“El gobierno que encabeza Javier Milei continúa pasando la motosierra contra los trabajadores más pobres y precarizados del país”, lamentó el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli.
“Esto representa un terrible golpe a la economía local”, graficó el Coordinador bomaerense del MTL y Secretario de la CTA de los Trabajadores de Cañuelas-Lobos, Mario Miceli, quien junto a sus pares de las filiales locales de la CGT y la CTA Autónoma, Lucas Granada y Marisa Medina respectivamente, fustigaron la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de cerrar el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar), que incluía a 950 mil personas. Este brutal recorte llevó a las organizaciones sociales agrupadas en la Utep a iniciar un plan de lucha que comenzó el martes pasado con una jornada de ollas populares en los barrios y estaciones ferroviarias y que continúa hoy con un centenar de cortes de ruta en todo el país.
Miceli precisó que el impacto negativo de la finalización del Volver al Trabajo, también se traduce en que “dejan de ingresar 1.200 millones de pesos”. Las dos CTA y la CGT locales denunciaron que el gobierno que encabeza Javier Milei “continúa pasando la motosierra contra los trabajadores más pobres y precarizados del país”, al tiempo que recordaron que quienes dejan de percibir los 78.000 pesos, cifra que entregaba el Programa y que está congelada desde diciembre de 2023, “son trabajadores que realizan tareas esenciales para la reproducción de la vida en los barrios populares desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca”.
Se trata de personas que se desempeñan en tareas clave para el funcionamiento de comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos, así como en espacios dedicados al acompañamiento a personas en situación de consumo. Asimismo, “el Programa complementa la producción de recicladores, textiles, la venta ambulante en el espacio público, la agricultura familiar campesina indígena”. Y en muchas localidades lo hace en la prestación de tareas municipales como la limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura.
Por otra parte, hicieron hincapié en que esto tiene lugar “en el marco del aumento de la pobreza y los despidos en el sector privado, que en nuestra ciudad ya son más de quinientos en el último semestre”. Dicho contexto, además está atravesado “por la caída del consumo” y se suma esta decisión del gobierno nacional el hecho de “que se robó la comida de los comedores populares y ahora les saca un ingreso elemental a trabajadores y trabajadoras con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, empujándolos a la indigencia”.
Entre otras de las graves consecuencias de esta medida, puntualizaron que “la eliminación del programa también perjudicará a miles de trabajadores de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social, que incluyen a todas las delegaciones del país”. Como así también “perjudica a las economías regionales y comercios de cercanía porque quita de circulación para el consumo interno, seiscientos millones de dólares anuales, que el gobierno saca de la economía real, de los bolsillos y las mesas de las familias”.
Sin dudarlo, alertaron que se trata de una medida “acorde a las exigencias del FMI”, como así de “un claro intento de desarticulación de la red comunitaria que crearon las organizaciones en los barrios populares y que hoy son un dique de contención contra el avance del narcotráfico y que cumplieron un rol central durante la pandemia del Covid, como en cada crisis de los últimos cuarenta años”.
Finalmente, subrayaron que “la ministra de Capital Inhumano que no ayudó a crear un sólo puesto de trabajo, da un golpe de gracia a las economías locales”, algo que “merece todo nuestro rechazo”. Es por eso que exigieron que “se normalicen los pagos y se fomente el trabajo vía emprendimientos y cooperativas conformadas desde la economía social y popular”.
