Así definió Solana López al crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez y denunció “la relación intrínseca entre las mafias y el sistema patriarcal”, pero también la responsabilidad gubernamental. El sábado el país entero se movilizó para exigir justicia, convocado por el colectivo Ni Una Menos.
“Hay una relación intrínseca entre lo que son las mafias con el sistema patriarcal”, advirtió la secretaria de Géneros del Partido Comunista, Solana López, el sábado pasado al ser parte de la columna de la Corriente Lohana Berkins y el PCA que se hizo presente en la movilización de Plaza de Mayo al Congreso. La convocatoria, a cargo del colectivo Ni Una Menos, exigió justicia por las víctimas del triple femicidio que sacude al país; Lara, de 15 años, y Brenda y Morena, de 20.
A su vez, en la jornada la CLB y el Partido Comunista levantaron no sólo en Buenos Aires, sino en varias ciudades de todo el país, el recordatorio y el pedido de justicia por Florencia Gómez, militante de la FJC cuyo femicidio perpetrado en la ciudad santafesina de San Jorge hace ya casi cinco años continúa impune. Cabe destacar que la lucha feminista de Florencia permitió darles contención y perspectiva a muchas chicas que, como Lara, Brenda y Morena, vivían en un contexto de alta vulneración social, acechadas por las mafias del narcotráfico y la trata de personas.
En San Luis, Villa Mercedes, Córdoba, Río Cuarto, Salta, Miramar, Bariloche y Santiago del Estero, entre otras ciudades, la presencia comunista se hizo sentir en las calles este último sábado. Por su parte, hoy, al cierre de esta edición, se estaba movilizando en Posadas con las mismas consignas. En la masiva marcha que tuvo lugar en CABA, Solana López insistió con que “tal como lo hace el fascismo, las mafias se sostienen y constituyen sobre bases patriarcales y capitalistas”, pero actualmente en Argentina “también hay una relación consustanciada entre el gobierno nacional y el sistema mafioso, patriarcal y capitalista”.
Como se recordará, los cadáveres de estas tres adolescentes fueron hallados enterrados, descuartizados y con señales de tortura en una vivienda de Florencio Varela, a cinco días de que se las viera por última vez abordando una camioneta blanca en La Matanza. Por este crimen fueron detenidas seis personas, dos mujeres y cuatro varones, al tiempo que se dictó captura internacional por otros dos individuos de nacionalidad peruana a quienes se los señala como principales responsables del triple femicidio y de liderar las actividades narco que las pesquisas vinculan a la causa.
Un capítulo aparte merece el nuevamente desmesurado operativo montado por el Ministerio de Segundad Nacional durante la jornada del sábado en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se reprimió a familiares de las víctimas y pudieron verse apostados a varios camiones de Gendarmería, además de otros tantos móviles de la Policía Federal preparados para actuar ante una movilización que exigió justicia por tres pibas asesinadas por el narco. El mismo narco que se apropia de barrios populares estableciendo un régimen de terror y extorsión al parecer no tiene demasiados problemas a la hora de pasar las fronteras ante la mirada impasible de federales y gendarmes al mando de Patricia Bullrich.
Si para muestra sobra un botón, ahí está un reciente informe que hizo el Centro para la Integración Socio Urbana, titulado “Once años Menos”, que posa su mirada sobre un dato que aterra pero que a su vez resulta revelador, ya que da cuenta de que el promedio de vida en las barriadas populares de la Argentina es bastante inferior al que se registra en zonas que están más alejadas del empobrecimiento estructural que afecta a nuestro país. Este relevamiento concluye que la expectativa de vida que hay en estas zonas asciende a los 61 años, mientras que la media nacional se ubica alrededor de los 72, lo que representa una diferencia de once años, que es consecuencia directa de desigualdades estructurales como la falta de acceso a servicios básicos y la precariedad habitacional, trabajos más riesgosos y precarios, como también se explica en la ausencia de sistemas de salud pública de cercanía y en una mayor exposición a accidentes y a situaciones de violencia de todo tipo, entre otros tantos factores no resueltos en cuarenta años de institucionalidad democrática.
