Se llevan a cabo contra el DNU 70/2023, el Protocolo Bullrich y el megaproyecto enviado por el ejecutivo al Congreso Nacional.
Durante toda la semana pasada, toda la provincia de Río Negro fue escenario de movilizaciones en las que se repudió el DNU 70/2023, pero también el Protocolo Bullrich y la iniciativa que el ejecutivo mandó al Congreso, bajo el título “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” que, según el asesor presidencial Federico Sturzenegger, constituyen sólo una cuarta parte de lo que el ex funcionario de los gobiernos de La Alianza y Mauricio Macri definió como “un proceso de reformas más amplio”.
Queda claro que de lo que va la cosa es de una política de schock, que se pretende plasmar por medio de un paquetazo de medidas que garantice un rápido ajuste y transferencia de riqueza y patrimonio nacional hacia una porción de la clase capitalista que actúa en Argentina, altamente concentrada y transnacionalizada.
Ante esto y con la creciente evidencia de que los efectos concretos ya se hacen sentir en el bolsillo de los trabajadores, los rionegrinos como General Roca (Ver Quien quiera oír que oiga), Cipolletti, Viedma y Bariloche donde entre otros, dijo presente la militancia del Partido Comunista desde donde, en tal contexto, se instó a redoblar esfuerzos para aportar a la construcción de la jornada de paro y movilización convocada por las centrales sindicales para el 24 de este mes.
Y esas consecuencias son concretas, por ejemplo en Cipolletti desde donde se hace hincapié en que en esta localidad se presenta “un panorama incierto”, ya que como consecuencia del DNU 70/2023 corre peligro la continuidad de la obra pública, por lo que gremios, organizaciones sociales y de Derechos Humanos marcharon y coincidieron en denunciar que el paquetazo de Mieli “afectan gravemente el funcionamiento democrático”.
Por su parte, a la hora de referirse al Protocolo Bullrich, la multisectorial convocante hizo hincapié en que desconoce diferentes derechos como el de “peticionar ante las autoridades, la reunión pública y a la participación democrática”, así como el derecho a la libertad de expresión.
Y en cuanto al DNU, señalaron que no cumple los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, porque “no se dicta en una situación excepcional y no reúne las exigencias legales de necesidad y urgencia”, por lo que con la emisión de este decreto, el ejecutivo “se arroga facultades que son propias del Poder Legislativo y no da muestras de tener disposición al debate”.
