A dos semanas de las Paso el Frente de Todos obligó al gobierno a hablar de economía. La propuesta de Alberto Fernández de bajar la tasa de interés de las Leliq para aumentar jubilaciones, generó las reacciones del gobierno y el Fondo Monetario, quienes insisten en una reforma previsional.
El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, logró en los últimos días poner en agenda la cuestión de los jubilados y desnudó la política previsional del gobierno y el Fondo Monetario.
La propuesta del candidato presidencial de reducir a la mitad la tasa de interés de las Leliq para financiar un aumento en el haber de jubilados y pensionados (que les permita recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los últimos años) no solo fue rechazada por el gobierno, también lo fue por el Fondo. Cómo dijo Fernández, “hay que pegarle al chancho para que salte el dueño”.
Más allá de las cuestiones técnicas, la propuesta del Frente de Todos tiene fuerza por su magnitud política. Se trata de una medida contracíclica en dos sentidos. En primer lugar, si se tiene en cuenta el rumbo de la economía argentina en los últimos cuatro años, sin dudas apunta contra el corazón mismo del actual modelo de acumulación: la especulación financiera. En segundo lugar, afectaría uno de los puntos nodales del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario: la reforma previsional.
El gobierno ya avisó que de ganar las elecciones avanzará en tres reformas “pendientes” que exige el organismo internacional: la reforma tributaria, laboral y previsional.
El compromiso del gobierno con el Fondo es político y las demandas del Fondo son económicas. Así se entiende mejor por qué en casi dos años Lagarde desembolsó casi cincuenta mil millones de dólares con una esperanza: que Macri llegue con chances a las elecciones generales de octubre.
¿Para qué se usó ese dinero? Para evitar el default, es decir, pagar vencimientos de deuda (intereses principalmente) y para sostener la pax cambiaria de las últimas semanas. De lo contrario, el gobierno de Macri estaría acabado: entre crisis económico-social y crisis financiera, sería imposible para Cambiemos sostenerse en el poder.
Objetivo principal
En 2017 el gobierno realizó, a fuerza de represión en las calles y prebendas a gobernadores y legisladores nacionales una primera reforma previsional. La reforma formó parte de un “paquete” de medidas que el gobierno, tras las elecciones del 2017, se propuso imponer para profundizar la política de ajuste. En concreto, la primera reforma previsional del macrismo consistió en un recorte de ingresos mediante un cambio en la fórmula de ajuste en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones.
Tras la reforma, solo en 2018, los jubilados perdieron 53 mil millones de pesos. Sumado a las pensiones y asignaciones, los trabajadores perdieron 64 mil millones. El monto representó más de diez mil por jubilado.
Esta reforma fue anterior al desembarco del Fondo Monetario. Ahora, como es costumbre, el organismo internacional exige a Argentina (por su condición de acreedor de un crédito de “alto acceso”) una nueva reforma previsional. El primer objetivo de la reforma sería, en el lenguaje neoliberal, “reducir el gasto” social ante la falta de ingresos genuinos que permita al Estado reducir el tan mentado “déficit fiscal”.
Según Paola Gallo Peláez, abogada especialista en seguridad social, la reforma previsional tiene su primer paso en la ley que el gobierno denominó de “Reparación histórica”. Gallo Peláez explicó que “por esta ley se creó una Comisión para que presente en los próximos tres años un nuevo proyecto de ley del sistema jubilatorio”. Del trabajo de esa comisión salió el cambio de la ley de movilidad jubilatoria de 2017.
Un punto importante de la Ley de Reparación Histórica es que se alinea con el anexo IV del Informe del FMI de 2016. A partir de este punto, en la ley se crea una nueva prestación que se llama Puam: Prestación Universal para el Adulto Mayor, que equivale al 80 por ciento de una jubilación mínima. La Puam, advierte Gallo Peláez, es el primer paso para crear un nuevo sistema de jubilaciones que niega el derecho de la jubilación plena a los trabajadores informales. Las consecuencias son severas si se tiene en cuenta que en Argentina, en la actualidad, más del cuarenta por ciento de los trabajadores no están registrados.
Las reformas ya realizadas por el gobierno y las exigencias del FMI van en una clara dirección: destruir el sistema de seguridad social, apropiarse del ahorro de la clase trabajadora y operar así una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital. Los fondos de la Anses son un botín apetecible para el macrismo y sus aliados. En 2017, en el contexto del “paquetazo” de reformas, advertimos que el viejo sistema de Afjp estaba al acecho nuevamente, pero con mecanismos novedosos de pillaje.
La reforma previsional tiene como objetivo reflotar la fiesta que en los noventa hicieron los bancos y las aseguradoras con los fondos jubilatorios.
Empero, entre las exigencias del Fondo para una nueva reforma, se encuentran viejas medidas ortodoxas, ya conocidas en América Latina (Brasil de Temer, por ejemplo) y Europa: aumento de la edad jubilatoria, privatización de la seguridad social, mayores requisitos para acceder al cobro de haberes, etc.