Por otra parte, no menos alarmante son las cifras que arrojó el último informe de la “Situación socioeducativa de los jóvenes” realizado en el segundo semestre de 2024 por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que indica que uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja. Dentro de ese universo de los “ni-ni” las diferencias por género son un indicativo más de las injusticias del sistema patriarcal, dado que el 22,5% de las mujeres está padeciendo esa exclusión frente al 17,5% de los varones. Sin embargo, la Universidad Católica Argentina en su informe pasa por alto que gran parte de esas chicas trabaja en tareas domésticas y de cuidado no remuneradas en sus propios hogares. Por supuesto que estas desigualdades se agudizan con las diferencias entre clases: en la franja de pobreza es el 34,6 el porcentaje de lxs jóvenes que no estudia ni trabaja, contra el 6,5% que suman los sectores medios y la clase alta. Dentro de la pobreza, otra vez son las mujeres quienes pagan el costo más alto. Entre ellas el desempleo trepa al 19,2 por ciento y entre los hombres esa cifra llega a los 17 puntos porcentuales. Lo mismo pasa con la precarización laboral, ya que el 29 por ciento las jóvenes logra acceder a trabajos en blanco y entre los varones ese porcentaje asciende al 34 por ciento.
¿Pero acaso todo esto querrá decir que este fenómeno y, más aún, el narco, su impacto social y consecuencias es originario de aquellos grupos sociales a los que el sistema capitalista empuja hacia su periferia? Una de las voces más autorizadas sobre este tema es Carlos del Frade, periodista, legislador y candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Soberanía de Santa Fe, quien subraya que “estos son negocios de arriba hacia abajo y de adentro del Estado hacia fuera”.
Por lo que define al narco como “un negocio paraestatal multinacional” y recuerda que su bautismo en nuestro país fue el 24 de abril de 1978, que es la fecha en que llega el primer cargamento de doscientos kilos de cocaína a Rosario. Y puntualiza que esa entrega se hizo merced a un acuerdo entre la dictadura que encabezaba Jorge Rafael Videla y la de Hugo Banzer en Bolivia, lo que dio inicio a un negocio “paraestatal” e ilegal motorizado desde dentro del Estado. A partir de ahí comenzó a gestarse la ruta del Río Paraná, que 47 años después constituye una de las principales vías de la exportación de cocaína de América Latina.
El horror del capitalismo y el patriarcado
Todo esto va construyendo un escenario propicio para que se perpetren hechos como el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. “Debemos entender que estamos frente a las mafias”, insistió Solana López y añadió que se trata de “una estructura cabalmente patriarcal y que, por lo tanto, va a desplegar todas las lógicas de violencia patriarcal para poder sostener su poder”.
En ese sentido, remarcó que “el uso de los cuerpos de las mujeres es totalmente funcional para las mafias y de hecho reproducen las mismas prácticas de las potencias colonialistas cuando, al invadir un territorio, lo primero que hacen es someter y violar a las mujeres”. En tanto “las mafias ejercen esas mismas prácticas y lógicas porque saben cuál es el efecto que produce eso dentro de un núcleo familiar y en un grupo social”, aseguró la responsable de géneros y diversidades del PCA.
Asimismo, hizo hincapié en que “utilizan el cuerpo de las mujeres para transmitir amenazas, tal como lo hicieron con el triple femicidio de estas tres jóvenes cuando utilizaron sus cuerpos como canales de comunicación, de exhibición de su forma de control y de un orden social totalmente perverso para provocar terror entre determinadas poblaciones”. López sostuvo además que “esto que ya es moneda corriente en muchos lugares de América Latina por el accionar de mafias ligadas al narco, es algo que lamentablemente conocemos en carne propia como Partido Comunista”, ya que “es lo que hicieron con el cuerpo de Florencia Gómez Polliastrou, nuestra camarada violada y asesinada por el mismo modus operandi caracterizado por la crueldad en la planificación y ejecución de un crimen, tal como en el caso del triple femicidio”.
Queda claro entonces que el de Morena, Brenda y Lara constituye un femicidio que busca tener un sentido “aleccionador” y dar un fuerte mensaje terrorista. Pero también pone de relieve un contexto social de extrema vulnerabilidad de tres pibas a las que, como a tantas otras, les tocó nacer, crecer y sobrevivir en un ambiente de sumo riesgo, carencias materiales y no materiales, sometidas a las relaciones que impone el capital, cuya realización se expresa en la mercantilización de todo, incluso y fundamentalmente de personas que desde esa mirada alienadora pasan a ser descartables.
“Ellas han sido víctimas de toda la perversión que hoy conlleva el sistema capitalista en esta etapa de crisis mundial en la que ha cooptado la vida de la juventud para imponer las lógicas del vale todo y la plata fácil”, lamentó la dirigente de la Corriente Lohana Berkins y aseveró que “son mecanismos de acceso a consumos totalmente vaciados de sentido que se venden a sectores de la juventud que viven una realidad repleta de situaciones de vulneración de sus derechos, sociales y económicos”. Y puntualizó que “estas pibas fueron víctimas de todo ese horror del sistema capitalista por ser pobres y acabaron ingresando al sistema prostituyente”, en lo que constituye “una combinación brutal porque llevaban mucho tiempo siendo víctimas y estando cooptadas en su subjetividad sobre la base de una gran mentira, de esta burbuja que inventa el sistema y que está basada en fantasías que las llevaron a la muerte porque ingresaron a esquemas mafiosos que tras usarlas directamente las descartaron”.
