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Política

El Ministerio de Economía y el FMI anunciaron que alcanzaron un acuerdo técnico, por el que se fijaron “los objetivos y parámetros centrales”, para que Argentina siga pagando los vencimientos de la deuda contraída por la Presidencia Macri.

Por medio de un comunicado conjunto, ayer al mediodía, el Ministerio de Economía y el FMI anunciaron que las negociaciones que vienen llevando a cabo, alcanzaron un acuerdo técnico por el que se fijaron “los objetivos y parámetros centrales”, que van a ser la base del entendimiento que será elevado durante los próximos días al Directorio de ese organismo multilateral.

De este modo, se espera que al promediar la semana que comienza, se den a conocer los detalles del programa de desembolsos para la Argentina correspondiente al segundo semestre que sellaron los funcionarios de la cartera económica encabezados por el viceministro, Gabriel Rubinstein, que desde hace varios días están en EE.UU. y el staff técnico del Fondo.

“Se han acordado los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un Staff Level Agreement que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina”, señaló desde su cuenta oficial de Twiter el ministerio que preside Sergio Massa. Y, en este sentido, puntualizó que lo acordado “busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”.

¿Pero cómo se traduce todo esto? La respuesta es que el gobierno nacional y el FMI se pusieron de acuerdo en qué nuevos compromisos va a tener que garantizar el país, en reemplazo de las metas que había acordado para este año, que no fueron cumplidas. Esto es, cómo va a seguir pagando los argentinos una deuda que –hay que recordarlo- es fraudulenta.

La buena noticia para la cartera económica, es que de esta manera, el Estado argentino va a tener acreditada una suma que -después que le saquen la punta al lápiz- podría llegar a los cinco mil millones de dólares para seguir pagándole al Fondo, lo que permite que se abone el vencimiento pautado para el 21 de julio, que es de algo menos de 2.600 millones de dólares de intereses de deuda.

Así las cosas, La Rosada espera que esto sirva para descomprimir la presión que en los mercados financieros y el que se verificó principalmente durante la semana pasada sobre el precio del dólar, lo que además podría aliviar este frente de cara a las Paso del 13 de agosto. Esta “recalibración” como prefieren llamarlo en la jerga financiera, implica que tanto el Fondo como el Gobierno aceptan que las metas, tal como fueron pautadas oportunamente entre el organismo y Martín Guzmán, ya no existen. Esto es, las metas acordadas en materia de emisión monetaria, reservas de divisas y otras inherentes a variables macroeconómicas.

Para pasarlo en limpio: el Estado argentino no pudo cumplir con las metas de acrecentamiento de reservas internacionales, tampoco con lo estipulado en lo inherente a la emisión monetaria que era de 0,6 del Producto y ya se superó el uno, ni con las fiscales que habían pautado un déficit primario de 1,9 por ciento y al cierre del primer semestre ya se está en 2,5 del PBI.

Por eso es que el vencimiento de la cuota de capital del 30 de junio se pagó con el equivalente a 1.700 millones de dólares en Derechos Especiales de Giros y el resto (algo así como 1.001 millón de dólares) con parte del Swap acordado con la República Popular China a una tasa anual del ocho por ciento. Esto fue rascar el fondo del tarro.

Cabe recordar que esas metas surgieron del acuerdo celebrado con el FMI, por el que se convirtió el Stand-By a tres años del Gobierno Cambiemos, en un préstamo de facilidades extendidas a diez años, por el que cada vencimiento de capital se va refinanciando de acuerdo a metas estipuladas por el organismo.

Así las cosas, ahora el Estado argentino patearía para adelante (hay que ver por cuánto tiempo) el vencimiento de este mes, mientras que para el vencimiento de intereses de agosto que es de algo así como de 1.800 millones de dólares, se podría contar con el crédito de cinco mil millones de dólares que fueron acordados en mayo pasado por Massa y la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, Dilma Rosseff. Y así se llegaría a septiembre que es cuando hay vencimientos de capital, con un colchón de lo que queda del préstamo de los Brics.

 

¡Una locura!

 

¿Parece una locura? Sí, es una locura, sobre todo si se piensa que de lo que se está hablando y aquello por lo que el Estado vuelve a endeudarse, no es otra cosa que para pagar una deuda que fue otorgada de forma irregular de acuerdo a los propios estatutos del FMI y que, además, se fue por la cloaca de la timba financiera y la fuga que propició la Presidencia Macri.

El Informe Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos que presentó el Banco Central durante abril de 2020, expuso el mecanismo perverso que facilitó la fuga de 86 mil millones de dólares que perpetró el Gobierno Cambiemos ¿Pero cuántos dólares se fugaron desde el momento en que Mauricio Macri recibió a Christine Lagarde en la Quinta Presidencial? La respuesta correcta es 45 mil millones de dólares y todo pese a que la Carta Orgánica del FMI, prohíbe la utilización de los recursos del organismo para solventar la salida de divisas. Esta norma fue refrendada por Argentina cuando entró al Fondo durante 1956.

