La Presidencia Milei persiste con la destrucción de un área que es clave para pensar un desarrollo soberano como país, profundiza los despidos en el Conicet y deja sin recursos a la Agencia I+D+i. Agencia que hizo grandes aportes en la lucha contra el virus en la pandemia del Covid-19 .
Al promediar la semana, la presidenta de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Alicia Caballero, señaló que durante lo que resta de 2024, esta agencia que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, no va a abrir nuevas convocatorias a proyectos de investigación científica “porque no tenemos fondos”.
Caballero hizo tal anuncio durante una reunión que mantuvo con representantes del área de Ciencia y Tecnología de las universidades nacionales, que se desarrolló en el Consejo Interuniversitario Nacional, en la que sostuvo que la Presidencia Milei sólo va a sostener los fondos que fueron asignados hasta diciembre de 2023 por la administración de la Agencia I+D+i que en ese período estaba a cargo de Fernando Peirano.
Cabe destacar que esta agencia es el órgano que se encarga de articular a la actividad científica con la productiva por lo que gestionar proyectos científico-tecnológicos destinados a suministrar soluciones innovadoras para el desarrollo de la productiva en áreas como software, energía, economía del conocimiento, ambiente, salud y el sector Pyme. Y por eso sirve de nexo entre las diferentes líneas de investigación que se realiza en los 330 institutos del Conicet y en las universidades, con el objetivo de responder a demandas concretas que presenta la industria, lo que plantea desafíos en términos de innovación, pero también resultados concretos que agregan valor y generan conocimiento.
Vale citar que entre otras cosas, la Agencia I+D+i fue determinante durante la pandemia del Covid-19, cuando rápidamente brindó respuestas con el desarrollo de insumos pero también de innovadores proyectos vinculados al área sanitaria entre los que se destacan los sueros, respiradores artificiales, test para detectar la presencia del virus, vacunas y dispositivos para desinfección de salas hospitalarias.
Posteriormente también avanzó en el desarrollo aeroespacial y líneas como la energética, el software y diferentes áreas de otras industrias donde el aporte es clave para agregar valor a los productos y ganar en competitividad, algo que es fundamental si lo que se quiere es superar la restricción externa que desde hace décadas representa un obstáculo para el desarrollo de la economía argentina. Y para esto, la Presidencia Milei dice que no hay dinero, ahora ni para 2025, tal como lo aseveró la propia Caballero aseveró que todavía no fue capaz de presentar un plan que sirva de hoja de ruta para la Agencia I+D+i.
¿Pero puede sorprender a alguien el desprecio que el actual gobierno tiene sobre el complejo científico tecnológico, algo que es coherente con el intento de convertir a Argentina en una factoría con una economía absolutamente reprimarizada? ¿Acaso esto no es un correlato de la destrucción que viene perpetrando sobre todo el sistema educativo público, universal y gratuito, algo sobre lo que vienen advirtieron los sindicatos docentes de los tres niveles de la educación (Ver "Se trata de la defensa de la universidad"). Queda claro que no y en esa misma dirección, semanas atrás, la Presidencia Milei escribió un nuevo capítulo cuando dejó sin trabajo a 250 científicos, después de que vencieran sus becas posdoctorales y decidiera dejarlos en una suerte de limbo, al menos, hasta marzo de 2025.
Esto se suma al hecho de que, entre enero y marzo, fueron echados 140 trabajadores del personal administrativo, al tiempo que se implementó un recorte del cuarenta por ciento en las becas doctorales y lo mismo pasó con lo inherente a las becas posdoctorales, tal como lo advirtió desde la integrante de la Junta Interna ATE-Conicet de Ciudad de Buenos Aires, Nuria Giniger.
Al respecto, desde ATE-Conicet se denunció que la decisión gubernamental es un nuevo “golpe al desarrollo de la investigación científica en nuestro país”, pero también se hizo hincapié en el carácter irregular que tiene la interrupción de las 250 becas posdoctorales y el recorte a un mínimo histórico que se verifica en la cantidad de profesionales que acceden al sistema de becas doctorales y posdoctorales. Algo que “se enmarca en un contexto institucional del complejo de Ciencia y Tecnología nacional caracterizado por despidos, desfinanciamiento, desmantelamiento, degradación de competencias y capacidades de gestión”.
Los datos duros son más que elocuentes: durante el trimestre inicial del año sólo se otorgaron setecientas de las 1200 becas doctorales que debieron instrumentarse, al tiempo que para la nueva convocatoria abierta se redujo la cantidad de becas disponibles de ochocientas a quinientas, algo que tal como lo sostiene Nuria Giniger plantea un panorama de fuerte incertidumbre para quienes ya poseen becas o están en proceso de ingreso al organismo.
Por lo que ATE-Conicet demandó la continuidad de las prórrogas de becas posdoctorales, que se amplíen los cupos de las becas doctorales y posdoctorales de la convocatoria 2023, que se restituyan los programas de becas posdoctorales extraordinarias y de estadías corta y la reincorporación de quienes fueron despedidos del organismo.
Así las cosas, Nuria Giniger recordó que, hasta este año, las becas posdoctorales se prorrogaban hasta el momento en que se daba el resultado que tenía el concurso para la carrera de investigador científico del Conicet, con lo que los postulantes continuaban con sus tareas y mantenían sus fuentes de ingresos hasta que se abrían los resultados, algo que esta vez pase probablemente recién en marzo de 2025. Pero a partir de la decisión gubernamental, 250 investigadores formados por el Estado con ocho años de experiencia en la investigación científica, quedan en un limbo atravesado por la incertidumbre que plantea no saber si van a poder proseguir con su carrera dentro del sistema.
Pero lejos de ser casual, todo esto forma parte de una situación de ajuste sostenido sobre el organismo, “que se da en un marco doble, ya que por un lado hay un ajuste presupuestario muy fuerte que nos impide desarrollar normalmente nuestras investigaciones” a punto tal de que se restringe la posibilidad de comprar insumos y equipos, en tanto que también se explicita la reducción a su mínima expresión de todo el sistema científico tecnológico, tal como queda claro en el texto de la Ley de Bases.
“De hecho la Ley de Bases dice explícitamente que no se puede disolver el Conicet, pero habilita que se deje cesante a la gente y reducir lo que quieran reducir”, recuerda Giniger y advierte que esto ya está pasando, “ya que es una reducción y congelamiento de la planta del Conicet, expulsando científicos que no tienen cómo trabajar”, algo que además fomenta “un éxodo importante de trabajadores hacia el exterior”.