En este marco, uno de los principales objetivos reflotar un sistema similar al de las Afjp, es decir, tomar los fondos de la Anses, entregárselos al sector financiero y dar rienda suelta a la timba. Como por el momento tal esquema es difícil de aplicar, ya que no existe un consenso social para ello, el gobierno está dispuesto a echar mano a la creatividad pero también a la represión, para concretar “una reforma previsional en cuotas”.
En ese marco, el regreso de las Afjp más que un fantasma es un peligro concreto que se advierte rápidamente al ver quiénes son los actores que hacen negocios con la política de endeudamiento que sin duda será profundizada luego de una eventual victoria de Juntos por el Cambio. A diferencia de la década del noventa esta vez el botín es aún más grande.
Es preciso señalar que en el caso de las Afjp hay quienes sostienen que más que una privatización de los fondos previsionales, lo que se hizo fue montar una arquitectura para que los bancos pudiesen tomar los recursos de la Anses y así hacerlos circular y obtener renta sin inversión alguna. Porque en el sistema de Afjp siempre, en última instancia, era el Estado el que solventaba los préstamos con los que luego se pagarían las futuras jubilaciones. En otras palabras, el Estado cedía a los privados los fondos por los que, en última instancia, respondía el mismo Estado. El negocio era redondo para las compañías aseguradoras y letales para el conjunto de la sociedad ya que el desfinanciamiento público era enorme.
De lo que no queda duda es que el sistema favoreció una privatización de los beneficios y estatización de los costos, ya que el Estado financió la amputación de recursos de la Anses con endeudamiento externo. Esto mismo está sucediendo en la actualidad y se acentuará tras la sanción de la reforma previsional sólo que las Afjp como tal no actuarán sobre los fondos jubilatorios, sino que ahora son los fondos de inversión y los bancos los que se sirven de los dólares que ingresan vía endeudamiento para obtener rentabilidad mediante la bicicleta financiera.
Así las cosas los actores son los mismos aunque los nombres de fantasía -Siembra, Consolidar, Orígenes o Máxima- sean distintos. Ahora ya se presentan como se llaman en el sistema financiero: Goldman Sachs, JP Morgan, Hsbc, Bbva, MetLife y New York Life International son algunos de los fondos de inversión que hicieron y hacen su agosto con el macrismo y que lo hicieron con el menemismo y las Afjp.
Antecedentes
Las reformas previsionales en América Latina se comenzaron a aplicar a fines de la década del ochenta como parte de la batería de medidas impulsadas por el Consenso de Washington. Fue uno de los engranajes principales del plan de reformas estructurales que operaron sobre los Estados nacionales en el continente y que en Argentina se llevó a cabo raudamente en la década de los noventa con el menemismo.
La privatización de la seguridad social fue un requisito fundamental en el proyecto de reforma del Estado (Ley Dromi) que también fue acompañado de cambios tributarios y una flexibilización laboral que en Argentina, si bien se concretó legislativamente recién con De la Rúa, comenzó a imponerse de hecho a fuerza de aumento del desempleo, bajos salarios y abusos patronales.
Chile es el modelo en el que desde un principio las clases dominantes del país se quisieron espejar y el paradigma que el menemismo adoptó en los noventa para realizar la reforma previsional de 1993.
Entre 1980 y 1981 el gobierno de facto de Augusto Pinochet privatizó totalmente el sistema previsional chileno a excepción de las pensiones y jubilaciones de las Fuerzas Armadas y la policía que continuó en manos del Estado. De esta manera el país trasandino se convirtió en el niño mimado del Banco Mundial y un ejemplo para el Fondo Monetario Internacional. Más de cuatro décadas después, los mismos actores aparecen detrás de la reforma previsional del macrismo.
En toda América Latina las reformas previsionales apuntaron a crear y consolidar un mercado de capitales inexistente hasta el momento. Así las cosas, los nuevos sistemas de seguridad social que se expandieron por el contenido estuvieron subsumidos bajo la lógica del mercado financiero.
En la Argentina desde la década del ochenta las cajas de previsión social se encontraron tensionadas por dos dinámicas: una solidaria en la que los trabajadores activos y los sectores patronales sostienen con sus aportes las pensiones de los trabajadores retirados y una privada, inspirada en el modelo chileno, que busca poner los activos de estas cajas a disposición de la banca para producir renta en el sistema financiero.
En Argentina, esta tensión se comenzó a resolver durante el menemismo a favor de la privatización y la creación del mercado de capitales. Así es como para muchos jóvenes nacidos en los noventa, nombres como Orígenes, Consolidar o Siembra resultan familiares por la fuerte presencia mediática que adquirieron como parte de una campaña destinada a capturar el futuro de los trabajadores argentinos.
Al igual que el proyecto menemista, la reforma previsional del macrismo apunta a una privatización de los beneficios y una estatización de los costos del sistema previsional, pero bajo otro esquema. Luego de la estatización de los fondos de la Anses en 2008, el sistema previsional vuelve a sufrir la ofensiva privatista.
Como dijo Alberto Fernández hay que elegir: la timba o los jubilados.
