex integrantes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal y de la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba, también ex miembros del Departamento de Informaciones (D2) de esa fuerza, otros del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, personal del Regimiento de Infantería Aerotransportada 2 y de la Policía Militar destacado en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba Capital. Mientras que por algunos de estos hechos se imputa también ex integrantes del Estado Mayor del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV.
Según consta en la acusación fiscal, los crímenes que se juzgan en esta ocasión tuvieron como escenario las sedes de instituciones legales que funcionaban como centros clandestinos de detención y tortura, como la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal y la de la URS en Río Cuarto, el Batallón Arsenales de la localidad de Holmberg y la jefatura de la Subárea 3115, además del edificio del D2 y la Unidad Penitenciaria 1. Asimismo aparecen en esta lista los centros clandestinos La Perla y Campo la Ribera.
Por otra parte, en el requerimiento de elevación a juicio, también se presentan casos de personas que fueron trasladadas desde Rosario, Santa Fe y San Luis, aunque la mayor parte de las víctimas eran estudiantes y personal docente y no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde incluso tuvo lugar uno de los secuestros.
La investigación judicial pudo establecer que esa casa de estudios se convirtió por aquellos años en una suerte de coto de caza para los represores, quienes habían desarrollado un aceitado aparato de inteligencia que operaba desde la Delegación Córdoba de la Policía Federal. Entre sus objetivos estaba la actividad del Partido Comunista.
Gabriel Braunstein Maiden había nacido el 24 de julio de 1922 y era propietario de una estación de servicio en Río Cuarto, al tiempo que como militante del PC participaba en el Comité de Apoyo a Presos Políticos. Durante la noche del 9 de junio de 1976 fue secuestrado cuando estaba en su domicilio, ubicado en la planta alta de la estación de servicio, y aún continúa desaparecido.
Todo sucedió en medio de un operativo en el que, tal como consta en la requisitoria que se hace para este juicio, participaron policías y militares que no vestían uniforme ni identificación, aunque estaban armados y se movilizaban en dos autos.
Primero los integrantes de la patota redujeron a un empleado y a un cliente, tras lo que se metieron en la vivienda donde se encontraban Braunstein Maiden junto con su pareja y dos amigas a las que inmovilizaron, antes de llevarse al militante comunista y proceder a saquear cuanto objeto de valor pudieron encontrar.
La investigación judicial logró establecer que trasladaron a Braunstein Maiden hasta un lugar que no pudo determinarse, donde lo mantuvieron secuestrado brevemente. Pocos días después fue hallado en un campo en Calamuchita, a cien kilómetros de Río Cuarto, un cadáver masculino que presentaba vestigios de haber recibido varios balazos antes de ser quemado y abandonado. Nunca fue identificado y se lo registró como N.N., por lo que se dio intervención al Fuero Federal que decidió su traslado una fosa común del Cementerio San Vicente, en Córdoba Capital.
Todo esto se hizo sin que fuera identificado y sin que se procediera a una autopsia que pudiera determinar las causas concretas de la muerte. Ahora la Fiscalía sostiene que hay indicios que permiten suponer que esos restos humanos pueden haber pertenecido a Braunstein, pero reconoce que resulta imposible tener certezas porque lo que quedaba de ese cadáver se perdió. Pero no así su ejemplo revolucionario, con el que lxs comunistas cordobeses, junto a la militancia del campo popular y organismos de Derechos Humanos, continúan la lucha por Memoria, Verdad y Justicia para todas la víctimas del terrorismo de Estado en su provincia.
