Diferentes organizaciones de Derechos Humanos de Salta cuestionan la presencia de personal militar en la frontera, tal como lo establece una resolución firmada por el ministro Luis Petri. Desde la Liga, Mariana Leonard advirtió que se le está dando “a los militares facultades para salir a perseguir y detener personas”.
Organizaciones de Derechos Humanos de Salta apelaron el rechazo del juez federal de Orán al habeas corpus preventivo por el que pidieron que se suspenda la aplicación de la Operación Presidente Julio Argentino Roca que, entre otras cosas, prevé la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en la frontera norte. Lo hicieron por medio de una presentación que ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, hizo el abogado Martín Plaza Schaefer, quien es el patrocinante legal de las organizaciones, en la que se pide que se “revoque íntegramente la sentencia apelada y, en consecuencia, haga lugar a la acción interpuesta, declarando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 1112/24 y de la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa Nacional”, por las que la Presidencia Milei autoriza a personal de las Fuerzas Armadas a detener a civiles.
Cabe citar que la Resolución 347/2025 explicita un proceso que se viene expresando por medio de diferentes episodios que ponen en evidencia la sintonía que hay entre la gestión encabezada por Gustavo Sáenz y el gobierno nacional, así como la voluntad de ambos de garantizar un esquema de profunda dependencia a intereses estratégicos de EE.UU. en nuestra región.
Básicamente habilita el despliegue de efectivos del Ejército en las fronteras del norte de Argentina, algo que ya comenzó a hacerse efectivo con el envío de los primeros contingentes de los cerca de diez mil uniformados que de forma rotativa se prevé mandar a Salta, para asentarse y recibir entrenamiento en tareas inherentes al control de la frontera con Bolivia.
Al respecto, desde la filial Salta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Mariana Leonard, cuestionó a la Operación Roca y advirtió que, entre otras cosas, quienes la diseñaron desconocen el escenario en el que se la quiere desplegar. “Acá el territorio es muy especial, tenemos una triple frontera y principalmente en Tartagal que es donde se va a establecer este operativo, hay frontera directa con Bolivia y tanto de un lado como del otro hay muchas personas que viven de lo que trasportan, los bagayeros que hacen comercio a una escala pequeña de uno y otro lado”, explicó Mariana Leonard.
Después lamentó que se estigmatice a estos trabajadores “tratándolos como si fueran delincuentes, utilizándolos como excusa para militarizar la zona de manera abiertamente ilegal”, ya que “las Fuerzas Armadas deben intervenir en forma disuasiva o efectiva para enfrentar agresiones de origen externo y acá no hay ninguna agresión de ese tipo, sino gente que trabaja de esto con un comercio a pequeña escala”. Y fue clara al hacer hincapié en que “si lo que se quiere es combatir el narcotráfico, algo con lo que estoy de acuerdo, se lo debe hacer de otra manera y no militarizando esta zona” y menos aún “dándoles a los militares facultades para salir perseguir y detener a personas”.
Por otra parte cuestionó las reglas de empeñamiento que establece la Resolución 347/2025 que son las que habilitan al personal militar destacado en el territorio a actuar. Se trata de normas secretas y cuya difusión es reclamada por los organismos de Derechos Humanos. “Hay una parte de ese decreto que es secreto por lo que no explicitan cómo van a proceder”, advirtió la integrante de la Ladh salteña y sostuvo que “lo primero que deben hacer es sacar ese secreto e informar a los organismos de qué manera piensan implementar eso que, tal como está, es ilegal e inconstitucional”. Y tras recalcar que “todo esto está mal”, puntualizó que “incluso los propios militares no quieren salir a patrullar porque saben que lo que les manda el Ministerio de Defensa y el propio comandante en jefe que es Javier Milei, es inconstitucional”.
En este contexto, Mariana Leonard se inclina por la posibilidad de que sea presentado “algún tipo de amparo, principalmente para las personas que viven en las localidades fronterizas, porque si se aplica la Operación Roca, lo que va a pasar es que se va a cobrar más vidas de lo que ya se viene cobrando” y en este sentido recordó el caso de Fernando Martín Gómez, un joven bagayero de 27 años que en diciembre de 2024 fue asesinado por personal de Gendarmería Nacional en la zona de Orán. “Sostenía a su familia con ese trabajo, tenía esposa y tres hijos pequeños que hasta hoy preguntan por qué su papá no vuelve a la casa”, señaló Mariana Leonard y después de denunciar que este caso vuelve a exhibir que “al gobierno nacional no le importa la vida del otro y sólo le importa reprimir”, reflexionó que “nada de eso puede sorprender, tampoco que hayan elegido Roca como nombre para este operativo, porque es quien fue uno de los presidentes más nefastos de nuestra historia y protagonista del primer genocidio argentino, un personaje parecido a Milei y a todo el esquema de la derecha”.
