La jueza María Servini procesó a los agentes federales que dispararon contra Matías Aufieri y Pablo Grillo. El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se eleve a juicio a Cristian Rivaldi, que es el integrante de la Policía Federal Argentina que gaseó a la nena de diez años, Fabrizia Pegoraro.
El martes pasado durante la presentación que hizo ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que las fuerzas federales que comanda van a actuar “una y otra vez” reprimiendo las protestas sociales porque, explicó, “Argentina tomó una decisión, la decisión del orden”. Y pese a que se mostró bastante envalentonada con el triunfo de La Libertad Avanza que dos días antes la convirtió en senadora electa, no supo qué decir cuando se la consultó acerca del caso de Fred Machado y sólo se limitó a señalar que “nuestra situación respecto a Fred Machado fue simplemente seguir adelante con la tarea de su extradición”.
Todo sucedió durante la presentación que Bullrich debió hacer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde tuvo una actitud evasiva cuando fue requerida por los casos de Matías Aufieri y Pablo Grillo, ambos gravemente heridos por integrantes de fuerzas federales durante la represión que habitualmente perpetran contra los trabajadores jubilados que, miércoles tras miércoles, se presentan ante el Congreso para protestar contra las políticas del gobierno nacional.
Semanas antes de la elección, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero y al prefecto Sebastián Martínez por lesiones graves contra el fotorreportero Pablo Grillo y el manifestante Jonathan Navarro respectivamente. En ambos casos, los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero con embargos y restricción para salir del país.
Un dato a tener en cuenta es que tanto en el caso de Guerrero como en el de Martínez, los procesamientos fueron agravados porque los dos son integrantes de las fuerzas de seguridad. Para intentar zafar, ambos alegaron que en todo momento respetaron las órdenes emanadas por el operativo antipiquetes ordenado por la ministra.
Al respecto, a la hora de pedir que se dicte el procesamiento del gendarme Guerrero, desde la querella de Pablo Grillo, la abogada Claudia Cesaroni, advirtió que “ya les dijimos a gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías que alguna vez van a pagar por los actos criminales que sus jefes y jefas les mandan a cometer”. Ahora, a Guerrero se le trabó un embargo de 203 millones de pesos, mientras en el caso de Martínez asciende a 91 millones. Los dos debieron fijar un domicilio y avisar al Poder Judicial en caso de que se ausenten de ahí por más de 72 horas.
La jueza Servini sostuvo que sin dudas Guerrero es el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Grillo, efectuado “de forma horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso sus vidas”.
Asimismo, descartó la excusa que dio el procesado, quien sostuvo que no tenía forma de ver a los manifestantes, ya que “efectuó el disparo de forma antirreglamentaria en dirección hacia la cual se hallaban los manifestantes, con una visibilidad más que clara, sin haber ni humo ni agua ni ninguna otra sustancia u obstáculo”, aseveró la magistrada.
Por su lado, en el caso de Martínez, la resolución da por probado que el prefecto buscó herir a Navarro quien a consecuencia de ello perdió su ojo izquierdo. “Una vez producidos ambos disparos y alcanzado el rostro de la víctima en su ojo izquierdo, no es posible advertir nuevos disparos que provengan de ese agente y a ese sector”, dice la resolución y añade que “ello da la pauta de que Martínez no tenía como objetivo otra persona u otro propósito”.
Pero esto no es todo. Durante la semana pasada, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se eleve a juicio a Cristian Rivaldi, el integrante de la Policía Federal Argentina que gaseó a Fabrizia Pegoraro, una nena de diez años que el 11 de septiembre de 2024 participaba junto a su madre de un acto en favor de los trabajadores jubilados.
Rivaldi fue procesado por el juez Sebastián Ramos por abuso de autoridad y lesiones leves, tras lo que la Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión del magistrado y desestimó todos los argumentos que esgrimió el policía que, además, fue filmado cuando perpetraba el delito por el que ahora debe responder judicialmente. Tanto él como Patricia Bullrich, aseveraron que la nena había sido víctima de un manifestante que habría arrojado gas pimienta, versión que las filmaciones que constan en la causa desmienten.
Mientras tanto, ayer se supo que fue identificado el policía que durante la represión del miércoles 12 de marzo hirió a la jubilada de 81 años, Beatriz Blanco. Se llama Pablo Alexis Aldama e integra el batallón 2 del Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía Federal y el martes 18 de noviembre va a tener que presentarse ante la jueza Servini.
Pero nada de esto para hacer reflexionar a Patricia Bullrich. Ayer ante el Congreso, alrededor de ochocientos efectivos de fuerzas federales y de la Policía porteña, acorralaron y reprimieron con gases lacrimógenos a unos 150 trabajadores jubilados que como cada miércoles se dieron cita en ese lugar, lo que dejó un saldo de más de una decena de heridos. Sobre la responsabilidad política de Bullrich en todos estos casos aún no hay ningún avance en ninguna de las causas.
