Fue lo que el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos José Luis Legarreta, consideró que representa la resolución del juicio PC 2 que recientemente acabó con la condena de dos ex gendarmes en Concepción del Uruguay por los crímenes de secuestros, allanamientos y tormentos contra siete militantes del Partido Comunista y sus familias.
“Esta sentencia se inscribe en el proceso histórico que hay en Argentina de Memoria, Verdad y Justicia que nosotros siempre hemos construido como una garantía de no repetición”, señaló el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) José Luis Legarreta, a la hora de evaluar el fallo con el que recientemente el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a diez años a los ex gendarmes Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco en el juicio en el que debieron responder penalmente por los crímenes de secuestros, allanamientos y tormentos contra siete militantes del Partido Comunista y sus familias, contando entre ellas a tres niños.
Cabe recordar que este proceso judicial llevado a cabo en la ciudad entrerriana de la que es oriundo Legarreta y donde se desempeña como abogado y militante de la LADH, es la causa Stur II o PC II que, investigó los crímenes cometidos a partir de la noche del 12 de mayo de 1977 en la casa de Roberto Montesino, donde se estaba celebrando el cumpleaños de Mirta Bochatay, en una reunión en la que había mujeres, hombres y pibes que se preparaban para comer un asado cuando irrumpió una patota armada de la Gendarmería que los secuestró a todos.
Este juicio forma parte “del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en el cual nuestros compañeros han incidido determinantemente y que ahora, con esta sentencia, tiene un nuevo capítulo que en el actual contexto sociopolítico toma particular relevancia”, reflexionó Legarreta y añadió que “hay que pensar esta sentencia como un momento en el que por medio de la jueza Minatta, el Poder Judicial ha tomado nota de cuál ha sido el rol de los militantes comunistas y cómo se ha perseguido durante la dictadura a este sector cultural, político y social”.
En este marco, subrayó que “tener una sentencia de estas características toma particular relevancia porque, a cincuenta años del golpe cívico-militar, pone sobre la mesa la responsabilidad penal que tuvieron las fuerzas de seguridad”, algo que “en esta metamorfosis que ha sufrido el Estado con el neoliberalismo, posa el foco sobre el papel de las fuerzas de Seguridad que junto con las fuerzas de Defensa participaron del genocidio”. E insistió en la importancia que tienen estas condenas, en un juicio en el que la Liga aportó su testimonio, sobre todo en el actual momento en el que desde esas mismas fuerzas se profundiza la represión de la protesta social.
Por eso es que, volvió a marcar Legarreta, resulta necesario defender el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, “que debe ser tomado como una garantía de no repetición, para que se pueda seguir sosteniendo el Nunca Más ante los embates del imperialismo y del sionismo a nivel internacional”. En tanto que también fustigó la postura del gobernador Rogelio Frigerio que viene llevando a cabo un sostenido vaciamiento de la estructura de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos por medio de despidos, recorte de tareas y definanciamiento del Registro Único de la Verdad.
“Hasta que asumió Frigerio, la gestión del Registro había sido de un fuerte compromiso con este tipo de procesos penales, pero desde entonces dejó de tenerlo como parte del proceso de vaciamiento ideológico de estos tipos de organismos del Estado”, denunció el integrante del Equipo de Abogados de la LADH y añadió que “en eso son coherentes en sus acciones con todo lo que vienen haciendo cuando atacan la Caja de Jubilaciones, ajustan en Salud y en Educación”.
