Con la firma de Javier Milei se envió al Congreso un proyecto de ley que busca reformar integralmente la Ley de Salud Mental. La iniciativa gubernamental fue cuestionada por el psicólogo Pablo Torres, miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social e integrante del Consejo Directivo Provincial de Cicop.
Según hicieron saber el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ejecutivo va a enviar al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental que va en línea con el sistemático desmantelamiento del sistema de salud público, universal y gratuito. En tal sentido, recordamos, el Programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental cuenta apenas con 47 millones de pesos para operar durante todo 2026, lo que representa 428 millones menos que en 2025 y 652 por debajo de lo que disponía para 2023.
En este punto cabe mencionar que lo que se pretende reformular es la Ley 26.657, que fue sancionada en 2010 y que, como lo señaló el psicólogo Pablo Torres, se gestó “tras un proceso de discusión y elaboración en el que participaron innumerables actores del sector como pacientes, familias, expertos, organizaciones profesionales, académicos y organismos de derechos humanos”, algo que significó “un verdadero avance en la concepción del tratamiento de los padecimientos mentales, recogiendo lo mejor de las experiencias internacionales en la materia”.
Torres es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) y además integra el Consejo Directivo Provincial de la Cicop (Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincial), el gremio de los profesionales del de la salud bonaerenses. Con su vasto conocimiento del tema, recalcó que “resguardar los derechos de los pacientes, poner fin al manicomio, ese horroroso sistema que en vez de aliviar el sufrimiento, lo acentuaba; destruyendo además los lazos entre pacientes, familias y comunidad y democratizar las relaciones al interior de los equipos interdisciplinarios, fueron algunos de los objetivos que buscaban alcanzarse con la Ley 26.657”.
Sin embargo, ahora el gobierno nacional “habla de la necesidad de ‘actualizar’ algunas de sus definiciones”, planteando que su aplicación no viene siendo uniforme en todo el país y excusándose en que es prácticamente imposible cerrar los treinta hospitales públicos monovalentes y cerca de 140 instituciones privadas, pues no existirían ámbitos alternativos capaces de encauzar esta problemática. “Se trata de verdades a medias”, resumió Torres y aclaró que “es cierto que la ley tuvo un talón de Aquiles: si bien la norma lo preveía, nunca se terminaron de asignar a la Salud Mental los recursos económicos necesarios para montar los dispositivos alternativos al manicomio como guardias y sectores para atención de personas en situación de crisis en los hospitales generales, dispositivos ambulatorios en el primer nivel de atención y de asegurar en cada uno de estos casos los trabajadores profesionales y de apoyo necesarios, adecuaciones edilicias y provisión de medicación psicotrópica, entre otras herramientas”. No obstante, advirtió, “la cuestión no pasa por reformar regresivamente la ley, como pretende el gobierno, sino por asegurar esos recursos que faltan”.
Asimismo, el integrante de la Cicop y de la Corriente Nacional Agustín Tosco, explicó que la otra cuestión a atender “son los mecanismos de reinserción social de las personas afectadas, lo que incluye aspectos tales como vivienda y trabajo”. Y remarcó que “cuesta pensar que una visión de la sociedad que es impiadosa con los ‘sanos’ pueda serlo con los ‘enfermos o con los ‘débiles’”.
Tras lamentar que “nuestros discapacitados y jubilados algo saben del tema”, puntualizó que “por eso resulta, al menos paradojal, que quienes hacen estos planteos son justamente quienes vienen aplicando un ajuste feroz sobre toda la salud pública y sobre la salud mental en particular”. Al respecto, recordó el intento de cierre del Hospital Bonaparte, que sólo constituye uno entre tantos otros ejemplos contrarios a la defensa de la salud pública en general y de la salud mental en específico.
Por otra parte, reconoció que la aplicación de le ley no fue uniforme en todo el país y argumentó que “lo mismo cabe decir de todas las políticas sanitarias, pues nuestro ‘sistema’ de salud se caracteriza justamente por su fragmentación, un hecho que los sucesivos gobiernos de derecha en dictaduras y en ‘democracia’ se han ocupado sistemáticamente de profundizar y que arroja el resultado de que los distritos más pobres, allí donde sería más necesaria la acción del Estado, son justamente aquellos donde las acciones estatales en sus distintos niveles son también las más ‘pobres’”. En el actual contexto, aseveró que el ministro Lugones “es uno de los principales responsables de la situación que denuncia” y que además “resulta obvio que mantener las internaciones en el sector privado puede resultar en grandes negocios para quienes hacen de la salud una mercancía más”.
Por todo eso, “no se trata de reformar la Ley que de hecho prevé también órganos consultivos para ir monitoreando su aplicación, sino de cumplirla”, afirmó Pablo Torres, subrayando que para que eso sea posible, se vuelve indispensable “asegurar los recursos para que las alternativas al encierro sean una realidad para beneficio de todos”.
