El ejecutivo reglamentó la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, pero omitió varios artículos de los que algunos representan el núcleo de la norma. “El hecho de que su implementación sea parcial implica un retroceso”, lamentó el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván.
“Vamos a ver de aquí en adelante como se puede avanzar, porque en la ley original todos los puntos eran importantes y lo que se hizo fuer recortar su verdadero alcance”, señaló el coordinador de la Unión de Campesinos Poriajhú, Raúl Toto Galván, al referirse a la reglamentación parcial que la semana pasada hizo el ejecutivo nacional de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.
Se trata de una norma que es considerada imprescindible para este sector, que fue impulsada en 2014 cuando Emilio Pérsico era secretario de Agricultura Familiar y que tras muchas idas y vueltas, ahora fue reglamentada pero dejando afuera a varios de sus artículos.
Al respecto, Galván quien también es titular de la Comisión Agraria del Partido Comunista, consideró que “dado el carácter integral que tenía el proyecto original que fue oportunamente aprobado, el hecho de que su implementación sea parcial implica un retroceso, más todavía si se tiene en cuenta que ya pasaron nueve años desde que fue sancionada”, de ahí que “el esfuerzo de todos estos años ahora está corriendo el riesgo de quedar trunco”.
Y, en este sentido, hizo hincapié en que “al parecer, la vocación fue reglamentar una ley a gusto y paladar del gobierno actual, pero no de la totalidad de las verdaderas necesidades de la agricultura familiar, teniendo en cuenta el modelo productivo al que apunta este gobierno que favorece a la concentración de la tierra”.
La queja de Galván es justificada. Pasaron nueve años desde que el proyecto sancionado por el Congreso se convirtiera en ley y recién ahora se reglamenta, pero sólo trece de sus 36 artículos. Y, aunque la reglamentación alcanza al que establece la creación de un banco de tierras, el coordinador de los Poriajhú, advirtió que “hay que ver qué resulta de todo esto, porque en la ley original se hablaba de juntar todas las tierras del Estado que estuvieran disponibles para su distribución, pero también hablábamos de las tierras privadas que están en estado de especulación, para que sean susceptibles de expropiación para constituir ese banco de tierras”.
Pero de todos modos, no dudó a la hora de recalcar que “es una ley importante, que refleja diez años de lucha por parte de las organizaciones campesinas e indígenas y en la que nuestro sector, el Movimiento Campesino Liberación, ha sido un puntal clave para que se siga llevando adelante a pesar de todas las dificultades que sufrió”.
Y, al respecto, recordó que “ya durante 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se había negado a promulgar la ley”, tras lo que “después vino Mauricio Macri y se paró del todo y después de eso, desde 2019, durante estos casi cuatro años seguimos luchando desde el Consejo Nacional d e la Agricultura Familiar y desde las organizaciones campesinas, pero ahora que se reglamenta, se dio esto, le han sacado muchísimo”.
Por otra parte, Galván recordó que la iniciativa original “también era muy clara cuando hablaba de la necesaria articulación que debe implementarse entre todos los ministerios para atender la problemática de la agricultura familiar que involucra desde la salud y la educación, hasta el abasto de suficiente agua”, así como “la construcción de infraestructura como caminos y la electrificación que es precisa para la zona rural”.
Y, por eso, “se hablaba de que cada ministerio debería aportar lo suyo para garantizar que el agricultor pudiera quedarse en el campo y pudiera vivir en condiciones dignas, porque hay que entender que hay comunidades rurales en las que no existen centros de salud, por lo que sus habitantes deben hacer más de cincuenta kilómetros para tener una atención básica”.
Del texto original de la redacción de la Ley, se efectivizaron completamente apenas nueve, mientras que en los casos de otros cuatro, se hizo pero de forma incompleta. Por su parte, el articulado en los que se fijaban los objetivos generales y específicos de la ley no están reglamentados ni tampoco lo está el artículo 13 que es el que insta a incorporar a los productores familiares como sujetos en cada política o programa que elabore el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y tampoco fue reglamentado el artículo 15, que es aquel que se refiere concretamente al “acceso a la tierra”.
