¿Peligra la Ley IVE a cuatro años de su sanción? “Es un derecho que supimos conquistar y que vamos a continuar defendiendo en las calles, poniéndole el cuerpo”, destacó la integrante de la Comisión Nacional de Géneros del PC, Bárbara Palumbo.
El lunes pasado se cumplieron cuatro años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en lo que fue un momento que representó la consagración de un derecho fundamental para las personas gestantes de Argentina. Pero esta vez, en su cuarto aniversario, como nunca antes la Ley IVE corre riesgo a raíz del pustch que se abalanza sobre ella desde el mismo esquema de gobierno que durante las últimas semanas pasó de la bravuconada y la provocación a la amenaza directa.
Fue el propio titular de la Cámara de Diputados, un hombre clave del esquema de La Libertad Avanza (LLA), Martín Menem, quien dejó en claro que esto de destruir derechos conquistados no va sólo de palabra, ya que adelantó que durante el año que comienza hoy la Presidencia Milei va a buscar que se derogue la Ley 27.610 y no dudó en reconocer que LLA pretende meter el tema dentro de la agenda que se abre de cara a las elecciones legislativas.
“La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos”, puntualizó y convocó a sumar fuerzas detrás de LLA para que crezca su bancada parlamentaria en los comicios de medio término, para poder barrer con la Ley IVE ya sea con una norma que la modifique o por medio de otras que la derogue.
Cabe recordar que la norma aprobada en diciembre de 2020 de manera transversal, pasó previamente por un debate social que recorrió todo el país, pese a lo cual su implementación continúa presentando serias dificultades, sobre todo, en algunas provincias tal como lo advierte un informe dado a conocer recientemente por Amnistía Internacional, que da cuenta de que se produjo un aumento del 215 por ciento en las denuncias por obstáculos para acceder al aborto legal entre 2023 y 2024, esto es durante el primer año de la Presidencia Milei.
Nada de esto es casual. El esquema que lidera quien ahora es presidente, y el propio Javier Milei, anticiparon su postura durante la campaña que lo llevó a La Rosada y apenas instalado ahí, cerró el Ministerio de la Mujer y el Inadi, mientras que perpetraba despidos masivos y un desfinanciamiento sistemático que redujo drásticamente las capacidades de la estructura estatal montada para prevenir y atender problemáticas como la violencia de género.
Esto cobra una gravedad inusitada cuando se advierte lo que pasa con la Línea 144 que es la que ofrece asistencia en casos de violencia de género, que sufrió una reducción de casi el treinta por ciento en su ejecución presupuestaria durante el primer semestre de 2024, en tanto que despidió al 38 por ciento de su personal a mitad de ese año.
Y con la misma impunidad, el gobierno apuntó sus dardos contra la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable que fue sancionada en 2002, pero también contra la Ley 27.610, ya que dejó de garantizar la implementación de ambas normas y no contento con esto retrasó el proceso de licitación de insumos elementales para que se pueda aplicar la Ley IVE en centros de salud del sistema público universal y gratuito dependiente de Nación.
Un caso que habla por sí sólo es la falta de insumos esenciales como el Misoprostol y la reticencia estatal a formar profesionales de salud para que garanticen el cumplimiento de estas leyes, algo que se verifica en diferentes regiones del país, tal como lo denuncia el relevamiento hecho por Amnistía. Por supuesto que se trata de barreras que afectan, fundamentalmente, a personas en estado de vulnerabilidad que no pueden recurrir al sector privado o que habitan en zonas alejadas de los principales centros urbanos, por lo que se les hace difícil poder acceder a un aborto legal, gratuito y seguro.
“A cuatro años de Ley IVE tenemos que luchar cada día y en cada lugar para que se cumpla y esté disponible la medicación necesaria en tiempo y forma para que su aplicación sea efectiva”, sostuvo desde el Partido Comunista de Río Negro, la integrante de la Comisión Nacional de Géneros del PC, Bárbara Palumbo, quien alertó que durante el último año la situación se agravó “porque en todos lados vemos la disminución de los recursos en cuanto a personal e insumos”, a lo que ahora se suma “la voluntad expresada abiertamente por el gobierno de que quieren derogar la Ley IVE”.
De todos modos, resaltó que “pese a los objetores de consciencia, en los lugares de atención primaria de la salud hay sobre todo enfermeras y médicas muy predispuestas a poder ayudar” y fue clara al hacer hincapié en los resultados favorables que trajo la aplicación de la norma. “La Ley IVE ha tenido impacto social muy positivo que se verifica en la disminución de los embarazos adolescentes”, sostuvo y comentó quien como docente sabe de qué habla cuando se refiere a las problemáticas de ese sector etario.
“El hecho de que haya disminuido la tasa de embarazos adolescentes, tiene que ver con una política de Estado que incluye a la Ley 26150 de Educación Sexual Integral y acceso a los métodos anticonceptivos, junto con la Ley IVE”, remarcó la integrante de la Comisión de Géneros del PC y puntualizó que “en poco tiempo quedó demostrado que se lograron resultados efectivos con una política sistemática de Estado, que lejos de tener que ver con el argumento de sus detractores, brinda más posibilidades de desarrollo a la juventudes que muchas veces por situaciones hasta de abuso, se veían obligadas paternar o maternar cuando no lo deseaban”. Por eso es que, sin dudarlo, Bárbara Palumbo hizo hincapié en que la Ley IVE representa “un derecho que supimos conquistar y que vamos a continuar defendiendo en las calles, poniéndole el cuerpo”.
