En un reclamo ante sede judicial la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja exigió que se frene la aplicación del Incentivo Provincial para la Enseñanza, que constituye un mecanismo por el cual los trabajadores de la educación padecen “descuentos ilegítimos y extorsivos”.
Integrantes de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) formalizaron ayer lunes en los Tribunales de la capital provincial una demanda contra el Ministerio de Educación que encabeza Ariel Martínez. En ella se exige el freno inmediato a la aplicación del Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE), que afecta drásticamente a los salarios docentes y al que la AMP no dudó en calificar como “un descuento ilegítimo y extorsivo”.
Los trabajadores de la educación riojanos dieron este paso después de que el gobierno provincial llevara a cabo retenciones en los haberes de cientos de maestros que realizaron una medida de fuerza el pasado 27 de julio que, en algunos casos, alcanzan hasta los cuatrocientos mil pesos. Por lo tanto, el gremio de base de la Cetera en La Rioja recalcó que la cartera educativa no descontó el monto proporcional por la jornada de paro, sino que lo hizo con la totalidad del adicional mensual, lo que constituye “una penalización económica directa destinada a quebrar el derecho a la protesta”. Sin medias tintas, AMP denunció que con tal acto “se confirma que el IPE no es otra cosa que una herramienta de disciplinamiento”.
Precisamente, en el centro de la cuestión que motorizó el reclamo judicial está el IPE, que reiteradas veces la Asociación de Maestros y Profesores señaló como un instrumento al que echa mano el gobierno de Ricardo Quintela “como un mecanismo encubierto de presentismo punitivo”, que provoca recortes salariales que entran en contradicción con el Decreto Provincial 1556 que es el que autoriza hasta dos inasistencias justificadas sin pérdida del concepto, pero también vulnera el Acuerdo Paritario 14 al que oportunamente adhirió la provincia de La Rioja.
En este contexto de ajuste del gobierno nacional y del gobierno provincial, la AMP viene realizando un plan de lucha para demandar una recomposición salarial y modificaciones en el esquema del IPE, una paga adicional atada al presentismo, que tal como lo advierte el sindicato docente de base de Ctera, “condiciona el ejercicio de derechos laborales adquiridos”. El IPE fue una respuesta circunstancial de la administración Quintela al recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente que ordenara el gobierno de Javier Milei, por lo que AMP, al tiempo que denuncia el carácter restrictivo que tiene el ítem provincial, exige la restitución del Fonid.
Se trata de una demanda que lleva más de un año. “Nosotros rebautizamos al IPE como Item por la Pobreza y la Esclavitud”, ya que “para cobrarlo completo el docente no tiene que tener ninguna falta a la escuela, entonces debe olvidarse de su salud, también de los inconvenientes que tienen nuestras compañeras en sus familias con sus hijos y con padres enfermos”, subrayó oportunamente el Secretario General de la AMP, Rogelio de Leonardi.
Luego de sostener que ese mecanismo constituye “un régimen de injusticia total”, el dirigente sindical riojano insistió con que “lo que ha implementado el gobierno provincial a través del IPE nos está enfermando la población docente, particularmente las mujeres trabajadoras que en la escuela primaria son más del ochenta por ciento y en los jardines de infantes prácticamente la totalidad”.
Cabe recordar que además de este mecanismo extorsivo contra los docentes riojanos, el gobierno de Quintela desde hace más de dos años retiene la cuota sindical de la AMP, que continúa religitimando su representación entre los trabajadores de la Educación con lucha, organización y dignidad.
