Una instancia judicial confirmó el criterio de la Subsecretaría del Interior en el caso del refugiado político italiano que Javier Milei y Giorgia Meloni quieren poner tras las rejas. El estado de salud de Leonardo Bertulazzi enciende luces de alarma ya que acaba de tener un nuevo ACV.
La jueza Macarena Marra Giménez falló a favor de confirmar la disposición del subsecretario del Interior, Tomás Manuel Pannunzio, quien dispuso que cese de la condición de refugiado político del italiano Leonardo Bertulazzi, cuya extradición reclama su país de origen porque hace medio siglo integró las Brigadas Rojas. Este representa una especie de caso testigo para Javier Milei, ya que juega su alineamiento con la premier Giorgia Meloni, al tiempo que reafirma su política restrictiva frente al derecho internacional.
Con tal novedad, “el refugio y el derecho internacional están en riesgo” recalcaron amigos y familiares de Bertulazzi, quien está patrocinado por el abogado Rodolfo Yanzón. Al respecto advirtieron que “mientras el sistema de (in) justicia argentino insiste en obviar el debido proceso y la normativa internacional en favor de la protección al refugio, Leo cuenta con el apoyo del movimiento de Derechos Humanos en nuestro país e internacionalmente”.
En este sentido subrayan que en más de catorce representaciones diplomáticas de Argentina se presentaron más de mil firmas pidiendo el refugio y que no se extradite a Bertulazzi, ya que “se lo persigue por su ideología y por atribuirle hechos sucedidos hace medio siglo”.
Asimismo, puntualizan que resulta preciso señalar que oportunamente la Cámara de Casación destacó en un escrito la precariedad del estado de salud que presenta Bertulazzi a raíz de haber padecido un ACV en enero de este año y porque además es mayor de setenta años. Pero lamentan que “pese a este aviso que está respaldado por estudios médicos, el deterioro en su salud no fue tenido en cuenta y fue encarcelado una vez más”, algo que aparece como “un agravante en su situación, de por sí arbitraria ya que, como refugiado político tiene derecho a ser protegido y a permanecer en libertad”.
En estos momentos Bertulazzi se encuentra hospitalizado porque sufrió un segundo cuadro de ACV. “El estrés, la persecución y el hostigamiento pasan factura en su integridad física y mental”, lamentan sus amigos y familiares, por lo que instan “a todos los defensores de derechos humanos a alzar la voz y a exigir el cumplimiento del principio de no devolución y de las garantías procesales”.
Por otro lado, recalcan que “además de todas las arbitrariedades ya mencionadas y con Leo hospitalizado, él tiene que enfrentarse a que encima se le aplicará un proceso judicial sumarísimo que acorta drásticamente los tiempos y las posibilidades de su debida defensa”.
También hacen hincapié en que resulta relevante reiterar que el Estado argentino “está incumpliendo leyes y normas internacionales de rango constitucional al no respetar la regulación de los refugios”, al tiempo que el Poder Judicial “por su acción o por omisión”, se convierte en cómplice “de una persecución política aleccionadora sin precedentes”. Y añaden que “por la arbitrariedad con la que ha sido tratada la causa de Leo, se vuelve a evidenciar lo alineado que está el Poder Judicial con un gobierno que quiere cumplir las expectativas del gobierno italiano de Giorgia Meloni, igualmente autoritario y persecutor, extraditando a Leonardo Bertulazzi a Italia”.
