Mientras Argentina enfrenta un brote de sarampión con 35 casos confirmados y la tos convulsa ya se cobró la vida de cinco niños menores de dos años durante 2025, la diputada Marilú Quiróz (PRO) impulsa un evento antivacunas en el mismísimo Congreso de la Nación. La jornada “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?”, programada para el 27 de noviembre, no es un acto aislado: es la expresión local de un proyecto global de la extrema derecha que disputa el sentido de lo público transformando la salud en un terreno más de la batalla ideológica. Esa disputa, lejos de ser meramente discursiva, se expresa en cuerpos concretos y vidas interrumpidas.
Por Marcela Belardo [*]
La escena es casi alegórica. Quiróz, ligada al agronegocio, vacuna sistemáticamente a su ganado contra la aftosa—y lo admite sin pudor cuando le preguntaron al respecto en el programa Buenas Tardes, China—. Su capital está protegido por la ciencia veterinaria y por un Estado que regula y subsidia. Cuando se trata, sin embargo, de las infancias, promueve teorías conspirativas y ataca el calendario nacional de inmunización garantizado por la Ley 27.491. No se trata de incoherencia ni ignorancia: es la aplicación de un principio político que prioriza los bienes que reproducen el capital por sobre las vidas humanas.
Los datos muestran las consecuencias materiales de esta doctrina. La cobertura de la vacuna triple viral cayó al 88% en 2024—muy por debajo del 95% necesario para sostener la eliminación del sarampión. Ninguna provincia alcanza hoy ese umbral. La región de las Américas perdió su certificación de eliminación en noviembre de 2025 y los brotes se multiplican: 10 países, más de 10 mil casos, 18 muertes. La tos convulsa sigue el mismo patrón: los casos confirmados en Argentina triplican los de 2024; en la provincia de Buenos Aires murieron cinco niños, la mayoría sin vacunación registrada o hijos de madres no inmunizadas durante el embarazo. Son muertes evitables, resultados directos de la desinversión sanitaria nacional y de la penetración del discurso antivacunas impulsado por los mismos sectores que luego exhiben “preocupación” por la libertad individual.
Este fenómeno es global. En Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Trump, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) —la agencia federal de salud pública responsable del control y prevención de enfermedades— modificaron su página oficial para reintroducir dudas sobre la relación entre vacunas y autismo, contradiciendo décadas de evidencia científica. Trump colocó a Robert F. Kennedy Jr., ícono del movimiento antivacunas, al frente del Department of Health and Human Services. Bolsonaro en Brasil, en plena pandemia, desfinanció aún más al Sistema Único de Salud (SUS), promovió la no probada cloroquina contra el COVID19, y expulsó de un día para otro a 8.000 médicos cubanos que trabajaban en el Mais Médicos y que atendían a poblaciones rurales alejadas de los centros médicos. Milei, cuando era diputado nacional, votó en contra de una ley para detectar tempranamente cardiopatías congénitas en recién nacidos— en nombre de la “no intervención del Estado” y del curso natural de la vida. La coherencia de este proyecto es notable. Como documenta la investigación reciente sobre necropolítica sanitaria , estos movimientos convierten a la ciencia en un campo de batalla mediante tres mecanismos articulados: la producción de marcos pseudocientíficos (como la vinculación vacunas-autismo), la deslegitimación selectiva del conocimiento (caracterizando a la ciencia que no responde directamente a su proyecto político tildándola de "contaminada por sesgos ideológicos"), y la implementación de políticas que presentan la mortalidad evitable como resultado de la "selección natural" o la "responsabilidad individual". Estos tres mecanismos funcionan de conjunto para erosionar la confianza pública en la inmunización colectiva y para abrir espacio político a la desregulación sanitaria[1].
