El viejo apotegma del capitalismo vuelve a ser puesto en práctica por Granja Tres Arroyos, la principal avícola de Argentina, que ajusta todavía más a los trabajadores de la plata que posee en la localidad entrerriana de Concepción de Uruguay.
La patronal no afloja la presión que desde hace varios meses viene ejerciendo contra los trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, tal como quedó expuesto durante la audiencia que la semana pasada tuvo lugar en la Secretaría de Trabajo, donde los representantes legales de la firma avícola formalizaron un plan de “reestructuración operativa” que consiste en limitar la actividad productiva a apenas cuatro jornadas por semana, eliminando la faena de cada lunes a partir de hoy, jornada por la que va a pagar sólo el 65 por ciento de los haberes.
Desde hace más de un año, los trabajadores de esta firma vienen sosteniendo un plan de lucha para exigir que la patronal respete derechos fundamentales, como el que les asiste a cobrar salarios dignos y recibir los haberes en tiempo y forma. En ese marco la pelea también se da para evitar el cierre del frigorífico. Sus demandas han concitado un fuerte acompañamiento en las calles de la comunidad uruguayense que se sumó en más de una oportunidad a marchas que fueron verdaderas puebladas.
Todo esto ocurre en medio de un escenario en el que la patronal aprieta por todos los medios que dispone, mientras apuesta a desgastar la lucha con la mirada complaciente del gobierno que encabeza Rogelio Frigerio. Granja Tres Arroyos, la principal avícola de Argentina, tiene un socio estadounidense, Tyson Foods. A instancias del accionario yanqui viene avanzando desde hace meses con una política de ajuste y despidos bajo el eufemismo de “proceso de reestructuración”. A partir de esta decisión se cerraron plantas y dejaron en la calle a alrededor de un centenar de obreros, al tiempo que también ponen en práctica una estrategia de desgaste que, entre otros manoseos, implica traslados de personal y atrasos en el pago de sueldos.
La empresa que en otros momentos faenaba setecientos mil pollos por día ya bajó la persiana del establecimiento Súper, también en Entre Ríos, y trasladó a parte de su personal a la planta de La China, en la misma provincia.
Por otra parte, la semana pasada formalizó la suspensión de doscientos trabajadores de la sucursal que posee en la localidad bonaerense La Lonja, en el partido de Pilar, medida que prevé extender por al menos medio año, período durante el cual los operarios van a percibir la mitad de sus salarios.
Durante los últimos meses la empresa adeudó aportes alimentarios y quincenas a los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay y, si bien eso se fue arreglando producto de las negociaciones abiertas a partir de la lucha, todavía quedaba pendiente el pago de aquellas jornadas en las que hubo paro. Además, la patronal recortó contribuciones familiares a trabajadoras que son sostén de familia.
En este contexto “se agudiza el conflicto porque, tal como ya veníamos viendo, la empresa tenía deudas enormes con toda la cadena productiva, sobre todo en concepto de materias primas, es decir los pollos vivos que van para la faena, y en otros ítem como el pago de impuestos”, sostuvo el obrero del frigorífico y militante de la Corriente Nacional Agustín Tosco Eduardo Ramírez, quien denunció que “lamentablemente siempre la cuestión recae sobre los trabajadores, tal como está pasando ahora con la reducción de sueldos y de horas de trabajo”.
Así, puntualizó Ramírez, “se llega a esta instancia en la que negocian sacarnos un día y pagarnos el 65 por ciento de esa jornada, en un contexto en el que la alimenticia como el resto de la industria, la está pasando muy mal con la baja de consumo y la apertura de importaciones”.
El trabajador y militante de la CoNAT recalcó que “dicen que no pueden afrontar sus deudas, pero lo cierto es que durante muchos años ellos acumularon ganancias gigantescas y no queda claro qué hicieron con eso: si es que no las quieren usar para aguantar la crisis o, más bien, como suelen hacer los empresarios, lo que tratan es de no resignar ni un centavo haciéndonos pagar el costo de todo lo que pasa a los trabajadores”. Tras lo que advirtió que “se habla de esta reducción de horas como condición para seguir manteniendo los puestos de trabajo por ahora, pero presionan con esto en una coyuntura en la que se prevé la firma de un nuevo preventivo de crisis que, si se concreta, seguramente va a derivar en más reducción de personal y de salario”.
Queda claro que cualquiera de las alternativas que baraja la patronal “agrava más aún la realidad que vivimos los trabajadores y pone en peligro la fuente de trabajo, que es lo que hace que uno pueda tener cierta dignidad dentro de este sistema”. Lejos de constituir un caso aislado, el conflicto de Granja Tres Arroyos, como remarcó Ramírez, se inscribe dentro de un panorama “agravado por toda la situación económica que está viviendo el país y la provincia en particular”; algo que “empeora día a día como consecuencia de las políticas económicas que toman el gobierno nacional y el gobierno provincial, las que agravan nuestras condiciones y también impactan sobre las empresas, que aprovechan para hacer sus negocios e implementar los ajustes que pretenden, amparados ahora por una reforma laboral que aplauden porque, por supuesto, viene para quitarnos más dignidad a los trabajadores”.
Por eso es que mientras que la patronal cumple con uno de los apotegmas fundacionales del capitalismo que sostiene que la clave para ellos es privatizar ganancias y socializar pérdidas, Ramírez fue enfático al recordar que la lucha de los trabajadores de Granja Tres Arroyos viene de larga data. Y subrayó que “luchamos por seguir manteniendo los puestos que están en peligro, pero también continuaremos reclamando por nuestros salarios y por que se respete nuestra dignidad como trabajadores”.