El narco avanza, la libertad retrocede
Mientras José Luis Espert sigue haciendo proselitismo en la provincia de Buenos Aires tratando de caranchar políticamente con el triple femicidio y prometiendo “cárcel y bala”, se confirmó que para su campaña electoral de 2021 recibió doscientos mil dólares del narco Fred Machado, quien está requerido judicialmente desde Estados Unidos y cuyo defensor es Francisco Oneto, amigo y abogado de Milei.
En la actual coyuntura no puede soslayarse que el gobierno nacional colaboró sustancialmente para que el narcotráfico encuentre cada vez más facilidades para instalarse en las barriadas más empobrecidas. El Ejecutivo disolvió el Ministerio de la Mujer y también el Inadi que, aún con limitaciones, eran espacios institucionales desde donde se brindaba contención y asistencia a mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad. En un mismo sentido, degradó la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat. Mientras que al mismo tiempo, la motosierra se encargó de pasarle por encima a la Secretaría de Integración Sociourbana, con lo que alrededor de 124 mil soluciones habitacionales que estaban en plena construcción, quedaron en la nada.
Lo mismo sucedió con el Programa de Mejoramiento de Barrios, pese a tener asignada una partida por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que dejó colgadas del pincel a casi doscientas mil familias. Idéntica suerte corrió el Programa Integral de Hábitat y Vivienda, que ya contaba con fondos del Banco Mundial, al tiempo que se disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), que de manera eficiente garantizaba la puesta en marcha de obras básicas de infraestructura como extendido de red cloacal y eléctrica, terminación de viviendas y calles.
Otro de los ejemplos que puden citarse para probar cómo el gobierno de Milei hundió aún más en la exclusión a los sectores estructuralmente más empobrecidos de la sociedad, tiene que ver con el más de medio centenar de Centros de Referencia desplegados por el entonces Ministerio de Desarrollo Social, que fueron cerrados por la cartera de Capital Humano comandada por Sandra Petovello. Estos centros eran un punto de articulación ente el Estado y las comunidades más postergadas que también sufren la baja del Programa Centros de Integración Comunitaria, tal como se hizo con la Dirección Nacional de Emergencia Social que actuaba en los propios territorios como puerta de auxilio para acceder a derechos básicos, mientras que se eliminaron los Centros de Atención de Justicia, que eran aquellos que suministraban asesoramiento legal a estas barriadas.
Todo esto sin contar las miles de toneladas de alimentos desperdiciadas en galpones del Ministerio de Capital (in)Humano (con el consecuente cierre masivo de comedores, merenderos y ollas populares), el congelamiento del programa Potenciar y el brutal ajuste del programa Progresar (que con la llegada de este gobierno sufrió un recorte de más del 65 por ciento), orientado precisamente a ayudar a jóvenes y adolescentes a terminar sus estudios. Pero si cmo si este panorama desolador no fuera suficiente, la Presidencia Milei cerró además 35 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar).
“El Estado se corrió y hace un vaciamiento de las instituciones públicas que pueden acompañar y sostener a niñeces y adolescencias que se encuentran en situación de vulnerablidad social”, lamentó Solana López. Quien también subrayó que “desde el propio gobierno se promueve una lógica que alienta la corrupción y las mafias junto a la violencia social simbólica, patriarcal y fascista que plantea un nuevo orden social que se impone desde esas mafias y que pretende mostrarse como un horizonte para la juventud, funcional a este proyecto político cuya naturaleza es la muerte”. Al fin y al cabo, “ése es el mensaje que queda de este triple femicidio”, concluyó López.
No obstante señaló que, contra el horror y la crueldad, está asomando un horizonte esperanzador. “Hubo una reacción inmediata y creo que eso va demostrando que en la sociedad comienza a haber una lectura crítica sobre lo que hace este gobierno nacional al que ya no se le creen todos los discursos enloquecedores, tergiversadores y negacionistas y que, en este caso, quiso instalar que no se trataba de un femicidio aunque no lo logró”.
Finalmente, remarcó que si al triple crimen “se le quita el peso de la palabra femicidio, se diluye la responsabilidad política-social que hay detrás de este crimen, que es consecuencia de sistemas que actualmente son promovidos desde el propio Estado nacional”.