El evento de Quiróz en el Congreso replica esta lógica. Los paneles sobre “daños de la vacuna de Pfizer”, “autismo” y “víctimas ignoradas” buscan instalar sospechas sobre las vacunas bajo la apariencia de un debate plural. Siete sociedades científicas rechazaron la actividad por “tendenciosa” y por representar un “enorme peligro” sanitario en un contexto de coberturas críticas. Pero Quiróz va más lejos: presentó un proyecto para revisar la Ley 27.491 y avanzar hacia la voluntariedad de las vacunas. El objetivo es claro: desmantelar uno de los pilares del sistema de salud pública argentino y descolectivizar la protección sanitaria, rompiendo la idea misma de inmunidad comunitaria.
El contexto internacional ayuda a comprender este fenómeno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las vacunas salvaron 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Sin embargo, en 2024 más de 14 millones de niños no recibieron ninguna vacuna y 20 millones no completaron esquemas básicos. Las epidemias globales de enfermedades prevenibles crecen desde 2021 en paralelo a recortes presupuestarios, crisis humanitarias y campañas masivas de desinformación. Y crecen, además, por los conflictos bélicos en expansión y los desplazamientos masivos de población que colapsan sistemas sanitarios, debilitan coberturas y generan nuevas poblaciones en riesgo. La OMS, UNICEF y Gavi reconocen que la reticencia a la vacunación—hoy motorizada por la extrema derecha—es uno de los diez principales riesgos sanitarios del planeta. La crisis no es inevitable: es producida.
En ese marco, el interrogante del evento de Quiróz—“¿Qué contienen realmente las vacunas?”—opera como dispositivo de sospecha. Pero la pregunta real, la que articula todo este proyecto político, es otra: ¿quién merece vivir? Cuando el Estado desfinancia la salud pública, cuando funcionarios niegan o manipulan evidencia científica, cuando se promueven marcos conspirativos que erosionan políticas de inmunización, la respuesta queda explícita: merecen vivir quienes pueden pagar, quienes disponen de recursos, quienes no desafían el orden social. El resto queda expuesto, a lo que el intelectual camerunés Achille Mbembe describe como necropolítica, que refiere a la capacidad del poder soberano para decidir quién debe vivir y quién puede morir; cómo ciertos Estados administran activamente la muerte mediante abandono, represión o violencia estructural.
Frente a este avance, la resistencia no es solo sanitaria: es política y ética. Las sociedades científicas que se pronunciaron, los/as trabajadores de la salud que sostienen vacunatorios en condiciones de ajuste, las organizaciones populares que garantizan acceso a derechos en los barrios, las familias que completan los esquemas de vacunación: todos constituyen un proyecto que reivindica la vida como principio organizador de lo social. Las vacunas del calendario argentino no son un regalo del Estado; son conquistas de décadas de lucha del movimiento sanitarista latinoamericano, del sindicalismo de la salud, del pueblo organizado que defendió la idea de salud como derecho colectivo. Esa tradición es hoy objeto de ataque.
En un contexto donde la extrema derecha global intenta reinstalar la supervivencia individual como moral dominante, la defensa de la vacunación se vuelve una forma más de disputa política: disputar el sentido de lo colectivo, afirmar que ninguna vida es descartable, que la protección colectiva vale más que la ganancia privada. Permitir que el Congreso Nacional legitime el discurso antivacunas sería institucionalizar la necropolítica sanitaria, convertir un órgano del Estado en plataforma de difusión de falsedades que matan.
La historia juzgará a quienes eligieron la muerte evitable como política y también a quienes resistieron. El pueblo trabajador tiene memoria: sabe que sus derechos se conquistaron colectivamente y que solo colectivamente pueden defenderse. La vida de cada pibe, de cada comunidad, de cada territorio, debe ser irrenunciable. Esa es la única respuesta posible ante quienes hoy parecen considerar que una vaca vale más que una vida humana.
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[*] Marcela Belardo es investigadora del CONICET, especializada en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud.
[1] Belardo, Marcela. “‘Quién merece vivir’: la necropolítica sanitaria de la extrema derecha global”. Revista Ciudadanías (UNTREF), en prensa, 2025.
