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Sáb, Ene
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Política

Los pueblos originarios constituyen uno de los blancos predilectos de los ataques dirigidos por el gobierno nacional con el propósito de legitimar el señalamiento de un enemigo interno que justifique la represión de toda disidencia. Con métodos muy similares a los implementados por la última dictadura, Milei y Bullrich cumplen con la tarea de ejecutar el trabajo sucio que demandan los grupos económicos transnacionales. Reinaldo “Chino” Benítez, integrante del Instituto Futaleufú de Esquel y de Liga Argentina por los Derechos Humanos, en la previa a un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, estableció un paralelo entre la represión de la última dictadura y algunos de los momentos que dejó la represión de los dos últimos miércoles contra los jubilados. 

“Argentina se parece cada vez más a una dictadura” dijo Reinaldo “Chino” Benítez, integrante del Instituto Futaleufú de Esquel y de Liga Argentina por los Derechos Humanos de la localidad, respecto al imponente despliegue represivo preparado por Patricia Bullrich y Javier Milei para reprimir la marcha convocada por los jubilados el miércoles pasado.

La instalación de un operativo semejante, que instauró de hecho en la Ciudad de Buenos Aires un Estado de Sitio, tuvo lugar, no casualmente, la semana previa al 24 de marzo, cuando se espera que cientos de miles de personas en todo el país salgan a las calles para conmemorar a las víctimas del Terrorismo de Estado y para denunciar a los cómplices civiles de la última dictadura, muy bien representados actualmente por el poder económico que sostiene al gobierno fascista de La Libertad Avanza. En ese sentido, el operativo policial del miércoles se pareció mucho a las maniobras militares de saturación callejera implementada por las Fuerzas Armadas en los años setenta, con el apoyo logístico de las policías provinciales y grupos parapoliciales. 

Al respecto, el “Chino” Benítez —preso político de la última dictadura— aseguró que “vivimos niveles de represión que no se veían desde el gobierno militar, con un despliegue represivo que afecta la totalidad de las libertades democráticas de la ciudadanía y a las instituciones que componen los distintos poderes del Estado”. Para el referente de la Liga en Esquel el aspecto característico que plantea un nuevo escenario en la escalada represiva del gobierno nacional contra el pueblo en general residió en el despliegue de “una represión que no solo recayó contra aquellos que queremos manifestar diferencias con respecto a este modelo de entrega de la soberanía y del patrimonio nacional, sino también contra todo ciudadano que circulaba en la vía pública, amedrentado con un impresionante operativo policial pensado para generar medio". 

Dada la situación, Benítez no dudó en afirmar que “vivimos en un país en el que cualquier ciudadano que se manifieste críticamente contra el gobierno corre el riesgo de ser detenido y encarcelado”. Por ello, calificó a Patricia Bullrich como “una persona que no tiene ningún tipo de respeto por las garantías democráticas” y consideró que por ello debe ser investigada y condenada. Pero, claro está, “solo será posible si las fuerzas populares logramos transformar de raíz el poder judicial, actualmente cooptado por el poder económico”.

Sin embargo, no es solo el Poder Judicial el que se encuentra cooptado por el poder económico. El Poder Legislativo, con sus diputados y senadores también ofrece sus servicios a los grupos extractivistas y transnacionales. Por ello, Benítez ratificó que desde la Liga “no vamos a avalar bajo ningún punto de vista un acuerdo con el FMI, logrado mediante la represión”, y sentenció: “la deuda que tomó Macri debe ser investigada”.

El modelo represivo del gobierno nacional también tiene resonancias en la Patagonia argentina. Entre las manifestaciones que son censuradas, perseguidas y reprimidas por este modelo económico implementado políticamente con métodos fascistas, se encuentran los derechos de los pueblos originarios, reconocidos por la constitución nacional. Al respecto, Benítez enfatizó que “poco a poco, con la complicidad de los gobernadores de las provincias de Patagonia, muchas de las familias Mapuches y Tehuelches han sido desalojadas, perseguidas, estigmatizadas y acusadas falsamente de terroristas”. La expulsión de sus territorios, puntualizó, “implica la pérdida, casi siempre irrecuperable, de las tierras comunales en las que han vivido siempre”. 

Así las cosas, el referente de la Liga consideró que más allá de las luchas parciales y sectoriales, que pueden convertirse en verdaderos polvorines que potencialmente pueden hacer explotar la movilización del conjunto de la sociedad, “es preciso que el conjunto del pueblo argentino recupere no solo su voluntad de resistencia sino también su capacidad política para organizarla y dirigirla contra los responsables del saqueo y la represión”.

Benítez, un referente con amplia experiencia militante, recordó que “quienes vivimos y padecimos la represión de la última dictadura militar sabemos que es posible desactivar la andanada represiva del gobierno y las fuerzas policiales al mando de la ministra Patricia Bullrich”. Por eso, agregó, “no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a seguir poniendo toda nuestra experiencia y militancia para derrotar al gobierno, en base a la organización y unidad de las luchas, practicando la solidaridad y buscando trascender los reclamos parciales”.  

Benítez insistió, entonces, en la necesidad de conquistar mayores niveles de organización para que la resistencia pueda convertirse en una ofensiva política, con la convicción de que más temprano que tarde nuevamente el pueblo volverá a cantar victoria. Porque el principal desafío, dijo, “es, esta vez sí, construir una fuerza política que no se agote en la victoria electoral, sino que con ella pueda iniciar un verdadero proceso de transformación, sobre la base de un programa político y económico de unidad”. 

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En su sede de esta localidad del conurbano bonaerense, el Movimiento Territorial Liberación llevó a cabo un acto que contó con la presencia de Gustavo Muñoz, Alejandro Forni, Iris Pereyra de Avellaneda y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.

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