“En Córdoba el gobierno provincial siempre ajusta por el lado de los trabajadores activos y jubilados, al tiempo que condona deuda o baja impuestos a todo lo que es la renta rural”, lamentó Rodolfo Leyría, dirigente de Luz y Fuerza y de la Corriente Nacional Agustín Tosco.
El ajuste es el principal eje que emparenta a la Presidencia Milei con los gobiernos provinciales que, más allá de impostar ocasionalmente alguna que otra crítica, en mayor o menor medida son cómplices de la tragedia nacional que estamos atravesando. Lo que sucede en Córdoba con la reforma previsional del gobierno de Martín Llaryora no es otra cosa que la puesta en escena de un nuevo capítulo de la alianza que, a veces de manera más solapada y en muchas otras ocasiones de forma explícita, existe entre los distintos exponentes de la derecha que hoy deciden sobre las condiciones de vida de nuestro pueblo. Claro que también representa un nuevo episodio de la lucha de clases porque, más allá de cualquier maquillaje, de lo que se trata es lisa y llanamente de sacarles más derechos y riqueza a la clase trabajadora para destinarla al capital concentrado, que así maximiza exponencialmente su tasa de rentabilidad.
En esa línea, mientras el gobierno nacional impulsa su proyecto de ley de reforma previsional a pedido del FMI, hay provincias como Entre Ríos y Santa Fe, donde de la mano de Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro respectivamente, ya se avanzó en idéntica dirección y se consiguió imponer lo que el Fondo exige a nivel nacional. Algo similar pasa en Córdoba, donde los trabajadores estatales resisten a la aplicación de la Ley de Emergencia Previsional impulsada por Martín Llaryora y sancionada a fines de 2025. Y lo vienen haciendo a través de diferentes movilizaciones y otras formas de visibilizar cuáles son las consecuencias que tiene esa norma. Entre esas iniciativas de lucha, está la carpa instalada ante el Cabildo Histórico de Córdoba en Plaza San Martín, donde también se organizan semanalmente ollas populares para tender una mano solidaria con trabajadores despedidos y otros que padecen situación de calle.
“Desde 199, cuando se cambió la edad jubilatoria en Córdoba, todos los gobiernos provinciales avanzaron sobre la Caja de Jubilaciones que pertenece a todos los trabajadores del Estado provincial, que ha sufrido diferentes modificaciones, hasta llegar a esta que el gobierno denomina ‘Emergencia Previsional’ que tiene una fuerte y negativa repercusión en los salarios de los activos”, advirtió Rodolfo Leyría, quien es trabajador de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) y delegado de Luz y Fuerza, además de integrar la conducción regional de la CTA de los Trabajadores y la Corriente Nacional Agustín Tosco.
Al respecto, puntualizó que “nosotros ya venimos haciendo un aporte jubilatorio, que es del dieciocho por ciento, pero ahora con estas modificaciones que se han puesto en marcha, los trabajadores cordobeses estamos aportando entre el veintidós y el veintiséis por cuento dependiendo del salario” algo que, recalcó, “constituye un total atropello”, por lo que “ya hemos presentado amparos judiciales que aún no han tenido el efecto que esperamos”. Al respecto, añadió que, además de la responsabilidad que tienen el actual gobierno provincial y sus antecesores, “esto también es producto del desfinanciamiento nacional”.
Así las cosas, Leyría insistió con que se trata de “un problema que hemos tenido con todos los últimos gobiernos” y recordó que “primero se cambió la edad, después la base de cálculo, así empezamos con el último sueldo, después pasamos a los dos últimos años y ahora estamos en los últimos diez años para calcular el sueldo de un jubilado provincial”. Frente estas reformas regresivas escalonadas, señaló que “lejos quedó la Ley 8024 donde se le garantizaba el 82 por ciento móvil a nuestro jubilados”. Tras lo que reiteró que “encima ahora, con esta Emergencia Previsional, tenemos un aporte extraordinario por cinco años que implica que los trabajadores activos debamos aportar del veintidós al veintiséis por ciento de nuestros sueldos”.
