La Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio como Juan Carlos De Marchi, en homenaje a un ex capitán que fue condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. “Hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad” sostuvo el titular de La Fede de esa provincia, Jeremías Giordano. Finalmente, el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada.
Fiel a sus principios, la Sociedad Rural de Corrientes bautizó la plaza central de su predio con el nombre de Juan Carlos De Marchi, quien fue un capitán que presidió esa entidad cuando decidió dedicarse al negocio agropecuario, después de retirarse del Ejército, institución donde era conocido como “el Electricista”, por su una particular predisposición a aplicar picana a los detenidos y desaparecidos que caían en sus manos durante la última dictadura.
En 2008 este siniestro personaje fue condenado a veinticinco años de prisión, porque el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes lo encontró penalmente responsable de haber perpetrado setenta crímenes, entre los que figuran delitos de desaparición de personas, tormentos y otros que incluyen el secuestro de una beba.
Todos estos delitos fueron cometidos mientras el represor actuaba en el Regimiento 9 y la sentencia correspondiente fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
De Marchi falleció en junio de 2024 cuando ya había conseguido la libertad condicional, en 2021, tras haber cumplido los dos tercios de su condena en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal. Durante el juicio que lo llevó a la cárcel, quedó constatado que este individuo secuestró y torturó a personas que estaban detenidas ilegalmente, entre ellas a una beba de pocos meses, pero también a sacerdotes, estudiantes secundarios y universitarios, periodistas, referentes sindicales y otros trabajadores.
Por otra parte, durante 2023 De Marchi volvió a ser condenado a veinticinco años, cuando el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó sentencia sobre siete ex militares y gendarmes penalmente responsables de la autoría de crímenes de lesa humanidad contra más de cien personas. Fue en el caso de la Brigada de Infantería VII, que desde su sede en la ciudad de Corrientes actuó sembrando el terror sobre toda la zona, extendiendo la represión ilegal a Chaco, Formosa y Misiones.
La Rural de Corrientes está afiliada a dos organizaciones empresariales nacionales de productores que son Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina, ninguna de estas entidades madre ni sus titulares, Carlos Castagnani y Nicolás Pino, repudiaron el homenaje. Tampoco lo hizo el otro socio de la Sociedad Rural correntina, Expoagro, que forma parte de Exponenciar SA, una empresa integrada por Clarín y La Nación.
El acto de la Sociedad Rural de Corrientes habla con claridad del desprecio que sus integrantes tienen para las víctimas de los atroces delitos ejecutados por De Marchi y constituye una reivindicación del Terrorismo de Estado, algo que no pasó inadvertido para el Senado provincial, que aprobó por unanimidad un proyecto de repudio a la decisión de la entidad agropecuaria. Finalmente, el el repudio popular hizo que la placa en homenaje al genocida fuera retirada.
Quienes aportaron a ese repudio popular fueron el Partido Comunista y La Fede, desde donde el secretario político provinncial, Jeremías Giordano, sostuvo que “lo de la Sociedad Rural es un gesto que reivindica al Terrorismo de Estado”, por lo que “lo repudiamos como organización militante en la que tenemos camaradas detenidos desaparecidos como Ito Gómez, de quien después de casi cinco décadas no sabemos qué pasó con él y para quien continuamos exigiendo justicia”.
Asimismo, reflexionó que la actitud de esta patronal agraria resulta coherente con su condición de clase. “Son parte de un centro de poder en nuestra provincia y en todo el país” y reflexionó sobre el contexto que fomenta que una entidad como la Sociedad Rural se anime a hacer abiertamente una reivindicación del genocidio cometido por la dictadura que asoló nuestro país entre 1976 y 1983, lo que constituye una verdadera declaración de principios.
“Hace unos años quizás no se hubieran animado”, sostuvo Giordano y subrayó que “con la llegada de Javier Milei quedó claro que algo había cambiando y esto se corroboró poco después con aquella foto de los legisladores de La Libertad Avanza visitando a los genocidas alojados en el penal de Ezeiza”, ya que “hay una relación estrecha entre quienes hoy gobiernan y los condenados por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”. Por lo cual, remarcó que “una entidad como la Sociedad Rural se siente avalada para hacer algo así”.
En el mismo sentido, recordó que el 2 de abril pasado, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la localidad de Saladas fue homenajeado por las autoridades municipales el coronel retirado Julio Santiago Canteros, quien estuvo presente en el combate librado en las Islas en 1982 y en abril de 2024 fue condenado por el Tribunal Federal de Corrientes por su participación en la desaparición forzada del militante Raúl Arturo Figueredo, hecho que tuvo lugar en la localidad de Alvear en 1977.
