El Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Tucumán repudiaron la criminalización de nueve comuneros de Colalao que enfrentan una causa penal amañada.
El miércoles pasado, el Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Tucumán acompañaron a la Unión de Naciones y Pueblos Diaguitas de Tucumán (Upndt) en la movilización que realizó hacia la sede provincial de Tribunales, en defensa de los nueve comuneros de Colalao que enfrentan una causa penal amañada, que se originó en la denuncia hecha por terratenientes salteños por tentativa de homicidio, robo y usurpación, después de que en 2012 impidieran que ingresen privados a un territorio que fue relevado como de uso ancestral.
En el juicio que popularmente se conoce como “Indio Colalao”, se pretende castigar a nueve comuneros que defendieron las tierras donde viven, tal como lo hicieron sus ancestros desde hace más de un siglo. Y lo hicieron de las intenciones de un terrateniente que dice haberlas adquirido de “sus dueños”.
Entre los acusados se encuentra el ex intendente de El Jardín, actualmente senador salteño, Carlos Omar López, Alberto Dionisio Mercado, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Eduardo Humano, Juan Carlos Toledo, Ciro Fernando López, María Lilia Delgado, Benito Toledo y Felipe Santiago Cruz.
Desde hace doce años la Comunidad Indio Colalao resiste y enfrenta la persecución, el hostigamiento, los desalojos y la violencia. Durante esos años fueron tratados como usurpadores en sus propias tierras ancestrales por los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, quiénes iniciaron esta causa cuya imputación más grave es la de intento de homicidio. Los dos son empresarios del agronegocio vinculados a las firmas Zanja Honda y Agro Avance que para perpetrar sus tropelías, fraguaron una adquisición fraudulenta que definió claramente uno de los líderes de la comunidad cuando denunció que “vendieron la tierra con nosotros adentro”.
La Comunidad Indio Colalao forma parte de la Upndt, habita al norte de la provincia, en la zona limítrofe con Salta y está compuesta por las bases Alta Montaña, Piedra Sagrada, Monte Bello y Riarte que se ubica en un sitio de difícil acceso en el departamento de Trancas en donde varias generaciones de comuneros vivieron y trabajaron la tierra. Por su parte, en la actualidad son más de veinticinco familias las que habitan en ese territorio donde protegen las nacientes del Río Salí que es la fuente que abastece de agua del llano tucumano, al tiempo que apagan incendios y protegen los biomas del lugar.
La Comunidad Indio Colalao cuenta con persona jurídica desde 2011 y con un relevamiento territorial realizado a partir de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, pero pese a ello enfrentan y resisten el hostigamiento que perpetran personajes que cuentan con complicidad política a la hora de violar sus derechos.
Al respecto, el PC y la Liga de Tucumán coinciden en advertir que esta causa “puede dar pie a un precedente muy amplio”, ya que “hoy la construcción del enemigo está más clara y envalentonada y hay una línea muy fuerte que se ve en la teoría de la fiscalía, de poner a los comuneros en un lugar de grupo armado que se quiere apropiar de las tierras”. Y recalcan que “es la misma criminalización que está avanzando con un montón de otros territorios del país y que ha provocado ya varias muertes”.
Por eso el PC remarca que “nos oponemos a las usurpaciones de tierras legalizadas por un aparato judicial al servicio del capital sojero que destruye todo a su paso”, en tanto que la Liga puntualiza que “nos oponemos al avasallamiento de comunidades que al proteger sus derechos, protegen los de todos, ya que cuidan el agua y los ambientes naturales para todos los tucumanos”. Y ambos exigen que cesen los desalojos y las persecuciones, así como “la acumulación de unos pocos en detrimento de la vida de los muchos”.
