La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios salió a las calles junto a las centrales obreras y los movimientos sociales para reivindicar que “Las Malvinas son argentinas y las pymes también”. De esta manera vinculó la defensa de la soberanía con un modelo de país productivo, con desarrollo industrial y generador de empleos de calidad. Lo hizo al participar de la marcha a Tribunales contra la Extranjerización de Tierras y el Mega DNU de Milei, como así también de la protesta frente al ex Ministerio de Industria, donde denunció el cierre masivo de fábricas y la consecuente pérdida de puestos de trabajo que se pronuncia en todo el país.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) participó este martes de la convocatoria hacia Tribunales impulsada por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata, como respuesta a la postura de la Corte que le había dado luz verde a la reforma de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales (o Ley de Tierras). Ante la inmediata reacción popular en defensa de nuestra soberanía, el Máximo Tribunal retrotrajo hoy esa medida haciendo lugar a un recurso amparado en la “tutela del daño ambiental”, presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, que agrupa a comunidades mapuche de Río Negro. De manera que el artículo 154 del Mega DNU, vuelve a quedar “transitoriamente” sin efecto y se extiende así la vigencia regulatoria de la Ley de Tierras.
Por otra parte, ayer Apyme estuvo acompañando a ambas CTA y a la CGT en la marcha hasta el edificio del ex Ministerio de Industria, degradado por Javier Milei al rango de Secretaría, para manifestarse a favor de una Argentina con producción, empleo y desarrollo. Al respecto, y con la consigna “Las Malvinas son argentinas y las Pymes también”, denunció la fuerte recesión de las actividades vinculadas al mercado interno y puso en cuestión el “crecimiento económico” que relata el gobierno. Como señaló la entidad que nuclea a las pymes argentinas, la bonanza inexistente a la que se refiere Toto Caputo, ilustra exclusivamente las exorbitantes ganancias de un puñado de corporaciones transnacionales dedicadas a actividades extractivas.
En este marco, Apyme recordó que desde diciembre de 2023 cerraron más de 30 mil pequeñas y medianas empresas, lo que da cuenta de un promedio de más de 30 persianas por día del sector que se bajan definitivamente desde el desembarco en Casa Rosada de este experimento ultraliberal que no para de destruir puestos de trabajo formal. En este período, los empleos registrados que se perdieron en el sector privado rondan los 240.000, de acuerdo a relevamientos del CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
Asistimos a un escenario marcado por “una transferencia de ingresos desde sectores vinculados con la producción, el trabajo y las universidades hacia grandes corporaciones nacionales y extranjeras”, señaló la organización de pequeños y medianos empresarios y sostuvo que con este esquema económico resulta imposible “alcanzar un proceso de desarrollo productivo sostenido en la Argentina”.
“Unificar es la condición necesaria para alumbrar un horizonte de reconstrucción nacional, soberanía y desarrollo con justicia social”, afirmó la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. De modo que concluyó su comunicado, que lleva la firma de su presidente, Julián Moreno, remarcando que “detener este modelo antinacional no es una alternativa táctica; es una condición histórica para garantizar la subsistencia de nuestras empresas y construir un futuro con desarrollo equitativo, democracia plena y verdadera soberanía nacional”.
Un par de días antes de llevar sus reclamos junto a cooperativas, la Uocra y demás sindicatos de la CGT (que sigue sin ponerle fecha a un paro general) y de ambas CTA hasta el emblemático edificio de Diagonal Sur 651, que fuera sede del Ministerio de Industria y Producción reducido a Secretaría por este gobierno industricida; Apyme también dijo presente en Plaza Lavalle para expresar su repudio contra los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios se plegó al repudio transversal de diversos sectores de la sociedad hacia la decisión de la Corte Suprema que permitió la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, dejando con ello sin efecto la llamada Ley de Tierras y rehabilitando la compra indiscriminada de nuestro territorio a manos de capitales y Estados extranjeros. Esa movilización multisectorial, encabezada por una bandera con las caras de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti y la leyenda “Jueces Cipayos”, fue decisiva para que tomaran registro de la masiva movilización soberanista en todo el país del 6 de agosto y apuraran el trámite para dar marcha atrás con el fallo a favor de la extranjerización de las tierras.
Sin embargo, más allá del artículo en cuestión, Apyme recordó que fue parte de las movilizaciones que, apenas comenzada la Presidencia Milei, se realizaron en distintos puntos del país para salirle al cruce al DNU 70/2023 y sostuvo que desde ese momento “existió una demanda social para que el Congreso Nacional interviniera sobre la normativa”. Luego de que el Senado rechazara el Mega DNU presidencial, pasaron más de dos años y medio para que Diputados se dignara a terminar de fijar la posición parlamentaria definitiva para decidir sobre la inconstitucionalidad de este megadecreto que constituye una de las columnas centrales sobre las que se apoya el modelo mileísta.
Así las cosas, la organización conducida por Julián Moreno recordó también que el DNU 70/2023 afecta distintas normas vinculadas con las relaciones de producción y consumo, alterando la protección de las cadenas productivas locales, la industria nacional y las Pymes. Por lo cual, vinculó el debate suscitado por la Ley de Tierras con la discusión abierta acerca del modelo de desarrollo económico y productivo que debe tener nuestro país.
La derogación de una normativa que “habilita la depredación del país y sus recursos” debe quedar, según hizo hincapié Apyme, en manos del Congreso. Tras lo cual, insitió en su demanda para que se avance hacia un modelo de desarrollo que debe tener como ejes la producción nacional, la democracia y la soberanía. En ese mismo sentido, cuestionó tajantemente las posiciones que expresaron los sectores empresarios que participaron del Coloquio de Idea, puntualizando que son propuestas que apuntan a sostener durante las próximas décadas el actual rumbo económico caracterizado por “el saqueo del aparato productivo”.
Por lo tanto, finalmente, y más allá de esta última medida de la Corte con la que se busca desde el poder real descomprimir el repudio social en aumento que vienen expresando los múltiples sectores agredidos por el plan de ajuste y entrega del gobierno (anti)nacional, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios ratificó su presencia en la movilización del 15 de octubre para exigir, con el pueblo unido en las calles, la anulación completa del DNU 70/2023.