Pero por otra parte, el Gobierno Cambiemos no respetó lo que firmó en los memorándum que suscribió para tomar el préstamo, ya que ahí se comprometió a que los dólares que ingresarían se iban a destinar a disminuir las tensiones existentes en la balanza de pagos y, para ello, debían usarse para incrementar las reservas. Durante el último año de la Presidencia Macri, las reservas cayeron en algo más de veinte mil millones de dólares, sin pandemia ni sequía.

Queda claro entonces que los dólares que el FMI le dio a Macri, se utilizaron para engordar el perverso mecanismo de compra indiscriminada de divisas baratas que, tras obtener rápida rentabilidad, fueron fugadas, algo que comenzó el 11 de diciembre de 2015 cuando se levantaron las restricciones que existían para la adquisición y circulación de divisas.

Esto, en una economía que tiene un profundo problema en la restricción externa, contribuyó a destrozar el mercado interior y a profundizar el déficit fiscal, que es donde está la excusa que ahora ponen Macri y sus discípulos para explicar por qué fueron al Fondo. Y ahora tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich prometen que, si llegan a La Rosada, van a hacer exactamente lo mismo.

Como para redondear la historia, vale recordar que los desembolsos del FMI se pautaron para junio, octubre y diciembre de 2018, abril y julio de 2019, esto es, siguiendo el programa de campaña que pretendía acabar con la reelección de Macri. Y este argumento no es antojadizo: el entonces asesor de Donald Trump, Mauricio Claver, reconoce que aquel Stand-By fue otorgado a pedido de Trump y para favorecer la posibilidad de que Macri sea reelecto en 2019. Pero con el resultado electoral puesto, la bolsa estaba vacía y como consta en el informe del Central, desde la firma del acuerdo con el FMI se habían fugado 45 mil millones de dólares.

Buena parte del préstamo fue para financiar la fuga de divisas perpetrada por los sectores más concentrados y transnacionalizados que actúan en el país. Y si para muestra alcanza con un botón, el Informe da cuenta de que el veinte por ciento de personas físicas que adquirieron divisas durante ese período, se quedaron con el ochenta por ciento de lo que se compró. En el caso de las personas jurídicas la cosa es más elocuente todavía: el diez por ciento de los que compraron se hizo con el 93 por ciento de los dólares vendidos. Así, los sectores más concentrados de la clase capitalista que actúa en Argentina cobraron a tiempo el apoyo que brindado a Macri, mientras que los trabajadores seguimos pagando.

Pero pese a toda esta evidencia, el actual Gobierno no exhibió demasiada vocación a la hora de generar condiciones, para que se investigue algo tan básico como es saber a dónde fueron a parar los alrededor de 45 mil millones de dólares del Stand-By de 2018 que no están en el país. Y, menos todavía, es la que muestra la jueza María Eugenia Capuchetti en cuyo juzgado duerme la causa por la que se debería investigar este formidable delito.

Es que el camino que eligió el gobierno con la renegociación de marzo de 2022 es otro. Y también lo es el que elige ahora ¿Pero con qué expectativas lo hace? Una parte de las metas incumplidas con el FMI tiene que ver con el déficit que, en buena parte, se corresponde con la correcta decisión de La Rosada de avanzar en la obra del gasoducto Néstor Kirchner, que requirió una inversión del orden de los 2.700 millones.

Las cuentas que entusiasman al Ministerio de Economía son las que indican que con esta obra se va a tener que importar 4.500 millones de dólares menos durante 2024, a lo que suman un año sin sequía lo que -aseveran con optimismo- aportaría a un superávit comercial de alrededor de 18 mil millones de dólares. Con esto se acomodaría el desbarajuste de déficit que generaron los vencimientos de este año en un contexto tan desfavorable provocado por la sequía, la guerra en Europa y algunos coletazos de la pandemia que profundizaron todavía más los problemas estructurales de restricción externa que tiene la economía argentina.

 

¿Hablar sobre la deuda?

 

Pero para 2024 todavía faltan cinco meses que, en Argentina y en un año de Presidenciales, pueden equivaler a varios siglos, sobre todo, para quien tiene la doble tarea de ser ministro de Economía y aspirante al Sillón de Rivadavia.

Anoche el Ministerio de Economía anunció medidas que alcanzan al dólar, así como a la importación de bienes y servicios. Por un lado se generaliza el Impuesto País al 25 por ciento para todos los servicios con excepción de fletes, salud y educación, además se “simplifican” los tipos de dólar con lo que aumenta el denominado “dólar ahorro” que queda igual al dólar tarjeta. Y, asimismo, se amplía el “dólar agro” que de este modo llega a los 340 pesos para las exportaciones que se liquiden hasta el 31 de agosto.

