Por orden del gobierno, la jueza Servini quiso detener al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile “violando la Convención de Refugiados para hacerle un regalo a Kast”, tal como refirió el abogado que lo representa en Argentina, Rodolfo Yanzón.
El abogado que representa a Galvarino Apablaza en Argentina, Rodolfo Yanzón, sostuvo que el gobierno de Javier Milei pretende “violar la convención de refugiados haciéndole un regalo a Kast” y recalcó que su representado no es un prófugo, ya que “no tiene ningún impedimento para moverse” dentro de nuestro país. Es por eso que lamentó que una jueza “que ni siquiera conoce el caso”, haya firmado una orden de detención en contra del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile.
Cabe recordar que Apablaza vive como refugiado político en Argentina desde hace tres décadas, estatus que fue apelado pero sobre el cual aún no se expidió la Corte Suprema. Pese a esto el gobierno nacional pidió al Poder Judicial una orden de allanamiento sobre su vivienda y que se lo detenga de inmediato, algo que fue habilitado por la jueza María Servini. De todas maneras, cuando se cumplió con la orden de allanamiento de Servini, el ex militante del FPMR no estaba en su domicilio, por lo que fracasó el intento por detenerlo.
Ante esto el abogado Yanzón presentó una denuncia en el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, en la que se solicita la inmediata intervención de ese organismo para frenar el proceso de detención que, con la finalidad de extraditar a Apablaza a su país, impulsa el propio Javier Milei, quien ayer aludió al tema en el marco de la visita oficial que hace a nuestro a la Argentina el presidente trasandino, José Antonio Kast.
Apablaza es requerido por el Poder Judicial de Chile en el contexto de la investigación abierta por el asesinato del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán, hecho que tuvo lugar en 1991, y también se lo acusa de estar involucrado en el secuestro de Cristian Edwards, el hijo del fundador del diario El Mercurio, Agustín Edwards, quien fuera una pieza clave en el andamiaje dispuesto por la CIA para derrocar al gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973.
Asimismo, Yanzón, que cuenta con una destacada trayectoria en defensa de los Derechos Humanos y los perseguidos políticos, advirtió que por pedido del Ministerio de Seguridad Nacional, a la jueza Servini le hicieron firmar una orden de detención, lo que viola la Convención de Refugiados que en este caso protege a su defendido. Y, lo que es peor, fue que “aprovecharon que Ariel Lijo estaba de licencia y le llevaron a firmar una orden de detención a Servini, que espero que en los próximos días la deje sin efecto” a modo de “regalo que le quisieron dar a Kast”, señaló el abogado.
En el marco de esta persecución política, violatoria del Derecho Internacional y de nuestra Constitución Nacional, Rodolfo Yanzón hizo hincapié en que todo lo que está pasando ahora en torno al caso que involucra a su representado “es ilegal y producto de la connivencia entre dos gobiernos autócratas que han conseguido la firma de una jueza que no está a cargo del juzgado y ni siquiera conoce el caso”. Con la Ley (y la razón) que lo asiste, se mostró confiado en que la situación se ajuste a Derecho cuando la causa retorne a manos del juez titular Ariel Lijo, ya que “conoce el caso y sabe que el proceso de extradición está finalizado”. Por lo que “si en algún momento el estatus de refugiado quedara definitivamente sin efecto, Chile debería pedir otra extradición”.
