Los docentes se plantan ante el gobierno y cuestionan el proyecto de ley de Libertad Educativa de Javier Milei “que pone en riesgo al sistema de educación y también a nuestra fuente de trabajo”. Así lo explicó la Secretaria de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Suteba, Laura Altamirano, de cara al paro nacional docente previsto para el lunes 3 por la Ctera.
Los trabajadores de la educación bonaerense agrupados en Suteba y todos los sindicatos de base de la Cetera a lo largo y ancho del país se vienen organizando para el paro nacional con movilización del 3 de agosto, al que le seguirá el martes 4 otra jornada de lucha en cada provincia. El objetivo de la medida de fuerza pasa por visibilizar reivindicaciones que, entre sus principales ejes, presentan el rechazo a las reformas previsional y laboral, así como al proyecto de Ley de Libertad Educativa que quiere imponer Javier Milei; además de la exigencia de paritarias libres, salarios dignos, restitución del Fonid a las provincias y un presupuesto acorde para el desarrollo de una educación pública y de calidad.
“Tuvimos acceso a un borrador del proyecto de Ley de Libertad Educativa que todavía no fue tratado en comisiones, en el que vemos que se plantea un cambio de paradigmas total con respecto a la Educación tal y como nosotros y nosotras la conocemos en nuestro país”, advirtió desde La Violeta Laura Altamirano, quien es Secretaria de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Suteba Provincial, además de Adjunta de la seccional Lomas de Zamora del sindicato docente.
En este contexto, recordó que desde que en 1884 se sancionó la Ley 1420, “vemos que nunca se vio lo que ahora se quiere proponer con este proyecto”, ya que “desde el nacimiento del sistema educativo es el Estado el que garantiza el acceso a la educación gratuita, libre, obligatoria y laica”. Mientras que esta iniciativa, alertó, “quiere ir a un modelo educativo como el de Chile, que es el del financiamiento a la demanda”. En tal sentido, Altamirano subrayó: “nosotros tenemos una Ley Nacional de Educación que dice con claridad que el Estado Nacional es garante del derecho social a la educación, pero el proyecto lo pone en un lugar de Estado subsidiario, ubicando en la misma categoría al sistema público con el privado”.
Después de recordar que “aquí ya tenemos descentralizado el sistema de educación” y que ahora “ni siquiera tenemos Ministerio de Educación”, señaló el antecedente del traspaso a las provincias en los años 90 con la Ley Federal, “por lo que son las provincias las que financian sus propios sistemas educativos, salvo la Universidad”. La dirigente del Suteba y de La Violeta Docente puntualizó que si prospera esta reforma regresiva del mileísmo “se haría un total traspaso, por lo que el Estado Nacional se correría absolutamente de los sistemas educativos, cuyo financiamiento quedaría en manos de la demanda”, lo que quiere decir “que eso correría por cuenta de estudiantes y sus familias, ademas de agentes externos a la comunidad educativa, y ya sabemos lo que pasa cuando comienzan a entrar las empresas privadas”.
Por eso es que Altamirano hizo hincapié en que “vemos todo esto con mucha preocupación y estamos dispuestos y dispuestas a presentar batalla, porque de ninguna manera podemos permitir que se cambie la Ley de Educación Pública de esta manera”. Sin dudarlo, recalcó que si la iniciativa gubernamental llegara a contar con luz verde, “cambiaría lo que pasa siempre cuando el Estado se retira”. En este caso puntual, aseguró que “se modificaría la manera en que conocemos a la educación, porque esto de que el Estado deje de ser garante de derechos para pasar a ser subsidiario, implica que deje de garantizar el acceso a la educación para todos y todas en situación de equidad”.
¿Qué es lo que pasaría entonces? En ese escenario “pasaríamos a tener un sistema de scoring donde habría escuelas para ‘mejores’ y otras para ‘peores’ estudiantes, donde el financiamiento estaría dado por los resultados de las pruebas estandarizadas y el acceso de los docentes ya no va a estar dado por su capacitación, por los concursos y estudios que tienen, sino por los vínculos y decisiones de particulares y empresas”, algo que plantea un panorama “en el que queda vulnerada la justicia social”.
De esta manera, se estaría dando paso hacia un esquema educativo hipermercantilizado, que convertiría ni más ni menos que en mercancía a docentes y alumnos, lo que representa al paradigma del sistema capitalista en su máxima expresión. “Tal como lo vemos en el sistema educativo de Chile donde vimos lo que provocó, con protestas de las comunidades educativas que derivaron en la pueblada de octubre de 2019”, señaló la docente bonaerense.
Una de las claves de esta historia va a pasar por la capacidad de reacción que tengan las propias comunidades educativas y, fundamentalmente, por el rol de los sindicatos docentes para articular la lucha. “Es muy difícil que el alcance de esto se comprenda porque, en Argentina, nunca tuvimos una situación así, ya que venimos de un siglo y medio con educación gratuita y obligatoria para todos y todas”, algo que “se fue ampliando desde el nivel primario hasta el universitario, por lo que estamos acostumbrados a un sistema público donde el Estado es el garante del acceso a la educación”, reflexionó Laura Altamirano.
Por último, subrayó que se vuelve imprescindible “que la comunidad educativa comprenda la verdadera dimensión del proyecto del gobierno y por eso es importante el trabajo con todos y todas en el debate, para que nuestros compañeros comprendan cuál es el riesgo que corre la educación y nuestra fuente de trabajo”.