Entre los grandes beneficiados que va a tener la aplicación de estas medidas, están las nueve grandes acopiadoras y comercializadoras de granos que todavía retienen algo así como diez toneladas de granos, tal como reveló un reciente informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Pero a esto se suma que hicieron exportaciones que no liquidaron por tres mil millones de dólares, de acuerdo a lo que informó la Dirección General de Aduanas.

Todo esto aportó significativamente a incrementar, todavía más, la actual restricción externa y el déficit que se traduce en problemas como los que, entre otras cosas, tiene el Estado nacional a la hora de pagar los vencimientos de intereses y capital de la deuda.

Así las cosas, con el traje de precandidato, Massa postula desde un pragmatismo de néstorkirchnerista que para sacarse de encima al Fondo, la mejor receta es pagarle. Pero, en este punto es prudente preguntarse hasta dónde vale la pena esta dinámica de andar endeudándose con los chinos, con el Brics y con la mar en coche para pagar una deuda que, a todas luces, es ilegal e ilegítima, al tiempo que forma parte central de un mecanismo diseñado para robar que, después de todo, de esto va lo de la formidable fuga de divisas que viabilizó. Y vale la pena hacer esta pregunta en un país en el que casi la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza.

Porque es verdad que una parte de todo el proceso de sobreendeudamiento fue diseñado para robar. Pero fundamentalmente se trata de un mecanismo geoestratégico, geopolítico y geoeconómico de dominación que destruye soberanía política, económica y nacional en beneficio de lo peor de la clase capitalista.

Hace poco más de diez años en su libro “El odio a Occidente”, el miembro del Comité Consultivo del Consejo de Derechos del Hombre de la ONU, Jean Ziegler, reclamaba el establecimiento de “un nuevo Nuremberg para los especuladores financieros”. En este texto, se habla sobre el carácter criminógeno que tiene la industria financiera, pero también acerca de las consecuencias que su actividad tiene sobre las personas concretas. El pedido de Ziegler quedó en la nada y las consecuencias que denuncia, se siguen maquillando con palabras rimbombantes y definiciones técnicas que pretenden ocultar que todo esto no es otra cosa un capítulo clave de la lucha de clases y que, por lo tanto, se trata de un problema político que, como tal, requiere de una resolución política.

Anoche, al tiempo que señalaba que “va a haber desembolsos en agosto y noviembre”, Massa puntualizó que se buscó “sacar la discusión con el Fondo de la campaña”. Y quizás lo mejor sea todo lo contrario, es decir, que esta campaña sirva para poner sobre la mesa el tema del sobreendeudamiento y discutir incluso acerca de qué sentido tiene que Argentina continúe atado a organismos como el FMI, el Banco Mundial o el Ciadi.

Porque el sobreendeudamiento de una formación estatal como Argentina, es un componente necesario e inherente a la actual etapa que atraviesa Crisis de Larga Duración del Sistema Capitalista y, por ende, no se trata de un desequilibrio de aquellos que se pueden subsanar a partir de la reestructuración de actores económicos y diferentes facciones del universo del capital, por medio del pacto entre fuerzas políticas en pos de la reorganización de la hegemonía social.

Pero esa búsqueda existe y subyace detrás del intento por naturalizar un hecho condicionante para la sociedad argentina como es el camino que comenzó a recorrerse con el Stand-By de 2018. De esto va la mirada que postula que es necesario y posible avanzar en la construcción de un “capitalismo bueno”, capaz de someter a todos estos actores a la lógica de la economía productiva. Esto es, sueño de keynessianos y protokeynessianos que soslaya la lucha de clases y no advierte que el actual no es un momento más de las cíclicas crisis que caracterizan al capitalismo.

Entonces mientras algunos postulan que es preciso correr todo hacia el centro, para preservar la institucionalidad que requiere el Estado Liberal Burgués, no está de más que en esta campaña electoral se haga hincapié en la necesidad de discutir la deuda y su contexto, porque esto permite poner en superficie y de una manera inocultable cuál es el verdadero impacto que tiene el capitalismo en la realidad concreta y cotidiana de los trabajadores.

Y asimismo porque la cosa no pasa por intentar una reorganización de la hegemonía social que deje contentas a las facciones del universo del capital, sino por aportar a la construcción de herramientas aptas para la reorganización de la lucha de clases, que es una tarea que como Partido Comunista nunca abandonamos, pero que ahora es preciso consolidar y profundizar en un escenario de equilibrio inestable y de tanta volatilidad como el actual.

 

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