Queda claro que durante más de tres décadas los gobiernos provinciales vienen teniendo un factor común. “En Córdoba está muy claro: el gobierno provincial siempre ajusta por el lado de los trabajadores activos y jubilados, al tiempo que condona deuda o baja impuestos a todo lo que es la renta rural; el Impuesto Inmobiliario Rural está obsoleto”, remarcó el dirigente provincial de la CoNAT. En tanto que agregó que “el gobierno libertario-peronista cordobés trabaja, de esa forma, beneficiando al campo mientras que para los trabajadores y jubilados sólo queda el ajuste, y lo mismo hace para la Salud y la Educación”.
El ajuste se profundiza por toda la provincia
“De la Córdoba industrial, la que siempre tuvo un movimiento obrero a la vanguardia, hoy en día va quedando cada vez menos”, lamentó Leyría y recordó que “ya se fue Nissan dejando a casi mil quinientos compañeros en la calle y el ingreso de vehículos chinos está haciendo que Renault mantenga a los trabajadores con un sólo modelo, la Kangoo, y algo parecido para en el caso de Fiat”. A esto, comentó, se suman “un montón de empresas del rubro alimentación que han cerrado sus puertas y otras pymes en las que un día los compañeros van a trabajar y se encuentran con los portones soldados y el cartel de fábrica en quiebra”.
Lo dicho por Leyría en diálogo con NP es parte de una realidad alarmante en la provincia mediterránea. Según el informe oficial del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), Córdoba tiene hoy 10.300 empleos privados menos que hace un año, ya que en mayo de 2025 en la provincia había un total registrado de 522 mil trabajadores formales en empresas y esa cifra cayó a 511.700 en la comparación interanual a mayo de 2026. Este relevamiento realizado por el Sipa es algo que se sigue verificando en la cotidianidad cordobesa, donde se suceden cierres, suspensiones y despidos como el que tuvo lugar la semana pasada, donde Metalfor, empresa del grupo Bertotto Boglione dejó de producir en su planta de Noetinger, al tiempo que anunció que avanza con un plan para reducir en un sesenta por ciento el personal de otra de sus fábricas en Marcos Juárez.
Por su parte, tras hacer lo propio con la que posee en la localidad entrerriana de Gualeguaychú, la avícola Granja Tres Arroyos paralizó la planta de Río Cuarto, donde se desempeñan 350 personas. Mientras que al sur de la provincia, un centenar de familias se ve afectada por la interrupción de la actividad en la planta que Manisur tiene emplazada en Santa Eufemia. Este cuadro de situación tampoco escapa a la ciudad de Córdoba. En la capital provincial, 650 trabajadores de la planta de la Fábrica Argentina de Aviones vienen cobrando sólo el sesenta por ciento de sus haberes. Asimismo, después de varias quincenas adeudadas, la autopartista Crucianelli bajó las persianas en la capital cordobesa, donde también medio centenar de trabajadores de Gomas Gaspar quedaron en la calle. A la vez, durante estos días en San Francisco, ZF Argentina aplica un esquema de suspensiones parciales, lo que pone en vilo a 340 operarios.
Ante este panorama de industricidio y despidos en masa “la unidad en la acción del movimiento obrero cordobés se mantiene con las dos CTA y las dos CGT”, destacó Leyría. Junto a esto, puntualizó que “venimos llevando adelante jornadas de protesta contra la reforma previsional de Llaryora”, algo que incluyó una olla popular “con la que llevamos un plato de comida a muchos compañeros que están en situación de calle porque ya no pueden pagar sus alquileres”. En estos tiempos tan difíciles, el dirigente sindical cordobés reafirmó que “como movimiento obrero ponemos siempre por delante a la solidaridad y estamos siempre unidos y dando batalla a los embates del gobierno nacional y del gobierno provincial”.
